Las dimisiones en Vox en la Región de Murcia llegan por goteo, pero llegan. Este martes ha dimitido la diputada regional Virginia Martínez, tras sentirse “profundamente decepcionada” con el rumbo de la dirección del partido. De este modo, Martínez pasa a formar parte del Grupo Mixto junto al antiguo líder de Vox, el ya cesado José Ángel Antelo.

Tras esta decisión, el PP, con 21 diputados y a solo dos de la mayoría absoluta, solo necesitaría el apoyo de los dos exmiembros del partido de Abascal para sacar adelante sus proyectos y Vox perdería su papel decisivo en el Parlamento regional.

La configuración de la Asamblea Regional, una vez se incorpore Martínez al grupo Mixto, será de 21 diputados del PP, 13 del PSOE, 7 de Vox, y 4 del grupo Mixto: María Marín (Podemos), José Luis Álvarez-Castellanos (IU-Verdes) y los dos exdiputados del partido de ultraderecha.

“Nos encontramos actualmente con una cúpula que acumula cargos para recibir sobresueldos y que se dedica a expulsar a referentes de talento”, ha denunciado Martínez.

La diputada fue la única que no apoyó el cese de José Ángel Antelo como presidente autonómico del partido y portavoz parlamentario. Pese a su abstención, el partido no movilizó su expulsión: “Está en tierra de nadie”, definieron fuentes cercanas a Vox tras la votación.

A su salida, Martínez ha censurado la gestión de la actual dirección del partido. De acuerdo con la ex de Vox, el partido tiene múltiples “satélites” distribuidos por el país para ejercer su influencia: “Medios de comunicación cuyo máximo financiador es el partido, una fundación -Disenso- a la que se le desvían ingentes cantidades de dinero, o un centro de formación -ISSEP-, que vive de la formación interna”. Todo ello, detalla “pagado con el dinero de los afiliados y con la financiación pública que se recibe a nivel nacional, autonómico y municipal”.

“Los ciudadanos votaron a Vox para que cerrásemos los centros de menas, no para que los abriésemos a las afueras; votaron a Vox para que cerrásemos las televisiones autonómicas, no para que nuestro director de comunicación cobrase un sueldo de una de ellas; votaron a Vox para que frenásemos la inmigración ilegal, no para que cobrasen ayudas a los tres años de haber llegado, y votaron a Vox por ser el único partido verdaderamente liberal en lo económico, no un partido estatalista”, ha defendido Martínez.

A su juicio, “la deriva ideológica reciente y los pactos mal gestionados están dando pie a acuerdos que no son reconocibles por aquellos que nos han votado”. Por ello, ha decidido “dar un paso a un lado y esperar que el partido se recomponga, ya que seguir en él sería avalar las malas actuaciones de unos pocos con mi silencio”.

Cuando la Asamblea Regional admita el traslado de Martínez al grupo Mixto, el PP podría contar con los dos votos de los exdiputados de Vox, lo que le permitiría sacar adelante diversos proyectos, entre ellos la Ley de Vivienda Asequible, bloqueada hasta la fecha por los de Abascal, y a la que Antelo ha dado recientemente su visto bueno.

La diputada del burka

No es la primera vez que esta diputada protagoniza el foco político. Cuando formaba parte de Vox, en diciembre del pasado año, la parlamentaria interrumpió en el pleno de la Asamblea regional con burka para pedir su prohibición en la Región de Murcia. Una acción censurada a izquierda y derecha del hemiciclo: “Una cosa es combatir la opresión y otra muy distinta es convertir a cualquier mujer que lleva un velo en un problema de orden público”, opinó tras lo ocurrido el portavoz del PP, Joaquín Segado.

Viktor Orbán es el “protector de Europa, por las veces que ha protegido” a las “naciones en el Consejo Europeo [la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los 27] frente a los auténticos disparates de la Comisión”. Santiago Abascal celebraba con estas palabras hace apenas dos semanas en Budapest el faro político que Viktor Orbán ha supuesto para los antieuropeístas y nacionalistas de ultraderecha, cercano también a Trump y Putin. “Estas no son solo vuestras elecciones, también son nuestras elecciones”, decía un Abascal que, en ese caso, las ha perdido.

Ese faro ideológico húngaro se ha apagado abruptamente este domingo, tras unas elecciones históricas que han dado la victoria a Péter Magyar, el antiguo socio de Orbán que cambió de bando y que puede desmantelar las reformas antidemocráticas del prorruso, en el poder durante 16 años.

El Consejo Europeo, que representa el interés de los 27 países de la UE y que influye y marca en gran medida las políticas de la Comisión Europea liderada por Von der Leyen, queda ahora sin la presencia de Orbán. Por tanto, Santiago Abascal se queda huérfano de representante y amigo en esta mesa de alto nivel europeo, sin altavoz en el boicot a las políticas medioambientales, conminar al endurecimiento de las políticas migratorias o sin el actor necesario para bloquear 90.000 millones destinados a ayudar a Ucrania.

Aunque el grupo parlamentario europeo de los Patriots continúa –lo preside Abascal y lo integran también los partidos de Orbán y Le Pen–, la caída de quien era su padrino de facto es probable que genere un terremoto de nuevas alianzas ultra en Europa y también choques con el nuevo gobierno húngaro, que ya no es anti UE ni se victimiza achacando a Bruselas los problemas económicos o sociales del país.

Abascal y Vox no solo han perdido un aliado político al que han alabado y considerado el protector y avanzador de las ideas ultra en Europa, han perdido también un puntal de financiación, apoyo y visibilidad.

Desde el grupo Patriots europeo, Orbán ha apoyado encuentros de la internacional ultra en España y desde su entorno se han financiado actividades para eventos de think tanks iliberales o cursos de formación. Por ejemplo, la Fundación Disenso, presidida por Abascal y a la que transfiere más de dos millones de euros anuales el partido Vox, va a celebrar este mismo jueves un evento internacional auspiciado por la Fundación Patriots bajo el lema “Una Nueva Alianza: Por qué las Américas son importantes para el futuro de Europa”.

Disenso también comparte un proyecto de formación junto a esa misma fundación –financiada en gran parte por la misma UE que denostan tanto Vox como el partido de Orbán o Le Pen–. Se trata del Programa Jóvenes Líderes de la Iberosfera, que forma “futuros dirigentes en el ámbito político y social de ambos lados del Atlántico” y que se imparte en EEUU, España, en Bélgica, Italia y Hungría, según la información colgada en la web.

Todos estos compromisos y la financiación de estos proyectos de Vox y su fundación quedan en el aire con la caída del primer ministro húngaro, a falta de saber si ahora Santiago Abascal consigue tener la misma influencia en Patriots con un Orbán que ya no es primer ministro, si se abre un nuevo panorama de alianzas entre los grupos ultras europeos y si logra mantener cuota de poder en Europa a través de sus europarlamentarios y en las decisiones que favorezcan a su partido.

Pero si Vox ha tenido una conexión favorable con la Hungría de Orbán, esa ha sido la de dos créditos bancarios millonarios que el partido español necesitó y consiguió para poder hacer la campaña de las generales de 2023 y las elecciones al parlamento europeo de 2024. Tal y como figura en sus cuentas, en 2023 pidió 6,5 millones al banco húngaro MBH Bank, que tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar presidido entonces por Viktor Orbán. La Ley de financiación de partidos española prohíbe cualquier financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”.

En 2024, Vox volvió a acudir a ese mismo banco para solicitar 7 millones de euros más para la campaña de las elecciones europeas. El tipo de interés que pagó en ambos créditos fue del 11% (frente al 6% que pagó por pedir casi dos millones al BBVA o el 8% que pagó al Santander por cantidades mucho menores). En esos dos mismos años en que pedía créditos por la falta de fondos para concurrir a elecciones, Vox continuó trasfiriendo más de dos millones de euros de media a la Fundación Disenso, dedicada a eventos, encuentros, viajes, una web ultra y que destina la gran parte del dinero a salarios o pagos a empresas de las que no se da información.

Internamente, la derrota de su aliado principal en Europa abre otra vía de agua a Abascal, cuestionado en las últimas semanas por disidentes como Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith o Juan García-Gallardo, que apuntan a la opacidad de las cuentas y piden un congreso extraordinario en Vox.

Ahora, algunos críticos cuestionan si la estrategia de atar el destino del partido español a Donald Trump, en sus horas más bajas incluso en EEUU después de la invasión a Irán, si las fotos con Netanyahu o apoyar a Orbán después de que se conociera que pudo pasar información al Kremlin ha sido una estrategia inteligente.

El partido Vox no ha contestado a ninguna de las preguntas de elDiario.es.

Cuando se cumplen justo dos meses de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, representantes del PP y Vox han celebrado este miércoles en Zaragoza la primera reunión física de primer nivel. Y lo cierto es que, a menos de cuatro semanas de que el calendario marque el adelanto electoral, los avances son mínimos. De hecho, la conversación se ha limitado a “cuestiones conceptuales”. Las temáticas han sido cuatro: vivienda, inmigración, seguridad y fiscalidad. Tampoco hay una nueva reunión cerrada por ahora.

Así lo han dado a conocer los portavoces para la ocasión de ambas formaciones: por el PP, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero; por Vox, su máximo representante en Aragón, Alejandro Nolasco, escoltado ante los medios por el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. En la sala de reuniones del hotel Zeltral AVE de la capital aragonesa han estado asimismo presentes, por los populares, los consejeros autonómicos en funciones de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; el de Fomento, Octavio López, y también Marta Varela, jefa de gabinete del presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, única voz física de Génova, con el secretario general de los populares, Miguel Tellado, por videoconferencia. Por Vox ha asistido también la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis.

El tono de la reunión, según han declarado posteriormente a los medios, ha sido positivo y permite aventurar, siempre según su versión, un desenlace en forma de acuerdo. Aunque el reloj corre.

“Hay una voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda”, ha expresado el portavoz de la extrema derecha en Aragón.

“Hay una voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda”, ha expresado el portavoz de la extrema derecha en Aragón. Nolasco ha insistido en el mensaje de las últimas semanas: trabajan con la “máxima discreción posible” y negocian “medida a medida”. “Lo importante es qué es lo que vamos a cambiar, no el reparto de carguitos”, ha apuntado, sin querer avanzar hasta qué punto el PP ha aceptado o no los postulados ultras en cuestiones como la inmigración o la seguridad.

Ni fechas o plazos y tampoco nuevas reuniones a la vista, al menos por ahora: “Supongo que en los próximos días, seguramente la siguiente semana”, ha aventurado Nolasco al respecto, que al menos sí que ha dejado claro que aspiran a “entrar en los gobiernos”: apuntar lo contrario, ha afirmado, es generar “bulos y desinformación”.

Por su parte, José María Figaredo ha destacado la “buena sintonía” con los representantes del PP y ha considerado que “las sensaciones son muy buenas”. “Tenemos un razonable optimismo en que llegaremos a un acuerdo”, ha incidido. Para ello, también de nuevo, hay que “evitar la contaminación de Génova”.

Desde las filas populares, Vaquero ha admitido que en el encuentro se han limitado a debatir “de cuestiones conceptuales” en las que “hay que profundizar”. “Sí que podemos decir es que es un ambiente totalmente cordial, proclive a llegar a ese acuerdo”, ha declarado al menos la vicepresidenta en funciones, que no ha querido entrar en más “detalles”.

Respecto de las críticas de Vox a Génova, ha manifestado que ya lo han escuchado “en otras ocasiones” y ha dejado claro que para el PP aragonés la intervención de la dirección nacional del partido “no es ningún obstáculo”, sino que “entra dentro de la normalidad”.

Nos hemos aburrido de argumentar durante toda la legislatura que el gran problema del Partido Popular consistía en que únicamente podía pactar con Vox y ese pacto le volvía incompatible como socio para todos los demás. Eso le obligaba al deber de ganar por mayoría para tratar de gobernar en solitario. Ahora estamos descubriendo que el problema es que no puede pactar ni con Vox ni siquiera cuando ganan. 

Desde las elecciones en Extremadura llevamos esperando a que haya gobiernos como Dios manda, tras claros y mayoritarios giros a la derecha allá donde ha habido comicios. Antes se viraba a la derecha buscando orden y estabilidad. O eso nos explicaban. Ahora volverse hacia las derechas es jugárselo a la lotería o a la traca. A la gente de orden parece que ya no le importa el desorden siempre que sea de los suyos. 

La única razón por la que no tienen gobierno en Extremadura, Aragón o Castilla y León se debe a que siempre se celebran elecciones en alguna otra parte que debe de ser más importante o más urgente. Lo sabemos todos. De ahí esta normalidad extraña con la cual se asume que no los haya todavía, ni tenga mucha pinta de haberlos. También ayuda mucho este relato ya viejo que establece, desde los tiempos de Aznar, que cuando la derecha negocia siempre llega a acuerdos de Estado, pero cuando negocia la izquierda resulta un chantaje inaceptable, pues se rompe España a plazos. 

Núñez Feijóo no sabe qué hacer con Vox y Santiago Abascal no sabe qué hacer con los gobiernos. Si el contrabandista gallego —Abascal dixit, demostrando que tampoco sabe mucho de contrabandistas— se tira al monte a la caza del culpable de turno para el problema que toque, se le asusta el votante de centro. Si el purgador que “en la vida ha tenido dos euros juntos” —Ortega Smith dixit, en la mejor tradición de la hidalguía española— se mete de cabeza en los ejecutivos de coalición que le ofrece el PP, se le cala el motor del discurso de con los gobiernos lo que de verdad hay que hacer es echarlos. 

Parece poca cosa, nada que no se puede arreglar con una consejería por aquí y una ley para tratar a las mujeres como ellas se merecen y Abascal sabe. Pero no lo es, ni se compone con tanta facilidad. Un resultado mayoritario para Moreno Bonilla en Andalucía y por debajo de las expectativas de la ultraderecha aún complicaría más la situación. Vox necesita seguir creciendo porque si se para empiezan los problemas. El PP, en cambio, necesita que los ultras dejen de crecer; una contradicción estructural de libro que diría un buen marxista. 

Mientras el panorama de la izquierda se aclara, pues a palos también se aprende y más cornadas da el hambre, el panorama de la derecha se llena de ruido un día y furia al siguiente. Tantas veces nos ha anunciado el PP que ya está hecho lo de Extremadura que cuando alcancen un pacto, si es que lo logran, no nos lo vamos a creer y vamos a repetir las elecciones igual.

Tizona Comunicación S.L. —bautizada con el mismo nombre que una de las dos espadas del Cid Campeador— es una pequeña empresa que se creó en 2018 al calor del crecimiento de Vox y que ha hecho trabajos de consultoría y comunicación para el partido ultra. Vox empezó a contratarla en 2019, como han constatado fuentes oficiales del partido. Detrás de esta pyme están dos personas del círculo íntimo de Santiago Abascal: Kiko Méndez-Monasterio y Gabriel Ariza. El primero es la sombra de Abascal, ha llegado a pactar en autonomías y ha tenido un papel esencial en las reuniones con el PP, aunque no tiene ningún cargo orgánico en el partido. El segundo es hijo del empresario de comunicación Julio Ariza, alineado con Vox en sus planteamientos y dueño de Intereconomía. Ariza hijo también asiste al líder del partido en viajes internacionales.

A partir de 2019, esta consultora “ofreció servicios de asesoría en comunicación; diseño y producción de materiales audiovisuales; la gestión de la página web; proveyó a los cargos de Vox de resúmenes diarios de prensa y se encargó de la formación de candidatos (oratoria; entrevistas; preparación de debates electorales...)”, según ha publicado en un comunicado el partido. Ese año, el Tribunal de Cuentas pidió documentación a la empresa ante las dudas que suscitaron facturas por valor de medio millón de euros. La pregunta que hacía el máximo órgano fiscalizador de España era qué trabajos exactamente había hecho y por qué se habían confiado todos a la misma empresa. Tizona, según ha podido saber elDiario.es, aportó decenas de correos y documentación para sostener en qué consistían concretamente esas consultorías y trabajos por los que había cobrado.

Al año siguiente, Vox casi triplicó las facturas pagadas a la empresa: 1,3 millones que fueron a parar a Tizona, según adelantó El País y han confirmado a elDiario.es fuentes cercanas a la cúpula del partido. ¿Por qué esa importante subida en la cantidad de dinero? Según el comunicado, “a Tizona se le encargó también la redacción de posicionamientos políticos, análisis estratégicos y geopolíticos y la redacción de discursos para los cargos políticos (...)”. La carga de trabajo que asumió Tizona para poder dar estos servicios le llevó a mantener una plantilla en los años 2019 y 2020 que oscilaba entre los 20 y los 25 profesionales de todos los ámbitos de la comunicación“, decían en redes este martes para justificar los pagos.

Las cuentas de Tizona enviadas al registro no dicen lo mismo. En 2019 reflejan una media de 6 empleados. Al año siguiente, en 2020, reflejan 11 trabajadores fijos y uno “no fijo”. Con los años, los empleados se han reducido hasta cero trabajadores, que son los que la empresa admite en sus cuentas de 2024. De hecho, en su comunicado de esta semana, el partido admitía que ha ido absorbiendo en su cuenta de gastos los salarios de muchos de estos empleados de Tizona: “A medida que el partido fue creciendo y ganando músculo, algunos de los trabajadores de Tizona se fueron incorporando a la estructura del propio partido incluso en puestos de relevancia pública dada su demostrada valía e implicación con Vox”. Es decir, reconocían un trasvase de empleados. Gracias a esa operación, los costes en personal de Tizona han pasado de 526.000 euros en 2020 a cero euros en 2024, últimas cuentas disponibles.

En 2020, el año en que Vox decidió pagar 1,3 millones a la empresa —que tiene como administrador único a Méndez-Monasterio y como socio único a Kalma Lectura, de la que fue administrador Gabriel Ariza— el partido reflejó 14,9 millones de ingresos (de los cuales 9,8 procedían del Estado).

En esa partida se incluye el dinero que el partido matriz recaudó de sus 'sucursales' gracias a un sistema que algunos líderes que se marcharon de Vox consideraban una cuota forzosa e injusta. En 2020, Vox implantó unos convenios por los cuales los grupos municipales debían mandar dinero a la sede de Madrid a cambio de servicios de consultoría o asesoría en redes, marketing o contabilidad, un funcionamiento parecido al de las franquicias comerciales. elDiario.es ha tenido acceso al audio en el que la directiva de Vox explicó a líderes locales estos trasvases al partido nacional, justificando que les dan materiales o les asisten en sus dudas y les hacen publicidad en redes. Estos convenios generaron malestar en varios territorios y críticas entre algunos líderes, que no renovaron candidatura, que veían cómo su caja propia menguaba en favor de la directiva de Santiago Abascal, que ingresaba en sus cuentas el dinero y luego lo administraba como quería. Además, era de dudoso encaje legal según la ley de Bases de Régimen Local.

En las cuentas de 2020, el partido admite que ha recibido 75.000 euros de doce grupos de Vox que consiguieron representación en ayuntamientos españoles y 994.000 de cinco instituciones parlamentarias —incluidos Congreso y Senado— en concepto de “aportaciones por los servicios prestados” desde la sede nacional, admiten las cuentas. Entre esos grupos parlamentarios está también el de la Comunitat Valenciana —que aportó a Vox 132.000 euros—, Andalucía —que transfirió 250.000— y Aragón —62.000—. Es una cifra parecida a la que el partido destinó ese mismo año a la empresa de los asesores de Abascal.

Según sus cuentas, Tizona obtuvo unos ingresos ese año de 1,4 millones, es decir, prácticamente todo su negocio como empresa está en el dinero que consiguió de su cliente Vox. Esta sociedad también ha trabajado y facturado para el sindicato Solidaridad y para la Fundación Disenso, aunque nunca se ha revelado cuántas facturas ha emitido o por qué conceptos. De hecho, ese mismo año 2020 es cuando se constituyó el think tank de Vox, que lanzó también Méndez-Monasterio. Los lazos entre la empresa y Vox se cruzan en las sedes. Tizona ocupó el local del partido, que estaba en la calle Nicasio Gallego de Madrid, cuando este se mudó a un local más grande, en la calle Bambú de la capital.

Precisamente la relación del partido con los asesores, las transferencias millonarias a Disenso o los 63.000 euros anuales que El Confidencial publicó que le pagó a la esposa de Abascal, una empresa con vinculación indirecta con Ariza, son las críticas centrales de los disidentes de Vox, que piden transparencia y conocer las facturas y proveedores del partido —que se financia con fondos públicos y cuotas de militantes—. De momento, la formación de Santiago Abascal no ha hecho pública su cuenta de proveedores, pero sí ha iniciado trámites para expulsar a críticos como Iván Espinosa de los Monteros o a Ortega Smith, este último ya fuera del partido.

Vox no ha respondido a las preguntas de elDiario.es enviadas por escrito hace una semana, pero fuentes oficiales sí han admitido que a la empresa Tizona se le pagaron 1,3 millones de euros en el año 2020.

Casi un mes después de empezar los bombardeos, Alberto Núñez Feijóo ha descubierto al fin que está en contra de la guerra. Ha tardado en llegar a este punto. Pero aún le queda una tarea importante: decirnos lo que piensa de ese líder internacional que ha provocado esta catástrofe. 

O al menos decir su nombre. 

Hay una larga tradición cultural para este tipo de tabú. La referencia más popular probablemente está en los libros de Harry Potter. Se trata de Voldemort: ese mago tan poderoso y temido que casi nadie se atreve a nombrarlo. Apenas se le menciona, salvo que sea imprescindible. Y cuando no queda otro remedio, se refieren a él con un circunloquio: “El que no debe ser nombrado”. 

La idea no es original. Ni falta que hace: la excepcional saga de J. K. Rowling es una de las mejores vías para iniciar a los niños en el maravilloso hábito de la lectura. Ese tabú de no nombrar a alguien temido y poderoso viene de la mitología. De los griegos, que llamaban “euménides” (benévolas) a las Erinias: las diosas de la venganza, que castigaban en el Tártaro a los criminales. Decir su verdadero nombre en voz alta era algo que la mayoría de los griegos evitaba, por el miedo a invocarlas y provocar una represalia.

Ese miedo está también en el judaísmo. En el tetragrámaton de cuatro letras hebreas con el que se nombra a Dios, una palabra tan sagrada que la tradición prohíbe pronunciarla en voz alta. Y si se escribe, tampoco se debe destruir después el texto. Por eso se le llama “Adonai” (señor) o “HaShem”, que se traduce literalmente como “el nombre”. El eufemismo no oculta nada: todos saben perfectamente de quién se habla.

En las novelas de Harry Potter, no era solo miedo o superstición. Había también una razón técnica, o más bien mágica: era tanto el poder de Voldemort que podía rastrear la ubicación de cualquiera que lo nombrara. No es muy distinto a lo que ocurre con la dictadura china y los sistemas de vigilancia masiva en los programas de mensajería en el móvil, sus equivalentes a WhatsApp. Pocos escriben el nombre de Xi Jinping cuando se trata de una crítica. Por motivos obvios. 

El caso español tiene su propio Voldemort. Es Donald Trump. Y el miedo del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, se nota en las vueltas que da para evitar nombrarlo.

Durante las últimas semanas, el líder del PP ha pronunciado docenas de discursos sobre la guerra contra Irán. Ha hablado de “nuestros aliados”, de “la administración norteamericana”, de “Estados Unidos”, de “Occidente”. Ha dicho también que Pedro Sánchez se ha “enfrentado a un aliado” y que eso “perjudica los intereses de España”. Ha pedido que España “vuelva a estar del lado de la libertad”. Y ha hecho todo tipo de malabarismos para intentar defender dos posiciones imposibles. 

La primera fue apoyar la guerra de Trump y Netanyahu contra Irán. Es lo que hizo en las primeras semanas y basta repasar sus tuits, declaraciones y comunicados de entonces para comprobarlo. Y cuando vio que hasta sus propios votantes estaban en contra, empezó un nuevo giro: un “no a la guerra” en abstracto, donde al principal responsable de este enorme desastre ni siquiera se le nombra. 

En privado, Feijóo asegura compartir todas las críticas a Trump que sí se atreve a hacer hasta la FAES. Pero también dice no querer manifestarlas por “responsabilidad”. Es una curiosa excusa.

En público, hay que buscar con lupa las ocasiones en las que Feijóo menciona siquiera a Donald Trump por su nombre. En su cuenta de X no hay una sola desde que empezó esta guerra. En entrevistas, solo lo hace si le preguntan específicamente por el presidente estadounidense, y para ponerse de perfil. En su discurso en el Congreso de esta semana, solo lo nombró una vez. La frase literal fue esta:

“Lo que pasa en el mundo es algo más complejo que estar cerca o lejos de Trump. Ojalá fuese tan simple”.

¿Ojalá fuera tan simple? ¿Es que acaso cree el presidente del PP que hay alguna otra persona, algún otro motivo, que permita explicar la crisis económica mundial que se nos viene encima? ¿O es que esta guerra fue un infortunio meteorológico que nos cayó del cielo? 

¿Hay algún otro líder internacional en los últimos 80 años que haya puesto en riesgo de forma más grave el bienestar y la seguridad de todos los habitantes del planeta? ¿Algún otro asunto sobre el que cualquier líder político deba al menos explicarnos lo que piensa?

La posición de Feijóo con este tema no solo es estrambótica en España. También en Europa, donde el resto de los líderes conservadores ni fueron tan serviles en su defensa del ataque contra Irán ni han tardado tanto tiempo en oponerse a esta guerra ilegal. Hasta Giorgia Meloni ha sido más rápida que Feijóo en este viaje. Y ni siquiera así evitó su primera gran derrota, en el reciente referéndum italiano sobre su reforma de la Justicia.

El problema de Feijóo es siempre el mismo. Toda su política, también la internacional, se define por llevar la contraria al Gobierno, sea cual sea el asunto a debate. 

Se opuso a la excepción ibérica con el tope al gas –“timo ibérico”, lo llamaba– que permitió a los españoles pagar una de las facturas eléctricas más baratas de toda Europa durante la crisis de Ucrania. Fue el único partido de la oposición en toda la UE que cuestionó la gestión de los fondos europeos en su propio país, sembrando dudas sobre España. Votó en contra de la misma reforma de la ley del suelo que pedían sus propios ayuntamientos. Se opuso frontalmente a una reforma del sistema de financiación que beneficiaba especialmente a las autonomías donde su partido gobierna. Ordenó a sus presidentes autonómicos que rechazaran la quita de la deuda que les ofrecía Sánchez (como en el chiste: “que se joda el sargento, que no como”). Y esta misma semana se ha abstenido en el decreto con la rebaja de impuestos a los combustibles que él mismo pedía. 

Cualquier día Feijóo nos dirá que la Tierra es plana, si es que a Sánchez le da por insistir en que es redonda. Con suerte, lo mismo se abstiene: “Ni redondismo ni terraplanismo”. 

Feijóo también olvida que no es él, sino “Santiago Obescal”, el elegido por Trump como virrey de Estados Unidos para España. O tal vez lo recuerda mucho, y está intentando postularse para el cargo.

Al mismo tiempo, su cobardía frente al matón de la Casa Blanca permite profetizar cuál será su política si llega a La Moncloa. ¿Qué piensa hacer Feijóo con la subida del gasto militar del 2% al 5% del PIB que exige esa persona naranja de la que nunca nos habla? ¿De dónde piensa sacar el dinero, o la valentía para negarse?

P.D. El próximo sábado no te escribiré. Me tomo unos días de descanso con mi familia. Nos vemos a la vuelta.

Habréis leído o, peor, oído en vivo, esas palabras impresentables del presidente aragonés, Jorge Azcón, del PP, haciendo chanzas con que si María Jesús Montero es menos guapa que Pilar Alegría. Todo para vaticinar que a la aludida se le va a “quedar peor cara cuando pierda en Andalucía”. Machirulada aparte, ¿qué carita se les quedaría al tándem PP-Vox, Juanma Moreno-Santi Abascal, colegas de juventud aunque poco se diga, si las y los andaluces les damos la sorpresita de decidir algo distinto a lo que ellos tienen previsto? ¿Y a Feijóo, ya tan desmejorado?

Que sí, que sí, ya lo sé. La turra de que todo está perdido para las izquierdas en Andalucía (como lo ha estado en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León) también me cae a mí. Y sé lo que dicen las encuestas. Y me envuelve ese tono de “no hay remedio” prácticamente unánime en los medios. Hasta yo casi sucumbo a la impotencia. Solo que, de pronto, sin poder evitarlo, me paro en medio de la corriente y pienso.

Nadie daba un duro por Juanma Moreno como candidato a presidir la Junta en 2018. Y nadie es nadie, ni en su propio partido, donde se cruzaban apuestas por la piña que se daría ese que era un completo desconocido, como probó El Intermedio al pasearlo por Córdoba. Alguien cuya sonrisa, hoy tan celebrada, se veía de pardillo.

Menos aún se tomaban en serio las alertas que algunos escribíamos sobre ese Vox, aun sin diputados en ningún parlamento, cuyo vídeo de campaña mostraba a Abascal y sus adeptos a caballo para evocar la reconquista de Al-Ándalus.

Andalucía no es un rebaño

Y mira tú por dónde, ¡sorpresa! Bonilla sacó el peor resultado del PP-A en su historia, pero al fin, tras 37 años de gobierno del PSOE en la Junta de Andalucía, logró gobernar. ¿Y eso? ¡Sorpresa! Gracias a su coalición con Ciudadanos ¡y al apoyo de ese Vox al que tantos minusvaloraron, pero que logró 12 diputados y su primera entrada en un parlamento.

No son sorpresillas para enorgullecerse, pero ahí están. Y había razones para verlas venir, que algunos ya en su día apuntamos. Entre ellas el desastre de candidata socialista que era Susana Díaz y la deriva que ella representaba. Una Susana Díaz que se había querido encumbrar como líder estatal del PSOE y no lo consiguió porque la propia militancia socialista, ¡sorpresa! le dio menos apoyo, al votar en secreto, que avales les había sacado ella para enfrentarse en las primarias a Pedro Sánchez.

Igual que nadie previó que un desconocido Moreno Bonilla en quien ni el PP creía llegara, en 2018, a presidir Andalucía; igual que Vox, de la nada, entró al Parlamento andaluz con 12 diputados; igual que el 4D de 1977 Andalucía sorprendió a toda España exigiendo ser autonomía en pie de igualdad con las llamadas “históricas”, este 17M las y los andaluces podemos contradecir los mantras y elegir, con nuestros votos, a las izquierdas, para proteger nuestros intereses.

Aquí somos así, con un punto imprevisible. Ese que ¡oh, sorpresa! dejó boquiabierto al poder estatal que diseñaba la democracia aquel 4 de diciembre de 1977, en que Andalucía, abarrotando las calles, proclamó que no admitía ser considerada una autonomía de segunda, con menos competencias que las llamadas “históricas”, negándonos a nosotros el peso de nuestra historia. Los próceres de la patria no se esperaban la sorpresa andaluza. Pero la hubo. Y fue clave, no solo para Andalucía, sino para que el sistema autonómico se haya construido desde la justicia e igualdad.

No digo yo que la remontada esté cantada. En absoluto. Urge y ya vamos tarde para que las opciones a la izquierda del PSOE se unifiquen, entre Por Andalucía y Podemos (que se decidirá el 3 de abril), ya que Adelante Andalucía lo descarta. También ha tardado demasiado, en mi opinión, María Jesús Montero en dejar sus responsabilidades estatales para centrarse en Andalucía y dudo que sea buena estrategia la de su primera comparecencia subrayando tanto el poder estatal que ha tenido y el valor de renunciar a él.

La decisión es nuestra

Pero una cosa es cierta, que muchas y muchos pensamos -yo así lo defendí, en privado, en público y por escrito- que quien mejor podía liderar ahora la alternativa a las derechas en Andalucía, por parte del PSOE, era ella y ella ha dado el paso. En el mismo plano, Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida, es la elección de más fuste para liderar, de cara al 17 de mayo, el espacio a la izquierda del PSOE. Los partidos ponen en juego a sus primeros espadas, andaluces con trayectoria estatal, valía y visión para impulsar una Andalucía que no fíe toda su economía al turismo sino de productividad diversa y sostenible.

Ahora la cuestión es, ¿qué modelo de sociedad elige Andalucía? Porque si al PSOE lo quitamos en su día por la deriva neoliberal que fue tomando, que Susana Díaz llevó a tan gran desafección, ¿vamos a dejar que el PP de Moreno Bonilla siga cargándose la sanidad pública, al precio de la enfermedad, sufrimiento y muerte de tantas amigas nuestras, vecinas, compañeras, hermanas, madres, hijas, de todas las ideologías y clases… o a retomar las riendas?

¿Permitiremos las y los andaluces que el PP de guante de seda escondiendo el puño fascista de un Vox, con el candidato de perfil bajo designado por Abascal, siga quitando fondos a los colegios, institutos, FP, universidades públicos para que sus amigotes, socios y contactos, dueños de centros privados, se sigan enriqueciendo con los impuestos de todas y todos? ¿Votamos igualdad o privilegios?

Claro que las derechas quieren convencernos de que la única opción son ellos. Y claro que las izquierdas no son perfectas y nos enervan. Pero tenemos dos meses para sopesar pros y contras y hacerlo sin dejar que nadie nos robe la convicción de que, en democracia, a la hora de votar (presencialmente, el domingo 17 de mayo, o solicitando, desde ya, el voto por correo), las y los electores siempre podemos dar la sorpresa. Nosotros y nadie más, que no nos confundan, somos quienes dibujamos, con nuestra decisión, las caras decepcionadas y las sonrisas de esperanza.

La grieta entre los dirigentes de Vox en Castilla-La Mancha sigue agrandándose. La vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares, cara visible del partido ultra en la ciudad, parece haberse quedado sola en su defensa de un congreso nacional extaordinario de la formación, después de haber firmado un manifiesto de 'críticos' con la actual dirección de Santiago Abascal, aunque no ha sido expedientada o expulsada, como ha ocurrido en otros sonados casos.

Ya a comienzos de semana, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, discrepó con la postura de Cañizares al rechazar ese cónclave. De hecho, calificó de “pantomima” lo que están haciendo algunos exdirigentes y críticos de Vox: “Que se lo pidan al PP”.

A esta postura se une hoy el presidente de Vox en la provincia de Toledo, Daniel Arias, quien también se ha posicionado en contra de que se celebre un congreso extraordinario del partido. “No puedo estar perdiendo el tiempo en personalismos”, ha manifestado.

Es más, ha dicho no entender cómo puede ser que en el momento “en el que mejor le va a un partido” se pida una revisión de cómo está la situación. “Me parece paradójico que se pida este congreso, no es el momento y no estoy a favor”. Y le “da mucha pena” encontrase “con este tipo peticiones, de cosas y de personalismos”.

“Lo que tenemos que hacer todos los que estamos en el partido es ser fieles a una idea, a un proyecto, a unos estatutos y a la organización, y a partir de ahí trabajar juntos por y para la gente que es para lo que estamos aquí”, ha zanjado.

La agrupación local se queda sola

Con estas declaraciones, la agrupación local de Vox en Toledo parece haberse quedado sola. La vicealcaldesa de Toledo es un peso fuerte en la formación de Santiago Abascal, pero firmó un manifiesto que pusieron en marcha algunos 'ex' de la formación como Iván Espinosa de los Monteros, José Ortega Smith y otros críticos, donde pedían un congreso extraordinario para debatir el futuro del partido

Lo más llamativo es que en el manifiesto aparecen, junto a Inés Cañizares, los otros tres concejales que Vox tiene en el Ayuntamiento de Toledo: Juan Marín, Daniel Morcillo y el independiente Florentino Delgado, aunque este último no está afiliado al partido.

Después de un tiempo de mirar a otro lado, Vox ha decidido que no va a quedar ni uno de los disidentes que cuestionaron el liderazgo de Santiago Abascal. La palabra del líder y del reducido grupo que dirige el partido es incuestionable. La purga de los rebeldes se ha completado el jueves con un procedimiento disciplinario contra Iván Espinosa de los Monteros, paso previo a su expulsión del partido. Van cayendo todos los dirigentes que eran los más cercanos al líder cinco años atrás y que creyeron que Vox era un partido que aceptaba la democracia en su funcionamiento interno. La ingenuidad es un error que se paga con la muerte en política.

Algunos de los represaliados tenían los primeros carnés emitidos tras la fundación del partido, incluido el número uno. No ha habido piedad con ellos, porque nunca la hay cuando el líder decide que se acabó la fiesta. Se hace una lista y los que aparecen en ella están condenados. No acabarán en un campo de reeducación, sino en su casa, lo que siempre es una mejora en términos históricos. Primero, se les aísla y luego acaban en el ostracismo. Si levantan la voz, son expulsados y acusados de formar parte de una quinta columna que sirve al enemigo.

En el mejor momento político para Vox, según las encuestas, el partido se siente lo bastante fuerte como para culminar un proceso que se inició con la elaboración de las listas para las elecciones de 2023. Las purgas no empiezan cuando algunas personas son señaladas para recibir el castigo que merecen, sino mucho antes. Cuando alguien decide que hay gente que ya no es de confianza, porque sabe que darán problemas.

Buena parte del grupo parlamentario, que había realizado un trabajo eficaz –y tan agresivo como les pedía el cuerpo– en la defensa de las ideas de Vox desde 2019, fue eliminada de las nuevas candidaturas. No eran los moderados, aunque en algunos medios les llamaban el “sector liberal de Vox” en un alarde de imaginación. Eran un polo de poder que podía en teoría cuestionar las decisiones de los que empuñan los hilos del poder.

Fue en ese momento cuando Espinosa de los Monteros descubrió que le habían dejado solo y se autoexcluyó de las listas. Con esa decisión, había sellado su destino.

Antes se había producido un prólogo con la decisión de la dirección del partido de enviar a Macarena Olona a la candidatura de las elecciones andaluzas. El experimento salió mal en términos electorales, pero fue perfecto en la organización interna. Haz que parezca un accidente, dice la fórmula en estos casos. Olona se rebeló después, pero ya era demasiado tarde. Había caído en la trampa.

Para contrarrestar la pérdida de reputación, Vox ha optado por la respuesta más habitual en los regímenes totalitarios. Y lo ha hecho porque suele funcionar. Ante la posible perplejidad o malestar de los seguidores, se les envía el mensaje definitivo. Los disidentes trabajan en favor del enemigo. Son traidores a la causa.

Lo dijo Abascal hace unos días cuando le preguntaron en una entrevista en ABC: “Vox no tiene líos internos. Lo que tiene son líos externos. Hay un debate en el PP sobre quién debe ser el líder de Vox y algunos se han prestado a ello. En nuestro partido, no existe. Mi preocupación sobre esto es cero”. Todo es un complot del PP y de algunos medios de derecha para descabalgar al líder máximo y hacer que sea más dúctil en sus tratos con el partido de Feijóo. Y no hay más que hablar. Si a alguien se le ocurre seguir por esa línea, acabará en la calle.

Espinosa de los Monteros puso en marcha en septiembre de 2025 una cosa que llamó “entidad social civil” con el nombre de Atenea con la secreta intención de hacer de puente entre PP y Vox. Gran error. Le servía para seguir metido en el cogollo del salseo de la política madrileña a través de actos de presentación en varias ciudades y entrevistas en los medios. Pedía “un cese de hostilidades entre quienes están llamados a propiciar un nuevo Gobierno”. Casus belli para Vox.

Era cuestión de tiempo que se ocuparan de él, pero no querían precipitarse. El exportavoz parlamentario de Vox terminó de definirse cuando empezó a recoger firmas para reclamar un congreso extraordinario del partido. Sus declaraciones apuntaban ya al corazón de su funcionamiento interno. “Hay efectivamente un grupo de gente que proviene de una misma familia empresarial y que son familia en el sentido literal que ha tomado el control del partido con la aquiescencia del presidente”, dijo al Heraldo en una entrevista de hace unos días.

Por la “familia” se refiere sin duda a Julio Ariza, fundador del grupo Intereconomía, y a su hijo Gabriel, responsable de la empresa de consultoría política Tizona Comunicación, que trabaja para el partido. Por encima de ellos está Kiko Méndez Monasterio, principal asesor de Abascal y al que se puede considerar la segunda persona con más poder en Vox por su influencia.

Partidos como el PSOE y el PP han financiado siempre a las fundaciones ligadas al partido. En el caso de Vox, ocurre igual con la Fundación Disenso, aunque las cifras son muy superiores a lo habitual. Vox ha traspasado siete millones de euros en cuatro años hasta 2023 a Disenso, que está presidida por Abascal. Según sus cuentas de 2024, Vox le transfirió otros dos millones procedentes de la financiación pública que reciben los partidos. El flujo de dinero es llamativo, porque Vox se ha visto obligado a pedir créditos para financiar sus campañas electorales.

Las cuentas internas de Vox han sido utilizadas por los rebeldes del partido. No pueden alegar diferencias ideológicas de peso para atacar a la dirección y el carácter opaco de algunos elementos de su financiación les permiten atacar por ese flanco. Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, ha llegado a decir que Vox es “el plan de pensiones de Abascal”.

Javier Ortega Smith, otro defenestrado, asegura que lo cesaron como secretario general por denunciar irregularidades económicas que no concretó. El hoy diputado del Grupo Mixto afirma que son “cuatro personas a las que no ha votado nadie” los que dirigen Vox junto a Abascal. “Unos empresarios fracasados, profesionales de tres al cuarto que nunca han sido capaces de ganarse la vida”, dijo. Es innegable que hoy se ganan muy bien la vida con los fondos públicos que recibe el partido.

Ha habido mujeres que contaban con cargos electos de Vox en ayuntamientos que dimitieron porque habían descubierto de repente la hostilidad de los dirigentes a las mujeres y el poco respeto que recibían. Los nuevos rebeldes han acabado en la misma fase del duelo, la de la aceptación de la realidad. “En Vox no existe la democracia, la libertad. Es el imperio del miedo”, dijo este mes José Ángel Antelo, exlíder del partido en Murcia. Han tardado en darse cuenta. Se han estrellado con la realidad de un partido que siempre ha funcionado igual. Hay un líder y una “camarilla”, con la expresión que utilizan, y los demás son los figurantes.

El Comité Ejecutivo Nacional de Vox ha confirmado este jueves a Manuel Gavira, portavoz en el Parlamento andaluz desde 2021, como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones autonómicas del próximo 17 de mayo, como adelantó este periódico ayer.

El máximo órgano de dirección del partido de Santiago Abascal ha apostado por la continuidad y por un nombramiento “sin sorpresas”, confirmando como cartel electoral al diputado que ha protagonizado todas las sesiones de control al presidente andaluz, el popular Juan Manuel Moreno, en esta legislatura. El diputado gaditano prevé volver encabezar la lista por su provincia.

Gavira (Cádiz, 1966) es abogado de profesión, mediador civil y mercantil, y diputado por su provincia en el Parlamento andaluz desde 2018, cuando Vox irrumpe en la Cámara con 12 diputados. Fue el primer cargo institucional del partido ultraderechista en España, tras ser designado secretario tercero de la Mesa del Parlamento andaluz, en las elecciones autonómicas de 2018, que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas en Andalucía, y la entrada del primer Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, presidido por Moreno.

El presidente del grupo parlamentario Vox y ya candidato a la Presidencia de la Junta es portavoz desde 2021, cuando la dirección nacional decidió sustituir a su portavoz en ese momento, el cordobés Alejandro Hernández, que había negociado con el primer Gobierno de Moreno tres Presupuestos Autonómicos consecutivos.

La dirección del partido tenía previsto confirmar el nombramiento oficial de Gavira en el próximo Comité Nacional, que se reúne cada lunes, pero la próxima semana no había convocatoria por ser fiesta, de modo que la designación iba a postergarse hasta después de Samana Santa. El partido de Abascal ha enviado este jueves un comunicado confirmando la candidatura del gaditano después de que elDiario.es avanzara la noticia en la tarde del miércoles.

Gavira: “Hay cero casos de corrupción en Vox”

“Os puedo prometer que no sabía nada”, ha asegurado Gavira este jueves, en los pasillos del Parlamento andaluz, en el mismo lugar en el que el día antes evitó confirmar su nombramiento. El diputado gaditano ha anunciado que se va a “dejar la piez por traer la ola de sentido común a Andalucía”, haciendo suyo el lema de Vox en las elecciones de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El partido de Abascal ha crecido en todos los territorios, con un resultado notable. Sin embargo, las negociaciones con el PP para formar gobierno tienen bloqueada la investidura de tres presidentes autonómicos y la gobernabilidad de sus territorios desde hace meses. En el caso de Extremadura, que disolvió su Parlamento en octubre de 2025 y celebró elecciones en diciembre, el plazo de dilatación es mayor.

Moreno está usando esa situación de “bloqueo” para tratar de frenar el ascenso de Vox en Andalucía, que pone en riesgo su mayoría absoluta. “O estabilidad o lío”, viene repitiendo desde hace días. Gavira le ha afeado hoy que confunda “estabilidad con comodidad para seguir haciendo lo mismo”, y ha prometido “un cambio de rumbo” si llegan al gobierno.

Los de Abascal, que apoyaron la investidura de Moreno en su primera legislatura [2018-2022] y sostuvieron su Gobierno desde fuera apoyándole tres presupuestos autonómicos, han admitido posteriormente que fueron “engañados”. “El PP no cumple los acuerdos que firman”, ha reiterado hoy el candidato de Vox, aclarando que su objetivo esta vez es entrar en la Junta de Andalucía en coalición con los de Moreno.

Gavira ha rechazado que el bloqueo de los gobiernos en Extremadura, Aragón y Castilla y León sea responsabilidad de su partido y ha culpado directamente al PP. “Es el PP quien entorpece esas negociaciones, no es Vox. Vox ha dicho que nos vamos a sentar, medida a medida, y calendarizar esos compromisos”, asegura. El diputado gaditano ha negado que en su partido haya casos de “corrupción”, en alusión a las publicaciones que apuntan irregularidades en la financiación de Vox. “No hay casos de corrupción en Vox. PP y PSOEestán muy nerviosos”, ha dicho.

El presidente nacional de Vox, Santiago Abascal, ha llamado esta mañana a Gavira para confirmar su candidatura, ratificada en el Comité Nacional del partido. El portavoz parlamentario ha hecho mención, una vez más, a la Murga de los Currelantes, una canción icónica de Carlos Cano que se convirtió en himno de una Andalucía en los albores del proceso autonomista, que reivindicaba ser más de lo que era.

Un himno que hizo suyo la izquierda, y que Gavira la usó en una sesión de control a Moreno, el pasado 3 de diciembre, para denunciar que los males que denunciaba entonces aquella canción “siguen vigentes en 2026”: paro, falta de hospitales y escuelas, andaluces que tienen que emigrar en busca de trabajo, dificultades de los agricultores... “Hoy tenemos los mismos problemas que en 1977. Cualquiera que escuche esa copla y lo traslade a 2026 verá que está vigente”, ha zanjado.

Ahora ya nadie defiende la guerra ni hace seguidismo ciego a Donald Trump. Si aún quedaba vigente algún atisbo de la campaña de ridiculización de la derecha y la extrema derecha al 'no a la guerra' de Pedro Sánchez como respuesta a los ataques a Irán, tal estrategia terminó de desaparecer este miércoles en el Congreso de los Diputados. La política exterior expuesta por el presidente del Gobierno durante su comparecencia no solo ha arrastrado ya a un buen número de socios europeos a rechazar el conflicto emprendido por Trump y Netanyahu, sino que incluso consigue marcar el paso del posicionamiento estratégico de la oposición en España.

La deriva de la guerra, el fracaso de los planes de Estados Unidos e Israel y la incertidumbre sobre las consecuencias y la duración del conflicto llevaron incluso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a entonar también el “no a la guerra” para sumarle la coletilla doméstica de “no a Pedro Sánchez”y. Ni siquiera el líder de Vox, Santiago Abascal, fue capaz de defender desde la tribuna y ante la opinión pública española los planes del presidente de Estados Unidos. Y contra ambos arremetió el presidente para acorralarlos en sus contradicciones.

“Callar ante una guerra injusta no es prudencia ni lealtad. Es un acto de cobardía y de complicidad”, les dijo Sánchez a los líderes de las derechas, a los que interpeló por su patriotismo. “Patriotismo es oponerse a una guerra ilegal que en nada beneficia a los intereses de los españoles ni de los europeos”, dijo.

Especialmente duro se mostró con el líder del PP, al que acusó de “no saber nada” de Irán, ni de la guerra, ni de sus consecuencias. Y por eso le achacó “no estar capacitado” para llevar “el timón” de la gobernabilidad de España. “Señor Feijóo, se lo digo con todo el respeto, pero usted no está preparado para llevar el timón de este país. Se lo dije hace tiempo, desde que usted salió de la Xunta de Galicia, a usted la política nacional o le queda lejos, o le queda grande”, le espetó.

El presidente llegó a burlarse de los argumentos esgrimidos por Feijóo respecto a Irán. “Primero, usted dijo que la caída de un régimen como el de Jamenei es una buena noticia para la libertad y para la democracia. ¡Ah! ¿Pero es que ha caído el régimen? Y su segundo argumento sin saber nada, absolutamente nada de Irán, fue aplaudir el ataque unilateral de Estados Unidos y de Israel en pro de la seguridad internacional porque dijo que persigue la bomba nuclear. Claro, la bomba nuclear. Pero usted esto ¿dónde lo ha leído, señor Feijóo? ¿En Okdiario? No sabe usted poner a Huelva en el mapa, ¿pero sí sabe dónde están las armas nucleares en Irán? Es impresionante”, ironizó.

Durante su intervención inicial, Sánchez dedicó buena parte de su discurso a enumerar los efectos de la guerra para defender las líneas maestras de su política exterior. “¿Qué han logrado los promotores de esta guerra ilegal?”, se preguntó. “Socavar la legalidad internacional, desestabilizar Oriente Medio, llevar la inseguridad a países del Golfo que hasta ahora eran seguros, incentivar los programas nucleares de Pakistán y Corea del Norte, dar a Putin unos 8.000 millones de euros adicionales para financiar su guerra y cambiar a un Jamenei por otro Jamenei aún peor. Resumiendo en pocas palabras: un desastre absoluto”, relató.

El líder del PP, sin margen de maniobra para desmarcarse de esa exposición, intentó reenfocar el debate en el marco de la política doméstica e intentó situar a Sánchez como defensor del régimen de los ayatolás. “No a la guerra y no a usted. Difícilmente se puede defender la paz si la propaganda iraní estampa tu cara en un misil”. “Le han dado las gracias el régimen iraní, los terroristas de Hezbolá y Maduro. Le falta el régimen norcoreano”, insistió Feijóo tras el ataque de Pedro Sánchez a su falta de coherencia con la guerra. “Usted es un pacifista de pacotilla. ¿Sabe cómo le llama en privado algún homólogo suyo? El traidor de Europa”, dijo en referencia a una supuesta conversación con algún primer ministro de la UE.

Decreto de medidas por la guerra

El corolario de esta semana en la que la Moncloa ha vuelto a intentar ensanchar su espacio a través del ‘no a la guerra’ tendrá lugar este jueves, cuando, salvo sorpresa de última hora, el Congreso convalidará el primero de los dos decretos anticrisis que el Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado. El Ejecutivo tiene atados los apoyos para sacar el texto adelante, puesto que Junts confirmó el martes que le dará luz verde a cambio de una condición prácticamente simbólica: que el PSOE acepte una proposición no de ley —una iniciativa de presión política, pero sin efectos legales— relativa a la exención del IVA a los autónomos que ingresen menos de 85.000 euros anuales.

Aunque con el apoyo de los independentistas catalanes —y el de los socios de izquierdas, pese a sus recelos— el decreto tiene los votos suficientes para ser convalidado, la Moncloa busca que las medidas cuenten con el mayor número posible de apoyos. En este sentido, la incógnita fundamental es cuál será la posición que mantendrá el PP, que ha evitado cuidadosamente concretar el sentido de su voto de este jueves. El discurso de los populares, asimismo, ha sido ambiguo: en los últimos días han criticado que el texto “se queda corto”, pero también han elogiado que incluya varias rebajas fiscales e incluso el secretario general del PP, Miguel Tellado, lo llegó a calificar como el decreto “de derechas” de los dos que aprobó el Gobierno la semana pasada.

Precisamente estas bajadas en los impuestos que se aplican a productos como la gasolina, la electricidad o el gas son las que no gustan a algunos de los socios de izquierdas de Sánchez, ya que consideran que no lograrán bajar los precios y se quejan, además, de que quitan recursos al Estado en lugar de obligar a las grandes empresas a pagar el coste del escudo social. Ninguno de los aliados progresistas del Gobierno va a votar en contra del decreto, y tan solo Podemos ha anunciado que se abstendrá, aunque con el 'sí' de Junts su posición es irrelevante. Pero varios de ellos trasladaron este miércoles su incomodidad a un Sánchez que, por su parte, tampoco hizo grandes esfuerzos por pedir el apoyo al decreto que sí satisface enteramente a las formaciones progresistas: el que incluye medidas de vivienda, que no se votará este jueves.

Uno de los partidos que se expresó con mayor dureza fue EH Bildu, cuya portavoz, Mertxe Aizpurua, criticó las rebajas “generalizadas” de impuestos “sin control de precios” y aseguró que buena parte de las medidas contempladas en el paquete están “hechas a la medida” de las grandes empresas “con el único objetivo de mantener y agrandar sus ganancias”. “Hoy las petroleras ya han reabsorbido la mayor parte de la rebaja que se pretendía lograr, y en unos días el efecto de las rebajas de impuestos será nulo para el consumidor”, pronosticó Aizpurua, que denunció que “las energéticas engordarán sus beneficios con un dinero público que no se recuperará porque las derechas tumbaron el impuesto energético que el Gobierno no ha querido recuperar”.

En la misma línea, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, preguntó a Sánchez si, “aparte de bajar impuestos, va a intervenir el mercado” para evitar que las grandes empresas aumenten sus márgenes de beneficio aprovechando el alza de los precios de productos básicos. “Más de 2.000 gasolineras subieron el precio del combustible antes de que se bajaran los impuestos”, y lo hicieron porque el Gobierno “no intervino el mercado”, criticó Rufián, que pidió al Ejecutivo que sea “valiente” y vaya más allá de las medidas que ya ha adoptado. “Bajar impuestos sin intervenir en el mercado solamente favorece” a los “dueños” de las grandes empresas, espetó.

Podemos, por su parte, fue el socio progresista del Ejecutivo que criticó con más dureza el decreto. Su secretaria general, Ione Belarra, espetó a Sánchez que “tristemente” el paquete de medidas “ni es un escudo social ni es un plan de respuesta, es una bajada masiva de impuestos”, y afirmó que no va a servir para bajar los precios de productos como la gasolina. El efecto, afirmó Belarra, “va durar menos que un caramelo en la puerta de un colegio”, puesto que las rebajas fiscales “las va a devorar la especulación de Repsol, de Iberdrola, de Moeve o de Endesa”.

El presidente del Gobierno llamó al conjunto de partidos de la Cámara a respaldar un paquete de medidas que consideró imprescindibles para proteger a la ciudadanía de los efectos económicos de la guerra. “Aquí, en nuestro país, el diésel y el gas han llegado a subir un 35 y 95% respectivamente. Y el IBEX 35 ha acumulado una caída del 9%. Eso significa que las empresas españolas han perdido más de 100.000 millones de euros en menos de un mes. Casi 5.000 millones de euros por cada día de conflicto”, remarcó Pedro Sánchez, que remarcó durante buena parte del debate parlamentario la actitud de su Gobierno en este conflicto en contraposición a la “catadura moral” de Aznar con la invasión de Irak de 2003.

Disenso vive, desde su creación en 2020, de los fondos que le manda cada año Vox. Este laboratorio de ideas ultra tiene entre sus fines “la promoción de la defensa de la vida y la familia”, “la reivindicación de la herencia de la civilización occidental” o “la defensa de la libertad, la unidad y la soberanía de España”.

En su día a día, lo que hace es financiar la web La Gaceta de la Iberosfera (que fue transferida a Disenso por los Ariza, del grupo Intereconomía), a la que dice dedicar más de una veintena de personas y una inversión de 800.000 euros. También organiza eventos, da “formación”, organiza charlas o subvenciona viajes y publicaciones para engrasar la internacional ultra. “Ha barrido a FAES y a cualquier think tank conservador”, contaba una persona cercana a Disenso hace unos meses. Las relaciones de Abascal con Milei o los Bolsonaro han crecido desde este entorno.

La fundación de Vox ha recibido casi 11 millones de euros del partido de Abascal desde que se creó, pero en 2024 ha presentado por primera vez pérdidas. Mientras que en 2023 tuvo un excedente de 172.000, al año siguiente dejó un agujero de 373.000.

Según esta auditoría de 2024, Vox le transfirió dos millones de euros, que a su vez provienen de fondos del Estado por los escaños obtenidos en las elecciones y las donaciones de militantes y simpatizantes. En años anteriores el montante ha alcanzado 2,5 millones. Un reciente informe del Tribunal de Cuentas sobre fundaciones vinculadas a formaciones políticas evidenció que el caso de Vox es aislado: PP y Podemos no transfieren dinero a sus fundaciones y el PSOE traspasó 200.000 euros. Las transferencias millonarias desde el partido (muy fiscalizado por el Tribunal de Cuentas) a la fundación (una forma legal y legítima, pero más opaca) son una rareza, ya que los partidos necesitan dinero para las campañas electorales y lo reservan para ese fin, no lo trasladan a sus organizaciones sociales o ideológicas.

Disenso también recibió ese año 2024 un total de 105.000 euros en donaciones particulares –las cuentas no especifican si de personas físicas o jurídicas– y 77.000 euros en ayudas del Ministerio de Exteriores y Cultura, una subvención para fundaciones vinculadas a partidos políticos que se concede de manera casi automática a todas ellas.

En cuanto al dinero que consiguió de manera autónoma, las memorias señalan que fueron 17.000 euros. Un total de 10.000 por publicidad en La Gaceta y el resto, por cursos de formación impartidos.

Los gastos de Disenso: 600.000 euros a “profesionales independientes”

¿En qué se gastó todo ese dinero –y 373.000 euros de pérdida más– la fundación de Abascal? Principalmente, en dos capítulos: salarios y “otros gastos de la actividad”. En sueldos y obligaciones con la Seguridad Social el think tank de Vox desembolsó 1,2 millones de euros, según estas cuentas. Tiene una veintena de empleados, según declaró en 2023.

En esos “otros gastos de actividad” desembolsó casi 1,3 millones. En cuanto a importes, destacan los 200.000 euros que paga en alquilar su sede, en uno de los barrios más cotizados de Madrid, o los 630.000 euros en pagos por “servicios a profesionales independientes”. Aunque Disenso no hace públicos sus proveedores, una de las personas que factura o ha facturado es Kiko Méndez Monasterio, el principal asesor de Abascal y quien ha dirigido muchos de los pactos autonómicos.

Monasterio administra la empresa Tizona, de la que es socio también Gabriel Ariza (que estuvo vinculado a la empresa editorial que pagó 63.000 euros anuales a la mujer de Abascal por consultoría de redes sociales, según publicó El Confidencial). De esos 600.000 en pagos a terceros, las memorias especifican que 133.000 fueron a parar a “consultorías”. El entorno de Méndez Monasterio ha admitido en el pasado también que factura al partido y al sindicato Solidaridad, en la órbita de Vox, por trabajos y consultorías. El partido y la fundación nunca han explicado cuánto se lleva la empresa del asesor de Abascal. El País publicó este martes que solo en 2020 fueron 1,3 millones de euros. Según El Confidencial, la empresa de Méndez Monasterio tiene un contrato con Vox por el que cobra 23.000 euros mensuales. Los críticos con la dirección exigen que se conozcan todas las facturas. La formación ha respondido los contratos prestados por Tizona han sido auditados por el Tribunal de Cuentas “sin que este organismo supervisor haya señalado ninguna irregularidad en esta contratación externa” y aseguran que “algunos de los trabajadores” de esa compañía “se fueron incorporando a la estructura del propio partido” incluso “en puestos de relevancia pública” dada su “demostrada valía”.

En “eventos”, Disenso gastó 70.000 euros. En “viajes”, el montante ascendió a 122.000 euros. Pese a que uno de los logros que se destaca en el entorno de la fundación es la visibilidad que ha conseguido en países que tienen ahora liderazgos de ultraderecha, el capítulo de “publicidad, propaganda y relaciones” cuenta con unos exiguos gastos de 3.041 euros. Además, Disenso aportó a “otras entidades” 18.000 euros, aunque las cuentas no especifican de qué entidades se trata.

Esta fundación fue la primera a la que apuntó la exlíder de Vox Macarena Olona en su entrevista con Jordi Évole y ha sido también señalada por varios dirigentes que se han marchado del partido. El Tribunal de Cuentas ha auditado sus cuentas y las ha validado, aunque el máximo órgano fiscalizador de España no entra en detalles sobre proveedores o conveniencia o no de gastos. Sin embargo, todos los grupos políticos del Congreso, incluyendo al PP, solicitaron en diciembre a este tribunal que indague específicamente en las cuentas de esta fundación.

El secretario general de Vox tuvo que enviar una carta a la militancia en 2023 en la que justificaba la necesidad de traspasar fondos del partido a Disenso, después de que se conociera el montante anual que se transfiere y en qué fines gastaba este think tank el dinero, mientras que se pedían créditos a un banco húngaro para financiar las campañas de las elecciones generales de 2023 y de las europeas.

Joan den martxoaren 21ean, Gipuzkoako PPko Nuevas Generaciones-ko antolakuntza eta ekintza politikoko idazkariordeak bideo bat argitaratu zuen, administrazio publikoko lanpostuetarako euskara titulazioa eskatzearen aurka gogor eginez. Izan ere, bere atzean “Fundación Popular de estudios vascos” irakur zitekeen bitartean egin zuen. Modu bitxia “euskal gauzen” inguruko ikerketa sustatzeko.

Bere diskurtsoan, euskara “kontrol sozialerako eta diskriminaziorako tresna” gisa definitu zuen. Baieztapen horrek errealitate juridikoa ukatzen du: euskara Euskal Autonomia Erkidegoko hizkuntza koofiziala da, Konstituzioak eta Autonomia Estatutuak babestua. Administrazioan hizkuntza-eskakizuna eskatzea ez da kontrol neurri bat, herritarrek bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan artatuak izateko duten eskubidea bermatzea baizik. Diskriminazioa, berez, euskaldun batek bere administrazioan bere hizkuntza erabili ezin izatea litzateke. Gero, eskatu beharreko eskakizunei buruz eztabaidatu ahal izango dugu, baina mutil honek dioenetik oso urrun dago.

PP ez da bide horretan bakarra. Vox-ek ere administrazioan euskara normalizatzeko dekretuaren aurkako errekurtsoa iragarri zuen, funtzionario erdaldunak “diskriminatzen” dituela argudiatuz. Are gehiago, Santiago Abascal-ek Kongresuko Araudia aldatzea proposatu zuen, diputatuek gaztelaniaz bakarrik egin dezaten , eta ekainean, Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzarako Institutua kentzea eskatu zuten, PPren babesarekin, euskara “inposizio” gisa hartzen dutelako. Ekainean, Vox-ek Euskararen eta Hizkuntzen Ikaskuntzarako Institutua kentzea eskatu zuen Eusko Legebiltzarrean. Ekimena PPk babestu zuen, eta Institutuak “Euskadin euskararen inposizio linguistikoan sakontzea helburu duen tresna” bat dela argudiatzen zuen.

Bideoan erabilitako argumentua, non venezuelar batek euskara ez jakiteagatik “bonbilla bat ere aldatu ezin duela” esaten den, hiperbole demagogiko hutsa da. Funtzio publikorako sarbidea merituan eta gaitasunean oinarritzen da. Hizkuntza titulazioa beste edozein meritu edo eskakizun bezalakoa da, legeen ezagutza edo titulu akademikoak bezala. Gainera, lanpostu guztiek ez dute maila bera eskatzen.

“Euskara txikitatik jaso” duen norbaitek, atzerritik edo Espainiako probintzia batetik datorrenarekin konparatuta, abantaila duela esaten du. Ez du kontuan hartzen euskal hezkuntza sistemak edonori uzten diola hizkuntza ikasten, bere jatorria edozein dela ere.

Migratzaileak instrumentalizatzea euskara “oztopo” gisa aurkezteko maltzurkeria da. Euskal hezkuntza ereduak integrazioa bilatzen du elebitasunaren bidez, jatorria edozein dela ere aukera berdinak bermatzeko. Gaur egun, milaka dira txikitatik euskara ikasi duten migratzaileen seme-alabak (venezuelarrak, kolonbiarrak, txinatarrak., etab.), hizkuntza kohesiorako tresna gisa erabiltzen dutenak. Euskara zerbait “hereditario” edo baztertzaile gisa aurkeztea, ikasi duten eta kohesiorako tresna gisa erabiltzen duten milaka euskaldunen errealitatea ukatzea da.

PP dela egoera hau “lehengoratzea” proposatzen duen alderdi bakarra esatea txantxa bat da, gobernatzen duen edo gobernatu duen beste erkidego batzuetan ere (Galizia, Balear Uharteak edo Valentziako Erkidegoa, esaterako) hizkuntza eskakizunak daudelako. Beraien diskurtsoa hauteskunde komenientziaren eta eskualdeko nazionalismoarekin bilatzen duten konfrontazio mailaren arabera aldatzen da.

Ez, euskara ez da arazoa. Arazoa pertsonak inguratzen dituena eta ikastea ezinezko egiten dioten baldintzak izan daitezke (euskaltegi publikoetan toki falta, bizitzarekin uztartu ezin diren lan-ordutegiak, bakoitzak ikasteko duen gogoa, etab.). Baina ez hizkuntza.

Ondorioz, euskara gatazka politikoaren erdian jartzea errealitate sozialari bizkarra ematea da. Hizkuntza eskakizunak ez dira harresiak, herritar guztien eskubideak bermatzeko eta gizarte kohesionatuago bat eraikitzeko tresnak baizik. Eztabaida politikoak kudeaketa hobetzeko balio beharko luke, eta ez migratzaileen errealitatea instrumentalizatzeko edo gutxitutako hizkuntza bat erasotzeko. Azken finean, helburua ez baita inor kanpoan uztea, guztiei aukera berdinak eta elkarbizitzarako hizkuntza gaitasuna eskaintzea baizik.

Enfrentamiento abierto en el seno de Vox Castilla-La Mancha después de que Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo, y cara visible del partido ultra en la ciudad, donde gobierna con el PP, reclamase la pasada semana un congreso nacional extraordinario de la formación. Lo hizo firmando un manifiesto de 'críticos' con la actual dirección de Santiago Abascal.

Hoy Cañizares se ha ratificado en su posición. Es uno de los cargos públicos destacados de la formación en Castilla-La Mancha que ni se ha marchado del partido, ni ha sido expedientada o expulsada, como ha ocurrido en otros sonados casos.

La presidenta del Grupo Municipal Vox ha insistido este lunes en que la celebración de un congreso extraordinario es “positivo”, según recoge Europa Press. “Yo no me voy a apartar del partido en el que me encuentro a gusto en cuanto a su manifiesto fundacional”, ha vuelto a repetir.

Un congreso extraordinario es positivo. Yo no me voy a apartar del partido en el que me encuentro a gusto en cuanto a su manifiesto fundacional

Inés Cañizares — Presidenta del Grupo Municipal Vox y vicealcaldesa de Toledo

Iván Sánchez: “Que den un paso a un lado y dejen de molestar”

En paralelo, el portavoz del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, Iván Sánchez, ha rechazado un congreso extraordinario en la formación y ha cargado contra lo que califica de “pantomima” que están haciendo algunos exdirigentes y críticos de Vox: “Que se lo pidan al PP”.

La propuesta de varios nombres reconocidos dentro de la formación como Iván Espinosa de los Monteros y Javier Ortega Smith, a la que se sumaron los cuatro concejales de Vox en el Ayuntamiento de Toledo, pidiendo un congreso abierto a todos los afiliados para debatir sobre la estrategia del proyecto político y los ámbitos de mejora en la organización, no ha caído bien entre la cúpula regional de Vox.

Así lo dejaba claro uno de los 'oficialistas', el diputado por Guadalajara Iván Sánchez en su habitual comparecencia de los lunes ante la prensa en las Cortes regionales. “No tengo conocimiento de qué gente o qué no gente quiere ese congreso”, ha respondido al ser preguntado al respecto y ha cerrado filas con el presidente nacional: “De lo que no tengo ninguna duda es del liderazgo de Santiago Abascal. No tengo ninguna duda de su capacidad para liderar este proyecto y de que es la única persona que nos representa”.

Según ha subrayado Iván Sánchez, “el que esté más cerca del Partido Popular y quiera congresos peperos, pues que se lo diga a su presidente del PP y que hagan un congreso ellos”, decía sin citar a Inés Cañizares, a la que en muchas ocasiones se ha situado muy cerca del PP. Hasta el punto de que la rumorología durante toda la legislatura ha apuntado a que terminaría recalando en el partido de Núñez Feijóo. “A nosotros que nos dejen tranquilos, que vamos muy bien”, ha apostillado.

El que esté más cerca del Partido Popular y quiera congresos peperos, pues que se lo diga a su presidente del PP y que hagan un congreso ellos

Iván Sánchez — Portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha

Sobre el hecho de que Inés Cañizares haya firmado ese manifiesto, Sánchez ha dicho que “cada uno es libre de expresar lo que estime” pero ha insistido: “Estamos totalmente en contra de esa pantomima que están haciendo de pedir ahora un congreso”. “Que se lo pidan al PP”.

“Cuando una persona se marcha o deja de ser útil o deja de hacer sus servicios en el partido, pues ya está, pues hasta luego”, arremetía. Y en este punto ha pedido que quienes exigen el congreso “den un paso al lado y dejen de molestar”.

Inés Cañizares: “Yo sí creo que es necesario”

Hoy Inés Cañizares, una de las aludidas, ha reiterado que suscribe el manifiesto que reclama el cónclave nacional extraordinario “al cien por cien” y ha añadido que es “muy positivo” el que se celebre ese congreso porque “va a ser algo que va a remover conciencias”.

En su opinión eso supondrá “renovar el partido sin perder su esencia y ampliarlo”. También ha señalado que “respeta profundamente” las opiniones de otros cargos del partido a nivel regional como las del presidente del Grupo Parlamentario Vox y teniente de alcalde en Talavera de la Reina, David Moreno, que ejerce de 'líder' regional y que dejaba clara su postura en redes sociales la semana pasada. “A mí me gusta la libertad de expresión, que cada uno se pronuncie, se exprese y diga lo que siente”, ha comentado su compañera de filas.

“Yo creo que sí que es necesario --el congreso--, él lo ve de otra manera, lo respeto profundamente pero no pienso como él y por eso no vamos a discutir”, ha dicho, al igual que con el presidente provincial de Vox, Daniel Arias, del que ha dicho que, aunque puedan tener posiciones distintas, su relación “es cordial”.

Desde su punto de vista, “de lo que se trata es de que estemos todos trabajando en la línea que lo estamos haciendo, y para eso nos han votado, para que hagamos cosas positivas por los toledanos y no para estar en discusiones que no sean útiles, independientemente de que pensemos de forma diferente respecto a cómo está funcionando nuestro partido”.

“Creo que eso es lo que tiene que quedar un poco en la mente de todos. Y lo demás son cuestiones de la organización que se solucionarán de una manera o de otra y no tiene tampoco la mayor importancia”, ha subrayado.

Como ya dijese en una rueda de prensa el martes de la pasada semana, aboga por hacer que Vox crezca y que sea más grande, “que sea un partido de gobierno y que precisamente no sea la muleta del PP. Es decir, que tenga identidad propia y que tenga la capacidad para acercar a muchas personas al partido para que más gente lo vote. Esa es la finalidad, no otra”, ha concluido.

Luciana Peker llega a la entrevista con prisas, culpa de una agenda cargada de compromisos en plena presentación de su último libro, La odiocracia. Al fondo a la derecha (Libros del KO), un ensayo que en sus páginas propone justo lo contrario a esa velocidad: “leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo”. La periodista y escritora feminista vive desde hace un tiempo en Madrid, y reconoce que el libro es una forma de contar sin autocensura Argentina, ese país del que se siente “expulsada”, un país “contradictorio, bipolar y muy extremo” que se ha convertido en “el gran laboratorio de la extrema derecha”.

A través de las páginas de La odiocracia, y casi en cada respuesta, Peker advierte de que España no está viendo con suficiente claridad el peligro de ese “gobierno del odio” que la ultraderecha busca instalar como sistema: “La gente cree que camina segura sobre un suelo de derechos, que pueden cambiar las baldosas, pero el suelo permanece. Y no es así. Claro que se perfora ese suelo”. 

La conversación va y viene uniendo líneas de puntos entre la construcción de la masculinidad y las motosierras o los pañuelos verdes y el falso espejo del regreso a un pasado de hombres proveedores y mujeres deseosas de protección, sin olvidar la lógica extractivista que alimenta las relaciones de Estados Unidos y Europa con Latinoamérica. Peker sostiene que todavía hay tiempo para entender y actuar contra el “patriarcado recargado” que sostiene esta ola reaccionaria, y apuesta por el periodismo, aunque no le ahorra críticas: “Con la extrema derecha, está mirando la selfie y no la foto panorámica”.

¿Qué es la odiocracia, en pocas palabras? 

Es un sistema en el que se llega al gobierno con odio, se gobierna con odio y se genera una sociedad que reproduce ese odio, tanto en quienes están de acuerdo como en quienes no lo están. Así, el sistema de relaciones acaba hegemonizado por el odio hacia los demás.

La portada del libro muestra una gran motosierra. La motosierra es un símbolo, pero ¿de qué? 

La motosierra emula una masculinidad productiva que es leñadora, que puede usarse para hacer una casa, pero en la mano de varones inútiles que nunca sabrían hacer una casa y que, en cambio, usan la motosierra desde un lugar de terror. De hecho, la motosierra de Javier Milei está inspirada en una película de terror sobre un feminicida real norteamericano. Es el símbolo mundial más grande de amenaza hacia una sociedad con derechos y protección social. Y que en el caso de Argentina se concreta con el ajuste más grande de la historia. 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha

El libro habla mucho de Argentina, un país que ha vivido una especie de renacer feminista en las calles y que ahora tiene como presidente a uno de los mayores representantes del mundo de la ultraderecha y el “patriarcado recargado”, como lo describe. ¿Qué pasó? 

Argentina es un país contradictorio, bipolar y muy extremo, muy apasionado. Es un país con enormes avances en derechos humanos, el que llegó más lejos en el enjuiciamiento de delitos de lesa humanidad. Y ahora es el gran laboratorio de la extrema derecha. Es el país del movimiento que organizó la huelga feminista que se replicó en España, que fue el germen de lo que se conoce como MeToo, que en realidad empezó el 3 de junio del 2015, que vio nacer el pañuelo verde y generó una ola feminista en toda América Latina. Y por eso para la extrema derecha es tan importante que sea el lugar de su normalización: es como un disciplinamiento a un país que tenía una tradición de derechos humanos, de feminismo, de protesta social muy importante.

¿Cómo funciona esa normalización?

Paso a paso. José Antonio Kast no podría haber ganado en Chile si Europa no normalizaba a Milei en América Latina. No es casualidad que Milei haya venido ya seis veces a España. Creo que había –y todavía hay– un concepto erróneo de que existe un suelo de derechos que no se puede perforar. La gente cree que camina segura, que pueden cambiar las baldosas pero el suelo permanece. Pero esta extrema derecha es otra cosa y claro que perfora ese suelo. 

En el caso de Argentina, una inflación del 260% resulta enloquecedora, claro. En El Salvador podemos ver también una inseguridad que era real. Pero ni la inflación ni la inseguridad pueden justificar el autoritarismo. 

La sensación de frustración y la pérdida de un horizonte es algo que la ultraderecha explota especialmente bien. 

La indignación o el odio con el que hablan personajes como Milei podría funcionar bien en una campaña electoral, pero ellos no lo usan solo para que los voten. Lo usan como un mecanismo permanente. Las extremas derechas no vienen a proporcionar soluciones a esos problemas. Lo que proponen es castigar a otros. Entonces necesitan un electorado y una opinión pública que se conforme con la venganza hacia los demás, en lugar de exigir soluciones.

Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina

¿Este libro es una forma de contar esa Argentina que te expulsó, de alguna manera? 

Me siento expulsada. No es casualidad que la extrema derecha buscara en las periodistas feministas a sus primeras enemigas. Hoy no hay libertad de expresión plena en Argentina. Lo dicen Reporteros sin Fronteras, Fopea o Amnistía Internacional, que fue quien llevó mi querella por la violencia explícita, la censura, la autocensura y el acorralamiento. Para mí es importante contar cómo Argentina es un laboratorio de la extrema derecha y los lazos con España y con Estados Unidos, que parece que no se están mostrando lo suficiente. 

¿Por qué? 

El periodismo está mirando demasiado la letra chica y poco los titulares. Está mirando la selfie y no la foto panorámica. Y la extrema derecha tiene muy clara la panorámica. Las explicaciones locales tienen sentido y hay que hacerlas. Pero estamos perdiendo de vista una estrategia que va más allá de las realidades locales, una unidad que la ultraderecha tiene completamente aceitada.

En un momento del libro afirma que Milei es más un símbolo de la ultraderecha que un jefe de Estado. ¿A qué se refiere?

De hecho, es un embajador. Cuando Milei dice 'yo tengo incidencia en el mundo', tiene razón. De hecho creo que en Argentina se lo subestima. Te subís a un taxi en Panamá, en El Salvador, Guatemala, Honduras, y no saben quién es el presidente de España pero sí el de Argentina.

¿También un agitador? 

El agite es parte del vocabulario popular argentino, del fútbol, de la cumbia… Él toma eso para decir y hacer lo que Santiago Abascal no puede. Y luego está la red trasnacional de la que participan, y que hace que Javier Negre esté acreditado como periodista en la Casa Rosada, y que su socio en Argentina, Fernando Cerimedo, que estuvo imputado por el intento de golpe de Estado en Brasil, ahora sea asesor del presidente de Honduras, Nasri 'Tito' Asfura, que fue el elegido de Trump. 

El afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas

¿La influencia de Donald Trump resucita el fantasma de las “relaciones carnales” de Argentina con Estados Unidos? 

La expresión “relaciones carnales”, que usó en los años 90 el ministro de Exteriores menemista Guido Di Tella, forma parte de una violencia sexual explícita en el lenguaje que no es casual. No se habla de tener relaciones cercanas, sino que implica una posición de abuso y sometimiento. Milei usó la metáfora de un pedófilo frente a “niños vaselinados”. De hecho mi editora me pidió que comprobara varias veces ese dato. ¡No lo podía creer! 

Detrás de esa ayuda que EEUU ofrece a su socio Milei y a otros presidentes latinoamericanos hay unos intereses económicos que en esta ocasión ni siquiera se ocultan. 

Trump se pone públicamente la medalla de haberle hecho ganar a Milei las elecciones legislativas, porque ambos son hombres que humillan y que se dejan humillar por otro más poderoso. De hecho, las bases militares ya se están cediendo, los cambios en el puerto de Ushuaia están sucediendo. Milei va a regalar los recursos naturales: litio, oro, cobre, tierras raras, agua. Lo más grave es que quiere derogar la Ley de Glaciares para dejar de protegerlos: es la última riqueza de agua antes de la Antártida. 

¿Y esto no genera sospechas o resistencia en la población? 

Argentina sabe que su posición es de endeudamiento. Y el afán aprovechador de Trump no es único: Europa no frena a Milei porque también tiene intereses extractivistas y neocolonialistas con esos recursos. En cuanto a la gente, sí destaco que hay un fenómeno ciudadano muy importante: más de 60.000 personas inscritas en las audiencias públicas para defender los glaciares. Eso muestra que hay una democracia participativa que va más allá de las elecciones y que están queriendo callar. 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida

En el libro destaca que Milei y Elon Musk reconocen tener resentimiento hacia sus padres. ¿Cree que eso tiene que ver con la construcción de una cierta masculinidad?

Para mí es central. Porque además fueron víctimas de violencia. Milei fue un niño golpeado, lo contó él mismo en televisión, y el padre de Musk fue señalado como abusador de menores de su familia. Son varones víctimas de la violencia patriarcal. La diferencia es que las feministas denunciamos para que no siga pasando. En cambio, la posición de ellos es: como yo fui víctima, ahora voy a ser más malo que los que me hicieron mal. Por eso es un patriarcado recargado, opuesto al feminismo de la reparación, de la sanación y de que otros vivan mejor. 

¿Son víctimas de un modelo de hombre al que defienden volver? 

Ellos simulan ser los varones de antes. Hablan de tradición, familia y propiedad, pero no son varones clásicos, no son ni fuertes ni productivos. Y el problema es que muchos jóvenes se miran en un espejo que en realidad no es lo que les están vendiendo. Y también muchas mujeres, cansadas de cargar con toda la mochila solas, pueden pensar que necesitan ese varón proveedor y protector que venga a cuidarlas. Más allá de poder pensar ‘qué horror que las mujeres vuelvan a la casa’, lo importante es que es mentira. Porque hay muchos chicos queriendo emular ese modelo cuando ni van a tener dinero para ser proveedores ni van a estar dispuestos a las obligaciones que tenían esos varones de antes. Ni siquiera Abascal, que está más cerca de un hombre tradicional, fue capaz de resignarse, por ejemplo, a vivir con una mujer para toda la vida.

Hay una parte de los cambios que impulsó el feminismo que sí les interesan. 

Los varones toman los beneficios del fin de los estereotipos. Un hombre como Milei, sin hijos, que se considera ‘invicto’ por no haberse casado y vive con sus perros, nunca hubiera llegado a presidente en Argentina. Un hombre que puede ser emocional y contar sus problemas públicamente. Las mujeres deconstruimos qué era el amor, qué era la familia, y ellos toman esas construcciones para castigarnos.

Los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’

¿Cree que hubo una tentación de cierta parte del progresismo de despegarse del feminismo frente a la ola reaccionaria? 

El feminismo tenía capacidad para rearmar una oposición, una resistencia a esta extrema derecha a través de sus redes, su masividad y sus alianzas trasnacionales. Pero eso quedó desmantelado cuando el progresismo le soltó la mano. 

Desde lo partidario y lo político hasta los medios de comunicación, los que se querían hacer los progres, los feministos, los aliados, demonizaron y echaron la culpa al feminismo. Y otros se pasaron a la posición de ‘no te conozco’. Las organizaciones de la sociedad civil, las ONG, la cooperación internacional se desligaron completamente del feminismo.

¿Cómo convive eso con la militancia de jóvenes mujeres que se ven a sí mismas como feministas pero apoyan a partidos de ultraderecha? 

Disputo que sean feministas, pero sí creo que instrumentalizan al feminismo. En Argentina peleamos por el cupo femenino, y es cierto que ayudó a que llegaran a puestos de poder mujeres que ahora intentan sacar adelante una ley para criminalizar a quienes denuncian violencia machista.

Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa

Hablaba de las mujeres que llegan a los lugares de poder. ¿Cuál es el papel de políticas como Giorgia Meloni, Alice Weidel o Isabel Díaz Ayuso en esta odiocracia?

Meloni, Ayuso o Weidel serían lo que Laura Bates describe como mujeres que odian a las mujeres. Son también una estrategia de la extrema derecha. Weidel es lesbiana, está casada con una inmigrante y lidera un partido [Alternativa para Alemania (AfD)] que defiende deportaciones masivas. En una sociedad a la que le cuesta mucho leer las cosas de manera compleja y que se queda con las fotos de Instagram, diluyen de manera simbólica y efectiva la idea de que las mujeres vamos a hacer la oposición a este neofascismo.

Alvise Pérez, emulando a Milei, prometió que sortearía su sueldo de eurodiputado, pero diversas informaciones indican que en realidad el dinero iba a parar a campañas de agitación de personajes como Vito Quiles, con quien el presidente argentino compartió evento hace pocos días en Madrid. ¿Milei es un modelo a seguir? 

Más allá de que haya o no un efecto imitación, es un modelo de representación social y por eso es tan peligroso. Generan un odio que queda legitimado, que lleva a personas a creer que pueden tener impunidad con el racismo, con la violencia sexual… La excentricidad de Milei es funcional, pero la extrema derecha es muy inteligente y no ha replicado tantos modelos similares: en Chile, Kast tiene mejores modales; en Honduras, Afura hace un discurso más moderado. Distintos modelos que en el fondo generan lo mismo: la impunidad social de la violencia.

¿La ultraderecha juega al despiste? 

Creo que España no llega a tener un diagnóstico certero de lo que pasa y de lo que le puede pasar. La directora argentina Dolores Fonzi lo dijo hace poco en la gala de los Goya: “Yo vengo del futuro. No caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo”. Ese futuro es que no solo pueden ganar unas elecciones. Esta extrema derecha no es alternancia electoral. Está a la derecha de la corona española y a la derecha del Vaticano, de Francisco y del actual Papa.

 ¿Y frente a la odiocracia, qué? 

Periodismo. Creo que la odiocracia no hubiera podido llegar a tener el poder político y social que tiene hoy si no fuera por la degradación del periodismo que produjeron las redes sociales, con Elon Musk y Mark Zuckerberg a la cabeza. La gente se tiene que volver a informar a través de medios y no solo por lo que las redes le muestran. Creo que hay que volver a los libros, a leer con profundidad, con tiempo, porque se necesitan diagnósticos certeros para lo que estamos viendo. Hay que impulsar más leyes mientras se pueda, apelar a la unidad social y política con un proyecto a largo plazo. Apoyar a los varones jóvenes, y confiar en esas mujeres que dieron la mayor parte de su vida para generar transformaciones sociales. Ahí hay fortaleza.

“Nadie en Vox sabe realmente dónde van los ingresos y gastos de Vox”. Lo dice uno de los disidentes que, desde hace años, han ido abandonando el partido que llegó para acabar con los chiringuitos y la corrupción. La primera que destapó la caja de los truenos en público fue Macarena Olona en una entrevista con Jordi Évole, en febrero de 2023, cuando señaló a la Fundación Disenso como un carril de desvío de dinero y apuntó a que esos cientos de miles de euros acababan en pagos “a otros profesionales”, lo que dice que en el partido llamaban informalmente “la cuenta de 'putas y varios', ahí se suelen esconder las maldades”, revelaba la que había sido hasta entonces una de las líderes con mayor proyección del entorno de Abascal y que cayó en desgracia tras las elecciones andaluzas de 2022.

A esas denuncias de corrupción u opacidad se han sumado otros pesos pesados que abandonaron o fueron invitados a salir del partido, como Iván Espinosa de los Monteros, Ortega Smith –que asegura que le han cesado por denunciar irregularidades económicas– o Juan García-Gallardo, que aventuraba esta semana en una entrevista en El Mundo que “a este paso, Vox quedará como el plan de pensiones de Abascal”.

Aunque son denuncias públicas, directas y a cara descubierta, estos exdirigentes no han aportado de momento a la opinión pública pruebas documentales de lo que purgados de Vox consideran un secreto a voces muy bien guardado. “Solo ellos saben lo que ellos están haciendo”, dice un político que está fuera del partido, que tenía una posición de cierta relevancia y que aun así nunca tuvo acceso a información económica. “Ellos” es Santiago Abascal y un grupo muy cerrado de personas, no más de cuatro, calculan.

Gallardo también ha cuestionado la legitimidad del salario que ha cobrado la mujer de Abascal, 60.000 euros anuales, de una empresa relacionada con asesores del líder, tal y como publicó El Confidencial en 2025. Según esa información, Lidia Bedman cobró en 2019 más de 60.000 euros de la editorial IVAT S.L., empresa que era de Gabriel Ariza. A su vez, Ariza es socio del asesor de Abascal, Kiko Méndez Monasterio, en la empresa Tizona, que ha facturado servicios al partido. Es decir, a la mujer de Abascal le habría pagado una empresa con vinculación indirecta con pagos del partido y de la órbita del asesor de su marido. El 94% de los españoles están por debajo del salario que se abonó a la esposa de Abascal por su “consultoría de redes sociales”.

¿Cuánto cobra Santiago Abascal?

Los salarios que cobra Abascal directamente de Vox también han sido opacos. Ocultó en su declaración de bienes obligatoria en el Congreso en 2023 el pago de 1.500 euros mensuales que recibía por presidir su grupo parlamentario, que se suman a los 37.357 euros anuales que percibió como líder del partido, además del salario que ingresa como diputado: 3.236,32 euros al mes en catorce pagas, más otros 992,31 euros, también mensuales. En su entorno aseguran que no cobra por sus charlas o actividad en Disenso, fundación que preside.

En las cuentas presentadas por Vox de 2023 se revelaba además que 12 personas de la dirección del partido se repartieron sobresueldos de 646.522,19 euros, de los que no se ha informado públicamente. Aunque Vox no especifica más, si esa cantidad se divide entre los 12, cada uno de esos agraciados con sobresueldos recibió cerca de 54.000 euros anuales.

La vigilancia del Tribunal de Cuentas

Las cuentas de Vox están auditadas por el Tribunal de Cuentas, la máxima autoridad española en la fiscalización de dinero público, que audita a todos los partidos que reciben dinero público. También están fiscalizadas las cuentas de su think tank, Disenso. Es el argumento al que se aferra la dirección nacional de Vox para decir que todo está claro y que están siendo atacados por disidentes en una guerra espuria, como señalan quienes han salido en defensa de Abascal estos días.

Sin embargo, hay una zona de sombra que impide saber dónde acaban parte de los millones que recibe Vox de sus afiliados y del Estado. El quid está en que parte del dinero del partido –cuya obligación de rendición de cuentas es muy exigente– se traspasa a la fundación Disenso. Todos los años transfiere una media 2,5 millones de euros, algo muy extraordinario si se compara con lo que traspasan otros partidos a sus fundaciones. Las fundaciones son instrumentos más opacos y la intervención del Estado no puede llegar tan lejos, ya que son organizaciones privadas aunque puedan recibir fondos públicos.

Por ejemplo, bajo el epígrafe “otros gastos de la actividad”, Disenso gastó 1,2 millones de euros, según sus últimas cuentas, publicadas, de 2024. Este montante incluye facturas pagadas a empresas que en la formación no están obligados a revelar y que, de hecho, no detallan. La pregunta de cuánto de ese dinero se ha podido llevar Tizona, o Ariza o incluso personas relacionadas con Vox no ha sido nunca respondida. Esa misma cantidad de millones (1,2) va a pagar salarios de Disenso, que contrata en libre mercado, sin normas públicas, pese a que el dinero viene directamente de un partido político. Según las cuentas y su número de empleados, el salario medio en Disenso ronda los 50.000 euros.

Un 'think tank' que vive del partido

La fundación vive gracias a lo que le envía el partido, con la salvedad de 17.000 euros que consiguió por sus propios medios, según las cuentas de 2024. Con ello, financia la web ultra Gaceta de la Iberosfera, organiza congresos y eventos con la internacional ultra y paga becas a estudiantes de ISSEP (otra fundación relacionada con Vox en la que estuvo vinculada la sobrina de Marine Le Pen). Es decir, el dinero que recibe del Estado y de afiliados acaba recirculado para fines que se retroalimentan en las organizaciones satelitales de Abascal y del partido. El malestar entre los militantes cuando elDiario.es publicó las millonarias transferencias obligó al secretario general de Vox a enviar una carta justificando esos pagos.

La arquitectura de Disenso la arrancó Kiko Méndez Monasterio, gurú de Abascal, según cuentan fuentes cercanas al ecosistema de Vox. “Eran cuatro en un despacho” y de ahí “a ser la fundación más relevante de la derecha a nivel internacional, a la altura de Heritage –la fundación ultra estadounidense–. El trabajo que se ha hecho es espectacular”, ponen en valor fuentes cercanas al think tank. Oficialmente, ni Disenso ni Vox han contestado nunca a las preguntas que ha hecho por escrito elDiario.es.

Méndez Monasterio trabaja como asesor de Vox y de Disenso, y cobra por ello a través de la empresa Tizona. También ha asesorado al sindicato Solidaridad, según cuentan fuentes de su entorno. De hecho, aunque no tiene cargo en el partido, es quien ha llevado personalmente negociaciones tan importantes como la del “pacto de la servilleta” en la Comunitat Valenciana entre Mazón y Vox en julio de 2023.

Lo que no se sabe es lo que cobra por ello y en qué se sustancia: si le pagan a la hora, por proyecto o qué tipo de informes o conocimiento traslada a la presidencia del partido, directamente a Abascal y a sus organizaciones satelitales. Según una información de El Confidencial, Vox le transfiere 26.700 euros mensuales por esos trabajos a través de la empresa Tizona S.L. En ella es socio Gabriel Ariza con la empresa Kalma y antes fue administrador único. Ariza es hijo del gurú mediático de Abascal, Julio Ariza (grupo Intereconomía), y también quien está detrás de la empresa de los pagos a la mujer de Abascal.

El locutor Federico Jiménez Losantos, en guerra abierta con la dirección de Vox, se preguntaba en antena antes de la investidura fallida de 2023: “¿Pero cuántos millones le han dado a Disenso (...) y a cambio de qué?”. “La impresión es que se lo llevan crudo, ¡pero cómo voy a dudar yo de esa gente, que va tanto a misa!”, continuaba en su encendida alocución. Le llegaron varios burofaxes de rectificación que leyó en directo.

Según ha podido saber elDiario.es, el Tribunal de Cuentas le pidió a Méndez Monasterio pruebas documentales detalladas de los trabajos que ha facturado aunque el resultado de la investigación no se conoce (los informes del tribunal son muy complejos y llevan años de decalaje, aunque puede ser también que se hubieran validado estos pagos sin que haya trascendido). El Congreso encargó a final de año a este mismo tribunal una fiscalización especial de la Fundación Disenso. La iniciativa salió adelante con los votos de PSOE, PP, Sumar y el PNV y el único voto en contra de los de Santiago Abascal.

Mientras, este órgano fiscalizador ha abierto tres investigaciones por financiación irregular a Vox que han acabado en multas de un millón de euros para el partido, después de un largo proceso de alegaciones. Los motivos son que ha pedido donaciones finalistas para campañas concretas, algo prohibido por ley, y que ha ingresado casi 400.000 euros en donaciones anónimas y a través de cajeros bancarios, una práctica ilegal, ya que toda donación a un partido debe estar identificada. elDiario.es tuvo acceso a un mail que lo probaba y que daba una orden a sus mandos en los distintos territorios: “Regularizad el dinero que tengáis por merchandising, en ingresos inferiores a 299 euros”.

Crédito a un banco húngaro

Al tiempo que Vox traspasaba millones a Disenso (más de diez desde su creación), en el partido se veían con el agua al cuello para pagar campañas electorales, lo que les obligó a acudir a pedir un préstamo de 6,5 millones para afrontar los comicios generales de 2023. La dirección de Vox solicitó el dinero a una entidad húngara vinculada al entorno de Viktor Orbán. El partido debía al cierre de 2024 más de dos millones al banco húngaro MBH de un segundo préstamo de siete millones que pidió para hacer frente también a las elecciones europeas.

Este banco tiene como mayor accionista a Corvinus International Investment, una firma de inversión controlada al 100% por el Estado magiar. La Ley de financiación de partidos prohíbe cualquier financiación “por parte de Gobiernos y organismos, entidades o empresas públicas extranjeras o de empresas relacionadas directa o indirectamente con los mismos”. La Fiscalía abrió una investigación por el crédito que acabó cerrando porque el préstamo había sido devuelto.

“Es evidente que Santi no es libre completamente. Tengo la sensación de que las decisiones en Vox no siempre se toman en Vox, tengo la certeza de que se toman fuera de Vox”, decía Olona en 2023. Esta frase la han ido repitiendo los disidentes, que apuntan a Méndez Monasterio y Ariza como la dupla que dirige el partido junto a Abascal. En los últimos días, están recogiendo firmas para un congreso extraordinario que está poniendo en una aprieto y una crisis a la actual dirección, que defiende que todo es legal y que es lícito que el partido lo dirija el presidente Abascal como considere. Pese a sus buenos resultados autonómicos, la expectativa no cumplida de llegar al 20% de votos en los comicios en Castilla y León ha azuzado el fuego de las críticas, aunque es el porcentaje más alto de voto de todas las elecciones a las que se ha presentado.

Otro frente económico abierto que tiene Abascal es el de Revuelta, la organización juvenil que ha organizado protestas en las universidades y las concentraciones en Ferraz. La asociación, que apadrinaron Abascal y personas cercanas como el eurodiputado Buxadé, ha sido denunciada ante la Fiscalía por dos miembros y ante el Estado por el propio partido Vox tras salir a la luz que las donaciones que recaudaron para la dana podrían haber acabado en otros gastos, como la compra de una furgoneta, según la denuncia.

Las acusaciones entre los críticos y la actual dirección del partido tiene también agenda en los juzgados por motivos no económicos, con las denuncias por revelación de secretos interpuestas por Ortega Smith y Espinosa de los Monteros, que acusan a Abascal de haber aireado expedientes y datos privados para deslegitimar unas críticas al partido que las sucesivas reformas de estatutos para una mayor verticalidad de Vox no han conseguido silenciar de momento.

Vox expulsará a Juan García-Gallardo, exvicepresidente de Castilla y León, del partido. Así lo ha anunciado el secretario general del partido de extrema derecha, Ignacio Garriga, después de que este cargase contra Santiago Abascal y su familia en una entrevista. Lo acusan de “calumnias” y de “decir auténticas animaladas”.

Juan García-Gallardo acusó al líder del partido ultra en una entrevista para El Mundo de cobrar “un tercer sueldo, a través de un proveedor del partido, en la cuenta corriente de su mujer, por unos presuntos servicios de consultoría en materia de redes sociales a una sociedad mercantil que está en pérdidas y en causa de disolución”. Además, criticó la “guerra sucia que sufren quienes se atreven a discrepar mínimamente” de la dirección de Vox. “Hay enormes cantidades de recursos públicos a los que accede el partido para beneficio último de muy poquitas personas”, ha añadido, para señalar como beneficiarias a la parte de la familia Ariza y la familia Méndez-Monasterio.

Este viernes, Garriga ha respondido a preguntas de los periodistas sobre este asunto: “Espero que se expulse al señor Gallardo por calumnias y por decir auténticas animaladas. Mientras tanto, nosotros estamos al lado de los españoles  a pesar de los intentos de descabalgarnos teledirigidos desde Génova”, ha dicho, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Durante estos días, García-Gallardo no es el único que ha mostrado abiertamente su descontento con los de Abascal. También el aún portavoz de la extrema derecha en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha entrado al choque con su partido al denunciar “filtraciones y manupulaciones” de la dirección tras su expulsión. Sobre la petición de Smith a Garriga a filtrar la declaración sobre el total de las operaciones realizadas con terceros, el secretario general ha respondido que no tiene “nada que decir”.

“Son cuentas que hace cuatro días aprobaba el señor Ortega Smith no solo en los comités ejecutivos nacionales sino en todas las asambleas del partido”, ha añadido.

El espejismo del resultado electoral en Castilla y León le ha durado poco al PP. El “frenazo” de Vox que celebraron el pasado domingo los populares no obvia la realidad electoral: los de Santiago Abascal están en su máximo histórico y los gobiernos autonómicos dependen de ellos. La dirección nacional del PP ha pasado de poner la Semana Santa como tope de la negociación en Extremadura, Aragón y Castilla y León, a reconocer que no es algo que dependa de ellos, al menos exclusivamente. Y el calendario para la repetición electoral avanza.

“Los tiempos no los maneja el PP”, reconocían a mitad de semana en el equipo de un Alberto Núñez Feijóo, que el pasado lunes impuso en público una fecha límite a las negociaciones. “No deberíamos entrar en el mes de abril sin un acuerdo”, aseguró, en una entrevista en esRadio. “No es complejo, sabemos hacerlo”, añadió.

El calendario ha hecho coincidir este año el final de marzo con la Semana Santa, una fecha proclive a anuncios políticos cuyo impacto en la opinión pública puede descontrolarse. Está previsto que Juan Manuel Moreno desvele a la vuelta de las vacaciones la fecha de las elecciones andaluzas, que se prevén para finales de mayo o mediados de junio. 

Andalucía cerrará el inédito ciclo electoral autonómico de cuatro comicios abierto en diciembre en Extremadura. Vox ha logrado mejorar sus resultados en las tres citas ya celebradas. En Castilla y León, los de Abascal rozaron el 19%, aunque solo subieron un procurador. Eso sí, se quedaron a las puertas de otros dos por apenas un puñado de votos.

El PP se juega en Andalucía la mayoría absoluta de Moreno, quien la logró en 2022 arañando los últimos diputados en cuatro provincias por unos cientos de votos. Una suerte, la de los restos, que no tiene por qué repetirse. Máxime con un Vox al alza: hace cuatro años logró el 13% del voto. Si roza el 20%, asumen en el PP, no es posible la mayoría absoluta.

Andalucía es clave para la estrategia de Feijóo. Moreno pone el rostro supuestamente moderado en un partido que se ha escorado a la derecha siguiendo la estela de Ayuso y la izquierda no parece tener, por ahora, mucho más que ofrecer que resistencia ante el miedo de que la extrema derecha llegue a gobernar. El lunes, Feijóo le puso deberes a Moreno. “Está en disposición de conseguir algo dificilísimo, que es una segunda mayoría absoluta”, dijo. 

Los barones piden calma

Los presidentes autonómicos que negocian su propia investidura también quieren cerrar los acuerdos cuanto antes. Pero rechazan los plazos impuestos por Feijóo. “Lo importante es que haya un buen acuerdo. Mejor antes que después, pero lo importante es un buen acuerdo”, afirmó el martes el presidente en funciones de Aragón, Jorge Azcón. “Lo adulto, lo razonable, es que negociemos con discreción”, añadió, en declaraciones a los medios, y que se comuniquen “los acuerdos que se alcancen”.

Azcón advirtió de un posible problema que ya se ha producido en el pasado, y que amenaza con dificultar las negociaciones a varias bandas que se están desarrollando con intervención de la dirección nacional. “Vox todavía no ha decidido, o no ha comunicado, el papel que quiere jugar en el nuevo Gobierno”, dijo el aragonés, quien aseguró que es importante “para que fructifiquen” que “las posiciones que cada uno tiene no se vayan comentando día a día”. Es algo que “dificulta el acuerdo”, concluyó. Y eso es lo que ha pasado en Extremadura en las últimas horas. La noche del miércoles, se publicó que María Guardiola había aceptado ceder a Vox tres consejerías: Presidencia, Agricultura e Industria. Una información que fue negada tanto por el PP como por Vox.

Fuentes del PP extremeño aseguran a elDiario.es que su intención es no comunicar nada sobre el acuerdo hasta que no esté cerrado, que de momento están en la fase de “intercambio de documentos” y que las negociaciones “no se han retomado” tras las elecciones del pasado domingo en Castilla y León porque nunca se dejaron. El pacto está “muy avanzado, pero no cerrado”, y también afirman, como Azcón, que “la discreción” es fundamental para lograr un buen resultado. ¿Cuándo? “No se han puesto plazos”, afirman las mismas fuentes. ¿Antes de Semana Santa? “Es lo ideal, pero no hay plazo. Se está negociando”.

En Castilla y León la negociación acaba de empezar y hay un primer acuerdo que cerrar antes que el Gobierno, el reparto del control de las Cortes. En Extremadura y Aragón no se logró ese pacto y Vox perdió un puesto que siempre reclama: la presidencia de los parlamentos autonómicos. Alfonso Fernández Mañueco no ha convocado a los grupos para iniciar las conversaciones para la Mesa de las Cortes hasta mediados de la semana que viene.

Mientras los dirigentes autonómicos intentan cerrar los diferentes acuerdos, las direcciones nacionales de PP y Vox están cada vez más enfrentadas. Feijóo tildó de “antidemocrático” que el partido de Santiago Abascal no les deje gobernar y les acusó de tener un “planteamiento de adolescente” de la política.

La respuesta de Abascal llegó por Twitter: “Feijóo dinamita las negociaciones”. Todo, mientras Vox acusa al PP de azuzar la guerra interna abierta entre la dirección ultra y quienes eran máximos compañeros del líder hace apenas unos meses, como Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith.

La respuesta de Feijóo llegó desde Bruselas este jueves. “¿Alguien se cree que el PP está detrás de las declaraciones de los exdirigentes de Vox? ¿Es razonable? ¿Se va a hacer responsable al PP de las decisiones de otro partido? No es justo. Es falso”, zanjó.