El camino de Castro Urdiales

A veces parece que Castro Urdiales fuera otro planeta. No por su cercanía geográfica y cultural al País Vasco o por la calidad de su gastronomía o por la belleza de sus parajes. Es la gente y la política la que marca un camino diferente que se aleja de la vergonzosa “prioridad nacional” a la que ahora se abraza el Partido Popular —incluido el de Santander— o de la inacción o la indolencia de la mayoría de administraciones y de la ciudadanía.

Ver cómo un movimiento ciudadano como Castro por la Igualdad ha defendido los derechos humanos de las personas migrantes menores de edad da esperanza. Han sabido combinar calle y pancartas con pedagogía y empatía. Poner el foco en quien quiere romper los débiles vínculos sociales de nuestra época no es el camino. Centrarse en los derechos humanos, en los beneficios de la inmigración o en los problemas realmente acuciantes en la sociedad —vivienda, empleo, sanidad o educación— es huir de la trampa del discurso de la “inseguridad” que tantos réditos electorales le dan a quienes alimentan el resentimiento y la frustración para luego ofrecer “enemigos” y “soluciones” narrativas.

Pero, paralelo a este enérgico movimiento ciudadano, el Ayuntamiento —limitado como todos en recursos y en posibilidades— ha anunciado la puesta en marcha de un equipo técnico que colaborará en el proceso de regularización de los inmigrantes que se quieran acoger al imprescindible marco legal aprobado por el Gobierno nacional empujado por una Iniciativa Legislativa Popular. Lo que hace el Ayuntamiento de Castro Urdiales es necesario, pero ante todo responde a lo que se debería esperar de una administración pública: que esté al servicio de todas las personas que residan en el territorio donde tiene competencias.

La narrativa electoral es que la "regularización" es una pedrada del maligno Pedro o que es un acto de bondad petrina del piadoso Sánchez. La realidad es que la "regularización" es un éxito de los movimientos que empujaron la ILP

La mayoría de ayuntamientos de la comunidad autónoma se han puesto de lado, han dejado que cada cual se busque la vida, han confiado en que los funcionarios aguanten el envión como puedan, o han confiado en que sean las ONG las que ayuden a quienes —con papeles o no— ya son ciudadanos —de segunda— en nuestros pueblos y ciudades. 

Uno esperaría que, además de las administraciones públicas, ciertos gremios privados se pusieran las pilas. Al fin y al cabo, deberían ser los más interesados en contar con mano de obra cualificada y no cualificada pero, ante todo, con documentos legales que permitan su inclusión legal en el mercado laboral. Que la CEOE, Asaja o Ugam-Coag hicieran lo suyo, aunque su silencio es atronador. Pero igual debería pasar con los sindicatos, cuyas páginas webs están llenas de llamados a la movilización este Primero de Mayo, pero donde no hay ni una sola oferta de ayuda a las trabajadoras y trabajadores a los que explotamos sin papeles.

La narrativa general es que la regularización es “buena” porque “necesitamos” a las personas inmigrantes. No es un buen camino. La regularización es buena porque es justa, porque responde a un criterio básico de derechos humanos y porque no puede haber ciudadanos de segunda y de primera —aunque para nuestra autoridades y para una parte de la ciudadanía haya incluso inmigración de primera y de segunda—.

La narrativa electoral es que la “regularización” es una pedrada del maligno Pedro o que es un acto de bondad petrina del piadoso Sánchez. La realidad es que la “regularización” es un éxito de los movimientos que empujaron la ILP y, aunque pueda estar impregnada de pragmatismo político o de necesidad patronal, hay que lograr que funcione y que la mayor cantidad de personas sin documentación española den un paso en el camino hacia el ejercicio de todos sus derechos.