La industria asturiana quiere abrir sus puertas a nuevas miradas. Ese es el objetivo de Territorio Productivo, una iniciativa promovida por elDiario.es Asturias, que plantea una conexión entre empresa, cultura, educación y sociedad a través de la creación artística y la divulgación. El proyecto acaba de lanzar una convocatoria abierta dirigida a cualquier ciudadano interesados en interpretar el tejido productivo del Principado desde una perspectiva cultural y contemporánea.

La propuesta se desarrollará mediante visitas a empresas y entornos industriales asturianos, donde los participantes podrán conocer de primera mano procesos de producción, tecnologías, materiales y dinámicas laborales. A partir de esa experiencia, los creadores elaborarán trabajos fotográficos, artículos, ensayos o crónicas que serán evaluados por un jurado multidisciplinar. El plazo para apuntarse está abierto hasta el 15 de junio, con la visita a las empresas la segunda quincena de junio y en septiembre tendrá lugar la exposición y la publicación de los textos.

El proyecto no persigue ni textos promocionales ni descripciones empresariales convencionales. La intención es que los participantes utilicen la industria como punto de partida para reflexionar sobre cuestiones más amplias relacionadas con la sociedad, la tecnología, el trabajo, el territorio o los desafíos del futuro.  

La convocatoria contempla dos líneas abiertas al público general: fotografía y artículos o ensayos. En el caso de la fotografía, cada participante podrá presentar hasta tres imágenes individuales con capacidad de lectura propia. Por su parte, la modalidad de ensayo está dirigida a la elaboración de trabajos de no ficción con una extensión de entre 1.500 y 4.000 palabras.   

Cómo participar

La participación es gratuita, aunque será obligatorio asistir al menos a una de las visitas programadas a los entornos industriales durante el mes de junio. Tras ese periodo de inmersión, los participantes dispondrán de los meses de julio y agosto para desarrollar sus propuestas. La fecha límite de entrega será el 1 de septiembre.   

Los trabajos seleccionados recibirán una dotación económica de 400 euros por categoría, además de publicación en elDiario.es Asturias y participación en una exposición y jornada pública que servirá como cierre del proyecto. Una oportunidad única para establecer vínculos entre el ámbito empresarial, el educativo y el cultural, generando nuevas narrativas sobre una realidad industrial que continúa siendo uno de los pilares económicos de Asturias.   

El jurado estará integrado por representantes del ámbito industrial, empresarial, científico, tecnológico, cultural y periodístico. Entre los criterios de valoración figuran la calidad de la escritura o de la propuesta visual, la originalidad de la mirada, la capacidad para conectar experiencias concretas con cuestiones de alcance social y la utilización de la observación directa como herramienta narrativa.   

La iniciativa Territorio Productivo es posible gracias a un programa de divulgación de la innovación industrial del Principado de Asturias, y pretende impulsar una nueva forma de acercarse a la industria regional, no solo como actividad económica, sino también como un espacio donde se cruzan historias humanas, innovación, conocimiento y transformación social.

Territorio Productivo cuenta, además, con una línea en colaboración con la Escuela Superior de Arte del Principado de Asturias con la participación de alumnado y profesorado para el desarrollo de propuestas desde el diseño, la creación y la mediación.

Puedes formalizar tu inscripción a los dos concursos aquí.

Bases del certamen de fotografía

Bases certamen de artículos y ensayos

“La mejor política industrial es la que no existe”. Esta frase fue el paradigma imperante en el pensamiento económico y político en el final del siglo XX. La frase, atribuida a un ministro de industria de Felipe González, en realidad es una traducción literal de la de Gary Becker: “The best industrial policy is none at all”. Cuando Gary Becker, profesor de la Universidad de Chicago y premio Nobel de Economía en 1992 la pronunció en 1985 se refería a un conjunto de prácticas proteccionistas e intervencionistas que, sobre todo en EEUU, trataba de frenar el declive de un sector industrial incapaz de modernizarse y sujeto a una fuerte competencia, sobre todo de países asiáticos (por aquel entonces, Japón y Corea del Sur).

La llamada “política industrial” en EEUU y en otros muchos países no era otra cosa que acudir a las viejas recetas proteccionistas, como la sustitución de importaciones, barreras arancelarias y no arancelarias (homologaciones, certificados de calidad, etc.) o los subsidios a la exportación para tratar de retrasar lo inevitable. Todas estas prácticas se habían traducido en un menor crecimiento a largo plazo, como resultado de una menor productividad; un mayor déficit público, una mayor ineficiencia económica y una pérdida de bienestar social, sobre todo de los consumidores, que son el 100% de la población.

En España, este sentimiento contrario a la vieja política industrial coincidió con el necesario proceso de reconversión industrial de los años 80, puesta en marcha para eliminar las ineficiencias de un sector manufacturero heredado del período franquista. Por ello, la frase de Becker fue muy celebrada y rápidamente adaptada al español, aunque casi 40 después, no está claro quién asumió su paternidad. El paradigma en contra de la política industrial se mantuvo hasta el cambio de siglo y lo que fue una expresión ingeniosa y probablemente acertada en los años 80, el tiempo demostró que fue tremendamente desafortunada. El motivo queda reflejado en el Gráfico, que recoge el peso del sector industrial en el PIB español en las últimas 3 décadas.

El sector industrial representaba el 20% del PIB en los años 90, con algunas oscilaciones cíclicas. Pero desde el máximo alcanzado a finales de 1997 hasta el inicio de la Gran Recesión, a principios de 2009, dicho porcentaje descendió en más de 5 puntos del PIB. Es importante que esta pérdida relativa de tejido industrial no ocurrió durante la crisis, sino durante el período de la falsa bonanza. Y es que la burbuja inmobiliaria resultó ser letal para nuestra industria, pese al impulso de algunos sectores asociados a la construcción. Buena parte del suelo industrial fue recalificado para la promoción residencial.

Este proceso de desindustrialización fue común a otros países, pero especialmente acusado en España y Países Bajos. Otros países europeos, como Alemania, Dinamarca y Austria resistieron esta presión e incluso algunos como Noruega, Hungría e Irlanda, aumentaron el peso relativo de su sector industrial.

Con la llegada de la crisis en España, la pérdida de importancia del sector industrial se frenó. A ello contribuyeron las políticas del Gobierno de Zapatero, que en su programa económico había recuperado el apoyo del partido socialista a una política industrial moderna, del siglo XXI. Sus características generales son las de una política que no perjudique a los consumidores (es decir, no les haga pagar un precio más alto o sufrir una peor calidad, como hacían las políticas proteccionistas), que eleve la productividad total de los factores y la eficiencia económica, en lugar de sostener a sectores obsoletos, que no empeore el déficit público a medio plazo, que mejore el déficit exterior, al apoyar sectores innovadores y exportadores, y que ayuden a la sostenibilidad medioambiental. El Plan Integral Industrial 2020, aprobado en 2010, fue uno de los impulsos a esta nueva política.

Con el cambio político de 2012, el gobierno del Partido Popular no continuó con el PIN 2020, pese a su aprobación consensuada. Su mayor rechazo era la definición de los siete sectores estratégicos (Automóvil, Aeroespacial, Biotecnología y tecnologías sanitarias, Tecnologías de la Información- Comunicación (TIC) y contenidos digitales, Energías renovables y eficiencia energética, Industria orientada a la protección medioambiental (desalinizadoras, reciclaje) y la Agroalimentación). Con el Gobierno de Rajoy vuelve a descender el peso de la industria en el PIB y no se recupera el nivel del 15%. El mínimo se alcanza en el primer trimestre de 2020, con 13,5%. El Gobierno de Sánchez vuelve a asumir el discurso de la política industrial y a fijarse de nuevo el objetivo del 20% del PIB, en el proyecto de Ley de Industria. Su estrategia se ha basado en el uso, tras la pandemia, de los fondos europeos para el impulso de determinados sectores, en particular los PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y la Transformación Económica. Entre ellos destaca el PERTE del Vehículo eléctrico y conectado, el PERTE Chip, para el diseño y fabricación de semiconductores y el PERTE de descarbonización industrial para la modernización de la industria intensiva en energía.

Este enfoque ha sido posible por el cambio de paradigma europeo hacia la política industrial, gracias a la influencia de los informes de Draghi y Letta, abandonando el enfoque “beckeriano” y apostando por la necesaria “autonomía estratégica”, que ha posibilitado el esfuerzo de los gobiernos, en particular el español, por la reindustrialización y la atracción de producción en ámbitos como las baterías, energías renovables, hidrógeno verde, y tecnologías digitales avanzadas. También la consideración, de facto, de la industria de Defensa y Seguridad como un nuevo sector estratégico.

Todo ello ha hecho posible (véase el gráfico), recuperar hasta el 16% a principios de 2023 el peso de nuestro sector industrial. Sin embargo, a medida que la economía española se ha ido recuperando de los choques de la pandemia y la guerra de Ucrania, el peso del sector manufacturero ha vuelto a retroceder, alcanzando el 14% en el primer trimestre de 2026. Ello demuestra que la política industrial debe ser continua y sostenida en el tiempo. En este sentido, preocupa la ausencia de discurso industrial del principal partido de la oposición, más allá de declaraciones generales a favor de la innovación, la creación de empresas, la simplificación administrativa o el incentivo a la inversión privada, que comparten los principales partidos. Su bloqueo al Proyecto de Ley de Industria desde 2024 es una mala señal. Porque la mejor política industrial, por encima de todo, debe ser consensuada y mantenida en el tiempo.

La sociedad pública Sodena aportará “hasta 50 millones” de euros al capital de la empresa conjunta con el fabricante chino Hithium para la instalación en Navarra de una factoría para la producción de baterías de almacenamiento eléctrico que estará en funcionamiento a partir del 2027. Así lo ha anunciado el consejero de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial, Mikel Irujo, después de que se cerrase hace unas semanas el acuerdo con la empresa china para la construcción de la planta, que contará con una inversión total de más de 400 millones y que generará 700 empleos directos.

Irujo ha avanzado que, si bien Hithium iba a realizar una aportación incial de capital de 61 millones, “en las últimas negociaciones” han previsto “elevar esa suma a los 100 millones”. Así, ha afirmado que “el motivo de la entrada de capital público se justifica desde el punto de vista del arraigo empresarial para asegurar el futuro de la planta en Navarra, asegurar la configuración de una cadena de valor industrial en el territorio, así como la contratación de personal laboral local”.

El consejero ha subrayado asimismo que “siempre que se cuente con las autorizaciones necesarias (tanto internas como de las autoridades administrativas competentes) y de conformidad con la legislación vigente, además del límite de inversión total de 50 millones, Sodena hará todo lo posible por estudiar la posibilidad de proporcionar garantías o contragarantías adicionales, en forma de avales”. Irujo ha detallado que “el objetivo es que las baterías de Hithium tengan el sello de Made in Navarra”. “Y todo ello, asegurando empleo de calidad para esos 700 puestos de trabajo previstos”, ha afirmado.

Irujo ha explicado que la primera visita de Hithium a Navarra se produjo en octubre del 2023, y que “la empresa y el Gobierno de Navarra han estado colaborando estrechamente con el objetivo de evaluar la viabilidad de la ejecución del proyecto en Navarra desde todas las perspectivas pertinentes (incluidas las cuestiones normativas, administrativas, operativas, financieras y relacionadas con el empleo), habiendo concluido ambas partes que Navarra reúne las condiciones necesarias y óptimas para el desarrollo del proyecto de inversión”.

Ha recordado que, tras la visita de Hithium, con su fundador a la cabeza, el 14 de diciembre de 2025, la empresa invitó al Ejecutivo a visitar y ultimar negociaciones en su planta de Chongqing los días 13 a 15 de enero. Y una semana más tarde, el 23 de enero de 2026, el Grupo Hithium constituyó en Navarra una sociedad denominada Hithium Spain Innovation, S.A., “destinada a servir de vehículo corporativo a través del cual se ejecutará y desarrollará el proyecto de inversión”.

Ha explicado que, como promotor principal y socio industrial del proyecto, Hithium ha iniciado el proceso de 'due diligence' industrial del proyecto en Navarra, incluida la evaluación técnica, industrial y jurídica de las posibles instalaciones donde irá la fábrica de producción. Además, ha continuado, el asesor financiero de la empresa ha realizado un sondeo de mercado informal con los principales bancos comerciales en abril e inició las negociaciones oficiales con los prestamistas en mayo.

Irujo ha precisado que Hithium estima que el desarrollo del proyecto supondrá un gasto de capital de aproximadamente 405 millones de euros y que tiene la intención de recurrir a las siguientes fuentes de financiación: aportaciones de capital por un importe total de 150.000.000 euros; financiación bancaria y de instrumentos como el FAIIP (Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva) por un importe total de 174.000.000 euros; y subvenciones públicas por un importe total de 81.000.000 euros. “Estas cifras son aproximativas, podrían variar ligeramente en el transcurso de las negociaciones”, ha afirmado.

Según el consejero, el pasado 6 de mayo el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (Idae), adscrito al Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, emitió una propuesta para la concesión de una subvención a favor de Hithium por un importe de 81.000.000 euros para el desarrollo del proyecto en Navarra. “No está del todo confirmado, a falta del resultado de la evaluación técnica, si bien es un hito fundamental para el proyecto”, ha dicho.

El Ayuntamiento de Santa María de Cayón ha instado a la dirección de Nestlé España a mantener el diálogo con los representantes de los trabajadores y a adoptar soluciones que garanticen la estabilidad laboral y el futuro de la planta de La Penilla.

Toda la Corporación municipal ha remitido este lunes a los medios de comunicación un comunicado conjunto, en el que manifiesta su “total desacuerdo” con las intenciones planteadas por la dirección de Nestlé España que pueden “afectar negativamente” al empleo y a la actividad de dicha planta.

Asimismo, muestra su apoyo y solidaridad de con los trabajadores de la planta y sus familias, y pone a disposición de los representantes de los trabajadores todos los recursos municipales al alcance en defensa del empleo y de la continuidad de la actividad industrial en el municipio.

Según ha destacado, la planta de Nestlé ubicada en La Penilla constituye desde hace décadas “uno de los principales motores” industriales, económicos y sociales del municipio, que genera empleo directo e indirecto y contribuye al arraigo y estabilidad de numerosas familias.

Así, ha indicado que las recientes intenciones planteadas por la dirección de la empresa han generado una “profunda preocupación” entre los trabajadores de la planta, así como entre el conjunto de los vecinos de Santa María de Cayón, ante las “posibles consecuencias negativas que dichas decisiones podrían tener sobre el empleo, la actividad industrial y el futuro económico del municipio”.

El Ayuntamiento, que considera “imprescindible” mostrar un respaldo “firme e inequívoco” a los trabajadores afectados, defiende la continuidad y estabilidad del empleo industrial en el territorio y rechaza cualquier medida que pueda poner en riesgo el bienestar de las familias vinculadas a la planta.

La Corporación entiende que la defensa del tejido industrial local debe ser una “prioridad institucional” y un “compromiso compartido” por todos los grupos políticos representados.

Europa ha entendido por fin dónde se juega la partida del automóvil eléctrico en la que intenta retener protagonismo frente a China. No será solo en las berlinas premium de 100.000 euros o más ni en los SUV gigantescos que durante años inflaron los márgenes de los fabricantes, sino en los coches pequeños, urbanos y asequibles. La llegada al mercado de modelos accesibles de marcas chinas ha espoleado a la industria de automoción española y europea a lanzar una nueva hornada de eléctricos baratos 'Made in Europe' con los que pretenden poner a salvo fábricas y trabajadores.

La respuesta europea ya está en marcha. En los próximos meses desembarcará una auténtica ofensiva de turismos eléctricos con un precio que rondará los 25.000 euros, o incluso por debajo, fabricados, en muchos casos, dentro del propio continente. Las fábricas de Seat de Martorell y de Volkswagen de Pamplona serán dos de los grandes centros neurálgicos de esta reconquista industrial: allí se producirán cuatro modelos urbanos eléctricos de Cupra (Raval), Volkswagen (ID. Polo e ID. Cross) y Skoda (Epiq) destinados a democratizar la movilidad eléctrica en Europa. Además, Audi también baraja sumar su propio modelo a esa familia.

El Cupra Raval, que se vende desde 26.000 euros, inicia la primera semana de junio la producción en serie como pistoletazo de salida para el resto de modelos de la familia de modelos urbanos del grupo Volkswagen, desarrollados desde el Centro Técnico de Seat de Martorell. El proyecto conjunto, que incluye la fábrica de baterías de Sagunt (Valencia), suma unas inversiones de 10.000 millones que han recibido ayudas de varias administraciones, incluidos los fondos del Ministerio de Industria a través de los PERTE.

Eléctricos más baratos, pero con menos autonomía

A esos modelos hay que sumar el nuevo Renault Twingo ensamblado en Eslovenia, que ya está disponible desde 18.300 euros sin ayudas, junto a los renacidos R5 y R4 y el Dacia Spring (17.200 euros); el futuro urbano eléctrico E-Car de Stellantis fabricado en Italia; el Citroën e-C3 producido en Serbia, el reinterpretado Citroën 2CV eléctrico previsto en Eslovaquia, el Hyundai Inster ensamblado también en Europa del Este; los Leapmotor, marca china asociada a Stellantis, que se producirán en Zaragoza y Madrid; y el esperado Volkswagen ID.1, que llegará desde Portugal con un precio objetivo alrededor de los 20.000 euros.

Sin embargo, los nuevos modelos eléctricos baratos se ven obligados a sacrificar autonomía al equipar baterías más pequeñas, que reducen el rango a unos 300 kilómetros o incluso hasta los 200 en algunas versiones de uso más urbano. En ese segmento, la industria de automoción española compite directamente con Europa del Este y con las plantas del norte de Marruecos, de las que salen, por ejemplo, el Citroën AMI (7.990 euros), equiparable a un cuadriciclo.

La fotografía del mercado empieza a cambiar. Según el último informe de la organización Transport & Environment (T&E), el precio medio de los coches eléctricos en la Unión Europea cayó en 2025 por primera vez desde 2020, situándose en 42.700 euros tras un descenso de 1.800 euros, equivalente al 4%. Se trata de un precio de catálogo, sin ayudas públicas ni promociones, que está inflado por el sesgo que existía hasta ahora por la abundancia de oferta en el segmento de gama alta.

Además de intentar no perder más terreno ante la ofensiva de las marcas chinas en el mercado, el contraataque de los fabricantes europeos también responde a la presión regulatoria de Bruselas. Los nuevos objetivos europeos de emisiones de CO₂ obligan a las marcas a vender más coches eléctricos y, para lograrlo y evitar cuantiosas multas, necesitan modelos accesibles.

Tendencia a la baja de los precios

Durante años ocurrió exactamente lo contrario. Aunque el coste de las baterías caía, las marcas apostaron por SUV más grandes y vehículos de alta gama, elevando el precio medio de los eléctricos en unos 5.000 euros desde 2020. Ahora el péndulo gira en sentido inverso. La aparición de modelos asequibles europeos como el Citroën e-C3 o el Renault 5, junto con los competidores chinos, han empezado a corregir esa deriva. Solo en el segmento B —los compactos de alrededor de cuatro metros que son el corazón del mercado europeo— los precios se redujeron un 13% en 2025.

Las marcas chinas llevan años explotando precisamente esa debilidad o el olvido europeo: ofrecer vehículos eléctricos razonablemente equipados a precios imposibles para los fabricantes tradicionales. Modelos como el BYD Dolphin Surf (17.800 euros), el Leapmotor T03 o el MG4 han demostrado que el principal argumento comercial sigue siendo el coste, especialmente para los consumidores españoles, que tienen poco en cuenta el origen del vehículo.

El precio continúa siendo el principal factor de decisión para el comprador. El 28% de los usuarios sitúa el coste por delante de la marca, la seguridad o incluso el tipo de motorización. Además, el 80% de quienes planean adquirir un coche optan ya por uno de ocasión, una cifra que sigue creciendo ante el encarecimiento general del automóvil. Incluso en el caso de los eléctricos persiste el escepticismo: un 62% de los conductores afirma que no elegiría un coche eléctrico si costase lo mismo que uno de combustión.

Ese dato explica por qué Bruselas considera estratégica la batalla del coche eléctrico asequible y está en proceso de crear una categoría específica para optar a ayudas más altas, como sucede en España con el Plan Auto+. Porque sin precios competitivos no habrá transición masiva. Y porque Europa sabe que ya no puede permitirse perder más terreno industrial frente a China.

El informe de T&E sostiene que la transición eléctrica europea ha alcanzado un “punto de inflexión”. Los eléctricos representaron el 19% de las ventas en 2025 y podrían alcanzar el 28% en 2027 impulsados por la necesidad de cumplir con los objetivos de emisiones. La organización asegura además que la paridad de precio entre eléctricos y coches de combustión podría alcanzarse antes de 2030 en prácticamente todos los segmentos si la UE mantiene intactas las exigencias regulatorias.

Más eléctricos, pero menos rentabilidad

“El cliente ya hecho el click”, aseguró recientemente Josep Maria Recasens, hasta ahora presidente de la asociación de fabricantes española (Anfac) y de Renault España, en relación con el paso para pasar de la combustión a la electrificación. Precisamente, las fábricas de Renault de Palencia y Valladolid incorporarán próximamente los primeros eléctricos y nuevos híbridos de nueva generación gracias al acuerdo para un nuevo convenio colectivo.

Pero la industria europea vive atrapada entre dos tensiones. Por un lado necesita vender más eléctricos baratos para cumplir con Bruselas. Por otro, teme sacrificar márgenes en un momento de enorme incertidumbre industrial y de desplome generalizado de la rentabilidad. T&E acusa directamente a algunos fabricantes de haber retrasado deliberadamente esa bajada de precios para priorizar beneficios.

Mientras tanto, la competencia no espera. Las marcas chinas ya no solo avanzan en eléctricos puros; también están ganando terreno en híbridos enchufables, incluso frente a fabricantes premium alemanes. El riesgo para Europa es evidente: relajarse ahora supondría regalar el mercado de masas a fabricantes extranjeros justo cuando comienza la gran batalla del coche asequible.

En el valle de Cayón, en Cantabria, es raro que alguien llame Nestlé a la primera fábrica que la multinacional suiza puso en España en 1905. La gente dice “La Nestle”, con artículo y sin tilde. Los vecinos la consideran su fábrica, en un gesto de identificación con una empresa que ha sido el motor de empleo histórico para generaciones de familias de la comarca, con la que ahora están en frontal conflicto.

Por eso, la plantilla de Nestlé, en el municipio de La Penilla, y en las otras las cinco factorías repartidas por España afronta con particular malestar los despidos, un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) anunciado en abril para 301 empleados (49, en La Penilla). Por eso, también, tras las movilizaciones de mayo, los trabajadores y sus familias encaran con tensión los paros. Todo, mientras negocian con una dirección cuya última y rechazada propuesta ha sido despedir a 43.

Todos son conscientes de que Nestlé tiene un masivo plan mundial de despidos. Pero la consciencia no quita que se sientan defraudados. “Antes era nuestra empresa, era mi empresa... Desde el ERE es 'la' empresa': ha cambiado la empresa y cambiamos nosotros”, dice con manifiesta distancia Sergio Ruiz, delegado del sindicato USO en el comité de empresa.

“La gente de la zona siempre procuraba entrar en la empresa. Era la costumbre”, dice este hijo, hermano y padre de empleados de Nestlé, que lleva 37 años dentro. Pero, desde el anuncio del ERE, percibe “incertidumbre y ansiedad”: “A mi hija la hicieron fija a principios de año”, dice sin poder manifestar alegría.

“Es que ha sido nuestra vida. Hemos estado ahí viviendo todo el valle de 'La Nestle'. Había un cierto sentimiento de toda la gente como algo tuyo”, describe Antonio (nombre ficticio porque tiene familia trabajando en Nestlé) que ha dedicado 40 años a la empresa.

Terry, también jubilado y con familiares dentro, también pide anonimato, coincide con sus compañeros: “El sentimiento de pertenencia a la Nestle ha sido muy importante en todos los trabajadores de la empresa. La Penilla no merece este trato”.

Memoria histórica de un valle

El sentimiento identitario es notable porque, entre todos y sin pedírselo, hacen memoria histórica de Nestlé. Se saben la historia de su fábrica, porque es la historia de su valle. Como historiadores involuntarios, cuentan que, en 1905, Nestlé se instaló en Cantabria y trajo personal directivo suizo. En esta época existía una zona residencial conocida como “la colonia” donde vivían los ingenieros y jefes. Contaba incluso con su propia “escuela suiza” para los hijos de estos empleados, para enseñarles en su idioma. “Mi abuelo empezó trabajando allí con 12 años de botones”, dice Terry.

En la posguerra, subraya Terry, “la fórmula infantil del pelargón quitó el hambre a los niños”, dice. “Luego, con un bote de leche condensada y una tableta se criaron generaciones de hijos de empleados”.

A partir de las cincuenta, fue el boom de las contrataciones. “Decían que era una empresa familiar porque todo el mundo quería meter a sus hijos allí”, cuenta Antonio.

Antonio entró a la fábrica en 1975, porque su padre consideró que era más estable, aunque ganase menos que en su empleo. “En aquellos años, cuando las mujeres empleadas se casaban, las echaban por ley... tenían que dejar la fábrica”, añade este ex empleado cuyos dos hermanos trabajaron también en Nestlé.

En esa década, la fábrica creo una escuela de aprendices. “Escogieron a niños aprendices de 15 años y les prepararon para que luego fuesen los jefes de talleres”, evoca Terry.

En los setenta, Antonio dice que las condiciones salariales “no eran maravillosas, pero estaban bien”. Para 1977 se produjo la primera gran huelga. Paralizó el valle de Cayón “y prácticamente la actividad general en Cantabria” durante más de veinte días. Hubo incluso cartas de despidos “Y, a raíz de ahí, se cambió un poco la mentalidad”. Con cambio de mentalidad, Antonio se refiere a que mejoraron las condiciones. Entre los ochenta y los noventa, este ex miembro del comité recuerda que la empresa solía ir “de cara”, que “siempre” negociaba los convenios: “Los jefes decían que prpreferíanue los trapos sucios se lavaran en casa”.

Desde los años 2000, coinciden, las negociaciones empezaron a ser “más duras”. Cuentan que les mantenían el IPC, pero las subidas eran más peleadas. Aun así, todos recuerdan ese tiempo a la empresa multinacional como una empresa“muy local”, en la que el trabajo seguía pasando de padres a hijos.

Para que la gente comiese chocolate

El recuerdo más reciente, antes del anuncio de despidos, fue el Covid. “Fuimos trabajadores esenciales, indispensables, para que la gente en casa pudiese comer chocolate... Seis años después, un ERE”, confronta Juan Miguel González, presidente del comité de empresa de Nestlé en La Penilla, cuya abuela entro en la fábrica a mediados de los cincuenta: “Éramos una gran familia y ahora la empresa parece que no tiene sentimientos”.

“Nos ha dado mucho trabajo a todo el valle y al final es una repulsa lo que nos genera el ERE porque no lo vemos justificado. No se entiende que, desde Suiza, sean capaces de apretar un botón y digan que hay gente que sobra”, dice Terry, cuya opinión coincide con la de Antonio: “Las ofertas actuales de la empresa son irrisorias”.

Juan Miguel González, que lleva 26 años en la empresa y también está en el comité de empresa europeo, saca un único efecto bueno derivado del ERE: “Ha provocado que estemos muy unidos, trabajadores, vecinos y jubilados de todo el valle”, dice ante la contradicción de que la semana de la negociación del ERE se incorporarán trabajadores fijos discontinuos.

El comité de empresa de la fábrica de Nestlé en La Penilla ha decidido en una reunión extraordinaria sustituir la huelga general indefinida que se iniciaba este próximo lunes, 1 de junio, por paros intermitentes en cada turno de trabajo coincidentes con los días pendientes de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía: el 2, 3 y 4 de junio.

El órgano sindical ha acordado esta decisión tras valorar la situación actual en la factoría cántabra -donde se prevén 43 despidos, seis menos que los planteados inicialmente por la dirección- y con el objetivo de “evitar mayores pérdidas económicas” a sus trabajadores.

Ante esto, se ha decidido “un cambio de estrategia de movilización”, ha aclara el comité, que anuncia para el lunes 1 de junio asambleas informativas sobre su decisión a las 13.00 horas, las 14.30 y las 17.00 horas en el Chalet de Higinio.

Los paros coincidirían con los tres últimos días de negociación del ERE inicialmente previstos el 2, 3 y 4 de junio y serían de 14.00 a 15.30 horas y de 11.30 a 13.00 horas en el turno de mañana; de 14.00 a 15.30 y de 19.30 a 21.00 horas en el de tarde; de 22.00 a 23.30 horas y de 3.30 a 5.00 horas en el de noche; y de 11.30 a 13.00 y de 14.00 a 15.30 horas en el relevo partido.

El comité de empresa de la fábrica cántabra de Nestlé indica en un comunicado que “de no alcanzarse un acuerdo en la negociación” del ERE, los paros intermitentes se convocarían de forma indefinida desde el 8 de junio.

“Estas decisiones se han tomado desde la responsabilidad y compromiso con toda la plantilla, buscando equilibrar la defensa de nuestros derechos con el menor impacto económico posible”, concluye el órgano sindical.

Los actores, actrices y otros cineastas que han defendido activamente el medio ambiente y la biodiversidad en Galicia, “con su firme implicación en los movimientos ciudadanos de su territorio”, han sido distinguidos con el Premio Rayo Verde 2026. Este reconocimiento, impulsado por la Academia de Cine y Greenpeace, pone en valor el compromiso de estos profesionales del cine español con la justicia social y la protección del medio natural en Galicia, en concreto, en su lucha contra la implantación de la macrocelulosa de Altri en Palas de Rei (Lugo).

Mabel Rivera, Manuel Rivas, Miguel de Lira, Carlos Blanco, Nerea Barros, Luis Tosar, Martiño Rivas, Luis Zahera, Quico Cadaval e Isabel Risco recibirán este premio de la Academia de Cine y Greenpeace en nombre de los actores, actrices y cineastas reconocidos por su defensa del medio natural en Galicia, según informó en un comunicado la asociación ecologista.

Ellos y ellas “representarán a las actrices, actores y cineastas gallegos, reconocidos 'por su compromiso activo y visible' y su colaboración con movimientos sociales, ecologistas y vecinales como Greenpeace y la plataforma Ulloa Viva, ”en su defensa y conservación de un modelo rural vivo y sostenible frente a la explotación industrial extractivista representada por Altri, el proyecto de la megafactoría que se pretendió construir en la zona gallega de Palas de Rei“, tal y como recoge el fallo.

El jurado destaca también la implicación de actores, actrices y cineastas gallegos en la visibilización de esta movilización, que “supone un recordatorio de la importancia de proteger los recursos naturales y defender un modelo de vida respetuoso con el medio ambiente, que ha definido a Galicia durante generaciones”. Entre los galardonados en ediciones anteriores se encuentran el productor y distribuidor José María Morales (2022); los actores Elena Anaya y Carlos Bardem, en representación de los profesionales implicados en la defensa de los océanos (2023); el director, productor y guionista Alvaro Longoria (2024); y la actriz Alba Flores (2025).

Trece trabajadores de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño que atraviesa este jueves su última jornada de huelga convocada por el comité de empresa, han asistido al Pleno de Camargo para pedir el apoyo de todo el Ayuntamiento a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la negociación de un convenio colectivo “justo” para “no seguir perdiendo poder adquisitivo”.

Los trabajadores, que han acudido al salón de Plenos sobre las 10.00 horas, han tomado la palabra en el turno de participación ciudadana para informar a los concejales sobre su situación.

Según han denunciado, tras cinco jornadas de huelga, “bastante duras” para las familias de los trabajadores, la multinacional “no quiere negociar”.

Y es que en la reunión que han mantenido hace un día en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), han aseverado, los directivos de la fábrica de Maliaño les han indicado que “no están autorizados para hacer mejores ofertas” de la inicialmente propuesta, que supone “perder un poder adquisitivo de 10-12 puntos respecto al IPC”.

Los trabajadores han señalado que “una empresa, además de necesitar trabajo, necesita calidad en el empleo que revertirá en calidad para el municipio”. Asimismo, han destacado que “el pueblo ha crecido alrededor de la Standard” y, además, en épocas como la pandemia del Covid, fueron declarados “esenciales”.

“Solo pedimos lo que es justo, que se remunere nuestro trabajo adecuadamente”, han sentenciado los trabajadores, que están convocados a una mesa de negociación con la empresa el próximo 2 de junio.

En declaraciones a Europa Press, Wladimir Palazuelos, miembro del comité de empresa, ha avanzado que en los próximos días la plantilla va a plantear “seguir con los paros”, previsiblemente con cuatro jornadas de huelga -dos martes y dos jueves- el próximo mes de junio.

Además de los trabajadores que han acudido al pleno municipal, parte de la plantilla, formada por unos 140 empleados, permanece este jueves manifestándose un día más en la puerta de la fábrica con pancartas que reivindican “un convenio justo”.

“Standard, origen de Prysmian, forma parte del ADN del municipio”

Por su parte, el alcalde, Diego Movellán, ha trasladado el apoyo de la Corporación a los trabajadores de Prysmian. “Queremos el mejor futuro” para los trabajadores de Prysmian, ha dicho Movellán, que ha recordado que la empresa Standard Eléctrica, origen de Prysmian y que forma parte del “ADN” del municipio, está cerca de cumplir el centenario de su nacimiento.

El regidor ha puntualizado que la negociación forma parte de la empresa y los empleados, si bien ha manifestado su deseo de que éstos puedan seguir manteniendo sus puestos e incluso puedan “mejorar” las cifras de contratación de la fábrica, así como sus condiciones salariales.

Según ha indicado, en los últimos días ha mantenido conversaciones tanto con el comité de empresa como con la dirección, y ésta última le ha trasladado que las expectativas de futuro son “positivas”, lo que, a juicio del alcalde, es “bueno”, por lo que ha animado a ambas partes a alcanzar un acuerdo para garantizar la viabilidad del proyecto industrial en el municipio “para los siguientes cien años”.

También la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, previamente durante su intervención en un punto del orden del día, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de Prysmian.

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves la Corporación ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y PRC, el nombramiento del suplente del delegado de Protección de Datos y las actualizaciones salariales vinculadas al contrato de servicios deportivos municipales.

También ha salido adelante, por unanimidad, el expediente para la contratación de los servicios de asistencia, mantenimiento y asesoramiento tecnológico de los sistemas y aulas de informática municipales.

La dirección de Nestlé ha rebajado en seis el número de despidos planteados inicialmente en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en la fábrica cántabra de La Penilla, pasando de 49 a 43 en la última oferta trasladada al comité de empresa, que la rechaza “frontalmente” y asegura que no puede “ni valorarla”.

Para los representantes sindicales, la propuesta de la empresa “no es ni una oferta” ya que es “muy de mínimos”, por lo que los ánimos entre los trabajadores están “muy caldeados”.

“La gente tiene mucho miedo, confía en la empresa y la empresa con esta oferta nos ha decepcionado mucho”, ha indicado el presidente del comité, Juan Miguel González (UGT), en declaraciones a los medios este jueves en Santander antes de entrar a la reunión de mediación con la empresa en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), convocada ante la huelga general indefinida prevista desde el lunes, 1 de junio.

Una reunión que González ha avanzado que va a ser “para nada”, pues “no hay nada que hablar” y “no vamos a desconvocar la huelga” porque “no hay motivos”. “Pensábamos que íbamos a avanzar algo más y que podríamos contemplar otro escenario, pero por ahora no”, ha añadido. Además, la reunión coincide este jueves con la última jornada de paros de dos horas por turno, a partir de las 11.00 horas.

En paralelo, la mesa negociadora vuelve a reunirse hoy y el comité espera que en esta caso sí “avance muchísimo la negociación”. González no ha dado más detalles de la oferta trasladada por Nestlé, pero ha lamentado que “apenas se ha reducido el número de despidos” y que las condiciones económicas están “en los mínimos legales que marca el Estatuto de los Trabajadores”.

El comité volverá a reunirse este viernes para valorar la nueva oferta que la dirección le traslade en esta jornada. Para la próxima semana hay nuevos encuentros previstos con la empresa, dentro de una negociación que terminará el próximo jueves 4 de junio.

En este sentido, González ha lamentado que han pasado 24 días desde que comenzó el proceso negociador y la oferta realizada es “muy baja”. El sindicalista ha insistido en que “no se puede aceptar un despido indiscriminado” que afecta a más de 40 familias cuando se trata de una empresa que “da muchos beneficios” y que lo hace “dentro de un plan mundial” con el objetivo de “ganar dinero”.

Además, ha advertido que los sindicatos temen que, “cuando una empresa empieza con un ERE, sigue con más, así que la preocupación es máxima entre los trabajadores”.

El comité reclama que el recorte de plantilla que quiere aplicar la empresa se haga entre “la gente que se quiera ir, y que sea con dinero, porque hay dinero”. “De ahí no nos vamos a mover”, ha sentenciado González.

El cuarto día de paros de dos horas en todos los turnos de trabajo de la fábrica de Nestlé en La Penilla (Cantabria) ha vuelto a ser secundado este miércoles por toda la plantilla del relevo de mañana y el de jornada partida, en coincidencia con el quinto día de negociación del expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la compañía con 49 despidos en la planta productiva cántabra.

Así lo ha informado, en un comunicado, el comité de empresa de Nestlé en La Penilla, que ha recordado que los paros horarios, que se iniciaron el 15 de mayo siempre en coincidencia con el calendario de negociación del ERE, también están convocados este jueves 28 de mayo por última vez, ya que a partir del próximo lunes 1 de junio se iniciará una huelga general indefinida en la fábrica cántabra en función del resultado de las negociaciones.

El calendario de negociaciones del ERE de Nestlé tiene previstas inicialmente tres últimas reuniones la próxima semana, en concreto el 2, 3 y 4 de junio.

El comité de empresa ha valorado una vez más que “la plantilla sigue unida, fuerte y decidida en contra de un ERE injustificado e inaceptable” y ha agradecido “el gran apoyo y la respuesta multitudinaria de la población a la manifestación” de este pasado domingo 24, que fue secundada por más de 3.000 personas.

“Como ya se aclaró en el manifiesto que se leyó después de la manifestación, la plantilla no se rinde y no está dispuesta a dar ni un paso atrás”, ha subrayado el comité de empresa de la planta productiva de Nestlé en La Penilla.

La reunión entre el comité de empresa y la dirección de Prysmian, fábrica de fibra óptica en Maliaño, ha concluido sin acuerdo, este miércoles, en el Organismo de Resolución de Conflictos Extrajudiciales (ORECLA).

El comité ha querido poner el foco en la situación que atraviesa actualmente la fábrica cántabra: ha perdido más de 80 puestos de trabajo en los últimos 12 años, pasando de 216 trabajadores a 138, con dos años de ERTE y 11 despidos en los últimos seis meses. El conflicto laboral se mantiene centrado en la negociación salarial del nuevo convenio: según denuncia el comité, la propuesta planteada por Prysmian contempla una congelación salarial para 2025 y 2026 y un IPC real con tope para 2027.

Pese a este panorama el comité de empresa ha explicado en una nota de prensa que la reunión en el Orecla ha sido “breve y decepcionante” y que la empresa ha llegado “sin ninguna propuesta concreta” a la mediación. Es más, lo único que ha llevado es una petición que, a juicio de la representación sindical, ha sido más bien una exigencia, una reunión con la comisión negociadora para presentar su propuesta el próximo martes, 2 de junio, en las propias instalaciones de la fábrica.

“Hemos aceptado porque tenemos voluntad negociadora y queremos llegar a un acuerdo, eso sí, no a cualquier precio. Hablaremos con la plantilla porque esta aceptación no quita que planteemos un nuevo calendario de paros. A la vista está que la situación sigue completamente bloqueada”, ha añadido Ismael Vega (CCOO), presidente del comité de empresa, según un comunicado del sindicato que representa Vega.

Para Vega, “acudíamos a la mediación en el ORECLA sin expectativas concretas pero con la intención de conocer la posición actual de la empresa porque desde hace un mes no ha habido ningún tipo de movimiento por su parte. De hecho, fue la última propuesta empresarial en abril la que provocó la convocatoria de huelgas actualmente en marcha”.

El comité de empresa señalaba antes del inicio de la reunión que llegaban con esperanza porque “pedir a los compañeros sacrificios y huelgas es duro, pero también expectantes porque necesitamos saber si la empresa quiere seguir instalada en el inmovilismo o empezar realmente a dar pasos hacia un acuerdo”, afirmaba el presidente del comité.

“Es totalmente injusto porque hablamos de una multinacional con importantes beneficios y únicamente estamos reclamando mantener el poder adquisitivo mediante la actualización conforme al IPC. No estamos pidiendo nada más”, ha subrayado Vega, que ha recordado que mañana jueves, 28 de mayo, tendrán el último paro de este primer calendario de movilizaciones.

La representación de los y las trabajadoras ha recordado que incluso en épocas de mayor actividad “se pidió a la plantilla contención salarial por solidaridad con otras partes del grupo y por eso ahora lo que pedimos es precisamente esa solidaridad hacia esta planta y hacia esta plantilla”.

En los despachos del sector de automoción se le conoce como 'Reca', más fácil de pronunciar para muchos que su apellido completo. Ahora, Josep Maria Recasens (Girona, 1976) da el salto a Indra y el sector de la defensa con su estilo práctico y discreto. No sabemos si Josep Maria Recasens habrá celebrado su nombramiento como consejero delegado de Indra cantando la canción 'Smooth operator' de Sade, la misma que canturrea Carlos Sainz cuando consigue subir al podio en una carrera de Fórmula 1 haciendo gala de su talante afable. El 'operador suave' de la automoción dirigirá la principal empresa española de equipamiento militar.

Josep Maria Recasens habla con suavidad y siempre con una sonrisa en los labios. Unos días antes de su designación como principal candidato al puesto de consejero delegado de Indra hizo una demostración de sus cualidades sociales en Barcelona para presentar el Plan España Auto 2030, la ambiciosa hoja de ruta que se empecinó en negociar con todos los actores del sector del automóvil y con el Gobierno.

“¿Cómo estáis por aquí?”, preguntó Recasens a directivos de Seat, la empresa en la que se formó y trabajó durante unos 20 años, con los que se reencontró en la que considera todavía como su casa. Escuchó y elogió los logros de Seat y Cupra en los años en los que él ya no estaba en la compañía al dar el salto a Renault de la mano de Luca de Meo, que lo aupó en la marca española y también en la francesa.

Es una muestra de su talante sociable y pausado tras el que hay un estratega y uno de los directivos españoles con más capacidad para tejer alianzas. Además de la consecución del Plan España Auto 2030, Recasens da el salto a Indra con otra medalla, la de haber encarrilado el futuro para los próximos años de las fábricas de Renault en Valladolid, Palencia y Sevilla. Para ello ha tenido un papel decisivo para convencer a la nueva dirección de Renault, encabezada por François Provost, y a los sindicatos españoles, que han tenido que renunciar a algunas de sus demandas para acercar posiciones en un convenio colectivo para fabricar modelos 100% eléctricos por primera vez en España.

En el impulso final del convenio, Recasens ha contado con la implicación del ministro de Industria, Jordi Hereu, que convocó una reunión para evitar las huelgas y asegurar las nuevas inversiones.

El nuevo CEO de Indra tendrá que hacer gala de su pragmatismo en el nuevo equipo que está configurando Ángel Simón tras el terremoto con la marcha de Ángel Escribano. El presidente ha prescindido de José Vicente de los Mozos, que también había sido presidente de Renault España y miembro de la dirección del grupo francés, y ha fichado a su escudero Ciril Rozman como responsable de la Oficina de Presidencia.

A sus 50 años, el ingeniero catalán Josep Maria Recasens llega a Indra para continuar la labor que había emprendido De los Mozos de atraer a fabricantes y proveedores de automoción al sector emergente de la defensa y la seguridad. Recasens jugará un papel importante con sus contactos en la automoción para convencer a empresas industriales y tecnológicas para que se sumen a la lista de proveedores de confianza, tanto para ensamblar vehículos como para obtener dispositivos avanzados como cámaras, sensores y software.

El Gobierno, que controla Indra a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), confirma el interés por los perfiles que tienen vinculación directa con la industria del motor, en línea con la idea de que se den ciertas convergencias entre este sector y el de defensa, llegando incluso a reconvertir fábricas automovilísticas para cubrir la demanda creciente del sector militar.

Ascenso de la mano de Luca de Meo

El fichaje por Indra se convierte también en una oportunidad para Recasens, que ha tenido que resituarse en la cúpula de Renault con las resoluciones de Provost de dar marcha atrás a decisiones que tomó De Meo antes de dejar el automóvil y entrar en el grupo de lujo que controla Gucci. Recasens se quedó sin la dirección de la división eléctrica Ampere, que ha quedado diluida en Renault. En los últimos meses, Recasens ha ido aumentando sus viajes de París a España para elevar su dedicación a la filial española y como máximo representante de la Asociación de Fabricantes de Automóviles.

Aterrizó en Seat en 2002 como un joven ingeniero obsesionado con la estrategia de producto. Pasó por I+D, planificación y gestión internacional hasta que apareció en escena Luca de Meo. Ahí empezó realmente su ascenso. De Meo detectó rápido un perfil poco habitual: técnico, político y corporativo al mismo tiempo. Recasens no era únicamente un ingeniero; entendía cómo funcionan las administraciones, cómo se negocian inversiones multimillonarias y cómo se alinean intereses públicos y privados. En 2016 fue nombrado director de Estrategia de Seat y más tarde se convirtió en una pieza clave del proyecto Future: Fast Forward (F3), el gigantesco plan de 10.000 millones para electrificar las fábricas de Seat de Martorell y de Volkswagen en Navarra y levantar la gigafactoría de baterías de Sagunto.

Aquel proyecto fue un máster para aprender a navegar en un ecosistema con 50 empresas aliadas en un consorcio y con una fuerte implicación de las administraciones a través de complejos mecanismos como los PERTE VEC del Ministerio de Industria.

En 2021 llegó la llamada decisiva. De Meo, ya al frente de Renault, lo reclutó para París como director de Estrategia y Desarrollo de Negocio del grupo. En la práctica, una especie de jefe de gabinete industrial del CEO. Desde entonces, la carrera de 'Reca' se aceleró todavía más. Se convirtió en presidente de Renault España, asumió responsabilidades en Ampere —la división eléctrica creada por De Meo— y acabó pilotando una parte esencial de la transformación tecnológica del grupo francés.

Ahora, Josep Maria Recasens dispondrá hasta el día 17 de junio para preparar su relevo al frente de Renault España y en la presidencia de Anfac tras marcar la hoja de ruta a corto y medio plazo en la empresa y la patronal.

El directivo catalán llega en un momento crucial para Indra, en el que tendrá que afrontar el arduo reto de convertirse en 'campeón' de la industria de defensa española, al tiempo que gestiona la situación de la posible reactivación de la fusión con la compañía familiar de los hermanos Ángel y Javier Escribano, Escribano Mechanical & Engineering (EM&E), uno de los orígenes de la crisis de gobernanza de la multinacional española.

La plantilla de Prysmian ha protagonizado este martes un nuevo paro total y paralizado la producción en la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño. Los trabajadores han mostrado su “total oposición y su rechazo frontal” a la congelación salarial propuesta por la empresa para la negociación del nuevo convenio colectivo.

La fábrica de Maliaño vuelve a estar por cuarta vez cerrada y con trabajadores apostados a la entrada para reivindicar la conservación del poder adquisitivo y unos incrementos salariales acordes al IPC, ha informado el comité de empresa.

Su presidente, Ismael Vega (CCOO), ha reiterado que el personal, en torno a 140 trabajadores, “está convencido de que las reivindicaciones son justas”. “Sabemos que la empresa nos está sometiendo a un pulso para ver cuánto aguantamos pero la convicción es firme: vamos a llegar hasta el final porque, insisto, no pedimos nada desorbitado para un grupo empresarial que genera ingentes beneficios cada año”, ha advertido.

El comité ha opinado que la empresa “les está testando: de ahí que les ofreciera reunirse este martes a cambio de la desconvocatoria de alguna jornada de huelga”. Sin embargo, la plantilla, de forma mayoritaria, “desechó la idea de ceder a este chantaje” y se mantiene la convocatoria en el Organismo de Resolución de Conflicto Extrajudiciales (ORECLA) para este miércoles, 27 de mayo, a las 10.00 horas.

La huelga proseguirá el jueves si el miércoles no se alcanza ningún acuerdo entre las partes en la reunión que se celebrará a instancias de la empresa, ha avanzado el comité.

La industria de automoción española se prepara para afrontar un nuevo capítulo decisivo. Como si se tratara de los momentos previos a un partido de fútbol con un rival muy superior, el sector del automóvil ha optado por corear al unísono la consigna de “sí se puede” para impulsar un nuevo salto hacia la electrificación con un ambicioso plan. El objetivo es aumentar en un 22% la producción de vehículos de España y conseguir su electrificación en 2035. Para conseguirlo, el sector cuenta con el viento a favor de las nuevas inversiones chinas.

Los 2,7 millones de vehículos que el sector aspira a producir, según los objetivos del Plan España Auto 2030, permitirían abrir una nueva etapa en lo que se considera como el “milagro español de la automoción”. España aspira a consolidar su posición como segundo país europeo con más producción, solo detrás de Alemania, a pesar de que no cuenta con ningún gran fabricante de capital nacional.

El posicionamiento como país especializado en el ensamblaje de vehículos con costes competitivos, incluidos los laborales y los energéticos gracias a las renovables, se ha convertido en un poderoso apoyo para la industria del motor española en un contexto de riesgos y amenazas continuas derivadas de conflictos geopolíticos, crisis de suministros y guerras arancelarias.

La nueva hoja de ruta compartida entre el sector y el Gobierno está actuando como un catalizador para alinear la automoción hacia la consecución de los nuevos objetivos, que incluyen elevar el valor añadido hasta los 120.000 millones de euros y consolidarse como uno de los grandes polos industriales europeos del coche eléctrico.

“Tenemos un plan que planifica a cinco años, incentiva la oferta y la demanda y que regula. Hacemos lo mejor de las tres principales regiones del mundo: los chinos planificando, los europeos regulamos y los americanos incentivan”, destacó Josep Maria Recasens, presidente de la Asociación Nacional de fabricantes de Automóviles (Anfac) y de Renault España, en una cumbre sectorial celebrada en Barcelona con la presencia del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

España, puerta de inversiones chinas

En esa nueva batalla por ganar la electrificación, o lo que no acaparan todavía los poderosos fabricantes chinos, España quiere aprovechar la debilidad de Alemania y Francia en la carrera eléctrica para captar inversiones, atraer fabricantes chinos y reforzar su posición industrial en Europa.

El secretario de Estado de Industria, Jordi García Brustenga, fue incluso más ambicioso que el representante de los fabricantes al expresar que España ha de convertirse en “el primer productor europeo” de vehículos. Para conseguir ese objetivo, la producción tendría que escalar mucho más, hasta los 4,1 millones de unidades que logró Alemania en 2025 frente a los casi 2,3 millones de España.

El optimismo de Brustenga se fundamenta, entre otros factores, en la capacidad de España para atraer grandes inversiones en la industria de automoción procedentes de China. La lista se va ampliando y lo hará más en los próximos meses. La mayor inversión son los más de 4.000 millones que dedicará el gigante mundial de las baterías CATL a una planta de producción de celdas de baterías en Figueruelas (Zaragoza) en colaboración con Stellantis, que cuenta allí con una planta de ensamblaje de vehículos, incluyendo eléctricos.

A continuación se sitúa otra planta de baterías de Envision en Extremadura, la alianza de Chery con Ebro para resucitar la fábrica de Nissan de Barcelona y el acuerdo de Anhui Coronet Tech, Zhengzhou Nissan, filial de Dongfeng, y BAIC con Santana en Linares. En el radar se encuentran proyectos de Geely, BYD y MG (SAIC) en varias comunidades españolas.

“Estamos en un momento clave para recuperar industria, acelerar capacidades tecnológicas, y volver a situar la producción como un eje estratégico de país”, indicó Rafael Ruiz, presidente de Ebro.

El fenómeno de ese nuevo 'milagro chino' que se está gestando en España está atrayendo las miradas en Europa y en otros continentes y está configurando un caso empresarial de estudio en escuelas de negocios, según explicó Brustenga.

Objetivo: mantener el empleo

El magnetismo de España para esas nuevas inversiones contrasta con los apuros que está sufriendo la industria de automoción de Alemania y Francia, los dos países que ostentan los grandes grupos automovilísticos europeos y que ahora ven cómo sus elevados costes y sus pesadas inercias están laminando su competitividad. La patronal alemana de fabricantes (VDA) ha alertado de la pérdida de 225.000 puestos de trabajo de 2019 a 2035 en el país, que está viviendo un reguero de planes de recortes de plantilla como el de 50.000 empleos del Grupo Volkswagen.

En España, el objetivo del plan es que no se pierdan empleos en la transición hacia la electromovilidad y mantener los 1,9 millones de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente a la producción, venta y reparación de vehículos. “Puede parecer poco ambicioso, pero es mucho”, aseguró José López-Tafall, director general de Anfac, en relación con ese objetivo de mantenimiento.

El camino para poner a salvo esos empleos, con la correspondiente formación para los trabajadores, no será fácil. Aunque las cifras agregadas muestran que el sector pasó de 575.100 ocupados directos en fábricas y concesionarios a 609.000 en el primer trimestre, es decir, que ganó 33.900 trabajadores, un 5,9% más, hay preocupación por los ajustes especialmente en algunos proveedores.

Para Javier Pujol, consejero delegado de Ficosa y presidente de la patronal de proveedores (Sernauto), el éxito de los proveedores depende de acertar con la estrategia: “Ahora tenemos que ser muy cautos y objetivos para hacer las cosas bien centrándonos en lo que hacemos mejor y teniendo en cuenta que tenemos que mirar a China”.

Su propia empresa, Ficosa, es una muestra de la estrategia basada en la globalización, el talento y la innovación que defiende Pujol, que ha permitido que el 50% de la facturación provenga de productos ligados a nuevas tecnologías como cámaras, sensores y retrovisores digitales. Ese campo de las nuevas tecnologías es, precisamente, donde está en juego el partido a escala internacional en un contexto de caída de la producción en Europa que está tensionando a fabricantes y proveedores, entre ellos a Ficosa con un ERE de más de 200 empleados en negociación.

El Clúster de la Industria de Automoción de Catalunya (CIAC) alertaba hace unos años de que el 75% de proveedores afrontaban riesgos en el proceso hacia la descarbonización de la movilidad. “El riesgo persiste para muchas empresas, que se ven obligadas a reducir los costes del orden de un 20% para poder competir”, asegura Josep Maria Vall, presidente de CIAC. En esa coyuntura, convertirse en proveedor para el sector de la defensa puede ser “un complemento”, pero no la salvación, según añadió.

Impulso a las ventas de coches eléctricos

La industria no solo se fija en las fábricas, sino en cómo evoluciona el necesario mercado para los nuevos vehículos electrificados que acaparan las inversiones. “El cliente europeo ya ha hecho el clic”, aseguró Josep Maria Recasens, basándose en la curva ascendente de las ventas de eléctricos gracias a la existencia de modelos más asequibles y a la mejora en la red de carga y en la autonomía de las baterías.

España está recuperando terreno y avanza desde la cola de Europa acercándose a la media, con un crecimiento de más del 50% en las ventas de eléctricos e híbridos enchufables y una cuota de mercado del 21% de enero a mayo de este año. El objetivo es llegar al 100% en un plazo de nueve años.

Una de las palancas que está impulsando las ventas de vehículos electrificados es el nuevo plan Auto+ con ayudas de hasta 4.500 euros. El Gobierno confía en que esté operativo en junio, antes del verano, según Jordi García Brustenga, aunque tendrá efectos desde enero.

La subvención pública es un pilar de la estrategia comercial de las marcas y sus lanzamientos de modelos. El Cupra Raval es uno de los que están a punto de llegar al mercado con la vocación de marcar el “inicio de una nueva era y cambiar las reglas del juego democratizando la movilidad eléctrica”, según dijo Markus Haupt, presidente de Seat. Para lanzar este eléctrico urbano desde 26.000 euros, es necesario, según Haupt, el Plan España Auto 2030 y que “se transforme en medidas concretas”.

El Gobierno vasco espera tener antes de que finalice el mes de junio las conclusiones de un estudio para determinar si es rentable o no abordar la construcción de un hidroducto que conecte la red de hidrógeno prevista en Euskadi con Francia a través del gaseoducto de Irún. El Ejecutivo ha encargado a través del Ente Vasco de la Energía (EVE) el estudio a las consultoras Team y Tecnalia, que analizarán si se dan las condiciones técnicas para la construcción del hidroducto analizando el potencial mercado transpirenaico de hidrógeno.

“Una vez se determinen las fechas concretas de desarrollo de la conexión de hidrógeno se abordará la capilarización de la red troncal para dar servicio a aquellos usuarios y consumidores que tengan interés”, señala el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, en una respuesta remitida al Parlamento Vasco.

El estudio pretende analizar si existen argumentos técnicos y económicos sólidos que justifiquen impulsar una conexión transpirenaica de hidrógeno a través de Irún. El hidrógeno verde es una apuesta clara de la estrategia energética del Gobierno vasco, pero de momento es una fuente de energía incipiente y totalmente en fase de desarrollo. Por eso, con este estudio se pretende caracterizar el potencial de producción y consumo de hidrógeno en ambos lados de la frontera, y así evaluar el interés real y la viabilidad de dicha infraestructura. Es decir, se identificará a los actores clave del sector industrial y energético ubicados en la zona de interés y se mostrará la potencial demanda y oferta de hidrógeno, así como se aportará información relevante para la toma de decisiones en cuanto a las conexiones transpirenaicas de hidrógeno con foco en la conexión por Irún.

El Gobierno vasco ha trasladado al Parlamento Vasco que espera tener las conclusiones del estudio ante de que acabe el primer semestre del año en respuesta a una pregunta parlamentaria de PP. Esta infraestructura se enmarca en el proyecto liderado por Enagás que contempla una inversión de 400 millones de euros en suelo vasco y la construcción de 163 kilómetros de tubería. La parlamentaria Muriel Larrea considera que, aunque “la dimensión internacional y la capacidad de exportación son fundamentales para el posicionamiento de Euskadi como hub energético, es imperativo garantizar que esta infraestructura no sea solo una vía de tránsito, sino un motor de competitividad para el tejido industrial local, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las zonas rurales por las que transcurre el trazado”.

Por eso, cuestiona al consejero Jáuregi sobre los “mecanismos de apoyo o cláusulas de fomento se están negociando con Enagás para asegurar que la inversión de 400 millones de euros en Euskadi priorice la contratación de ingenierías, constructoras y proveedores de servicios radicados en el territorio vasco”. También pregunta por las gestiones en Europa para que se considere una conexión prioritaria y se adelanten los plazos, ya que no está previsto esta conexión antes la década de 2040, o las medidas a tomar para que la obra y toda la apuesta por el hidrógeno genere empleo en Euskadi.

Jauregi no da muchos detalles en su respuesta más allá de señalar que se mantienen “conversaciones recurrentemente con los promotores de las diferentes Infraestructuras energéticas donde, entre otras cuestiones, el gobierno refuerza el posicionamiento de la industria vasca en el desarrollo de las mismas” y que el Ejecutivo defiende el valor e interés estratégico de la conexión de la interconexión de hidrógeno por Irún en todos aquellos foros en los que participa en Euskadi, a nivel de Estado y también internacional“. Señala como ejemplo en este sentido, el proyecto europeo Phyrene de colaboración transfronteriza en materia de hidrógeno, en el que participan, entre otras, las regiones francesas de Nouvelle-Aquitaine y Occitanie.

En lo que se refiere al empleo relacionado con el hidrógeno, indica que se están lanzando “diferentes iniciativas de formación y capacitación que se irán reforzando con la penetración del hidrógeno en diferentes ámbitos de actividad. En este sentido, el hidrógeno se ha integrado en la formación reglada de FP mediante nuevas asignaturas y materiales didácticos. Y también se debe remarcar la colaboración entre la viceconsejería de Formación Profesional y el Corredor Vasco del Hidrógeno, asociación público-privada donde participan más de 70 instituciones, empresas y centros tecnológicos de Euskadi”.

La red troncal de distribución de hidrógeno verde, que se presentó el pasado mes de noviembre movilizará en Euskadi entre 350 millones y 400 millones de inversión en su primera fase, y afectará a 50 municipios vascos, uno de cada cinco. En total, serán 163 kilómetros repartidos en dos tramos conectados con el resto del eje de la cornisa cantábrica: el Reocín-Arrigoriaga, con alrededor de 38 km en territorio vasco; y el Arrigoriaga-Haro, con aproximadamente 125 km, que convertirá a Euskadi en un centro neurálgico del mercado del hidrógeno, con un potencial nodo de agregación en la proximidad de Bilbao y Vitoria, donde se agrupan futuros proyectos de producción y consumo, relacionados con el ámbito industrial. En esta primera fase está previsto que arranquen las obras en 2028 y que esté ultimada en 2030, para arrancar después las redes de hidroductos que conectarán con el valle de Ayala y sus industrias, y la conexión de Bergara-Irún y después con Francia, sobre la que se está haciendo ahora este estudio de mercado. En principio, el 80% de la red de hidroaductos en Euskadi discurrirá por el subsuelo de forma paralela a la de los conductos del gas, de Enagás, lo que minimiza el impacto ambiental.

Cantabria ha recogido este viernes en Limassol, Chipre, el testigo del Día Marítimo Europeo que se celebrará en Santander el 20 y 21 de mayo de 2027. El consejero de Industria, Eduardo Arasti, ha estado presente en la ceremonia oficial de traspaso de sedes, donde también se han proyectado mensajes institucionales de la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y de la alcaldesa santanderina, Gema Igual.

Así, Arasti ha trasladado el compromiso de Cantabria con la organización del próximo Día Marítimo Europeo y ha agradecido a las instituciones anfitrionas y a la Comisión Europea el trabajo realizado en esta edición.

Además, ha destacado el papel de la economía azul en el desarrollo regional y ha invitado a la comunidad marítima europea a participar en la próxima cita en Santander como punto de encuentro para el diálogo y la cooperación en torno al futuro del sector.

Por su parte, la presidenta ha subrayado el carácter estratégico del relevo y ha trasladado su agradecimiento a la Comisión Europea por su confianza en Cantabria como próxima anfitriona.

Asimismo, ha destacado que la comunidad autónoma recibe este testigo “con orgullo, pero también con un profundo sentido de responsabilidad”, poniendo en valor la fuerte vinculación de Cantabria con el mar, que forma parte de su historia, su cultura y su modelo de desarrollo, ha dicho.

Buruaga ha señalado que la capital cántabra aspira a ser en 2027 “un espacio abierto a la cooperación y a la construcción conjunta del futuro marítimo europeo”, en el que abordar “los grandes retos compartidos”, como la sostenibilidad, la innovación, la resiliencia de las comunidades costeras o la gobernanza oceánica.

Este mensaje institucional ha incidido también en que la cita santanderina coincidirá con un momento clave para la política marítima europea, en plena aplicación de nuevas iniciativas estratégicas como el Pacto Europeo de los Océanos o las futuras políticas vinculadas a la economía azul y la industria marítima.

En este contexto, Cantabria se propone situar el evento como un foro de referencia para el diálogo y la colaboración internacional, alineado con las prioridades europeas en materia de sostenibilidad y competitividad, ha destacado el Ejecutivo.

Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que el Gobierno, a través de los Ministerios de Defensa e Industria, va a lanzar un programa para financiar el desarrollo de Iris², el plan de la UE para lanzar una constelación de 290 minisatélites de órbita baja para asegurar las comunicaciones y dotar al bloque de soberanía espacial. “Algunos piensan que el espacio es patrimonio de un puñado de millonarios excéntricos jugando a ser dioses y fundar colonias privadas en Marte. Eso no es lo que hace Europa, ni España”, ha declarado el presidente durante la clausura del primer Congreso del Espacio que se ha celebrado esta semana en Madrid.

El programa Iris² nació a finales de 2024 como una respuesta europea a la expansión de Starlink, la red de minisatélites privada dirigida por Elon Musk. La iniciativa persigue evitar que las comunicaciones de seguridad nacional europeas dependan del magnate, que ya ha mostrado su voluntad de tomar partido en los conflictos del continente. El ejemplo más sonado ocurrió en 2022, cuando Musk frenó un contraataque ucraniano sobre Crimea apagando el servicio en el momento clave, alegando el riesgo de una escalada nuclear.

El episodio puso de manifiesto que el curso de una guerra y la seguridad europea podían quedar a merced de una decisión unilateral de un solo magnate, un riesgo que el Ejecutivo lleva tiempo verbalizando. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de “preocupante” que la inmensa mayoría de los satélites de órbita baja sean propiedad de Musk, que durante un tiempo formó parte del Gobierno de Donald Trump. El proyecto Iris², rebautizado en medios y redes sociales como el “Starlink europeo”, aspira a ser una red de alta seguridad para comunicaciones gubernamentales y militares.

Iris² está financiado con 10.600 millones de euros, de los que un 60% provendrán de fondos comunitarios. El 40% restante saldrá de las arcas del consorcio SpaceRISE, formado por la francesa Eutelsat, la española Hispasat y la luxemburguesa SES. El 90% de Hispasat es propiedad de Indra, que a su vez está participada en un 28% por el Estado. La española liderará el desarrollo del segmento terreno gubernamental y de los satélites de la capa orbital más baja. Los primeros lanzamientos están previstos para 2029 y se espera que red entre en operación durante la década de 2030.

En su comparecencia, Sánchez no ha aclarado a cuánto ascenderá la participación española en el proyecto. Esta se articulará a través de un Programa Especial de Modernización como los que se están desarrollando con otras empresas de armamento y ciberseguridad. “La industria espacial es crucial para la autonomía estratégica de Europa”, ha declarado Sánchez: “Europa no puede ser sierva ni esclava de nadie. Europa debe ser dueña de su destino y esto requiere de empresas europeas fuertes, con capacidad de competir con los gigantes de otras potencias”.

Facturación de 1.500 millones

El presidente también ha defendido que el sector espacial español es ya una realidad económica. En este sentido, ha recordado que esta industria facturó 1.500 millones en 2025, ha generado “8.000 puestos de trabajo altamente cualificados” y que España fue el segundo país que logró atraer una mayor inversión de capital riesgo el año pasado, solo por detrás de Alemania.

“España puede ser un referente europeo en el sector espacial”, ha asegurado, manifestado que “la única carrera espacial que merece la pena es la que mejora la vida de la gente, aquí en la tierra”. Como ejemplo de ello, ha citado los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus, “que salvan vidas”.

El líder del Ejecutivo defiende que la participación en Iris² “va a suponer también una gran oportunidad para el desarrollo y consolidación de la cadena de valor industrial nacional, tanto en la fabricación de satélites, como en su segmento terrestre”. Para ello se ampliarán las capacidades del Centro Europeo de Astronomía Espacial en España.

La segunda jornada de huelga convocada este martes por el comité de empresa en Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño, ha vuelto a cerrar la fábrica y a paralizar la actividad productiva desde las 6.00 de la mañana.

Como en la primera jornada de huelga celebrada el miércoles pasado, la planta ha permanecido cerrada desde esa hora y con los trabajadores apostados en la puerta.

Se trata de la segunda movilización de las cinco convocadas hasta el momento contra la “cerrazón” de la dirección para aceptar incrementos salariales vinculados al IPC real y el empeño por congelar los salarios de sus aproximadamente 140 trabajadores. Todo ello, según el comité, “pese a los buenos resultados y los beneficios del grupo empresarial”.

“No entendemos la postura de la empresa, pero sí sabemos que la plantilla está unida y dispuesta a luchar porque lo que pedimos es justo, es acorde a la realidad”, ha trasladado el presidente del comité de empresa, Ismael Vega (CCOO).

El sindicalista ha recalcado que “simplemente” quieren un convenio “justo” que no haga que sigan “perdiendo poder adquisitivo tras dos años de ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) e incluso despidos de compañeros”.

Además, el comité ha señalado que las convocatorias de huelga se producen porque la posición de la empresa ha sido “inamovible” y “no pueden permitir” seguir con un convenio caducado desde diciembre de 2024, tal y como habría transmitido el personal en las distintas asambleas.

La siguiente jornada de huelga está prevista para el próximo jueves, 21 de mayo, a la que seguirán dos paros más la próxima semana, los días 26 y 28.

Un centenar de trabajadores de Nestlé de La Penilla (Santa María de Cayón) se han concentrado este martes frente a la Delegación del Gobierno en Cantabria, donde han cortado la carretera de la calle Calvo Sotelo de Santander durante una hora, en contra del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) planteado por la multinacional que consideran “totalmente injustificado”.

Bajo dos grandes pancartas y al grito de 'No a los despidos en Nestlé', la plantilla ha hecho sonar sirenas y silbatos en señal de protesta, y el comité ha reclamado la creación de una mesa de trabajo en la que participe el Ministerio de Industria, la Consejería, la empresa y los sindicatos para “poder llegar a un acuerdo”, una petición que han trasladado al delegado del Gobierno, Pedro Casares.

En declaraciones a la prensa, previas a ese encuentro, la secretaria del comité, Carolina Margüelles, ha insistido en que el ERE es “totalmente injustificado”, ya que Nestlé “tiene beneficios, sigue teniendo grandes ventas”, por lo que está “totalmente en contra” de lo que plantea la empresa.

Los representantes sindicales han solicitado “mucha documentación” a la compañía para justificar el ERE porque no lo ven “viable”. Sin embargo, han asegurado que, a día de hoy, la empresa no les ha entregado la información requerida ni se ha avanzado “en nada”.

“Somos personas, no somos números”, ha trasladado la secretaria, que ha subrayado que detrás de esos 49 despidos planteados en la comunidad autónoma “hay 49 familias”, y ha insistido a la empresa que “retire sus pretensiones”.

Según ha indicado, este miércoles, 20 de mayo, a partir de las 12.00 horas, está prevista una nueva reunión de negociación con la empresa en la que se intentará “reducir al máximo” la cifra de los despidos y que, si finalmente tiene que haber alguno, que las condiciones sean “las mejores posibles”.

En este punto, Margüelles ha reiterado que, si no se producen avances con Nestlé, el comité convocará huelga indefinida a partir del 1 de junio.

Finalmente, ha agradecido a la plantilla, formada por unos mil empleados en la región, el seguimiento de los paros convocados estos días.

Manifestación el 24 de mayo

Por su parte, el vicepresidente del comité de empresa, Pablo Canales, ha manifestado que se sienten “un poco defraudados” porque, ha reiterado, el ERE es “totalmente injustificado”.

“Es una empresa que está sana, que tiene muchos beneficios y los trabajadores están muy cabreados y muy decepcionados con Nestlé ahora mismo”, ha dicho. En opinión del vicepresidente del comité, se trata de “un ERE con carácter estructural, organizativo y lo único que buscan son más beneficios”.

Así, ha invitado a todos los cántabros a sumarse a la manifestación que está convocada el día 24, a las 11.00 horas, desde el campo de fútbol de Sarón y hasta La Penilla, para “seguir luchando”.

Casares dice que van a “trabajar para que no haya ningún despido”

Tras la reunión con el comité de empresa, el delegado ha avanzado que el Gobierno de España está dispuesto a participar en la mesa de trabajo solicitada, cuya constitución dependerá ahora de la voluntad de la empresa.

Casares ha trasladado el apoyo del Ejecutivo nacional y del PSOE a las reivindicaciones de la plantilla y ha avanzado que van a “trabajar para que no haya ningún despido” en la planta de Cayón, que es “rentable” y “año a año ha dado beneficios”.

“No entendemos que las multinacionales solo piensen en maximizar su cuenta de resultados porque lo que hay detrás es la vida de muchos trabajadores”, ha valorado. Como institución pública, el delegado se ha sumado a los acuerdos que puedan alcanzar empresa y trabajadores, que “parten de la idea de que no haya ningún despido en la planta” en el caso de los segundos.

Asimismo, ha trasladado un mensaje a la sociedad de Cantabria para “ser todos conscientes de la importancia de apoyar al trabajo” y de que las empresas que son rentables mantengan los empleos

Casares ha destacado que para Cantabria es “muy importante” la fábrica de La Penilla, que lleva “120 años de compromiso” con la región y el municipio. Por tanto, cree que “lo mejor que podemos hacer entre todos” es seguir trabajando por el futuro en esa planta.

En este punto, ha pedido “responsabilidad” a todas las administraciones, también al Gobierno de Cantabria, porque “aquí nos tenemos que implicar todos”. A su juicio, “lo mejor que podemos hacer por los trabajadores y por las trabajadoras es unirnos todos, trabajar todos de forma conjunta”, ha reiterado.

“Todo el comité de empresa está a una, todos los trabajadores de la planta están a una, todos los sindicatos de la planta de La Penilla están a una y a esa una estamos también desde el Gobierno de España”, ha sentenciado.