Duro Felguera presentará entre hoy, jueves, y mañana su plan de reestructuración ante el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón para tratar de obtener su validación definitiva tras el respaldo mayoritario de sus acreedores y la aprobación de sus accionistas.

Fuentes cercanas al proceso han explicado a EFE que la presentación del plan se desarrollará a lo largo de dos jornadas y que después el juzgado tendrá un plazo de un mes para dictar una resolución.

El plan de reestructuración incluye medidas como una inyección de capital de 10 millones de euros por parte del grupo mexicano Prodi, socio mayoritario; una quita de la deuda; desinversiones de activos no estratégicos, como la sede de Gijón, y el redimensionamiento de la plantilla, que a futuro podría quedar reducida a la mitad, con unos 500 trabajadores.

Duro Felguera ya activó un ERE el año pasado con cerca de 200 despidos afectando a trabajadores de las empresas DFSA (centros de trabajo de Asturias y Madrid), DFOM (Asturias, Cartagena, Huelva, Tarragona, Las Palmas y Madrid), DF Energy Storage (Asturias, Huelva y Madrid, DF Intelligent Systems (Asturias) y DF Green Tech (Asturias).

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Gijón admitió a trámite la petición de homologación del plan de reestructuración a finales del mes de octubre, después de que la ingeniería lograra el respaldo mayoritario de sus acreedores, que fue de más de tres cuartos de los créditos en la clase 1.

Dicho plan fue ratificado el pasado 14 de noviembre por la junta extraordinaria de accionistas de Duro Felguera, donde la dirección de la compañía defendió que se trata de un plan “sólido y viable” que permitirá abrir “una nueva etapa” y “afrontar el futuro con bases sólidas”.

La compañía solicitó el preconcurso en diciembre del 2024 para garantizar su “viabilidad futura y la conservación del mayor número de puestos de trabajo posibles”, y también para buscar una solución a los litigios que le afectaban, especialmente el relacionado con un proyecto en Argelia.

Duro Felguera cerró el 2025 con unas pérdidas de 71 millones de euros, un 27,8 por ciento menos que las registradas el ejercicio anterior, y una deuda financiera de 285 millones.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), no cree que, “en principio”, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que concluye que el Plan Singular de Interés Regional (PSIR) del Llano de La Pasiega, en Piélagos, no está en vigor vaya a tener “consecuencias” en el desarrollo de las obras en curso del futuro centro logístico.

El Ejecutivo regional mantiene su hoja de ruta en relación a La Pasiega, cuyas obras de la primera fase se encuentran en un “avanzado” estado de ejecución y continúan “con normalidad”.

Así lo ha afirmado este miércoles, a preguntas de la prensa, Buruaga al ser cuestionada en Argoños por la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC conocida este martes, y contra la que no cabe recurso, en la que confirma que el PSIR de La Pasiega no está en vigor dado que no fue publicado su texto íntegro en el BOC tras la aprobación definitiva en abril de 2022. Y es que el tribunal considera que la publicación solamente de un vínculo o link que remita a una web no es suficiente para su entrada en vigor.

Buruaga ha asegurado que la sentencia “en ningún caso cuestiona la validez” del PSIR sino la “vigencia”. “Lo que se cuestiona es si entró en vigor, si es de aplicación y si se puede aplicar como consecuencia de la falta de su publicación íntegra”, ha indicado Buruaga, que también ha añadido que ello le hubiera correspondido al anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Estrategia jurídica

Buruaga ha señalado que se trata de una cuestión jurídica “muy compleja” y que hay que “analizar en profundidad”. Ha garantizado que el Gobierno no solo va a “reaccionar para defender la legalidad de la actuación” por parte de la Administración, sino también “para tratar de ”garantizar“ y ”apuntalar la seguridad jurídica“ del PSIR, así como de todas las actuaciones que ”cuelgan“ y derivan de él y ”proteger el desarrollo de este proyecto y con él el interés general de la comunidad“.

“Eso es lo que estamos haciendo en este momento, analizar jurídicamente esta cuestión para diseñar una estrategia jurídica con detenimiento, con rigor y con prudencia, ha dicho.

Buruaga ha avanzado que se trabaja “en dos vías”. Una pasa por pedir la nulidad de las actuaciones en este procedimiento, algo que no ha descartado, ya que el Ejecutivo ha resultado afectado “sin haber sido parte” (es un recurso del Ayuntamiento de Piélagos contra una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santander en relación a la liquidación del IBI).

Y por otro lado, se está “valorando la oportunidad y la conveniencia de proceder a la publicación íntegra del PSIR” ya que “lo prioritario en este caso es reforzar la seguridad jurídica de este instrumento y salvaguardar las actuaciones pendientes”, como puede ser la firma del convenio de la estación intermodal de La Pasiega o el desarrollo de la segunda fase del PSIR, que además se pretendía anticipar. En estos momentos se están analizando esas dos vías y “probablemente” el Gobierno adoptará una decisión “antes de que termine la semana”.

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha concedido este miércoles una entrevista al director de elDiario.es, Ignacio Escolar, durante su participación en la jornada 'Todo un país de turismo V. Vanguardia responsable', organizada por este medio. Se ha mostrado convencido de que España “tiene garantizado el suministro energético del transporte aéreo”, pero la “interdependencia” hace que los viajes dependan también de otros aeropuertos.

“El suministro energético del transporte que nos conecta con el mundo, el aéreo, está garantizado, y tenemos el mayor y mayor operador aéreo del mundo, que al operar en red nos da una fortaleza. Pero uno se da cuenta de la interdependencia. Podemos llenar los aviones de Málaga, Madrid o Barcelona, pero también dependemos de que en Hannover o Heathrow puedan llenar los suyos”, ha reflexionado, mientras el sector advierte de los problemas con el queroseno, aerolíneas como Lufthansa están ya cancelando vuelos y la UE lo achaca a un problema de “rentabilidad” de las empresas.

El ministro además ha sido cauto a la hora de hacer previsiones porque ante el conflicto de Irán, la situación “es como una noria, unos días parece que sí, otros días parece que no”. España, no obstante “es menos dependiente de Ormuz porque tiene muy diversificado el suministro y además tiene muchas refinerías”, ha aportado Hereu, condiciones que dan “menos vulnerabilidad y mayor resistencia” al país.

La transición energética, “reforzada”

Más allá de los problemas de queroseno, el miembro del ejecutivo ha asegurado que “la apuesta por la transición energética se ve reforzada” ante el problema de suministros y precios del queroseno. “La apuesta por el SAF (combustible sostenible de aviación, producido con residuos orgánicos) saldrá reforzada de esta crisis, porque además de tener menos emisiones, lo podemos producir nosotros”, ha dicho Hereu.

Si por un lado el turismo puede verse afectado por la subida de los precios de combustibles y la crisis de suministros, por el otro el desvío de viajes procedentes de Oriente Próximo al Mediterráneo europeo puede hacer que España aumente la llegada de turistas. Antes de entrar a valorar esta situación, Hereu ha querido dejar claro respecto a los bombardeos de Trump en Irán que “no se pueden vulnerar los derechos humanos” y que “lo que está pasando es muy grave”. “Nuestro liderazgo es de empatía con el mundo, deseamos la paz y nunca hemos vivido de problemas ajenos”, ha dicho.

Una “mezcla de factores”

Aclarado este punto, Hereu ha señalado que se dan ante la temporada de turismo “una mezcla de factores, que unos suman y otros restan”. “Pero no sé el resultado”, ha dicho. “No me gustaría una avalancha, es difícil de gestionar”, ha dicho, así como ha asegurado que “la calidad va en contra de la masificación”. “Nos interesa más el valor que el volumen, esto lo dicen quienes tienen un grado de volumen, pero el valor cualitativo de la experiencia es la que te lleva a repetir. Y quien va a España, repite”, ha reflexionado.

Pero el turismo ya no va solo de la experiencia del turista, ha advertido Hereu, y hay que “aplicar una visión transversal” para “decidir que en ocasiones el vecino es el centro de todo”. Lo ha dicho en referencia a la decisión de Barcelona de eliminar las licencias de apartamentos turísticos, medida que ha apoyado aunque ha reconocido que “cada realidad es diferente”. Para conseguir un “turismo sosegado” como ha definido, la clave es “gobernar la oferta”

“A veces somos vecinos, a veces somos trabajadores, a veces somos líderes de administraciones, por eso el turismo va de personas y de adaptarse a las diferentes situaciones”, ha dicho Hereu. El ministro ha defendido en ese sentido que debe haber “más calidad y mejores salarios en el sector turístico”.

La industria asturiana ha dado este viernes en Mieres un paso inédito hacia la sostenibilidad con la firma de la Declaración Industrial Asturiana 2030, el primer compromiso colectivo del sector con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU en la comunidad. 

El acuerdo ha sido suscrito en la Escuela Politécnica de Mieres por siete entidades, entre empresas industriales y administraciones, en el marco de la jornada ‘Industria que cumple. Empresas asturianas ante la Agenda 2030’. 

El acto ha reunido a representantes institucionales y empresariales en un formato de trabajo directo que ha culminado con la firma del documento al finalizar la jornada que se ha desarrolldo en el campus de Mieres de la Universidad de Oviedo. 

La declaración recoge compromisos en ámbitos como la eficiencia energética y la descarbonización, la economía circular, la digitalización, el empleo de calidad y la cooperación territorial, con el objetivo de alinear el tejido industrial asturiano con las exigencias europeas en materia de sostenibilidad. 

Entre los firmantes se encuentran compañías con actividad en Asturias como TK Escalator Norte, Auxquimia, Instalaciones VIGIL y Mieres Rail, junto a la Dirección General de Agenda 2030 del Principado, el Ayuntamiento de Mieres, la Universidad de Oviedo y la Fundación Asturiana de la Energía. 

El documento se articula en cuatro ejes estratégicos que abarcan desde la transición energética hasta la retención de talento, e incorpora además mecanismos de seguimiento para evaluar el cumplimiento de los objetivos hasta el horizonte de 2030. 

Con este paso, el tejido industrial asturiano trata de posicionarse ante los retos de la transición energética y digital, en una comunidad con un fuerte peso del sector manufacturero y llamada a adaptarse a los nuevos estándares europeos. 

La jornada

Durante la jornada se han expuesto las buenas prácticas de sostenibilidad de empresas e instituciones, con el foco en dejar un mundo mejor al albur de la Agenda 2030. El director general de la Agenda 2030 del Principado de Asturias, Juan Ponte, defendió que el documento de la ONU “es una trasposición política de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”, como “criterios universales que redundan a la prosperidad de cualquiera”. Ponte defendió que las empreesas que más internalicen la sostenibilidad “más van a prosperar y más competitivas van a ser en el mercado”.

El alcalde de Mieres, Manuel Ángel Álvarez, hizo un alegato para hablar “de lo bueno que tenemos” en los territorios, destacando las empresas industriales del concejo y su compromiso con un futuro más sostenible generando empleo y actividad económica. Juan Carlos Ríos, secretario académico de la Escuela Politécnica de Mieres, expuso los aportes a la agenda y la sostenibilidad que se hace desde la formación universitaria de la cuenca minera, cuya oferta de titulaciones y ámbito de investigación entronca con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En el ámbito empresarial ofrecieron sus testimonios de retos de sostenibilidad en la industria las empresas TK Escalator Norte, con su director de calidad y medioambiente Ignacio Muñiz, Julio Fernández, director de Mieres Rail y Javier Castro, director general de Auxquimia; así como la Fundación Asturiana de la Energía con su director Carlos García.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha cerrado este miércoles en China, en compañía del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la inversión de 405 millones de euros de la empresa Hithium para instalar en la comunidad foral una fábrica de baterías de almacenamiento eléctrico que generará más de 700 empleos directos. Con el acuerdo sellado este martes, Navarra y la empresa china se comprometen a avanzar en “el desarrollo, construcción y operación” de la futura gigafactoría de sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS).

El texto señala en este sentido que esta iniciativa supondrá “una contribución sustancial a la transición energética verde de Europa, al tiempo que reforzará la sólida cooperación económica y comercial entre China y España”. 

Durante el encuentro, la presidenta Chivite ha incidido en que, “aunque todavía quedan pasos y detalles por concretar”, la inversión “va a materializarse en la comunidad, lo que supone una buena noticia para todos los navarros y navarras”. Ha adelantado asimismo que la previsión de la empresa es que pueda empezar a producir en el año 2027. 

Chivite ha destacado además que Navarra tiene experiencia en la materialización de proyectos extranjeros, y ha remarcado la seriedad de la comunidad a la hora de trabajar, la cercanía de las instituciones y el fortalecimiento de los ecosistemas navarros que suponen estas inversiones. 

Por su parte, el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, ha remarcado que el acuerdo alcanzado ha sido resultado de una “labor intensa de más de tres años de contacto directo, de siete visitas de los representantes chinos a Navarra y de cuatro viajes a China de delegaciones del Ejecutivo foral”. En este sentido, ha destacado que la comunidad ha sido escogida para este proyecto por su ecosistema industrial, en concreto, “los servicios de ingeniería que ofrece, su nivel de centros tecnológicos, servicios industriales, capacitación, universidades y formación profesional”. 

En la reunión, además de la delegación navarra, ha participado por parte de la compañía el doctor Qi Tang, director de Estrategia de Hithium, que ha afirmado que el acuerdo marca un “hito” en la inversión de la empresa china en Navarra. Tang ha valorado así positivamente las relaciones entre China y España, y ha manifestado la intención de Hithium de poner en marcha el proyecto “tan pronto como sea posible”. 

“Creemos que tanto Navarra como España ofrecen la atmósfera comercial correcta para nosotros y para otras compañías chinas para desarrollar sus negocios en Europa”, ha explicado, al tiempo que ha mostrado su confianza en que el proyecto de la futura fábrica de baterías en Navarra “será muy exitoso”. 

Asimismo, Tang ha destacado que una de las razones para la elección de Navarra ha sido la “eficiencia de las autoridades navarras en el proceso”, así como el “fuerte apoyo” mostrado por las mismas durante la toma decisiones. 

El pasado noviembre, durante la anterior misión comercial que realizó el Gobierno de Navarra a China, la Presidenta Chivite pudo visitar también las instalaciones de la empresa en Chongqing. Posteriormente, este marzo la compañía china anunció su intención de construir una gigafábrica en Navarra, destinada tanto a la fabricación de celdas como al ensamblaje de sistemas de almacenamiento en baterías estacionarias, con una inversión total de 400 millones de euros. 

En esta misma línea, se celebró también el pasado 10 de marzo una reunión en el Palacio de Navarra entre la Presidenta Chivite, el consejero Irujo, el director de inversiones de Hithium Energy Storage, Hao Wang, y la directora legal de la compañía Lily Lu.

Hithium es una empresa china fundada en el año 2019, con sede en Xiamen. Cuenta con instalaciones de producción de baterías en Xiamen, Chongqing y Heze en China y Dallas en EEUU. La nueva fábrica supondrá por tanto la segunda ubicación de esta empresa fuera de China, y la primera en la Unión Europea.

La compañía energética china está especializada en concreto en sistemas de almacenamiento de energía estacionaria (BESS), y cuenta con múltiples centros de I+D+i y plantas de producción. En la actualidad, está posicionándose entre los principales actores globales del sector de baterías de gran escala para aplicaciones industriales, comerciales y de servicios públicos. Se trata de la empresa líder en este sector en China, y la número dos del mundo.

Las décadas de 1920 y 1930 enfrentaron al químico alemán Hermann Staudinger con casi todo el mundo, tanto en su disciplina como en la arena política. Pacifista durante la Primera Guerra Mundial, hijo de un militante socialdemócrata y casado con una comunista, Staudinger acabaría siendo denunciado por el filósofo Martin Heidegger con la llegada del nazismo. Al tiempo de la denuncia, Staudinger era consejero de la IG Farben, el gigante industrial conformado en 1925 mediante la fusión de las grandes empresas químicas alemanas —entre ellas, BASF y Bayer— y que sería una herramienta fundamental del poder nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Este poder derivaba en gran parte de los descubrimientos científicos de Staudinger, quien en 1953 recibiría el premio Nobel de Química por sus trabajos sobre las macromoléculas.

Ya desde 1920, Staudinger había defendido que las moléculas podían estar unidas a través de una larga cadena. Se tardó más de una década en que la comunidad científica aceptara esa idea, pero hoy a esas macromoléculas las llamamos polímeros (por ejemplo, el ADN, el ARN, el almidón y las proteínas lo son). Como si fuera un tren, cada polímero está formado por una serie de subunidades —los vagones— llamados monómeros; y el tipo de combinación de los monómeros proporciona las características químicas del polímero en cuestión. Podemos entenderlo como si se tratara de bloques de construcción que pueden ordenarse de diferentes formas, dando lugar a distintas sustancias que están presentes de forma natural a nuestro alrededor. Y que también pueden crearse artificialmente.

Pongamos el caso del caucho vulcanizado, un producto semisintético creado a partir del caucho natural y que en la década de 1930 se obtenía en un 90% de Sri Lanka, India y Malasia; una concentración peligrosa desde el punto de vista geopolítico. El caucho era indispensable a nivel militar, pues se usaba para los neumáticos y para el sellado y aislamiento de las piezas de los vehículos, de modo que aprender a crear caucho completamente sintético se convirtió en un objetivo central de las industrias químicas —siempre apoyadas, cuando no directamente dirigidas, por los Estados—. En aquellos tiempos convulsos los países buscaban garantizarse la autosuficiencia, para lo que necesitaban tanto el control activo de los recursos naturales —lo que empujaba al expansionismo territorial y al imperialismo— como reducir las dependencias comerciales respecto a otros países.

Desde finales de los años veinte y, sobre todo, en la década de los treinta, los descubrimientos de cómo construir polímeros sintéticos a gran escala se produjeron en cascada. El PVC, el caucho sintético, el polietileno —el polímero más simple de todos—, el nailon… fueron apareciendo en escena. Como en otras ocasiones, la industria militar se convirtió en el catalizador de las innovaciones y descubrimientos. De hecho, el investigador Adam Hanieh considera que la Segunda Guerra Mundial puede etiquetarse sin exageración como ‘Guerra de los Polímeros’. En todo caso, estos productos transformaron el mundo: hicieron los productos más baratos y reproducibles a gran escala, algo ideal para la guerra, pero también facilitaron la democratización posterior del consumo de bienes y la multiplicación de estos. Se trata del despliegue de la industria petroquímica, y nuestro mundo actual no puede comprenderse sin tales acontecimientos —a pesar de que apenas forman parte del debate contemporáneo—.

Para comprender por qué la actual guerra en Irán no es sólo una cuestión de barriles de crudo, sino un golpe al corazón de la producción material contemporánea, es necesario abrir la caja negra de la industria petroquímica y entender de qué está hecha.

Son productos fósiles

Con la producción de polímeros sintéticos los países lograron escapar de las dependencias de ciertos recursos naturales, viéndose así libres de servidumbres geográficas. En realidad, el cambio fue de una dependencia por otra. El problema es que entonces, exactamente como ocurre ahora, se minusvaloraba la importancia de la energía fósil: ya fuera en carbón o petróleo, era tan abundante que no se consideró como una limitación seria para la producción de polímeros y bienes de consumo. Pero lo cierto es que toda la industria petroquímica es dependiente de estas fuentes de energía, y según la Agencia Internacional de la Energía (AIE) supone actualmente el 14% de la demanda global de petróleo y el 8% de la de gas natural. Lo relevante es que esta demanda no es sólo para usarse como energía, sino que también es para usarse como insumo del proceso productivo.

Debe tenerse presente que cuando se extrae petróleo crudo de los pozos, lo que se obtiene no se parece mucho a la gasolina con la que alimentamos cotidianamente nuestros vehículos. Es una mezcla de compuestos hidrocarbonados que deben transformarse o ‘refinarse’. Esta fase de refino es la que sigue a la de extracción, y consiste en separar químicamente los diferentes componentes del crudo utilizando procesos que involucran muy altas temperaturas. En la misma planta de refino también se suelen tratar y mejorar las calidades de los productos resultantes, algunos de los cuales son la gasolina —que supone en torno al 45% del barril de crudo—, el gasóleo y diésel, combustibles para reactores, y otras sustancias que se usan como insumos de la industria petroquímica —como la nafta—.

Será la industria química, en una tercera fase, la que recoja los insumos pertinentes del proceso de refinado y los transforme en los productos petroquímicos básicos. Así, en esta fase entran la nafta, el etano, el propano y el metano —todos procedentes del refinado de petróleo y gas natural—, y salen productos tales como las olefinas ligeras (etileno y propileno) y los aromáticos (bencenos, toluenos y xilenos). Todos estos nombres resultan totalmente ajenos a nuestro día a día, pero son la base del 95% de todos los bienes manufacturados: pocos bienes actuales no son producidos de una u otra forma por la industria petroquímica. Por ejemplo, el empaquetado de productos representa el 36% de la demanda global de plástico, pero le sigue la industria textil sintética, la industria de la construcción y los productos de consumo tales como juguetes y utensilios pero también medicinas, paneles solares, gafas, bicicletas y hasta chalecos antibalas.

El punto central de este análisis es comprender que todos esos productos manufacturados dependen de la extracción y procesamiento de la energía fósil. Como ya he mencionado, los combustibles fósiles —actualmente sobre todo petróleo y gas natural— son usados como combustible y como materia prima. Eso es lo que explica que sea tan habitual lo que se conoce como integración vertical, es decir, la propiedad por parte de una misma empresa tanto de las fases de extracción como refino y petroquímica. Asimismo, esta situación explica la ventaja que encuentra Oriente Medio en el desarrollo de la industria petroquímica: sus costes energéticos son mucho más bajos.

El giro de Oriente Medio hacia China

Como expliqué en un análisis anterior, la creciente importancia del petróleo a principios del siglo XX convirtió a Oriente Medio en el objeto central de la rivalidad imperial europea —con Gran Bretaña controlando directa o indirectamente desde Egipto hasta Irán, donde adquirió el control de la Anglo-Persian Oil Company (APOC), actual BP—. Tras la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía pasó a las compañías estadounidenses, pero también emergieron movimientos nacionalistas que culminaron en episodios como la nacionalización iraní de la APOC —en ese momento llamada Anglo-Iranian— por parte de Mossadegh en 1951 y el consiguiente golpe de Estado anglo-estadounidense. Como ha mostrado Adam Hanieh en Crude Capitalism, ese espíritu nacionalista cristalizó en la creación de la OPEP en 1960 y, al calor de la guerra del Yom Kippur, en la oleada de nacionalizaciones petroleras de los años setenta. De manera significativa, aquellos movimientos de socialización de empresas no se revirtieron en las décadas posteriores cuando el neoliberalismo se convirtió en la ideología oficial de Occidente.

En efecto, durante los años ochenta y noventa los países occidentales abrazaron la ideología neoliberal que promovía el triunfo del mercado sobre el Estado, lo que llevó a una oleada de privatizaciones que alcanzó también a España con la venta de más de cien empresas públicas. La ironía es que en ese mismo momento China desplegaba una estrategia de desarrollo basada en la industrialización dirigida por el Estado, con un enorme peso de las empresas públicas y semipúblicas. Por su parte, los países del Golfo Pérsico no sólo retuvieron el control público de las empresas, sino que también iniciaron un proceso de diversificación de su economía para no depender tanto de la extracción de petróleo.

Los países del Golfo se convencieron de que debían industrializarse con nuevas manufacturas, y también en refino y petroquímica, pero no confiaron en el libre mercado para ello. Por el contrario, en 1968 Bahrein lanzó un primer plan quinquenal destinado a crear una industria de aluminio y astilleros; algo que Dubai y Omán harían también unos años más tarde. En 1976, Arabia Saudí daría el salto con la creación de Saudi Arabia Basic Industries Corporation (SABIC), hoy convertida en una de las principales compañías petroquímicas del mundo y propiedad principalmente de Aramco, la empresa pública de petróleo y gas de Arabia Saudí. Otros países, como Emiratos, también llevan décadas utilizando sus empresas públicas petroleras para controlar las fases de refino y petroquímica y, de ese modo, tener un mayor control sobre la cadena fósil al tiempo que diversifican parcialmente su economía. Las empresas estatales del Golfo no son enteramente públicas, sino que están participadas también por capitales privados tanto nacionales como internacionales —lo que ha dado lugar a la multiplicación de una élite multimillonaria vinculada a sus gobiernos—.

Esa estrategia energética no se ha limitado a la región. El proceso de industrialización china, y su incorporación a la economía mundial a partir de 2001, requirió grandes cantidades de petróleo que los países del Golfo estuvieron dispuestos a abastecer. Desde ese momento, las relaciones entre el Golfo y China se han estrechado tanto que el año 2024 fue el primero en el que el comercio Golfo-China superó al comercio Golfo-Occidente. En el caso de las exportaciones de bienes petroquímicos, la orientación hacia Asia es clara, pues China recibe el 28% e India el 23%.

En el año 2024, las dos regiones mundiales que más crecieron en producción de bienes petroquímicos fueron China (6,8%) y los países del Golfo (5,7%). Sin embargo, la interrelación no fue solo comercial sino también de inversión, con capital asiático invirtiendo en el Golfo y con capital del Golfo invirtiendo en Asia. Según ha señalado Adam Hanieh, entre 2017 y 2021 más del 30% de la inversión petrolera de China se dirigió hacia la región de Oriente Medio —cinco veces más que en el período anterior—. A la inversa también ocurre, con empresas como Aramco tomando posiciones en industrias de refino y petroquímica asiáticas.

El problema de la guerra

Con el cierre del Estrecho de Ormuz no se ha interrumpido sólo el paso al petróleo sino a todo el comercio que lo atravesaba. Y eso implica también a los fertilizantes y a los productos petroquímicos. Toda la estrategia de industrialización de los principales países del Golfo —Iraq, Irán, Kuwait, Emiratos, Bahrein y Qatar— se ha quedado paralizada, por no hablar de los costes generados a las infraestructuras atacadas. En el caso de Arabia Saudí, el impacto es menor porque aún tiene salida por el Mar Rojo —al menos mientras la situación en Yemen lo siga permitiendo—.

Ahora bien, las consecuencias se ramifican mucho más allá de la región. La interrupción del suministro de productos de refino afecta directamente a las plantas petroquímicas de Asia oriental que dependen de esos insumos, lo que a su vez encarece la producción de plásticos, textiles sintéticos y fertilizantes nitrogenados, entre otros. Para Europa, que ya había reducido su dependencia del gas ruso tras la guerra de Ucrania, aunque aumentando la dependencia del gas natural licuado procedente de Estados Unidos, el cierre de Ormuz supone otro shock en la cadena de aprovisionamiento energético e industrial. Y cuanto más dure, más altas serán las olas inflacionarias.

A escala global, el conflicto acelera una tendencia que ya estaba en marcha: la bifurcación de las cadenas de suministro petroquímico entre un bloque euroatlántico que intenta retener su poder y un eje Golfo-Asia que profundiza su integración. Pero esa bifurcación no resuelve el problema de fondo, ya que ambos bloques siguen dependiendo de la misma base material fósil, sólo que ahora fragmentada en circuitos más tensos y vulnerables a la siguiente disrupción geopolítica.

En ese contexto de reconfiguración, el analista qatarí Khalid Al-Jaber, vinculado al gobierno de Doha, ha apuntado recientemente que la guerra en Irán ha demostrado a los países del Golfo la necesidad de “reformular” la alianza con Estados Unidos. La lectura es clara: Washington ha sido incapaz de garantizar la seguridad de sus aliados en el Golfo cuando ese objetivo entra en colisión con su compromiso con Israel. Pero reformular no significa necesariamente romper. Lo que se dibuja es más bien un escenario de cobertura múltiple en el que los países del Golfo mantienen la alianza militar con Estados Unidos mientras profundizan la integración económica con China —que ya es su principal socio comercial— y exploran vínculos con otros actores como India y Turquía. El nuevo escenario global no les permite elegir un bando, sino que les obliga a moverse en un precario equilibrio altamente inestable, agravado por la frustración de haber visto cómo la guerra estallaba sin que sus intereses fueran considerados por Washington.

Como he defendido en otras ocasiones, estamos ante la reordenación de la división internacional del trabajo en un contexto de guerra por la hegemonía. Pero ello mismo también revela la fragilidad estructural de un sistema económico construido sobre una base material extremadamente concentrada y finita. Al fin y al cabo, vivimos en un mundo de polímeros sintéticos y fertilizantes cuya existencia depende de flujos continuos de petróleo y gas que atraviesan unos pocos cuellos de botella geográficos. Cuando esos flujos se interrumpen, como ocurre ahora en Ormuz, se tambalea el suministro energético y se resquebraja el metabolismo social que sostiene la vida cotidiana en las economías industriales. La verdadera cuestión, por tanto, va más allá de quién controla el Golfo Pérsico o el estrecho de Ormuz, y apunta hasta qué punto es viable sostener indefinidamente una civilización basada en la expansión de una infraestructura petroquímica global que, tarde o temprano, se enfrenta a sus propios límites materiales. Vivimos en una anomalía histórica facilitada por los combustibles fósiles, y la necesaria adaptación implica mucho más que una simple transición energética: exige repensar la base material sobre la que se organiza la economía global.

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, ha anunciado este lunes la materialización de la compraventa de la parcela de 467.000 metros cuadrado en ExpacioMérida por parte de la empresa china Hunan Yuneng para su fábrica de cátodos.

Santamaría ha asegurado que “el proyecto avanza” y tras recordar que tenía una reserva del terreno, ha anunciado que en los próximos días se materializará la compraventa de la parcela.

Esto, en su opinión, “es un nuevo paso para que se inicien las obras por parte del inversor”, cuya entrada en producción se espera que se produzca antes de finales de año.

Ha indicado que se trata de una planta industrial para la fabricación de materiales catódicos para baterías y ha señalado que es “una de las mayores inversiones industriales captadas en Extremadura y de la primera planta de este tipo en Europa”.

Recuerda que el proyecto de Hunan Yunen en Mérida es una oportunidad que se inició en septiembre de 2023 por parte del Gobierno de la presidenta María Guardiola, “fruto de un riguroso trabajo de atracción de inversiones, impulsando los sectores con mayor potencial en Extremadura, entre los que está el energético, y seleccionando los destinos”.

Santamaría ha afirmado que este proyecto sigue dando pasos y ha comentado que ya ha obtenido la autorización ambiental y está pendiente de obtener la licencia de obra por parte del Ayuntamiento de Mérida, “lo que se producirá de manera inminente”.

También se ha acompañado al inversor en la obtención de los informes sectoriales de la Confederación Hidrográfica del Guadiana y en el visado del proyecto por parte del Colegio Extremeño de Arquitectos.

El proyecto de Hunan Yuneng en Mérida supone una inversión cercana a los 800 millones, con capacidad productiva de hasta 300.000 toneladas anuales y la creación de alrededor de 500 empleos directos.

Para la Junta de Extremadura es un proyecto clave dentro de la cadena de valor del vehículo eléctrico y del almacenamiento energético, además de que refuerza la posición de la región como enclave industrial vinculado al sector energético. 

El portavoz parlamentario de EH Bildu, Pello Otxandiano, ha criticado con dureza la política industrial del Gobierno vasco, una de las principales banderas del Ejecutivo de Imanol Pradales, y ha considerado que su plan en este ámbito es “un documento pobre, falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”. Otxandiano ha llamado a abordar “pactos de país” en esta materia y en otras como la energía, la emigración o la política lingüística. Además, ha cuestionado cómo se han desarrollado las grandes operaciones industriales que ha abanderado el Gobierno en los últimos meses, como Talgo y Ayesa, y ha criticado la falta de definición clara sobre cómo tiene que desarrollarse la colaboración público-privada en estas operaciones. “Una cosa es apostar por Talgo y otra es hacer de esa fórmula buque insignia de tu política industrial”, ha dicho. Más crítico aún se ha mostrado con la operación de Ayesa, la antigua Ibermática, donde ha señalado que, pese a apoyar la operación de vuelta a Euskadi las dudas sobre el resultado “son mayores” por el socio industrial que se ha elegido, Teknei.

En una intervención ante el Fórum Europa en Bilbao, sobre todo centrada en el ámbito económico, Otxandiano ha insistido en la necesidad de “acuerdos de país” en ámbitos estratégicos, algo que no ha considerado contradictorio con su labor de oposición, y ha considerado un “error político” menospreciar las condiciones que permiten trabajar la unidad de acción. “No es una opción condenar la segunda mitad de la legislatura a una carrera electoral que desplace el foco de atención de los retos que afrontamos. El momento exige pensar en las siguientes generaciones no en las siguientes elecciones”, ha insistido, apelando a los acuerdos. Ha indicado que, independientemente de quién gane las próximas elecciones, -el PNV o EH Bildu- al día siguiente al situación será la misma. “No se puede gobernar el país de espaldas a la segunda fuerza política del Parlamento, sea cual sea”, diagnostica.

Otxandiano ha señalado que la situación mundial ha dado paso a un ciclo económico nuevo ante el que es necesario, además de medidas de choque puntuales, repensar la política industrial. “Y es aquí donde nos encontramos con la casa sin barrer”, ha dicho, pese a que la política industrial “es uno de los ejercicios capitales de esta legislatura”. En este sentido ha sido muy crítico con el documento presentado por el Gobierno vasco, después de “un año y medio” de espera. “Es un documento pobre y falto de definición y con un problema fundamental de enfoque”, ha dicho.

Ha criticado, entre otras cuestiones, su apuesta por la neutralidad tecnológica y su falta de impulso direccional. “Se presentan 21 proyectos estratégicos, y la mayoría de ellos no se pueden considerar como tal. Se trata de un cajón de sastre donde se da la misma categoría a la creación de un espacio de testeo y validación de soluciones robóticas avanzadas y la simplificación de procesos administrativos en las convocatorias de ayudas, por ejemplo; o se considera como proyecto estratégico el lanzamiento de una campaña de concienciación en torno a la inclusión de la mujer; o se entremezclan proyectos industriales con propuestas de infraestructuras, que deben generar las condiciones horizontales para el cumplimiento de objetivos, pero que no son objetivos en sí mismo en la lógica de un plan industrial”, ha indicado.

Además, ha considerado que en aquellos proyectos que tienen entidad “es fácilmente identificable a quién corresponde el liderazgo de cada uno de ellos”. En estos momentos se han presentado dos, uno encabezado por ITP y otro Danobat. “Resulta evidente que lo que se ha hecho es un barrido de proyectos que ya existían por parte de determinadas empresas. Sinceramente, llama la atención lo pobre que resulta la relación de proyectos”, ha dicho. Y ha resaltado que, sorprendentemente, “las principales operaciones industriales de los últimos meses (Talgo y Ayesa) no constan entre los proyectos estratégicos, lo cual da cuenta de que se está actuando con una notable falta de dirección”.

Precisamente refiriéndose a este tipo de operaciones, ha cuestionado cómo se determina la colaboración público-privada y ha considerado que no están claros los criterios que sigue el Gobierno para entrar en las diferentes empresas o para elegir los socios industriales con los que comparte operación. “¿Por qué Teknei es el llamado a dirigir Ayesa como socio industrial?”, se ha preguntado.

La misma falta de definición la ha achacado Otxandiano a los instrumentos de intervención. Por ejemplo, de la alianza financiera, que se anunció que movilizaría 4.000 millones de euros sin que hubiera “una definición mínima”. En este sentido ha criticado que unos creen que Uvesco es estratégica, otros no, otros creen que lo es Ayesa y otros no“, ha dicho en relación a la ausencia de Kutxa del proyecto. Y ha recordado que sigue sin saber el papel que cumplirán las EPSV en este entramado.

Se ha mostrado muy crítico también con la política energética del Gobierno vasco y el hecho de que se esté en “pleno 2026 sin Plan Territorial Sectorial de las energías renovables”, cuando “se anunció en 2021” o que se hayan incumplido los plazos establecidos en la Ley de Transición Energética y Cambio Climático -que salió adelante con el apoyo de EH Bildu, para su desarrollo reglamentario “en el caso de la desinversión en explotación y extracción de hidrocarburos; las directrices en materia presupuestaria; la hoja de ruta de largo plazo y la estrategia de transición energética y cambio climático; la oficina vasca de transición energética y cambio climático; la hoja de ruta del autoconsumo; la socialización de la propiedad de las instalaciones de generación y el pacto social. Una gestión que genera una situación caótica entorpeciendo cualquier despliegue ordenado de las energías renovables, proceso ya de por sí suficientemente complejo de gestionar socialmente”, ha indicado.

Desde el punto de vista social también ha cargado con la postura del PNV en materia de inmigración, al decidir “salirse unilateralmente de un espacio de consenso que este Gobierno recibió en herencia: el Pacto Social Vasco para la Migración”. Además, ha señalado que los 'jeltzales' son incapaces de “sostener la misma posición política en el conjunto de las instituciones que gobierna, lo cual nos sume en una situación francamente desconcertante”. “Se observa la pretensión política de sacar rédito electoral de un tema sensible y estratégico en términos de país que genera profundas desavenencias entre los socios de gobierno así como la oposición de responsables institucionales importantes del propio partido”, interpreta.

A la política industrial, la transición energética y la gestión de la migración ha unido la política de vivienda “sin un Plan Territorial Sectorial que ordene el suelo disponible, sin fondo social para la promoción de vivienda pública a gran escala, sin índice de precios de referencia tanto en Bizkaia como en Araba para poder aplicar medidas de intervención de los alquileres”. “Son procesos vitales desde el punto de vista económico, y ciertamente, es difícil no reconocer que tenemos la casa sin barrer”, ha insistido. Y ha pedido también acuerdos en materia lingüistica para blindar los perfiles de euskera en la administración.

En este sentido, ha considerado que “la clave política fundamental es la mirada a medio-largo plazo mediante una lógica de pactos”: “Pradales identifica correctamente esta lógica política cuando llama a Europa a la unidad para hacer frente a la situación de desorden”, ha dicho, pero en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa no lo lleva a cabo cuando hay “mayorías cualificadas en el Parlamento Vasco”.

La Junta de Castilla y León ha declarado como proyecto industrial prioritario la inversión prevista por Iveco España S.L. en su planta de Valladolid para el periodo 2026-2027, según ha publicado este lunes en el Boletín Oficial de la comunidad a raíz del acuerdo aprobado el pasado 9 de abril por el Consejo de Gobierno

La decisión, que se ampara en el artículo 30 de la Ley 6/2014, de 12 de septiembre, de Industria de Castilla y León, otorga esta consideración a iniciativas que, por razones de interés general, contribuyan a la expansión o consolidación del tejido industrial. En este caso, el Ejecutivo autonómico ha indicado que el impacto económico, tecnológico e innovador del proyecto, así como su capacidad para dinamizar la actividad en el entorno es motivo para considerar prioritario el plan.

La empresa presentó la solicitud el 29 de enero de 2026, ampliada posteriormente el 26 de febrero, detallando un plan inversor que asciende a 233,76 millones de euros y que se ejecutará de forma progresiva hasta 2027. El proyecto contempla una transformación integral de la capacidad productiva de la planta vallisoletana, con el objetivo de reforzar su posición dentro del sector europeo del vehículo industrial.

Entre las principales actuaciones destaca la implantación de un nuevo proceso de soldadura completamente robotizado para las cabinas correspondientes al denominado Model Year 28 (MY28), que sustituirá a la actual generación. Para ello, se incorporarán 92 nuevos robots, elevando el total a 192 unidades en la factoría. Asimismo, se prevé la ampliación de las infraestructuras productivas, la introducción de nuevas tecnologías de fabricación y la reorganización de los flujos logísticos internos.

El plan incluye también la construcción de una nueva nave de pintura con procesos automatizados de última generación, así como sistemas avanzados de depuración de emisiones y tratamiento de aguas, entre ellos una estación depuradora físico-química. A esto se suma un nuevo almacén logístico vinculado al modelo MY28 Heavy Cab, estructuras para mejorar la conexión entre fases productivas y la adecuación de instalaciones auxiliares como vestuarios.

La inversión permitirá mantener la producción del modelo ligero Daily e incorporar una nueva gama de vehículos pesados, al tiempo que incrementará la capacidad hasta alcanzar un máximo de 111.000 cabinas anuales. Según la documentación recogida en el BOCyL, esto se reflejará en mejoras en la calidad del producto, reducción de retrabajos y mayor eficiencia energética, con descensos en el consumo de gas natural, electricidad y emisiones contaminantes como COV, NOx y CO.

En términos laborales, se prevé mantener cerca de 1.000 empleos directos durante el periodo de ejecución, junto con programas de formación y reciclaje profesional, y generar más de un centenar de empleos adicionales vinculados a la actividad inducida. Además, el proyecto contribuirá a ampliar la red de proveedores y reforzar el ecosistema industrial de la comunidad.

La declaración como proyecto industrial prioritario implica, entre otros efectos, la tramitación urgente de los procedimientos administrativos —con reducción a la mitad de los plazos—, la posibilidad de acceso a subvenciones directas y la consideración de utilidad pública en caso de ser necesaria la expropiación de terrenos.

El acuerdo aprobado por la Junta establece que las inversiones deberán mantenerse en su ubicación durante al menos cinco años tras la finalización del proyecto en 2027, al igual que los compromisos de empleo. Asimismo, fija un plazo máximo de un año para el inicio de las actuaciones y obliga a la empresa a facilitar las labores de seguimiento por parte de la Administración autonómica.

La Plataforma Central Iberum Norte ha presentado un nuevo desarrollo estratégico en Illescas (Toledo), cuyo principal objetivo es el impulso del desarrollo logístico en el centro de la península ibérica. Un enclave que han descrito como “referente nacional por su modelo sostenible y su capacidad de atracción empresarial”.

“Aproximadamente, contamos con casi un millón de metros cuadrados, de los cuales un 77% están comercializados y vendidos hoy. Esto es una maravillosa noticia para todos los que trabajamos en este sector”, ha destacado Miguel Ángel González Naranjo, sucesor de Miguel Ángel González Resino, fundador de la Plataforma.

González Naranjo ha recalcado la importancia de este nuevo proyecto y ha incidido en la apuesta por la flexibilidad parcelaria, conectividad e infraestructuras adaptadas a las necesidades. “Hemos apostado también por la clasificación del polígono y por intentar introducir otras alternativas e intentar solventar la necesidad de nuestros clientes que hoy en día, es el mayor hándicap que ocurre en casi todos los sitios donde quiera haber algo de desarrollo”, ha continuado explicando Miguel Ángel.

El objetivo de la Plataforma Central Iberum es construir 400.000 metros cuadrados de plataformas “eficientes, de primera generación, sostenibles y con energía renovable”, ha explicado Javier Mérida García, Director de P3 Logistics Parks.

El sector logístico en Castilla-La Mancha supone el 10% del PIB regional

El acto ha contado también con la presencia del consejero de Fomento, Nacho Hernando, que ha destacado las buenas cifras del sector de la logística en Castilla-La Mancha, que “supone el 10% del Producto Interior Bruto de nuestra Comunidad Autónoma y ha apostado por ”redoblar la apuesta por la industria, que supone que dos de cada tres empleos más estables en España provienen de la industria“.

Asimismo, ha reivindicado mejoras como la ampliación de la capacidad de la red de suministros para el establecimiento y ampliaciones de empresas y la liberalización de la AP-41.

Además, Hernando ha destacado que “Castilla-La Mancha está ya intentando contribuir a paliar el sufrimiento económico como consecuencia de la guerra en Irán y son 30 millones de euros al mes lo que estamos dedicando en las rebajas fiscales para intentar doblegar los precios disparados de del gasóleo, gracias a que el 60% de esa rebaja fiscal proviene de fondos que deja de ingresar la Comunidad Autónoma”.

El Gobierno de Cantabria ha aprobado, en su reunión de este jueves, la financiación plurianual de 31 millones de euros para la estación intermodal que construirá Adif en el futuro centro logístico de La Pasiega, según ha anunciado la presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), que ha señalado que esa terminal ferroviaria será “clave para la industria, la logística y el empleo” en la comunidad autónoma.

“Damos luz verde al cumplimiento del compromiso de inversión en este proyecto estratégico para el desarrollo económico de Cantabria, a la espera de firmar con el Gobierno central el convenio de construcción, que asumirá el 50% del coste de la estación intermodal”, ha recordado la presidenta del Gobierno, que ha celebrado su reunión semanal en el Parlamento cántabro.

Buruaga también ha insistido en que el proyecto convertirá esa zona del municipio de Piélagos “en la principal plataforma logística de nuestra comunidad, generando oportunidades, empleo y actividad económica”. La presidenta ha asegurado que este nuevo trámite para el centro logístico de La Pasiega se lleva a cabo “cumpliendo plazos y acelerando su ejecución para que sea una realidad antes de lo previsto”.

Justo hace un mes, Buruaga adelantó, acompañada del presidente de Adif, Pedro Marco, que el convenio con el Gobierno central para la construcción y financiación de la terminal se podría firmar “posiblemente antes del verano”. Además señaló, sobre las obras del centro logístico, que el Gobierno autonómico está concluyendo ya la primera fase de la urbanización, a falta de tan solo de un viaducto que necesita los permisos de Adif, y que pronto arrancará la segunda fase.

“La Pasiega va a ser una realidad en septiembre de 2030, dos años antes de lo previsto, y queremos que en esa fecha esté operativa la terminal”, subrayó el 9 de marzo la presidenta.

Plazos

En un comunicado, el Gobierno cántabro precisa que para 2027 destinará 1.641.159 euros, en 2028 se elevará hasta 13.583.445 euros y la mayor cuantía será en 2029, con una inversión de 15.766.541 euros.

La Pasiega será la principal plataforma logística de Cantabria, ubicada en el corredor Santander-Torrelavega y estará dotada de conexiones portuarias con el Puerto de Santander.

Con una superficie total de 1.949.204 metros cuadrados, es un proyecto concebido como una actuación integral estratégica y, además, contempla otras infraestructuras de nueva construcción como la nueva terminal ferroviaria intermodal con una superficie de 140.343 metros cuadrados y el vial Villaescusa-Carandía, que será una nueva conexión entre las autovías S-30 y A-8.

Según añade el Gobierno, ese centro logístico será fundamental para el desarrollo del Puerto de Santander, que tiene “necesidad urgente de aumentar su capacidad para atender nuevos tráficos y el crecimiento de los actuales”. 

En Castilla-La Mancha, los centros logísticos automatizados ya no son una promesa de futuro, sino una realidad palpable. En ellos, la tecnología no solo aumenta la productividad: también reduce de forma significativa el número de trabajadores necesarios. Donde antes hacían falta cientos de empleados, hoy bastan decenas apoyados por robots, algoritmos y sistemas inteligentes. Este nuevo paisaje económico, que convive con nuestros campos y molinos, nos plantea una pregunta inevitable: ¿Quién pagará las pensiones dentro de veinte o treinta años?

El debate suele presentarse como un enfrentamiento entre generaciones. Por un lado, los jubilados, que reclaman pensiones dignas tras toda una vida de trabajo y cotización —porque su pensión no es un regalo, sino el fruto de haber contribuido durante toda su vida laboral—. Por otro, los jóvenes, que perciben cómo su salario soporta una creciente presión fiscal mientras su futuro resulta incierto. Sin embargo, este conflicto es, en gran medida, un espejismo. Enfrentar a un joven mileurista con un jubilado es discutir por las migajas, mientras el verdadero problema sigue sin resolverse.

Una trampa fiscal compartida

La situación actual refleja una contradicción evidente. Las pensiones suben para mantener el poder adquisitivo, pero un sistema fiscal que no se ajusta a la inflación provoca que parte de esa mejora se diluya. Al mismo tiempo, muchos trabajadores jóvenes sienten que su esfuerzo fiscal es cada vez mayor, sin que ello se traduzca en una mejora real de su capacidad de ahorro o acceso a la vivienda.

El problema no es que unos reciban demasiado o que otros aporten demasiado. El problema es que el sistema sigue dependiendo casi exclusivamente del trabajo humano en una economía que ya no funciona así.

Cuando la riqueza ya no depende solo del trabajo

La automatización ya está transformando sectores enteros en Castilla-La Mancha. Lo vemos en la logística, pero también en otros ámbitos donde la tecnología permite producir más con menos empleo directo.

Esto genera una paradoja: aumenta la productividad y la riqueza, pero la base tradicional que financia el sistema —las cotizaciones sobre el trabajo— pierde peso relativo. Aquí surge una idea cada vez más presente en el debate económico: si las máquinas generan valor, ¿por qué no contribuir también al sostenimiento del sistema público?

Silicio y pensiones: ampliar la base del sistema

No se trata de frenar la innovación, sino de adaptarse a ella. Igual que en su día se construyó el Estado del bienestar sobre las cotizaciones del trabajo, hoy podría incorporarse una nueva vía: captar parte de la riqueza generada por la automatización y la inteligencia artificial. Podríamos llamarlo, de forma sencilla, una “cuota de solidaridad tecnológica”. Una forma de que el silicio —la base de los microchips que hacen posible esta revolución— también contribuya al contrato social.

Las consecuencias de un enfoque así serían relevantes:

Cambiar el enfoque para evitar el conflicto

Cuando se amplía la base de financiación, el debate deja de centrarse en cuánto debe aportar cada generación. Ya no se trata de enfrentar a jóvenes y jubilados, sino de adaptar el sistema a una economía que ha cambiado profundamente.

En ese contexto, medidas como ajustar el IRPF a la inflación dejarían de ser una amenaza para las cuentas públicas y pasarían a ser una cuestión de sentido común y equidad.

El verdadero reto

El desafío no es menor. Se trata de actualizar un modelo diseñado en el siglo XX para una economía que ya pertenece al siglo XXI. La tecnología no es solo una herramienta de producción: es también una fuente de riqueza que debe formar parte del sostenimiento colectivo.

Enfrentar generaciones es un error. Es discutir por el último vaso de agua en medio del desierto. La solución no es repartir mejor la escasez, sino encontrar una nueva fuente.

Esa fuente puede estar en la fiscalidad tecnológica. Solo incorporando al sistema la riqueza generada por la automatización podremos garantizar algo esencial: que los jóvenes de hoy lleguen a ser los jubilados dignos de mañana.

Quizá el futuro del contrato social no se escriba únicamente con el esfuerzo humano, sino también con el silicio de las máquinas que ya están transformando nuestra economía.

Un 89,5% de la plantilla de la fábrica de Solvay en Barreda, en Torrelavega, ha respaldado el acuerdo con la dirección para el expediente de regulación de empleo (ERE), tras la negociación entre comité y responsables de la factoría, que ha supuesto reducir el primer planteamiento de la química.

Según informa en una nota de prensa UGT, que preside el comité de empresa, la participación, en la votación celebrada la tarde-noche de este pasado lunes, ha sido del 81% y ha habido 248 votos favorables, 29 en contra y ninguno nulo o en blanco.

El principio de acuerdo del ERE alcanzado el pasado 1 de abril supone reducir los 77 despidos planteados por la compañía a 45 y la opción de que se alcancen los 52 “en el caso de que siete personas que no estaban incluidas optaran por acogerse voluntariamente, si la empresa también lo acepta”, explica el sindicato.

Además el acuerdo del ERE estipula unas indemnizaciones para los despidos de 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades para las personas mayores de 63 años.

También recoge un plan de rentas con el 80% del salario neto para los trabajadores entre 58 y 63 años, y una indemnización de 40 días por año trabajado con un tope de 30 mensualidades para las que tengan una edad inferior a los 58 años.

El acuerdo incluye incentivos, que pueden alcanzar los 30.000 euros, para quienes decidan acogerse de forma voluntaria a este acuerdo para abandonar la empresa.

El comité de empresa de Solvay (UGT-FICA, CCOO y USO) ha agradecido tras la votación, que se cerró anoche sobre las 23.00 horas, a toda la plantilla la alta participación y el desarrollo de la jornada de votación.

“Más allá de la retirada del ERE, nuestro objetivo era minimizar el impacto del mismo y unas condiciones aceptables en las indemnizaciones y muy superiores a las inicialmente planteadas por Solvay, tal y como recoge el acuerdo aceptado hoy por la plantilla”, ha afirmado el comité. 

Si bien según las cifras publicadas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el paro registrado en Cantabria se ha reducido en marzo 507 personas, aumentando la afiliación a la Seguridad Social en 2.896 cotizantes, las principales organizaciones sindicales de la región coinciden en señalar la estacionalidad de la Semana Santa y la fuerte vinculación al turismo como únicas causas.

Comisiones Obreras de Cantabria (CCOO), por su parte, ha subrayado como positivo que el paro baje y Cantabria se sitúe como la tercera región donde más ha descendido el desempleo a nivel estatal, solo superada por Baleares y Extremadura, pero ha incidido en que el 99,61% del descenso lo protagonizan personas desempleadas del sector servicios.

“Los servicios protagonizan el incremento de la contratación, una cuestión positiva pero con empleos más precarios, menos estables y más parciales; reivindicamos una proyección de futuro con las miras puestas en el empuje de sectores como el industrial o el tecnológico”, ha destacado Laura Lombilla, secretaria de Empleo de CCOO de Cantabria.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de UGT en Cantabria, Mariano Carmona, quien ha recordado que “desde 2012 ha descendido el paro en el mes de marzo en Cantabria todos los años” y siempre coincidiendo con “la época de en la que se crea empleo en el sector servicios”, lo que confirma, según ha lamentado, la temporalidad. En concreto, “el mes pasado un 68% de los contratos de trabajo fueron temporales”, ha subrayado. “El pasado mes de marzo, un 32% de los contratos de trabajo en Cantabria fueron indefinidos, más de 11 puntos menos que en España (43,97%) y en los tres primeros meses del año seguimos siendo una de las cuatro autonomías que no logra sobrepasar el 30% de contratos indefinidos cuando en la media nacional sigue superando el 43%”, ha agregado.

El responsable autonómico de UGT ha reiterado que “Cantabria necesita otro modelo productivo”, ya que “de las casi 2.900 afiliaciones más a la Seguridad Social el mes pasado en Cantabria, 1.300 fueron de la hostelería (de 20.306 a 21.617) y otras 350 del comercio (de 31.699 a 32.057)”.

Igulamente para el sindicato USO, los datos de empleo correspondientes al mes de marzo reflejan una mejora del mercado laboral en Cantabria “aparente ”, ya que, a su juicio, se ve impulsada principalmente por “el efecto estacional de la Semana Santa y el aumento de la actividad turística”.

USO coincide con el resto de organizaciones sindicales en que el crecimiento del empleo “se concentra casi exclusivamente en el sector servicios, evidenciando la fuerte dependencia de la economía regional del turismo”.

560 contratos fijos discontinuos más

La formación sindical ha advertido que “a pesar de estos datos positivos, el análisis en profundidad muestra elementos preocupantes” como que “el denominado paro real —personas inscritas en el SEPE sin empleo efectivo— alcanza las 35.934 personas, lo que supone un incremento de 560 respecto al mismo periodo del año anterior” y “este dato pone de manifiesto que la mejora del empleo no es estructural”.

Una de las cuestiones en las que pone el acento USO es en que “continúa aumentando el número de trabajadores con contrato fijo discontinuo, que ya ascienden a 6.678, con un incremento de 300 personas en el último año”. Según el sindicato, “este tipo de contratación, estrechamente vinculado a la estacionalidad del turismo, refleja un modelo laboral marcado por la intermitencia y la falta de estabilidad”.

Sube el paro un 4,2% en el sector industrial

A su vez, USO ha puesto de relieve “la evolución negativa del sector industrial, que registra un aumento del paro del 4,29% en el último año, siendo el único sector que incrementa el desempleo”. Para el sindicato, “este dato evidencia el debilitamiento progresivo de un sector clave para la economía regional” y refleja “la ausencia de políticas efectivas de reactivación industrial”.

Para finalizar, el comunicado firmado por Mercedes Martínez Zubimendi, secretaría Regional de USO Cantabria, considera necesario “un modelo económico más diversificado y sostenible”.

Jesús Galván y Manuel Balber llevan años haciendo lo mismo: actualizar el currículum, entregarlo en empresas del sector del metal en la Bahía de Cádiz y esperar una llamada que nunca llega. Lo hacen en un momento en el que hay más carga de trabajo que en la última década, con empresas que reconocen dificultades para encontrar mano de obra cualificada y perfiles como el suyo —soldadores con experiencia— especialmente demandados. En su caso, sin embargo, la respuesta siempre es la misma. “Hay trabajo, pero no para nosotros”, resume Galván. Ambos sostienen que detrás de esa situación hay un veto ligado a su actividad sindical. Esta semana pasada han formalizado una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra varias empresas auxiliares a las que aseguran haber enviado sus currículums sin obtener respuesta.

“Hay una carga de trabajo descomunal, se dice que hace falta gente y se está contratando incluso fuera, pero a nosotros no se nos da la oportunidad de trabajar”, explica Galván. Los dos trabajadores, miembros de la Coordinadora de Trabajadores del Metal, vinculan esa situación a la existencia de listas negras que afectarían a empleados señalados por su participación en movilizaciones laborales o por su actividad sindical, una práctica difícil de probar pero que, según denuncian, opera de forma efectiva en el sector. Esta coordinadora ha sido protagonista de las recientes huelgas del metal de Cádiz, con movilizaciones al margen de las propuestas o sugeridas por los sindicatos mayoritarios.

La denuncia se refiere a su caso concreto, aunque ambos apuntan a que podría haber más afectados, la mayoría portavoces o referentes de la coordinadora. “No sabemos cuántos hay, pero sí sabemos que no somos los únicos”, señala Balber, que insiste en que su única reivindicación es poder trabajar en el sector en el que llevan años desempeñándose.

Su relato sitúa el origen de esta situación en 2017, cuando participaron en procesos de selección para empresas auxiliares del metal. Tras superar pruebas y reconocimientos médicos, aseguran que su acceso fue frenado en el último momento. “Teníamos todo hecho y, cuando íbamos a entrar, se nos impidió el acceso”, recuerda Balber. Aunque finalmente lograron incorporarse, su permanencia fue breve. “A los pocos días buscaron la forma de echarnos”.

“Queremos trabajar, no vivir de una ayuda”

La situación se repitió posteriormente en otra empresa auxiliar que operaba en Navantia San Fernando. En 2020 fueron despedidos y el caso llegó a los tribunales. Según explican, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía reconoció que ese despido se produjo en un contexto de represalia sindical, aunque no pudieron recuperar sus puestos al tratarse de contratos de obra.

Desde entonces no han vuelto a trabajar en el sector en la Bahía de Cádiz. La falta de ingresos estables ha marcado su situación en estos años. “Yo no cobro nada y él está con una ayuda para mayores de 52 años”, explica Galván. Balber lo concreta: “Tengo tres hijos, él tiene dos. Con lo que entra no nos llega. Pero nosotros queremos trabajar, no vivir de una ayuda”.

Balber y Galván aspiraban a trabajar aquí en este contexto de auge laboral, pero las puertas siguen igual de cerradas para ellos. Ante esta situación, han optado por intensificar la presión institucional. En las últimas semanas han mantenido reuniones con representantes de distintas formaciones políticas, en un contexto marcado por la precampaña de las próximas elecciones andaluzas. Según explican, estos encuentros buscan forzar un posicionamiento claro ante una situación que consideran evidente. “Ahora, con la coyuntura electoral, es el momento de que se retraten”, sostienen. Creen que la llave de la solución la tiene el Ministerio de Hacienda, al ser el responsable de la SEPI, de la que depende Navantia, o el Ministerio de Trabajo. 

Precisamente, tras organizar movilizaciones como la acampada en las inmediaciones de Navantia San Fernando la semana pasada, han decidido trasladar el caso a la Inspección de Trabajo, en parte a raíz de contactos con el entorno de Sumar y del Ministerio de Trabajo. “Nos dicen que, aunque es difícil de demostrar, hay que dejar constancia para que se pueda actuar”, señala Balber. Ambos admiten la complejidad de acreditar la existencia de listas negras. “No hay nada escrito, pero la realidad es la que es”, añade Galván.

Movilizaciones en Dragados Offshore

La denuncia se produce en un momento especialmente relevante para el sector del metal en la provincia de Cádiz, uno de los principales motores industriales del territorio. Según datos del convenio colectivo firmado en 2025, el sector agrupa a más de 31.000 trabajadores, articulados a través de un entramado de alrededor de 5.000 empresas entre grandes compañías y auxiliares.

Tras varios años marcados por la escasez de contratos, el sector vive ahora un cambio de ciclo impulsado por la proliferación de encargos en empresas tractoras como Navantia, Dragados Offshore o Airbus, que tiran del conjunto de la industria auxiliar. Este incremento de la actividad ha elevado la demanda de mano de obra, especialmente en perfiles cualificados. En Dragados, por ejemplo, han sido contratados en origen unos 300 trabajadores peruanos que comparten faena con cerca de un millar de empleados locales. Es en ese contexto donde los denunciantes sitúan su caso. “Se dice que falta gente, pero nosotros llevamos años sin poder entrar”, afirma Balber.

La cuestión plantea un escenario complejo desde el punto de vista jurídico. La legislación prohíbe cualquier discriminación por razón de afiliación o actividad sindical. Así lo recoge el artículo 28 de la Constitución. Pero la acreditación de estas prácticas resulta especialmente difícil en ausencia de pruebas documentales.

Por el momento, las empresas señaladas, consultadas por elDiario.es Andalucía, no se han pronunciado sobre la denuncia. La actuación de la Inspección de Trabajo será clave para determinar si existen indicios suficientes que permitan avanzar en la investigación. El caso coincide además con un nuevo escenario de conflictividad laboral en el sector. El comité de empresa de Dragados Offshore ha anunciado movilizaciones que podrían desembocar en una huelga indefinida en los próximos días por la falta de acuerdo en su convenio colectivo.

Para Galván y Balber, dos soldadores, el objetivo sigue siendo el mismo desde hace años. “Nosotros lo único que queremos es trabajar. Siempre lo hemos hecho y queremos seguir haciéndolo. No puede ser que nos pongan en una lista negra por defender los derechos laborales de nuestros compañeros”.

Decenas de proyectos frenados en los tribunales, ataques de la Xunta a decisiones de los jueces, continuas modificaciones normativas y una potencia instalada estancada en los últimos años. El intrincado sector eólico gallego mantiene abiertos varios frentes que se dirimen, sobre todo, en el ámbito de la Justicia. Y que acaban de sumar un nuevo capítulo con un traslado forzoso que cambia la sección de los jueces que hasta ahora se ocupaban de los litigios de la eólica en Galicia. Una decisión que, según avisa la asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia (XXpD), se puede interpretar como una cesión a otros poderes: “No es descartable que la ciudadanía pueda pensar que las reiteradas presiones políticas y empresariales finalmente consiguieron el resultado perseguido”. Los partidos de la oposición creen que se ve comprometida la independencia judicial y el BNG traza una línea directa con “el poder de las eléctricas y los tentáculos del PP”.

La beligerancia en torno a la energía eólica viene de lejos en Galicia: el concurso que llevó adelante el bipartito de PSdeG y BNG -que gobernó entre 2005 y 2009- fue uno de los caballos de batalla de la primera campaña electoral que Alberto Núñez Feijóo hizo al frente del PP gallego, la de las autonómicas de hace 17 años. Logró entonces su primera mayoría absoluta. Una de las medidas con las que se estrenó en la Xunta fue la de anular aquellos planes, en los que veía “tachas graves de legalidad”. La Justicia compartía la opinión de que había irregularidades, pero no por los mismos motivos: lo que el Tribunal Supremo declaró ilegal fue la anulación del ahora presidente del PP español.

Hubo después una década de parálisis en el sector y los aerogeneradores pasaron a ser un asunto recurrente en los juzgados. En los primeros años de la presente década, las nuevas propuestas para instalar molinillos empezaron a multiplicarse en los despachos del Gobierno gallego -con maratón de tramitación incluido-. Y esa proliferación hizo que saltasen las alarmas entre los vecinos que se veían a la sombra de los proyectos. También algunas organizaciones ecologistas, aunque pueda sonar paradójico, empezaron a denunciar ante la Justicia muchos de los planes para renovables que recibían el visto bueno de la administración autonómica: veían fragmentaciones irregulares, problemas en la exposición pública y defectos en la evaluación ambiental.

Estos fueron los tres motivos fundamentales que llevaron a los tribunales decenas de planes empresariales en Galicia. En un sector en el que hay cerca de 200 parques en funcionamiento, con alrededor de 4.000 megavatios de potencia instalada, actualmente son 91 los proyectos eólicos autorizados por el Gobierno autonómico contra los que se ha presentado algún recurso. De ellos, según los datos de la Xunta, 85 -con 2.325 megavatios- están parados provisionalmente por decisión del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG). Esas sentencias proceden de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la que hasta ahora trabajaba el juez Luís Villares, que ha sido apartado en un polémico traslado forzoso -pasa a la sección cuarta, en la que tendrá que ocuparse de cuestiones de tributos y catastrales-. No es el único que cambia de puesto: la nueva presidenta de esa Sección Tercera, María Azucena Recio, que es la que ha tomado la decisión, mueve a otros tres jueces. Una es María Dolores López, compañera de sección de Villares y firmante con él de algunas de las sentencias sobre la eólica, que han sido cuestionadas por la Xunta y por el PP.

Recio justifica el cambio forzoso con que, entre diciembre de 2025 y enero de este año, el Supremo anuló tres sentencias de la sala en respuesta a tres recursos de casación de la empresa concesionaria del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo porque consideraba que había dudas sobre la imparcialidad de Villares, que fue líder de En Marea entre 2016 y 2020. Esas anulaciones son “lo que motiva la necesidad de modificar la composición personal de la Sección Tercera de esta Sala”, expone la resolución que firma Recio, en la que argumenta que debe “salvaguardar la apariencia y realidad de la imparcialidad”.

La asociación Xuíces e Xuízas para a Democracia, sin embargo, pone el foco en las críticas recibidas por las decisiones de esta sección y recuerda que en los últimos meses y años hubo “declaraciones desmedidas de determinados responsables políticos y empresariales” que ponían en entredicho “no solo las resoluciones de la sección, sino incluso la profesionalidad de sus integrantes”. El PP gallego ha acusado al TSXG de haber emprendido “una ofensiva” contra la eólica y la Xunta llegó a calificar de “errónea” alguna de sus sentencias.

El sector, a la espera del Supremo

La batalla judicial relacionada con los planes eólicos no se limita al ámbito del TSXG, muchas de cuyas resoluciones han sido recurridas o consultadas en otras instancias. El pasado verano quedó despejada una de las alegaciones que estaban paralizando los proyectos en Galicia: el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio la razón a la Xunta en cuanto a la forma en la que estaba haciendo la exposición pública y manifestó que, al hacer la evaluación ambiental, pueden ser consultados al mismo tiempo el público interesado y las administraciones que emiten informes sectoriales, sin necesidad de que estos estén antes a disposición de los ciudadanos. Aunque el Gobierno gallego presentó este pronunciamiento como un punto de inflexión que debía franquear el camino a los aprovechamientos parados en los tribunales, no era así. De hecho, la primera sentencia tras el pronunciamiento europeo anuló el permiso de un parque eólico. Daba por buena la tramitación, pero no la evaluación ambiental.

El presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), Manuel Pazo, admitía días después de conocerse la decisión del TJUE que el desbloqueo iba a ser “muy complicado” porque la cuestión de la tramitación no era la única que se había alegado en los recursos contra parques eólicos: “Hay una resolución sobre [el procedimiento de] información pública, pero los proyectos tienen otra serie de contenciosos diferentes”, indicaba a elDiario.es en agosto de 2025. Esos otros contenciosos a los que se refería tienen que ver, por una parte, con posibles daños ambientales, que han frenado decenas de iniciativas, y, por otra, con la fragmentación ilegal de parques.

Y este último aspecto es el que centra en la actualidad la atención. El sector está a la espera que de se pronuncie el Tribunal Supremo para aclarar qué se considera fragmentación ilegal. Existe ya un dictamen que afecta al parque de Campelo, entre los municipios coruñeses de Santa Comba y Coristanco. El TSXG consideraba que debía evaluarse conjuntamente con otros aprovechamientos planteados en la misma zona y había impuesto, por ello, una paralización cautelar. El Supremo rechazó esta interpretación y manifestó que el hecho de que dos o más parques compartan instalaciones de conexión a la red “no comporta, ineludiblemente” que haya que considerar que se trata de uno solo a efectos de su evaluación ambiental. Ahora hay otro caso admitido en casación en el Supremo, que se refiere al parque de Bustelo, uno de los que está en las inmediaciones del de Campelo. La decisión se espera para mayo, según publica La Voz de Galicia, y una sentencia en el mismo sentido establecería ya un criterio reiterado.

Un infrecuente desencuentro entre Xunta y eléctricas

Ante el goteo de sentencias del TSXG que iban paralizando cautelarmente proyectos, la postura crítica de Xunta y empresas del sector era compartida. Pero ese entendimiento habitual se resquebrajó con dos decisiones del Gobierno gallego, incluidas -de nuevo, como muchos otros cambios eólicos- en la ley de acompañamiento. En este caso, en la que se aprobó junto a los presupuestos para 2025. Uno de los desacuerdos era en torno a la exigencia de la Administración autonómica de que los nuevos aprovechamientos eólicos e hidráulicos vendiesen al menos la mitad de su producción a ciudadanos y negocios gallegos. El otro se refería a la obligación de repotenciar los parques de aerogeneradores con 25 años de antigüedad. Los promotores empresariales llegaron a acusar al equipo de Alfonso Rueda de ir en contra de la Constitución española.

Estos cambios en la normativa eólica gallega provocaron otras fricciones, estas más esperables. El Gobierno central llevó al Tribunal Constitucional varios puntos de esa ley de acompañamiento que se referían a la repotenciación y a cuestiones relativas a la atención a la dependencia. Aunque inicialmente esos artículos fueron suspendidos, los magistrados votaron después por permitir que la norma gallega se siga aplicando, a la espera de la sentencia.

En medio de todos estos hilos que se entrecruzan en el desarrollo de la eólica en Galicia, la Xunta anunció, en enero de 2025, la elaboración de un nuevo plan eólico, para el que no tenía previsto consultar a las organizaciones ambientalistas. Los trabajos, para los que el Gobierno gallego se dio un plazo de tres años, siguen pendientes.

Para denunciar los despidos anunciados por la empresa multinacional Solvay, medio millar de personas, según fuentes policiales, se ha concentrado este viernes por la tarde, durante una hora, en la Plaza Mayor de Torrelavega, para exigir responsabilidad a la empresa, un plan de futuro y un compromiso claro con el empleo.

La plantilla de la empresa Solvay han defendido este viernes que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERE) planteado por la dirección es “el certificado de defunción” de la planta de Barreda. Mientras avanza la ronda de negociaciones con la empresa, y pese a que Solvay ha rebajado de 77 a 58 los despidos en la fábrica de Barreda, los trabajadores lo han rechazado por “inasumible”. Temen, han dicho este viernes, que escondan “el desmantelamiento” de la fábrica.

A la concentración han asistido ciudadanos y también representantes políticos de casi todas las formaciones locales y regionales, entre ellas el alcalde de la ciudad, el regionalista Javier López Estrada, y el expresidente regional y líder del PRC, Miguel Ángel Revilla.

Un portavoz de los sindicatos ha leído un manifiesto en el que ha asegurado que la plantilla “no está para validar salidas ni para ponerle precio a nuestro futuro”, en alusión al rechazo de la última oferta de la empresa, que planteó ayer, jueves, rebajar de 77 a 58 los despidos en la planta.

“Detrás de cada baja hay una familia, una historia y un conocimiento laboral que no permitiremos que se pierda por la incapacidad de quienes dirigen desde la distancia”, ha asegurado, aludiendo a que los despidos son “la punta del iceberg” dado el empleo indirecto que la planta genera.

Por ello, ha reclamado a la dirección inversiones concretas, diversificación, modernización de las instalaciones y una estrategia que garantice que la planta siga produciendo y manteniendo un empleo de calidad otros 120 años más.

También ha rechazado las “condiciones de miseria” en que quedarán los trabajadores que se mantengan en la plantilla tras el ERE, además de advertir a la empresa de que la competitividad no se construye sobre el agotamiento y el miedo de la plantilla, sino sobre la inversión, la calidad del empleo y el respeto.

Tras esta concentración de protesta, dirección y comité volverán a reunirse el 1 de abril dentro del preceptivo periodo de consultas del ERE, en el que será el octavo encuentro entre las partes

Era una de las mesas más esperadas de la primera jornada del VI Foro Económico de elDiario.es. Bajo el título ‘Industria 5.0: descarbonización y digitalización’, representantes del ámbito institucional, empresarial y académico abordaron los principales retos de un sector clave para el futuro económico de España. Un interesante debate en el que participaron Jordi García Brustenga, secretario de Estado de Industria; Ruth Carrasco, adjunta a la dirección para Transformación Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPM; Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar; y Pere Navarro, presidente ejecutivo del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, bajo la moderación de la periodista económica de elDiario.es Cristina Bolinches.

El punto de partida fue claro: la industria vuelve a ocupar un lugar central en la agenda económica. “Desde la experiencia de la covid hay una tendencia de péndulo”, arrancó García Brustenga, quien subrayó dos ideas clave: la necesidad de revisar la competitividad y la importancia de relocalizar determinadas capacidades productivas. “Si produces aquí tienes más autonomía estratégica”, resumió, en referencia a ejemplos recientes como las mascarillas o los chips. Para el secretario de Estado, la nueva industria “pasa necesariamente por la transformación digital y la transición energética”.

Desde el ámbito académico, Ruth Carrasco amplió el foco del debate. “Cuando hablamos de industria 5.0 tenemos que abrir el campo”, defendió. A su juicio, no basta con abordar la crisis climática: también hay que tener en cuenta la escasez de materias primas y la pérdida de biodiversidad. “Debemos pensar en resiliencia, sostenibilidad y en una redefinición del valor a largo plazo”, señaló, introduciendo una visión más sistémica de la reindustrialización.

Esa transformación ya está en marcha en sectores concretos. Almudena López del Pozo puso como ejemplo la industria naval española, que ha atravesado un profundo proceso de reconversión basado en la innovación tecnológica. “Nos hemos especializado en buques de alto valor añadido que cumplen los más altos estándares de sostenibilidad”, explicó. Una apuesta que, según subrayó, ha sido posible “gracias a la colaboración entre el sector público y el privado”, y que permite a España competir en Europa en segmentos estratégicos.

Producción vs especulación

En esa misma línea, Pere Navarro reivindicó el papel de la industria como motor económico frente a modelos más especulativos. “Es el momento de reivindicar la economía productiva”, afirmó. El presidente del Consorci de la Zona Franca de Barcelona (“que ya no es consorcio ni zona franca, pero sí está en Barcelona”, bromeó), defendió la evolución de los polos industriales hacia espacios de innovación y colaboración, donde las empresas compartan conocimiento. “Vamos a convertir un polígono industrial en un distrito 4.0, integrado en la ciudad y en el territorio”, explicó, apuntando a un modelo que combine actividad económica con dimensión social y cultural.

El concepto de autonomía estratégica sobrevoló buena parte del debate. García Brustenga defendió una “autonomía estratégica abierta”, compatible con la globalización pero que permita responder en situaciones de crisis. “Tenemos que tener capacidad de producir rápidamente en caso de necesidad”, señaló. Una idea que conecta con “la experiencia reciente de la pandemia y con las tensiones geopolíticas actuales”. El mundo está cambiando, y la industria ha de hacerlo con él. 

Carrasco coincidió en ese punto, y apunto que la resiliencia ha ganado peso frente a la eficiencia como criterio dominante. “Desde la pandemia ya nadie pone en duda la importancia de la resiliencia”, apuntó. A su juicio, esto abre una oportunidad para rediseñar los procesos productivos, haciéndolos más flexibles y capaces de adaptarse a cambios en la demanda o en las cadenas de suministro.

En el ámbito naval, López del Pozo subrayó que esa autonomía estratégica también es una oportunidad para el sector. “Estamos especializados en segmentos clave para la seguridad energética”, explicó, en referencia al transporte marítimo de mercancías y pasajeros. “Los riesgos trascienden lo económico y afectan a la estabilidad de la sociedad”, añadió, defendiendo el papel de la industria naval en la transición energética.

Navarro fue más allá y situó el debate en un contexto global. Recordó cómo, durante la pandemia, productos esenciales cambiaban de destino en función de quién pagaba más, evidenciando la vulnerabilidad de las cadenas de suministro. “Nos hemos dado cuenta de que había que fabricar más, mejor y más cerca”, afirmó. En ese contexto, lanzó un mensaje optimista: “Estamos en pleno relanzamiento de la antigua tradición industrial española”.

Un futuro esperanzador

El impacto de esta transformación sobre el empleo fue otro de los ejes muy presentes en la mesa. Frente a la idea de que la automatización destruye puestos de trabajo, Navarro defendió que el efecto puede ser el contrario. “Los robots van a sustituir muchos empleos, pero para diseñarlos, fabricarlos y mantenerlos se necesita mucha gente”, explicó, ilustrándolo con la evolución de los equipos técnicos en la Fórmula 1. “He estado viendo fotos del Pit Stop de la Fórmula 1 desde el año 50 hasta ahora. Los coches de ahora están absolutamente robotizados. En el año 50 había cuatro mecánicos, y ahora hay más de 20. Es decir: los robots van a sustituir muchos puestos de trabajo, pero para diseñar, fabricar, mantener y calibrar un robot se necesita mucha gente”, reflexionó.

La descarbonización, la otra gran pata del debate, se planteó no solo como una obligación desde el punto de vista medioambiental, sino como una oportunidad económica. “Lo que vamos a consumir en los próximos 30 años va a ser verde, sí o sí”, vaticinó García Brustenga. “El que no vaya a lo verde no está en la nueva economía”, añadió, vinculando directamente la transición energética con la competitividad.

Carrasco insistió en la necesidad de ampliar la mirada también en este ámbito. “No pensemos solo en lo que emite un vehículo, sino en todo su ciclo de vida”, señaló, incluyendo la fabricación y el reciclaje. Una visión que extiende la descarbonización a sectores como el textil o el alimentario.

Desde la industria naval, López del Pozo coincidió en que el proceso es ya inevitable. “La descarbonización es una cuestión existencial en Europa”, afirmó, advirtiendo de la necesidad de reducir la dependencia energética de terceros países. Navarro, por su parte, introdujo el concepto de economía azul y destacó el papel de España en el impulso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El debate dejó una conclusión compartida: la transformación industrial está en marcha y combina múltiples dimensiones: tecnológica, energética, social y geopolítica. La dirección parece clara, pero el reto ahora es ejecutar ese cambio sin perder competitividad y asegurando que sus beneficios se extienden a todo el tejido productivo.

El Colegio Oficial de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos Industriales de Badajoz (COPITIBA) ha celebrado este sábado su Encuentro Anual, un acto que ha servido para subrayar la importancia de la profesión para el desarrollo de Extremadura y también ante los retos que puede plantear en la guerra en Irán.

También, como cada año, el Colegio ha distinguido a los colegiados y colegiadas que este 2026 celebran sus bodas de oro y plata en la profesión. 

La decana de COPITIBA, Vicenta Gómez, ha puesto en valor el importante papel que los profesionales del sector desempeñan en prácticamente todos los sectores productivos y la trascendencia de los servicios que ofrece el Colegio, tanto para los profesionales como para los usuarios y consumidores, por lo que ha celebrado el aumento de colegiados en COPITIBA, mucho de ese éxito es fruto, como ha destacado, de la “estrecha colaboración” que la institución mantiene con la Escuela de Ingenierías Industriales de la Universidad de Extremadura en Badajoz.

Pero, además, Gómez ha instado a las Administraciones a que se “apoyen” en los colegios profesionales, “que nos utilicen”. En este sentido, ha propuesto a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, que ha clausurado el Encuentro Anual 2026, la puesta en marcha de un plan de desarrollo agroindustrial. “Tenemos materia prima y tenemos energía”, ha subrayado la decana de COPITIBA, que ha recordado que hay “muchos proyectos relevantes en marcha y otros tanto en estudio, y queremos que todos se conviertan en realidad”.

Durante su intervención, Vicenta Gómez ha señalado el aumento de estudiantes matriculados en la Escuela de Ingenierías Industriales, un incremento que “lamentablemente” no se da en otras ramas de la Ingeniería, y de mujeres, alcanzando el 24% del total.

Por último, se ha referido a la guerra de Irán y las consecuencias que tendrá para la sociedad y para la profesión, “aunque ahora mismo nadie sabe qué pasará y en qué nivel nos afectará”. No obstante, ha recordado que los ingenieros técnicos industriales “siempre estaremos para hacer la vida más fácil y aportar soluciones a los problemas para la generación de riqueza y el bienestar de la sociedad”.

El Encuentro Anual de COPITIBA ha contado, además de con la participación de la consejera Mercedes Morán, con el presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEX), Manuel José Gonzalez Andrade; el concejal delegado de Alumbrado, Eficiencia Energética y Parque Móvil del Ayuntamiento de Badajoz, José Luis González; el presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de España, José Antonio Galdón.

El comité de empresa de la fábrica de Solvay en Barreda (UGT, CCOO y USO) lamenta que la propuesta de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ha anunciado la dirección se basa solo en criterios económicos y que tampoco baraja rebajar el planteamiento inicial de 77 despidos, en una planta de algo más de 300 trabajadores.

El comité ha reiterado su rechazo a la documentación presentada por la empresa para justificar la reducción de la producción y el despido inicial de 77 trabajadores de la planta productiva de Torrelavega porque “no está basada en datos objetivos reales”.

Los sindicatos aclaran, tras concluir la quinta reunión de negociación del ERE, que los responsables de servicio han explicado los datos aportados por la empresa en su informe técnico para justificar los despidos.

“Las explicaciones no son suficientes, ya que no garantizan una funcionalidad de los puestos finales afectados ni de la propia fábrica”, subraya el comité de empresa de la fábrica de Torrelavega en un comunicado.

Los sindicatos insisten en que “los argumentos esgrimidos por la empresa no están basados en datos objetivos reales, sino en un porcentaje de reducción de capacidad trasladado directamente a cada servicio, sin tener en cuenta la casuística de cada unidad”.

“Por supuesto, ha quedado muy claro que la propuesta de la empresa se basa exclusivamente en criterios económicos y en ningún caso se va a mejorar la operatividad de la planta ni aspectos tan importantes como la seguridad y fiabilidad, que entendemos fundamentales”, agrega el comunicado sindical.

El comité de empresa recalca que la empresa ha solicitado aportaciones y propuestas alternativas “pero siempre bajo la premisa de mantener su planteamiento inicial de reducir 77 empleos directos”. La negociación del ERE de Solvay tendrá su sexta cita el próximo martes 24 de marzo, según informan los sindicatos.