La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo le cierra la puerta al expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell y no entra a valorar si debió ser indemnizado con más dinero, hasta 29,7 millones de euros, por los 645 días que permaneció en prisión provisional entre mayo de 2017 y febrero de 2019 por una causa de la que resultó finalmente absuelto. La Audiencia Nacional en mayo de 2025 acordó que se le debía abonar la cantidad de 232.500 euros, cifra con la que no se conformaba al entender que la cuantía debía ser mayor para recoger el lucro cesante, lo que dejó de ganar por estar encarcelado.

En la providencia por la que el Alto Tribunal descarta admitir a trámite el recurso del empresario, los magistrados señalan que el asunto carece de interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, es decir, no cumple con un requisito básico para que el Supremo entre a valorar el asunto. Lamenta que la representación legal de Rosell haya pretendido realmente la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del pleito, algo que es incompatible con la función de este tipo de recurso que busca una interpretación uniforme de las normas y depurar la jurisprudencia de errores.

La Audiencia Nacional dio la razón a Rosell al entender que, en contra de lo que sostenía el Ministerio de Justicia, debía ser indemnizado con 12.000 euros por el dinero que dejó de ganar por un contrato perdido, 50.000 euros por daños morales y 62.500 euros por lo que gastaron sus familiares para ir a verle a la prisión de Soto del Real. Y ahora el Alto Tribunal explica que los magistrados de ese tribunal especial no incurrieron en un apartamiento deliberado de la jurisprudencia existente.

Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, fue enviado a prisión provisional por orden de la magistrada Carmen Lamela en mayo de 2017. La magistrada investigaba si el empresario y varios de sus socios habían urdido un entramado de comisiones ilegales salidas de la organización de partidos de la selección de Brasil, así como de un contrato con una marca deportiva, todo encuadrado en graves delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Tras 645 días en prisión provisional, en febrero de 2019 salió de prisión. Dos meses más tarde fue absuelto por la Sala de lo Penal tras un juicio en el que la Fiscalía había llegado a pedir once años de cárcel y multas de 59 millones de euros para él. Empezó entonces una reclamación para que el Estado le indemnizara con hasta 30 millones de euros, teniendo en cuenta no solo el daño reputacional y los gastos en que había incurrido para pagar su defensa, sino el dinero que dejó de ganar por la rescisión de varios contratos laborales.

La Ciudad de la Justicia ha albergado una previa particular del Newcastle-F.C. Barcelona de Champions de este jueves. Los expresidentes culers Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu han declarado como imputados por los pagos al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira y a su hijo.

Según han informado fuentes jurídicas, ambos exmandatarios han desmentido que los pagos del Barça a Negreira respondieran a una voluntad de alterar la competición y han mantenido que se trataba de “labores de asesoramiento”.

Sandro Rosell ha ido más allá y ha recordado que su etapa al frente del club coincidió con una de sus etapas doradas, por lo que, ha insistido, las victorias y éxitos deportivos se lograron gracias a Messi, Piqué y a la gran plantilla que tenía el Barça, no por pagos al excolegiado. El expresidente ha llegado al juzgado cojeando debido a una reciente operación.

En conjunto, la Fiscalía cifra los pagos del Barça a Negreira a lo largo de dos décadas (2001-2018) en 7,3 millones de euros. De esos más de siete millones, dos corresponden a la presidencia de Rosell (2011-2014). Entre 2014 y 2015 los pagos fueron de 1,2 millones que el Barça abonó mediante transferencias, mismo método por el que el club pagó a Negreira 1,6 millones entre 2016 y 2018, cuando el exárbitro cesó como vicepresidente del CTA y terminaron los pagos, ya con Bartomeu al frente del club.

Como el nuevo Camp Nou, la instrucción del caso Negreira no termina de ver su final. A los trompicones de investigación del juez Joaquín Aguirre, que recibió severos varapalos de la Audiencia de Barcelona por sus errores en la investigación, se le ha sumado un freno a la causa que se ha alargado hasta este septiembre con la declaración de los imputados.

Tras dos años de instrucción, la causa ha vuelto a los delitos que Anticorrupción denunció inicialmente –administración desleal, falsedad documental y corrupción deportiva– y que venía manejando desde hacía tiempo la Fiscalía de Barcelona, que antes ya había llevado a cabo una investigación extensa del caso Negreira.

Según fuentes jurídicas, Rosell y Bartomeu han alegado que los pagos a Negreira eran una herencia de anteriores directivas (la relación proviene de, al menos, la directiva de Joan Gaspart a inicios de siglo XXI) y que respondían a una “contraprestación” por servicios de asesoramiento arbitral.

Bartomeu fue el presidente que puso fin a los pagos al hijo y al padre porque, según ha relatado, tuvo que recortar gastos de varias áreas del club. “Con el mejor equipo del mundo, no hacían falta ayudas arbitrales”, ha apostillado el exmandatario ante la prensa a la salida de los juzgados.

Además de Rosell y Bartomeu, este jueves también han comparecido como investigados el exdirector de deportes del Barça Albert Soler; el exdirector ejecutivo del club Òscar Grau; la pareja de José María Enríquez Negreira Ana Paula Rufas; y su hijo, José María Enríquez Romero. El hijo del excolegiado ha sido el único que ha respondido a las preguntas de los fiscales Luís García Cantón y Ricardo Sanz Gadea.

El próximo diciembre declararán, como testigos (y por lo tanto con obligación de decir la verdad), el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, y los exentrenadores Luís Enrique Martínez y Ernesto Valverde. Las testificales de los entrenadores servirán para corroborar si los informes de Enríquez padre e hijo estaban a su disposición y servían de algo, tal y como han alegado este jueves los expresidentes.

La ronda de comparecencias también ha servido para constatar un desencuentro entre Negreira y su hijo. Según fuentes jurídicas, Enríquez Romero ha explicado que se enteró “más tarde” de que su padre también había cobrado del Barça, en su caso por “asesoramiento verbal” sobre arbitrajes (no como sus informes, que eran por escrito).

Incluso ha narrado ante la jueza una discusión con su padre, a quien, según las mismas fuentes, Enríquez Romero habría reprochado falta de ética, al haber mantenido siempre el colegiado que un árbitro no podía trabajar como asesor de un club, algo que, al contrario de lo que predicaba, Negreira hizo durante décadas. Y a buen precio.

La Audiencia Nacional ha reconocido una indemnización de 232.500 euros a Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, por los casi dos años que pasó en prisión provisional por orden de la jueza Carmen Lamela para, finalmente, ser absuelto. Los jueces entienden que debe resarcirse tanto su daño moral como el lucro cesante y, finalmente, los gastos de su familia para visitarle en la cárcel durante 645 días.

Sandro Rosell, presidente del FC Barcelona entre 2010 y 2014, fue enviado a prisión provisional por orden de Lamela en mayo de 2017. La magistrada investigaba si el empresario y varios de sus socios habían urdido un entramado de comisiones ilegales salidas de la organización de partidos de la selección de Brasil, así como de un contrato con una marca deportiva, todo encuadrado en graves delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

El expresidente del FC Barcelona salió de prision 645 días más tarde, en febrero de 2019. Dos meses antes de ser absuelto por la Sala de lo Penal y tras un juicio en el que la Fiscalía había llegado a pedir 11 años de cárcel y multas de 59 milones de euros para él. Empezó entonces una reclamación para que el Estado le indemnizara con hasta 30 millones de euros, teniendo en cuenta no solo el daño reputacional y los gastos en que había incurrido para pagar su defensa, sino el dinero que dejó de ganar por la rescisión de varios contratos laborales.

El Ministerio de Justicia se opuso a pagarle una indemnización y los jueces de la Audiencia Nacional, esta vez de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, entienden que sí debe ser resarcido: 120.000 euros por el dinero que dejó de ganar por un contrato perdido, 50.000 euros por daños morales y 62.500 euros más por el dinero que invirtieron sus familiares en ir a verle, durante casi dos años, a Soto del Real.

Esta no es la primera indemnización que los tribunales dictan para uno de los absueltos en este caso que terminó en sentencia exoneratoria. Su socio Joan Besolí, que también pasó el mismo tiempo en prisión preventiva, pidió 4,6 millones de euros y la Audiencia Nacional le otorgó finalmente una indemnización de 70.000 euros.

En el caso de Rosell, la Audiencia Nacinal entiende que existió un daño reputacional y un daño psicológico al expresidente del FC Barcelona. Alude a sus circunstancias “profesionales, personales y familiares” así como a su “proyección y difusión pública”, la “separación del entorno familiar” que padeció y, finalmente, la duración de la cautelar impuesta por Lamela y confirmada varias veces por la Sala de lo Penal de la misma Audiencia.

El caso Negreira encara la recta final de su fase de instrucción. El juez Joaquín Aguirre ha decidido citar (todavía sin una fecha concreta) a los investigados del caso, entre ellos los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

El magistrado da este paso después de que la Audiencia de Barcelona le corrigiera el rumbo que había puesto a la investigación y revocara tres decisiones clave del instructor: ampliar la causa a los delitos de blanqueo de capitales y cohecho e imputar al actual mandatario culé, Joan Laporta.

A falta de recibir los informes definitivos de la Guardia Civil de los registros ordenados hace unos meses en la sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la citación de los investigados del caso es el paso previo para que el juez decida si existen suficientes indicios para llevar el caso a juicio o, por contra, procede a su archivo.

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira, ya compareció como investigado y se acogió a su derecho a no declarar dado el deterioro físico y mental que padece debido a la edad.

Además de Rosell y Bartomeu, el juez ha acordado, mediante una providencia, que declaren como investigados el hijo del excolegiado, Javier Enríquez, así como los exdirectivos del club en las presidencias de ambos mandatarios Óscar Grau y Albert Soler.

Pese a que el caso Negreira se ha desinflado después de la exculpación de Laporta y el descarte del delito de cohecho, la causa sigue viva por delitos de administración desleal y corrupción deportiva, los delitos iniciales que denunció la Fiscalía Anticorrupción tras una investigación propia.

El caso investiga los pagos que el club hizo a Negreira entre los años 2001 y 2018, que sumaron 7,5 millones de euros, por supuestos informes de asesoramiento que, en la mayoría de ejercicios, no han aparecido. La investigación por ahora ha constatado la existencia de los pagos, que el club niega que sean delictivos, si bien el destino final de los fondos sigue sin esclarecerse.

El cierre de la pieza de blanqueo abarcó no solo el manejo y destino que los Negreira hicieron de los pagos del Barça, sino también la intermediación de uno de los exdirectivos del club, el ya fallecido Josep Contreras, en las transferencias que recibían las empresas del excolegiado y su hijo. 

Entre junio de 2016 y octubre de 2018 la empresa Soccercam, participada al 100 % por el hijo de Negreira, cobró del FC Barcelona 297.085 euros que fueron abonados a través de la intermediara Tresep, participada íntegramente por Contreras. El juez sostenía que Tresep facturaba al Barça un 30% más de lo que luego le abonaba a Soccercam.

La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado el archivo de la querella con la que Sandro Rosell, expresidente del FC Barcelona, buscaba imputar a varios policías, entre ellos al excomisario José Manuel Villarejo, por la denominada 'operación Catalunya': la presunta trama policial dedicada a crear pruebas falsas e informes mendaces para forzar su encarcelamiento por parte de la Audiencia Nacional.

Los jueces entienden que los datos en los que Rosell basaba su querella son “publicaciones de prensa” que no tienen “valor probatorio”. Noticias, dice, basadas en “conversaciones grabadas subrepticiamente, anotaciones en una agenda de Villarejo, intervenida judicialmente, entrevistas públicas de distinta índole y declaraciones de Villarejo en las comisiones de investigación parlamentarias”.

La querella de Rosell apuntaba a Villarejo, dos policías nacionales y un oficial del FBI estadounidense por varios delitos: organización criminal, denuncia falsa, falsedad documental y detención ilegal. El expresidente del FC Barcelona, que pasó casi dos años en prisión preventiva antes de ser absuelto por la Audiencia Nacional, denunció que el excomisario y el resto de imputados pusieron en marcha pruebas e informes falsos para forzar su imputación y encarcelamiento.

El juzgado que asumió el caso tomó declaración a casi todos los querellados y archivó el caso, asegurando que todas las acusaciones venían de “apreciaciones subjetivas” de Rosell a partir de informaciones periodísticas. Villarejo, en su declaración, aseguró no tener conocimiento sobre la investigación que llevó a Rosell a pasar 22 meses entre rejas, y los otros dos agentes imputados también negaron haber participado en una estrategia contra el exdirectivo del Barça.

La Audiencia de Madrid avala que su encarcelamiento “se produjo en el marco de un procedimiento judicial” y tras una querella de la Fiscalía surgida de información llegada desde Estados Unidos. Recuerdan los magistrados que el Supremo ya se negó a investigar a la jueza Carmen Lamela, entonces instructora del caso y en la actualidad jueza del mismo Tribunal Supremo, y le acusan de basarse en informaciones periodísticas sin valor probatorio.

Las conversaciones y entrevistas de Villarejo que aportaba Rosell, dice el juez “no permiten alcanzar una conclusión distinta” a la de otros tribunales que se han negado a investigar el caso. “Ni tan siquiera la versión del señor Villarejo en sede judicial sirve de sustento a esa hipótesis de imputación”, añade el tribunal madrileño. Seguir adelante con la causa, zanjan, llevaría a una investigación “claramente prospectiva”.

El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha acordado archivar la investigación que dirigía sobre la Operación Catalunya a raíz de la querella del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell contra el excomisario José Manuel Villarejo y otros agentes de la Policía Nacional. Estos estaban acusados de estar implicados en la presunta emisión y presentación de informes policiales “mendaces”, que llevaron a la Audiencia Nacional a dictar su prisión provisional.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que, tal y como ha adelantado El Confidencial, se han dado por terminadas las pesquisas en las que Rosell ejercía la acusación contra varios agentes de la Policía Nacional, a quienes les atribuía presuntos delitos de organización criminal, denuncia falsa y falsedad en documento oficial, entre otros.

El titular del juzgado ha adoptado esta decisión después de haber tomado declaración el pasado mayo al propio Villarejo. En aquella ocasión, el comisario jubilado aseguró en sede judicial que Rosell “obviamente” había sido “un objetivo” investigado en 2012, aunque precisó que él mismo advirtió entonces de que el empresario “no tenía nada que ver con el independentismo”.

El juez citó a declarar a Villarejo tras haber escuchado al propio Rosell, quien el pasado 10 de mayo ratificó la querella, al tiempo que le pidió al juez que llegase “hasta el fondo” de la investigación para “limpiar” España de “tramas político policiales”.

En el marco de las pesquisas, el instructor también tomó declaración al exinspector Antonio Giménez Raso y al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) Alberto Estévez.

En la querella, a la que tuvo acceso Europa Press, Rosell defendía que “varios mandos del Cuerpo Nacional de Policía, miembros del Gobierno español y dirigentes del Partido Popular, entonces gobernante, con la inestimable ayuda de determinados periodistas y medios de comunicación, se concertaron para elaborar un plan contra dicho movimiento político, al que suele hacerse referencia con el nombre de 'Operación Catalunya'”.

A su juicio, se trataba fundamentalmente de “obtener información y confeccionar pruebas falsas que sirvieran para intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar a personas que, de una u otra manera, fuera cierto o no, se consideraban cercanas al citado movimiento -independentista-, ya se tratara de cargos políticos, personajes públicos, líderes sociales o empresarios”.

Ahora, sin embargo, tras realizar las diligencias oportunas, el juez ha acordado archivar el procedimiento al no ver indicios de los delitos que recoge la querella.

El caso Negreira ha dado un vuelco solo al empezar: el juez Joaquín Aguirre ha decidido imputar al Barça por un delito de cohecho al considerar que los pagos millonarios que el club realizó al excolegiado durante décadas fueron un soborno para obtener mejores arbitrajes.

La decisión del juez no es menor. Si la Audiencia de Barcelona desestima los recursos de los exdirigentes azulgranas, el terreno de juego del caso Negreira será totalmente nuevo y el caso no lo juzgarán tres magistrados sino un jurado popular compuesto por nueve ciudadanos al azar. 

A su vez, mientras dure la instrucción la Fiscalía y el resto de acusaciones –por ejemplo, el Real Madrid– tendrán mayor protagonismo a la hora de pedir la práctica de diligencias. La inclusión del cohecho en el caso Negreira tiene otras claves:

Laporta, a salvo

Pese a que el juez se despachó en su último auto contra el actual presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, de quien llegó a cuestionar su “ética”, el mandatario azulgrana no fue imputado por cohecho como sus predecesores. 

Fuentes jurídicas explican que esto se debe a que el cohecho, al igual que el resto de delitos del caso (corrupción deportiva, administración desleal y falsedad), están prescritos para Laporta, quien durante su primera etapa al frente del club (2003-2010) también pagó a Negreira.

Su sucesor, Sandro Rosell (presidente entre 2010 y 2014), también pretende quedar excluido del caso gracias a la prescripción de los delitos. En el caso del cohecho, su baza pasa por argumentar que, en cualquier caso, se trataría de la modalidad menos grave del delito, que tiene un plazo de prescripción de cinco años al estar castigado con una pena máxima de un año de cárcel. 

Sin embargo, el juez Aguirre dejó la puerta abierta a la modalidad más grave de soborno, que al tener una pena máxima de seis años de cárcel prescribe a los 10, y sí incluiría a Rosell. La Audiencia de Barcelona tiene que decidir pues no solo si el cohecho está bien imputado, sino su modalidad, lo que puede traer un efecto multiplicador de las penas a las que se expondrían los exdirigentes azulgranas.

Corrupción o cohecho, o todo a la vez

El juez Aguirre viró la dirección del caso con el cohecho. Para imputar al Barça y a sus expresidentes por este tipo penal, el instructor argumentó que la condición de José María Enríquez Negreira como vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) era equiparable a la de un funcionario, ya que este delito solo se puede atribuir a empleados o cargos públicos.

Lo que por ahora ha causado mayor perplejidad a las defensas del caso es que la inclusión del cohecho no ha venido acompañada del descarte del delito de corrupción entre particulares por el que inicialmente se abrió el caso. 

En otras palabras, el instructor mantiene por ahora dos delitos que las defensas ven contradictorios, toda vez que Negreira puede ser un cargo público o uno privado, pero no las dos cosas a la vez. Para resaltarlo, en los recursos incluso se tira de clásicos.

“Desde que Aristóteles lo formulara en su Metafísica -reza el recurso de Pau Molins, abogado de Rosell- es un principio lógico básico que una cosa y su contrario no pueden existir al mismo tiempo: pues bien, desde el momento en que el Sr. Enríquez Negreira merece ser considerado funcionario, no puede sostenerse que también pueda ser considerado un particular”.

Quien por ahora no se ha pronunciado sobre el cohecho es la Fiscalía, que no incluyó el cohecho en su querella. Anticorrupción ha evitado recurrir el auto del juez y espera recibir los recursos de las defensas para responder ante la Audiencia de Barcelona. 

El club no se disuelve

Aunque se ha especulado con este extremo, fuentes jurídicas coinciden en que, aunque el caso termine en condena, difícilmente implicará la disolución del Barça como entidad. La clave para este extremo es apreciar la multirreincidencia delictiva.

En el caso del Barça, según las fuentes consultadas, pese a que el club ya tiene como persona jurídica una condena por delito fiscal (que pactaron Rosell y Bartomeu en el caso Neymar I a cambio de exonerarse ellos mismos), los tipos delictivos del caso Negreira no computarían a efectos de multirreincidencia.

Según las mismas fuentes, la pena más plausible para el club es una multa abultada. Otra cosa es que, una vez el caso tenga condena firme en España, organismos deportivos internacionales como la UEFA o la FIFA puedan decidir sancionar al Barça excluyéndolo de sus competiciones.

El Madrid y la pieza de blanqueo

Aunque la pieza principal del caso es la que genera mayor atención, el caso Negreira tiene una pieza separada cuya instrucción será más lenta pero que podría tener mucha relevancia. Es la que investiga un posible delito de blanqueo de capitales en relación a los más de 7 millones que el exárbitro cobró del Barça durante décadas y sus posibles testaferros, como un exdirectivo del Barça ya fallecido, Josep Contreras.

Según fuentes jurídicas, se pretende que la pieza de blanqueo se pueda investigar con tranquilidad y limitar (al contrario que en la pieza principal) el número de acusaciones. No en vano, si el Madrid pudiera ser acusación en la investigación del blanqueo, en la práctica podría tener acceso a toda la contabilidad del Barça pese a no ser perjudicado directo del delito (como sí lo sería en la causa principal sobre corrupción arbitral).

Para qué pago el Barça a Negreira es la pregunta clave del caso, que por ahora judicialmente no tiene respuesta. Al juez y a la Fiscalía no les convence la respuesta que hasta ahora han dado tanto el club como el colegiado, esta es, que los desembolsos millonarios respondían a labores de asesoramiento sobre arbitrajes. El partido solo acaba de empezar.

Novedades en el caso Negreira. La jueza de Barcelona que investiga los pagos del F.C. Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros ha decidido imputar al hijo del excolegiado, Javier Enríquez, que también cobró del club a través de un exdirectivo, así como ampliar la investigación al delito de blanqueo de capitales (intentar aflorar el dinero obtenido de una actividad ilegal).

No hay dos sin tres. En una providencia, la magistrada también informa que ha decretado el secreto de actuaciones en la investigación, lo que resulta relevante porque a partir de ahora los avances de las pesquisas solo los conocerán la propia jueza y los fiscales. Las defensas no tendrán acceso a la causa hasta que levante el secreto.

Habitualmente, el secreto de la causa se decreta cuando el juez o jueza ve indicios delictivos de relevancia y precisa de la reserva para obtener las pruebas necesarias para el buen fin de la investigación, lo que en ocasiones puede implicar limitaciones de los derechos fundamentales.

Por ahora, el caso Negreria tiene como investigados a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, los exdirectivos Albert Soler y Óscar Grau y el antiguo árbitro Enríquez Negreira. Ahora suma a su hijo, algo que en un principio no quería la Fiscalía, que pidió que Javier Enríquez declarara como testigo –y, por lo tanto, con obligación de decir verdad–. Uno de los testimonios clave de Anticorrupción pasa a ser investigado.

El caso Negreira es también una cuestión familiar. Según se desprende de la investigación de Hacienda, el Barça pagó a las empresas tanto de José María Enríquez Negreria, exvicepresidente del CTA, como de su hijo, Javier Enríquez. Los pagos al padre, que suman 7,3 millones entre 2001 y 2018, no se encuentran amparados en ningún contrato, según reconoció el propio Barça. Respecto al hijo, en la relación comercial ejerció de intermediario –comisionista, según los investigadores– el exdirectivo de Núñez, Bartomeu y Rosell Josep Contreras, fallecido el pasado diciembre.

La Fiscalía no incluyó a Javier Enríquez en su querella al considerar que los trabajos de asesoramiento arbitral que realizó para el Barça sí están justificados y debidamente documentados, al contrario que los de su padre. Y a diferencia de su padre, Enríquez no retiró en efectivo ni un solo euro tras las transferencias del club. El exárbitro en cambio sacó alrededor de medio millón de euros, que según su versión usaba para los gastos del día. En todo ese tiempo no incrementó su patrimonio.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha asegurado ante el juez que investiga la Operación Catalunya que el expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell “fue obviamente un objetivo” investigado en 2012, aunque ha precisado que él mismo advirtió entonces de que el empresario “no tenía nada que ver con el independentismo”.

Villarejo ha comparecido este viernes, en calidad de investigado, ante el titular del Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid, en el marco del procedimiento que sigue a raíz de la querella que presentó Rosell contra el comisario y otros agentes de la Policía Nacional, informa Europa Press.

El empresario acusa a Villarejo y al resto de mandos de confeccionar informes policiales “mendaces” que tuvieron como destinataria la causa por la que pasó casi dos años en prisión preventiva y terminó absuelto, en uno de los usos recientes de la cárcel provisional más desproporcionados.

En su querella, Rosell considera que estuvo “en el punto de mira” de la Operación Catalunya y lo ejemplifica con una reunión, en noviembre de 2012, entre Villarejo y Sánchez-Camacho, entonces presidenta del PP catalán: en ese encuentro, la ahora senadora del PP dio al comisario una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.

A la salida del juzgado, en declaraciones a la prensa, Villarejo ha asegurado que ha respondido a las preguntas del juez instructor, de la Fiscalía, de su abogado y del resto de partes. “Ha quedado perfectamente clara toda mi actuación”, ha dicho.

“Esto es una guerra de fútbol absoluta, donde intentaron engañarnos a algunos, presentándolo [a Rosell] como que era un independentista y fue obviamente un objetivo que sí se miró en el 2012, pero ya en mi nota de inteligencia quedó claro que este señor no tenía nada que ver con el independentismo”, ha relatado el comisario.

Como ya ha hecho en varias entrevistas, Villarejo ha acusado a la jueza Carmen Lamela de encarcelar a Rosell a cambio de un ascenso. Con todo, este viernes no ha señalado con tanta claridad a la magistrada: “Yo creo que a la señora Lamela la engañaron, porque le dijeron que el señor Rosell era un peligro para la seguridad del Estado”.

El comisario ha reiterado su teoría de que la entonces magistrada de la Audiencia Nacional fue premiada con un traslado al alto tribunal por enviar a Rosell a prisión provisional. Por declaraciones como estas, la defensa del empresario catalán anunció hace un año que se querellaría contra Villarejo. Aún así, el exagente de la Policía ha señalado que no cree que Lamela “actuara de mala fe”.

Al margen, Villarejo ha asegurado que le ha dado “gusto” participar en una investigación “normal y correcta” y no como la que dice “sufrir” en la Audiencia Nacional, donde se le investiga en unas 40 piezas y se le ha juzgado ya en tres de ellas por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y descubrimiento y revelación de secretos.

Fuentes jurídicas han confirmado que este mismo viernes, el juez también ha tomado declaración al exinspector Antonio Giménez Raso y al inspector de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) Alberto Estévez. Según las mismas fuentes, ambos han respondido a las preguntas de su abogado y del instructor.

El empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell ha pedido al juez que llegue “hasta el fondo” en la investigación sobre la Operación Catalunya para poder así “limpiar” España de “tramas político policiales” tras ratificarse en su querella contra el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Rosell, junto a su abogado Pau Molins, ha acudido este miércoles a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para ratificar la querella que interpuso contra Villarejo y otros mandos policiales de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior durante la primera legislatura del Gobierno del PP de Mariano Rajoy.

En su querella, Rosell vincula la ‘Operación Catalunya’ con la causa por la que pasó casi dos años en prisión provisional pero terminó absuelto, en lo que fue uno de los usos más desproporcionados de la prisión preventiva de la historia reciente de España. El empresario considera que el empresario estuvo “en el punto de mira” de esa trama y lo ejemplifica con una reunión, en noviembre de 2012, entre Villarejo y Sánchez-Camacho, entonces presidenta del PP catalán: en ese encuentro, la ahora senadora del PP dio al comisario una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.

Más adelante, a partir de enero de 2014, empezó según la querella una investigación prospectiva contra Sandro Rosell, en la que supuestamente estuvieron involucrados el resto de investigados por el juez: el excomisario Marcelino Martín-Blas, el exinspector Antonio Giménez, el inspector Alberto Estévez y el exagregado del FBI en la embajada estadounidense en Madrid Marc L. Varri.

El abogado de Rosell, Pau Molins, ha asegurado en declaraciones a la prensa que el empresario, “como no podía ser de otra forma, se ha ratificado en la querella”. Según han precisado, el juez Hermenegildo Barrera le ha preguntado a Rosell “por algunas aclaraciones sobre el relato fáctico” que recoge la querella, informa Europa Press.

Este miércoles, el empresario ha ratificado lo que su equipo jurídico plasmó en la querella, y “ha aprovechado para agradecer la valentía que ha tenido este juez de admitir una querella contra la trama de la Operación Catalunya y para animarle para que llegue hasta el fondo”, según ha indicado Molins, y conseguir así “limpiar” las que ha denominado “tramas político policiales corruptas por interés de la propia Justicia española”.

Molins ha explicado que las preguntas de este miércoles han sido “más de carácter técnico” y el empresario “ha ido respondiendo”. Según ha dicho, el juez “le ha pedido a aclaraciones” a Rosell sobre determinados querellados, en referencia a la senadora del PP Alicia Sánchez Camacho, a la juez Carmen Lamela y a varios fiscales mencionados en la querella.

El letrado ha incidido en que Rosell estuvo en prisión por una trama que tenía por objetivo “la lucha contra el independentismo a través de las cloacas del Estado” y de la que el empresario “era absolutamente inconsciente”.

“Esto se efectuaba a sus espaldas y, por lo tanto, él poco puede aportar sobre los hechos. Aquí será muy importante lo que explique el señor Villarejo cuando sea citado a declarar”, ha añadido, al tiempo que ha recalcado que será “interesante” ver si el comisario aporta “datos sobre la existencia de este montaje para luchar ilegalmente contra el independentismo catalán”.

Al hilo, Molins ha insistido en que Rosell “siempre sospechó, estando en prisión, de que esta no era una cuestión jurídica” y ha subrayado que tuvo que “esperar casi seis años para averiguar cuál era la verdadera motivación que se escondía tras su imputación (...) que luego acabó en absolución”.

“Llevamos muchos meses intentando que un juzgado en España atendiera esta investigación. Aportamos suficiente indicios, aunque evidentemente quedan muchísimas incógnitas por resolver. Por eso llevábamos muchos meses detrás de conseguir un auto de admisión. Es la primera querella que se admite por la Operación Catalunya y esperemos que no sea la última”, ha apuntado Molins, al tiempo que ha precisado que hay al menos unas seis querellas más que aún no han sido admitidas.

En este sentido, el abogado ha insistido en que, “si otros perjudicados ven que la Justicia española está por la labor de hacer averiguaciones y llegar hasta el final” es “muy posible” que se sumen a las acciones legales.

La Fiscalía Anticorrupción ha informado a la jueza a favor de que el Real Madrid pueda ejercer la acusación particular en el caso Negreira al ver al club blanco un eventual perjudicado de la causa que investiga posibles sobornos del F.C. Barcelona al exnúmero dos de los árbitros para recibir eventual trato de favor. Las defensas de todos los exresponsables azulgranas se han opuesto a la pretensión acusatoria de la entidad presidida por Florentino Pérez.

La competencia para acusar en el caso Negreira va camino de asemejarse a la que existe para entrar en un once titular de un equipo de fútbol. Además de la Fiscalía, que ostenta la acusación pública e impulsa el caso tras una investigación propia de más de un año, hasta cinco entidades y personas relacionadas con el mundo del fútbol han pedido o ya ejercen de acusación.

En su auto del pasado 15 de marzo con el que abrió la investigación, la jueza del caso aceptó la personación como acusación de la Liga Profesional de Fútbol (LFP), que preside Javier Tebas y que está enfrentada al Barça de Joan Laporta, así como del exárbitro Xavier Estrada Fernández, a quien pidió una fianza de 10.000 euros para ejercer.

A lo largo de estos últimos 30 días, también han pedido acusar al Barça el Real Madrid, la Real Federación Española de Fútbol, presidida por Luís Rubiales, y el Consejo Superior de Deportes (CSD), que depende del Gobierno. La jueza ha pedido opinión a la Fiscalía y a las defensas antes de decidir si los acepta en el caso.

Anticorrupción, según han informado fuentes fiscales, ya ha informado a la magistrada de que no tiene inconveniente en que el Real Madrid pueda acusar al Barça al considerar a la entidad blanca perjudicada del caso Negreira. La tesis sobre el Real Madrid es coherente con la posición fiscal en el caso: Anticorrupción acusa al Barça de pagar sobornos al excolegiado y exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira a cambio de obtener favores arbitrales, tesis que el club desmiente.

Los pagos del Barça a Negreira ascendieron a 7,3 millones de euros entre, como mínimo, 2001 y 2018. Legalmente los hechos anteriores a 2011 están prescritos, por lo que los únicos expresidentes azulgranas investigados son Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu. Tanto ambos exmandatarios como los exejecutivos del club investigados han pedido a la jueza que no acepte al Madrid como acusación al no verlo perjudicado.

La personación del Real Madrid sigue provocando polémica incluso política. La Generalitat ha exigido al Real Madrid que pida disculpas y retire el vídeo “indecente” de la televisión del club blanco que acusa al F.C. Barcelona de ser el equipo del régimen franquista, una “manipulación burda de la historia” que el gobierno catalán ha tildado de “ofensa, insulto” y “fake news”, en palabras de la portavoz del Govern, Patrícia Plaja.

En la rueda de prensa de este lunes para dar explicaciones sobre los pagos millonarios del FC Barcelona a Enríquez Negreira, el presidente del club catalán, Joan Laporta, acusó al Real Madrid, al que tildó de “equipo del régimen”, de realizar un ejercicio de “cinismo sin precedentes” por personarse en la causa del caso, a lo que el club blanco replicó con un vídeo vinculando al Barça con el franquismo. La grabación reinterpreta la historia a favor del Real Madrid y omite que el franquismo asesinó al presidente del Barça Josep Sunyol, entre otras cosas.

La Audiencia Nacional ha reconocido el derecho del empresario andorrano Joan Besolí, uno de los socios del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, a ser indemnizado por el Ministerio de Justicia con 70.000 euros en concepto de “daños morales” al haber estado 645 días en prisión provisional mientras se le investigaba por presuntos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales de los que fue absuelto, informa Europa Press.

Los magistrados han estimado parcialmente el recurso en el que Besolí exigía a la Administración Pública el pago de 4,6 millones de euros “sin perjuicio de los intereses de demora” que correspondiesen después de que se desestimase su reclamación de responsabilidad patrimonial por “daños y perjuicios ocasionados por la indebida adopción” de una “medida de prisión preventiva”.

En una sentencia, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha coincidido con que los casi dos años que Besolí estuvo en prisión le generó “la ruptura de un proyecto vital”, que incluye su vida familiar y laboral, y un “impacto mediático”, aunque ha fijado que la indemnización a aplicar por dichos perjuicios debe ser de 70.000 euros y no de 4,6 millones de euros.

El que fuera socio de Rosell presentó su reclamación contra el Ministerio de Justicia el 9 de julio de 2020. Bensolí incidió en que ingresó en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, el 25 de mayo de 2017 y que “desde dicha fecha y hasta la celebración del juicio oral en el año 2019 (645 días)” fue mantenido en prisión preventiva “pese a que sus abogados llegaron a formular más de 12 recursos”. El 24 de abril de 2019, la Audiencia Nacional le absolvió a él y al resto de procesados por delitos de organización criminal y blanqueo de capitales.

Para la defensa de Besolí, el haber estado en la cárcel “provocó en su esfera personal y patrimonial una serie de afecciones y daños de muy notoria relevancia”. Entre otras cuestiones, aseguró que sufrió un “perjuicio reputacional” porque era una “persona de conducta intachable y reconocida en Andorra, con relevante proyección pública” como exconseller de Finanzas.

El empresario recalcó, además, que durante su estancia en prisión “tuvo absolutamente restringidas las visitas de familiares a las estrictamente autorizadas por la autoridad penitenciaria” y que, además, “las comunicaciones telefónicas estaban igualmente restringidas a unos minutos”.

“La estancia en prisión generó a Besolí una serie de daños que no tenía que haber sufrido nunca (daños reputacionales, daños afectivos, daños psicológicos, daños por costes de defensa legal, exclusivamente asociados a la medida de prisión provisional, y lucro cesante por cesación de su actividad profesional y empresarial)”, señaló su defensa.

Así, el empresario consideró que “las circunstancias expuestas” suponían que su encarcelamiento pueda “tildarse de injusto” al estar “revestido” de “todas las características de antijuridicidad”, lo que hace posible que pueda reclamar una indemnización por daños.

Desde la Abogacía del Estado alegaron que su ingreso en prisión no fue “consecuencia de un error judicial”, sino “a consecuencia del sacrificio individual que en aras del bien colectivo el individuo se vio obligado a soportar” y subrayó que “aun cuando procediera la indemnización, no podría ser en la cuantía pretendida en la demanda”.

En la resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Ana María Sangüesa, el tribunal ha dado la razón --en parte-- al empresario. La Audiencia Nacional ha explicado que “los daños que se anudan ordinariamente a la prisión (angustia, irritación, temor, frustración, repercusión en el honor e imagen etc), deben indemnizarse de acuerdo con las pautas indicadas, comprendiendo el propio daño que es connatural a la privación de libertad, el perjuicio moral en la fama y nombre, unida a la separación de la esposa e hijos (separación de su entorno familiar, laboral etc)”.

“Estos daños, globalmente considerados, en función de todas las circunstancias apuntadas se estiman, en 60.000 euros, siguiendo las pautas que ordinariamente se aplican en casos semejantes (citados ampliamente en la contestación de la demanda), atemperados a las particulares circunstancias que requiere cada caso en concreto (aquí impacto psicológico, mediático etc)”, han precisado los magistrados que, finalmente, ha fijado en 70.000 euros la indemnización.

José Manuel Villarejo lleva toda la vida mintiendo y durante mucho tiempo no le fue nada mal. Sus engaños, revestidos de razón de Estado, servían a los intereses espurios del gobierno de turno. En nombre de ese Estado y con la cooperación imprescindible de no pocos periodistas (la mayoría aún siguen ejerciendo como tales) investigó a personas que no habían cometido ninguna ilegalidad, falseó documentos para inculparles o se inventó delitos fiscales en Venezuela. Todo para intentar frenar al independentismo y a Podemos. 

Eran maniobras sin amparo judicial que contaban con el beneplácito de la dirección del Ministerio del Interior cuyo titular era Jorge Fernández Díaz. Se superó cualquier límite democrático y con la misma falta de ética, Fernández Díaz, quien siempre se presentó como un fiel escudero de Mariano Rajoy, sigue todavía dando lecciones de moral en su tribuna en La Razón.   

Villarejo, tanto en los años en que tenía rango de comisario como cuando dejó de serlo, respondía a una estrategia política. Él se llenaba los bolsillos a cambio de cumplir con las misiones encomendadas. Fue así hasta que en 2014 un periodista, nuestro compañero Pedro Águeda, que a diferencia de otros nunca tomó parte, ni antes ni ahora, en la guerras entre el excomisario y algunos de sus antiguos colaboradores, destapó la Operación Catalunya.

El hedor de la cloaca se hizo cada vez más insoportable y los mismos que le dieron medios y recursos para que se encargase del trabajo sucio empezaron a renegar de él. Villarejo actúo como siempre, enfangando, pero para intentar salvarse de las causas judiciales que le acorralan, decidió que no caería solo. Mentiría lo que hiciese falta, nada se le da mejor, e incluso podría decir alguna verdad. O dejaría caer insinuaciones que sirviesen de munición informativa y el tiempo dirá si también serán motivo de alguna condena judicial. 

Con esa voluntad, la de salvarse y pasar cuentas, se sentó en un plató de TV3 en mayo del 2022. En su entrevista, apuntó directamente –aunque sin pruebas para corroborarlo– contra la magistrada Carmen Lamela, quien mantuvo a Sandro Rosell casi dos años en prisión preventiva para terminar absuelto, en un uso claramente desproporcionado del poder de los jueces de instrucción para enviar a alguien a la cárcel a la espera de juicio.

Esta fue la literalidad: “Se entendía que el Barça era un elemento digamos vinculado al independentismo que había de desestabilizar. Entonces se habló con una jueza que se llamaba Lamela y esa jueza estuvo de acuerdo y pidió una serie de cosas, entre otras cosas ir al Supremo, como luego fue”.  

El excomisario añadió que la jueza Lamela “tenía una vinculación tremenda con el CNI”, el enemigo que el comisario jubilado ve detrás de todos sus problemas judiciales. Y se ofreció a contar en sede judicial todo lo que había dicho en la entrevista en su propia “catarsis”.

Lo que sí sabemos es que la defensa de Rosell pidió hasta tres veces a la jueza Lamela la comisión rogatoria de EEUU con la que se inició su causa en la Audiencia Nacional, y que por tres veces la magistrada se la negó aduciendo que los papeles se habían devuelto a las autoridades estadounidenses. En cambio, cuando la causa pasó al tribunal que absolvió a Rosell, la comisión rogatoria apareció. Se debió a un “error” de Lamela que se subsanó, según la explicación que dio el Supremo cuando rechazó la querella de Rosell contra la magistrada de su mismo tribunal.

Aunque sea a partir de la palabra de alguien tan poco fiable como Villarejo, la Justicia tiene la oportunidad de investigar de una vez las maniobras contra el independentismo gracias a la querella interpuesta por el expresidente del Barça. Hasta ahora únicamente se ha castigado su movimiento más burdo, el intento de adulterar el caso Pujol. Pero los jueces no solo han rechazado investigar la Operación Catalunya en su totalidad sino que han impedido, de momento, el intento de la Justicia andorrana de averiguar hasta qué punto Mariano Rajoy tuvo conocimiento de las maniobras sin control judicial en el principado para dar con las cuentas de la familia Pujol.

En España, en cambio, el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón se negó en 2021 a investigar la Operación Catalunya alegando que Villarejo “captaba información” sobre corrupción. Con los mismos argumentos que le sirvieron para abrir la investigación sobre las maniobras del PP para hacerse con documentación comprometedora de Luis Bárcenas, el juez se negó a indagar sobre las maniobras contra el procés.

Los anteriores intentos de afectados por la cloaca policial acabaron igualmente en el archivo de los juzgados. Solo tres ejemplos: la querella de Xavier Trias por su falsa cuenta en Suiza; la del PDeCAT por la confabulación entre Fernández Díaz y el entonces director de la Oficina Antifrau Daniel de Alfonso; o la denuncia de los 33 jueces que firmaron un manifiesto a favor del derecho a decidir y vieron que sus fotos de DNI acabaron en La Razón. Este último caso terminó como otras tantas causas archivadas sobre asuntos sensibles para la unidad de España, con una condena del Tribunal de Estrasburgo al Estado por no haber investigado lo suficiente de qué unidad policial provino la filtración.

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Un juez de Madrid ha admitido a trámite la querella del empresario y expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell y ha ordenado investigar al comisario jubilado José Manuel Villarejo por la ‘Operación Catalunya’, ha adelantado La Vanguardia y han confirmado a elDiario.es fuentes jurídicas. 

Se trata de la segunda causa que un juzgado madrileño investiga en relación con las maniobras sin aval judicial que la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy llevó a cabo contra el independentismo y Podemos. La primera se saldó con una condena contra el exjefe de la brigada política, Eugenio Pino, por intentar adulterar el caso Pujol. Pino ha recurrido ante el Tribunal Supremo. El resto de querellas de políticos independentistas han sido desestimadas.

La querella de Sandro Rosell, representado por el abogado Pau Molins, vincula la ‘Operación Catalunya’ con la causa por la que pasó casi dos años en prisión provisional pero terminó absuelto, en lo que fue uno de los usos más desproporcionados de la prisión preventiva de la historia reciente de España.

La representación legal de Rosell considera que el empresario estuvo “en el punto de mira” de esa trama y lo ejemplifica con una reunión, en noviembre de 2012, entre Villarejo y Sánchez-Camacho, entonces presidenta del PP catalán: en ese encuentro, la ahora senadora del PP dio al comisario una lista de personas a investigar por su relación con el independentismo, entre las que estaba el expresidente blaugrana.

Más adelante, a partir de enero de 2014, empezó según la querella una investigación prospectiva contra Sandro Rosell, en la que supuestamente estuvieron involucrados el resto de investigados por el juez: el excomisario Marcelino Martín-Blas, el exinspector Antonio Giménez, el inspector Alberto Estévez y el exagregado del FBI en la embajada estadounidense en Madrid Marc L. Varri.

El abogado de Rosell sostiene que “se habría acordado activar un supuesto requerimiento de información remitido desde Estados Unidos a España en relación con el denominado asunto 'Fifagate', de corrupción en el mundo del fútbol, que serviría como pretexto para iniciar una investigación policial” contra Rosell en España.

En base a este requerimiento, “se abrió en junio de 2015 una investigación prospectiva y secreta en la Fiscalía de la Audiencia Nacional”, donde fue juzgado y absuelto en 2019 tras 21 meses de prisión provisional.

En un primer momento, la Audiencia Nacional rechazó la querella de Rosell contra Villarejo y otros mandos policiales al no apreciar “ningún indicio” de la intervención del comisario jubilado contra el empresario. La denuncia recayó después en los juzgados de instrucción de Madrid. 

Ahora el titular del juzgado de instrucción 13 de la capital de España ha abierto las diligencias con el visto bueno de la Fiscalía. El Ministerio Público ha avalado investigar la querella de Rosell de forma independiente a la macrocausa de Villarejo al considerar que los hechos denunciados por el expresidente del Barça “nada tienen que ver” con el caso que se instruye en la Audiencia Nacional contra el comisario jubilado.

El empresario y expresidente del Barça Sandro Rosell ha rechazado presentarse como candidato a la alcaldía de Barcelona en las próximas elecciones. El anuncio lo ha hecho el alcaldable de Junts, Xavier Trias, en Rac1 y lo ha confirmado elDiario.es.

Trias ha asegurado que fue el propio Rosell quien le pidió que lo anunciara y ha agradecido “la generosidad” del expresidente blaugrana de no concurrir a los comicios, al entender que su candidatura y la de Junts apelaban a un electorado muy similar. “Lo único que habrían hecho las dos candidaturas sería perjudicarse”, ha afirmado Trias.

Si bien Rosell no había confirmado todavía que se iba a presentar, llevaba prácticamente un año sopesando la posibilidad y sugiriendo su intención de concurrir a la alcaldía de Barcelona para contribuir a echar a la actual alcaldesa, Ada Colau, del consistorio.

Según el alcaldable de Junts, Rosell le confirmó la decisión el jueves y le transmitió que “vigilaría” que Trias hiciese “las cosas bien hechas”. Trias ha añadido que intentará recoger algunos de los planteamientos que defendía Rosell aunque no ha precisado si alguien del equipo del expresidente blaugrana podría incorporarse a la lista de Junts.

Trias ha explicado que su intención es encontrar apoyos más allá de Junts para presentarse en una “plataforma o amalgama” de personas bajo una marca con su nombre en la que podría omitirse el de la formación presidida por Laura Borràs. “Quiero que la lista sea lo más amplia posible”, ha explicado.

Preguntado si asistirá a la manifestación contra la cumbre hispano-francesa que defienden las entidades independentistas, Trias ha respondido que no asistirá porque “estará fuera de viaje”, aunque ha sostenido que sí que acudiría si estuviese en la ciudad porque considera el encuentro una “provocación”.

Neymar ha recibido una buena noticia tras su sorpresiva eliminación del mundial de Qatar. La Audiencia de Barcelona ha absuelto al delantero brasileño, a su padre y a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu de los delitos de corrupción entre particulares y estafa en el fichaje del jugador por la entidad azulgrana en 2013.

El juicio se puso muy de cara para las defensas ya que la prueba practicada fue tan en contra de los intereses de las acusaciones que la Fiscalía retiró su acusación al final de la vista. El fiscal concluyó que el fondo DIS, que ejerce la acusación particular del caso y era propietario del 40% de los derechos federativos de Neymar, podía reclamar por la vía civil el dinero que cree que le adeudan por el fichaje, pero que los hechos no traspasan la vía penal. DIS ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo al reiterar que existieron “múltiples irregularidades” en el fichaje del delantero.

La sentencia no cuestiona los hechos –compartidos entre acusaciones y defensas– pero niega el carácter delictivo que le atribuía el fondo DIS. El precontrato de 2011 entre el Barça y los Neymar de 40 millones y los contratos bilaterales del Santos y el Barça en 2013 para jugar amistosos y por derechos de tanteo sobre jugadores juveniles– escondían, a juicio de DIS, el sobreprecio para el jugador, pero al final la conclusión del tribunal es que los acuerdos no resultan delictivos.

Los jueces de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona también responden a las noticias de la prensa sobre el desarrollo del juicio. Es muy habitual que en juicios largos los jueces permitan a los acusados no acudir todos los días a la vista. Lo que no es tan frecuente es lo que se permitió a Neymar, quien tras dos horas el primer día de juicio pudo irse en atención a la petición de la defensa de que estaba cansado porque su partido había terminado la noche. Los magistrados replican y niegan haber otorgado “privilegio procesal por la calidad o condición de los acusados”.

La resolución, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel del Amo, deja escrito como hecho probado uno de los misterios que en los últimos años ha perseguido a la directiva de Rosell: el monto del coste de Neymar por el Barça. Según la sentencia, el equipo azulgrana abonó al Santos 25,1 millones de euros (17,2 por los derechos federativos, 5,9 por el primer convenio de colaboración y 1,9 por el segundo).

A esa cifra entre los clubes catalán y brasileño hay que sumar las cantidades acordadas entre el Barça y los Neymar, que dan cuenta de las cifras astronómicas en las que se mueve el mundo del fútbol. El Barcelona, explica la sentencia, pactó con el jugador “un salario mayor” al estipulado en 2011, que eran 36 millones. Finalmente fueron 41 millones, teniendo que firmar hasta siete contratos con los Neymar.

Pero además en 2013 Neymar cobró 8,5 millones no contemplados en el acuerdo entre la familia y el club de 2011, a los que se sumó otro millón y medio no previsto en concepto de derechos de imagen. En total, la suma de los fondos que salieron del Barça y se destinaron a Neymar, bien como pagos al jugador bien por el traspaso al Santos, ascienden a 66,1 millones de euros.

Cifras mareantes, pero sin corrupción. El tribunal, en una trabajada sentencia de 116 páginas, concluye que de la prueba practicada en el juicio “no resultan indicios de que al jugador le fue ofrecido un soborno y/o que este lo exigió para fichar” por el Barça. Tampoco ha quedado probado que se simularan contratos para perjudicar al fondo DIS, de quien los jueces además concluyen que no podía ser víctima de ningún delito ya que lo que protege la corrupción entre particulares es la libre competencia y no el interés particular de una de las partes en un litigio. Es más, DIS cobró su 40% de los 17 millones del traspaso como propietaria del 40% de los derechos federativos de Neymar.

En el caso Neymar además, el mercado no se vio alterado pese a que su competencia es “de naturaleza peculiar”, ya que el jugador ya tenía “la decisión final tomada” de ir al Barcelona. Es decir, el mercado de fichajes no es como el de una licitación de una administración pública, sino que “es el jugador quien define sus objetivos”, por lo que “la libre competencia aparece con perfiles distintos a los que rigen en otros ámbitos”.

En cualquier caso, no hubo soborno para que Neymar viniera al Barça ni intento de que DIS ganara menos dinero que el que le tocaba. Simplemente una operación del mercado de fichajes, Tampoco aceptan los jueces el argumento de Neymar de que su “sueño” era vestir la camiseta azulgrana: “Los deseos de los jugadores no son indicio de nada, es irrelevante si el jugador tenía el sueño de jugar en el F.C. Barcelona. Lo relevante es que el jugador, en su dimensión estrictamente profesional, tiene derecho a decidir con quién quiere jugar”. “Derivar un indicio de soborno de pretendidas volubilidades del jugador resulta del todo inane”, apostillan los togados.

La defensa del Barça, que ejerce el penalista Jordi Pina, presentó el primer día de juicio documentos clave para desbaratar la acusación: el abogado mostró que el Barça no llegó a pagar los 4,5 millones acordados para jugar un amistoso en Brasil porque el partido no se llegó nunca a disputar. Y además aportó una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo que obligó al Santos a abonar 3 millones de euros al Barça por incumplir el acuerdo sobre derecho de preferencia a un jugador juvenil que el club brasileño vendió al Inter de Milán sin preguntar antes a la entidad azulgrana.

¿Favoritismo o simple cortesía? El debate está servido en conversaciones de café y grupos de Whatsapp de la comunidad jurídica barcelonesa a raíz del trato dispensado por el tribunal del caso Neymar al astro brasileño y a sus padres, también acusados. El presidente del tribunal, José Manuel del Amo, ha negado con contundencia este martes trato de favor alguno y ha enmarcado sus decisiones en las “circunstancias” laborales del jugador. No todo el mundo opina lo mismo, incluso en su sala de vistas.

En los últimos años son varios los tribunales que han abandonado viejas costumbres y han ensanchado el derecho de defensa del acusado. Son cuestiones que pueden parecer secundarias, pero que son importantes en un juicio donde está en juego la libertad de una persona. Por ejemplo: permitir al acusado sentarse junto a su abogado para que pueda hacerle comentarios o dejar que el procesado declare en último lugar, una vez conozca todo lo que han dicho contra él testigos y peritos.

Precisamente la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona, la que juzga el caso Neymar, es una de las consideradas más respetuosas con el derecho de defensa de los acusados por parte de la abogacía, colectivo nada sospechoso de tener manías a la hora de criticar a los jueces.

En la actuación del juez Del Amo, que se ha erigido en estrella del juicio por sus conocimientos futbolísticos y sus intervenciones para cortar preguntas impertinentes de las partes o ayudar a los traductores, hay decisiones que se enmarcan dentro de ese ensanchamiento del derecho a la defensa. Es el caso de permitir a los Neymar y a su familia ausentarse del juicio este martes una vez completada su declaración como acusados.

Cada vez es más habitual que en los juicios largos –en el de Neymar hay programadas un mínimo de siete sesiones– los jueces dispensen la asistencia de los acusados tras la primera sesión, a la que tienen acudir sí o sí. También suelen tener que estar el día de su declaración y en la última jornada, para decir de viva voz si ejercen su derecho a la última palabra.

El tribunal también ha alterado el orden de declaración de Neymar y sus padres, adelantándolas de este viernes a este martes para que el jugador pudiera volver a su trabajo en París. Los interrogatorios de los tres acusados se han sucedido entre declaraciones de testigos. Una decisión poco ortodoxa pero que en nada perjudica a los acusados porque así lo pidieron ellos mismos, según valora otro togado consultado.

Pero sí hay dos decisiones más infrecuentes del tribunal con Neymar y su familia. Se trata de lo ocurrido este lunes, cuando apenas había transcurrido hora y media de juicio. El tribunal aceptó la petición de la defensa y autorizó al astro brasileño y a su familia a irse en medio del trámite de cuestiones previas. La defensa basó su petición en el inusual argumento de que Neymar se había ido a dormir tarde tras su partido contra el Marsella.

Los padres del delantero no jugaron partido alguno, pero el juez Del Amo aplicó por igual la dispensa a los tres. “El señor Da Santos Silva Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama”, dijo el magistrado, que acumula ya varios comentarios que le han convertido en protagonista de la vista. Este martes el jugador ha agradecido al juez su “humanidad”: “Estaba cansado de verdad”.

La otra novedad introducida con Neymar es permitirle renunciar a su turno de última palabra por videoconferencia desde París y no tener que volver a Barcelona. Esto ocurrirá el próximo 31 de octubre, última jornada del juicio. Según justificó el juez Del Amo, es la “solución” más factible dadas las “peculiaridades” del calendario laboral del jugador.

Además, este martes Neymar ha llegado al Palacio de Justicia pasadas las 11:00h., hora y media más tarde del inicio de la sesión, cuando lo habitual es que los acusados estén desde el inicio aunque terminen por declarar al final de la misma, lo que ha obligado al tribunal a decretar un receso de 15 minutos. El propio juez Del Amo ha querido intervenir para desmentir que el jugador se hubiera retrasado, tal y como ya había publicado la prensa: “El señor Neymar ha llegado cuando ha llegado, pero no ha llegado tarde”.

Fuera de la sala de vistas, donde mantener el orden ya no corresponde al tribunal sino a los Mossos d'Esquadra, también se ha vivido una escena inusual este martes. El jugador, su familia e incluso alguno de sus letrados se han hecho varias fotos en el salón de los pasos perdidos del Palacio de Justicia, pese a la prohibición de realizar fotografías dentro de las sedes judiciales catalanas.

La sesión fotográfica particular de los Neymar ha trascurrido ante la mirada de dos mossos d'esquadra, que no han avisado al jugador y a su familia hasta que la prensa les ha recordado que la prohibición de tomar imágenes dentro del juzgado es para todo el mundo y no solo para los informadores. Una reacción que contrasta con la rápida advertencia que los agentes realizaron este lunes a un periodista que sacó su móvil para fotografiar a los Neymar mientras esperaban entrar en la sala de vistas.

El juez Del Amo: “No le hacemos la ola a Neymar”

El magistrado Del Amo también ha querido contestar durante la sesión a las críticas por haber permitido al astro brasileño irse a descansar al hotel. “Se le dejó marcharse no porque sea un jugador de élite mundial sino porque estábamos en el trámite de cuestiones previas, que son especialmente áridas para el señor Neymar Jr., aunque para nosotros no lo sean”, ha alegado.

El astro brasileño, ha abundado el magistrado, acudió al tribunal este lunes al juicio “viajando de madrugada”. “Por encima de supuestos tratos de favor, que no los ha habido, está tratar a las personas con dignidad y de forma adecuada, y a Neymar Jr. se le está tratando como se trataría a otro acusado en las mismas circunstancias”, ha añadido, para a renglón seguido apostillar: “A los que creen que aquí estamos haciendo la ola a Neymar, pues no”.

El jugador no ha escuchado la réplica del juez a los periodistas porque ya se había ido de la sala de vistas. La prensa le ha preguntado si ya estaba más tranquilo tras declarar. “Yo siempre estoy tranquilo”, ha respondido el delantero, que lucía una sonrisa de oreja a oreja como si acabara de ganar un partido.

Neymar Jr. no es un jugador acostumbrado a sentarse en el banquillo. Y tampoco ha pasado mucho tiempo en el de los acusados este lunes. Poco más de hora y media. El tribunal de la Audiencia de Barcelona ha atendido la petición de la defensa del jugador y le ha permitido ausentarse del juicio por corrupción y estafa hasta su declaración como acusado, que finalmente será este martes. Una vez declare, ya no tendrá que volver a Barcelona.

Es habitual que los tribunales admitan la ausencia de los acusados por razones profesionales, con la excepción de la primera y la última sesión del juicio (correspondiente al turno de última palabra) y para la jornada de su declaración. En estos tres días los procesados suelen tener que estar sí o sí.

Lo que no es tan usual es que a un acusado se le permita ausentarse del juicio en medio de una sesión para que pueda ir a echarse una siesta al hotel, como ha ocurrido con Neymar. También es infrecuente que se haya alterado el orden de declaración de los acusados. Neymar, su padre, su madre y el expresidente del Santos, Odilio Rodrigues, declararán el martes y Sandro Rosell y Bartomeu a partir del viernes. En medio, desfilarán todos los testigos, entre ellos el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

El tercer indicio de posible trato de favor al astro brasileño es la decisión del tribunal de permitirle renunciar a su turno de última palabra por videoconferencia desde París. Esto ocurrirá el próximo 31 de octubre, última jornada del juicio.

“Sé que estamos en plena Ligue 1 y en plena Champions, me he mirado el calendario de las ligas y sé cuándo hay partidos, trataremos de buscar la mejor solución y la más factible”, ha aseverado el presidente del tribunal, el magistrado José Manuel del Amo, que ha agregado que el tribunal “conoce las peculiaridades” del acusado.

Ha sido lo más destacado de la primera sesión de la vista oral que juzga si la familia del jugador y los expresidentes del Barça Josep Maria Bartomeu y Sandro Rosell idearon un plan para estafar al fondo DIS, propiedad del 40% del jugador, y pagarle diez millones menos cuando Neymar fue fichado por el Barça en 2013. La Fiscalía pide cinco años de prisión para Rosell, dos para Neymar y uno para sus padres, además de una multa de 8,4 millones para el Barça.

La defensa del jugador ha pedido al tribunal que le ausente de asistir al juicio debido a que su partido de este domingo con el PSG terminó a las 23:00h. y además tuvo que someterse a un control antidopaje, por lo que se fue a dormir muy tarde. Los jueces han atendido la petición y el magistrado del Amo ha demostrado que es un buen conocedor del mundo del fútbol. 

“El señor Da Santos Silva Jr. estaba marcando un gol y yo estaba ya en la cama”, ha dicho el magistrado, que ha añadido que el jugador puede ausentarse “porque estaba en las labores propias de su profesión”. El tribunal también ha permitido ausentarse del juicio a los padres de Neymar, también acusados. El delantero ha abandonado el banquillo no sin antes chocar el puño con Sandro Rosell.

No se conocen las razones profesionales que han llevado al tribunal a permitir también a los padres de Neymar ausentarse del juicio, habida cuenta de que ni él ni ella son futbolistas. La madre, Nadine Gonçalves, ha acompañado a su hijo y ambos han abandonado el Palacio de Justicia de Barcelona poco después del mediodía. El padre, Neymar Da Silva, ha optado por quedarse un rato más y se ha ido de la sala pasadas las 13h. tras un receso.

El debate sobre el sobrecoste de Neymar

El juicio ha arrancado con un alud de peticiones de las defensas para intentar que el caso se cerrará antes de empezar, pero el tribunal ha indicado que las cuestiones previas se resolverán en sentencia.

Según las defensas de los acusados, el caso Neymar no podía volver a juzgarse porque la Justicia española no es competente para decidir sobre unos contratos firmados en Brasil y porque los mismos hechos ya fueron enjuiciados en la primera rama de la causa, la relativa a los delitos fiscales del fichaje.

El tribunal ha querido atar en corto a las partes y ha evitado largas disquisiciones de los abogados en el trámite de cuestiones previas. El magistrado Del Amo ha remarcado que el debate de este juicio no es sobre los hechos (acusaciones y defensas coinciden en casi todo) sino sobre si los hechos suponen un delito de estafa y corrupción entre particulares, como mantienen la Fiscalía y el fondo DIS.

Según las acusaciones, el Barça y el Santos idearon el pago del fichaje del jugador en diversas partidas mediante contratos supuestamente simulados con el objetivo de abonar tan solo 6,8 millones al fondo DIS, cuando en realidad le correspondían 10 millones.

Los cuatro contratos del Barça y el Santos que habrían enmascarado el sobrecoste de Neymar versaban sobre partidos amistosos y derechos de tanteo sobre tres jugadores. En conjunto, el coste extra que el Barça abonó al Santos suma casi ocho millones de euros, según las acusaciones.

Sin embargo la defensa del Barça, que ejerce el penalista Jordi Pina, ha aportado documentación al tribunal que contrarresta las tesis de las acusaciones. La defensa ha mostrado, por un lado, que el Barça no llegó a pagar los 4,5 millones acordados para jugar un amistoso en Brasil porque el partido no se llegó nunca a disputar. Y además ha entregado al tribunal una sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo que obligó al Santos a abonar 3 millones de euros al Barça por incumplir el acuerdo sobre derecho de preferencia a un jugador juvenil que el club brasileño vendió al Inter de Milán sin preguntar antes a la entidad azulgrana.

Tras el tedioso trámite de cuestiones previas ha arrancado la práctica de la prueba con los primeros testigos y peritos. Tres catedráticos brasileños, dos propuestos por el fondo DIS y otro por la defensa del Barça, han terminado por admitir que en Brasil todavía no hay ninguna condena por el delito de corrupción entre particulares que se juzga ahora en España.

Antes de la comparecencia de los catedráticos el juez Del Amo ha cerrado el paso al intento de la defensa de los Neymar de que un traductor de parte asistiera a la traductora oficial del juzgado. “Es una posibilidad”, ha implorado la defensa, a lo que el magistrado ha replicado: “Por posibilidad podemos pedir que venga Lula da Silva”.

El siguiente en comparecer ha sido el director deportivo del Barcelona de la época, también mítico portero de Wembley'92, Andoni Zubizarreta, quien ha negado conocer los aspectos económicos del fichaje de Neymar al explicar que él se centraba en la parte deportiva. También ha desmentido las tesis de las acusaciones al asegurar que el derecho de tanteo del Barça sobre tres futbolistas juveniles del Santos nada tenía que ver con el traspaso del astro brasileño: “Eran compartimentos diferenciados”.

Según Zubizarreta, la adquisición del derecho de preferencia sobre estos tres jugadores la sugirió a la directiva el ojeador del Barça en Brasil André Cury, que también tenía que declarar este lunes pero no ha dado tiempo. El calendario del visto se ha visto alterado por completo en su primera sesión. Pero a diferencia del estrepitoso inicio de temporada del Barcelona, hay suficientes sesiones para enmendarlo.

Los detalles de los traspasos de los astros del fútbol llenan páginas de periódicos desde hace años. Más recientemente han saltado a la gran pantalla con los documentales sobre Luís Figo o Antoine Griezmann. Lo que es inédito es que también terminen en un juicio penal, pero eso es lo que ocurrirá esta semana en la Audiencia de Barcelona, que juzga si el fichaje de Neymar Jr. por el club azulgrana en 2013 fue delictivo.

Con gran expectación mediática se espera en Barcelona el regreso del que fuera uno de los astros en la constelación que conformó junto a Leo Messi y Luis Suárez al final de los años dorados del club. Muestra de que el mercado de fichajes es más rápido que la Justicia, el delantero tendrá que viajar a Barcelona desde París, donde juega en el PSG tras abandonar la entidad azulgrana en 2017.

Neymar, su padre y su madre, que constituyeron una sociedad para impulsar la carrera del delantero coincidiendo con su fichaje por el Barça, tendrán que sentarse en el banquillo. Están acusados junto a los expresidentes del F.C. Barcelona Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu; Odílio Rodriguez, su homólogo del Santos brasileño -el anterior equipo de Neymar-; y los dos clubes como personas jurídicas.

La Fiscalía y el fondo de inversión DIS, propietario del 40% de los derechos federativos del delantero brasileño, ven los tipos penales de corrupción en los negocios y estafa en las negociaciones y acuerdos que el Barcelona entabló con el Santos para incorporar a Neymar, y que para los acusados no suponen delito alguno.

Desde la perspectiva actual del Barça de Joan Laporta hay mucho en juego en este juicio. El club se enfrenta a una multa millonaria en caso de condena, que sería la segunda en seis años. La anterior también fue por el caso Neymar, pero de su rama por delitos fiscales. Bartomeu y Rosell pactaron su exoneración con la Fiscalía en 2016 a cambio de que la entidad resultara condenada por primera vez en la historia como persona jurídica.

Sin Hacienda de por medio esta vez, lo que se juzga es si, como mantiene la Fiscalía, el Barça y el Santos “idearon el pago del fichaje del jugador en diversas partidas” mediante contratos supuestamente simulados con el objetivo de abonar tan solo 6,8 millones al fondo DIS, cuando en realidad le correspondían 10 millones.

El caso arranca en 2011 con dos contratos firmados entre el Barça y los Neymar. Los acuerdos estipulaban que el club pagaría 40 millones por su fichaje en 2014, cuando quedara libre del Santos, de los cuales diez se abonaron al momento como anticipo. Las dos partes se comprometían a desembolsar 40 millones si incumplían sus obligaciones contractuales. Hasta ahí una negociación millonaria pero dentro de los parámetros exorbitados en los que se suele mover el mundo del fútbol.

Los Neymar querían más dinero, según el fiscal

El plan se torció cuando se decidió adelantar un año la llegada del astro brasileño, lo que encareció el fichaje. Acusaciones y defensas difieren sobre el motivo: el Barça y Rosell lo explican por la competencia de otros clubes en incorporar a Neymar, mientras que para el fiscal el delantero y su padre reclamaron “una prima de fichaje mayor” tanto al Barça como al Santos para incorporarse al club azulgrana en 2013, un año antes de lo previsto.

Según el fiscal, el adelanto de la llegada del delantero habría provocado que el fichaje superara los 70 millones fijados como tope económico para incorporar a jugadores, si bien no llega a concretar una cifra. El fondo DIS cuantifica el fichaje en 82 millones de euros. En cambio Rosell mantiene que el club pagó solo los 40 millones por incumplir el contrato de 2011, a los que sumaron una prima de fichaje y la adquisición de los derechos de imagen del jugador. En conjunto, 57 millones.

El Barça habría aceptado este sobrecoste, agrega el fiscal, pagando al Santos “directamente parte del precio derivado de la transferencia de los derechos federativos” de Neymar, lo que habría comportado evitar abonar al fondo DIS el 40% que le correspondía como copropietario de los derechos del delantero.

La forma de enmascarar el aumento de precio, según las acusaciones, fueron cuatro contratos bilaterales entre el Barça y el Santos sobre formación de jugadores o para jugar partidos amistosos que en realidad escondían el pago por Neymar. Por contra, Rosell alega que los contratos que firmó el Barça con el Santos durante su presidencia “no guardan ninguna relación” con la contratación del jugador.

A favor de Rosell juega que efectivamente el contrato firmado en mayo de 2013 firmado para que el Santos jugara el trofeo Joan Gamper se cumplió, ya que el club brasileño viajó en agosto a Barcelona para disputar el amistoso con el que se abre la temporada. Otro contrato versaba sobre un amistoso en Brasil que todavía no se ha jugado.

La defensa también argumenta que los contratos de colaboración en el fútbol base y de preferencia sobre tres jugadores brasileños fueron reales y no mendaces, como mantiene el fiscal. Se trata de los futbolistas Víctor Andrade Santos, Givanildo Pulgas da Silva y Gabriel Barbosa Almeida, cuya trayectoria deportiva está lejos de la de Neymar.

En conjunto, el fiscal solicita una pena de cinco años de prisión para Rosell, que afronta su tercer juicio en poco más de tres años. De sus otros dos encuentros con la Justicia salió absuelto pese a que en uno de los casos pasó más de dos años encarcelado antes del juicio en lo que ha supuesto uno de los usos más desproporcionados de la prisión preventiva de la historia judicial reciente de España.

La Fiscalía exonera a Bartomeu, en esa época vicepresidente del club. No así el fondo DIS, que reclama para él cinco años de cárcel, al igual que para Rosell. Para Neymar y su padre el fiscal pide dos años de cárcel, pena que fondo eleva a cinco años.

Florentino y 'Zubi', testigos

Está previsto que los acusados declaren al final de la vista, esto es, a partir del 21 de octubre si se logra cuadrar el calendario previsto, con varias pruebas periciales económicas que serán vitales para el resultado de la vista, aunque sean la antítesis de la emoción de ver rodar el balón en el Camp Nou.

Por si ver a un astro del balón en el banquillo no fuera suficiente, durante una semana los jueces oirán a testigos mediáticos del mundo del futbol. Ante el tribunal de la sección 6ª de la Audiencia de Barcelona comparecerán el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez (por videoconferencia) y el exdirector deportivo del Barça, Andoni Zubizarreta. También testificarán el exojeador del Barça en Brasil André Cury o el exdirectivo Javier Faus, entre otros.

Durante la fase de instrucción la estrategia de la familia Neymar fue clara: tanto el hijo como la madre se desvincularon por completo de las negociaciones para el fichaje con el Barça. Fue el padre del futbolista, que también es su representante, quien asumió toda responsabilidad. “Firmaba lo que me decía mi marido”, llegó a decir la madre del jugador. Rosell y Bartomeu se acogieron a su derecho a no declarar.

Del resultado del juicio depende además que el Barcelona vea aún más maltrechas sus finanzas. No hay palanca que pueda soportar los 195 millones de euros que pide DIS al Barça (el triple del beneficio obtenido por el club, según los cálculos del fondo), cantidad que la Fiscalía rebaja ostensiblemente hasta los 8,4 millones de euros.

Además el fiscal reclama que el Barça, el Santos, Rosell y Rodríguez indemnicen de forma solidaria al fondo con 3,2 millones. Por si no fuera suficiente con el descalabro contra el Inter en la Champions, el Barcelona se enfrenta a potenciales nubarrones judiciales. El juicio empieza este lunes, en plena resaca del 'clásico'.

Absuelto. La jueza ha exculpado al expresidente del F.C. Barcelona Sandro Rosell del fraude fiscal que le atribuía la Fiscalía, que pedía dos años y nueve meses de cárcel. Es el segundo juicio penal al que se enfrenta el empresario que termina en absolución: Rosell pasó casi dos años en prisión preventiva en una causa de presunto blanqueo en la Audiencia Nacional que terminó en nada.

La Fiscalía acusaba a Rosell defraudar 230.296 euros a Hacienda en 2012 utilizando una sociedad administrada por él mismo para cobrar sus servicios profesionales por asesoramientos deportivos e inmobiliarios.

En su nuevo juicio celebrado hace diez días en Barcelona, Rosell, que en junio de 2019 devolvió a Hacienda la cuota supuestamente defraudada más los intereses, se acogió a su derecho a no declarar y se remitió a la declaración que prestó hace cuatro años en la instrucción del caso, cuando negó que tuviera la voluntad de defraudar a Hacienda.

Por boca de su abogado, Pau Molins, Rosell atribuyó el juicio por fraude fiscal a la “persecución indiscriminada” por parte de la brigada política que anidó en el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy, tal y como muestran los audios entre el comisario Villarejo y la exjefa del PP catalán Alicia Sánchez Camacho.

En la sentencia, que puede ser recurrida, la jueza lamenta “las consecuencias negativas” que acarreó para Rosell el proceso en la Audiencia Nacional, pero recalca que ello “no le confiere ni un halo de impunidad en relación a otros hechos diferentes” ni puede afirmarse que fuera víctima de “una actuación irregular” por parte de la Agencia Tributaria.

La sentencia sí reconoce que el expresidente del Barça se dedujo indebidamente de su declaración del IRPF dos facturas de 48.000 euros en total por servicios de asesoramiento de fiscalidad internacional y varios pagos con tarjeta de crédito que sumaban 1.479 euros. También da por probado que declaró falazmente una pérdida patrimonial de 21.016 euros por una venta de unos inmuebles situados en Río de Janeiro.

En cualquier caso, la cuota defraudada por ambos conceptos no superan el umbral de 120.000 euros a partir del cual un fraude fiscal se considera delito contra la Hacienda pública, por lo que la magistrada concluye que la reclamación debe cursarse por vía administrativa y no penal.

Además la magistrada discrepa de la tesis fiscal de que la empresa TOC SLU, a través de la cual Rosell facturaba sus servicios profesionales, constituyera una “mera apariencia al servicio de la defraudación penal”. Según la juez, TOC SLU “prestó unos servicios reales”.

La sentencia recuerda que “la prestación de servicios profesionales a través de sociedades mercantiles resulta posible” y que “afrontar una actividad empresarial o profesional como persona física o jurídica es una opción legítima amparada por el ordenamiento jurídico y expresión de la libertad de empresa consagrada en el artículo 38 de la Constitución”.

Pese a considerar probado que la sociedad que utilizaba Rosell era una “estructura elemental” que no tenía más que cinco empleados -cuatro de ellos dedicados a tareas de mantenimiento y limpieza de su domicilio y su segunda residencia-, la juez concluye que TOC SLU constituía una “persona jurídica válidamente constituida”, con medios personales suficientes para llevar a cabo su actividad.

Rosell logra así un éxito en el primero de los dos juicios que afronta este otoño antes de desvelar si finalmente quiere presentarse a la alcaldía de Barcelona. El próximo mes de octubre volverá al banquillo en el segundo juicio relacionado con el fichaje de Neymar por el Barcelona, convencido de que logrará la tercera absolución.