Ya no es una guerra soterrada ni una pugna oculta en los pasillos de la institución europea en Bruselas. La Comisión Europea planea desmantelar el actual Servicio Europeo de Acción Exterior, el departamento diplomático de la UE, mediante el reparto de sus atribuciones entre el resto de los comisarios europeos y rebajar el papel de la Alta Representante de Exteriores, Kaja Kallas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, lleva meses tratando de controlar el servicio diplomático europeo en un momento en el que desde el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pasando por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu hasta líderes como Vladímir Putin quieren romper con un mundo basado en reglas y el derecho internacional.

El Servicio Europeo de Acción Exterior se creó en 2009. Es un cargo con competencias de vicepresidente en la Comisión Europea, pero a la vez ostenta la presidencia del consejo de ministros de Exteriores. Esta doble posición se diseñó intencionadamente por parte de los países, ya que no quería que la presidencia de la Comisión Europea asumiera el poder en un área que los Estados miembros consideran fundamental. Von der Leyen ya tuvo continuos choques con Borrell.

“En el actual entorno geopolítico, está claro que debemos modernizarnos y adaptarnos continuamente para garantizar que nuestras herramientas, estructuras y procesos de toma de decisiones sigan permitiendo una acción eficaz. La Comisión está dispuesta a contribuir a este debate”, admitió esta semana un portavoz de la Comisión Europea.

En esta pelea no solo se está poniendo en juego la arquitectura ejecutiva de la Unión Europea, también se está dirimiendo qué principios van a guiar la política exterior de Europa. Von der Leyen dio un paso sin precedentes en marzo de 2026 cuando se atrevió a tirar por tierra los principios fundamentales de la Unión Europea con su propuesta de arrinconar el sistema basado en reglas y el derecho internacional cuando fuera necesario. “Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial, de un mundo que se ha ido y no volverá. Siempre defenderemos y mantendremos el sistema basado en reglas que ayudamos a construir junto con nuestros aliados, pero ya no podemos confiar en él como la única forma de defender nuestros intereses ni asumir que sus normas nos protegerán de las complejas amenazas a las que nos enfrentamos”, dijo entonces la presidenta de la Comisión.

El escándalo fue mayúsculo y Von der Leyen tuvo que dar marcha atrás dos días después tras las exigencias de rectificación por parte de los Estados miembros. Desde entonces, la jefa del Ejecutivo comunitario mantiene un pulso por controlar el Servicio Europeo de Acción Exterior que le permita reducir las fricciones con los líderes que tratan de acabar con un mundo basado en el derecho internacional. Al igual que las declaraciones de entonces obedecían a la necesidad del canciller alemán, Friedrich Merz, de evitar molestar a Trump al inicio de la campaña de bombardeos contra Irán, ahora también ha partido de Alemania una propuesta de desmantelamiento del departamento de Exterior de la UE.

El periódico Financial Times aseguró esta semana que la propuesta de reducir el papel del Servicio Europeo de Acción Exterior partía de un documento elaborado por Alemania y Francia que reflexionaba sobre el papel diplomático de la UE. La idea es que Kallas se quede solo con funciones residuales como misiones de mantenimiento de la paz de la UE o aspectos relacionados con la coordinación entre países sobre formación militar y que se ahorre el coste de 1.000 millones anuales de su departamento.

Más herramientas para el Servicio Exterior de la UE

Sin embargo, en la reunión de ministros de Exteriores celebrada esta semana en Irlanda, el titular francés de esta cartera, Jean-Noël Barrot, apuntó que “las competencias de la alta representante deben poder ejercerse plenamente”. “Por un lado, debe poder, evidentemente mediante un enfoque colegiado con los miembros del Consejo, tener plena libertad para adoptar las decisiones que entren dentro de sus competencias, pero también debe poder recurrir, de una manera más firme y clara, a las palancas de la Comisión que puedan servir a la política exterior”, dijo.

Barrot está pidiendo que Kallas tenga más competencias para actuar en aspectos como la política comercial, por ejemplo, a la hora de aplicar sanciones en el orden internacional. Este es un aspecto que Von der Leyen no va a aceptar, ya que ha sido uno de los principales frenos a la puesta en marcha de sanciones contra Israel.

Las relaciones con Israel se han convertido en otro foco de disputa entre ambas dirigentes. El pasado junio, el ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, anunció que rompía relaciones con la Alta Representante de Exteriores de la UE porque Kallas supuestamente había comparado cómo trata el Estado israelí a los palestinos con el régimen de 'apartheid' de Sudáfrica. A pesar del desplante israelí, la Comisión Europea despreció las mínimas reglas de diplomacia y avaló una visita de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Šuica, a Israel.

Von der Leyen ya había utilizado otras veces a la comisaria Šuica para emprender acciones en política exterior. La presidenta de la Comisión Europea abrió un cisma en la UE tras mandar a la comisaria para el Mediterráneo a la Junta de paz de Donald Trump para Gaza cuando el presidente del Consejo Europeo, António Costa, había subrayado que la UE no participaría en la propuesta del presidente de Estados Unidos. La decisión de Von der Leyen fue contestada por la mayoría de Estados miembros de la UE, ya que no avisó a los países y carece del mandato necesario para actuar de esta manera unilateral ante una maniobra de Trump, que podría infringir la legalidad internacional.

Ante la presión, Kallas se ha puesto en marcha para evitar los cambios que la relegarían a un papel secundario. Solo con una pugna de poder en el seno de la UE se puede entender que en la reunión de esta semana que dirigió la jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, junto a los ministros de Exteriores de la UE se lanzara un comunicado en que se reivindicaba que “la UE reafirma su firme compromiso con un multilateralismo eficaz, renovado y reforzado, basado en el derecho internacional y en los propósitos y principios universales de la Carta de las Naciones Unidas”. “En un momento de crecientes tensiones geopolíticas y de graves violaciones del derecho internacional, un orden internacional basado en normas y un sistema multilateral con las Naciones Unidas como eje central siguen constituyendo el marco global esencial para garantizar el respeto de la soberanía y la integridad territorial de todos los Estados, la solución pacífica de las controversias, la previsibilidad, la rendición de cuentas y la aplicación equitativa del derecho internacional”, prosigue. ¿Hacía falta recordar lo que ya está vigente y aprobado en el Tratado de Lisboa de 2009 que conforman la base constitucional de la UE o era un mensaje interno?

“Los Estados no quieren perder el control de la política exterior”

Kallas además aseguró en la rueda de prensa posterior a la reunión con los ministros de Exteriores que “los Estados miembros han dejado claro que no quieren perder el control de la política exterior”. “El problema es que, aunque la política exterior la elaboramos conjuntamente con los Estados miembros, los instrumentos suelen estar en manos de la Comisión: el comercio, la ayuda al desarrollo, la ampliación, la migración, los visados”, insistió la jefa de la diplomacia europea. Es decir, recuperó la petición del ministro francés de Exteriores.

“Si queremos actuar como un actor geopolítico, deberíamos integrar realmente todas estas cuestiones, y por eso los Tratados prevén la función del vicepresidente. Ahora bien, el problema no son los tratados, ni la estructura institucional. El problema es la puesta en práctica de esa estructura para que funcione en la práctica”, apuntó Kallas en clara referencia a los vetos que impone la Comisión.

Por otro lado, la alta representante advirtió de la queja de los Estados miembros más pequeños, ya que “si trasladamos todo a la Comisión, perderán el control de la política exterior, porque no hay un Consejo de Asuntos Exteriores cada mes en el que coordinarnos con todos, en el que yo sepa cuál es la postura de los Estados miembros, en el que presionemos para lograr posiciones unificadas”.

Donde hay más consenso es en la eliminación de la unanimidad a la hora de votar las decisiones dentro del Consejo de Exteriores. España, Francia, Alemania, Austria, Dinamarca, Bélgica, Finlandia, Luxemburgo, los Países Bajos, Rumanía y Suecia, solicitaron por carta a la jefa de la diplomacia comunitaria poner fin a los vetos que bloquean las decisiones en la política exterior de la UE al estar basadas en la unanimidad.

“Yo puedo entender la unanimidad y, por lo tanto, un derecho de veto cuando hay intereses nacionales en juego, pero lo que no puedo entender, no puedo aceptar, es que se use la unanimidad, ese derecho de veto para secuestrar el que Europa pueda avanzar”, apuntó el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Albares insistió en la necesidad de agilidad en la toma de decisiones “en estos momentos tan difíciles donde nos enfrentamos a amenazas híbridas de tal calado, todos nosotros lo estamos viendo todos los países”.

La Asamblea General de Naciones Unidas ha votado a favor de una propuesta para adoptar un nuevo mapamundi que refleje el tamaño de África de forma más fiel a la realidad, frente a la proyección de Mercator —ampliamente empleada hasta la actualidad, pese a que fue diseñada en el siglo XVI y no es precisa—. Los más críticos destacan que ese mapa ha promovido una concepción del mundo colonialista y eurocéntrica porque representa el continente africano mucho más pequeño de lo que es, restándole así importancia y protagonismo.

Con 164 votos a favor, 6 abstenciones y el voto en contra de Estados Unidos, casi todos los países de Naciones Unidas han apoyado la propuesta para empezar a usar el mapa diseñado en 2018 por Equal Earth, que fue desarrollado por un grupo internacional de cartógrafos. España y la gran mayoría de Estados de la UE han votado a favor.

Según el periódico The Guardian, las resoluciones de la ONU no son vinculantes, por lo que los países e instituciones no estarán obligados a usar exclusivamente la nueva proyección ni se les prohibirá usar la anterior. Sin embargo, se espera que, dado el amplio uso de la proyección de Mercator en la educación, la tecnología y las instituciones, se actualicen los planes de estudio y su uso cotidiano.

La resolución aprobada hoy en Nueva York fue impulsada por Togo hace algunos meses y a ella se han adherido decenas de países africanos y de otros continentes, como Francia. The Guardian recoge las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Togo, Robert Dussey, quien dijo antes de la votación: “Esta discusión no es política, sino científica, porque existen pruebas científicas y todos debemos aceptar la realidad”.

También el ministro de Asuntos Exteriores francés mostró su apoyo a la resolución impulsada por Togo, desde París. Jean-Noël Barrot dijo que Francia empezará a usar “representaciones cartográficas adaptadas a usos específicos, más fieles a las superficies reales y en consonancia con las recomendaciones de cartógrafos y científicos”.

Los que vienen pidiendo un cambio afirman que la proyección de Mercator —en la cual Groenlandia tiene un tamaño parecido a África cuando, en realidad, el continente es unas 14 veces más grande— refuerza la percepción colonialista y el protagonismo de Occidente frente a África, a pesar de su enorme tamaño y población, que no queda reflejado sobre el papel. Eso es así porque la proyección creada por el cartógrafo Gerardus Mercator para la navegación distorsiona los tamaños de los continentes, ampliando las zonas cercanas al polo norte, como América del Norte y Groenlandia, mientras que reduce las que están en el ecuador, como África y América del Sur.

A principios de este año, la Unión Africana adoptó una resolución que promueve la proyección Equal Earth y anima a sus más de 50 Estados miembros a abandonar la proyección de ‌Mercator.

Una campaña digital global, bajo el título “Corrige el mapa”, pide que el mapa de Mercator no sea empleado por los organismos de Naciones Unidas ni por los medios de comunicación en sus informaciones y documentos. En su web, la campaña afirma que “la mayor parte del mundo sigue favoreciendo el mapa distorsionado, que no representa adecuadamente el tamaño de África y disminuye su importancia”.

Comienza la sexta temporada de Un tema Al día. Lo hace, como siempre, pegada a la actualidad. A lo que está pasando en Ceuta, más de un mes después de que casi 80.000 personas cruzaran la frontera entre Marruecos y España. ¿Cuál es la explicación para que todas estas personas entraran el mismo día por una frontera a la que normalmente no puede acercarse nadie? Nadie parece tener pruebas directas de nada, pero teorías hay varias. Dos de las más importantes son las mafias, los bulos. Es la postura que defiende el Gobierno y esa información nos la amplía el periodista de elDiario.es, Víctor Honorato. Pero hay una tercera que es la que señalan casi todos los periodistas expertos en migraciones, fronteras y geopolítica: que esto no pasa sin la voluntad directa o la complicidad activa de Marruecos y del rey Mohamed VI, que por alguna razón quieren castigar a España.

¿Pueden pasar 80.000 personas a Ceuta sin que Marruecos lo sepa? ¿Es realmente Marruecos un socio fiable en un contexto en el que, además, cuenta con el apoyo firme de Estados Unidos y de Israel? Lo abordamos con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez. Además, escuchamos a la periodista Soraya Aybar, que lleva un mes entre la frontera de Ceuta y Marruecos. Nos cuenta cómo de tensa está la situación estos días.

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Los disparos obligan a vaciar una aldea cuando dos ejércitos reclaman la misma franja de tierra y ninguno acepta retroceder. Las luchas territoriales suelen avanzar con tropas que cruzan fronteras, artillería que alcanza viviendas y controles militares que cortan carreteras usadas por la población.

Una ciudad cercada puede quedarse sin alimentos, mientras una familia abandona su casa porque el frente se acerca y los soldados convierten los campos cercanos en posiciones defensivas. También aparecen expulsiones, detenciones y ataques destinados a cambiar quién vive en una zona o quién puede circular por ella. Frente a ese patrón, algunos desacuerdos han seguido una vía distinta y han mantenido la disputa lejos de las armas.

Canadá y Dinamarca defendieron la isla Hans con banderas y botellas

Canadá y Dinamarca llevaron esa alternativa al extremo en la isla Hans, donde cada visita oficial terminaba con una bandera retirada, otra colocada y una botella abandonada sobre la roca. El islote permaneció deshabitado, pero ambos países lo reclamaron durante casi medio siglo y trataron cada desembarco como una afirmación de soberanía.

De esta manera, la llamada Guerra del Whisky convirtió una discusión fronteriza en una sucesión de provocaciones calculadas, con protestas diplomáticas y humor en lugar de combates.

Tom Høyem inauguró una cadena de respuestas entre ambos países

Tom Høyem, ministro danés para Asuntos de Groenlandia, viajó en helicóptero hasta la isla en julio de 1984 después de que una empresa canadiense realizara allí un estudio. Su equipo levantó un montículo de piedras, izó la bandera danesa y dejó una botella de brandy junto a una nota que daba la bienvenida a la isla danesa.

Høyem reconoció años después a TV 2 Nyheder que temía que el desacuerdo pudiera agravarse: “Estaba un poco nervioso, porque una disputa fronteriza podía llegar a ser bastante seria y sabía que probablemente atraería mucha atención”. Canadá respondió retirando la enseña danesa, colocando la suya y dejando whisky con un cartel que daba la bienvenida a Canadá.

Las visitas posteriores repitieron ese ritual durante años y convirtieron la isla en un depósito pasajero de banderas, mensajes y bebidas. Funcionarios, militares y científicos retiraban lo dejado por la otra parte, colocaban sus propios objetos y se marchaban. Canadá y Dinamarca eran socios comerciales y aliados de la OTAN, por lo que ambos gobiernos daban por hecho que las provocaciones no acabarían en una guerra. La disputa siguió abierta porque ninguno quería aparecer como el primero que renunciaba a su reclamación.

El desacuerdo procedía de las negociaciones celebradas en 1972 y 1973 para fijar la frontera marítima del estrecho de Nares. Los dos países trazaron una línea para dividir sus respectivas plataformas continentales, pero dejaron sin resolver la soberanía sobre la isla Hans, situada justo en medio del área discutida. Canadá vinculaba su reclamación a la compra de territorios de la Compañía de la Bahía de Hudson realizada en 1880, mientras Dinamarca defendía la relación histórica del islote con la población inuit de Groenlandia. El tratado de 1973 aplazó la decisión y abrió un desacuerdo que sobrevivió durante décadas.

Los gobiernos abandonaron aquella política de aplazamiento en 2018, cuando crearon un grupo de trabajo para negociar una salida aceptable. El paso puso fin a años de protestas medidas y permitió estudiar una división basada en la propia geografía de la roca. Las conversaciones avanzaron mientras el Ártico ganaba peso por las rutas marítimas, la pesca y los posibles recursos bajo el lecho marino, asuntos que hacían difícil cualquier renuncia unilateral.

Los dos gobiernos acordaron repartir la isla en 2022

El pacto llegó en 2022 y trazó una frontera de norte a sur siguiendo una hendidura natural de la isla. Canadá y Dinamarca recibieron porciones parecidas, aunque la parte groenlandesa quedó con una superficie algo mayor. Los representantes firmaron el acuerdo en Ottawa e intercambiaron botellas por última vez, cerrando casi 50 años de desacuerdo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca publicó los términos del reparto, sujeto a la aprobación parlamentaria de ambos países.

Mélanie Joly, entonces ministra canadiense de Asuntos Exteriores, defendió que el acuerdo demostraba que dos estados podían resolver sus diferencias mediante reglas aceptadas por ambas partes: “Es posible resolver un desacuerdo y siempre es mejor hacerlo mediante principios y normas que ambas partes reconozcan”.

Jeppe Kofod, que ocupaba el mismo cargo en Dinamarca, situó el derecho internacional por encima de la presión militar: “Cuando existen asuntos en disputa, la resolución debe basarse en el derecho internacional, mediante la fuerza de la ley y no mediante la ley de la fuerza”.

La isla Hans conserva un valor político pese a su tamaño

La isla Hans, llamada Hans Ø en danés y Tartupaluk en groenlandés, se encuentra en el estrecho de Nares, entre la isla canadiense de Ellesmere y el norte de Groenlandia. Su nombre recuerda al explorador groenlandés Hans Hendrik, que participó en una expedición llegada a la zona en 1853, mientras Tartupaluk significa “con forma de riñón”.

El islote carece de población permanente y apenas permite que crezcan plantas, aunque los inuit conocían la región y la usaban para desplazarse y cazar mucho antes de las reclamaciones estatales.

Su superficie reducida nunca eliminó el valor político de controlar una posición en el Ártico. Canadá y Groenlandia se encuentran a unos 18 kilómetros de la isla, una cercanía que permitió a ambas partes defender sus derechos conforme al derecho internacional.

Reuters informó de que la nueva delimitación completaría una frontera marítima de 3.882 kilómetros. Soren Norby, historiador militar del Colegio Real de Defensa de Dinamarca, interpretó el acuerdo como un antecedente para otros países interesados en la región: “Es una señal para las demás partes con intereses allí arriba de que esta es la manera de hacerlo”. La roca siguió en el mismo lugar, pero las botellas dejaron de disputar por ella.

Los vientos apartaron a Ulises de Ítaca una y otra vez hasta convertir el regreso a casa en una travesía de diez años. El héroe homérico llegó a islas gobernadas por ninfas, territorios poblados por criaturas y costas alejadas de las rutas conocidas porque cada escala añadía un castigo, una tentación o un naufragio.

Su viaje avanzó hacia zonas que los griegos situaban en los confines del espacio conocido, allí donde el Mediterráneo dejaba paso a mares mal descritos y el mapa se llenaba de lugares difíciles de verificar. Ese borde del mundo no era una línea precisa, sino una franja remota en la que Homero podía situar lo que escapaba a la experiencia habitual. Esa condición explica que varias costas e islas hayan intentado identificarse después con los parajes de la Odisea.

Victor Bérard llevó la isla de Calipso hasta Perejil

Una de las propuestas llevó ese confín hasta la isla de Perejil, frente a la costa marroquí. Según Xataka, el helenista francés Victor Bérard defendió en 1902 que aquel islote era Ogigia, el lugar donde Calipso retuvo a Ulises durante siete años. En Les Phéniciens et l'Odyssée trató el poema como una fuente sobre antiguas rutas marítimas y dejó escrita su premisa: “La Odisea no es un cuento, es un documento geográfico, una pintura poética pero fiel a una realidad precisa”.

La propuesta llegó pronto a España. Eduardo Gómez de Baquero, conocido como Adrenio, la explicó en La Época el 10 de junio de 1902, y Miguel de Unamuno publicó 17 días después España-Perejil y la isla de Calipso en Alrededor del Mundo.

El escritor aceptó buena parte del juego geográfico de Bérard, aunque prefirió relacionar España con el vasco ezpaña, entendido como labio, por la forma de la península. El País recuperó aquel artículo el 25 de julio de 2002, cinco días después de terminar la crisis hispano-marroquí por el islote.

Los especialistas rechazaron la identificación con el islote

Las objeciones habían aparecido mucho antes. Las reseñas publicadas en 1904 por Revue des Études Anciennes y Revue des Études Grecques admitían que los asentamientos siguen condiciones impuestas por su entorno, pero rechazaban que esa regla bastara para llevar a Ulises hasta Perejil. El historiador Georges Radet resumió el problema crítico de la propuesta: “Una admiración que se prohíbe la crítica no vale gran cosa”.

La Universidad de Malta ha reunido al menos doce candidatas para Ogigia, desde Ozoní y Corfú hasta Gozo, cuya tradición se remonta a Evémero y Calímaco. Estrabón y Plutarco la situaron en el Atlántico, mientras otras lecturas apuntan a Croacia, Calabria, Pantelleria o Gavdos. Un volumen de la École française d'Athènes concluye que la hipótesis de Bérard carece de apoyo en la tradición literaria posterior y quedó aislada dentro de los estudios homéricos.

Las asociaciones lingüísticas tampoco convencieron a los investigadores

Bérard llegó a Perejil mediante un método que llamó topología, basado en buscar raíces semíticas bajo los nombres griegos. Relacionó la cueva del islote con la morada de Calipso y derivó el nombre de la ninfa del verbo griego kalypto, ocultar. A partir de esa asociación propuso una cadena lingüística que llevaba desde la isla del escondrijo hasta I-spania y, finalmente, España.

El tesauro de toponimia histórica del Ministerio de Cultura sitúa el origen de Hispania en una raíz semítica del segundo milenio antes de Cristo, aunque su significado sigue discutido. Samuel Bochart popularizó en 1646 la interpretación de tierra de conejos, mientras otras propuestas hablan de una costa septentrional o rica en metales. La forma fenicia is-pan-ya, decisiva para Bérard, no aparece en inscripciones conservadas.

Perejil quedó así dentro de la literatura, aunque fuera perdiendo fuerza como propuesta histórica. Álvaro Cunqueiro retomó el juego en Las mocedades de Ulises, publicada en 1960, y volvió a colocar al héroe en un territorio donde el mapa nunca termina de vencer al mito.

La final del Mundial que España ganó frente a Argentina fue, también, una colección de detalles políticos. Es solo fútbol, pero ya sabemos que el fútbol ayuda a simplificar mensajes complejos y a llegar a un nivel de simbolismo extremo. El triunfo de esta selección, de esta España, se puede leer como el triunfo de la diversidad, de un grupo de futbolistas que juegan bien y juegan limpio.

En el palco estaban los reyes de España, Pedro Sánchez, Gianni Infantino, Claudia Sheinbaum, Donald Trump… que trató de ser protagonista en la entrega del trofeo. Y, a miles de kilómetros, en la Franja de Gaza, los palestinos celebran la victoria de España. ¿Por qué? ¿Qué implica toda esta carga simbólica del fútbol? Lo analizamos con el editor de la revista de fútbol Panenka y autor del podcast Brazalete Negro, Aitor Lagunas.

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Ruth Ferrero, profesora de la Universidad Complutense de Madrid, ha participado en el curso 'Geopolítica y los retos del espacio Mediterráneo', celebrado en Mazarrón. Un año después de los disturbios racistas que sacudieron Torre Pacheco, la politóloga analiza en esta entrevista qué ha cambiado y qué permanece intacto: desde la islamofobia que subyace a episodios como los ocurridos tras la victoria de Marruecos en el Mundial, hasta el papel de Murcia como “laboratorio” de políticas que después se blindan en otras comunidades autónomas, pasando por la responsabilidad de la prensa a la hora de narrar —o desmontar— el marco del 'problema migratorio'.

Ha pasado un año desde los disturbios de Torre Pacheco. ¿Qué ha cambiado y qué sigue intacto en el diagnóstico que se hizo entonces?

Lo primero que hay que decir es que no se han repetido disturbios. Las autoridades han reforzado la presencia de fuerzas de seguridad, pero no ha habido nuevos brotes, lo que induce a pensar que hubo una inducción externa a esa violencia, en una localidad diversa donde habitualmente no se dan episodios así. El problema es que Torre Pacheco ha quedado fijado en el imaginario colectivo, algo que no beneficia a las autoridades locales, porque en realidad existe una convivencia pacífica entre la población agrícola migrante y el resto de vecinos. La cuestión de fondo es si se han dotado de los recursos necesarios para evitar que esto se repita. Sabemos que ha habido una inversión notable en el apartado punitivo —nuevos agentes de policía local, cámaras de videovigilancia—, pero no tengo tan claro que haya habido la misma inversión en infraestructuras o servicios municipales.

Hace unos días hubo en Torre Pacheco un nuevo altercado entre personas de origen migrante, y desde Vox se volvió a vincular el episodio y a difundir vídeos de la agresión, como ocurrió hace un año.

Los bulos que incitan a este tipo de violencia tienen una base de realidad, pero luego son manipulados por fuerzas políticas que buscan una implosión social. Eso es lo que hay que evitar, informando adecuadamente. Plantear que los migrantes, por el mero hecho de serlo, incitan a la violencia es muy peligroso. Hay que disociar los brotes delincuenciales de la cuestión migratoria: podemos hablar de extranjeros delincuentes, pero no de migrantes delincuentes, porque son términos con una carga muy distinta.

La celebración de la victoria de Marruecos en el Mundial se vivió con alegría en las calles de Torre Pacheco, pero también generó comentarios de rechazo. ¿Por qué la comunidad marroquí provoca ese tipo de reacciones cuando pasarían desapercibidas en otro colectivo?

Porque hay una islamofobia de fondo. La población procedente del norte de África se ha convertido en objetivo de las fuerzas reaccionarias, primero por una cuestión religiosa: el islam se asocia al terrorismo internacional, algo que no es real —hay fanáticos en un colectivo religioso, no todo el colectivo es violento—. Y también porque desde hace años, no solo desde la extrema derecha sino desde posiciones de centroderecha —recuerdo los gobiernos de Aznar—, se ha planteado que hay colectivos no integrables en las sociedades occidentales, entre ellos las personas de religión musulmana. Esa vinculación entre seguridad y migración tiene su origen en los atentados del 11-S, y a partir de ahí se incorpora a las estrategias de seguridad nacional, tanto europeas como española, desde 2001 y con la Estrategia Solana de 2003. Lo que estamos viendo por parte de las extremas derechas, y de parte del centroderecha, es una reconfiguración del cuerpo nacional sobre bases esencialistas en lugar de sobre el respeto al Estado de derecho y la Constitución, que debería ser el único límite.

Hace 25 años, El Ejido vivió una oleada de violencia racista tras un crimen puntual. ¿Qué paralelismos y diferencias encuentra con Torre Pacheco? ¿Hemos aprendido algo como país?

Aquel momento coincidió con los atentados del 11-S y con un incremento muy importante de la presión migratoria desde finales de los noventa. Hubo que adaptar los modelos de integración y la dotación de servicios públicos, y se produjo una fuerte segmentación étnica en el acceso a determinados nichos laborales, como la agricultura y los invernaderos, algo que la sociedad vio con recelo. Desde entonces hemos pasado por momentos de enorme tensión, como los atentados de Atocha, en los que las autoridades españolas respondieron de manera mucho más adecuada: España se puso como modelo de buenas prácticas porque no hubo ataques contra la población magrebí en Madrid. Ahí la narrativa de las autoridades juega un papel fundamental: si no separas claramente a quienes cometen delitos graves del colectivo en su conjunto, acabas generalizando, cuando entre el 80% y el 90% de cualquier colectivo son personas pacíficas.

Más allá de la violencia explícita, ¿cómo se mide académicamente el racismo de baja intensidad que atraviesa espacios cotidianos?

A través de encuestas, cuestionarios y entrevistas. Hay bastantes estudios sobre acceso a la vivienda que detectan una suerte de rechazo cuando el propietario percibe, por el acento, que la persona no es suficientemente española. En el acceso a sanidad o educación no se detectan tanto actuaciones discriminatorias por parte de los funcionarios que atienden, sino comentarios entre usuarios. El problema real está en la dotación de esos servicios públicos, que tiene que adaptarse al número real de población. Por eso ha sido tan importante el proceso de regularización extraordinario: para saber cuál es el universo real sobre el que hay que operar y evitar que los servicios queden infradotados.

El cierre de un centro de menores no acompañados, por ejemplo, o la eliminación del programa de lengua árabe y cultura marroquí en Murcia, ¿qué papel juegan estas decisiones aparentemente administrativas en la normalización del discurso antiinmigración?

Es dar la razón al discurso antiinmigración. Cuando el poder institucional niega la propia diversidad cultural de un colectivo, está diciendo que ese colectivo es un riesgo para la cohesión social. Y eso azuza precisamente esos microrracismos que pueden ir a más.

Torre Pacheco no ha sido un caso aislado en Europa: ha habido disturbios en suburbios franceses, brotes racistas en Reino Unido o, recientemente, en Belfast. ¿Qué tienen en común estos episodios?

Lo que tienen en común es la búsqueda de un colectivo al que culpabilizar de los males de la sociedad, y la manera más sencilla es elegir uno que no cuenta con los mismos derechos que el resto para defenderse. A eso se suma la utilización instrumental de fuerzas políticas reaccionarias para movilizar a su electorado, cuando los partidos sistémicos no dan respuesta a las demandas de cohesión social. Es mucho más sencillo decir que los servicios públicos fallan porque hay demasiados migrantes que hacerse cargo de un aumento del gasto público. Y esto no es exclusivo del centroderecha: lo hemos visto en Dinamarca, en los últimos gobiernos socialdemócratas de Alemania o con Starmer en Reino Unido.

El concepto de 'prioridad nacional' que Vox ha impuesto en los pactos de gobierno con el PP, el último en Andalucía, ¿qué significa en términos jurídicos y qué recorrido tiene para condicionar políticas de vivienda, sanidad o educación?

Lo primero que hay que determinar es si es discriminatorio, y parece bastante claro que lo es, por lo que no se ajustaría a nuestro Estado de derecho. Una característica de las políticas racistas es que quiebran las bases fundacionales de las democracias liberales: negar derechos a una parte de la población residente es síntoma de que lo siguiente irá a más, porque una vez que se vulnera el Estado de derecho una vez, hay casi carta blanca para seguir haciéndolo con otros colectivos. Al principio la población mira hacia otro lado porque no le toca a ella, pero poco a poco esas políticas van favoreciendo un modelo más securitario y de recorte de derechos, donde todo queda supeditado a la seguridad en vez de a la protección de las personas.

¿Ha sido la Región de Murcia un laboratorio de políticas que después se blindan en otros pactos institucionales, como el andaluz?

Sí, evidentemente Murcia ha sido un laboratorio. Por eso es muy importante que el resto de actores políticos y sociales muestren cuál es la realidad: si le quitas derechos a la población que sostiene el modelo económico murciano, la región no tendría el PIB que tiene ahora mismo, porque no hay quien sustituya a esa mano de obra en el campo. Hay un interés en mantener a esa población trabajando pero sin derechos plenos: en situación irregular, con miedo a ser atacada o detenida, es mucho más difícil que se defienda. Detrás de esto hay poderes económicos interesados en una explotación laboral sin límite. Es verdad que la regularización extraordinaria ha permitido aflorar parte de esa economía sumergida, pero muchos empleadores seguían prefiriendo vivir cómodos pagando mal.

Desde la geopolítica de las migraciones, ¿cómo encaja Torre Pacheco en las dinámicas migratorias más amplias del Mediterráneo occidental?

La Región de Murcia y Andalucía son puntos de llegada porque han sido territorios de intensa mano de obra agrícola, mientras la población local ha protagonizado una migración campo-ciudad hacia Cataluña, Madrid o el norte en los últimos treinta años, con el consiguiente riesgo de declive demográfico. Para mantener ese modelo productivo hace falta mano de obra que murcianos y andaluces no quieren hacer, y cuanto menos se pague, mayor es el beneficio. La población migrante no va a regiones sin trabajo: cuando decimos que los sirios 'iban a Alemania', en realidad iban a ciudades concretas con empleo, no a Berlín, que tiene instituciones pero poco tejido productivo. Por eso llega más gente a Murcia y Baleares que a otras regiones con menor tejido productivo basado en agricultura o servicios. Esto podría cambiar con el cambio climático: las olas de calor ya afectan también al norte de Europa, y a medio plazo turismo y mano de obra podrían reorientarse hacia allí.

¿Cómo valora la cobertura que hace la prensa española de los fenómenos migratorios? ¿Se refuerzan los marcos de 'problema' y 'amenaza', o hay ejemplos que rompen esa lógica?

Hay una disputa por ese relato. Hace unos años costaba encontrar en el discurso político un abordaje de la migración como fenómeno y no como problema; ahora hay más cuidado en ese sentido por parte de los operadores políticos. Pero la irrupción de Vox contamina todo el debate público: en buena medida ha conseguido que, incluso cuando el PSOE y el PP ya tenían asumido que se trataba de un fenómeno estructural y necesario para la economía española, sus marcos empiecen a desplazarse. Eso es lo preocupante, y afecta especialmente al PP, que hasta hace poco tenía asumido un discurso de la inmigración como oportunidad de desarrollo económico.

El proceso de regularización de extranjeros avanza con bastante lentitud burocrática. ¿Qué coste político y social tiene este abandono administrativo, más allá del sufrimiento individual de quien espera?

El proceso está avanzando: desde que terminó el plazo, los expedientes resueltos se han ido duplicando. Cuanto antes se resuelvan, mayor seguridad jurídica tendrán personas que, recordemos, no acaban de llegar: ya vivían y trabajaban en España. De lo que se trata ahora es de hacer coherentes los servicios públicos con la cantidad real de personas que existen en el territorio, algo que solo es posible conociendo ese número con precisión.

El estrecho de Ormuz, convertido en la principal arma de la guerra en Irán, ha evidenciado la importancia de los estrechos para la estabilidad geopolítica y el comercio de energía y mercancías que sostienen la economía global. 

La importancia de esos cuellos de botella, que conectan océanos, mares y mercados y permiten a los barcos llegar más rápidamente a distintas partes del mundo, no depende de su tamaño, sino de lo difícil que resulta sustituirlos y la distancia marítima que logran acortar. “Los estrechos más importantes son los llamados sistémicos, es decir, los que no tienen una alternativa si el tránsito queda bloqueado”, explica a elDiario.es el investigador en Geopolítica Global y Seguridad Víctor Burguete, del CIDOB (Barcelona Centre for International Affairs). En segundo lugar, el experto señala la importancia que tienen “a nivel regional por un producto específico o en términos militares”.

Estrechos y canales clave para el suministro de petróleo mundial

Estrecho

de Malaca

Estrecho

de Bering

6

Canal de

La Mancha

7

4

2

1

5

8

3

Estrecho de

Magallanes

Estrecho

de Ormuz

*

1

2

3

4

5

6

7

8

Estrecho de Malaca

Estrecho de Ormuz

Cabo de Buena Esperanza

Canal de Suez

Bab el-Mandeb

Estrechos Daneses

Estrechos Turcos

Canal de Panamá

23,2

20,9

9,1

4,9

4,2

4,9

3,7

2,3

*Millones de barriles por día durante la primera mitad de 2025

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ. FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE EE. UU. (EIA), FEBRERO DE 2026.

Estrechos y canales clave para el

suministro de petróleo mundial

Estrecho

de Malaca

Estrecho

de Bering

Canal de

La Mancha

Estrecho de

Magallanes

Estrecho

de Ormuz

*

1

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Estrecho de Malaca

Estrecho de Ormuz

Cabo de Buena Esperanza

Canal de Suez

Bab el-Mandeb

Estrechos Daneses

Estrechos Turcos

Canal de Panamá

23,2

20,9

9,1

4,9

4,2

4,9

3,7

2,3

*Millones de barriles por día durante la primera mitad de 2025

GRÁFICO: IGNACIO SÁNCHEZ.

FUENTE: ADMINISTRACIÓN DE INFORMACIÓN ENERGÉTICA DE EE. UU.

(EIA), FEBRERO DE 2026.

Malaca

El Estrecho de Malaca, situado entre Malasia e Indonesia, es el paso marítimo más transitado del mundo y uno de los más peligrosos, con alta amenaza de la piratería. Conecta el océano Índico con el mar de China Meridional y el océano Pacífico, lo que lo convierte en “la gran puerta de acceso a Asia, sobre todo a China, pero también a Japón y Corea” y en una ruta comercial “esencial” entre Asia y Europa, dice Burguete. “Si se cerrase, lo primero que hay que ver son las alternativas”.

Por este paso circularon, según la Administración de Información Energética de EEUU (EIA, por sus siglas en inglés), unos 23,2 millones de barriles de petróleo en el primer semestre de 2025, cifra equivalente a cerca del 29% del flujo mundial de crudo por vía marítima. Casi el 80% de las importaciones de petróleo de China pasan por este punto, por lo que el gigante asiático no quiere perder su control y, de cerrar, su economía podría hundirse. Según el investigador, en caso de conflicto bélico entre China y EEUU por el dominio marítimo en la región, la circulación por el paso podría verse afectada “de forma grave”, y el gigante asiático enfrentaría “una serie de limitaciones para alcanzar la salida al Índico o al Atlántico”.

Ormuz

Epicentro de la guerra entre Estados Unidos e Irán, el estrecho de Ormuz, que tiene entre 60 y 100 kilómetros de ancho, conecta el Golfo Pérsico, al sudoeste, con el Golfo de Omán, al sureste, y el Océano Índico. Por él circula cerca del 20% del petróleo y gas licuado del planeta y su bloqueo —la mayor interrupción del suministro de petróleo de la historia— ha tenido efectos en el comercio mundial, especialmente en el precio de los combustibles. 

El volumen de tráfico marítimo por este paso se había retomado de forma progresiva después de que EEUU levantara su bloqueo tras la firma del memorando pactado con Irán, pero este sábado Teherán anunció un nuevo cierre. El Ejército iraní denunció a Washington por “flagrante incumplimiento” de los términos del acuerdo preliminar al haber sido incapaz de impedir la continua ofensiva israelí en Líbano que entre el viernes y el sábado dejó más de un centenar de muertos.

Más allá de cuándo se pueda reabrir Ormuz, el gremio de propietarios independientes de buques tanque alerta de que la reactivación total tomará meses, pues el centro del estrecho está bloqueado por unas 80 minas que deben ser retiradas para que se reanude la navegación normal.

Entre los puntos del principio de acuerdo que generan más confusión hay la posibilidad de cobrar peajes (pago por el paso) o tarifas (por servicio prestado) por parte de Irán. Donald Trump ha asegurado que “no habrá peajes” durante los 60 días del periodo de alto el fuego, “ni tampoco después de que expire ese plazo”.

Aunque Irán había dicho que no cobraría “peajes de tránsito”, pero sí podría cobrar “tarifas” sin especificar qué servicios prestaría en el paso, este domingo el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar, ha asegurado que “no se cobrarán tasas, ni de tránsito ni de servicio” en Ormuz, y ha añadido que “actualmente hay barcos navegando en ambas direcciones”, desmintiendo que esté cerrado, como anunció ayer Irán.

La legalidad de cobrar por pasar a través de una vía marítima natural ha sido cuestionada por expertos en la materia (en vías navegables artificiales, los estados ribereños administradores de los canales sí prestan servicios e infraestructura) y ha generado preocupación entre los líderes mundiales, quienes temen que Ormuz nunca recupere su estado anterior a la guerra.

“Ormuz afecta no solamente al crudo iraní, sino también a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Irak y Baréin”, apunta Burguete, que menciona varias dificultades para encontrar alternativas para estos países.

Para el investigador del Real Instituto Elcano Federico Steinberg, el estrecho de Ormuz es “vital y estratégico” y “tiene difícil sustitución”, aunque —admite— es verdad que el precio del petróleo “ha subido menos de lo que se preveía” porque ha sido posible extraer petróleo del Golfo a través de oleoductos que ha puesto en marcha, sobre todo, Arabia Saudí, y de aumentos de producción en otros países.

Al igual que Malaca, el control sobre el estrecho de Ormuz no depende de una única bandera. Burguete explica que esto es consecuencia de “un intento deliberado de las grandes potencias por no entregar a un solo país el poder geopolítico de cerrar una ruta de navegación clave”. Cuando los británicos se retiraron de estos territorios, “se preocuparon de dividir la Península Arábiga para no tener la emergencia de un gran poder que pudiese controlar la zona”.

Bab el-Mandeb, Canal de Suez y Canal de Panamá

Bab el-Mandeb conecta el mar Rojo con el golfo de Adén y es la puerta de entrada de la ruta más corta entre Europa y Asia. Situada entre el cuerno de África y la península arábiga, se ha convertido en una amenaza latente para la seguridad marítima por la creciente presencia de milicias hutíes de Yemen, aliadas de Irán, que han atacado embarcaciones y amenazan con cerrar el paso. Además del comercio, su importancia radica también en los flujos migratorios que atraviesan la región del Cuerno de África, afectada por conflictos armados, hambrunas y desplazamientos forzados.

El canal de Suez, que une el mar Mediterráneo con el mar Rojo, conecta Asia y Europa sin tener que rodear África a través del Cabo de Buena Esperanza, lo que solía implicar 24 días de navegación frente a las 16 horas que se tarda, de media, en cruzar el canal. Aproximadamente el 12% del comercio marítimo global, incluido el 10% del petróleo, transita por este paso. En 2021, el bloqueo de siete días provocado por el buque Ever Given, que quedó encallado en medio del paso y detuvo el comercio de medio planeta, provocó pérdidas billonarias. Controlado por Egipto, que lo opera y cobra tarifas por utilizarlo, ha sido objeto de ataques por parte de los hutíes en respuesta a la guerra de Israel contra Hamás en Gaza.

“Bab el-Mandeb y el Canal de Suez están en segunda línea de importancia porque, pese a ser relevantes, tienen una alternativa: Estrecho de Buena Esperanza. Es más costoso, más largo e implica disrupciones temporales en las cadenas globales de valor, pero las mercancías llegan”, explica el analista.

Bab el-Mandeb y el Canal de Suez están en segunda línea de importancia porque, pese a ser relevantes, tienen una alternativa

Víctor Burguete — Investigador en Geopolítica Global y Seguridad del CIDOB

El Canal de Panamá no es un estrecho como tal, pero con sus 82 kilómetros de ancho, funciona como si lo fuese: conecta los océanos Pacífico y Atlántico y acorta la ruta sin tener que rodear Sudamérica. Gestiona alrededor del 2,5% del comercio marítimo mundial, una proporción modesta, pero concentrada en carga estratégica. Para Estados Unidos es un paso clave porque transporta el 40% de todos sus envíos en contenedores. La drástica disminución del agua en los embalses de agua dulce del canal provocada por las sequías en 2023 y 2024 obligó a restringir el número y el tamaño de los buques. En 2025, Donald Trump amenazó con tomar su control ante la creciente gestión de China en algunos de sus puertos.

“Estados Unidos, cuenta Burguete, es el mayor usuario del canal: lo utiliza para conectar la costa este y oeste, tanto a nivel de comercio como a nivel militar, por lo que tener que dar la vuelta por el cabo de Hornos, no es buena estrategia ni por tiempo ni por dificultades de la navegación”.

Estrechos daneses y turcos

Los estrechos turcos del Bósforo y Dardanelos son la única vía marítima entre el mar Negro y el Mediterráneo, además de dividir la ciudad de Estambul en dos continentes: Europa y Asia. Por ellos transita el 3% del comercio marítimo mundial, con peso importante del gas, fertilizantes y grano (incluido el 20% de las exportaciones globales de trigo desde Ucrania y Rusia hacia Europa y África). En el contexto de la guerra, su valor estratégico se ha incrementado. Turquía controla el acceso militar al estrecho, un poder que Ankara ha utilizado desde la invasión rusa de Ucrania en 2022 para restringir el movimiento de buques de guerra, manteniendo abierto el tráfico comercial.

“A nivel militar y en el ámbito regional es importante el control del estrecho de los Dardanelos y el Bósforo por parte de Turquía, que puede cerrar el acceso a Rusia a las aguas calientes del Mediterráneo”, señala el experto del CIDOB. A través de este embudo, Moscú exporta su petróleo al mundo.

Durante cuatro siglos Dinamarca cobró peajes marítimos por el paso por los estrechos daneses: el Øresund, el más oriental; el Gran Cinturón (Storebælt), el canal principal y el más ancho entre el mar Báltico y el océano Atlántico, situado en el centro del país; y el Pequeño Cinturón (Lillebælt), el más occidental y estrecho de los tres. Desde 2021, el volumen de petróleo que transita por las aguas danesas ha aumentado un 58% y ahora que el estrecho de Ormuz está inoperativo, el país nórdico se ha convertido en el tercero del mundo por donde pasa un mayor volumen diario de petróleo —sin el bloqueo virtual de Irán, el estrecho danés ocuparía el cuarto lugar—.

Intereses del futuro: ¿Bering y Magallanes?

Ubicado donde el Pacífico Norte se une con el Océano Ártico, el de Bering es un estrecho que captará el interés en un futuro. El deshielo del Polo Norte, provocado por el cambio climático, permitirá abrir rutas marítimas más cortas y baratas. Situado entre Siberia y Alaska, es decir, entre Rusia y Estados Unidos, es un paso que las potencias mundiales tienen en su radar y como próximo elemento en disputa, además de otra de las razones por las que Trump muestra tanto interés por Groenlandia.  

A pesar de sus pocos kilómetros, puede provocar una crisis a escala global. “Irá cada vez a más”, dice Bruguete. “Será un punto de control, porque estamos entrando en un contexto geopolítico en el cual la geografía y el control y acceso a los recursos naturales es cada vez más importante”. 

Para el académico de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, en el contexto actual de tensiones entre China y Estados Unidos “el Estrecho de Magallanes y otras rutas que conecten el Atlántico con el Pacífico recuperarán cierta vitalidad”. 

El Estrecho de Magallanes y otras rutas que conecten el Atlántico con el Pacífico recuperarán cierta vitalidad

Gilberto Aranda — Experto de la Universidad de Chile

El estrecho de Magallanes, localizado en la Patagonia, en la isla Grande de Tierra del Fuego, fue junto con el Canal Beagle, una de las pocas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico antes de la construcción del Canal de Panamá. Esta ruta de mar abierto, con fuertes vientos huracanados, icebergs y corrientes marítimas, abre una ruta “crucial” a “un continente helado y rico en minerales críticos”, dice Aranda. 

Según él, “los espacios que quedan más cerca de la Antártida, aun cuando están a muchas millas náuticas, se convertirán en puntos muy codiciados por las potencias tanto globales como regionales”. En el último tiempo, explica, Estados Unidos ha intentado llegar a acuerdos con países próximos al estrecho, como Argentina, y eventualmente podría ser con Chile, “para ir cerrando el hemisferio americano a otros competidores”.

Sin embargo, cierra Steinberg, más allá de la notoriedad que puedan adquirir estos estrechos, su evolución “irá despacio” y requerirá “estructurar” las nuevas rutas, por lo que “será difícil sustituir la concentración de petróleo en el Golfo”.

El Mundial 2026 ya está en marcha en México, en Canadá, y en Estados Unidos… donde Donald Trump ya lo usa para reforzar su propio poder. A nosotros, al menos a algunos de nosotros, en medio de todo esto, nos toca hacer una confesión: nos gusta el fútbol. elDiario.es ha preparado una cobertura especial en un medio de comunicación como el nuestro que no tiene sección de deportes. Está coordinada por José Precedo, con el que hablamos de esta contradicción.

Este Mundial tiene una vertiente geopolítica muy importante: las relaciones entre Trump y el presidente de la FIFA, de total pleitesía, o entre los países organizadores, que no pasan por su mujer momento. Lo analizamos con el corresponsal de elDiario.es en Estados Unidos, Andrés Gil.

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Donald Trump trata de ahogar a Cuba y con su presión está convirtiendo en misión imposible hacer negocios a las empresas españolas en la isla caribeña. Las hoteleras españolas en Cuba llevan meses replanteando su estrategia y asumiendo su repliegue. Y eso ha ido a más desde que Washington colocara a Gaesa (acrónimo de Grupo de Administración Empresarial S.A.) dentro del nuevo paquete de sanciones contra la isla. Desde el 5 de junio, cualquier relación con Gaesa puede exponer a las compañías –por ejemplo, a las españolas– a sanciones por parte de la Administración Trump.

A pesar de que las empresas españolas están en el centro de las amenazas de la Administración del Donald Trump, tanto el Gobierno de Pedro Sánchez como la Comisión Europea de momento se mantienen vigilantes y a la espera de que las amenazas de EEUU no vayan más allá.

Un portavoz de la Comisión Europea ha señalado a elDiario.es que “tienen conocimiento de que algunas empresas de la Unión Europea han estado considerando en los últimos días cesar o reducir sus actividades económicas en Cuba. Estamos siguiendo de cerca la evolución de la situación. Esperamos que todos los actores garanticen unas condiciones de competencia equitativas para las empresas de la Unión Europea”.

En la misma línea, fuentes del Ministerio español de Exteriores han declarado que “el Gobierno a través del ministerio de Exteriores está siguiendo con mucha atención y enorme preocupación el impacto extraterritorial de las medidas unilaterales de EEUU contra Cuba, y que afectan a los intereses de empresas españolas, además de agravar la penuria humanitaria de la población cubana”.

Hay que recordar que Gaesa es el conglomerado industrial y comercial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR). Bajo su paraguas están diferentes empresas, con especial foco en el turismo, considerado un sector estratégico por la entrada de divisas que supone, pero también de otros como telecomunicaciones o los puertos. Gaesa llega a sumar el 40% del PIB de la isla, según recoge la agencia EFE. En cuanto al turismo, está detrás de los hoteles del Grupo Gaviota, que suma más de un centenar de establecimientos, en su mayoría gestionados por empresas extranjeras, españolas incluidas. 

La primera reacción oficial ha venido por parte de Meliá Hoteles, que este miércoles anunció, en una información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), su decisión de dejar de operar y comercializar “de manera inmediata” los quince establecimientos que mantiene en Cuba por “el contexto geopolítico social, legal y económico” de la isla.

La cadena, a través de su filial portuguesa Ilha Bela, ha resuelto concluir “de forma inmediata la prestación de los servicios de gestión y comercialización, así como la cesión de uso de las marcas hoteleras”. Una decisión adoptada “desde un profundo sentido de responsabilidad empresarial, consecuencia de una combinación de circunstancias sobrevenidas ajenas a la capacidad de gestión o actuación de Ilha Bela”.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre del año, la compañía controlada por la familia Escarrer ya aseguró que en Cuba, el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo “se ha visto comprometido de forma significativa como consecuencia de la intervención de Estados Unidos en la región a inicios del año”, según explica la empresa en la información que remitió a la CNMV.

“Este hecho ha generado una dificultad sobrevenida para la obtención de combustible que, junto con el establecimiento de un estricto bloqueo comercial, ha afectado en gran medida al mercado turístico”, añade. “La falta, además, de combustible de aviación provocó la cancelación de numerosas conexiones directas con el país, incluso desde su principal mercado emisor, el canadiense. En este entorno, se ha producido un cierre paulatino de nuestros hoteles, finalizando el trimestre con aproximadamente el 50% de la capacidad operativa, impactando por tanto al número de habitaciones disponibles en el periodo y a los indicadores operativos reportados”.

Antes de esta situación, Meliá sumaba más de 33 hoteles en Cuba, mientras que Iberostar gestionaba una veintena. A ellos se sumaba una presencia mucho menor de otras cadenas como Barceló o Valentín.

En el caso de Iberostar, la empresa de los Fluxa –que también son propietarios de la enseña de calzado Camper–, de momento, guarda silencio sobre su continuidad en la isla. En la web donde aparecen sus hoteles en Cuba, bajo la denominación Ibercuba, solo aparecen seis establecimientos, frente a los 20 que la empresa española reconocía tener a finales de 2024. En este caso, ha sido el turoperador argentino Sudameria el que ha comunicado, según la información publicada por el El País, que Iberostar ha cesado sus operaciones un una docena de hoteles de la isla, los que gestionaba del grupo Gaviota.

“Como parte de un proceso de adaptación al entorno regulatorio internacional y con el propósito de preservar los estándares de calidad, cumplimiento y gestión que distinguen a la compañía, Iberostar Cuba Hotels & Resorts ha informado [de] que dejará de operar y comercializar un grupo de hoteles en Cuba a partir del 1 de junio de 2026”, recoge esta citada información.

Tiranteces entre la UE y Cuba

Las relaciones entre la Unión Europea y Cuba se rigen por el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017. Este pacto se basa en un diálogo político y la cooperación bilateral así como el desarrollo de acciones conjuntas en foros multilaterales con la finalidad de apoyar el proceso de transición de la economía y la sociedad cubanas hacia la democracia y el respeto a los derechos humanos. Sin embargo, la oposición cubana asegura que este acuerdo es una vía para mantener el régimen de represión en Cuba.

En un debate monográfico sobre la situación en Cuba en el Parlamento Europeo este mes de mayo, la jefa de la diplomacia de la Unión Europea, Kaja Kallas, señaló que “junto con el fin de la represión política, La Habana también debería poner fin al control intransigente sobre la economía que está reteniendo al país. La apertura a la iniciativa privada, la inversión, el espíritu empresarial y la modernización económica es esencial”.

Las palabras de Kallas sentaron bastante mal en La Habana. El canciller cubano, Bruno Rodríguez respondió que con estas declaraciones la Alta Representantes de Exteriores de la UE “resta objetividad y denota un marcado doble rasero no reconocer que el ilegal, cruel e injusto castigo colectivo que el gobierno de Estados Unidos impone al pueblo cubano, con un reforzamiento sin precedentes del bloqueo, el cerco petrolero y la amenaza militar, constituyen las principales causantes de la difícil situación que enfrentan hoy los cubanos”.

A pesar de las tiranteces entre ambos responsables, Bruselas aprobó a principios de mayo 2,85 millones de euros de ayuda humanitaria para Cuba, que se suman a los dos millones destinados en abril para atender a las víctimas de recientes fenómenos meteorológicos y de la crisis energética.

Kallas ha insistido en que “la Unión Europea no financia al estado cubano” y que “el apoyo humanitario no resolverá la crisis de Cuba, sino que simplemente aliviará el sufrimiento humano inmediato” de los cubanos.

La Unión Europea es el primer socio comercial de Cuba, representando en torno a un tercio de su comercio exterior total y concentrando cerca del 20% del comercio cubano, con unos flujos comerciales que rondan los 2.000 millones de dólares estadounidenses. La UE también es el principal inversor externo en la isla, concentrado en el sector turístico (hotelería), la construcción, la agroindustria y la minería.

“Europa aún no es capaz de implementar la transición verde a gran escala sin aumentar su dependencia de las cadenas de suministro chinas”, ha resaltado este jueves el expresidente del Banco Central Europeo Mario Draghi al recibir el Premio Internacional Carlomagno, que reconoce a personas por su contribución a la unidad europea. La guerra de Irán ha impulsado la estrategia de la Unión Europea para reducir al máximo posible la dependencia de los combustibles fósiles, pero ha desvelado con más intensidad la supeditación de Europa de los minerales críticos y tierras raras que controla China.

No son solo materias primas necesarias para la transición verde (vehículos eléctricos, paneles solares, turbinas eólicas), también son indispensables para sectores como la atención médica, las redes de energía y las telecomunicaciones, ya que son esenciales en productos electrónicos, magnéticos y ópticos así como en semiconductores utilizados en comunicaciones civiles y militares.

Desde que el líder chino Deng Xiaoping, a principio de los años 90 del siglo pasado, marcó la línea a seguir con su frase: “Oriente Medio tiene petróleo. China tiene tierras raras”, el gigante oriental lleva años copando la extracción y refinado de estos minerales, que necesitan de un proceso técnico complejo e intensivo en energía para su utilización industrial, ante la tranquila mirada de Europa cuyos empresarios abrazaban la estrategia de externalizar procesos sin evaluar las consecuencias geopolíticas. Ahora China es el principal productor de 20 materias primas críticas: representa el 70% de la minería global y el 90% de la capacidad de procesamiento de estos materiales en el mundo.

La verdadera cara de la amenaza llegó cuando el 4 de abril de 2025, como respuesta a la ofensiva arancelaria del presidente de EEUU, Donald Trump, y a las tensiones crecientes por las tasas europeas a los automóviles eléctricos chinos, Pekín impuso controles a la exportación de tierras raras que convulsionó a los fabricantes de todo el mundo. China anunciaba al mundo que utilizaba su control sobre minerales críticos y tierras raras como un arma.

La Unión Europea ha elevado su guerra comercial contra China tras la decisión de vetar proyectos de energías renovables con fondos de la UE que contengan piezas chinas ante la necesidad de la UE de reducir los riesgos de posibles ciberataques y de dependencia económica. Sin embargo, un conflicto comercial con China puede reeditar el freno a la exportación de minerales críticos a Europa, lo que puede provocar graves perjuicios para la industria y la defensa de la UE.

Minerales críticos: “una poderosa arma geoeconómica”

El EU Institute for Security Studies, el think tank oficial de la UE encargada de analizar temas de política exterior, seguridad y defensa, ha realizado un informe bajo el título de 'Los materiales críticos como arma de Pekín' en el que resalta que “China ha convertido su monopolio sobre la minería y refino de materias primas críticas (como tierras raras, galio y germanio) en una poderosa arma geoeconómica” y que los controles de Pekín sobre estos materiales “actúan como un elemento de disuasión”.

La restricción de suministros por parte de China tiene un impacto tremendo en Europa, según este informe. Por un lado, puede provocar la interrupción de la producción de las fábricas, ya que la escasez de materiales obliga a empresas europeas, como pasó en el último parón con el sector automovilístico y tecnológico, a agotar sus inventarios, lo que encarece los costos de producción y provoca paros industriales.

Además, supone una trampa de deslocalización, ya que con la amenaza de limitar las licencias de exportación de componentes críticos, Pekín presiona a las industrias europeas para que trasladen sus centros de producción de alto valor añadido a China para poder acceder a los materiales sin restricciones.

El EU Institute for Security Studies no duda en calificar como “coerción política” la concesión de licencias de exportación por parte de China como moneda de cambio para forzar a la UE a cambiar sus políticas comerciales.

“El esqueleto del equipo militar moderno”

Pero además, en tiempos de rearme europeo ante la amenaza latente de Rusia y el abandono de Estados Unidos de la seguridad europea, la utilización de esta arma por Pekín incrementa las vulnerabilidades para la defensa de la UE. El EU Institute for Security Studies recuerda que las materias primas críticas son “el esqueleto del equipo militar moderno”: El galio es esencial para radares y sistemas de comunicación; el germanio para imágenes térmicas y visión nocturna; y las tierras raras son necesarias para la fabricación de cazas, helicópteros, drones, submarinos y misiles. China se ha negado categóricamente a otorgar licencias de exportación a Europa para cualquier uso final militar, lo que debilita los esfuerzos de rearme europeo y limita su capacidad para producir armas.

Un freno total a la exportación de estos materiales críticos provocaría que Europa agotaría rápidamente sus reservas estratégicas, paralizando su capacidad de fabricar municiones y armas, lo que supondría que la UE perdería su capacidad de disuasión frente a Rusia.

El think tank europeo apunta que el sistema de licencias de exportación de China “exige a las empresas europeas revelar información altamente confidencial”. Esta medida permite a Pekín “mapear las redes de suministro de la industria de defensa europea e identificar sus eslabones más débiles para posibles sabotajes físicos o cibernéticos en el futuro”.

Europa necesita innovar para mantener una ventaja cualitativa militar que compense la superioridad numérica de sus posibles adversarios, con vistas a Rusia. Sin embargo, el informe revela que la escasez inducida de estos materiales “ralentiza la investigación y el desarrollo europeo en tecnologías emergentes disruptivas como inteligencia artificial, computación cuántica y fotónica).

Finalmente, en un escenario de escasez extrema, el EU Institute for Security Studies advierte de que Estados Unidos o Japón podrían verse tentados a priorizar sus propios inventarios nacionales para abastecer exclusivamente a sus industrias de defensa, dejando a Europa desabastecida y fragmentando la cohesión aliada.

De hecho, uno de los temores que corre por los pasillos de las instituciones europeas es que en la visita que está realizando Donald Trump a China, el presidente de EEUU llegue a algún tipo de acuerdo con Xi Jinping sobre materiales críticos que deje fuera de juego a la UE. Según la Casa Blanca, Estados Unidos es “100% dependiente de las importaciones” de al menos 15 minerales críticos y el 70% de sus compras de tierras raras proviene de China.

Trump ya puso en grave riesgo las relaciones transatlánticas con su obsesión por anexionarse Groenlandia, un territorio danés rico en minerales críticos. Aunque la UE y EEUU acordaron el pasado mes de abril poner en marcha un plan de acción “para construir cadenas de suministro de minerales críticos seguras y sostenibles” la desconfianza entre ambas partes es evidente.

Con las relaciones comerciales entre la UE y EEUU golpeadas por la política que ha seguido Trump de aranceles, en el acuerdo firmado por ambas partes se van a estudiar instrumentos para reforzar acciones coordinadas como “precios mínimos ajustados, mercados basados en normas, subvenciones para cubrir brechas de precios y acuerdos de compra garantizada”.

El informe del EU Institute for Security Studies advierte que si Europa quiere solucionar este reto en solitario “fracasará” por el alto coste, las regulaciones y la falta de reservas. Con esta premisa, el think tank europeo propone que la UE coordine urgentemente fondos estatales, compras públicas estratégicas y aranceles conjuntos junto con sus socios del G7 además de países como Corea del Sur, Australia o Canadá, y que diseñe una estrategia que explote las dependencias de China para utilizarlas como política de disuasión.

Dos décadas después de sacudir la globalización con su ingreso en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y su avalancha de manufacturas baratas, China vuelve a alterar el orden mundial. Esta vez, el golpe en la mesa de Pekín no procede de sus bajos costes, factor que le ha otorgado el estatus de Gran Factoría Global, sino de una reconfiguración deliberada, planificada y bien pergeñada de su modelo productivo.

Lo sorprendente es que este cambio de paradigma se está vislumbrando con suma nitidez en pleno voltaje geopolítico por la guerra en Irán. El conflicto ha encarecido la energía, tensionado el comercio y reordenado las cadenas de suministro y valor en todo el planeta, y ha dejado traslucir una inusitada capacidad de resiliencia en la segunda superpotencia económica del planeta.

El PIB chino ha retornado a la recién abandonada meta de crecimiento del 5% entre enero y marzo después de acelerar una mutación estructural que ha empezado a mostrar mayor musculatura e influencia internacional.

El contraste de la coyuntura global es ya revelador. Mientras las potencias industrializadas temen por la denominada estanflación (inflación y estancamiento económico) y otros mercados importadores de combustibles fósiles acusan el shock del oro negro, Pekín está amortiguando este impacto. Lo ha hecho gracias a años de diversificación energética, con un aumento de la extracción de carbón, proliferación de reactores nucleares y, sobre todo, fuentes renovables, lo que ha elevado sus reservas estratégicas y reducido su dependencia del crudo del Golfo Pérsico.

China, en definitiva, ha reforzado sus escudos de seguridad energética. Tanto, que ahora actúan como estabilizadores automáticos dentro de un entorno volátil. La escalada bélica no ha hecho descarrilar un patrón de crecimiento que parece blindado ante shocks externos.

Pero el auténtico cambio de paradigma emerge bajo la superficie de estos datos agregados. El vigor del PIB sigue apoyado en la industria y las exportaciones, aunque ya no tanto en sectores tradicionales que definieron el llamado primer shock chino, en el inicio del milenio. Ahora son los vehículos eléctricos, las baterías, los semiconductores y los negocios digitales los que propulsan la actividad. La producción de alta tecnología crece a doble dígito, la automatización industrial se acelera y la IA se integra en el tejido productivo con la aquiescencia del Estado y sus recursos.

Todo ello ha engendrado un nuevo escenario. China sigue compitiendo vía precios. Pero también lo hace en la escala tecnológica y con férreos controles sobre sus cadenas de valor y de suministro.

Este viraje está respaldado por una estrategia política explícita, además de en sus planificaciones plurianuales. El liderazgo de Xi Jinping enfatiza la autosuficiencia tecnológica, la construcción de modelos industriales “de gestión controlables” y la expansión de la demanda interna, genuina definición de las economías de rentas altas, aunque aún incipiente en el gigante asiático, como complemento a su motor exportador. Un modelo que no obstante muestra fuertes déficits, entre otros, un débil consumo de hogares, una inversión privada que fluctúa pero revela descensos, un mercado laboral con contracciones y episodios de deflación.

“La agenda reformista de Jinping no está exenta de fricciones”, anticipa el economista Hao Zhou, quien augura una transición con grandes vaivenes. En especial, porque el pulso competitivo y la rivalidad geoestratégica con EEUU puede pausar su itinerario.

En este contexto, la anunciada y no corroborada cita entre Donald Trump y Jinping de mediados de mayo deja varias incógnitas sin resolver y de especial enjundia. Las negociaciones entre las dos superpotencias no se reducen únicamente a un acuerdo sobre aranceles o a una rivalidad geopolítica stricto sensu. Washington y Pekín revelan un choque de modelos económicos en una alocada carrera por la hegemonía internacional. Mientras EEUU intenta contener el ascenso tecnológico de Pekín con vetos comerciales, subsidios industriales y presión sobre sus aliados, China responde con más autonomía, ingentes inversiones en innovación, diversificación productiva y refuerzo de su capacidad para sobreponerse a un horizonte de fragmentación de mercados.

Estas son las pautas que definen el segundo shock chino, que rezuma una enorme habilidad para adecuar el boom tecnológico a su estrategia económica planificada y a su tejido productivo. A diferencia de su anterior modelo, basado en exportar deflación a costes reducidos, el actual combina sus excedentes industriales con un liderazgo creciente en sectores neurálgicos para la transición energética y la digitalización.

Este salto adelante, además, provoca daños colaterales a discreción, y no solo en adversarios como EEUU, que ve cuestionada su supremacía tecnológica. También en socios comerciales como la UE, que se enfrenta a una nueva oleada de competencia en energías verdes; y en sus vecinos asiáticos, que rivalizan entre sí por integrarse en cadenas de valor dominadas por Pekín.

La guerra en Irán evidencia la resiliencia activa china a partir de una arquitectura económica que ha empezado a no depender del orden liberal para prosperar y que marcará el reencuentro entre Trump y Jinping.

La triple palanca IA-tierras raras-chips

El almirante estadounidense Brad Cooper lo resumía con crudeza al describir el impacto de la IA en la guerra: “Estos sistemas convierten procesos de horas o días en segundos”. La aceleración operativa define el nuevo campo de batalla económico y China ha decidido dominarlo desde la base industrial hasta el control de insumos críticos (bienes e instrumentos esenciales para crear escalas de valor).

El resultado es una demanda global creciente (y cada vez más incómoda para Occidente) de tecnología china. Es otro signo de identidad de la versión made in China 2.0: catálogo de servicios y productos avanzados que combinan calidad, escala y precio. De sensores para vehículos eléctricos a robots industriales o baterías, las empresas chinas están colonizando segmentos de alto valor a una velocidad que desconcierta a sus rivales. “Las que sobreviven en el mercado del gigante asiático son imbatibles en cualquier lugar del mundo”, admite un inversor del sector que subraya un ecosistema donde la competencia feroz comprime márgenes, pero multiplica la eficiencia.

Esta dinámica no es casual. Responde a una sucesión de factores de difícil réplica armada desde Pekín con subsidios masivos, abundancia de ingenieros, integración productiva vertical de cadenas de suministro y presión competitiva que obliga a innovar continuamente. El resultado es una deflación tecnológica global articulada con un extenso catálogo de ofertas sofisticadas a precios decrecientes que acaba expulsando a los competidores occidentales, incluso en sectores tradicionalmente protegidos.

La batalla por la hegemonía de los chips es el arma más precisa de esta guerra sin tregua por la soberanía digital. China, lejos de quedar rezagada por las restricciones de Washington, ha logrado redoblar su capacidad de autosuficiencia. Programas de ayudas masivas como el de Shanghái se han revelado excelentes en el desarrollo de chips domésticos, hasta el punto de que los componentes más famosos de los circuitos integrados podrían representar el 55% del mercado nacional de aceleradores de IA en 2027, frente al 17% en 2023. “Los controles a la exportación han creado una oportunidad única para los fabricantes locales”, señalan analistas de Bernstein. Incluso con limitaciones tecnológicas, firmas como Huawei están cerrando la brecha digital y consolidando un ecosistema menos dependiente de Occidente.

Sin embargo, el cambio de paradigma no se limita a vender más tecnología, sino a controlar su difusión. Pekín ha pasado de facilitar la transferencia tecnológica a restringirla con vetos a ventas al exterior, pero también con supervisión política a la concesión de licencias que buscan evitar que su know-how estratégico deje el país. “Es poco probable que China permita que salga algo realmente valioso”, dice un funcionario comercial occidental. La paradoja resulta evidente para Financial Times: el mundo quiere tecnología china, pero Pekín decide quién puede acceder a ella y en qué condiciones.

Este soft power chino se amplifica con su dominio de las tierras raras y su poder para estrangular los cuellos de botella de un mercado clave para la industria de los semiconductores, la defensa o la automoción eléctrica. China concentra desde hace decenios su producción global, lo que le ha reportado un arma estructural que se ha convertido en palanca geopolítica con el boom de la IA.

Un arma contra Occidente, que construyó sus industrias “sobre bases inestables” al beneficiarse de materiales baratos cuyo verdadero coste (ambiental y estratégico) no fue digerido por sus sistemas productivos, precisa Patrick Schröder, investigador en Chatham House. Para Wendy Cutler, antigua negociadora americana con China, el encuentro Trump-Jinping de este mes va a ilustrar, de nuevo, la asimetría entre ambas superpotencias en chips avanzados. Pekín –avisa– negocia cada concesión a cambio de un precio. E incluso cuando concede treguas, “conserva intacta su capacidad de presión”.

Bo Zhengyuan, socio de la firma de investigación de mercados Plenum, anticipa que “no habrá un ganador claro en la próxima década”. En su opinión, está en juego un desafío doble. Por un lado, por el liderazgo tecnológico y, por otro, por el dominio de la arquitectura del poder económico global.

Control comercial, energía verde y orden monetario

Pero los esteroides geoestratégicos de Pekín no se reducen solo a la revolución tecnológica que inició hace un decenio y aceleró tras la Gran Pandemia. También se aprecia en su control sobre puertos y rutas comerciales. Es una piedra angular de su edificio multilateralista, en el que Pekín desea instaurar su renovado poder económico. China ha tejido estos años una red inversora muy tupida e hilvanada de enclaves portuarios en más de 90 naciones con una factura financiera de unos 24.000 millones de dólares que sigue una trayectoria geoestratégica nítida: gestionar los cuellos de botella que atenazan el comercio mundial. Es decir, las pasarelas como Suez, Malaca o Panamá.

Dylan Spencer, académico especializado en el análisis de rutas e infraestructuras comerciales, cree que esta proyección del capital chino en el exterior “no es una fórmula aleatoria, sino que se agrupa en torno a corredores de riesgo y valor elevados, donde el control logístico equivale a influencia económica sostenida”. A ello, añade, se suma la integración de cadenas críticas de suministro: desde puertos conectados a hubs productivos, de transporte, energía o rutas de exportación.

Alexander Wooley, del laboratorio de investigación AidData, añade que Pekín busca garantizarse “la seguridad estratégica” de flujos comerciales. “Están tejiendo una arquitectura marítima que redefine la globalización desde las redes de infraestructura”.

El pulso entre Pekín y Washington también se libra en el orden monetario global. China busca internacionalizar el yuan –o el renminbi, su unidad en el mercado cambiario- sin renunciar al control estatal. Zongyuan Zoe Liu, investigadora en el Council on Foreign Relations, advierte, sin embargo, que la expansión de stablecoins vinculadas al dólar –un negocio potencial que se valora en 1,75 billones—supone una amenaza para los intereses de Jinping. “Abriría un canal de transacciones en billetes verdes americanos que Pekín no podría fiscalizar y erosionaría los pilares de su soberanía financiera”.

Sin duda por ello –alerta en Foreign Policy—, China impulsa sus propias alternativas: desde el sistema de pagos CIPS hasta experimentos con el yuan digital y stablecoins offshore en Hong Kong. Eso sí, con protocolos que priorizan la trazabilidad y supervisión de los movimientos monetarios. Aun así –sostiene Josh Lipsky, director en el Atlantic Council–, el auge internacional del yuan “no puede ser una mera coincidencia” con el surgimiento de crisis o la instauración de sanciones occidentales a terceros países, que les obliga a diversificar transferencias.

El dólar mantiene una ventaja estructural difícil de erosionar a corto plazo. Pero no es un aval eterno. El avance del yuan tiene visos de realpolitik. En marzo, superó el 56% de las transacciones vinculadas a China y su sistema CIPS ha procesado, con éxito, más de 1,2 billones de yuanes diarios.

La invocación de la seguridad nacional suele aparecer cuando un país quiere justificar el control de un territorio que considera útil para sus intereses. Estados Unidos ha reactivado ese argumento en 2026 al insistir en Groenlandia, una isla que sigue bajo soberanía de Dinamarca y que se ha colocado en el centro del debate político internacional.

Donald Trump ha defendido esa postura con declaraciones que cuestionan los derechos daneses sobre el territorio y ha afirmado que “el hecho de que un barco suyo llegara a Groenlandia hace 500 años no significa que sean los dueños de la tierra”. Ese tipo de argumentos no se limita a una discusión histórica, sino que apunta a una lógica de control geográfico basada en rutas, recursos y posición estratégica.

Groenlandia ocupa un lugar relevante en el Ártico, donde confluyen intereses militares y económicos, y ese valor explica el interés renovado en un momento de tensiones globales, la misma lógica que llevó a Estados Unidos a asegurar hace más de un siglo un archipiélago caribeño que consideraba vulnerable.

Washington compró un archipiélago caribeño a Dinamarca en 1917

Estados Unidos compró las Islas Vírgenes a Dinamarca en 1917 tras unas negociaciones marcadas por la Primera Guerra Mundial y el temor a Alemania. Según recoge Bloomberg, el acuerdo se cerró por 25 millones de dólares en oro y respondía a un cálculo estratégico sobre el control del Caribe. Ese territorio pasó a llamarse Islas Vírgenes de los Estados Unidos y se convirtió en una pieza relevante dentro del sistema defensivo estadounidense en la región.

El riesgo que preocupaba a Washington tenía que ver con el avance alemán en Europa y la posibilidad de que Dinamarca, que mantenía una posición neutral, acabara siendo invadida. Astrid Andersen, investigadora del Instituto Danés de Estudios Internacionales, explicó a BBC Mundo que “Dinamarca era neutral en la guerra, y el temor en Washington era que Alemania pudiera invadirla y hacerse así con el control de las islas y del puerto de Saint Thomas”. Ese escenario habría permitido a los submarinos alemanes operar desde una base cercana a las rutas marítimas estadounidenses, con capacidad para atacar barcos en el Atlántico y el Caribe.

El acuerdo que cerró la venta incluyó una condición relevante que iba más allá del Caribe. Estados Unidos aceptó no oponerse a que Dinamarca ampliara sus intereses políticos y económicos sobre Groenlandia, lo que supuso un reconocimiento implícito de su soberanía sobre esa isla.

Este punto, documentado también por el U.S. Department of State, formó parte del equilibrio diplomático que permitió cerrar la operación. Washington priorizaba la seguridad en el Caribe y, a cambio, dejaba abierta la vía para que Dinamarca consolidara su posición en el Ártico.

La Primera Guerra Mundial marcó cada decisión estratégica

El contexto de la Primera Guerra Mundial marcó cada paso de ese proceso. Europa vivía una guerra de trincheras que desgastaba a los países implicados, mientras los aliados buscaban que Estados Unidos se implicara en el conflicto. Los ataques de submarinos alemanes contra barcos estadounidenses aumentaron la presión interna.

Ese clima empujó al gobierno de Woodrow Wilson a reforzar su presencia en zonas estratégicas. La apertura del Canal de Panamá en 1914 había elevado aún más la importancia del Caribe, ya que garantizaba una conexión rápida entre océanos y exigía protección constante.

El cambio de soberanía se formalizó el 31 de marzo de 1917 con una ceremonia en la que la bandera estadounidense se izó por primera vez en los edificios oficiales de las islas. En ese mismo acto, una guardia danesa arrió su bandera y la retiró definitivamente. A partir de ese momento, el archipiélago pasó a ser un territorio no incorporado de Estados Unidos, con un estatus distinto al de los estados federales.

La presión de Estados Unidos aceleró las negociaciones con Dinamarca

Las negociaciones que llevaron a ese resultado estuvieron marcadas por una presión constante por parte de Washington. Andersen señaló que el tono de las conversaciones recordaba a planteamientos actuales, con una advertencia implícita de intervención si no se alcanzaba un acuerdo. Estados Unidos dejó claro que prefería una venta pactada, pero no descartaba ocupar las islas para evitar que cayeran en manos alemanas. Esa presión aceleró el proceso y llevó a Dinamarca a aceptar las condiciones.

El acuerdo fue ratificado por ambos países y también por la población danesa mediante un referéndum. Sin embargo, la historiadora Andersen recordó que la población de las islas no participó en esa decisión, lo que dejó fuera a quienes vivían en el territorio afectado. En Dinamarca, la percepción de las islas era distante, ya que muchos ciudadanos no las consideraban parte esencial del país.

La historia colonial y el declive económico influyeron en la venta

La historia previa del archipiélago explica en parte esa distancia. Las llamadas Indias Occidentales Danesas habían pasado por varias potencias europeas antes de quedar bajo control danés en el siglo XVII. La colonia creció con la compra de Saint Croix a Francia en 1733 y vivió cambios importantes como la abolición de la esclavitud en 1848.

Sin embargo, desde el siglo XIX entró en una fase de declive económico que hizo cada vez más costosa su administración para Dinamarca. Tras la compra por Estados Unidos, el territorio quedó bajo administración naval hasta 1931 y, más tarde, se introdujeron cambios legales que dieron mayor autogobierno, con ciudadanía plena reconocida en 1932 y un sistema político propio que evolucionó con el tiempo.

El regreso de los aranceles, la rivalidad entre Estados Unidos y China, la guerra en Oriente Medio y una economía cada vez más condicionada por la geopolítica dibujan un escenario de incertidumbre global. Kevin O’Rourke, historiador económico, investigador del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) en Francia, y profesor en Sciences Po, sostiene que no estamos simplemente ante una nueva fase de desglobalización, sino ante una etapa de “fragmentación geopolítica” que pone en cuestión las bases del orden económico internacional surgido tras el final de la Guerra Fría.

O'Rourke, de visita en Madrid invitado por la Fundación Ramón Areces y la Universidad Carlos III, advierte de que la volatilidad impulsada por Donald Trump, el debilitamiento de las reglas multilaterales y la formación de bloques rivales pueden dañar el crecimiento y agravar las tensiones internacionales. Frente a ese escenario, defiende que la Unión Europea debe abandonar cualquier sensación de impotencia, actuar con mayor autonomía política y estratégica y reforzar su mercado interior, su transición energética y su capacidad para defender sus propios intereses. “No tenemos alternativa”, resume en una entrevista con elDiario.es.

Entre la guerra con Irán, la invasión rusa de Ucrania, la rivalidad entre Estados Unidos y China y el regreso de los aranceles, ¿estamos entrando en una nueva era de desglobalización?

Lo que estamos viviendo es una etapa de fragmentación geopolítica. La globalización siempre ha estado profundamente condicionada por la geopolítica. La fase de globalización que hemos conocido surgió tras el final de la Guerra Fría y la apertura de China a la economía mundial. Por eso tiene sentido que el regreso de guerras frías y guerras abiertas nos empuje en la dirección contraria.

Donald Trump ha situado los aranceles en el centro de su agenda económica. ¿Es una estrategia eficaz o una receta con más costes que beneficios?

Al principio parecía funcionar, porque todo el mundo le tenía miedo. Ahora la gente se ha acostumbrado a él y ya no intimida de la misma manera. Además, el Tribunal Supremo ha declarado ilegales sus políticas arancelarias. Así que está perdiendo capacidad de presión a través de esas amenazas, y eso es una buena noticia.

¿Cómo debe comportarse Europa ante Trump?

Debemos preocuparnos cuando una gran potencia, y además un aliado tradicional profundamente entrelazado con nuestras economías, está gobernada por alguien así. Pero Europa no es pequeña y debe dejar de comportarse como si fuera importante. Muchos de nuestros países lo son individualmente, pero en conjunto somos tan grandes como Estados Unidos. Podemos defender nuestros intereses. El verdadero peligro sería convencernos de que somos impotentes. Eso sí sería una profecía autocumplida: nos debilitaríamos y entonces sí podrían intimidarnos.

¿Debe la Unión Europea actuar más claramente como bloque y como poder autónomo?

No tenemos alternativa. Dudo mucho que hoy muchos europeos crean que Trump acudiría automáticamente en nuestra ayuda si Rusia atacara Suecia o los Estados bálticos. Si las garantías de la OTAN ya no son seguras, Europa tiene que valerse por sí misma. Eso significa actuar unidos en política, seguridad y estrategia. Ya lo hacemos en comercio, donde somos potencialmente un bloque muy poderoso. Es el único camino realista.

¿Qué impacto tienen las declaraciones de Trump sobre los mercados y las expectativas?

Ha introducido una enorme volatilidad e incertidumbre en el sistema global. Hay incertidumbre sobre el precio del petróleo, la política comercial y la evolución geopolítica. Puede que no sepamos si los aranceles o la energía subirán o bajarán, pero sí sabemos que la incertidumbre en sí misma daña la inversión. Y eso perjudica el crecimiento, el empleo y la creación de puestos de trabajo.

Ya ha hecho un daño considerable a la economía mundial. Y, sumado a las tensiones en el Golfo, eso genera tanto un shock de demanda como un shock de oferta. En resumen: ha creado un gran problema.

¿La guerra con Irán es también una guerra económica?

Es, ante todo, una guerra política. Pero Irán intenta defenderse del único modo que puede: generando la mayor disrupción económica posible para forzar a Estados Unidos a retroceder. En ese sentido, sí se ha convertido también en una guerra económica.

Avanzamos hacia un mundo multipolar y eso puede ser peligroso. Los últimos grandes periodos multipolares fueron los años previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo terminaron.

El enfrentamiento entre Washington y Pekín ya no es solo comercial, también es tecnológico y estratégico. ¿Estamos ante una nueva Guerra Fría?

Creo que avanzamos hacia un mundo multipolar, no simplemente bipolar. No están solo Estados Unidos y China. También está Europa, que será cada vez más autónoma; India; y grandes actores en América Latina, el sudeste asiático e incluso, en el futuro, África.

Eso puede ser peligroso. Los últimos grandes periodos multipolares fueron los años previos a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Sabemos cómo terminaron.

En este nuevo escenario, ¿la Unión Europea actúa como un actor geopolítico con voz propia?

No tanto como debería. Con demasiada frecuencia Europa es ignorada, considerada irrelevante o vista como hipócrita, especialmente por países de lo que antes se llamaba el Sur Global. Escuchan nuestro discurso sobre el derecho internacional, pero también observan cuando no lo aplicamos a nosotros mismos. Si Europa quiere ser tomada en serio, tiene que alinear sus actos con sus principios.

¿Cómo debería responder Bruselas al auge del proteccionismo?

Se puede debatir razonablemente si Europa debe responder con represalias a los aranceles de Trump. Pero lo que desde luego no debería hacer es premiar comportamientos ilegales.

Más allá de eso, la UE debe reforzar su mercado interior y ampliar alianzas. Pero también regular la tecnología y los sectores estratégicos de acuerdo con sus propios valores democráticos y sociales, sin dejarse intimidar por posibles represalias de Washington. Quizás esa sea la mejor respuesta: gobernarnos según nuestras propias prioridades.

El acuerdo entre la UE y Mercosur genera divisiones internas. ¿Es una oportunidad estratégica o llega demasiado tarde?

En conjunto, creo que probablemente es positivo, aunque más por razones geopolíticas que estrictamente económicas. Por supuesto, tiene costes políticos, especialmente por la oposición de determinados sectores agrícolas. Todo acuerdo comercial obliga a equilibrar beneficios económicos y resistencias internas. Aun así, mi valoración sería moderadamente favorable.

"España lidera la transición energética, Trump lo detesta y es estrátegico para la UE"

¿Qué papel puede jugar España en este contexto?

España puede seguir liderando la transición energética, algo que Trump claramente detesta. A largo plazo, eso es estratégicamente crucial para Europa, no solo por la crisis climática, sino porque reduce nuestra dependencia de los mercados energéticos internacionales, de Rusia, de Estados Unidos y del Golfo.

¿Qué opinión le merece la posición de Pedro Sánchez en estos conflictos?

Creo que expresó lo que piensan muchos europeos corrientes cuando condenó la guerra con Irán. En un momento en el que la respuesta europea fue fragmentada y confusa, ayudó a articular una posición alternativa. Lo ideal habría sido que el Consejo Europeo coordinara una respuesta común antes de que algunos líderes hablaran por su cuenta.

Mirando la historia económica, ¿cuál es el principal error que corremos el riesgo de repetir?

El mayor peligro es la fragmentación de la economía mundial en bloques políticos rivales, como ocurrió en los años treinta. Aquella fragmentación no solo reflejó las tensiones políticas de la época: también las agravó. Por eso siguen siendo tan importantes los principios básicos del sistema multilateral de comercio, especialmente la no discriminación. Europa debería liderar su defensa.

En el verano de 2025, el juez de la Corte Penal Internacional Nicolas Guillou quedó bloqueado. Al intentar pagar un billete de tren o un café con su tarjeta, el terminal daba error. Todas sus reservas de viajes quedaron canceladas. Tampoco podía usas sus suscripciones a servicios digitales, recuperar los datos que había almacenado en la nube ni enviar correos electrónicos. El magistrado había sido sancionado por Donald Trump por investigar los crímenes de guerra de Israel en Palestina y ratificar la orden de arresto internacional contra Benjamin Netanyahu.

El veto implicó que todas las empresas estadounidenses dejaran de prestarle servicio. Sus tarjetas de crédito Visa y Mastercard se convirtieron en trozos de plástico. Sus cuentas en Amazon, Microsoft o Gmail quedaron anuladas. Sus reservas de viajes con Expedia, una empresa con sede en Seattle, se cancelaron. Desde entonces Guillou, así como otros miembros de la Corte sancionados, tienen que llamar primero a los alojamientos o estaciones para saber si aceptan dinero en efectivo. El juez goza de libertad en las calles europeas, pero ha sido apartado de la sociedad digital: “Es como volver a la década de 1990”, expresa.

El de Guillou es un caso micro. Cuando esto ocurre a nivel macro, entra en juego el futuro de naciones enteras y millones de personas. Así puede atestiguarlo Volodímir Zelenski. El presidente ucraniano lo sufrió en las primeras semanas de Trump en el cargo, cuando el presidente estadounidense ordenó a la empresa de satélites Maxar que dejara de suministrar imágenes al ejército ucraniano para forzar a Kiev a negociar con Moscú.

La misma noche en la que comenzó el bloqueo, las tropas de Vladímir Putin atacaron la ciudad natal de Zelenski, Kryvyi Rih, matando al menos a cuatro personas e hiriendo a más de 30. El frente de batalla ucraniano quedó a ciegas, sus pilotos de drones tuvieron que parar sus contraataques y las defensas aéreas quedaron en clara desventaja ante la aviación rusa.

Se trata de una realidad de la que numerosos especialistas han avisado durante décadas, anunciada por casos como el de Julian Assange, pero que ahora toda Europa vive en primera persona. La Casa Blanca tiene “un botón de apagado” para numerosas tecnologías y sistemas críticos del continente y bajo el mandato de Trump no duda en usarlo para forzar a los países europeos a seguir sus intereses.

El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra: es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar

Cori Crider — directora del Future of Technolofy Institute

Esta es la principal conclusión del informe Defensa en la nube: un flanco europeo expuesto, elaborado por el think tank Future of Technology Institute (FOTI), con sede en Bruselas. El análisis, que se presenta este viernes y al que ha tenido acceso elDiario.es, se ha elaborado a partir de datos abiertos sobre las contrataciones públicas del continente. El resultado arroja que 23 de los 28 países analizados dependen de los gigantes tecnológicos estadounidenses para sostener sistemas críticos de sus ejércitos y agencias de seguridad.

Esto les deja a merced de bloqueos como el que sufre el juez Guillou y sus compañeros de la Corte Penal Internacional o el de Ucrania. “El riesgo de un 'botón de apagado' por parte de Estados Unidos ya no es una discusión teórica de expertos en tecnología o simulaciones de guerra”, dice Cori Crider, directora ejecutiva del instituto, “es un riesgo inminente y genuino que Europa ya no tiene el lujo de ignorar”.

“La administración Trump y sus patrocinadores de las grandes tecnológicas han convertido nuestras dependencias tecnológicas en un arma, y esto parece que solo irá a peor”, asevera.

Riesgo alto en más de la mitad de los países europeos

El mapa de riesgo que dibuja el FOTI divide al continente en dos grandes bloques de alerta. En el nivel de riesgo alto se encuentran 16 naciones, incluyendo a potencias militares como el Reino Unido, Alemania y Polonia. Los investigadores las colocan en el peldaño más alto por su política de contratación de forma directa con los hiperescaladores estadounidenses, como se conoce al grupo formado por Amazon, Google, Microsoft y Meta, por la potencia y envergadura de sus centros de datos.

España, por su parte, se ubica entre los siete países con un riesgo medio, marcado por el peligro de las “dependencias ocultas”. Esto se debe a que aunque los gobiernos de estos países han impulsado políticas para recurrir a proveedores nacionales y blindar su soberanía, estos a su vez siguen dependiendo de empresas estadounidenses para desplegar todas las capacidades del sistema. El informe destaca que España tiene una gran dependencia de Oracle, una multinacional estadounidense de centros de datos.

A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo

Tobias Bacherle — coautor del estudio

Los autores del estudio reflejan como las compañías de EEUU, conscientes de esta preocupación, han empezado a ofrecer a los países europeos redes aisladas de Internet y sin conexión con Washington, lo que impediría que la Casa Blanca pudiera forzarlas a echarlas abajo en un momento dado. Sin embargo, el “botón de apagado” va más allá de esa conexión física, alertan.

“A los 30 días de una interrupción, como máximo, la mayoría de los servicios dejarían de funcionar. Esto se debe a que necesitan renovaciones de las licencias y parches de seguridad. En cuanto te cortan el servicio y hay que renovar la licencia, ya no puedes seguir utilizándolo”, avisa Tobias Bacherle, coautor del estudio.

Este poder tiene nombre y apellidos legales. La principal herramienta de la Casa Blanca para bloquear el uso de su tecnología es la legislación de sanciones de EEUU, que prohíbe a cualquier empresa estadounidense prestar servicios a las personas o entidades que Washington decida incluir en sus listas negras. Ese fue el marco que obligó a Microsoft, Expedia o Visa a cortar sus servicios a los jueces de la Corte Penal Internacional de forma instantánea.

Al paquete de bloqueo se suma la llamada CLOUD Act, que permite a las autoridades estadounidenses exigir a sus empresas tecnológicas el acceso a datos almacenados en servidores europeos, lo que llevó al ejército suizo a prohibir el uso de WhatsApp en 2022, destaca el informe. La última es la ley FISA, que habilita la vigilancia de comunicaciones incluso en sistemas teóricamente aislados. Cuando el director legal de Microsoft compareció ante el Senado francés y le preguntaron si podía garantizar que los datos europeos estaban a salvo del gobierno de EEUU, su respuesta fue: “No, no puedo”.

Logística, gestión de personal, armas

Aunque este botón de apagado se ha relacionado tradicionalmente con los servicios digitales y financieros, sobre todo desde que EEUU lo pulsó para acorralar a Assange y Wikileaks, los investigadores explican que no se circunscribe solo a estos sectores. El documento establece que la dependencia de la nube estadounidense abarca los sistemas más vitales de las fuerzas armadas europeas, incluyendo “desde armas hasta logística y gestión de personal”.

Katja Bego, investigadora de Chatham House (un think tank británico de política internacional que se encuentra entre los más influyentes del mundo) destaca que también está “directamente incrustado en los sistemas de armas” y puede, literalmente, “dejar en tierra a nuestros aviones de combate”.

Aunque no lo cita directamente, Bego evoca la gran polémica de los últimos años respecto al botón de apagado tecnológico de EEUU. Se trata del cazabombardero F35, el más moderno de los que emplea y vende EEUU. Este es un avión de combate de última generación con multitud de sistemas conectados, que dependen de software, actualizaciones y flujos de datos controlados en buena medida por empresas y autoridades estadounidenses.

En la práctica, esto significa que estos cazabombarderos necesitan acceso continuo a estos sistemas para operar con normalidad. Esta situación, que se consideraba normal en el marco de la OTAN antes del segundo mandato de Trump, ha disparado los debates sobre si el republicano podría impedir el uso de los F35 a los países que los han adquirido en uno de sus arrebatos geopolíticos.

Estas dudas han provocado que varios países, como España, Portugal, Suiza o Canadá, rechacen comprar el caza o pidan cancelar los contratos ya existentes. Sin embargo, buena parte de las principales potencias europeas ya los tiene en sus fuerzas aéreas.

Comprar europeo y código abierto: la hoja de ruta contra el apagón tecnológico

El informe del FOTI traza un plan de acción “urgente” centrado en romper la dependencia con los gigantes tecnológicos. La principal recomendación es establecer planes de migración graduales para trasladar los sistemas militares más críticos a nubes plenamente europeas antes de 2030. “La infraestructura en la nube debe tratarse como un pilar central de la estrategia de defensa de Europa”, recalca Tobias Bacherle.

El Instituto urge a los gobiernos a reformar sus normativas de contratación pública para instaurar políticas que prioricen a los actores europeos y el software de código abierto. Esto implica exigir que la informática gubernamental y de defensa sensible opere exclusivamente en infraestructuras alojadas y controladas legalmente dentro de Europa, excluyendo de las licitaciones a aquellas plataformas que se comercializan como soberanas, pero que siguen expuestas al alcance extraterritorial de Estados Unidos.

Además, los expertos advierten contra la actual fragmentación del continente, donde cada país busca parches por su cuenta. La solución, apuntan, pasa por aunar y unificar las compras entre los Estados miembros para generar la demanda suficiente que permita crecer a las empresas tecnológicas locales.

Para los autores, esta crisis de dependencia encierra una oportunidad histórica. Con el gasto militar europeo disparado hasta los 381.000 millones de euros, los investigadores piden a los gobiernos que utilicen estos colosales presupuestos como una “palanca de política industrial”. Como destaca Katja Bego, gran parte de esta tecnología en la nube y la inteligencia artificial es de “doble uso” (militar y civil), por lo que invertir en un ecosistema de defensa propio generaría un efecto dominó que impulsaría todo el sector comercial y tecnológico europeo.

Los beneficios de TSMC, el mayor fabricante de chips del mundo, ascendieron a 572.480 millones de dólares taiwaneses (15.380 millones de euros) en el primer trimestre del presente ejercicio, un 58,3% más que en el mismo período del año pasado, ha informado la compañía en la madrugada de este jueves.

La cifra no solo supera las proyecciones de los expertos, sino que también se trata del noveno trimestre consecutivo de aumento de ganancias y supone batir de nuevo el récord histórico de beneficios en uno de estos períodos para la tecnológica taiwanesa. Además, el dato del primer trimestre representa un incremento del 13,2% con respecto al beneficio neto obtenido entre octubre y diciembre de 2025.

Históricamente, los fabricantes de semiconductores suelen registrar mayores cifras de negocio en la segunda mitad del año, coincidiendo con el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos en los principales mercados occidentales. Sin embargo, la gran demanda de chips avanzados para inteligencia artificial (IA) y la computación de alto rendimiento viene impulsando desde hace varios trimestres los resultados de la compañía, proveedora de firmas conocidas a nivel mundial como Apple, Nvidia, AMD o Qualcomm.

“La demanda relacionada con la IA sigue siendo extremadamente sólida. Nuestra convicción en la 'mega tendencia' de la IA a varios años se mantiene alta y creemos que la demanda de semiconductores seguirá siendo fundamental”, ha expresado el presidente y consejero delegado de la compañía, C.C. Wei, en una conferencia de prensa.

Superior a sus propios pronósticos

La cuenta de resultados que TSMC apunta también a un incremento del 35,1% interanual en la facturación entre enero y marzo hasta unos 1,13 billones de dólares taiwaneses (30.468 millones de euros). Los pronósticos internos de la compañía anticipaban unos ingresos de entre 29.500 y 30.250 millones de dólares en el primer trimestre.

Durante este período, los envíos de chips fabricados con procesos de 3 nanómetros (nm), los más avanzados de la empresa, representaron el 25% de la facturación total, mientras que los de 5 y 7 nm constituyeron un 36 y un 13% de los ingresos, respectivamente. La tecnológica también indicó que su margen neto de beneficios fue del 50,5 % en el primer cuarto de 2026, un aumento frente al 48,3 % que marcó en el trimestre anterior.

Inventario de materiales críticos por la guerra de Irán

En cuanto al suministro de hidrógeno y helio, materiales clave para la fabricación de semiconductores, el director financiero y portavoz de TSMC, Wendell Huang, subrayó que la tecnológica ha preparado un “inventario de seguridad” debido a la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán, que ha comprometido el envío de estos elementos.

“Trabajamos estrechamente con nuestros proveedores para reforzar aún más la resiliencia y la sostenibilidad de nuestra cadena de suministro, por lo tanto, no esperamos ningún impacto a corto plazo en nuestras operaciones por el suministro de materiales”, ha señalado el directivo.

Las acciones de TSMC en la Bolsa de Taipéi finalizaron la jornada con un repunte del 0,24%, y acumulan un alza del 31,55% a lo largo del presente ejercicio, por encima del rendimiento del índice general, el Taiex, que ha crecido un 26,52% desde principios de enero.

Según indicó recientemente la consultora TrendForce, el dominio de TSMC a nivel mundial es indiscutible: al cierre del año pasado acumulaba el 70,4% de la cuota global de mercado de fabricación de semiconductores, muy por delante de las dos compañías que completan el 'top 3', la surcoreana Samsung (7,1%) y la china SMIC (5,2%).

El pasado enero, la firma taiwanesa anunció su intención de elevar su gasto de capital hasta un rango de entre 45.000 y 50.000 millones de dólares para este año, debido a la demanda sostenida de chips avanzados para inteligencia artificial. Ahora está por ver si la compañía mantiene o incluso incrementa esa proyección, dado el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el suministro de materiales clave para la producción de semiconductores, como el helio.

Cuando Israel convence a Estados Unidos de un ataque conjunto contra Irán, Donald Trump argumentaba a través de grandes proclamas por qué era necesario que el régimen cayera. Casi dos meses después ya no hablamos de cambio de régimen, Trump ya no exige libertades para las mujeres en Irán, las negociaciones sobre energía nuclear ya son lo de menos…. Lo importante, lo que Trump exige… es que Irán reabra el Estrecho de Ormuz. Es decir, lo que había antes del inicio de la guerra.

¿Es este el mayor triunfo al que puede aspirar hoy Trump en Irán? ¿Sería esto considerado una derrota o una retirada a tiempo? Lo analizamos con el codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, Jesús Núñez.

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No es la primera vez que la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, tiene una crisis de identidad. Ya ocurrió hace más de 15 años, en la cumbre de Lisboa de 2010, en la que participó como invitado el presidente de Rusia, Dmitri Medvédev, que, junto al presidente de EEUU, Barack Obama, cerró el conflicto provocado por la creación del escudo antimisiles que puso en marcha la Administración estadounidense de George W. Bush. Eran otros tiempos muy diferentes. Obama llegó a decir que veía a Rusia “como un socio y no como un adversario”, mientras que Medvédev respondió: “Ahora miramos con optimismo al futuro”. Nadie pensaba en la cumbre que enterró la Guerra Fría que el futuro iba a ser mucho peor.

Hoy, el presente es preocupante. El presidente ruso, Vladímir Putin, amenaza a Europa tras iniciar una guerra con su invasión de Ucrania, que la semana que viene cumplirá su cuarto aniversario. Mientras, el presidente de EEUU, Donald Trump, desprecia a sus antiguos aliados europeos, a los que presiona económica y comercialmente, abandonando el papel de garante de la seguridad europea.

Una vez superado el conflicto por Groenlandia, EEUU sigue su camino en lo que Stefan Lehne, investigador de Carnegie Europe, ha definido como “la mayor potencia del mundo” dando “la espalda al sistema internacional que Estados Unidos mismo inició y moldeó tras la Segunda Guerra Mundial”. Uno de estos pasos es el que dio este jueves Elbridge Colby, subsecretario de Guerra, en el encuentro con los ministros de Defensa de la Alianza Atlántica en la sede de Bruselas. Colby avisó a sus colegas europeos de que tienen que mejorar sus capacidades militares y asumir más responsabilidad en la defensa de Europa frente a la amenaza rusa.

Colby volvió a poner sobre la mesa un viejo concepto, OTAN 3.0, pero con un nuevo significado: “Lo que se necesita es una OTAN 3.0, algo mucho más cercano a la OTAN 1.0 que al enfoque de los últimos 35 años. Esta OTAN 3.0 exige que nuestros aliados hagan esfuerzos mucho mayores para asumir el liderazgo y la responsabilidad principal de la defensa convencional de Europa”. No es una idea nueva. Ya en 2010, en la cumbre de Lisboa, el entonces secretario general de la Alianza Atlántica, Anders Fogh Rasmussen, sacó a la luz “la nueva OTAN 3.0”, aunque se trataba de redefinir el concepto estratégico de una organización militar que parecía quedarse sin enemigos, por lo que introducía los riesgos de la guerra digital, el terrorismo, el narcotráfico y la piratería, las armas de destrucción masiva y la seguridad en las líneas de abastecimiento de materias primas vitales.

“Queremos asociaciones, no dependencias”

Sin embargo, la OTAN 3.0 de Colby, que un diplomático europeo define como “el cerebro gris detrás de la Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU”, busca que los europeos se valgan por su cuenta. “Esta visión no es antieuropea. Al contrario, refleja esperanza y, de hecho, confianza en la capacidad de Europa para actuar de manera sustancial y enérgica. Este es el mensaje de las Estrategias de Seguridad Nacional y de Defensa Nacional: queremos, como ha planteado el Secretario [Marco] Rubio, aliados fuertes y seguros en Europa y más allá. Queremos asociaciones, no dependencias”, subrayó el subsecretario de Guerra de EEUU.

Sin embargo, en el discurso de Colby queda implícito un tono condicional por parte de EEUU: “Continuaremos preparando nuestras fuerzas para cumplir nuestra parte bajo el Artículo V, mientras Europa asume el liderazgo de su defensa convencional. Pero también seguiremos insistiendo, de manera respetuosa pero firme y persistente, en un reajuste de roles y cargas dentro de la Alianza. No se trata de presión por sí misma; es presión al servicio de una OTAN más fuerte y creíble”.

Majda Ruge, investigadora del European Council on Foreign Relations, hace una lectura más concreta y clarificadora de la nueva posición de EEUU en la Alianza Atlántica respecto a Europa. “Las implicaciones para Europa son claras. Durante décadas, Trump ha afirmado que cree que los aliados están aprovechándose de Estados Unidos en las alianzas de seguridad. Durante su primer mandato, presionó para que los miembros europeos de la OTAN hicieran mayores contribuciones. En 2025, la administración volvió a subrayar el imperativo de trasladar cargas en la estrategia de seguridad nacional: EEUU espera que Europa asuma la responsabilidad principal de su propia seguridad, ofreciendo a cambio acceso continuado a sus mercados, tecnología y cooperación en defensa como incentivos, no como garantías”.

Y aquí entra la cuestión de la disuasión real frente a las amenazas. El subsecretario de Guerra de EEUU apuntó que “se continuará proporcionando la disuasión nuclear extendida de EEUU” a Europa. El problema es que entre los europeos se ha extendido la desconfianza hacia el país gobernado por Trump.

El canciller alemán, Friedrich Merz, en su discurso de este viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, ha apuntado que “el liderazgo de Estados Unidos está siendo cuestionado”: “Quizá ya se haya perdido. Si hubo un momento unipolar en la historia tras la caída del Muro de Berlín, hace tiempo que quedó atrás. En la era de las grandes potencias, nuestra libertad ya no está garantizada, está bajo amenaza”.

El debate nuclear

Si es por el gasto en armas de defensa convencional, Europa está cumpliendo de sobra. Junto a Reino Unido, la UE ha dedicado más de 530.000 millones de dólares a gasto en Defensa en 2025, pero, cuando se habla de disuasión, el paraguas nuclear de EEUU es todavía fundamental. Por este motivo, se ha abierto en Europa el debate sobre si esta debería dotarse de su propio arsenal para la disuasión nuclear. La alta representante de la UE para Exteriores, Kaja Kallas, abrió el melón nuclear esta semana tras asegurar que los países europeos “deberían tener discusiones” sobre la posibilidad tener armas nucleares. “Necesitamos tener este debate. Viene del hecho de que nuestra alianza transatlántica ya no es lo que solía ser”, subrayó Kallas.

“Los europeos podrían encontrarse en una situación en la que EEUU ya no esté dispuesto a proporcionar disuasión nuclear”, puntualiza Héloïse Fayet, investigadora del Institut Français des Relations Internationales. “Por ello, deben ir más allá de las ambiciones declarativas y afrontar seriamente las compensaciones, limitaciones y riesgos de todas las opciones sobre la mesa. La era en la que Europa podía permitirse la complacencia estratégica ha terminado. Por incómodo que resulte el debate, el nuevo entorno de seguridad exige que los responsables políticos europeos afronten el papel de las armas nucleares en la defensa del continente de manera directa y sin demora y que inviertan los recursos necesarios”.

En la actualidad, solo Reino Unido y Francia cuentan con arsenales nucleares. Reino Unido posee un aproximadamente 225 ojivas nucleares y Francia cuenta con 290, Rusia tiene un potencial nuclear de más de 4.300 ojivas nucleares. “Rusia seguirá siendo la principal amenaza para la seguridad europea y el enfoque principal de la planificación de defensa y disuasión nuclear europea a corto y medio plazo. Cualquier asimetría percibida entre las capacidades convencionales terrestres rusas y europeas a favor de Rusia puede alentar a Moscú a concluir que podría llevar a cabo una incursión exitosa en territorio europeo de la OTAN, siempre que EEUU se niegue a contribuir activamente a la defensa europea”, añade Darya Dolzikova, investigadora sobre proliferación y política nuclear del Royal United Services Institute for Defence and Security Studies.

A pesar de la amenaza, el debate nuclear es complejo. Para empezar, solo el mantenimiento de los arsenales nucleares de Reino Unido y Francia cuesta más de 10.000 millones de dólares cada año.

Tanto Reino Unido como Francia suscribieron en 2025 la Declaración de Northwood para coordinar el posible uso de sus fuerzas nucleares. “Nuestras fuerzas nucleares son independientes, pero pueden coordinarse y contribuir de manera significativa a la seguridad general de la Alianza, así como a la paz y la estabilidad del área euroatlántica”, dice el texto. Ahora bien, ¿qué ocurriría si la ultraderecha de Agrupación Nacional consiguiera el poder en Francia?

En este sentido, Bernard Rogel, almirante francés que fue jefe del Estado Mayor Militar, escribe para la Fundación Robert Schuman, que “el asunto fundamental es la confianza”. “Obviamente, los países europeos deben poder contar con la inquebrantable determinación política de Francia para contribuir a su seguridad, independientemente del partido político que esté en el poder. Y Francia debe poder contar con la determinación de los países europeos para desarrollar sus fuerzas convencionales y los medios para su autonomía estratégica, de manera que respalden la disuasión nuclear francesa y podamos finalmente construir una defensa europea verdaderamente integral”.

Precisamente, Merz ha admitido en Múnich que mantuvo conversaciones con el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la disuasión nuclear europea. Aunque el canciller alemán recordó que su país no puede tener este tipo de armamento por el Tratado Dos más Cuatro de 1990, firmado por la Reunificación alemana, y el Tratado de No Proliferación Nuclear.

Ahora bien, el canciller alemán admitió que hay que abordar las capacidades militares nucleares, aunque insistió en que su país cumplirá sus obligaciones legales dentro de su “participación en la OTAN” y “no permitirá que en Europa surjan zonas con niveles de seguridad diferentes”. Por si acaso, Merz también recordó “el artículo 42 del Tratado de la Unión Europea, que obliga, en caso de un ataque armado en Europa, a apoyo mutuo”. Merz ha comentado que “ya había conversado con otros socios europeos” sobre la disuasión nuclear, ante la nueva posición de EEUU en la OTAN frente a Europa.

El ministro finlandés de Defensa de Finlandia, Antti Häkkänen, afirmó que la idea de reemplazar el paraguas nuclear estadounidense por una disuasión completamente europea “no es ni práctica ni realista en las condiciones actuales”. Mientras que el primer ministro belga, Bart De Wever, comentó a Bloomberg que “es un asunto muy complicado porque la disuasión nuclear francesa no es un verdadero paraguas nuclear como el que nos ofrece la OTAN. Si se habla de armas nucleares, entonces se habla de gastar mucho dinero”. El ministro de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, insistió en que “el enfoque debe ser mantener a los estadounidenses en la OTAN”.

Al final parece que todo vuelve a los orígenes. El primer secretario general de la OTAN, Lord Ismay, general y diplomático británico, resumió que la idea original de la Alianza era “mantener a los rusos fuera, a los americanos dentro y a los alemanes abajo”. La OTAN 3.0.

España es el país entre las economías mayores que más ha crecido en 2025. Si nuestro país incrementó su PIB un 2,8% el año pasado, Alemania se estancó en un 0,2%, Francia escaló a un 0,7% e Italia se quedó en el 0,5%. Con este punto de partida, este jueves, los líderes europeos de los 27 Estados miembros de la UE se reúnen en el castillo de Alden Biesen para discutir el camino para incrementar la competitividad europea en un nuevo escenario lleno de retos ante la política comercial beligerante de Donald Trump con sus antiguos aliados y la estrategia competitiva desleal de China. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a defender en esta cumbre aspectos relevantes como impulsar la Europa a dos velocidades, ante la necesidad de sacar adelante reformas a corto plazo, y la 'preferencia Europea', con el objetivo de que las empresas europeas tengan más facilidad de acceso a subvenciones y licitaciones públicas que compañías de otros bloques económicos.

Fuentes de Moncloa ha resaltado que el Gobierno de España va a respaldar “la Europa a dos velocidades”, ya que apunta que la integración de los mercados es “clave en el contexto actual”. “Hace unas semanas el presidente planteaba esa necesidad de avanzar en la integración europea en el ámbito de la seguridad y la defensa, aunque no sea con el acuerdo unánime de los 27 estados miembros; a diferentes velocidades”, explican fuentes del Gobierno.

“Avances reales en la integración de mercados”

El nuevo horizonte geopolítico conduce a la Unión Europea a acelerar en su integración cueste lo que cueste. La UE va a dar pasos para avanzar a dos velocidades ante los retos de un mundo. De hecho, ya la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, mandó una carta a los Estados miembros en la que pedía avanzar en la integración de la UE y aprobar medidas económicas sin la unanimidad del bloque de los 27 países miembros.

Es una posición en que Von der Leyen quiere llevar a buen puerto en el plazo de un año. En un discurso este miércoles en el Parlamento Europeo ha recalcado: “Hagámoslo este año. El Plan A es avanzar con los 27 Estados miembros. Pero si esto no es posible, el Tratado permite la cooperación reforzada. Tenemos que avanzar y derribar las barreras que nos impiden ser un verdadero gigante global”. La cooperación reforzada es un mecanismo aprobado en el Tratado de Lisboa que permite a la UE superar los vetos de países en asuntos relacionados con la integración europea.

La presidenta de la Comisión Europea ha hecho hincapié en conseguir “avances reales en la integración” de los mercados financieros en una Unión de ahorros e inversiones; implementar una verdadera Unión de la energía y mayor integración del mercado eléctrico para bajar precios y asegurar el suministro energético no contaminante. Von der Leyen además quiere desarrollar el marco legal único, conocido como Régimen 28, que permitirá a las empresas operar bajo las mismas reglas en toda la Unión, pudiendo registrarse online en solo 48 horas.

España ya se posicionó con el grupo de los países más grandes de la UE (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos y Polonia) la semana pasada en una reunión para “generar un impulso político para reforzar la competitividad y la autonomía estratégica de la Unión Europea ante un panorama geopolítico cambiante”. Estos países apuntaron como prioridad “avanzar en la Unión de Ahorros e Inversiones, reforzar el papel internacional del euro, mejorar la eficiencia del gasto en defensa, profundizar la integración del mercado único y reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro de minerales críticos”. De facto estaban creando el grupo de países que quiere avanzar más rápido en la integración de la UE, aunque siempre hay mercados nacionales que algunos países grandes pretenden defender.

'Preferencia Europea'

Respecto al 'made in Europe', en Moncloa subrayan que España defiende “la idea de 'preferencia Europea' y la de los ‘lead markets’, la creación de mercados tractores que impulsen la capacidad industrial de la UE, incluido el acero bajo en carbono que se hace en España”. En este sentido, fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez añaden que también se va a apoyar “el establecimiento de condiciones a la inversión extranjera productiva en sectores clave para garantizar empleo de calidad, integración en cadenas de valor locales y transferencia de conocimiento y tecnología”.

El vicepresidente y comisario europeo de Mercado Interior, Stéphane Séjourné, es el encargado de llevar a buen puerto la Ley de Aceleración Industrial, donde estaría desarrollada la 'preferencia Europea'. Séjourné argumenta que “cada vez que se utilice dinero público europeo, este debe contribuir a la producción y al empleo europeos. Ya sea un contrato público, una ayuda estatal o cualquier otra forma de apoyo financiero, la empresa beneficiaria deberá producir una parte sustancial de su producción en suelo europeo”.

Es un debate que no convence a todos en la UE: un grupo de nueve países (Chequia, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Irlanda, Letonia, Malta, Portugal y Suecia) tienen dudas sobre su eficiencia y exigen que “el criterio de ‘preferencia europea’ debería utilizarse únicamente cuando se hayan analizado cuidadosamente otros instrumentos y se haya demostrado que son insuficientes”. Estos Estados más pequeños tienen miedo de que esta normativa beneficie a las grandes corporaciones europeas de las cuatro mayores economías de la UE frente a sus empresas de menor calado, que necesitan comprar componentes chinos o coreanos más baratos para poder competir. Para solventar obstáculos, Von der Leyen pretende que la 'preferencia Europea' solo se aplique a un restringido grupo de productos, como defiende Alemania.

Emisión de Eurobonos

Al igual que Francia, España va a respaldar la propuesta relativa a la emisión de deuda conjunta europea para invertir en sectores estratégicos. Sánchez ha defendido en varias ocasiones la emisión de eurobonos “como una herramienta que impulsa la inversión pública hacia objetivos estratégicos de la UE y también que potencian un gran activo europeo como el euro”. Aunque el tema saldrá en la cumbre, no está en la agenda de los temas de discusión. Además, se encuentra con Alemania como claro opositor a la propuesta de los eurobonos.

El canciller de Alemania, Friedrich Merz, y la primera ministra de Italia, Georgia Meloni, han hecho esta vez un tándem, rompiendo la tradicional pareja de intereses económicos entre Francia y Alemania. En este caso, Merz y Meloni descartan la deuda conjunta europea y prefieren la creación de una bolsa de valores paneuropea además de incrementar la financiación vía capital riesgo.

También Alemania e Italia van a posicionarse conjuntamente a favor de la desregulación y la simplificación de las normativas que afectan a empresas y sectores económicos. Aunque respecto a esta propuesta, España insistirá en “la dimensión social del mercado interior”, de manera que se pueda “garantizar que la UE sea competitiva” pero con el refuerzo de “políticas sociales en formación, reciclaje de capital humano así como seguir trabajando por atraer talento extranjero en un contexto de reducción o envejecimiento de nuestra población”. Moncloa añade que “el reciente acuerdo de la UE con India para facilitar la llegada de profesionales, investigadores es un ejemplo de cómo avanzar”. España pondrá como ejemplo los Talent Partnerships que promueve bilateralmente y “defiende que se escalen a nivel comunitario”.

Italia y Alemania han coordinado este miércoles una reunión previa a la cumbre el jueves para consensuar posturas comunes sobre competitividad, en la que participarán una quincena de líderes de países europeos, incluida Francia, aunque su postura diverge en algunos aspectos de los organizadores de este encuentro previo. España no participará en la reunión organizada por ambos países. Fuentes de Moncloa no han explicado los motivos de la ausencia de Pedro Sánchez a la reunión organizada por Italia y Alemania.

Al capitalismo se le olvidó que el planeta era finito, pero lo es, y el XXI es el siglo en el que esos límites naturales, que siempre había impuesto la energía, vuelven a demostrarse insuperables. Esta es la tesis principal que atraviesa el libro 'La guerra por la energía', de la editorial Península, en el que Alberto Garzón traza un mapa sobre el que ya es el principal campo de batalla geopolítico.

El libro que el exministro ha presentado este miércoles en Barcelona, acompañado por Ada Colau y Gerardo Pisarello, tenía como título inicial “Ecosocialismo o barbarie”, según ha revelado él mismo. Pero la obra no es un mero alegato político, aunque también, sino sobre todo una génesis de cómo la energía ha marcado las relaciones económicas y políticas desde el inicio de las civilizaciones –una versión del materialismo histórico–, y cómo las condiciona en la actualidad.

“El tiempo de los combustibles fósiles es una anomalía histórica”, ha asegurado Garzón. “Solo hace 200 años que vivimos de los combustibles fósiles, y eso es una caja de pandora, porque, por una parte, nos ha permitido aumentar muchísimo nuestro desarrollo y nuestra calidad de vida, pero tiene un impacto imposible de pagar”, ha indicado.

Por eso, el principal desafío de la humanidad es ser capaz de superar un doble problema: por un lado, abandonar los combustibles fósiles para paliar la crisis climática. Por el otro, hacerlo sin que colapsen las condiciones de vida de la mayoría de los seres humanos.

“El reto que tenemos como sociedad es histórico porque cuando dejemos de consumir combustibles fósiles, debemos decidir cómo mantener unas condiciones de vida que hemos conseguido, entre otras razones, gracias al regalo de los combustibles fósiles”, ha asegurado el autor.

Esa salida, que Garzón identifica con el ecosocialismo, es una solución aún por construir y para la que 'La guerra por la energía' da pistas. “El libro pretende ser una herramienta para comprender el momento actual”, ha asegurado Garzón, que ha asegurado que al escribirlo trató de acercarse al tema de forma interdisciplinar desde rincones tan aparentemente alejados como la física, la economía o la antropología.

Una de las ideas que atraviesa toda la obra es que todo el mundo mínimamente atento parece haber despertado tras el sueño impuesto por el capitalismo del crecimiento perpetuo. “No era cierto que con el comercio ganase todo el mundo, que era un postulado que se basaba en no tener en cuenta que el mundo es finito”, ha explicado Garzón.

La naturaleza, guste o no, impone límites físicos. Y esto es algo que no solo lo han entendido los ecologistas, o la izquierda, sino también probablemente la nueva versión del capitalismo que encarna Donald Trump. Solo que la respuesta que encuentra el presidente norteamericano al reto que la plantea la finitud no es ni resignada ni humanista, sino salvaje: asegurarme de que el mundo acaba antes para todos los demás que para mí.

“Esta es la concepción imperialista clásica”, ha explicado el autor, “y para Trump es evidente que sí él no controla los recursos de Groenlandia o Venezuela, será un rival quien los tenga”.

Esta es la razón por la que ,si hay algo que diferencia el imperialismo de los años noventa con el actual, es que ahora es descarnado y salvaje. “A EEUU hoy le parece innecesario justificar ninguna de sus actuaciones internacionales en materia de Derechos Humanos”, ha explicado Garzón. Si ya no hay un bien común posible, hay un sálvese quien pueda.

En este sentido, ha defendido el autor, la Unión Europea también debe entender que lo que se disputa ahora es “un nuevo reparto de la división mundial del trabajo”. Y que quizás la UE ya no es el centro del mundo y, por tanto. su papel debe ser “colaborar con zonas históricamente periféricas”, como África o Latinoamérica.