El sol todavía aprieta cuando José Joaquín Sánchez Ruiz, con solo 23 años, encara los últimos metros de su impresionante hazaña. Lleva dos semanas enlazando un triatlón tras otro, despertándose antes del amanecer para volver a lanzarse al agua, subirse a la bicicleta y correr a pesar de un cansancio que va haciendo mella en su joven cuerpo. Sin embargo, cuando cruza la meta, sonríe. Sabe que el verdadero objetivo nunca estuvo en el cronómetro. Durante quince días ha recorrido España —Málaga, Badajoz, Toledo, Madrid, Valladolid, A Coruña, Oviedo, Santander, Guipúzcoa, Pamplona, Logroño, Huesca, Barcelona, Valencia, Águilas y Lorca— para hacer visible una enfermedad que, demasiadas veces, nadie ve.

Porque, en realidad, esta prueba extrema para cualquier deportista nunca trató solo de deporte, sino de algo mucho más difícil: poner el foco sobre la esclerosis múltiple, una enfermedad que suele permanecer invisible para quienes no conviven con ella.

José Joaquín, inspirado en la historia real que cuenta la película 100 metros, ha conseguido que cada brazada, cada kilómetro sobre la bicicleta y cada zancada hayan sido un mensaje dirigido a miles de personas: la esclerosis múltiple existe, cambia vidas y necesita el compromiso de toda la sociedad; que hay carreras que duran unas horas, pero, otras, toda una vida.

En ese sentido, el primero de los objetivos de su gesta altruista, el de la visibilidad, está más que cumplido: los seguidores en redes sociales de la asociación AEMA RM, con la que colabora, han crecido exponencialmente durante el reto. A nivel personal, la experiencia le ha marcado profundamente, sobre todo en dos momentos. El primero, cuando en Valladolid, en plena carrera, le paró un muchacho con la enfermedad para darle las gracias. El segundo, cuando en la prueba por Toledo empezó a seguirle un coche que no conocía. “Pensé, madre mía, me van a pegar un palo que me va a dejar tieso, aquí nadie me ve (ríe)”. De repente, desde el vehículo empezaron a proferir gritos de ánimo: eran Francisco y Ginés, miembros de AEMA RM, que habían hecho 500 kilómetros en coche solo para darle aliento. “Fue un momento muy especial, me di cuenta del espíritu que mueve a la asociación, que les convierte en imparables”, asegura.

De su reto, a José Joaquín solo le queda una espina clavada: no haber llegado a los 5.000 euros que se había marcado como objetivo en la recaudación de fondos para una asociación que representa toda una historia de superación colectiva. Un camino que comenzó hace casi dos décadas de forma modesta, en una pequeña reunión donde un reducido grupo de pacientes del municipio de Lorca y su área de influencia decidió que no quería afrontar su diagnóstico en soledad.

El día en que todo cambia

Para la mayoría de las personas afectadas por la esclerosis múltiple, esta no suele ser una enfermedad que llegue de golpe. Antes aparecen pequeños avisos difíciles de interpretar: una pierna que deja de responder, una visión que se vuelve borrosa, un hormigueo persistente, un cansancio que ningún descanso consigue aliviar… Después llegan las pruebas, las resonancias, la incertidumbre. Finalmente, el diagnóstico.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica crónica y autoinmune que afecta al sistema nervioso central. El propio organismo ataca la mielina, la capa que protege las fibras nerviosas, alterando la comunicación entre el cerebro y el resto del cuerpo.

Hay quienes pierden fuerza en las piernas, otros dejan de ver correctamente durante semanas, algunos desarrollan problemas de equilibrio, espasticidad o dolor. Otros luchan contra una fatiga tan intensa que convierte acciones tan sencillas como ducharse o preparar la comida en un auténtico esfuerzo. No en vano se la conoce como 'la enfermedad de las mil caras'. Y ningún paciente sabe exactamente cuál mostrará mañana.

“No estás solo”

La enfermedad suele aparecer entre los 20 y los 40 años y afecta especialmente a mujeres, que representan aproximadamente el 70% de los casos. Aunque hoy existen tratamientos capaces de frenar su evolución y mejorar enormemente la calidad de vida, todavía no tiene cura. Pero quienes conviven con ella aseguran que el mayor enemigo no siempre son los síntomas. Es la sensación de incomprensión y de quedarse solo.

Eso es precisamente lo primero que sintió María —nombre ficticio—, hasta que acudió por primera vez a una reunión de la asociación. “Entré pensando que iba a encontrar información. Salí con el teléfono de diez personas que me dijeron que podía llamarlas a cualquier hora”, cuenta a elDiario.es Región de Murcia. Su historia se parece a la de muchos otros pacientes. Al principio cuesta aceptar la enfermedad, y después cuesta explicar a familiares y amigos algo que muchas veces ni siquiera se ve desde fuera. Porque la esclerosis múltiple tiene otra particularidad: una parte importante de sus síntomas son invisibles. Y lo invisible, con demasiada frecuencia, también resulta incomprendido. Por eso, el día que un paciente descubre que no tiene que seguir explicándose continuamente, empieza también a recuperar una parte de la tranquilidad que la enfermedad le había arrebatado. Y comienza a sentirse acompañado.

El neurólogo que nunca mira el reloj

En las salas 4 y 7 de la primera planta del bloque de Consultas Externas del Hospital Universitario Rafael Méndez de Lorca, pocas veces la jornada termina a la hora prevista. No porque la agenda esté mal organizada, sino porque casi todos saben que, si aparece un síntoma inesperado, una duda urgente o, simplemente, el miedo azuza, el doctor Antonio Candeliere intentará atenderlos.

Los usuarios hablan de él con un afecto poco habitual cuando se refieren a un médico. Dicen que recuerda prácticamente todos los nombres de sus más de doscientos pacientes; que explica cada diagnóstico sin prisas; que convierte conceptos ininteligibles para el común de los mortales en palabras sencillas; y que su marcado acento italiano nunca ha impedido entender lo más importante: que hay motivos para seguir haciendo planes.

“Cuando me diagnosticaron pensaba que iba a acabar en una silla de ruedas en pocos años”, recuerda Luis, otro paciente. “Fue él quien me enseñó que la enfermedad había cambiado mi vida, pero no había terminado con ella”.

Candeliere lleva años insistiendo en una idea que ha acabado convirtiéndose en una filosofía compartida entre profesionales y pacientes: la esclerosis múltiple no puede tratarse únicamente con medicamentos. Necesita equipo. Por eso mantiene un contacto permanente con AEMA Región de Murcia, anima a todos los pacientes recién diagnosticados a conocer la asociación y participa activamente en las actividades para las que se requiere su ayuda, como las Jornadas Técnicas sobre Esclerosis Múltiple, convertidas ya en una cita imprescindible para profesionales, investigadores y afectados, que este año han cumplido su decimoquinto aniversario.

Su trabajo forma parte de un Servicio de Neurología que se ha consolidado como uno de los referentes asistenciales del Área III de Salud. Junto a él trabajan especialistas como los doctores Gemma Alonso, Antonio Torres, Arturo Sampedro, Pablo Herrero, Isabel Sánchez, Laura Montiel y Carmen María Sánchez, cada uno dedicado a distintas patologías neurológicas —epilepsia, dolencias neuromusculares, neuroftálmicas y vasculares, cefaleas, enfermedad de Parkinson o demencias— que requieren una atención cada vez más especializada.

Todo empezó alrededor de una mesa

En 2008, en Lorca no existían grandes planes estratégicos ni proyectos europeos o centros especializados que dieran respuesta a las necesidades de un pequeño grupo de afectados por esclerosis múltiple, entre los que se encontraba Francisco José Del Vas Gris, recientemente nombrado presidente a nivel nacional de Esclerosis Múltiple España.

“Nadie nos estaba enseñando a vivir con la enfermedad”, cuenta Del Vas, y así nació AEMA. No como una organización, sino como un refugio. Sus fundadores comprendieron enseguida que el diagnóstico no terminaba cuando el paciente salía del hospital. Después había que aprender a reorganizar una vida entera: cómo continuar trabajando; cómo cuidar la salud mental; cómo explicar la enfermedad a los padres, a la pareja, a los hijos; cómo mantener la autonomía el mayor tiempo posible; cómo seguir adelante…

La asociación empezó ofreciendo algo tan sencillo como compañía y terminó construyendo una red de apoyo que hoy alcanza a centenares de personas en la Región de Murcia. Su historia es un fiel reflejo de lo que ocurre cuando quienes necesitan ayuda deciden convertirse en quienes ayudan a otros.

Mucho más que conservar la movilidad

El gran punto de inflexión llegó en 2017 con la apertura del Centro de Neurorrehabilitación Integral (CENERI) gestionado por AEMA, que cambió por completo la dimensión del proyecto. Porque donde antes había voluntad, ahora también existían recursos especializados.

La fisioterapia dejó de ser un tratamiento aislado para integrarse junto al de neuropsicólogos, logopedas, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales, nutricionistas y técnicos especializados en cuidados de enfermería, que comenzaron a trabajar alrededor de cada paciente. También se firmó un convenio de colaboración con el Ilustre Colegio de Abogados de Lorca para que los asociados contaran con asesoramiento jurídico. Esta atención integral ha resultado fundamental porque la enfermedad nunca afecta solo al cuerpo: también golpea la autoestima, las relaciones familiares, el trabajo, la economía o los proyectos de futuro.

Con el paso de los años el centro amplió su atención a personas con daño cerebral adquirido y otras enfermedades neurológicas, convirtiéndose en un referente de la neurorrehabilitación en el sureste español.

Los números hablan por sí solos: cerca de treinta mil sesiones terapéuticas realizadas durante el último año y 215 personas atendidas. Pero basta cruzar la puerta para comprender que la verdadera magnitud del proyecto no aparece en ninguna estadística. Se percibe en los pasillos, en las conversaciones de quienes esperan su turno, en los profesionales que saludan a cada usuario por su nombre y en los pacientes que, años después del diagnóstico, siguen entrando a las instalaciones de AEMA RM con la tranquilidad de quien cruza el umbral de su casa.

Crecer sin dejar de ser familia

El crecimiento ha sido tan intenso que este mismo año AEMA RM ha adquirido un nuevo local en Lorca para ampliar sus instalaciones. Más espacio supone para sus responsables más tratamientos, más personas atendidas con mejores perspectivas de futuro.

Sin embargo, quienes conocen la entidad desde sus comienzos insisten en que hay algo que permanece exactamente igual: la manera de recibir a quien entra por primera vez. “Lo primero que notas es que aquí nadie te pregunta qué enfermedad tienes”, cuenta Carmen, esposa de un paciente. “Te preguntan cómo estás”. Y quizá esa sea la explicación de todo. Que AEMA nunca ha entendido la esclerosis múltiple únicamente como una enfermedad, sino como una realidad que afecta a personas, familias y proyectos de vida. Y eso cambia completamente la forma de acompañar.

La verdadera meta

Cuando José Joaquín Sánchez Ruiz completó su decimoquinto triatlón, muchas personas vieron ahí el final de un reto extraordinario. En realidad, solo era un nuevo capítulo de una carrera que empieza cada vez que un neurólogo comunica un diagnóstico difícil. La de quien debe aprender a convivir con una enfermedad imprevisible. La de las familias que reorganizan su vida de un día para otro. La de los profesionales sanitarios que acompañan, orientan y buscan el mejor tratamiento posible. Y la de asociaciones como AEMA RM, que llevan casi dos décadas demostrando que la mejor manera de afrontar la esclerosis múltiple es hacerlo juntos.

La meta nunca ha sido únicamente recaudar fondos o dar visibilidad a esta patología crónica y compleja. La verdadera meta consiste en que ninguna persona se sienta sola cuando la esclerosis múltiple irrumpe en su vida; en que pueda acceder a una atención especializada, recuperar la mayor autonomía posible y seguir construyendo un proyecto de vida pese a la enfermedad. Tener la seguridad de que, cada vez que una persona recibe un diagnóstico de esclerosis múltiple, al otro lado del miedo ya hay alguien esperándola para acompañarla en su camino.

Un trabajador de 54 años ha fallecido este viernes al quedar atrapado bajo una retroexcavadora en una empresa dedicada a la reparación de maquinaria agrícola situada en la diputación lorquina de Tercia, en el término municipal de Lorca.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió varias llamadas alertando del accidente a las 13.03 horas. Los alertantes solicitaban asistencia sanitaria urgente para un trabajador al que había caído encima una máquina y se encontraba gravemente herido e inconsciente.

Hasta el lugar se desplazaron sanitarios con una Unidad Móvil de Emergencias del 061 y efectivos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS), dado que el accidentado se encontraba atrapado y en parada cardiorrespiratoria. A su llegada, el trabajador ya había sido liberado por sus propios compañeros. Los sanitarios iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no pudieron salvar su vida. El fallecimiento fue confirmado en el lugar del suceso.

El accidente ha sido puesto en conocimiento del Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia, que investigará las circunstancias en que se produjo.

Este nuevo fallecimiento se produce en un contexto de grave siniestralidad laboral en la Región. A lo largo de 2025 perdieron la vida en accidente laboral 37 trabajadores en la Comunidad. Los datos resultan especialmente alarmantes si se tiene en cuenta que, mientras la siniestralidad mortal descendió un 8% a nivel nacional, en la Región de Murcia se disparó un 63%.

La costa sur de la Región de Murcia lleva años acostumbrándose a convivir con dos realidades incómodas: la llegada periódica de embarcaciones con personas migrantes y la expansión silenciosa de las redes vinculadas al narcotráfico marítimo. El grupo municipal de Vox en Lorca —que desde 2023 gobierna este municipio junto con el Partido Popular— ha colocado ambos asuntos en el centro de la agenda política local, después de defender en el Pleno municipal ordinario correspondiente al mes de mayo, una batería de medidas contra las llamadas “pateras taxi” y las narcolanchas que operan en distintos puntos del litoral lorquino. José Martínez, edil de esta formación y responsable de la Concejalía de Protección Civil y Emergencias, asegura que la situación “ha desbordado la capacidad de vigilancia” del ayuntamiento, al tiempo que reclama más medios policiales y controles en la costa.

El anuncio de Vox llega en un contexto especialmente sensible. Apenas unos días antes, el 10 de mayo de 2026, una patera con 24 inmigrantes a bordo fue interceptada en Cala Blanca, en el diseminado de la pedanía lorquina de Garrobillo. Aquella imagen —la de un grupo de personas exhaustas llegando a una cala semidesierta del litoral murciano— volvió a sacudir a los vecinos de la zona, acostumbrados ya a ver dispositivos de Guardia Civil y Salvamento Marítimo en episodios similares.

No era un caso aislado. En marzo, las autoridades contabilizaron al menos 72 migrantes desembarcados en distintos puntos de la franja costera compartida entre Lorca y Águilas. El aumento de llegadas ha generado preocupación entre parte de la población local, aunque también ha despertado críticas hacia quienes intentan vincular automáticamente migración y delincuencia organizada para alimentar discursos de inseguridad.

La frontera invisible del Mediterráneo

En Puntas de Calnegre, una pequeña y pintoresca localidad costera perteneciente a la pedanía lorquina de Ramonete, la llegada de estas embarcaciones es un tema recurrente, pero que se comenta con discreción entre sus escasos setenta habitantes. “Muchas veces no sabes si es una patera o una lancha rápida”, explica un residente que pide mantener el anonimato. “Aquí por la noche apenas hay iluminación, pero la gente escucha motores y ve movimiento. Unas veces llegan las patrullas y otras no”.

La sensación de incertidumbre se ha instalado en parte del vecindario. No tanto por la presencia de personas migrantes, insisten algunos residentes, sino por la percepción de que esta franja litoral se ha convertido en una ruta relativamente accesible para distintos tipos de tráfico marítimo irregular.

Otros vecinos, sin embargo, cuestionan el tono alarmista que se está imponiendo en el debate público.“La mayoría de quienes llegan vienen desesperados, no son criminales”, comenta una trabajadora del sector hostelero de la zona. “El problema es que algunos partidos meten todo en el mismo saco”.

Ese matiz resulta clave. Expertos en migraciones y derechos humanos llevan años alertando del riesgo de criminalizar a quienes cruzan el Mediterráneo en condiciones extremas. España continúa siendo una de las principales puertas de entrada a Europa para personas que huyen de conflictos, pobreza o persecución, especialmente desde el norte de África y el Sahel.

Pero al mismo tiempo, las autoridades reconocen que determinadas rutas utilizadas para la inmigración irregular también son aprovechadas por redes de narcotráfico. Y es ahí donde el discurso político encuentra un terreno fértil.

Ramonete: el narcotráfico deja de ser invisible

Si en Puntas de Calnegre el fenómeno migratorio centra buena parte de la conversación, en Ramonete el miedo tiene otro nombre: narcotráfico.

La pedanía lorquina vivió uno de sus episodios más traumáticos en octubre de 2025, cuando un doble crimen relacionado con bandas dedicadas al tráfico de drogas sacudió la comarca. El 7 de octubre apareció el cuerpo de un hombre con impactos de bala dentro del maletero de un coche en la zona de Ramonete. Poco después, las autoridades localizaron una segunda víctima en una vivienda del paraje de El Cantar.

Las investigaciones apuntaron rápidamente a un ajuste de cuentas entre organizaciones vinculadas al tráfico de hachís. Entre las víctimas figuraba Giuliano Velo, ciudadano italiano con antecedentes relacionados con narcotráfico y presuntos vínculos con la mafia calabresa, la ‘Ndrangheta, una de las más poderosas del mundo. La otra víctima era un ciudadano marroquí supuestamente relacionado con el mundo de los 'vuelcos', como se conoce en el argot criminal a los robos de mercancía entre traficantes.

En diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres personas implicadas en el doble asesinato. El propio alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, reconoció públicamente entonces que el crimen estaba relacionado con disputas derivadas del tráfico de drogas.

Aquellos hechos marcaron un antes y un después en la percepción del problema en la zona. Lo que durante años había permanecido en un segundo plano —comentarios aislados sobre lanchas rápidas, movimientos nocturnos o alijos en playas remotas—pasó a convertirse en una preocupación visible.

“Antes parecía algo lejano, como si ocurriera en Cádiz o en el Campo de Gibraltar”, explica un agricultor de la zona. “Pero cuando aparecen muertos aquí, la gente entiende que el problema está mucho más cerca”.

El ecosistema de las narcolanchas

Las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el Mediterráneo funcionan mediante una compleja red de colaboradores y apoyos logísticos. Aunque las autoridades evitan generalizaciones, distintos investigadores y expertos en seguridad reconocen que las mafias encuentran en algunas zonas costeras un entorno favorable debido a la dispersión geográfica, la dificultad de vigilancia y la existencia de economías precarias.

En ese entramado aparecen figuras como los llamados 'petaqueros', encargados de suministrar combustible a las narcolanchas en alta mar o en puntos estratégicos del litoral. Su papel resulta esencial para mantener operativas embarcaciones capaces de recorrer largas distancias a gran velocidad.

También están los 'chivatos', personas que alertan de posibles movimientos policiales o de la presencia de patrullas de vigilancia. A menudo utilizan teléfonos móviles y aplicaciones de mensajería para transmitir información en tiempo real.

A ellos se suman conductores de embarcaciones, responsables de logística en tierra y pequeños colaboradores que participan en tareas puntuales. Las investigaciones policiales señalan que muchas de estas redes operan de forma fragmentada y flexible, dificultando la identificación de estructuras jerárquicas permanentes.

Hablar de la posible existencia de apoyos locales sigue siendo un tema delicado en municipios pequeños donde todos se conocen. Algunos vecinos admiten en privado que el narcotráfico genera una economía paralela difícil de ignorar. Otros rechazan frontalmente esa idea y consideran injusto señalar a comunidades enteras por la actuación de grupos minoritarios.

Lo cierto es que el fenómeno tiene una dimensión social compleja. En áreas con empleo estacional, precariedad laboral, bajos niveles de renta y pocas oportunidades para los jóvenes, las redes criminales encuentran más facilidad para captar colaboradores ocasionales ofreciendo dinero rápido.

Entre el miedo y la instrumentalización política

La propuesta presentada por Vox en Lorca se apoya precisamente en esa percepción creciente de inseguridad. El partido reclama reforzar la vigilancia marítima, incrementar la presencia de Guardia Civil y endurecer las medidas contra la inmigración irregular.

Sin embargo, organizaciones sociales y sectores progresistas acusan a la formación de utilizar episodios reales para construir un relato que mezcla migración y delincuencia de manera interesada.

“La llegada de personas migrantes no puede abordarse únicamente desde una perspectiva policial”, señalan desde colectivos de apoyo a refugiados en la Región de Murcia. “Se está generando un discurso que convierte a personas vulnerables en amenazas”.

La crítica no implica negar la existencia del narcotráfico. De hecho, expertos en seguridad consideran evidente que las rutas marítimas del sureste español están siendo utilizadas cada vez más por organizaciones criminales. Pero advierten de que simplificar el problema puede resultar contraproducente.

“El narcotráfico es una estructura económica transnacional con enormes recursos”, explica un criminólogo consultado para este reportaje. “Reducirlo al debate sobre pateras es políticamente rentable, pero no ayuda a entender cómo funcionan realmente estas redes”.

En paralelo, las fuerzas de seguridad enfrentan un desafío creciente. El litoral murciano combina kilómetros de costa abrupta, calas aisladas y zonas de difícil acceso que complican las labores de vigilancia. Las mafias aprovechan además tecnologías de navegación cada vez más sofisticadas y embarcaciones de alta potencia.

Una costa en transformación

Más allá del enfrentamiento político, lo que ocurre en Lorca refleja una transformación más amplia del Mediterráneo occidental. Las rutas migratorias cambian constantemente en función de la presión policial y de los conflictos internacionales, mientras que el narcotráfico adapta sus métodos con enorme rapidez.

La Región de Murcia, históricamente alejada de los focos mediáticos que acompañaban al Campo de Gibraltar, empieza a aparecer con más frecuencia en informes policiales y titulares relacionados con tráfico marítimo ilegal.

Algunos vecinos temen que esa imagen termine afectando al turismo y a la vida cotidiana de pueblos tradicionalmente tranquilos. Otros creen que negar el problema sería aún peor.

“Lo que hace falta es hablar con seriedad”, resume un residente de Puntas de Calnegre. “Ni convertir esto en una película de narcos ni fingir que no pasa nada”.

En el fondo, esa tensión resume el gran dilema que atraviesa hoy el debate público en la costa murciana: cómo afrontar fenómenos complejos —migración, exclusión social, crimen organizado y abandono institucional— sin caer ni en el alarmismo ni en la indiferencia.

Una Thermomix, un jamón ibérico y varias botellas de vino. Son los premios con los que las familias del CEIP Ana Caicedo, en Lorca, se han lanzado a recaudar fondos para instalar aire acondicionado en el colegio. Han repartido 10.000 papeletas a dos euros cada una con la esperanza, casi cumplida, de reunir los 50.000 euros necesarios para completar la climatización del centro. Mientras el calor empieza a apretar, familias, docentes y equipos directivos vuelven a enfrentarse a un problema que se repite en la Región de Murcia: centros educativos sin climatización suficiente para soportar las altas temperaturas.

“En estas fechas las aulas ya concentran mucho calor, nos encontramos con temperaturas por encima de los 30 grados a las diez de la mañana”, explica Cayetano Martínez, portavoz del AMPA del CEIP Ana Caicedo. Denuncia que las administraciones “se van pasando la pelota unas a otras” sin que se materialicen soluciones estructurales.

“Ya hemos conseguido vender casi todos los boletos”, añade Martínez. El dinero servirá para climatizar el centro, que acoge a 459 alumnos. La inversión ronda los 50.000 euros y permitirá cubrir unas 12 aulas, mientras otras ocho quedarán pendientes para el próximo curso.

“Al final, las familias hacemos lo que está en nuestras manos por nuestros hijos, pero la climatización de los centros es responsabilidad de la Consejería”, afirma Marisa Maldonado, presidenta de la Federación de AMPAS de la Región de Murcia Juan González, que agrupa a unas 300 asociaciones de madres y padres. Maldonado aboga por una intervención de la Administración en estos casos, “para que no se generen desigualdades”.

“Es como ir al centro de salud y que los pacientes tengan que comprar la máquina de rayos X porque la Administración no la ha puesto”, lamenta el portavoz del PSOE en la ciudad de Murcia, Ginés Ruiz Macía.

“La situación es esperpéntica, sabemos de centros a los que las editoriales de libros de texto le ofrecen aparatos de aire acondicionado a cambio de que elijan sus manuales. Hay centros donde la línea pedagógica no se está decidiendo porque prefieran un proyecto educativo, sino porque les ponen cuatro aparatos”, ha denunciado.

Visibilizar el problema: el grupo de calor

Para afrontar esta situación, distintas AMPAS de la Región, junto con los sindicatos Sterm, CCOO y UGT y organizaciones estudiantiles, han constituido el llamado 'grupo de calor,' un espacio para visibilizar el problema y forzar una respuesta de la Consejería. “Exigimos un plan global de adaptación de los centros educativos al aumento de temperaturas, con una inversión suficiente”, apunta Pablo Rodríguez, portavoz de Sterm. Una medida en la que coincide Nacho Tornel, responsable de Educación en Comisiones.

Entre las medidas de presión figuran las denuncias ante la Inspección de Trabajo, las mediciones de temperatura en aulas y la difusión pública de los datos. También trabajan en la elaboración de un mapa térmico de los centros educativos de la Región mediante termómetros conectados a aplicaciones digitales, señalan desde Sterm.

Según este sindicato, menos de la mitad de los centros tienen aire acondicionado. “La Consejería lo que hizo hace dos años fue abrir la puerta a que los centros diseñen sus protocolos de calor y se adelante el final de la actividad lectiva si se superan los 27º C: es decir, cortar las clases y llamar a los padres; se lavan las manos y dejan el problema a los equipos directivos”. Una media “superprecaria”.

“Es un tema complejo porque es difícil dar clase con un calor tan extremo, pero también hay que pensar en qué se hace con los niños si se suspenden las clases o cómo se concilia”, apunta Maldonado. En todo caso, insiste en que es imprescindible adaptar las instalaciones, ya que las interrupciones lectivas afectan al rendimiento académico en una región “con altas tasas de abandono escolar”. Y si se producen incidencias por el calor, “recomendamos que se acuda al médico para obtener informes que acrediten la situación”.

El caso del Valle de Leiva: pionero en parar las clases

El centro pionero en paralizar las clases por estrés térmico, el curso pasado, fue el IES Valle de Leiva (Alhama de Murcia), un centro inaugurado en 2023. Pese a tratarse de un edificio reciente, el centro comenzó sin un sistema de aire acondicionado operativo, explica su director, Roberto García de la Calera.

A pesar de que en las instrucciones aprobadas por la Consejería el umbral térmico está fijado en 27 °C, el centro lo elevó hasta los 30 como criterio de actuación. El 29 de mayo del pasado curso, por primera vez, las mediciones superaron ese límite y se adelantó la salida del alumnado: “Era algo previsto desde principio de curso”, recuerda su director. Desde entonces, asegura, se han producido hasta once suspensiones o adelantos de jornada. “Medíamos las temperaturas y, si una clase llegaba a 30 grados, entendíamos que todo el centro estaba afectado”, explica.

La decisión contó con un amplio respaldo de las familias. “Teníamos el apoyo del 95%”, afirma el director, que insiste en que actuaron amparados por las instrucciones de la Consejería. “Nos dijeron que pusiéramos ‘pingüinos’, compramos algunos, pero eso no servía para nada”, lamenta. La instalación definitiva del sistema de climatización está ya en marcha, con una inversión cercana al medio millón de euros. Una medida con la que el director confía en dejar atrás una situación que define como “tres años de infierno”.

“En otros casos la Administración no se plantea prescindir de la climatización para reducir costes, solo en los centros. Sería impensable poner un despacho para los arquitectos municipales, por ejemplo, sin aire acondicionado”, plantea Ruiz Maciá.

“No se puede ni respirar”

La falta de climatización también afecta de forma directa al profesorado. Vladimir Solá, de la plataforma Docentes Unidos, describe aulas donde las condiciones de trabajo se vuelven insostenibles. “Hay veces que te ves obligado a parar la clase porque no se puede ni respirar. Acabamos empapados de sudor o con mareos”, explica. “Hay aulas que son auténticos hornos”, resume.

A esta situación se suma, según denuncia, la masificación. “Hay clases con ratios muy elevadas, de hasta 32 adolescentes” y advierte de lo que denomina “segregación climática”, ya que en algunos casos son las propias familias las que acaban financiando la climatización de los centros. “Pero no puede depender de la capacidad económica de cada comunidad educativa”, sostiene.

Desde Sterm denuncian que “hay edificios de hace más de cuarenta o cincuenta años, con infraestructuras muy envejecidas; pero incluso hay centros nuevos que tampoco cuentan con la climatización”. Y ponen sobre la mesa “un abandono económico”, que “da la cara sobre todo con el calor”.

Por su parte, el responsable de Educación de CCOO, Nacho Tornel, afirma que el sindicato quiere repetir la estrategia de 2022 con denuncias a la Inspección de Trabajo para visibilizar la falta de medidas frente al calor en las aulas. Tornel critica que no existe un plan de climatización para los alrededor de 600 centros educativos públicos de la Región y reclama actuaciones globales. Sobre el cese de las clases por estrés térmico, subraya que “los equipos directivos están asumiendo un trabajo enorme para evitar esa medida, cambiando horarios y aulas o reduciendo sesiones: otra carga de trabajo más, por si tuvieran poca”.

Presupuestos para climatizar las aulas, sin ejecutar

El Gobierno regional anunció hace un par de semanas que destinará 11 millones de euros de los presupuestos del próximo año a la mejora de la infraestructura educativa de las aulas. Del total, se espera que siete se destinen a un Plan de Climatización Plurianual.

El pasado año 2025, se previeron dos partidas para la climatización y eficiencia energética de los centros educativos por un valor total de 3.235.304 euros, de los que solo se ejecutaron 217.899,93. No llega al 7% de lo inicialmente presupuestado.

Otra partida, prevista en unos 1.482.367,99 del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), quedó sin gastar. 

También se planeó destinar parte de los presupuestos a la sustitución de una veintena de cubiertas de centros educativos, de los que se ejecutó tres cuartas partes de forma total o parcial.

“Puede ir anunciando lo que quiera, porque el año que viene volverá a anunciar, sin haber gastado nada”, lamenta el diputado de IU-Verdes en la Asamblea Regional, Jose Luis Álvarez-Castellanos.

El parlamentario apunta a que la Región de Murcia es la única comunidad del sur sin legislación específica para la mejora de las condiciones térmicas en los centros: “Una ley podría dar plazos concretos a la climatización, establecer auditorías o evaluaciones energéticas para todos los centros. Supondría que la climatización debe aplicarse de forma homogénea, sin que nadie quede apartado”.

En Extremadura se aprobó en el año 2019 con un gobierno del Partido Popular la Ley de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños. Más tarde, en el año 2020, Andalucía presentó su propia norma, y Castilla-La Mancha hizo lo propio cuatro años más tarde, en el año 2024. De acuerdo con Álvarez-Castellanos, IU-Verdes presentará la próxima semana una moción para que la Región cuente también con normativa propia.

Por su parte, desde la Consejería de Educación concretan que en “los últimos años” han climatizado más de quince centros. El Gobierno regional, aseguran las mismas fuentes, han ejecutado “la mayor inversión” en modernización energética de la historia de la educación, “con una inversión de cerca de 80 millones de euros, en actuaciones integrales como mejora de cubiertas, retirada de fibrocemento, renovación de carpinterías exteriores, instalación de placas solares o sistemas de climatización en un centenar de centros educativos”.

La planificación de la inversión, continúan, permitirá destinar una partida específica de 11 millones de euros en los presupuestos de este año, para mejorar el confort térmico de las aulas y las infraestructuras educativas de la Región.

Además cifran en dos millones de euros la inversión en la instalación de placas fotovoltaicas y el cambio de cubiertas en centros educativos de la Región.

El gran éxito de Juan Diego Botto ha vuelto. Se trata de Una noche sin luna, obra en que el poeta García Lorca sale de la fosa donde está abandonado y nos habla reencarnado en el propio Botto. Ha vuelto al espacio principal del Teatro Español, una sala que lleva, literalmente, cayéndose desde que se estrenó la semana pasada. La fuerza de la actuación de Botto, la pausada dirección de Peris-Mencheta, el espacio de Curt Allen Wilmer… Muchas son las razones que hacen de esta obra un montaje soberbio. Pero todo ello no explica la convulsión que se produce en la platea.

Se estrenó en 2020 y estuvo de gira hasta 2023 en más de treinta teatros de toda España. Sin embargo, las entradas para su reposición en el Teatro Español volaron. Se pusieron a la venta el 1 de julio del año pasado y en pocos días se vendieron tickets de todas las funciones. 19.600 personas podrán acudir a verlo.

Llegué al Teatro Español de Madrid de la mano de mi hija de nueve años. La pobre ya ha asistido a bastantes obras a la que uno la lleva convencido de la fuerza del teatro. A veces se da más, a veces menos. Pero el otro día, en el Español, esa niña vivió en plenitud la fuerza que puede emerger de la escena. Una fuerza que es social, que tiene sentido tan solo en comunidad, sintiendo y descubriendo en compañía del otro.

La convulsión del principio de la obra, la fuerza de la alegoría, la potencia de un actor desdoblándose (al que puedes ver cómo alberga emociones, cómo le van atravesando), la rebeldía ante la injusticia, la constatación de que el ser humano es capaz de lo más atroz, la historia de España, la luz del poeta que tan bien sabe albergar Botto… Todo eso fue entrando por los ojos de mi acompañante.

Ella ya conocía la fuerza de la palabra de Lorca, de las canciones que recuperó como La Tarara que además tuvo el lujo de escuchar a capela en una intervención especial de Miguel Poveda que apareció en el proscenio para sorpresa de todos. Pero de otras cosas poco o nada sabía. Poco sobre su asesinato en una noche sin luna un 18 de agosto de 1936. Cada espectador es un mundo.

Pero muchos de los otros espectadores sí sabían y, por eso mismo, a lo largo de la función se les iba quebrando el pecho al ver las similitudes entre aquel ayer y este hoy. Uno de los aciertos del montaje es la capacidad de unir dos momentos históricos, el presente y ese 18 de agosto, como si fueran dos puntos de una hoja de papel que pudieras unir al doblarla.

La función, escrita por el propio Botto, se vertebra a través de Comedia sin título, obra del poeta que quedó inacabada y de la que tan solo tenemos el acto primero en el que Lorca defiende a muerte un teatro en contra del mero entretenimiento. Un teatro que salga fuera del teatro.

Sin querer hacer una biografía del poeta, Botto va saltando en un monólogo dicho a público por diferentes momentos recogidos en entrevistas o noticias sobre Lorca. La elección de esos momentos está hecha con tiralíneas político, con la intención de que la vida del poeta y su posicionamiento resuene en el presente. En unos momentos Botto es Lorca, pero en otros es el propio actor, se funden esos dos planos de manera extraordinaria, casi imperceptible.

Un ejemplo es cuando se trae a colación la censura que sufrió el estreno de Amor de Don Perlimplín con Belisa en su jardín en 1929, cuando se acusó a la obra de obscena y mal formante para la infancia, atacando la homosexualidad del propio Lorca y de su director, Cipriano Rivas Cherif. Ahí, es imposible no hacer correlaciones con nuestro presente de mordazas, intervención en las escuelas y pins parentales.

Otro ejemplo es cuando Botto decide hacer un largo meandro con la figura del personaje del público que en Comedia sin título se enfrenta al autor. Ahí Botto se explaya, se permite y alarga ese parlamento haciendo una simbiosis del patriótico cuñao que todos hemos sufrido con ciertos añadidos que recogen el vocabulario de aquellos tiempos. Una simbiosis entre el cuñao y Primo de Rivera, entre cierto votante de hoy y aquellos de la CEDA, que asusta. Es esta la parte de la obra que más molesta a la derecha española. Pero esto no es nuevo.

Lorca 'reloaded'

En 1987 se estrenaba en Televisión Española Lorca, muerte de un poeta, serie dirigida por el “rojo” Juan Antonio Bardem. En miles y miles de hogares españoles reinaba un silencio casi reverencial. Lorca entraba en la casa de todos después de largos años de excepción de tantas cosas.

El gran Bardem comenzaba por donde había que empezar, por el fusilamiento del poeta. Las detonaciones de la Guardia Civil se quedaban en pausa y el poeta, con la voz de Javier Datú, decía: “Y no quiero llantos, la muerte hay que mirarla cara a cara. Silencio, a callar he dicho. Nos hundiremos en un mar de luto. Me habéis oído, silencio, silencio he dicho, silencio”. Palabras de Bernarda Alba a sus hijas que en ese 1987 mutaban para albergar un alegato más allá de la política ante tantos años de exclusión amordazada.

Y es que Lorca, desde aquel 18 de agosto de 1936, ha ido reapareciendo con fuerza inusitada en momentos clave de la cultura española. Momentos en que a través de él y con él, el teatro, la música o el cine no volverían a ser el mismo. Así fue en el Yerma de Nuria Espert y Víctor García que se estrenó el 30 de noviembre de 1971 en el Teatro de la Comedia. Y tanto lo mismo ocurrió un 28 de febrero de 1996 en el Teatro Albéniz cuando en un concierto Enrique Morente atacó el tema Omega y al llegar a ese grito inhumano, ese hiperbólico “la hierba”, el telón caía a plomo y la batería y las guitarras de Lagartija Nick, sin perder compás, atronaban ante una platea atónita.

Hay miles de recitales, de obras y montajes de y sobre el poeta, pero de vez en cuando Lorca vuelve con fuerza inusitada. Cuando esto pasa los movimientos tectónicos de la regresión española responden airosamente. Críticas furibundas al montaje de Nuria Espert en el 73, páginas y páginas pidiendo la dimisión de Pilar Miró como directora de RTVE por gastar el dinero público en una serie que hoy es escuela, puristas del flamenco de pecho airado gritando a Morente en el Albéniz… Esta vez tampoco ha sido diferente.

Las derechas, que se decía antes, desde que se estrenó este montaje, si bien no tuvieron remedio de aceptar la calidad teatral, no dejaron de tildarla de activista o maniquea, incluso llegando a prescribir cómo tratar la figura de Lorca: “Cuando se 'monta' bien, cuando se olvida, para mejor recordar…” (ABC dixit). Pero Lorca es terco y sigue gritando aquello de: “Pero no hay olvido, ni sueño: carne viva”.

Ahora, vuelve esta obra en plena batalla del “relato cultural” y de nuevo se le acusa de querer instaurar una falsa superioridad moral de la izquierda. Denuncian el uso del poeta al que se quiere convertir en mártir de las izquierdas. Pero lo que no se dan cuenta es que Lorca es evidentemente un mártir, pero no de la izquierda, sino del pueblo español.

Lo que no se dan cuenta es que Lorca es evidentemente un mártir, pero no de la izquierda, sino del pueblo español

No de la sociedad española, sino del pueblo, del volk alemán, del people anglosajón, del am judío. Lorca es de la gente, es el poeta que defiende el sufrimiento del débil, que se rebela, que no calla y se posiciona, que firma manifiestos, esos a los que la derecha tiene tanta tirria, y que nos hace ver que la vida puede ser otra cosa, más libre, más humana.

Decía Lorca en Comedia sin título: “Yo quiero echar abajo las paredes para que sintamos llorar, o asesinar, o roncar con los vientres podridos a los que están fuera, a los que no saben siquiera que el teatro existe”. Y eso es lo que consiguen Botto y Peris-Mencheta, que el teatro salga fuera del teatro. Sale en cada pecho emocionado, en cada memoria agitada por ese Lorca lleno de luz que consigue encarnar Botto, ese Lorca al que, mientras habla, de la ropa se le va cayendo la tierra de la fosa a la que sabe debe volver.

Las 19.000 personas que ahora vean este montaje en el Español, las otras miles que lo verán en el Tívoli de Barcelona en julio, se llevarán esta función a casa… Cada espectador recordará a sus abuelos, mirará este presente tan alarmante y se mirará en sus hijos como yo lo hago en los ojos incendiados de mi hija al salir del teatro.

La primera consecuencia ya está ahí, en la calle, en la misma plaza de Santa Ana, en esa hermosa estatua, pequeña, de Lorca sosteniendo una alondra que comienza el vuelo. Desde el estreno de Una noche sin luna la estatua del poeta luce las flores que le va dejando el pueblo. Y parece que en este mes de mayo no dejará de tenerlas.

Ni ropa tendida, ni bombonas de butano, ni colchones. El Ayuntamiento del municipio murciano de Lorca prohíbe los tendederos y otros enseres que puedan perjudicar la estética de las fachadas de sus edificios. La medida, impulsada por PP y Vox, multará con hasta 1.500 euros a los incumplidores. El alcance de la nueva norma va más allá de los balcones, también se castigará “toda clase de actos o conductas que afecten negativamente a las características estéticas de los inmuebles y del entorno urbano, provocando su degradación”.

La modificación se aprobó el pasado 27 de abril con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de IU-Verdes y PSOE. El nuevo texto modifica la Ordenanza Municipal sobre Protección de la Convivencia Ciudadana y Prevención de Actuaciones Antisociales, vigente desde el año 2010: “Esta actualización normativa responde a una demanda creciente trasladada por vecinos, colectivos sociales y asociaciones ciudadanas, que vienen reclamando una regulación más concreta frente a situaciones que deterioran la imagen urbana y generan sensación de abandono en distintos barrios y zonas del casco urbano”, ha defendido el alcalde del municipio, el popular Fulgencio Gil.

Los residentes en Lorca tendrán un mes para retirar los elementos antiestéticos de sus fachadas. De no cumplir con la nueva normativa, podrán enfrentarse a sanciones por infracciones leves que oscilan entre los 151 a 750 euros, una cifra que asciende hasta los 1.500 euros en las faltas graves.

Entre las sanciones leves se contempla tender ropa en las barandas de los balcones o acumular enseres tales como “colchones, somieres, bombonas de butano así como cualquier otro elemento ajeno al uso propio de este espacio de la vivienda”. También hay normativa específica para los comercios, que deberán “retirar la cartelería, toldos, placas y banderolas” una vez hayan cesado su actividad.

Entre las graves ,figura la instalación de tendederos en la fachada principal de los edificios y la no retirada de aparatos de aire acondicionado o salidas de humos en las fachadas de los edificios que se encuentren en mal estado de conservación.

Ciudades como Madrid o Barcelona ya prohíben tender la ropa en los balcones de las fachadas principales de los edificios. En concreto, en la capital de España, la Ordenanza de Protección del Medio Ambiente Urbano establece que “queda prohibido tender ropa o cualquier otro objeto en las fachadas de los edificios que den a la vía pública”.

Unos versos inéditos de Federico García Lorca han sido encontrados en el reverso de un manuscrito del poeta, según ha revelado RTVE. Los ha descubierto el músico Miguel Poveda justo detrás del pergamino en el que estaba escrito el poema Gacela de la raíz amarga, y se cree que fueron escritos por el dramaturgo en 1933.

Estos versos rezan lo siguiente: “Canta el reloj / Cuento maquinalmente las horas / Es lo mismo las siete que las doce / Yo - no estoy aquí / Es la señal de carne que yo dejé, al irme, para saber mi sitio al regresar...”. La experta en la obra del poeta Pepa Merlo declara a RTVE que es un “texto al que nadie ha dado importancia” por estar escrito en el reverso. Además, destaca que es valioso porque “estructura el concepto del tiempo”, uno de los grandes temas de Lorca.

Miguel Poveda, que compró un manuscrito original de Gacela de la raíz amarga, explica que le “llamó la atención” cuando la especialista lorquiana le comentó que esos versos estaban escritos con la letra del dramaturgo. “Es para mí un regalo al corazón”, confiesa Poveda sobre este hallazgo, que ha sorprendido también a Merlo.

El artista Miguel Poveda se encuentra en plena promoción de su documental Enlorquecido: Solo el misterio nos hace vivir, que ha dirigido junto a Manu Huelva y en el que emprende un viaje tras los pasos de Federico García Lorca. El músico recorre lugares importantes en la poesía del poeta como Granada, Madrid, Buenos Aires, Cadaqués, Montevideo o La Habana y analiza su figura para “iluminar lo olvidado y entenderse a sí mismo”.

La Guardia Civil de la Región de Murcia, dentro de los servicios establecidos contra la trata de seres humanos y la explotación laboral, ha desarrollado la operación ‘Caprines’, una investigación que ha culminado con la investigación de dos personas por supuesto delito contra los derechos de los trabajadores. En explotaciones ganaderas de Lorca y Puerto Lumbreras, especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil e inspectores de trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia han detectado la presencia de ocho ciudadanos extranjeros trabajando sin contrato.

La investigación se inició cuando dos ciudadanos extracomunitarios pusieron en conocimiento de la Guardia Civil que se encontraban trabajando sin contrato en una explotación caprina, ubicada en el término municipal de Lorca.

Los dos trabajadores comunicaron a los agentes que, además, estaban alojados en unas caravanas, dentro de la finca, donde vivían en pésimas condiciones de higiene.

Especialistas en Policía Judicial de la Guardia Civil se hicieron cargo de la investigación y averiguaron que el titular de la empresa contaba con otra granja en el término municipal de Puerto Lumbreras.

En coordinación con la Inspección Provincial de Trabajo de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, la Guardia Civil llevó a cabo la inspección simultánea de ambas fincas.

Las visitas resultaron con la identificación de otros seis trabajadores extranjeros, en situación irregular en el país, uno de los cuales, además, tenía en vigor una orden de expulsión del territorio nacional.

Operación 'Caprines'

La operación ‘Caprines’ finalizó con la investigación de dos personas: el propietario de la empresa y un encargado. Según se desprende de la investigación, este último, de la misma nacionalidad que los trabajadores, facilitaba su captación y los distribuía a diario en cada una de las fincas.

Los ahora investigados, al parecer, se aprovechaban de la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas para ofrecerles trabajo sin contrato y en precarias condiciones laborales y de alojamiento.

Estos ocho trabajadores fueron atendidos e informados de los derechos que les asisten como víctimas de delito en España.

A primera hora de la mañana, cuando millones de personas desbloquean su móvil para saber si necesitarán paraguas, abrigo o prepararse para una ola de calor, pocas imaginan que ese gesto cotidiano está ligado a una plataforma nacida muy lejos de Silicon Valley, en un lugar improbable: la pedanía de Almendricos, en el municipio murciano de Lorca.

En este remoto rincón del sureste español al que solo se accede a través de carreteras secundarias, comenzó hace 25 años una historia que hoy conecta a 200 millones de usuarios en todo el planeta con el estado de la atmósfera. Lo que empezó como un proyecto impulsado por aficionados a la meteorología se ha convertido en una de las herramientas más utilizadas del mundo para consultar el tiempo.

No es una metáfora exagerada: Meteored ocupa ya la cuarta posición global en su sector. Y lo hace, además, en condiciones muy distintas a las de sus rivales directos. En el competitivo universo de las apps, ha tenido que ganarse cada usuario. Y lo ha conseguido. Según datos de Comscore, la compañía ha incrementado su audiencia un 60% en apenas año y medio. Una cifra que no solo habla de crecimiento, sino de confianza en un contexto en el que el tiempo —en todos los sentidos— importa cada vez más.

A diferencia de otras aplicaciones meteorológicas que llegan instaladas de fábrica en los teléfonos móviles, la de Meteored ha crecido a base de la elección consciente. No ha sido el camino más rápido, pero sí uno de los más sólidos. Y los resultados empiezan a reflejarlo.

Ese matiz, que podría parecer menor, define buena parte de su identidad. “Somos una empresa de información, una empresa de software, la plataforma de aficionados a la meteorología por excelencia, pero ante todo somos una compañía llena de personas apasionadas por lo que hacemos”, asegura Javier López Martínez, CEO de Meteored.

De la intuición a la precisión

Javier López, economista de formación e informático aficionado, fundó la empresa junto a su primo hermano, el geólogo Juan José Martínez Serrano, allá por el año 2000. Ambos compartían una misma pasión: la meteorología. En un pueblo de tradición agrícola como Almendricos, acostumbrado a mirar al cielo, esta ciencia ha sido siempre una necesidad. Así que en el salón de la casa de sus abuelos empezaron a dar forma a un proyecto que, sin renunciar a sus raíces, hoy se codea con los proveedores de pronósticos más importantes del mundo.

Ahora, esta pedanía de poco más de 1.700 habitantes forjada al calor del ferrocarril y la minería, donde hasta hace no mucho había verdaderas dificultades para acceder a internet, puede presumir de albergar las modernas instalaciones de la compañía, que ocupan mil metros cuadrados en el corazón de la localidad.

En sus primeros años, el proyecto tenía mucho de intuición, curiosidad y comunidad. Pero el salto a la élite de la meteorología digital exigía algo más: precisión.

Ahora los pronósticos de Meteored se apoyan en el modelo europeo ECMWF que, respaldado por la Organización Meteorológica Mundial, es, objetivamente, el más fiable del mundo. Esta base científica ha sido clave para construir credibilidad en un terreno donde el margen de error se mide en impacto real sobre la vida cotidiana.

La evolución tecnológica ha hecho el resto. Mapas interactivos, imágenes de satélite, radar o información sobre calidad del aire. La app 'El tiempo en 14 días' se ha convertido en una herramienta compleja bajo una apariencia y un manejo sencillos.

Detrás de esa interfaz hay una infraestructura que no ha dejado de crecer. La colaboración con Google Cloud ha permitido a la compañía procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer información en tiempo real a escala global.

Una empresa que también cuenta historias

Meteored no es solo una app. Es también una redacción internacional, una comunidad científica y un proyecto divulgativo. Cada mes, más de un centenar de profesionales —ingenieros, físicos, meteorólogos, diseñadores o periodistas— en once países distintos generan más de 600 piezas informativas entre predicciones, análisis y contenido divulgativo.

Esa dimensión editorial no es secundaria. En un momento en el que la meteorología ha pasado de ocupar conversaciones ligeras a convertirse en un asunto de interés público, explicar lo que ocurre en la atmósfera se ha vuelto casi tan importante como predecirlo.

Juan José Villena, periodista especializado en clima y redactor jefe de tiempo.com, la principal web informativa del grupo, explica que la clave del éxito de Meteored es la “revalorización de la información fiable”. O lo que es lo mismo, frente al ruido, el dato contrastado y la explicación del contexto. La compañía ha construido su crecimiento sobre esa premisa.

Villena cuenta que muchas cosas han cambiado en Meteored a lo largo de estos 25 años, sin embargo, “otras están intactas”. “Con el paso de los años, el producto ha ido sofisticándose y evolucionando, conquistando espacios y creciendo, pero sin perder nunca de vista la motivación que lo hizo realidad y que lo impulsó en sus primeros años, la pasión por la meteorología y las ganas de contagiarla por todo el mundo”, asegura.

Un puente entre la comunidad científica y la ciudadanía

En el centro de la labor científica, Meteored cuenta con un elenco de meteorólogos apabullante. Ahí están, entre otros, el celebérrimo ‘hombre del tiempo’ José Antonio Maldonado, Francisco Martín León o José Miguel Viñas.

Este último, físico, consultor de la Organización Meteorológica Mundial, autor de Los cielos retratados y una de las voces más reconocidas en divulgación científica en España, explica a elDiario.es Región de Murcia cómo la relación de la sociedad con la meteorología ha sufrido una transformación profunda. “Antes mirábamos el tiempo casi por costumbre; ahora lo hacemos por necesidad”, señala. Y es que ya no se trata solo de saber qué ponerse, sino de anticipar riesgos, planificar actividades o tomar decisiones con impacto económico.

Viñas también lleva años advirtiendo de una aceleración de los fenómenos extremos que ya no admite dudas. “Estamos viendo cosas que pensábamos que tardarían décadas en llegar”, explica el meteorólogo, que reconoce que incluso dentro de la comunidad científica existía una cierta expectativa de mayor gradualidad. Sin embargo, la realidad ha desbordado esas previsiones con la aparición de fenómenos extremos más frecuentes, más intensos y, en algunos casos, más difíciles de anticipar.

Un nuevo escenario salpicado de olas de calor persistentes, lluvias torrenciales o cambios bruscos en los patrones atmosféricos, que no solo tensiona los sistemas de predicción, sino también la forma en que la sociedad interpreta la información meteorológica.

Esta aceleración de los cambios obliga, en opinión de Viñas, a mejorar tanto la calidad de la información como la capacidad de trasladarla al gran público. “La clave está en explicar bien lo que está pasando, sin alarmismo, pero sin restar importancia a la situación”, añade. En este sentido, plataformas como Meteored desempeñan un papel fundamental al actuar como puente entre la comunidad científica y la ciudadanía.

En palabras del experto, “la meteorología es una ciencia compleja, pero también muy cercana al ciudadano”. Por eso, saber comunicarla de forma adecuada no solo mejora la comprensión, sino que “contribuye a generar una mayor conciencia sobre los riesgos asociados al clima”. Y en un ecosistema digital donde proliferan predicciones virales, posiciones negacionistas, mapas fuera de contexto o interpretaciones erróneas, esa tarea se vuelve especialmente necesaria.

Decía el historiador Ian Gibson en 1998 que de Federico García Lorca aún quedaban muchas cosas por saber. En el centenario de su nacimiento, el conocimiento sobre el poeta y dramaturgo granadino estaba en plena etapa de exploración. Ahora, casi 30 años después, de Federico se sabe casi todo, pero nunca lo suficiente. Cada cierto tiempo aparecen retales de una vida que el tiempo ha convertido en leyenda, pero que fue la de un hombre magistral, a la vez que profundamente terrenal. Algo que queda reflejado en las cartas que se envió con su madre Vicenta y que el periodista Víctor Fernández ha recogido en el epistolario ‘No te olvides de escribir’.

Un documento esencial para conocer mejor la dimensión familiar de un Federico de carne y hueso. Con preocupaciones y problemas cotidianos, tan lejos del misticismo sobre el que reposa su recuerdo y tan cerca de ser cualquier hijo de vecino, que lo que se lee en estas misivas cobra otra dimensión. No es la primera vez que salen a la luz las cartas que Lorca se envió con sus familiares y amigos, pero sí es la primera vez en las que conocemos algunas inéditas.

Entre las letras que Vicenta Lorca y su hijo Federico se intercambian, vemos a un joven de veintipocos años que pasa frío en la Residencia de Estudiantes de Madrid, al tiempo que convierte a su madre en editora, enviándole en primicia sus creaciones para que esta se convierta en su mejor crítica. “Yo creo que las cartas lo humanizan. Nos ofrecen una imagen muy humana de él: el hijo que escribe a sus padres o el hermano que escribe a sus hermanos”, explica Víctor Fernández, autor del epistolario.

Vicenta, la madre tras el poeta

“Fue precisamente su madre la que le contó que habían ido a un teatro en Granada y que habían visto a una actriz que les impresionaba”. Esa actriz resultó ser Margarita Xirgú, a la que Vicenta conoció antes que Federico, y a la que ese azar le cambió la vida. Xirgú fue la musa teatral de Lorca, llegando a ser Mariana Pineda o Doña Rosita. Aquella misiva catapultó a la fama a la actriz catalana, que acabaría exiliada por el franquismo en Uruguay sus últimos días, y muestra cómo Federico y su madre construyeron juntos la carrera artística del poeta granadino.

Pero el papel de Vicenta Lorca va mucho más allá de la anécdota o del acompañamiento emocional. En las cartas, se dibuja como una figura clave en la construcción del propio Federico García Lorca. “Se convierte casi en una agente literaria”, explica el periodista Víctor Fernández. Es ella quien pregunta por editoriales, quien se interesa por las revistas en las que se publican los textos de su hijo y quien incluso gestiona aspectos económicos de sus primeras obras.

Una de las piezas que mejor ilustra ese rol es la carta que Vicenta envía al impresor Gabriel García Maroto con motivo de la publicación de ‘Libro de poemas’. En ella, se detallan cuestiones relativas al pago de la edición, que corría a cargo de la familia. La escena es tan descriptiva como emocionante: detrás del mito literario, hay una madre pendiente de cada paso, sosteniendo -también económicamente- los inicios de una de las voces más importantes de la literatura española.

Ese acompañamiento no termina con la muerte del poeta. Años después de su asesinato, Vicenta sigue preocupándose por la difusión de su obra, interesándose por su traducción y circulación en otros países y preguntando incluso por figuras clave de la cultura internacional. Una continuidad que, en palabras de Fernández, “cierra el círculo” y refuerza la idea de que el legado de Lorca también es, en parte, una construcción familiar.

El trabajo de investigación que sostiene este epistolario no ha sido menor. Fernández partía de una publicación anterior, centrada únicamente en las cartas de la madre, pero decidió ampliarla para incorporar también la voz del hijo. El proceso, sin embargo, ha sido fragmentario, casi detectivesco: documentos dispersos en archivos públicos, colecciones privadas y referencias en investigaciones previas que obligaban a reconstruir el mapa pieza a pieza. “Construyes un primer borrador y cuando lo das por cerrado aparece otra carta”, explica.

Una investigación atemporal

En ese rastreo han intervenido nombres clave del lorquismo como Ian Gibson o Christopher Maurer, pero también anónimos y familiares que han preservado el legado y archivos menos accesibles. Algunas cartas han llegado a través de fondos institucionales y otras gracias a copias conservadas por investigadores. Algunas han aparecido también en colecciones privadas. Incluso hoy, reconoce Fernández, hay archivos que permanecen cerrados, como el del escritor y amigo de Lorca, Rafael Martínez Nadal, donde podrían seguir guardándose documentos desconocidos.

Ese carácter abierto de la investigación no es una excepción, sino casi una constante en el universo lorquiano. A lo largo de los años han seguido apareciendo materiales inesperados: desde nuevas fotografías hasta epistolarios desconocidos que emergen, literalmente, de cajones familiares tras una herencia. “A veces ocurren estos milagros”, explica el autor, que recuerda cómo recientemente apareció un conjunto de cartas dirigidas a una persona hasta ahora desconocida para los estudiosos. No obstante, faltan documentos clave como el manuscrito de Bodas de Sangre o sus cartas con Dalí, con el que mantuvo una relación amorosa en la que estaba también Buñuel.

Porque, aunque hoy sabemos mucho más que hace décadas -hace tan solo unas semanas trascendieron imágenes en vídeo de él junto a su compañía teatral-, el legado de Lorca sigue atravesado por ausencias. Se han perdido manuscritos, cartas y poemas -algunos destruidos durante la Guerra Civil por miedo- y otros cuyo paradero sigue siendo un enigma. Ni siquiera se conserva el manuscrito de algunas de sus obras más conocidas. Y, sin embargo, lo que ha llegado hasta hoy resulta casi milagroso. “No nos podemos quejar de lo mucho y bueno que tenemos”, apunta Fernández.

En ese equilibrio entre lo descubierto y lo perdido se mueve también el futuro de la investigación. No parece probable que aparezca una gran obra inédita que cambie el canon literario, pero sí nuevos documentos que completen el retrato. Pequeñas piezas que, sumadas, siguen ampliando la comprensión de un autor que nunca termina de agotarse.

Quizá el mayor misterio pendiente sea otro. La posibilidad de escuchar su voz. Federico García Lorca participó en emisiones de radio en sus últimos años en ciudades como Madrid o Barcelona, y no se descarta que alguna grabación haya sobrevivido en archivos sonoros, incluso fuera de España. “Yo soy optimista con que pueda aparecer”, señala Fernández. El problema, advierte, no sería tanto encontrarla como poder demostrar que realmente es suya.

Mientras tanto, estas cartas cumplen una función más inmediata y, quizá, más necesaria: devolver a Federico a un lugar reconocible. Alejarlo del pedestal sin restarle altura. Mostrarlo no sólo como el símbolo universal que representa, sino como lo que también fue: un hijo que escribía a su madre. Y, en ese gesto cotidiano, profundamente humano, encontrar una forma distinta y más cercana de leerlo.

La Fiscalía ha solicitado penas de hasta tres años de prisión para el responsable de una empresa agrícola por la muerte del jornalero nicaragüense Eleazar Blándón, ocurrida en Lorca (Región de Murcia), tras sufrir un golpe de calor en el verano de 2020 mientras realizaba su jornada laboral bajo temperaturas que superaban los 40 grados, según ha informado el diario local La Opinión.

Según la investigación, el trabajador, de 42 años no contaba con contrato ni estaba dado de alta en la Seguridad Social, lo que ya suponía una vulneración de sus derechos laborales. El jefe de Blandón comparecerá ante el tribunal —aunque todavía no se ha fijado una fecha para la vista— acusado de un presunto delito de homicidio por imprudencia, así como de otro relacionado con la vulneración de los derechos de los trabajadores.

Durante la jornada, el trabajador comenzó a encontrarse mal, mostrando síntomas de agotamiento, mareos y dificultades para respirar. A pesar de su estado, continuó trabajando y no recibió la atención adecuada. Las investigaciones apuntan a que tampoco se adoptaron medidas básicas de prevención frente al calor, como descansos suficientes, acceso a sombra o hidratación adecuada. 

Finalmente, cuando su estado empeoró gravemente, fue trasladado en una furgoneta hasta un centro de salud de Lorca, donde fue abandonado en la entrada ya inconsciente. Los servicios sanitarios no pudieron salvarle la vida, confirmándose posteriormente que la causa de la muerte fue un golpe de calor severo. 

A raíz de estos hechos, la Fiscalía considera que existió una posible responsabilidad penal por parte del responsable de la empresa. Por ello, solicita penas de prisión para el jefe directo del trabajador. La acusación sostiene que las condiciones laborales no se adaptaron a las altas temperaturas y que se incumplieron normas básicas de seguridad, lo que habría contribuido directamente al fallecimiento. 

Este suceso puso el foco en la situación de vulnerabilidad de muchos trabajadores temporeros, especialmente migrantes, que, en ocasiones, trabajan sin contrato y en condiciones precarias. También ha reavivado el debate sobre la necesidad de reforzar los controles laborales en el campo y mejorar la prevención de riesgos ante episodios de calor extremo.

Cartagena es uno de los principales puertos del Mediterráneo, pero cuenta con una importante desventaja competitiva con respecto a otros enclaves similares en España y Europa. La falta de una infraestructura ferroviaria que conecte la ciudad con el Corredor Mediterráneo lastra su crecimiento económico. El impacto es directo en el comercio, el turismo y la vida diaria de sus más de 200.000 habitantes, que se sienten profundamente aislados del resto del país. “La región ha quedado desvertebrada económica y socialmente”, señala a esta redacción Roberto Barceló, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región de Murcia (Consumur).

Según datos oficiales de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Cartagena cerró el 2025 como el cuarto puerto más relevante de España en el transporte de mercancías, con un total de 34.388.929 millones de toneladas (graneles sólidos, líquidos y mercancía general). Además, el Puerto de Cartagena no se entiende sin el Valle de Escombreras, un nodo industrial estratégico estrechamente ligado al tráfico portuario y ferroviario. Este enclave tuvo en 2024 un impacto económico total sobre la economía española estimado en unos 5.200 millones de euros, tal y como recoge un estudio de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) dirigido por el economista Antonio García Sánchez.

Para el investigador, Escombreras sería un polo energético e industrial de gran relevancia a nivel nacional si tuviera una conectividad ferroviaria eficiente, especialmente con un ancho europeo de vía con el Corredor Mediterráneo. “El aislamiento ferroviario real de Cartagena tiene efectos económicos claros: menos turismo, menor competitividad logística, mayor coste de exportación e importación y una pérdida considerable de oportunidades de empleo y actividad económica”, explica a este diario, añadiendo que la falta de infraestructuras obliga a mover mercancías por carretera, incrementando costes y emisiones.

Si bien no existen cifras ni estudios que cuantifiquen con precisión la pérdida económica que supone para Cartagena su desconexión ferroviaria, la mayoría de fuentes consultadas para este reportaje la califican de “grave”. “La mayor pérdida es la de oportunidades”, señala a este periódico Noelia Arroyo, alcaldesa de Cartagena. La popular incide en que el tren es “básico” para el turismo nacional y el de congresos: “Es frustrante programar grandes proyectos y convencer a inversores cuando han cortado nuestro cordón umbilical con el centro de la península”.

Cierre de la línea Cartagena-Madrid

Los expertos coinciden en que la inversión en las líneas ferroviarias murcianas de las últimas décadas no ha sido la óptima. Un estudio sobre las infraestructuras de transporte de mercancías en la región dirigido por el Colegio de Economistas destaca su irregularidad, señalando que fue “escasa o nula” hasta el año 2013 y se incrementó de forma sensible en 2018 y 2019, coincidiendo con las obras destinadas a la infraestructura del AVE.

Además, la llegada de la alta velocidad a la capital murciana en 2022 no resolvió ningún problema a los cartageneros. Más bien al contrario, ya que el aprovechamiento del trazado de AVE ya existente a través de Alicante supuso el cierre de la línea directa convencional entre Cartagena y Madrid, forzando a los vecinos a desplazarse a Murcia para viajar a la capital.

“Para hacer 50 kilómetros, necesitas una hora. Si te descuidas, no te da tiempo ni a hacer la conexión”, cuenta a esta redacción José, que trabaja en Cartagena y se desplaza a Madrid varias veces al año por motivos laborales. Este vigilante de seguridad reconoce que suele quedarse una noche más a dormir en la capital para poder volver a su ciudad: el último AVE hacia Murcia llega demasiado tarde como para que le dé tiempo a alcanzar el último tren de proximidad hasta Cartagena.

Aplicando “criterios de coste y beneficio del propio Ministerio”, el Ayuntamiento de Cartagena calcula que el retraso de hora y media que sufren los pasajeros que tienen que cambiar de tren en Murcia habría costado hasta ahora siete millones de euros a los propios viajeros. El consistorio se basa en un análisis de rentabilidad de la estación de AVE de Elche realizado por el Ministerio de Transportes para obtener esas cifras. Este diario ha contactado con el organismo que dirige Óscar Puente para la realización de este reportaje, pero no ha obtenido respuesta.

No solo los ciudadanos pagan el precio, también lo hacen las empresas. “Las empresas asentadas en Cartagena son menos competitivas frente a otras similares ubicadas en regiones con mejor conectividad ferroviaria, lo que reduce inversiones, localizaciones empresariales y oportunidades de crecimiento local”, apunta García Sánchez.

Asimismo, el cierre de la línea Cartagena-Chinchilla, la principal vía ferroviaria de la Región de Murcia, condiciona la circulación natural del transporte de mercancías, ocasionando un perjuicio directo sobre la economía de la Región de Murcia y también de la provincia de Albacete. Así lo afirma la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, de la que forma parte el técnico ferroviario Antonio del Campo. “Ese corredor está dentro de la obligación de servicio público. Por lo tanto, los trenes se tienen que poner”, asegura, tajante.

Una red de cercanías obsoleta que “obliga” a utilizar el coche

Pero para los habitantes de Cartagena no todo se reduce a la falta de una línea de alta velocidad. “Si yo viviese, trabajase o estudiase en Cartagena, el primer problema para mí no sería si llegaba el AVE o no, sino tener un buen servicio de cercanías”, continúa Del Campo.

El servicio de trenes de proximidad entre las dos principales ciudades de la Región de Murcia cuenta con apenas diez frecuencias diarias y una flota especialmente envejecida, con algunos trenes fabricados en los años 80, indica el especialista. Esta conexión ferroviaria lenta y sin electrificar limita el uso cotidiano del tren como alternativa al coche, añade García Sánchez. “La gente opta por el coche, lo que encarece los desplazamientos y empeora la calidad de vida”, asevera.

Asimismo, para el economista, una de las consecuencias más graves de la ausencia de conexiones rápidas con grandes ciudades es la reducción de la llegada de visitantes y estudiantes. “Esto limita el impacto económico que genera el ocio y el turismo, particularmente el de fin de semana y el de congresos y convenciones, además de las oportunidades de intercambio cultural que impulsan sectores creativos y formativos”, subraya. Si bien desde el Ayuntamiento de Cartagena enfatizan que el número de congresos se ha incrementado en los últimos años, Arroyo lamenta que “los organizadores tienen que convencer a los colegios profesionales y asociaciones de que merece la pena el viaje”.

La llegada del AVE podría retrasarse una década

Este mes de febrero se cumplen cuatro años desde que Cartagena dejó de estar conectada por tren con Madrid. Arroyo asegura que la conexión por vía convencional no regresará hasta, al menos, finales de año. “Tenemos garantizado, por tanto, cinco años de aislamiento por ferrocarril. Es una situación vergonzosa y una enorme injusticia para los vecinos y las empresas”, lamenta. Sin embargo, la llegada del AVE podría demorarse aún más. “A la marcha que llevan las obras, es probable que esta infraestructura pueda terminarse en torno a 2033 o 2035. Estamos hablando de ocho o diez años para que realmente se puedan terminar todas las obras”, afirma Del Campo.

Para este experto, el AVE no ha llegado aún a Cartagena por motivos que nada tienen que ver con el aspecto técnico. En ese sentido, reconoce que la complejidad de las obras aumenta cuando ya hay trenes circulando, además de la dificultad añadida que supone construir un túnel para cruzar la Sierra de Altaona y acondicionar la entrada a la estación de Cartagena. No obstante, Del Campo achaca los retrasos más bien a un problema de financiación: “Estamos hablando de cincuenta kilómetros, no de doscientos. Hay mucho dinero ya metido en la conexión con Murcia y en la línea hacia Lorca y Almería. Es probable que, al acompasar todo al mismo tiempo, haya dificultades”.

Cartagena paga un “impuesto logístico implícito”

Desde la Comisión en defensa del Corredor Ferroviario Cartagena-Albacete, insisten en la necesidad de intensificar e impulsar las obras del tramo Murcia-Cartagena y en la de transformar el túnel proyectado de vía única en la Sierra de Altaona en un túnel de vía doble para evitar que se forme un cuello de botella. Tanto Del Campo como Barceló creen que el aislamiento ferroviario de Cartagena también tiene mucho que ver con la política y la priorización de la conectividad en otras zonas de la Península Ibérica.

En concreto, Barceló piensa que la ausencia de una política estatal articulada con respecto a este tipo de decisiones implica que se acaben tomando en función de la “fuerza” que tenga cada comunidad autónoma. Aunque insiste en que desde la organización no defienden un desarrollo “a costa de los demás”, sino “solidario”, sí que asegura que Murcia ha quedado relegada históricamente, junto a Extremadura, en el desarrollo ferroviario: “Estamos muy por debajo de nuestro potencial porque no tenemos la infraestructura”.

Desde el Colegio de Economistas tienen claro que, para posicionar la Región en los ejes futuros del transporte de mercancías, se precisa de una visión de conjunto y una adecuada planificación y cumplimiento de proyectos concretos que mejoren la conectividad por ferrocarril, tanto con Madrid como con Andalucía, además de dentro del propio Corredor Mediterráneo.

Para García Sánchez, Cartagena está pagando un “impuesto logístico” implícito, concretado en más coste en transportes y menor atractivo para inversiones. “El aislamiento ferroviario de Cartagena no es un concepto abstracto: impacta cada día en la vida de sus residentes y en la capacidad de la ciudad para crecer económica y socialmente”, puntualiza.

Cuando en 2020 Modou decidió participar en una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, contra el racismo y la xenofobia, no podía imaginar que, apenas cinco años después, sus compatriotas de Senegal, peones agrícolas como él, tendrían que enfrentarse a serios obstáculos para lograr el sueño que él sí pudo ver cumplido: reunirse con su esposa y, juntos, ver crecer a su hija.

Este municipio murciano no puede entenderse sin la presencia de personas y familias migrantes que conforman una parte significativa de su tejido social y laboral. Según datos recientes del padrón municipal, cerca de un 12% del total de su población —98.969 habitantes— nació fuera de España, con flujos procedentes de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ghana o Senegal. Comunidades que han dinamizado sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería o los servicios domésticos, y que contribuyen a frenar el envejecimiento demográfico, a dotar de trabajadores el campo de Lorca y a ocuparse del cuidado de personas ancianas y dependientes.

Sin embargo, las aportaciones de las personas migrantes y sus derechos han vuelto a ser puestos en entredicho con la última decisión política del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, el Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, con esta última formación —el autodenominado “partido de la familia”— al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha anunciado el endurecimiento de las condiciones para emitir informes favorables de inserción social y de idoneidad de la vivienda, indispensables para que las personas extranjeras puedan conseguir la reagrupación familiar.

Esta decisión ha generado alarma entre colectivos sociales, juristas y organizaciones de derechos humanos que interpretan el cambio como un endurecimiento que pone en riesgo el acceso efectivo de las familias migrantes a un derecho legalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Reagrupación familiar: un derecho reconocido y sus mecanismos legales

La reagrupación familiar no es una concesión discrecional ni una medida de gracia, sino un derecho que también está regulado en la legislación española. Concretamente, en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tal y como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en España pueden solicitar la reunión con familiares cercanos —como cónyuges, hijos menores o ascendientes— siempre que se cumplan ciertos requisitos, básicamente, medios económicos suficientes y vivienda adecuada.

La importancia de este derecho no es sólo legal sino profundamente humana. Para miles de familias migrantes, la reagrupación significa la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana, facilitar la escolarización de los hijos e hijas, acceder conjuntamente a la sanidad, y construir un proyecto vital estable —y muchas veces seguro— en el lugar donde residen.

ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también reconoce que la reagrupación familiar es una herramienta central para proteger a las personas bajo protección temporal o internacional, permitiéndoles reunirse con cónyuges, hijos o progenitores que dependían de ellos y que están fuera del espacio Schengen.

El relato de Vox: acusaciones y funcionarios en el punto de mira

En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo (Vox) defiende el nuevo enfoque de su departamento con un mensaje que ha levantado ampollas entre los empleados municipales. Asegura que desde su llegada a este departamento “los informes [de arraigo y de idoneidad de la vivienda] han dejado de emitirse de forma automática” y ahora se realizan “con rigor legal y técnico”, con visitas domiciliarias “reales” y “comprobación exhaustiva de los requisitos”. La edil presume de estadísticas: desde 2024, solo se han emitido un 30% de informes favorables frente a un 70% desfavorables, cuando antes “prácticamente todos eran favorables”.

Lo que no cuenta Castillo es que esos datos encierran una trampa. Esta redacción ha tenido acceso a documentos administrativos oficiales que acreditan que, durante el anterior mandato corporativo, centenares de expedientes de reagrupación fueron archivados al no quedar acreditados los requisitos necesarios para acceder a este derecho. En esos casos, lo que no hacían los funcionarios era entregar dictámenes desfavorables a los interesados, al no resultarles de ninguna utilidad, puesto que los únicos válidos para solicitar la reagrupación familiar son los favorables.

Al no aclarar este aspecto, el subtexto de las declaraciones de Castillo es otro muy distinto: durante años, funcionarios municipales habrían actuado de forma negligente, emitiendo informes “automáticos”, sin visitas ni comprobaciones y, por tanto, incumpliendo la ley. Vox lanza así una sombra de sospecha sobre el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales.

Dentro del propio Ayuntamiento el malestar es patente. Varios trabajadores, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, rechazan de plano estas acusaciones. “Es muy duro que la persona que está políticamente al frente de la concejalía nos acuse de hacer nuestro trabajo fuera de la ley”, explica una trabajadora social. “Siempre ha habido visitas, entrevistas y valoración técnica. La diferencia es que antes se entendía que nuestro papel era facilitar derechos, no bloquearlos”.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, su presidente, Juan Carrión Tudela, se ha dirigido por carta al alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), para expresarle el malestar de este colectivo por unas declaraciones que “trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado y estigmatizante que puede contribuir a la desinformación, la desconfianza hacia los Servicios Sociales y el rechazo hacia colectivos en situación de vulnerabilidad”. Para Carrión, es “preocupante” que se interprete como algo positivo la limitación en el acceso a derechos reconocidos legalmente. Más aún cuando ese mensaje se lanza desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, “que tiene entre sus funciones la de garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo colectivos vulnerables y personas extranjeras”.

elDiario.es Región de Murcia también se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores afectados por las afirmaciones de la concejala de Vox. Fuentes de UGT han censurado duramente las acusaciones de Castillo, a quien han acusado de hacer una “instrumentalización política de los Servicios Sociales” y de intentar convertir este servicio público en “una herramienta de control ideológico”. Desde CC.OO. han declinado hacer declaraciones al respecto.

Del enfoque garantista al restrictivo

Más allá de la retórica, lo que describen profesionales y entidades sociales es un cambio de criterio. Donde antes se evaluaba si una vivienda era razonablemente adecuada para una familia concreta, ahora se obliga a realizar interpretaciones mucho más restrictivas de los estándares. Donde antes se valoraba el conjunto de la situación social, ahora se enfatizan los elementos que permiten un informe desfavorable.

Este giro no es exclusivo de Lorca. Forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la extrema derecha allí donde gobierna o influye, que consiste en utilizar procedimientos administrativos como barrera indirecta a la inmigración. No se cambia la ley, pero se endurece su aplicación hasta vaciarla de contenido.

La socialista María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales en Lorca en el anterior mandato corporativo, advierte de las consecuencias de endurecer las condiciones para el reagrupamiento: “Hablamos de familias separadas durante años, de niños y niñas que crecen lejos de sus padres y madres, o de mujeres que quedan atrapadas en situaciones de dependencia económica y emocional”. Por eso, asegura, “hablar así de porcentajes es tremendamente frívolo e inhumano, porque detrás de cada informe desfavorable sabemos que hay una vida que se trunca”.

Historias que importan: humanizar las cifras

Al margen de los términos técnicos y los debates jurídicos y políticos, existen historias personales que ilustran lo que está en juego cuando se trata de reagrupación familiar. Mahdia, una mujer afgana que logró reagrupar a su hermana y a sus tres sobrinas tras años de espera, cuenta que antes de reunirse con su familia en España el estrés constante y la inseguridad eran una carga diaria: “Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio y vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o por los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, relata Mahdia.

También respira aliviada Sandrine, una camerunesa, rescatada en el mar por el barco Open Arms que llegó a España dejando atrás una situación de violencia y migración forzada. Su hijo Dijibril, entonces de 12 años, había cruzado el Mediterráneo antes que ella y permaneció solo en Malta durante varios meses. Las leyes españolas y la coordinación entre organizaciones y autoridades, lograron unirles de nuevo.

Las historias de integración también muestran el impacto positivo de la reagrupación en el largo plazo. Por ejemplo, Chaimae Hainan, originaria de Marruecos, llegó a nuestro país siendo niña gracias a la reagrupación familiar. Hoy, con 27 años, es abogada y asesora jurídica en temas de migración. Se dedica precisamente a ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares de regularización y reunión familiar, consciente de lo diferente que hoy sería su vida si ella no hubiera podido reunirse con sus padres, trabajadores legales en España.

Vivencias que muestran que, lejos de ser procesos unidimensionales, los procedimientos de reagrupación familiar pueden actuar como verdaderas palancas de transformación social, integración y estabilidad emocional y económica para las personas y sus comunidades.

¿Qué cambia realmente en Lorca? Entre la acción política y la vida cotidiana

La iniciativa del Ayuntamiento de Lorca —presentada como una medida de “rigor”— tiene repercusiones que van más allá de un ajuste burocrático. El endurecimiento en la emisión de informes sociales y de vivienda, con un brutal aumento de los desfavorables, puede traducirse en familias separadas durante años, menores que no pueden acceder a la escolarización o la atención sanitaria, o trayectorias vitales truncadas por la imposición de requisitos interpretativos más estrictos.

Los críticos argumentan que, si bien es legítimo asegurar el cumplimiento de la ley, no es jurídico ni ético convertir procedimientos técnicos en barreras ideológicas. “Lo que antes se abordaba desde un enfoque de integración ahora parece dominado por un afán de exclusión dirigido por mero interés político y electoral”, afirma Chumillas, quien recuerda que, en una sociedad democrática, “las políticas migratorias deben equilibrar el respeto a la legalidad con el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida familiar”.

Por eso, el anuncio de Lorca, enmarcado en un discurso de “cumplimiento estricto”, abre un debate más amplio sobre qué se entiende por derechos, justicia, equidad y convivencia en tiempos de polarización política.

Para muchos juristas y organizaciones humanitarias, la respuesta no pasa por cerrar puertas administrativas, sino por hacer que los mecanismos existentes funcionen más rápido, con más claridad y con mayor enfoque en las personas, no en las cifras. Porque si la política migratoria sólo se cuenta en expedientes y denegaciones, se estará olvidando que, en cada caso, hay una historia de vida esperando a ser, por fin, reunida con los suyos.

En los últimos cuatro años, España ha visto cómo los movimientos juveniles ultracatólicos crecen en número, visibilidad e influencia digital. La proliferación de grupos como AUTE, fundado en 2021 por el influencer católico Quique Mira, coincide con la expansión de tendencias conservadoras globales en redes sociales: desde el ideal de la tradwife (“esposa tradicional”), promocionado por jóvenes estrellas de Instagram, hasta la estética del “catolicismo aspiracional”, donde crucifijos, escapularios y velas votivas encendidas como promesas conviven con reels de TikTok perfectamente editados.

Una mezcla entre espiritualidad y un conservadurismo militante y reivindicativo, que ha encontrado un inesperado —y posiblemente malinterpretado— impulso con el lanzamiento de LUX, el último y exitoso proyecto artístico de Rosalía, que ha reabierto el debate cultural en torno a una religiosidad que funde el pop con la iconografía católica.

No en vano, algunos sectores de la Iglesia han celebrado el lenguaje místico de la cantante catalana, mientras jóvenes ultracatólicos aprovechan su impacto para reforzar el papel de la religión y, de paso, reclamar una vuelta a modelos de feminidad “clásicos” que, según diversos colectivos feministas, suponen un retroceso en la lucha por la igualdad.

Vuelta al conservadurismo

Elena (nombre cambiado), una murciana de 24 años educada en el catolicismo, que dejó su ciudad natal para instalarse en Sevilla tras casarse con Paco (nombre ficticio), de su misma edad, es una de esas jóvenes que defiende que mujeres y hombres “no somos iguales”. No se refiere a una cuestión biológica; habla desde un punto de vista antropológico y teológico. Este tipo de mensajes se apoyan en las catequesis de Juan Pablo II y, sobre todo, en su carta apostólica Mulieris Dignitatem que versa sobre la dignidad y la vocación de la mujer.

Según esta visión, la mujer y el varón son iguales en derechos, pero “diferentes y complementarios en su ser y en su misión”. Y la de las mujeres, según las tesis de Karol Wojtyła, a quienes atribuye una “especial sensibilidad para el amor, el cuidado y el servicio”, se expresa “de modo eminente en la maternidad”. Una idea que Elena abraza desde el convencimiento de que “el regalo más grande es dar vida” y que le lleva a no comprender que haya mujeres que “trabajan y congelan óvulos para tener hijos a los 40”.

Su marido, que pide estar presente en la entrevista, se hace enseguida con el protagonismo en la conversación. “Vivimos en la sociedad del no parar, de la sobreestimulación, de no pensar mucho ni dedicar tiempo para hacernos preguntas sobre la vida…”, explica. Y culpa a las ideologías modernas de “engañar” a las personas: “Te dicen que puedes ser lo que quieras y alcanzar la felicidad por ti mismo, pero al final te das cuenta de que este ritmo de vida no nos hace felices y tampoco ofrece respuestas”, argumenta. “Por eso, nosotros decidimos parar y ver qué nos decía el corazón”.

Ambos aseguran que encontraron el camino, “que es el Señor”, y después decidieron hacerse voluntarios en AUTE, que definen como “un puente entre los jóvenes y la iglesia”; un “apostolado” desde el que poder “vivir la fe con nuestro grupo”.

Pero, en el modo en que se organiza este movimiento surgen las primeras grandes incongruencias. Como el uso del marketing “adaptado a la iglesia”, que despliegan en redes sociales como Instagram o TikTok, cuyas dinámicas, inequívocamente mundanas, no son precisamente proclives a la introspección, la reflexión sosegada, el cultivo del espíritu o el desarrollo del pensamiento crítico.

También utilizan una aplicación móvil llamada WayUpp —“encontrar un sitio en la casa de Dios será más fácil que nunca”, es su reclamo publicitario— para informarse sobre diferentes movimientos religiosos (Hakuna, Opus Dei, Comunión y Liberación…), retiros espirituales (Effetá, Bartimeo, Seminario de Vida en el Espíritu...) y parroquias con “vida joven” en todas las ciudades de España. Además, la organización les ofrece “formación mensual” a los voluntarios, y dispone de una escuela de liderazgo, 'Kaleo', cuyo objetivo es “un evento católico que pretende despertar el llamado en los jóvenes a ser apóstoles”. Desde ahí, realizan actividades de team building —una técnica de construcción de equipos que utilizan muchas empresas— y, por supuesto, promueve el voluntariado como cuerpo de combate frente a lo que consideran “un constante bombardeo de imágenes vacías que, en definitiva, hacen mella en nuestras almas”.

AUTE: evangelización 2.0 y estética digital

Alentado por jóvenes que querían comunicar la fe con un “lenguaje actual”, AUTE nació en plena postpandemia, en un momento de gran inseguridad vital para la población adolescente, que, según José Antonio Luengo, decano y presidente del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, se mostró “altamente vulnerable” a los estragos psicológicos de la crisis del COVID-19, incluido el confinamiento.

Sus miembros suelen describir el proyecto como un espacio de evangelización multimedia que lo mismo recurre a vídeos verticales que a retos, testimonios, eventos o música. La estrategia funciona: una estética pulida y un mensaje que combina espiritualidad con un discurso moral claro sobre sexualidad, familia y roles de género, que ha conseguido decenas de miles de seguidores en apenas cuatro años.

En el canal oficial de la asociación se multiplican los vídeos que presentan la vida católica como un camino de autenticidad en contraste con “la confusión del mundo moderno”. La narrativa resulta atractiva para algunos adolescentes y jóvenes que buscan certezas en un entorno inestable. Sin embargo, críticos y analistas subrayan que ese mensaje espiritual viene acompañado de posturas ultraconservadoras sobre la mujer, el matrimonio o el aborto, que —aunque no siempre enunciadas explícitamente— se despliegan en la selección de contenidos y en los “testimonios de conversión” y entrevistas a invitados más virales.

Vidas “bonitas, ordenadas, con sentido”

Javier, de 19 años, estudiante de ingeniería y miembro de AUTE, asegura que la asociación le permitió “ordenar ideas” en un momento de crisis personal. “Yo venía de un ambiente donde todo era relativismo. Me agobiaba no saber quién era o qué quería. En AUTE encontré gente joven que hablaba, sin miedo, de valores firmes. Por primera vez sentí que había un proyecto de vida claro, que no estaba solo. Y sí, defendemos que el matrimonio y la familia tradicional funcionan. No entiendo por qué eso molesta tanto”.

Para Javier, la gran fortaleza de AUTE es su capacidad de “usar TikTok mejor que los propios influencers profesionales”. Y no duda en señalar que parte del atractivo radica en mostrar “vidas bonitas, ordenadas, con sentido”.

Aquí, los algoritmos de TikTok, Instagram y YouTube han jugado un papel crucial en la expansión de estos movimientos. Por ejemplo, desde 2022, el contenido etiquetado como #tradwife se ha multiplicado en español: mujeres jóvenes —como Elena— hablando de renunciar a la ambición laboral para dedicarse al hogar, tutoriales de “cómo vestirse de forma recatada” y vídeos que presentan el matrimonio católico como la vía hacia la plenitud femenina.

Aunque muchas de estas creadoras se consideran simplemente “contraculturales”, expertas en igualdad de género alertan de que el fenómeno está siendo instrumentalizado por grupos ultraconservadores para reforzar discursos que cuestionan avances conquistados por el feminismo, como la autonomía económica, el acceso a la educación sexual o los derechos reproductivos.

“Mi mejor amiga descubrió el movimiento tradwife en Instagram. Eso lo cambió todo”

Irene, de 22 años, explica cómo estos contenidos han influido poderosamente en sus relaciones personales: “Mi mejor amiga empezó a ver vídeos de chicas súper monas, todo blanco y beige, hablando de limpiar por amor a Dios y de que la verdadera libertad es obedecer. Al principio me hacía gracia, pero luego dejó la universidad y empezó a vivir a la sombra de su ‘prometido’. A veces temo que haya cambiado su libertad por no se sabe muy bien qué”.

Para esta joven, que reconoce abiertamente que no es creyente, estos discursos funcionan ante personas especialmente sensibles que tienen “la sensación de que el mundo está demasiado loco y que ser tradicional es volver a lo seguro”. Lo que le preocupa ahora es la presión que siente su amiga por “ser pura, perfecta y sumisa”, algo que ella observa “cada vez más habitual en redes”.

Organizaciones feministas consultadas por elDiario.es Región de Murcia alertan de que la presión social ejercida por estos contenidos puede afectar a chicas muy jóvenes, especialmente si carecen de referentes alternativos o si viven en entornos donde el discurso religioso es el dominante.

Los límites de la fe convertida en militancia

Aunque el auge de estos movimientos es innegable, también se observan tensiones internas. No todos los jóvenes católicos se sienten representados por los discursos más radicalizados. Muchos valoran la espiritualidad, pero rechazan la carga moralizante o el activismo contra derechos consolidados como el matrimonio igualitario o el aborto.

Es el caso de Luis [nombre ficticio], de 20 años, que pide mantener el anonimato, y que estuvo próximo a AUTE durante casi un año: “Me gustaba la música, los encuentros, las charlas… Pero cuando conté que era gay, todo cambió. No me insultaron, pero me empezaron a tratar como a alguien que necesitaba ser corregido. Cada conversación era sobre castidad, sacrificio y la renuncia a mi identidad. Me fui porque ser yo mismo me convertía en ‘problema’”.

Luis explica que, tras su salida, recibió mensajes privados de otros chicos que sentían lo mismo. “Hay mucha gente atrapada entre la fe y el miedo. Y eso no lo cuentan en los vídeos”, concluye.

Su experiencia se reafirma en las palabras expresadas por Paco, el marido de Elena, que manifiesta una posición muy marcada ante las relaciones afectivas entre personas del mismo sexo. “Nosotros defendemos un amor concreto, que es el que nos ha revelado Jesucristo en los Evangelios”. Y sentencia: “Dios no bendice todos los amores”. Para él, el que surge de la infidelidad o el que implica sexo antes del matrimonio.

Otra joven que también decidió distanciarse de AUTE después de participar en varios encuentros de evangelización es Ana, de 23 años. “Yo soy creyente, pero tengo una visión distinta. Me impactó escuchar a chicas muy jóvenes decir que el aborto es siempre asesinato, incluso en casos de violación o de peligro para la vida de la madre. Cuando pregunté si había excepciones, me dijeron que no, que Dios nunca quiere el mal. Ahí entendí que ese espacio no era seguro para mí”, cuenta.

Ana, estudiante de Filología en Granada, asegura que muchas jóvenes se sienten atraídas primero por la estética, “limpia, ordenada, casi aspiracional”, pero descubren más tarde un trasfondo que no encaja con su visión de la igualdad. “Te venden pureza espiritual, pero lo que hay detrás es puro control: de cómo vistes, de con quién sales, de lo que haces con tu cuerpo. Y eso choca con los derechos por los que mujeres como mi madre han luchado tanto”.

¿Retroceso o búsqueda de sentido?

El impacto del auge ultracatólico juvenil y del ideal tradwife plantea un debate complejo. Para muchos jóvenes, se trata de un refugio espiritual en tiempos de incertidumbre, crisis y conflicto. Para organizaciones feministas y colectivos LGTBIQ+, representa un riesgo real: el renacimiento de discursos que promueven modelos de sumisión femenina, familia jerárquica y rechazo a la diversidad.

El análisis político coincide en que estos fenómenos no son aislados: están conectados con un auge internacional de movimientos conservadores digitales, presentes desde Estados Unidos hasta América Latina. Y España, con una tradición católica arraigada, ofrece un terreno especialmente fértil para que estas narrativas encuentren eco.

La clave, según los expertos, no es solo el mensaje, sino el medio. Las redes permiten que un discurso minoritario —tal y como publicó recientemente este medio, los datos sostienen que seis de cada diez jóvenes se declaran “sin religión” y que la vuelta a la espiritualidad tiene más adeptos en el yoga o la meditación que en las iglesias— parezca mayoritario gracias al efecto de la viralidad. Los formatos breves favorecen simplificaciones: vídeos de 15 segundos donde una joven con estética angelical afirma que “la verdadera libertad consiste en obedecer a Dios”, o un chico hablando de “cómo la castidad salvó su vida”.

Estos contenidos comparten estética, banda sonora y narrativa emocional. En un entorno saturado de mensajes, lo que triunfa es lo que emociona; y estos movimientos lo saben.

El peligro de la espiritualidad como herramienta para limitar derechos

Llegados a este punto, la pregunta capital es cómo este auge afectará a la lucha por la igualdad de derechos en España. Porque no se trata de un movimiento masivo, pero sí influyente. Y, al circular entre adolescentes y jóvenes, sus mensajes pueden crear una percepción distorsionada de lo que significa “ser mujer” o “formar una familia”, presentando la sumisión como una forma de plenitud, la renuncia profesional como una vocación divina o la homosexualidad nuevamente como un pecado.

El reto, coinciden especialistas, no es negar la espiritualidad, sino garantizar que no se utilice como herramienta para limitar derechos ya reconocidos. España ha demostrado en las últimas décadas que es posible combinar la libertad religiosa con el avance feminista. Lo que está en juego ahora es evitar que el creciente poder narrativo de las redes sociales incline la balanza hacia modelos de desigualdad revestidos de estética devocional.

Mientras tanto, los jóvenes siguen buscando respuestas a una realidad marcada por la precariedad laboral o la dificultad para acceder a la vivienda y la emancipación. Algunos las encuentran en la firmeza moral de movimientos como AUTE. Otros, en un espiritualismo cultural como el de Rosalía. Y muchos, en la duda, ese territorio intermedio donde se libra hoy la angustiosa batalla por su futuro.

El legado de Federico García Lorca no se limita a la poesía que escribió: su arte, su pensamiento y sus acciones también forman parte de la memoria histórica. En una semana en la que el aniversario de la muerte de Franco vuelve a poner de manifiesto la importancia de la democracia y de la resistencia antifascista, regresar a la voz y la vida del poeta granadino ayuda a comprender por qué ciertas heridas siguen abiertas y cuánto ganamos como sociedad sacándolas a la luz. A ello recurre Víctor Monte (Almería, 2003) en su primer disco, Donde Llegan Tus Manos, un canto al amor entre Lorca y Salvador Dalí que ya está disponible en plataformas digitales.

Compuesto por un total de 14 canciones, el álbum debut de Víctor Monte narra la presunta relación clandestina entre el dramaturgo y el pintor, una historia que, aunque nunca se ha llegado a confirmar y se ha asumido por el vínculo que los unió, siempre había resonado en la cabeza del artista. Tal fue su fascinación que decidió componer un tema al respecto, pero pronto se dio cuenta de que todo lo que había pasado entre ellos no se podía abarcarse en uno solo. “Pensé que podía hacer algo más grande que una canción, así que decidí contar la historia poco a poco”, revela el cantante a elDiario.es. Fue entonces cuando el almeriense vio numerosas películas para documentarse y leyó el epistolario de cartas que Lorca y Dalí se enviaron durante ocho años.

La conclusión final, tras la composición de varias canciones, fue que el proyecto que tenía entre manos solo podía salir adelante en forma de disco: “Conecté tanto con la historia que los temas salían fácilmente, sin quebraderos de cabeza”. Se trata de todo un álbum en el que Víctor Monte se pone en la piel de Lorca para cantar, desde la perspectiva del poeta, el supuesto romance entre dos de las figuras más emblemáticas de la cultura española. Lo hace en canciones como Desde El Cielo (“Soy agua de la fuente que amana tu luz / Dime si quieres bajarte conmigo al sur”) o Alma Rota (“Que yo a ti te daba / En pañicos mi arte”).

El intérprete inunda Donde Llegan Tus Manos del secretismo y la necesidad de esconderse que sufrieron las personas homosexuales, un motivo que lleva a Monte a rescatar ahora este romance. “A día de hoy tenemos una deuda muy grande, ya no solo con Lorca, con toda la gente que vivió en una época de represión, de angustia por simplemente sentir lo que sentía”, señala el cantante, que reivindica que “no se nos puede olvidar que si estamos aquí hoy es por historias como la de Lorca”. “En su momento no tuvieron miedo y, aunque el final fue muy trágico, gracias a ellos hoy tenemos ciertos derechos”, cuenta el músico.

Este, además, insiste en que “debemos honrar lo que pasó” porque “el silencio también es injusticia y también apoya el ruido”: “No sé si es por desinformación, por incultura o incluso por moda, pero siento que se está olvidando mucho camino recorrido, y tanto con el colectivo como con la mujer me parece que se está retrocediendo”. Aunque el artista considera que “mucha gente joven está luchando para que vivamos en un mundo justo”, alude que “hay mucha gente que va a la contra” y que “deberíamos haber aprendido la lección de lo que ocurrió”.

Puesto que el gran damnificado en esta historia es Federico García Lorca, el cantante almeriense consideró oportuno narrar la mayor parte de los temas desde su punto de vista. Lo hace, además de porque el poeta es un “máximo referente en Andalucía y en la comunidad LGTBI”, porque “es más fácil interpretar un papel con el que te sientas cómodo y te inspire para contarlo honesta y honradamente”. Asimismo, dentro de que ha sido fiel con todo aquello que ha leído al respecto, el cantante reconoce que el romance entre Lorca y Dalí está “cogido con pinzas”, por lo que el disco es otra interpretación más del mismo.

“Lo único que se conserva son las cartas que se mandaban, así que también está la fantasía de la propia historia, porque en realidad quién te va a decir a ti si esto pasa o si no pasa”, indica Víctor Monte. Precisamente por ello, la última pista del disco es una narración que rompe la cuarta pared con el oyente para cuestionar la veracidad de los hechos. “Si alguien se atreve, que venga y me busque”, declara en la canción final. Esto ha hecho que, en lugar de sentir presión por ponerse en la piel de Lorca, pues recalca que es un artista emergente y que “no hay ninguna expectativa sobre el álbum”, haya sido para él “un orgullo poder canalizar lo que Lorca pensaba”.

El trabajo está dividido en capítulos, una decisión que ayuda a seguir cronológicamente la historia de amor entre Lorca y Dalí. Es a partir de la muerte del poeta granadino, ya hacia la conclusión de Donde Llegan Tus Manos, cuando Víctor Monte canta en nombre del pintor daliense. Pese a que el álbum iba a acabar con el asesinato del poeta, el cantante leyó algo que fue clave para que cambiara su decisión: “Volviendo otra vez a la fantasía, y aunque no sé si es verdad o no, me encantó que la enfermera que estuvo con Dalí antes de que él muriera en el año 89 dijera que sus últimas palabras fueron 'mi amigo Lorca' ('el meu amic Lorca' en catalán)”.

Las que supuestamente fueron las últimas palabras de Dalí antes de que falleciera se convierten en la última canción del disco, un tema en el que el pintor, que siempre había estado reprimido, asume que lo único que le queda es soltar las riendas y ser libre, porque muere y se va con Federico García Lorca. “El comportamiento que tuvo Dalí era más por miedo que por sus sentimientos. Ese miedo provocó que también se uniera con Luis Buñuel en la película El Perro Andaluz (1929), criticando a Lorca y transformando el silencio en agresividad”, explica Monte.

El disco está repleto de referencias a la poesía de Lorca, fundamental durante el proceso de composición a pesar de que el artista no tiene claro que la gente vaya a llegar a captar todas las referencias cuando lo escuche. En la canción Un Mal Presagio se hace alusión a “un campo lleno de rosales”, que metaforiza la casa del escritor Luis Rosales, en la que Lorca estuvo refugiado. También hay infinidad de citas a la luna, un elemento característico de su obra (“Esta noche no me importa la luna / Yo lo que quiero es tenerte” o “La luna ya me lo dijo / La luna me lo avisaba”), e incluso en la canción Desde El Cielo se utiliza su reconocido “verde que te quiero verde”.

Sin ayudas de discográficas y alejado de la gran ciudad, Víctor Monte saca adelante y por su cuenta un proyecto aupado, además, por un movimiento de gente joven que cada vez coge mayor fuerza en Almería y el resto de Andalucía. La almeriense Nosoymeri participa en el tema Todo Este Amor y el rapero Jatabo Mzc hace lo propio en Me Ampare, mientras que el también almeriense STEGA produce todo el disco acompañado en algunas pistas por el pianista y productor granadino Carlos Civantos. A ellos se une María Sorroche en el interludio, Lo Más Difícil Del Mundo. Es un equipo con el que no ha sentido la necesidad de cambiar la forma en que crea música. “Al final tienes que hacer algo con lo que te identifiques”, afirma el cantante.

Al igual que Federico García Lorca durante su juventud, que fue una persona muy comprometida con la situación política del momento, Víctor Monte considera que ser político es “lo básico”: “A día de hoy mucha gente con un gran altavoz no se posiciona, no sé si por miedo, pero yo lo tengo claro. El primer álbum que estoy haciendo habla de la falta de libertad, del fusilamiento y de una relación entre dos hombres en una época superinjusta. ¿Cómo, después de esto, que es mi carta de presentación, no me voy a posicionar?”. El intérprete, que concluye admitiendo que “el posicionamiento es importante”, agrega que lo es porque “un artista debe ser coherente con lo que transmite”.

Durante las dos últimas décadas, la Región de Murcia ha reforzado —directa o indirectamente— la presencia de la provisión sanitaria privada en la atención de poblaciones ya cubiertas por el Servicio Murciano de Salud (SMS). La fórmula empleada ha sido la de los llamados “conciertos sanitarios”, es decir, el trasvase de dinero público hacia clínicas y hospitales privados mientras la percepción ciudadana sobre la calidad asistencial pública es cada vez más negativa.

De hecho, cada año, el número de murcianos que contrata un seguro de salud privado crece casi un 4%. Algo sorprendente en una comunidad autónoma que tiene una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 32,4%. Para los colectivos en defensa de la sanidad pública, estos conciertos se han desprovisto de su función original, que era la de servir de mero complemento allí donde la pública no era capaz de llegar. Pero, sobre todo, se han convertido en un negocio para las clínicas privadas —con ánimo de lucro— que, de otro modo, no habrían podido crecer de una forma desorbitada.

Mediante los conciertos sanitarios, el SMS contrata con una red de centros privados la prestación de servicios asistenciales, como la realización de determinadas intervenciones quirúrgicas o pruebas diagnósticas. Los defensores de este modelo lo justifican porque el sistema público no puede absorber la demanda en los plazos deseados. Pero, en la práctica, ha contribuido a reforzar la red privada y a convertirla en un actor sanitario relevante en esta comunidad.

Baste un ejemplo. En 1972, el Centro Médico Virgen del Alcázar, fundado ese año en Lorca por un grupo de inversores, algunos de ellos médicos, era una pequeña clínica privada de apenas 44 camas de hospitalización que, fundamentalmente, prestaba servicios a clientes de aseguradoras privadas.

A través de los primeros conciertos sanitarios empezaron a derivarse a este centro pacientes del SMS que requerían de lo que se denominaba “cuidados medios”, un eufemismo para referirse a enfermos en estado terminal o a personas 'solas' y sin una adecuada red de apoyo familiar ni plaza en un centro residencial. En cualquier caso, usuarios que generaban un 'gasto' exiguo, muy por debajo de la cantidad diaria que el SMS pagaba al centro privado-concertado por su atención. Era la década de los noventa, comenzaban a generarse beneficios y, con ellos, el espectacular crecimiento del negocio.

Hoy, tras sucesivas reformas y ampliaciones, el rebautizado como Hospital Virgen del Alcázar cuenta con 177 camas, cuatro quirófanos, una Unidad de Cuidados Intensivos con capacidad para cinco pacientes, más de veinte consultas externas y urgencias 24 horas. En el mismo recinto comparte espacio con un equipo de resonancia magnética y un escáner para la realización de tomografías computarizadas, del grupo privado Affidea.

Las cosas le iban tan bien a esta sociedad anónima —su capital está dividido en acciones— que, en 2019, abrió un policlínico con 15 consultas en pleno centro de Lorca. En 2022, coincidiendo con su 50 aniversario, inauguró un nuevo centro de consultas y tratamientos médicos en Vera Playa (Almería). Este 2025, ha hecho lo propio en la localidad murciana de Águilas, donde ha proseguido su expansión con un nuevo establecimiento que ofrece urgencias 24 horas de Medicina General y Enfermería, Análisis Clínicos, Radiodiagnóstico y consultas de varios especialistas. Mientras, los aguileños llevan casi una década esperando a que el SMS ponga en marcha en esa localidad el Centro Integral de Alta Resolución, anunciado en 2016, que les evite desplazamientos a Lorca.

Según el consejero de Sanidad de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, el centro se encuentra “en fase de equipamiento” desde este verano. Aunque las obras están finalizadas, sigue sin haber una fecha de apertura concreta.

¿Un retraso fruto de la casualidad? Cuesta creerlo teniendo en cuenta otros antecedentes. En 2020, el SMS desmanteló la Unidad del Dolor del Rafael Méndez de Lorca, el único hospital público en el Área III de Salud, que atiende a una población superior a las 180.000 personas. Pacientes con fibromialgia, artrosis severa y dolor crónico, postquirúrgico u oncológico fueron derivados al Santa Lucía de Cartagena, a más de 85 kilómetros de distancia. Sólo unos meses después, el privado-concertado Virgen del Alcázar anunció la apertura de su nueva Unidad del dolor y medicina Hiperbárica.

¿Cuánto dinero público fluye hacia la privada?

En la Región de Murcia, los 16 hospitales del sector privado-concertado ya no son proveedores ocasionales de servicios sanitarios. Disponen de una parte importante de la capacidad hospitalaria, en torno a un tercio de las camas totales, y también gestionan un volumen importante de intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas. Ese reparto de capacidad ha convertido a la provisión privada en un actor estructural del sistema sanitario regional y, por tanto, en un receptor estable de fondos públicos.

En términos presupuestarios, la Región de Murcia destina cantidades de dinero público nada desdeñables a conciertos con la sanidad privada. Concretamente, alrededor del 5,5% del presupuesto sanitario regional (unos 174 millones de euros), un porcentaje que ha ido creciendo ejercicio tras ejercicio al mismo ritmo en que los presupuestos para la pública han ido menguando.

La consecuencia directa de esos contratos es que la privada ha convertido a la sanidad pública en una fuente de ingresos estables y crecientes, sin la que difícilmente podría mantenerse. Estos son los números oficiales de 2024, publicados en el Portal de Transparencia de la Región de Murcia: el hospital Ribera, en Molina de Segura, facturó 15,1 millones de euros al SMS; a este le siguen la Clínica Médico-Quirúrgica San José (Alcantarilla) con 9,1 millones de euros; el hospital Mesa del Castillo (Murcia) con 8,8 millones; el mencionado Virgen del Alcázar —en el área de salud con las listas de espera más elevadas de toda la comunidad autónoma— con más de 8,7 millones de euros; o el hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro (Cartagena), con otros 7,2 millones.

Sin embargo, informes de fiscalización como el realizado por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública ADSP en esta comunidad autónoma denuncian que, cada año, el gasto ejecutado en conciertos de asistencia sanitaria supera ampliamente las cuantías inicialmente presupuestadas. Unas desviaciones que apuntan tanto a una demanda real no planificada como a prácticas de contratación extraordinarias que aumentan el gasto público sin que eso se corresponda con una ampliación estructural del sistema público.

Mientras tanto, las organizaciones empresariales del sector se felicitan por el crecimiento de su actividad y facturación. La lógica es sencilla: más conciertos igual a más actividad financiada con fondos públicos; igual a mayor facturación para los centros privados. La tendencia ha sido especialmente visible en servicios con alta demanda, como la cirugía programada, las pruebas diagnósticas y las consultas especializadas subcontratadas. Las ampliaciones y reformas de las que presumen estas clínicas demuestran el éxito de la fórmula para sus intereses privados.

¿Quién pierde? Impacto en la sanidad pública y en la calidad asistencial

ADSP Región de Murcia y otras plataformas de pacientes alertan de que los conciertos sanitarios tienen efectos perversos: la externalización de los casos “fáciles” y la concentración en la privada de determinadas intervenciones, deja al sistema público con una casuística más compleja y costosa, mayor presión en urgencias y en atención primaria, así como dificultades para atraer y retener profesionales.

Y es que, la buena salud económica de las clínicas privadas les está permitiendo 'fichar' a especialistas que abandonan el sistema público, en el que se formaron, para dedicarse en exclusiva a la medicina particular. En Lorca, por ejemplo, hace un par de años se produjo una estampida de dermatólogos hacia la privada. Tras varios meses sin médicos que cubrieran esa especialidad —que trata, por ejemplo, los melanomas, un tipo de cáncer de piel— la solución del SMS ha sido incentivar a dos facultativos de otras áreas de salud para que acudan a Lorca un par de veces a la semana. La situación es tan surrealista como que los médicos de familia que observan una lesión de posible gravedad en sus pacientes, les mandan fotografías de manchas o lunares para que las valoren online.

Otra de las consecuencias de este modelo es la precariedad laboral en otras categorías de profesionales sanitarios como enfermeras o Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Para que el negocio de las privadas sea boyante, a menudo se recorta en salarios y contrataciones, lo que da como resultado un personal extenuado, mal pagado, que no cuenta con los recursos necesarios, que a duras penas puede realizar su trabajo con los estándares de calidad exigibles cuando se trata de la atención de personas enfermas y que, en ocasiones, es obligado a incurrir en intrusismo laboral para ahorrar en nóminas. Por ejemplo, mediante la utilización de Técnicos Superiores en Imagen para el Diagnóstico (ciclo formativo) para realizar ecografías, una técnica reservada a facultativos.

Manuela J, es técnico en cuidados auxiliares de enfermería en un hospital concertado de la región. Cuenta a elDiario.es que los turnos son “insufribles”. “A veces trabajo cuatro noches seguidas y no se nos paga el plus de nocturnidad. Llego a mi casa reventada y sabiendo que los pacientes no tienen el cuidado que merecen, pero es lo que me toca si quiero hacer puntos para poder trabajar en la pública”. Con un salario base que no llega a los 700 euros, asegura, y sin los medios adecuados: “Nos cuentan los guantes que nos dan para asear a los pacientes”.

Luego está la paradoja del empeoramiento de las listas de espera, cuando la filosofía que justifica la externalización en la sanidad es, precisamente, su acortamiento. En la Región de Murcia hay 35.000 pacientes en lista de espera quirúrgica y más de 120.000 aguardando para consultas externas. Los tiempos medios para someterse a una intervención están en 107 días y la demora para ser visto por un especialista superan los tres meses, aunque hay áreas de salud, como en Lorca, donde la espera se cuenta en años.

19 meses, concretamente 575 días, es lo que han llegado a tener que esperar algunas pacientes para poder pisar una consulta de ginecología en este municipio. Y ello, constatando como “preferente” en el informe realizado por su médico de familia.

Aunque la desesperación no solo se queda en los pacientes. Laura R., administrativa en el área de consultas externas, sufre de estrés y ansiedad por las innumerables llamadas que recibe al día de decenas de usuarios quejándose porque no consiguen una cita. “Tratamos de entender la situación, pero nos agreden verbalmente para desahogarse. Los insultos son nuestro pan de cada día”, confiesa.

Consecuencias sociales y políticas de los conciertos sanitarios

El trasvase de fondos públicos a la sanidad privada no es sólo una cuestión técnica. También tiene importantes consecuencias sociales, porque limita la capacidad de la pública para garantizar una atención equitativa en el territorio y erosiona la confianza ciudadana en un sistema que debería ser la columna vertebral de la atención sanitaria.

Es una doble pérdida: por un lado, empresas privadas consolidan ingresos con el dinero de todos; por otro, disminuye la capacidad del sistema público para dar respuesta rápida, integral y equitativa. Por eso, desde ADSP Región de Murcia advierten que, si la sanidad pública es un bien común, su defensa “exige tomar decisiones políticas y administrativas que prioricen la inversión estructural en lo público y restrinjan el recurso de los conciertos a lo estrictamente imprescindible, siempre con transparencia y controles robustos”. Los datos y las experiencias recientes en la Región de Murcia demuestran que seguir por la vía contraria es continuar abonando —con fondos públicos— una sanidad a dos velocidades.

Coronado por el sol del sureste español, el Castillo de Lorca se alza imponente sobre la ciudad homónima, como una cicatriz de piedra que guarda siglos de historia. Su perfil, visible desde la autovía y desde los campos que rodean la comarca, recuerda el papel estratégico que jugó esta fortaleza durante la Edad Media: fue la frontera viva entre Castilla y el Reino nazarí de Granada.

Conocido como la Fortaleza del Sol, este castillo no solo es uno de los más grandes de España, con más de 52.000 metros cuadrados intramuros, sino también uno de los que mejor resume la mezcla cultural y militar que marcó el devenir de la península ibérica.

Una fortaleza musulmana convertida en bastión cristiano

El origen del Castillo de Lorca se remonta al siglo IX, cuando la ciudad de Lurqa formaba parte de la Cora de Tudmir, bajo dominio musulmán. En aquel entonces, era un enclave clave dentro del sistema defensivo andalusí: una ciudad amurallada con alcazaba y barrios fortificados, protegida por la altura del cerro.

Tras la conquista cristiana de 1244, el rey Alfonso X el Sabio ordenó reforzar la fortaleza levantando la majestuosa Torre Alfonsina, una estructura de piedra caliza erigida en el punto más alto del recinto como símbolo del poder castellano. Desde ese momento, Lorca se convirtió en una de las plazas militares más importantes de la frontera sur, defendiendo los límites del Reino de Murcia frente a las incursiones del Reino de Granada.

Las crónicas de la época describen Lorca como un auténtico muro de contención: una fortaleza que separaba dos mundos, dos culturas y dos visiones del poder.

Judería, sinagoga y vida dentro de las murallas

Más allá de su función militar, el castillo fue también un lugar de convivencia. En su interior se estableció una judería, una de las más importantes del sureste peninsular, donde las familias judías vivían y comerciaban protegidas por las murallas.

Aún se conservan los restos de sus viviendas, aljibes y callejones, además de una sinagoga del siglo XV excavada parcialmente en el suelo, única en la Región de Murcia. Sus muros, decorados con yeserías, permanecieron ocultos durante siglos hasta su redescubrimiento en las excavaciones arqueológicas que acompañaron la construcción del Parador de Lorca, integrado dentro del propio recinto amurallado.

Pocos lugares de España permiten observar, en un mismo espacio, la huella de tres culturas —cristiana, musulmana y judía— que convivieron, lucharon y se influyeron mutuamente durante siglos.

Un viaje al corazón de la historia

Hoy, el Castillo de Lorca es mucho más que una reliquia medieval. Convertido en un espacio cultural y arqueológico abierto al público, forma parte de la red Lorca Taller del Tiempo, que promueve la divulgación histórica de la ciudad.

La visita permite recorrer sus murallas, torres y jardines —de acceso gratuito—, así como los espacios musealizados, que incluyen la judería, la sinagoga, los aljibes, la Torre Alfonsina y la Torre del Espolón. Desde sus miradores se domina todo el valle del Guadalentín, la huerta lorquina y, en los días claros, incluso se alcanza a ver el mar.

Además, el recinto acoge actividades culturales, exposiciones y recreaciones históricas, que lo han convertido en un referente turístico de la Región de Murcia.

Apenas un mes después de que elDiario.es señalase el grave episodio de contaminación que afecta al río Corneros-Vélez, en el tramo que discurre entre Vélez-Rubio (Almería) y Lorca (Región de Murcia), el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha impuesto una histórica sanción de 841.799,97 euros al ayuntamiento de la localidad almeriense, lo que representa un 13 % del total de su presupuesto municipal.

El acuerdo fue adoptado el pasado 16 de septiembre por el Consejo de Ministros, después de que el MITECO pusiera encima de la mesa un expediente que califica los hechos como “infracción muy grave” de la Ley de Aguas, y en el que se recogen hasta 22 actas de inspección y análisis elaborados por la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) entre 2017 y 2024.

La sanción obliga al consistorio a pagar 500.000,01 euros de multa y 341.799,96 euros de indemnización por los daños ocasionados al dominio público hidráulico por el vertido indiscriminado de aguas fecales e industriales a este cauce, sin autorización alguna, que comenzaron hace trece años.

Los técnicos de la CHS han constatado que los vertidos han deteriorado gravemente la rambla de Chirivel —afluente del Vélez—, con filtraciones a acuíferos, proliferación de algas y pérdida de oxígeno, lo que ha afectado a la biodiversidad y a los usos agrícolas y ganaderos de la comarca.

Absolución judicial frente a la contundente sanción administrativa

El anuncio llega apenas un año después de la sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, que absolvió al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón (PP), y al concejal de Medio Ambiente, procesados por un delito contra el medio ambiente por estos mismos vertidos.

La Fiscalía pedía tres años de prisión para ambos, pero la magistrada concluyó que, aunque existen daños ecológicos evidentes, la responsabilidad no puede recaer en los cargos municipales dado que la única solución para evitarlos era la construcción de una nueva depuradora, competencia, según la sentencia, de otras administraciones.

El contraste entre la absolución penal y la contundencia de la sanción administrativa refuerza las denuncias recogidas por elDiario.es Región de Murcia en su investigación. Pese a más de una década de vertidos, los análisis de las aguas, con cargas elevadísimas de Escherichia coli (E. coli) —un indicador específico de contaminación fecal reciente—, y los informes técnicos que alertaban del daño, la justicia había dejado sin responsables penales el vertido continuado de las aguas negras de los 8.000 habitantes de Vélez Rubio, lo que ha degradado un ecosistema fluvial clave en la comarca.

El municipio no cuenta con estación depuradora de aguas residuales (EDAR) desde 2012, cuando la riada de San Wenceslao dejó inutilizada esta instalación, que había sido construida en una lámina inundable de la Rambla del Chirivel, en el conocido como paraje El Espadín.

A pesar de lo afirmado en la sentencia, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local establece que, entre las competencias de las entidades locales, se encuentra la ejecución de los proyectos de obras de las redes de saneamiento y de las EDAR, debiendo financiarse con cargo a sus fondos.

A pesar de ello, la Junta de Andalucía declaró de interés autonómico la construcción de la nueva depuradora de Vélez-Rubio y se comprometió a financiar las obras. Para ello, impuso un canon autonómico al consistorio, que, a su vez, se lo cobraba a los vecinos a través del recibo de agua.

Resulta llamativo que, en la sentencia, queda probado que la Junta de Andalucía jamás recibió del consistorio ese canon finalista impuesto para hacerse cargo de la construcción de la nueva depuradora: ni se transfirió a la comunidad autónoma durante años ni el ayuntamiento lo destinó a lo que estaba obligado. Sin embargo, en los fundamentos de su sentencia, la magistrada Ana María Fernández señala que esa cuestión no tiene nada que ver con el delito enjuiciado.

Un municipio sin depuradora desde hace 13 años

La paradoja se completa con el anuncio, el mismo día de la sanción, de la licitación por parte de la Junta de Andalucía de tres nuevas depuradoras para la comarca de Los Vélez, con una inversión de más de 10,6 millones de euros. Una de ellas se ubicará en Vélez-Rubio.

La misma para la que hace cinco años, en febrero de 2020, la Junta de Andalucía formalizó un contrato por valor de 52.359 euros con Ibervias Ingenieros, S.L. para la redacción del proyecto de construcción.

Un retraso administrativo denunciado en numerosas ocasiones por vecinos, Ecologistas en Acción e Izquierda Unida. Para el portavoz de la plataforma ciudadana ‘Salvemos el río Vélez’, José Antonio Alcaraz, “se ha permitido que el río muera lentamente y, al final, el castigo económico será para los ciudadanos, que pagarán por la desidia y la inacción de sus representantes políticos”.

El pulso entre justicia y ecología

La multa del MITECO abre un debate incómodo: mientras la justicia penal ha exonerado a los responsables políticos, la vía administrativa reconoce un daño “muy grave” al dominio público hidráulico y exige compensaciones de cientos de miles de euros.

Para las organizaciones ambientales, el caso ejemplifica la brecha entre los tiempos judiciales y la urgencia ecológica (el caso ha estado atascado en el juzgado durante seis años), con un río convertido en símbolo de la desprotección ambiental en el sureste peninsular.

El Ayuntamiento de Vélez-Rubio ya ha anunciado que presentará un recurso potestativo de reposición y que, si este es desestimado, acudirá a la vía contencioso-administrativa. En declaraciones a EFE, el alcalde ha asegurado que “nos absolvieron penalmente porque era evidente que sin depuradora no podíamos evitar los vertidos”.

Por su parte, la coordinadora provincial de Izquierda Unida, María Jesús Amate, ha lamentado que “la dejadez de las instituciones” tenga como consecuencia un coste que recaerá sobre los vecinos de Vélez-Rubio, que llevan años pagando, a través del recibo del agua, un canon para financiar la futura depuradora. Amate también ha reclamado medidas provisionales urgentes para frenar la contaminación hasta que se ejecute la nueva EDAR.

De momento, la sanción millonaria del Ministerio no devolverá la vida perdida al río, pero sí servirá para que se agilicen los procedimientos administrativos necesarios para construir y poner en servicio la nueva depuradora.

La incógnita es si el ecosistema será capaz de recuperarse tras más de una década de contaminación crónica. Para los vecinos, la sanción es un golpe a las arcas municipales; para los ecologistas, es apenas un recordatorio oficial de lo que ya sabían: que la desidia institucional ha condenado a un río entero a una lenta agonía.

“Esto no es una ficción sobre Federico García Lorca”, repite el elenco durante la obra. Y quizá este sea uno de los puntos más potentes de la pieza que acaba de estrenarse en el Teatro del Barrio de Madrid, Federico. No hay olvido, ni sueño: carne viva. Lorca es uno más, un símbolo capaz de cambiar la percepción de toda una sociedad con sus palabras y su vida, pero uno más de los cincuenta mil andaluces que fueron asesinados y tirados en 702 fosas por toda Andalucía: “En Andalucía tenemos la mitad de las víctimas del franquismo de toda España, en veinte años no se han llegado a recuperar todavía ni cinco mil cuerpos”, dicen en la obra. 

Todo comenzó con un encargo a María San Miguel (Valladolid, 1985), directora de la compañía Proyecto 43.2 por parte del festival de títeres y objetos El Rinconcillo de Cristobica, en Valderrubio. Un festival que se realiza en pueblos lorquianos de la vega granadina en el que participa el Patronato de Federico García Lorca. “Su director, José García Ávila, me propuso investigar sobre el silencio en el pueblo de Valderrubio, el pueblo de la casa de la familia de Lorca”, recuerda San Miguel. Aquella llamada sucedió en 2022. Han sido tres largos años de inmersión. La obra no se estrenó hasta el pasado mes de junio, tres años después de aquel encargo, en el patio de la Casa Museo de Federico García Lorca. 

La compañía de San Miguel, Proyecto 43-2, es conocida por su acercamiento documental a la escena. El nombre del colectivo surge de la trilogía que hicieron a lo largo de diez años en torno a la violencia en Euskadi. Un teatro político, social y de mediación que ya en su momento sufrió censuras y presiones por tratar temas tan candentes como el proceso de Nanclares en sus obras. Es una compañía de tiempos lentos, de procesos de investigación largos.  

La obra comienza frontal, los tres integrantes de la compañía, la propia María San Miguel, Alba Muñoz y Pablo Rodríguez, entran en escena con el puño en alto cantando En la plaza de mi pueblo, canción de guerra de la CNT-FAI que, además de hacer alusión al grave problema de desigualdad en los latifundios andaluces de la época, tiene música. Es, precisamente, del Café de Chinitas, aquella popular de García Lorca que grabó con La Argentinita. 

Es inusual ver un comienzo tan políticamente explícito en la escena actual. Al preguntarle a la directora por el inicio, explica que ciertamente es una declaración de intenciones porque “la izquierda hoy está demasiado callada frente a una derecha que se cree impune”. “Es un acto de apropiación de un espacio de una mujer de izquierdas y feminista, que quiere contar algo que le atraviesa, de un pasado que me conecta con el presente, de un pasado que me cuenta y nos cuenta”, afirma. “Creo que la obra, a partir de ahí, logra quitar toda sensación de que estamos haciendo un panfleto o propaganda”, matiza. 

Lorca expandido

Desde que hay memoria democrática, los ciudadanos españoles han asistido a miles de tertulias, leído ríos de tinta y escuchado innumerables especulaciones sobre quién mató, por qué y dónde enterraron a García Lorca en aquella noche del 18 de agosto de 1936. La obra, inteligentemente, trata ese tema, pero no para centrarse en él, sino para explicar lo que, en aquella zona de España, de pueblos blancos y jornaleros, pasó en el “terror caliente” de los primeros meses del golpe de Estado. 

Así la obra se irá abriendo, expandiendo a través de historias, testimonios, libros y relaciones que la compañía ha ido encontrando, siempre apoyados en la fuerza irrigadora del poeta, en esos tres años de investigación. Primero estará la implicación personal: cuenta San Miguel en la obra que cuando tenía 17 años vio cómo desenterraban de una fosa a Josefa Torrecilla, su tatarabuela. No es fortuito que San Miguel, en sus incursiones en Granada acabara con el grupo de la Universidad de esa ciudad formado por arqueólogos, antropólogos físicos y forenses, sociólogos, historiadores y criminalistas que lleva años trabajando en la exhumación de fosas. 

“Todo comenzó cuando me fui el 18 de agosto a la jornada que organizan todos los años las asociaciones memorialistas de Granada”, explica María sobre el acto conocido como “El último paseo” en el que se recorren los pasos que dieron los asesinados en el camino entre Víznar y Alfacar. “Allí, Daniel Quiroga, que forma parte de ese grupo científico encargado de la investigación sobre las fosas, dio una charla divulgativa sobre lo que estaban haciendo. Al acabar dije que quería conocerlos”, recuerda San Miguel. 

Ese contacto es fundamental para entender la pieza. “Estando con ellos, viendo cómo trabajan, con el rigor, la delicadeza y la sensibilidad que lo hacen me quedé fascinada, viéndolos trabajar en el Barranco de Víznar, recibiendo a las familias, era como ver mi idea de democracia hecha carne: un grupo de personas con formaciones diferentes, y venidas cada una de su ámbito, colaboran juntas para generar un bien común”, explica San Miguel.

Esta obra un acto de apropiación de un espacio de una mujer de izquierdas y feminista, que quiere contar algo que le atraviesa

María San Miguel — Dramaturga

La obra, que tiene mucho de liturgia, se alimenta de todos los objetos que se utilizan en los procesos de prospección y posterior exhumación de las fosas. La compañía mezcla sus indagaciones con todo ese universo y así, por ejemplo, vemos cómo los libros son tratados como pruebas, guardados en bolsas fruto de la excavación. 

La obra superpondrá ficción y documento. Se nos dirá que unas gafas encontradas en la fosa son del periodista Constantino Ruiz Carnero y se nos contará su historia, cómo lo insultaban por las calles de Granada y le decían: “El amigo del poeta, el amigo del maricón de la pajarita”, como lo apresaron y lo mataron de una brutal paliza para luego llevarlo al cementerio y simular un fusilamiento. 

La historia de Ruiz Carnero la encuentra la compañía en Miedo, olvido y fantasía. Crónica de la investigación de Agustín Penón sobre Federico García Lorca (1955-1956), de Marta Osorio, aspecto que suma otra capa fundamental en el montaje: la perspectiva de género: “Yo, que me considero lorquiana, antes de comenzar esta investigación no sabía de Osorio o de Auclair. Están borradas del imaginario bibliográfico del poeta y que estén en la obra es también un gesto político”, explica De Miguel haciendo referencia a la hispanista Marcelle Auclair (Enfances et mort de García Lorca, de 1968), también presente en la escena. 

Lo interesante es cómo la compañía va superponiendo con inteligencia y mimo, como si fueran los científicos de ese grupo de investigadores a los que en la obra se llama los “detectives del olvido”, las diferentes capas que va tratando la obra como si fueran los estratos de su propia excavación. 

Agustina González López: presente

Del mismo modo, se recuperará en la obra la figura de Agustina González López, aquella mujer que sirvió de inspiración a Lorca para La zapatera prodigiosa, granadina díscola que se disfrazaba de hombre para salir por las noches, “filósofa, escritora, política, feminista y rebelde”, como se la presenta en la obra. Una de las figuras más relevantes de la Andalucía republicana que había caído hasta hace bien poco en el olvido. 

Su historia es terrible, la apresan por “puta” y la fusilan. A Agustina la encontraron hace tres años en el Barranco de Víznar. No encontraron a otras dos mujeres de las que no se sabe nada y que fueron apresadas junto a ella. “Hay bastantes posibilidades de que fueran violadas y torturadas antes de ser ejecutadas. Las mujeres siempre aparecen arrojadas en las fosas con menos, con todavía menos, dignidad. Pero nunca lo sabremos porque no hay registro de la violencia que se ejercía sobre las mujeres”, dice De Miguel en ese momento en la obra. 

Cuando dijo estas palabras en el estreno del Teatro del Barrio la directora y actriz se emocionó visiblemente. Al preguntarle por qué, otra vez emocionada, contesta: “Hablando con el equipo de investigadores me decían que en Granada el número de cuerpos de mujeres encontradas era igual que el de hombres”, recuerda De Miguel. 

“En mi imaginario, creía que eran más los hombres fusilados, pero investigando fui viendo cómo hay mujeres potentísimas a las que se cargaron y luego, además, se ocuparon de silenciar, de borrarlas. Y me emociono porque es imposible no unir esto con el presente. Yo, Alba que es mi compañera de trabajo, mis amigas y conocidas, seríamos esas mujeres hoy. Me emociono porque estoy también hablando de mí, de las mías”, afirma. 

La obra sigue engarzando unas historias con otras, siempre teniendo a Lorca como centro, pero siempre expandiéndose. Así se recordará al alcalde de Alcanadre en La Rioja a quien de las almendras que guardaba en el bolsillo del pecho le floreció un almendro, al niño de once años que recuperaron del fondo de una fosa (fue el primero en caer) en el propio Barranco de Víznar donde también se creyó que pudo ser enterrado el poeta. Historias que van calando en el público, que van uniendo presente, pasado y olvido, que van rescatando, sacando a flote, una realidad todavía hoy con más del 90% de sus casos sin resolver. 

En mi imaginario creía que eran más los hombres fusilados, pero investigando fui viendo que hay mujeres potentísimas a las que se cargaron y luego se ocuparon de silenciarlas

María San Miguel — Dramaturga

La pieza concluye con otro de los caminos que la compañía encuentra en su recorrido. En este caso se trata de Laura Campoy, que entabló amistad con la compañía y ahora distribuye la obra. No haremos spoiler, tan solo decir que es uno de los momentos más emocionantes del montaje, un momento en el que además el tiempo se paraliza y la compañía, durante un cuarto de hora, va limpiando los huesos de un cadáver en escena mientras Campoy cuenta. Amalgama de acción teatral, documento, presente y emoción. 

La obra estará hasta navidades en el Teatro del Barrio de Madrid. Además, ha comenzado un podcast de cinco capítulos y ya tiene apalabradas algunas funciones en gira. No muchas. Algo que sorprende por la pertinencia del proyecto. Al preguntarle a la directora si está teniendo dificultades en la distribución es clara: “No está yendo tan mal, aunque ya sabíamos que en las concejalías de Cultura donde este Vox o el PP no se hará, muchos programadores ya me han dicho que la orden que tienen es no programar nada político”, afirma. 

Proyecto 43-2 es una de las compañías más relevantes de Valladolid. Al preguntarle por si ha podido representar la obra en su ciudad, De Miguel es clara: “No la he hecho, ni la voy a hacer porque la concejalía de Cultura del Ayuntamiento es de Vox. En el Teatro Calderón ya me dijeron que no y en el Laboratorio de Artes de Valladolid, que es más contemporáneo, todavía no he tenido respuesta desde hace dos años”, explica. “Podría hacerlo en otro espacio, esta obra la hemos hecho en el mismo Barranco de Víznar, o en un espacio alternativo, como ahora lo hacemos en el Teatro del Barrio, pero no quiero. Creo que este trabajo tiene que estar en los teatros públicos y si no quieren que esté en Valladolid, también esa ausencia cuenta muchas cosas”, concluye.

Agua de color rosa chicle borboteando entre restos de compresas, preservativos, toallitas y kilos de papel higiénico: es el panorama desolador y ciertamente inquietante que muestra el río Vélez —también conocido en parte de su curso como río Corneros— a su paso por la localidad almeriense de Vélez Rubio.

Unos pocos kilómetros aguas abajo, el curso cruza la frontera administrativa de la Región de Murcia y atraviesa las pedanías de Fontanares y la Tova-La Parroquia, en el municipio de Lorca, hasta encontrarse con el río Luchena en el pantano de Puentes, donde nace el Guadalentín, el principal afluente del Segura en su margen derecha.

Ahí desemboca una “sopa tóxica” cuyos ingredientes principales son una mezcla de vertidos químicos industriales, la materia fecal y la orina de los 8.000 habitantes de Vélez Rubio. Un municipio que no cuenta con estación depuradora de aguas residuales (EDAR) desde 2012, cuando la riada de San Wenceslao dejó inutilizada esta instalación, que había sido construida en una lámina inundable de la Rambla del Chirivel, en el conocido como paraje El Espadín.

El mismo desastre natural también causó la rotura de los colectores que alimentaban la EDAR. Desde entonces, las aguas negras de este municipio junto a las industriales generadas por las factorías de la zona, salen a la rambla sin tratar. Un vertido continuo durante más de dos décadas que ha llevado al límite a los ecosistemas acuáticos y terrestres ligados al río Vélez.

Las pruebas: una “sopa tóxica” a base de E. coli

Los análisis realizados por laboratorios independientes a petición de Ecologistas en Acción, Izquierda Unida Lorca -que llevó el caso al Parlamento Europeo- y la plataforma vecinal ‘Salvemos el río Vélez’ han demostrado cargas elevadísimas de Escherichia coli (E. coli), un indicador específico de contaminación fecal reciente.

La normativa sanitaria no admite la presencia de esta enterobacteria en el agua para consumo humano, animal o riego. Sin embargo, las muestras extraídas del río Vélez han llegado a albergar hasta 108.000 unidades formadoras de colonias de E. coli por cada 100 mililitros. En el contexto de un análisis de orina, este resultado sería el equivalente a una infección grave del tracto urinario que requeriría tratamiento médico.

En España, la metodología de control para la contaminación fecal en aguas recreativas y superficiales usa precisamente el E. coli y otras bacterias intestinales como indicadores clave para valorar su salubridad, lo que avala la lectura de estos datos como una situación de riesgo sanitario y ecológico. Sanitario, porque las aguas negras del río Vélez se están empleando para el riego agrícola, el abastecimiento de ganadería y también por los usuarios del pantano de Puentes; ecológico, porque los vertidos crónicos de aguas urbanas sin tratar también provocan déficit de oxígeno disuelto y proliferaciones bacterianas que causan mortalidad de la fauna acuática y la degradación del hábitat ribereño.

Cuando esto sucede en la cabecera de un río, el daño tiene, además, un efecto multiplicador, porque la contaminación se transmite tanto a los embalses como a los tramos inferiores del curso. Por no hablar de que, en cuencas mediterráneas, es frecuente que las lluvias torrenciales remuevan los sedimentos, movilizando la contaminación almacenada.

Dos décadas de contaminación sin responsables para la justicia

En 2018 la Fiscalía denunció la contaminación del río Vélez en una causa de la que se ha ocupado el Juzgado de lo Penal número 1 de Almería, con el Ayuntamiento de Lorca y la Abogacía del Estado —en representación del Ministerio de Transición Ecológica— ejerciendo la acusación particular.

Seis años después llegó la sentencia: la magistrada Ana María Fernández reconoció los daños causados al dominio público hidráulico a causa de los vertidos, pero decidió absolver al alcalde de Vélez-Rubio, Miguel Martínez Carlón Manchón, del Partido Popular, de un delito contra el medio ambiente por el que la Fiscalía le reclamaba tres años de prisión.

La magistrada no apreció su responsabilidad en la contaminación de la rambla de Chirivel ni del río Vélez, a pesar de que ambos cauces llevan utilizándose como aliviadero de vertidos municipales desde 2012.

La controvertida sentencia sostiene que estos han producido daños en el ecosistema, con un “cambio sustancial de la calidad del agua” así como “filtraciones a los acuíferos de la zona”, lo que conlleva un riesgo para el equilibrio del sistema natural; pero, al mismo tiempo, descarta que el regidor y el concejal Juan José Parra García, que en el momento de los hechos tenía delegadas las competencias de medio ambiente en el Ayuntamiento de Vélez Rubio, omitieran deliberadamente “cualquier tipo de acción” para evitar la contaminación, a pesar de que ambos eran conocedores de la situación. Para la magistrada no existió imprudencia ni obstaculización dolosa tal —como sí defendió el Ministerio Público—para la solución del problema ambiental.

Los vecinos pagaron por una obra que no se ha hecho

La sentencia da por bueno que, como aseguró el primer edil, el ayuntamiento de Vélez Rubio “ni tenía competencia ni tenía capacidad para realizar la obra que requería la depuradora”. Algo que choca frontalmente con la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, que establece entre las competencias de las entidades locales, la ejecución de los proyectos de obras de las redes de saneamiento y de las EDAR, debiendo financiarse con cargo a sus fondos.

Durante el juicio, Martínez Carlón Manchón reconoció que el ayuntamiento “carecía de permiso” para el vertido de aguas residuales (en realidad no lo tiene desde 2007, mucho antes de la riada), una autorización imposible de conseguir sin contar con una nueva EDAR.

También quedó probado que la Junta de Andalucía jamás recibió del consistorio el canon finalista impuesto para hacerse cargo de la construcción de la nueva depuradora: ni se transfirió a la comunidad autónoma durante años ni el ayuntamiento lo destinó a lo que estaba obligado. Sin embargo, en los fundamentos de su sentencia, la magistrada señala que esa cuestión no tiene nada que ver con el delito enjuiciado. Todo, al mismo tiempo en que también asegura que “la única forma” de conseguir evitar el daño que los vertidos de aguas residuales están produciendo sobre el medio ambiente, pasan por construir una nueva depuradora.

Una infraestructura que sigue protagonizando sucesivos anuncios grandilocuentes que nunca llegan a materializarse. En febrero de 2020, la Junta de Andalucía formalizó un contrato por valor de 52.359 euros con Ibervias Ingenieros, S.L. para la redacción del proyecto de construcción de la nueva EDAR y el colector general de Vélez Rubio.

A día de hoy, las obras no han empezado. Ni siquiera está claro en qué terrenos se va a ubicar.

Qué dice la normativa del agua

La Directiva Marco del Agua (DMA) y su trasposición en España obligan a prevenir e impedir vertidos que comprometan el buen estado ecológico de las masas de agua. Las confederaciones hidrográficas, como la del Segura (CHS), a la que pertenece el Vélez, tutelan el dominio público hidráulico: si hay vertidos no autorizados o incumplimientos reiterados de autorizaciones, pueden abrir expedientes, imponer sanciones y exigir la reparación del daño.

En ese sentido, la CHS asegura que lleva años pendiente del vertido asociado a la EDAR de Vélez Rubio, y que ha abierto varios expedientes al Ayuntamiento con la imposición de multas, cuyo pago sale del erario público.

Menos eficaz está siendo la vía resarcitoria. Ni siquiera se han valorado aún los daños al dominio público hidráulico por el tiempo que el río lleva sometido a vertidos.

Afectados consternados

Los integrantes de la plataforma ‘Salvemos el río Vélez’, que han vertebrado la queja vecinal y llevan años reclamando soluciones, a duras penas pueden digerir el sentido de la sentencia de una justicia en la que confiaban.

Su portavoz, José Antonio Alcaraz, se ha mostrado “desolado”. “El hecho de que oficialmente no haya responsables da a entender que no existe una obligación, ningún deber que se deba cumplir por parte de nadie”, se lamenta.

Desde Izquierda Unida Lorca, organización política que ha ejercido de correa de transmisión entre vecinos, administración hidráulica y opinión pública se preguntan “qué autoridad moral podemos esgrimir para exigir agua de otras cuencas mientras aquí hacemos una gestión absolutamente negligente de nuestros propios cauces y se tolera un tratamiento de las aguas residuales propio de la Edad Media”.

Tampoco están siendo escuchadas las exigencias de Ecologistas en Acción de que se proceda a la restauración ambiental del río Vélez, que sigue amenazado.

Es cierto que, en los últimos dos años y desde un punto de vista macroscópico, el río Vélez muestra una disminución de la turbiedad en sus aguas —que han llegado a ser de color completamente negro en alguno de sus tramos— y los análisis más recientes indican un descenso de la contaminación química. Sin embargo, continúa existiendo proliferación de algas clorofíceas, indicativas de presencia de materia orgánica disuelta en el agua. O lo que es lo mismo, sigue habiendo contaminación biológica.

La gran pregunta ahora es, si la depuradora sigue sin construirse, pero las aguas del río parecen más limpias, ¿adónde se está canalizando esa sopa tóxica?