La relación entre PP y Vox es una de las cuestiones fundamentales de la política española ante el inminente ciclo electoral, que repartirá en 2027 buena parte del poder en España, incluido el Gobierno central. Los dos partidos juegan al doble discurso. El de Alberto Núñez Feijóo transita entre la defensa de sus alianzas autonómicas y la incumplida promesa de gobernar en solitario. Los de Santiago Abascal señalan a sus socios como “el PSOE azul” para luego investir a sus barones. Los datos desbrozan la realidad y muestran una amplia coincidencia: en esta legislatura han votado lo mismo el 80% de las veces en el Congreso.

La presente legislatura comenzó su andadura parlamentaria ordinaria tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre de 2023, y desde el primer momento la coincidencia entre el PP y Vox ha sido la constante. Ambos iniciaron su relación con el voto conjunto al fallido intento de Feijóo de ser presidente del Gobierno y el rechazo a la reforma del Reglamento para regular el uso de los idiomas cooficiales. Y la entente se ha afianzado.

En ese último trimestre de 2023, PP y Vox se posicionaron juntos el 79% de un total de 28 votaciones. La coincidencia aumentó en 2024, siempre por encima del 80% y rozando el 90% en el primer y cuarto trimestre del año.

A la relación no le afectó la ruptura de los primeros gobiernos autonómicos entre el PP y Vox. Los de Abascal rompieron ese verano y abandonaron sus cargos ante el desplome en las encuestas, y con la excusa de rechazar el acogimiento de menores migrantes procedentes desde Canarias, donde se vivía una crisis humanitaria.

Aunque esa ruptura no tuvo consecuencias directas, 2025 sí fue el peor año en la relación entre el PP y Vox en la actual legislatura. Especialmente el tercer trimestre, coincidiendo con el verano, cuando se registró un discreto 71% de coincidencia en las 77 votaciones que se celebraron entre julio y agosto.

Del “Gobierno en solitario” a la “prioridad nacional”

Es el menor nivel de entendimiento de toda la serie analizada, y coincide en el tiempo con el XXI Congreso Nacional del PP. Fue el cónclave que renovó el mandato de Feijóo como líder del partido y en el que proclamó su intención de no gobernar con Vox.

“Yo quiero un Gobierno en solitario”, dijo Feijóo, sin prometer hacerlo. Lo que sí anticipó fue que no haría un “cordón sanitario” a Vox. “No habrá coalición”, aseguró su ‘número dos’, Miguel Tellado, al día siguiente.

El leve desencuentro fue, con todo, un espejismo. La última parte de 2025, y especialmente este 2026, son buena muestra de la sintonía, con coincidencias de hasta el 90%.

2026 es el año del ‘rally’ electoral ideado por el PP precisamente para desembarazarse de Vox en las comunidades autónomas. Pero las elecciones en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía demostraron justo lo contrario: la dependencia mutua de las derechas para gobernar.

Un año después de esa promesa en dos tiempos de vetar a Vox para los gobiernos, los ultras detentan las mismas cuatro vicepresidencias que tenían en 2024 y han introducido con éxito el concepto de “prioridad nacional”, que el PP ha asumido plenamente.

Pero la relación entre el PP y Vox no está equilibrada. Pese a esa asunción de la “prioridad nacional” por parte de los de Feijóo, y pese a la dureza contra sus aliados que los de Abascal muestran de forma habitual, son los ultras los que apoyan más a la derecha clásica. Mucho más.

Los datos públicos de votaciones parlamentarias son claros: Vox ha votado a favor del 90% de las propuestas presentadas por el PP, pero solo ha recibido apoyo en un cuarto de las suyas.

Así, el PP se ha abstenido o ha optado por no votar el 41,9% de las iniciativas presentadas por Vox. El voto negativo en poco más del 32%, un total de diez propuestas. Y solo ha votado a favor en el 25%.

En sentido contrario, los números son contundentes. Vox ha apoyado el 90,9% de las iniciativas firmadas por el PP, según los datos que constan en la web del Congreso. Eso supone un total de 30 'síes'.

Los de Abascal solo han votado 'no' a una propuesta del PP (para asegurar juzgados especializados y formación obligatoria en violencia de género para jueces y magistrados) y se ha abstenido o se ha ausentado en dos (una para incrementar los controles de alcohol y drogas en conductores profesionales, la otra para reconocer el sistema alimentario como un sector estratégico esencial para España).

Volví a ver este verano en TVE, los dos últimos capítulos de la serie de Juan Antonio Bardem, 'Lorca. La muerte de un poeta': los que abordan su apresamiento y posterior asesinato, en el contexto de la sublevación militar contra la República en Granada. Los vi, una vez más, conmovido y con el corazón en un puño. No era plato de gusto contemplar las masacres y fusilamientos en masa de obreros y gentes del pueblo que, desde el Albaicín, trataron inútilmente de defenderse de un golpe de Estado implantado en toda España por el terror.

Y el malestar se acrecentaba al pensar que el caldo ideológico propiciador de tales monstruosidades vuelve a hallarse en pleno auge. Uno escuchaba, en la serie televisiva, la alocución de Queipo de Llano desde Radio Sevilla, incitando a la población a apresar y matar a rojos en la calle y me resonaba en la cabeza la “caza al moro” de Torre Pacheco y, más recientemente, la voz aflautada del diputado de Vox José María Figaredo invitando a “cazar a todos los inmigrantes, uno a uno, pam, pam, pam”.

Porque vuelven los que reivindican el franquismo, y lo exhiben sin pudor, al calor de una extrema derecha que se está preparando a fondo y sin complejos para llegar al poder. O, al menos, para recuperarlo. Que ya le toca, porque parece palparse en el ambiente que está llegando el momento de que España vuelva a ser para los españoles; pero los de verdad, no sucedáneos como los que nos gobiernan para disolvernos como país, según el patrioterismo que nos adoctrina a diario.

Españoles que no sienten vergüenza ajena de serlo, hasta el punto de reivindicarse por triplicado; que llevan a España en sus pulseritas rojigualdas, en sus bolsillos acaudalados, en sus ganancias inmobiliarias, en sus negocios turbios. Españoles con clase, que, además de patrimonio, se han hecho con la patente del negocio español, el más rentable; el que, en tiempos pasados, les hizo ganar una guerra contra la “anti-España” desarrapada.

Españoles que son los herederos de aquellos que fueron del “bando nacional”, una denominación de origen que las derechas han conservado con esmero hasta el presente. Tienen, por tanto, la ventaja de haber ganado, desde su victoria por las armas, una batalla cultural que nadie se ha atrevido a disputarle seriamente. Aun hoy, plumas progresistas se permiten hablar de la insurrección militar del 36 como de un “alzamiento nacional”. Y aun hoy, los historiadores siguen hablando de “los nacionales” para referirse a los sublevados contra la República.

Que España es, pues, de la derecha que lo amadrina parece algo incontestable y de puro sentido común entre una buena parte de nuestra sociedad; que también está comprando la idea de que España tiene que defenderse de sus enemigos. Antes eran los “rojos”. Ahora son los inmigrantes “que vienen a España a delinquir” y a quitarnos nuestra identidad; y están, además, respaldados por un Gobierno de izquierdas, que los regulariza, al precio de provocar un “efecto llamada” claramente perturbador.

Y en el pecado lleva la penitencia. Y ahí tenemos como prueba lo ocurrido en Ceuta, que, para el PP y Vox, puede ser el golpe de gracia a la etapa de gobierno de Pedro Sánchez. Y no están solos en este empeño. Porque tienen a su lado a toda la Internacional Reaccionaria, comandada por autócratas y señores de la guerra, como Donald Trump, Netanyahu y Putin, plenamente interesados en acabar con la “excepción española” en un panorama general de rapiña, desigualdad e involución democrática, al servicio de los oligarcas tecnológicos del planeta.

Donald Trump ya ha asegurado que utilizará Ceuta como argumento de campaña contra los demócratas en las elecciones de medio mandato en los Estados Unidos. No sería, por tanto, de extrañar que se implicara, igualmente, apoyando a los de Feijóo y Abascal, en las cada vez más cercanas elecciones generales españolas. Ya lo está haciendo, y con éxito, en las que se celebran por países latinoamericanos. Es lo que tiene la geopolítica envenenada que nos rodea: que no permite excepciones nacionales, por razonables que parezcan. Y no está el horno para defender el Estado de bienestar, los servicios públicos y los derechos políticos y sociales de la gente, poniendo así en peligro el omnímodo poder de los mercados.

Y todo eso forma parte de nuestra vida política. Hace ya mucho tiempo que la situación internacional ha dejado de ser algo exótico para nosotros. Forma parte integrante de nuestra realidad, de nuestro debate interno como país. De hecho, las próximas elecciones generales definirán el futuro de nuestra soberanía nacional; porque tendremos que decidir qué España queremos: la que se suma al medallero de Trump y se somete a los dictados y políticas que nos llegan de los amos del planeta; o la que aspira a mantener sus propias políticas de progreso económico y social. La España que dice “amén” a la involución general ultraconservadora que acecha al conjunto de Europa o la que aún sirve de referencia para recuperar los derechos humanos que la Unión Europea tiene que mantener si no quiere perder su alma. La España del patrioterismo cerril o la España real que avanza y que Europa no debe perder. Lo mejor de esa España que aún nos queda.

En 2020, Santiago Abascal presentó en redes la Carta de Madrid, un manifiesto que introducía el concepto de “Iberosfera” y denunciaba que la región estaba “secuestrada” por “regímenes totalitarios de inspiración comunista”, bajo el paraguas del Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Los primeros firmantes de aquella declaración de guerra cultural eran Javier Milei, José Antonio Kast y Eduardo Bolsonaro, hijo del entonces presidente brasileño Jair Bolsonaro y diputado.

Seis años más tarde, el V Encuentro Foro de Madrid fue inaugurado este jueves en Santiago de Chile por Milei y será clausurado por Kast, ambos convertidos en presidentes, cuando se cumplen seis meses del triunfo de la ultraderecha en las elecciones chilenas y a apenas un mes de los comicios en Brasil, en los que Flávio Bolsonaro (el hijo menor del expresidente encarcelado) se sitúa en una especie de empate técnico con Lula da Silva. De ahí que el evento se convirtiera en una exhibición de fuerza de la ultraderecha, que anuncia “una nueva era” en esa Iberoamérica que los ultras han ido conquistando elección tras elección.

Un Foro sin Abascal

Pero el gran impulsor del Foro, Santiago Abascal, no estuvo presente para sacar pecho de su iniciativa. El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, disculpó su ausencia señalando directamente al presidente español, Pedro Sánchez, al que acusó de cambiar la fecha de la comparecencia en el Congreso de Sánchez en un “intento de torpedear” el Foro “e impedir que su voz se escuche”.

Garriga no dudó en llevar la crisis de Ceuta al escenario de Santiago. “No es una llegada irregular más, es una invasión”, aseguró entre aplausos en el discurso de bienvenida. Más tarde, Javier Milei volvería sobre el tema para hablar de cómo Sánchez está, según el mandatario argentino, “facilitando la inmigración descontrolada y degradando sistemáticamente la identidad española”. “Les enseñan a los españoles a odiarse y a tener vergüenza de sí mismos, allanando el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos”, aseguró Milei, reivindicando la teoría conspirativa del Gran Reemplazo.

Las palabras más gruesas contra Sánchez llegarían poco después, también en boca de Milei: cuando decía que los políticos de izquierdas “solo quieren esparcir su ideología para volver a conquistar el poder sobre las arcas públicas, mientras mantienen a la sociedad civil esclavizada tributariamente”. “Y si no vean lo que hace Pedrito en España”, ejemplificó. Y fue más allá: “Está más sucio que una papa. Y bien que se ofendió, él y toda la gentuza que lo rodea, cuando le dije que era un gobierno de ladrones. Bueno, parece que los hechos lo confirman”, soltó Milei.

En mayo de 2024, Pedro Sánchez le pidió a Milei que rectificara tras llamar “corrupta” a su esposa, Begoña Gómez, en un acto de Vox. Su negativa acabó en incidente diplomático, con la retirada de la embajadora española en Buenos Aires durante poco más de cinco meses.

La ‘nueva era’ Latinoamericana

“Es una narrativa de éxito, y por supuesto estas redes buscan sacar partido de estos seis años y de cómo se han ido sucediendo las victorias en la región”, analiza Soledad Vallejo, autora del libro Los dueños de la libertad. Think tanks, dinero y batalla cultural: la estructura oculta del libertarismo en América Latina.

Para la periodista, es evidente que Milei intenta colocarse como un referente internacional, sobre todo porque sus índices de popularidad están bajando en Argentina. El libertario ha desplegado un discurso “versátil” que desborda su propia agenda para sintonizar con los pilares ideológicos de la extrema derecha internacional, sobre todo la europea. “Occidente está en peligro, pero poco a poco nos estamos despertando”, aseguró Milei, que presumió de deportaciones de migrantes irregulares, algo que no está en la conversación ni en las preocupaciones de la sociedad argentina, según el análisis de Vallejo.

La vicepresidenta hondureña, Diana Herrera, y representantes de la poderosa Fundación Heritage formaron parte de la programación del encuentro, en el que las principales voces de Vox fueron, además de Garriga, el diputado José María Figaredo –que recientemente ha hecho llamamientos a “cazar” inmigrantes en Ceuta, y el eurodiputado Hermann Tertsch.

El elefante Cerimedo

De lo que no se habló en el encuentro –al menos no ante los micrófonos– es del escándalo de la detención por intento de feminicidio de un viejo conocido de la ultraderecha latinoamericana: Fernando Cerimedo.

Diputados de la oposición en Chile, como Gonzalo Winter, han calificado públicamente al Foro Madrid como una “cumbre de clientes de Cerimedo”, debido a que el consultor ha diseñado las estrategias digitales, granjas de bots y campañas de desinformación de las principales figuras del foro, incluyendo a Milei, Kast y Jair Bolsonaro.

En todo caso, Chile se presenta como símbolo de la creciente fuerza de la ultraderecha en Latinoamérica, que se ha expandido desde el triunfo de Milei en 2021 a las recientes victorias de Kast y de Abelardo de la Espriella en Colombia. La agenda electoral de la región tiene otra fecha clave este año: el 4 de octubre se celebra la primera vuelta de las presidenciales en Brasil, el gran país gobernado aún por la izquierda, además de México. Las encuestas más recientes dibujan un escenario complicado para Lula Da Silva, que partía como favorito para la reelección. La distancia con Flavio Bolsonaro se ha ido reduciendo hasta llegar a un empate que pone en jaque la hegemonía del oficialismo.

La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Granada número 5 ha sobreseído la denuncia presentada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) contra el posible uso de armas extensibles durante los incidentes ocurridos durante un acto de Vox en las inmediaciones de la Catedral de Granada en el marco de la precampaña de las elecciones autonómicas del 17 de mayo. La instructora del caso argumenta que no se había notificado de forma oficial y de manera previa esta protesta, aunque la organización se haya desmarcado de cualquier responsabilidad en la convocatoria, y sin entrar a valorar la presencia de estos instrumentos.

En el auto, fechado el pasado 25 de agosto y adelantado por Público, señala que los hechos “no son constitutivos de infracción penal, habiendo quedado acreditada la falta de autorización administrativa previa para la concentración de la APDHA”. Una vez conocida la resolución, la asociación anuncia que recurrirá ante la Audiencia Provincial de Granada el sobreseimiento y critica que resulta “difícilmente comprensible” las razones esgrimidas por la jueza, ya que, como han reiterado en diferentes instancias, la entidad “no había comunicado ninguna concentración”. Por tanto, cuestionan que “esa circunstancia termine sirviendo para archivar una investigación sobre hechos completamente distintos”.

Además, en declaraciones a este medio, la APDHA insiste en que la protesta “no era ilegal, como parece dar a entender el auto”, en el que se describe que el juzgado requirió a la Subdelegación del Gobierno información sobre si la asociación requirió alguna autorización, una cuestión a que el organismo gubernamental responde negativamente.

“Reclamamos que se investiguen todas las conductas potencialmente delictivas con el mismo rigor”, subraya la APDHA con relación a la investigación a seis activistas, a los que se les imputaron delitos por desórdenes públicos y atentado a la autoridad aunque sostuvieron que mantuvieron una “actitud pacífica” y que los episodios violentos se dieron cuando los simpatizantes de la ultraderecha, junto a los miembros del equipo de seguridad que acompañaban a Santiago Abascal, avanzaron hacia la concentración que fue convocada de “manera informal” contra “los discursos de odio”.

“Hasta que se vayan”

Las imágenes grabadas durante la tarde del 16 de abril muestran cómo una serie de personas portan, presumiblemente, unas porras extensibles cuyo uso está prohibido entre la población civil. En el visionado, se observa cómo intentan golpear a los manifestantes que se encontraban en primera línea y que, seguidamente, fueron dispersados en una carga policial a causa del enfrentamiento entre los colectivos antifascistas y los votantes de Vox, que fueron arengados por Santiago Abascal para que los echaran del espacio público, pese a que ya había una valla separando a los dos grupos por motivos de seguridad.

“El Ministerio de Interior y la Delegación del Gobierno están permitiendo un acto de acoso contra este evento”, gritaba el dirigente a los asistentes, “y este acto no va a compenzar hasta que esos tipos sean expulsados y nos dejen desarrollar este evento en paz y en tranquilidad”. A lo que siguió el ultraderechista, “y si no son expulsados, vamos a caminar por esa calle, yo el primero, hasta que se vayan”. Momentos después, Abascal bajaba de la tribuna y se dirigía a la calle Pie de la Torre, saltándose el cordón policial para acercarse a la zona en la que estaban los protestantes antifascistas y, seguidamente, se retiró ante la escalada violenta del enfrentamiento.

Tras examinar el material audiovisual, la APDHA presentó una denuncia el 21 de abril en la que defendían que la manifestación se realizó de forma pacífica antes de que las declaraciones de Abascal “provocaran la alteración del orden y pertubaran el ejercicio del derecho de reunión”. Asimismo, reclamaban que se identificara a las personas que portaban las armas extensibles y, también, exigían que Vox identificara a la empresa y al personal de seguridad contratados para el mitin.

A raíz de lo ocurrido, la organización insiste en que la naturaleza de la convocatoria “no puede determinar si debe investigarse a una persona que aparece portando o utilizando una defensa extensible contra terceros”. Por ello, subrayan en que se requiere “una investigación efectiva antes de cerrar definitivamente la causa”.

Por otra parte, la Fiscalía de Granada archivó en julio la denuncia presentada por Podemos por el presunto uso de armas extensibles tras considerar que los hechos estaban siendo investigados judicialmente por las detenciones y diligencias hechas por la Policía. El partido presentó primero a la Junta Electoral de Zona otra denuncia, a la que Vox alegó que “desconocía quiénes son las personas que portaban las porras extensibles” y presumía que se trataba “de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que, vestidos de paisano y en uso legítimo de la fuerza, cumplían con su deber”.

EH Bildu ha dado comienzo al nuevo curso político este lunes en Pamplona, “la vieja capital de Nafarroa y Euskal Herria”, como la ha definido Arnaldo Otegi. El secretario general de la coalición abertzale ha reconocido que el 2027 estará marcado por los procesos electorales que, según ha alertado, podrían situar a la extrema derecha “gobernando en Madrid y en París”. Para evitarlo, ha insistido en que la prioridad de EH Bildu seguirá siendo “detener” al “bloque reaccionario” que en Madrid representan “Abascal y 'FeiVox'”.

“Los siete territorios pueden estar a no mucho tardar, en manos de gobiernos absolutamente reaccionarios. Por lo tanto, la primera prioridad es detener el avance del bloque reaccionario en el Estado español y en el Estado francés”, ha insistido Otegi, que ha apostado porque el bloque progresista “siga siendo mayoritario”.

El secretario general de EH Bildu ha asegurado que la formación que él lidera tiene una “singularidad” y es la de “fijar prioridades” y “no poner por delante el interés del partido al del país”. Por ello, ha insistido que harán lo que esté en su mano para que Feijóo no llegue a La Moncloa o Le Pen a la presidencia de la República francesa. También tratarán de evitar que UPN recupere la presidencia de Navarra tras 8 años de gobierno de la socialista María Chivite, cuyas dos investiduras fueron facilitadas por EH Bildu, que es a su vez socio presupuestario. “Si es por nosotros, UPN no va a gobernar”, ha aseverado.

Pese a que algunas encuestas sitúan ya a EH Bildu como segunda fuerza en Navarra, superando al PSN y solo por detrás de UPN, Otegi ha incidido en que “estar o no en el Gobierno” no es algo que les interese “en demasía” en estos momentos. “Lo que se juega la sociedad navarra es si hay continuidad de un gobierno progresista, que a nosotros nos gustaría que sea mucho más progresista y mucho más euskaldun y que hiciera políticas mucho más avanzadas en el terreno fiscal o de la vivienda, pero lo que está en juego aquí es si vuelve la derecha reaccionaria de Navarra o si se mantiene el bloque progresista”, ha afirmado.

“Hasta ahora hemos tenido unas fórmulas que se pueden repetir o no, ya veremos, pero la prioridad es que el bloque sume y nosotros vamos a contribuir a ese bloque, creo que con algún escaño más, ese es nuestro interés de partido”.

Sobre los casos de corrupción que salpican al PSOE, el líder de EH Bildu ha asegurado que está “a favor” de que se investiguen, pero ha señalado que además de presunta corrupción, también “hay casos de 'lawfare' claros”. “Por lo tanto, aquí lo que hay es un diseño no para hacer saltar el Gobierno de Sánchez, sino para obstruir una posible salida en términos democráticos a lo que no se hizo en el año 78. Esa es la batalla principal. Si se dieran casos de financiación de partido irregular evidentemente eso habría que sustanciarlo en términos políticos, pero si la alternativa a la corrupción del PSOE es la corrupción del PP ¿cuál es la salida? La independencia nacional de Euskal Herria”, ha apuntado.

Por último Otegi ha defendido la necesidad de las próximas elecciones sirvan para profundizar en el autogobierno. “El país tiene que dar un salto en materia de capacidades de decisión sobre todas las materias que afectan a la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven y trabajan en este país”. Para ello, ha considerado que debe haber “acuerdos entre diferentes” sobre tres cosas que ha considerado “básicas”. “Somos una nación, necesitamos herramientas con garantías para hacer políticas públicas diferentes, y el futuro de los vascos y las vascas tiene que depender de la voluntad democrática de los vascos y las vascas, en un proceso gradual, en un proceso acordado, en un proceso como se quiera definir”.

La crisis humanitaria provocada por la entrada de decenas de miles de personas desde Marruecos a Ceuta ha avivado el discurso racista y xenófobo de las derechas españolas, que compiten en soflamas que no distinguen edad, condiciones ni procedencia. PP y Vox han abundado desde el primer momento en mensajes deshumanizadores y en señalar a los migrantes como portadores de enfermedades, ladrones, invasores y violadores. Empujan también para que el Gobierno incumpla la ley con la “deportación” de los menores, mientras se oponen a acoger en las comunidades que gobiernan a 500 niñas que entraron solas en España.

“La inseguridad, el temor y el hartazgo de la ciudadanía es visible en cada rincón de esta ciudad”. “Miles de personas están vagando sin ninguna expectativa”. “Son los ingredientes adecuados para un problema serio de seguridad”. “Puede desembocar en graves incidentes”. “Tuberculosis, sarna y enfermedades infectocontagiosas”. “Ni mayores ni menores. Han de regresar todos. Y cuando digo todos, son todos”.

Son solo algunas de las frases pronunciadas por Alberto Núñez Feijóo durante su visita a Ceuta el pasado miércoles, pese a que los y las expertas sostienen que “los migrantes no traen enfermedades” sino que “las contraen por las malas condiciones en las que están” y recuerdan la flagrante ilegalidad que supondría devolver en bloque a los menores.

Otros portavoces del PP han abundado en una estrategia que pretende patrimonializar el miedo que sienten algunos de los habitantes de Ceuta ante la situación, con centenares de personas que sobreviven en las calles desde hace más de tres semanas ante la falta de recursos suficientes para todos. “Si sus hijos tuviesen que volver al colegio en Ceuta en septiembre, ¿usted les mandaría en estas condiciones?”, apuntó este mismo viernes el dirigente Juan Bravo.

Su aliado de Vox, Santiago Abascal, se ha expresado en términos similares desde el inicio de la crisis. “La corrupción socialista mata y la invasión migratoria promovida por Pedro Sánchez nos arruina, mata y trae crimen”, dijo en Ceuta. “No queremos violadores, los queremos deportados”, añadió, también sin diferenciar menores de mayores y pese a los impedimentos legales que existen.

Es la tendencia de ambas formaciones en las últimas semanas. El dirigente de Vox José María Figaredo pidió “cazar” a las personas que permanecen en Ceuta, e ironizó con los más de 100 muertos ahogados durante la entrada masiva al hablar de “pescar” a migrantes en el mar. Unas expresiones que le han valido una denuncia ante la Fiscalía. Ante el miedo a una condena, ha intentado justificarse, pero no ha rectificado.

Dirigentes de ambos partidos han competido en ver quién decía la frase más llamativa. El vicesecretario de Educación e Igualdad del PP, Jaime de los Santos, dijo que “criaturas” (en referencia a mujeres menores de edad) “han sido agredidas sexualmente en los centros sanitarios de la ciudad autónoma”. De los Santos reclamó “confinar” a estas personas, “que siguen deambulando poniendo en peligro a la población”. Su compañera Alma Ezcurra dijo que la del Trampolín “podría parecer que es una playa de Marruecos o una playa de Mali, pero resulta que es una playa española”.

Desde Vox, un senador extremeño fruto del acuerdo con el PP buscó referencias más lejanas al decir que las playas de Ceuta “recuerdan parajes propios de Haití en un país turístico como España”. Ángel Pelayo añadió que la ciudad vive “un ambiente de terror, especialmente las mujeres”, y advirtió de una “bomba epidemiológica”. En la misma senda, la responsable de Sanidad del PP, Carmen Fúnez, sostuvo que “está en riesgo la salud de todos los ceutíes”.

Los militares españoles desplazados a la ciudad han denunciado casos de sarna. Pero ellos mismos han señalado que se debe a “deficiencias graves” en la higienización de las bases donde han sido alojados. Desde el propio Ministerio de Defensa han desvinculado los contagios del contacto con personas migrantes porque ya había dos casos anteriores al 30 de julio.

“Pedir que se cumpla la ley no es ser racista”, se justificó Feijóo en Ceuta. “Pedir que se proteja la frontera no es racismo. Pedir que se identifique y se expulse a todos los que permanecen de manera irregular no es racismo. Pedir que los niños puedan andar seguros por sus calles no es racismo. Pedir que las mujeres puedan salir tranquilas y no con el miedo generado por 15 violaciones en los últimos días no es racismo”.

Los menores, principales señalados

Si algo diferencia la actual crisis de otras anteriores es la postura del PP ante los menores que han entrado solos en España. Este mismo viernes, Juan Bravo planteó expresamente la “deportación” de los niños, mientras sus gobiernos autonómicos son contrarios a acoger a 500 niñas que el Gobierno quiere trasladar a la Península.

La respuesta del Gobierno llegó desde la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, quien aseguró que hablar de deportar a niños y niñas es una barbaridad“ y que ”Feijóo se está sumando a las posiciones racistas de Vox“.

La gestión de los menores es especialmente molesta para el PP, que necesita de Vox para gobernar en comunidades y ayuntamientos. Según todos los sondeos, Feijóo también dependerá de Abascal si quiere ser presidente del Gobierno. En las últimas campañas, la ultraderecha ha alentado el miedo a estos niños con la difusión de bulos sobre ellos. En 2024, Vox rompió los primeros gobiernos autonómicos compartidos con el PP precisamente a cuenta de la acogida de menores migrantes.

En la nueva hornada de acuerdos de gobierno, el PP y Vox han dejado por escrito su oposición expresa al acogimiento de estos niños, pese a que la ley obliga a ello. De hecho, en plena crisis de Ceuta Extremadura se ha hecho cargo de cuatro menores procedentes de la ciudad autónoma, aunque sin relación con la entrada de finales de julio.

Esta semana, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, visitó Ceuta. Por la mañana, su vicepresidente, el ultra Manuel Gavira expresó que la Junta se opondría “por tierra, por mar y por aire”. Moreno, que ha cultivado un perfil pretendidamente moderado en los últimos años, no desdijo a su ‘número dos’. “Todas las ciudades de Europa se sienten atacadas”, dijo Moreno, quien preside el Comité de las Regiones de la UE. “Está en juego la defensa de Ceuta y Melilla y su población”, apuntó. Sobre los menores, se limitó a decir: “Tienen que volver al punto de origen”.

También la solución a la crisis que plantean ambos partidos es muy similar, y pasa por “militarizar” la frontera, así como permitir a agentes armados repeler las entradas de personas de forma irregular y cerrar el paso entre los dos países “de forma permanente”, en palabras de Abascal. O un “refuerzo permanente de la Guardia Civil y de la Policía Nacional”, como dijo Feijóo.

PP y Vox han señalado expresamente que el motivo de la “invasión” y de la actitud del Gobierno es que “Marruecos tiene informaciones y pruebas de Sánchez, de corrupciones y mafias que desconocemos”, en palabras del líder de la ultraderecha. El dirigente del PP Jaime de los Santos se preguntó: “¿Le tienen arrinconado [a Pedro Sánchez] porque poseen algún tipo de información privada que le dejaría en el peor de los lugares?”.

Para terminar el cuadro xenófobo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, señaló a las personas que han entrado en España como “terroristas”.

Pero Ayuso no se limitó a desgranar su discurso antiinmigración. También dejó una frase llamativa en una reciente entrevista que coincidió en el tiempo con las visitas de Feijóo y Moreno a la ciudad autónoma. “No se puede utilizar tampoco Ceuta como un escaparate”, aseguró en pleno escándalo por el ático que su Gobierno compró, supuestamente, como oficina temporal para ella misma y su equipo.

No hace falta que diga que no soy un buen patriota. Creo que se veía venir. Me limito a alegrarme de que en la lotería del espermatozoide más rápido me haya tocado nacer por estos lares. Si hubiera sido un poco más al sur —Cádiz, por supuesto— mi felicidad sería plena pero, puestos a nacer en algún sitio, no tengo queja. En España, en València, se vive la mar de bien. Así, no soy como esos a los que cantaba Víctor Manuel, que eran más de llevar a la patria en procesion. La tienen siempre en la boca, en la pulserita y, sobre todo y ante todo, en la cartera. Esos, más que abrazarla, lo que quieren es ordeñarla. Estos días han asomado la patita mientras yo, con mi escepticismo sobre banderas y fronteras, voy cual argentino tras el mundial: me duele la camiseta.

Solo hay que ver la reacción de algunos ante la avalancha de cerca de 50.000 marroquíes que han entrado como han podido —no todos, más de 60 muertos mientras escribo esto— en Ceuta. Para la gauche divine es una crisis humanitaria, y algo de eso hay, pero tiene más de Marcha Verde, un pulso contra España orquestado por el sátrapa Mohamed VI, con el beneplácito de EEUU y el aplauso de Israel. La otra explicación, la de los patriotas de toda la vida, es que es el ‘efecto llamada’: de repente, a 50.000 personas se les ocurrió a la vez que tenían que venir a España, que hay paguita para todos y si no tienes casa, o le compras el ático al novio de Ayuso o te pones a okupar.

Que los patriotas de Vox estén aprovechando el envite para agitar el avispero, no es de extrañar. La situación es tan dramática que a Abascal no le ha temblado el pulso a la hora de interrumpir cinco minutos sus vacaciones para lanzar espumarajos por la boca. “Hay un culpable directo, el jefe de la mafia”, dijo, para luego añadir que los recién llegados eran “hombres en edad militar llamados por el Gobierno corrupto de Sánchez”. Lo que de verdad sería noticia es que el líder de Vox, y presidente vitalicio de la fundación Disenso para asegurarse la jubilación sin dar palo al agua, dijera algo inteligente. Ni siquiera sorprende ya que sea más traidor que racista.

En todo caso, que vea más culpable a Perro Xánxez que a Mohamed VI tiene una explicación: el líder alauita es la palanca de EEUU e Israel para presionar a España y, Abascal, patriota de temporá, es la voz de su amo. Ya reconoció en su día que no creía que “Marruecos sea el enemigo. (…). Marruecos es una nación vecina con la que tenemos que intentar tener una buena relación basada en el respeto”. No será por el que nos tienen ellos, seguro. De Marruecos, ni el hachís: son el enemigo.

Feijóo ha sido más de nadar y guardar la ropa. No ha embestido contra el Gobierno pero ha preferido no mentar la bicha y sumarse a la descabellada hipótesis de la crisis migratoria espóntanea al calor de una sentencia del Supremo que no permite la devolución ‘en caliente’ de los que entren a nado (una ínfima minoría de los 50.000 que han entrado, dicho sea de paso). Del trasfondo geopolítico, el muy patriota no ha dicho nada. A su favor hay que decir que hasta Pedro Sánchez se ha tragado el sapo y, con un par, ha alabado la cooperación mostrada por Marruecos. Pues si llega a cooperar un poco más, ahora estaríamos comiendo cuscús.

Negar el papel de Estados Unidos e Israel en la crisis es de chiste. Solo hay que escuchar a Trump o recordar que, en abril, un informe del Congreso de EEUU calificaba Ceuta y Melilla como “territorio marroquí” y apoyaba los esfuerzos del secretario de Estado Marco Rubio en favor de Rabat. Israel, por su parte, apoya a su socio, que ha suscrito los acuerdos de Abraham y hasta le va a permitir instalar una base militar. De paso, nos hace pagar el apoyo a Palestina.

España ya se tuvo que tragar el sapo de la miserable traición al pueblo saharaui y a Argelia, dictadura amiga que no da problemas. El problema desaparecerá con Vox y el PP en el Gobierno, pero no porque lo solucionen, sino porque mientras hagan lo que el amo les diga, no hará falta usar a Rabat para presionar y las ganas por anexionarse Ceuta y Melilla dormirán temporalmente, el sueño de los justos. Un tiempo que nuestros patriotas podrán utilizar para pasear la banderita y hacer caja.

Los vicepresidentes autonómicos de Vox en Andalucía, Aragón, Castilla y León y Extremadura han afirmado sin pruebas en un comunicado conjunto que existen ONG que “colaboran con la invasión de Ceuta”, y han ordenado la suspensión inmediata de todas las ayudas públicas a esas ONG. Los socios del PP aseguran que revisarán minuciosamente los convenios, subvenciones y procedimientos administrativos en curso en sus comunidades. Señalan, además, que esta decisión responde al cumplimiento estricto de los pactos de gobierno alcanzados con el PP en estas cuatro comunidades.

Los gobernantes de ultraderecha dice tomar esta medida “obligados por la responsabilidad institucional, en defensa de la seguridad nacional, de la soberanía y de la integridad territorial de España”. Con esa misma retórica, esta mañana el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado la “debilidad” de la reacción del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la llegada de personas migrantes -a las que se refiere como “irregulares”- a Ceuta, y le ha exigido que defienda la “seguridad nacional” e “integridad territorial”.

Pero ha sido el portavoz nacional de los populares, Miguel Tellado, quien ha lanzado el mensaje más duro, vinculando la crisis humanitaria en Ceuta con la regularización extraordinaria del Gobierno: “A nadie puede sorprenderle que miles de personas quieran entrar en un país que regulariza a más de un millón de inmigrantes irregulares de un día para otro”, ha asegurado en su cuenta de 'X'.

Desde la cuenta oficial del PP, exigen medidas que se asemejan mucho a las de la ultraderecha. Demandan “la devolución de quienes han entrado ilegalmente” la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso. Reclaman “la tramitación inmediata y en lectura única de la reforma de la Ley Orgánica de Extranjería para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima”.

Sin embargo, ni son posibles esas “devoluciones” ni las personas llegadas a Ceuta podrán acogerse a la regularización: una reciente sentencia del Tribunal Supremo interpreta que la Ley de Extranjería no permite las “devoluciones en caliente” a los migrantes interceptados en alta mar cuando intentan acceder a nado a Ceuta y Melilla. Además, las personas que han cruzado a Ceuta no pueden acogerse al procedimiento extraordinario de regularización, cuyo plazo de presentación de solicitudes cerró hace un mes y que exigía, entre otros requisitos, haber entrado antes del 1 de enero de 2026 y haber vivido en España de manera continuada al menos cinco meses.

Exigen también un “despliegue masivo” de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la “comparecencia urgente” de Sánchez para que “informe de la situación que está produciendo este alarmante aumento de las entradas ilegales, de las medidas que piensa poner en marcha para garantizar la integridad de las fronteras de España y de la Unión Europea y para que dé explicaciones sobre la política de cooperación internacional del gobierno en materia de control migratorio”.

Las demandas de los populares se solapan prácticamente con las de la ultraderecha, que también exige el “cierre de la frontera, despliegue del ejército e identificación y devolución inmediata”, según han señalado en la cuenta oficial del partido. “La regularización masiva ha provocado una invasión de nuestra frontera”, ha afirmado Santiago Abascal en sus redes. “Cada puñalada y cada violación futura habrán sido importadas directamente por Sánchez”, ha añadido el líder ultra en plena crisis que ha dejado por lo menos 18 muertos que intentaban cruzar la frontera a nado.

Asimismo, la derecha ha señalado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, por sus críticas al Gobierno de la ultraderechista Giorgia Meloni que le han llevado convocar al embajador de Italia en España, Giuseppe Buccino Grimaldi, después de que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, haya propuesto el cierre del espacio Schengen por la crisis migratoria en Ceuta.

La vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo, la española Dolors Montserrat, ha reprochado a Albares que “confronte” con el Gobierno de Italia en plena crisis migratoria en Ceuta, tras la entrada en territorio español de miles de migrantes desde Marruecos. “Es una vergüenza que el primer 'tuit' del ministro de Exteriores de España en la crisis migratoria más grave de nuestra historia sea para confrontar con un país socio antes que explicar a los ciudadanos qué está haciendo para recuperar el control de nuestras fronteras y devolver a los 20.000 ilegales que han invadido nuestro país”, ha criticado en un mensaje publicado en la red social 'X'.

La dirigente del PP ha reclamado al jefe de la diplomacia española que “acabe ya con este escándalo internacional”. “Su incompetencia ya nos está saliendo demasiado cara”, ha advertido Montserrat.

La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también ha calificado de “absolutamente lamentable” que, ante lo que califica como “una invasión de miles de marroquíes violentando nuestras fronteras”, el mensaje de Albares contra el Gobierno de Meloni sea el “único” que “se ha dignado a poner el ministro de Exteriores en todo el día”. “Son unos traidores a la patria y no merecen un segundo más el puesto que ocupan”, ha indicado en una publicación en redes sociales.

Cayetana Álvarez de Toledo hace referencia a una posible operación orquestrada por Marruecos

La portavoz adjunta del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha comparado este viernes el papel de Sánchez en la situación actual en Ceuta con la Marcha Verde en 1975 a un Francisco Franco a punto de morir: “Marruecos aprovecha la agonía de un caudillo crepuscular para poner a prueba nuestra resistencia.”, ha escrito en su cuenta de 'X'. “Marruecos utiliza la presión sobre nuestras fronteras para explotar la debilidad del Estado español y condicionar sus decisiones. Ya lo hizo en 2021”, ha asegurado la diputada, alimentando la hipótesis de que esta crisis humanitaria podría haber sido provocada por el país africano y calificando la supuesta operación de “chantaje o coacción”.

Álvarez de Toledo ha vinculado la llegada de migrantes a Ceuta con una enumeración de causas de las que culpa al Gobierno, entre ellas, el abandono de España a su posición sobre el Sáhara Occidental y, al mismo tiempo la regularización extraordinaria: “Sánchez regaló el Sáhara sin autorización del Congreso. Se humilló ante Rabat. Menoscabó la relación con Estados Unidos. Debilitó a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Aprobó una regularización masiva que multiplica el efecto llamada, quiebra el consenso europeo e incendia la convivencia”.

Por su parte, Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, tampoco se ha abstenido en posicionarse sobre la crisis humanitaria en medio del escándalo por los áticos que afecta a la presidenta de la Comunidad de Madrid: “La invasión de España a través de Ceuta es una prueba más de la izquierda de Sánchez y la ultraizquierda de Sánchez para destruir España”, ha asegurado en la red social 'X'.

El Parlamento andaluz ha aprobado este miércoles la ideoneidad de los nueve candidatos propuestos por PP, PSOE y Vox como senadores por designación autonómica, que serán nombrados este jueves en el primer Pleno de la legislatura y el último de este periodo de sesiones. Cuatro serán populares, tres socialistas y dos de Vox (uno cedido por los de Juanma Moreno, tras firmar el pacto de Gobierno de coalición).

Este procedimiento solía ser un trámite pactado previamente por los grandes partidos, en el que los aspirantes elegidos por cada grupo comparecían ante la comisión parlamentaria de Nombramientos sin que el rival político les cuestionara ni les hiciera preguntas incómodas.

Pero no ha ocurrido así hoy, sobre todo con los candidatos propuestos por Vox, en especial cuando ha llegado el turno de Álvaro Zancajo, que está siendo investigado por la Oficina Andaluza contra el Fraude por supuesta incompatibilidad de su puesto como miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y su rol de jefe de comunicación del lider nacional de Vox, Santiago Abascal.

Adelante Andalucía es quien interpuso esa denuncia hace meses y hoy su portavoz, José Ignacio García, llevaba preparadas las preguntas para zamarrear a Zancajo. También el PSOE y Por Andalucía cuestionaban públicamente su designación para el Senado, partiendo de una “incompatibilidad manifiesta” por su papel en la RTVA, donde ha cobrado un sueldo público de 60.000 euros los últimos cuatro años.

Sin embargo, ha sido el propio Zancajo quien ha admitido en su exposición inicial que siendo miembro del Consejo de Administración de Canal Sur ha estado “trabajando para Vox”, porque fue designado “a propuesta de Vox”.

En la breve presentación de su experiencia profesional ha terminado diciendo: “Luego comencé a trabajar aquí, de nuevo, en Andalucía, en Vox. Primero como responsable de comunicación en la campaña electoral de hace cuatro años y después como responsable de comunicación del grupo parlamentario Vox en Andalucía de la mano del entonces portavoz, Manolo Gavira, actual vicepresidente de la Junta. Posteriormente, como saben, seguí trabajando para Vox, volviendo a la Radio Televisión Pública Andaluza como miembro del Consejo de Administración de la RTVA, de Canal Sur, a propuesta de Vox y, por tanto, trabajando para Vox”.

Esa incompatibilidad -trabajar para un organismo público designado por el Parlamento andaluz y, a la vez, para un partido político- es lo que está investigando ahora la Oficina Antifraude. Lo que ha declarado hoy Zancajo ante la comisión de idoneidad de la Cámara no encaja con lo establecido en el artículo 15.6 de la Ley que regula la agencia pública empresarial de la RTVA: “La condición de miembro del Consejo de Administración y de representante de los trabajadores en este es incompatible con cualquier vinculación directa o indirecta con empresas publicitarias, editoriales, periodísticas, de telecomunicaciones, informáticas, de servicios de la sociedad de la información, empresas cinematográficas y agencias y gabinetes de prensa, con empresas de producción de programas, discográficas o con cualquier tipo de entidad relacionada con el suministro o la dotación de material o de programas audiovisuales, servicios conexos e interactivos a la RTVA o a sus sociedades filiales y con todo tipo de prestación de servicios o de relación laboral en activo con la RTVA o con otras entidades de radio y televisión de cualquier tecnología y ámbito de cobertura, salvo la laboral que el representante de los trabajadores ya tuviera con la RTVA al adquirir tal condición”, reza la ley.

Y remata: “Los miembros del Consejo de Administración estarán sometidos al régimen propio de las incompatibilidades de los altos cargos de la Administración de la Junta de Andalucía. Asimismo, serán incompatibles con la condición de Diputado o Diputada del Parlamento de Andalucía”.

El consejero designado por Vox en la RTVA no es el único que compagina su puesto, con salario público, con el trabajo que realiza para su partido político. También lo hacen los miembros designados por el PP y por el PSOE, aunque no se han dejado ver públicamente en cada comparecencia de su líder ante los medios, como hizo Zancajo acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León. Él es el único denunciado por incompatibilidad ante la Oficina Antifraude.

“Un fraude a los andaluces”; “un currículum brillante”

La declaración de Zanjado en la comisión parlamentaria ha soliviantado aún más a los portavoces de los grupos de izquierda. El socialista Mario Jiménez ha calificado su designación como senador por la comunidad como “un fraude a los andaluces” y ha añadido: “Veremos si más adelante no es este Parlamento el que le quita la idoneidad, sino otra instancia política porque usted hoy clara y abiertamente ha hecho una manifestación pública que constará en el acta de esta comisión de un caso flagrante de incompatibilidad manifiesta”.

La notificación de la admisión a trámite de la denuncia de Adelante Andalucía contra Zancajo ante la Oficina Antifraude es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato de Adelante Andalucía ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

García le ha preguntado hoy si se marcha al Senado para “evitar” la investigación que pesa sobre él y Antonio Maíllo, portavoz de Por Andalucía, también ha denunciado la incompatibilidad de su puesto en el partido con la RTVA, añadiendo que tampoco “tiene en absoluto la idoneidad para representar a esta comunidad”.

El diputado de Vox Ricardo López Olea ha reprochado a las izquierdas que traigan asuntos “ideológicos” a esta comisión y ha defendido que Zancajo es un “profesional brillantísimo”, por eso recibe los “ataques” de la oposción. El candidato al Senado de la ultraderecha no ha respondido a las preguntas de estos grupos, que ha calficado de “campañitas” y “falsos relatos” de la izquierda. “Esto no tiene absolutamente nada que ver con el objeto de esta comparecencia”, ha sentenciado.

El Parlamento también ha aprobado, sin unanimidad de los grupos, la idoneidad como senadores del expresidente del PP andaluz Javier Arenas, de los exsecretarios generales del PSOE andaluz Juan Espadas y Susana Díaz, expresidenta de la Junta; de la abogada María Pastor, a propuesta de Vox, que desde abril dirigía la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla con un discurso abiertamente antiabortista; y los populares Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré (diputados autonómicos en la anterior legislatura).

Ante la comisión consultiva de nombramientos sólo tienen que comparecer los candidatos que no sean diputados del Parlamento andaluz, lo que excluye de este trámite a Jesús Aguirre --parlamentario por Córdoba--, y a María Jesús Montero, con escaño por la provincia de Sevilla.

El actual miembro del Consejo de Administración de la Radio Televisión Andaluza (RTVA) Álvaro Zancajo y la directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla, María Pastor Pérez-Angulo, serán los senadores de Vox en representación de la comunidad.

Zancajo, investigado por la Oficina Antifraude después de que se admitiera la denuncia presentada por Adelante Andalucía, compagina su puesto como director de comunicación del partido de ultraderecha con el percibimiento de un sueldo público de 60.000 euros correspondiente al Consejo de Administración de RTVA. Por tanto, los andalucistas le acusaban de “no cumplir con el reglamento de incompatibilidad” debido a sus funciones en el acompañamiento y asesoría a Santiago Abascal.

Vox ha registrado este lunes el escrito proponiendo a Zancajo como senador en representación de la comunidad y, en el documento que ha tenido acceso este medio, Zancajo declara que “cumple los requisitos exigidos” en la ley y, a su vez, admite que “no se encuentra incurso en ninguna causa de incompatibilidad”.

De acuerdo con los resultados de las elecciones autonómicas del 17 de mayo, al PP-A le correspondían cinco senadores; al PSOE-A, tres, y a Vox, uno, como en la anterior legislatura. No obstante, el PP-A se quedará finalmente con cuatro porque cede uno a Vox, en virtud del acuerdo de gobierno suscrito por ambas formaciones. El plazo para la presentación, en el registro del Parlamento andaluz, de propuestas a senadores en representación de la comunidad en la XIII legislatura ha finalizado este lunes.

Propuesta del PP

Por otro lado, Vox contará como senadora con María Pastor Pérez-Angulo, que ha sido candidata del partido en listas a autonómicas, municipales y generales y que actualmente ejerce como directora de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

Este nombre no ha sido registrado formalmente por Vox, sino que lo ha hecho el PP-A en su propuesta de cinco senadores, de los que uno es cedido a dicha formación. En la anterior legislatura Vox contaba con Paloma Gómez como senadora por la comunidad.

“Ustedes, que tienen tiempo aún, no caigan en la trampa. La ultraderecha vino a destruirlo todo, eso es así, yo vengo del futuro, de un país donde el presidente incluso puso en venta el agua. Ya no solo defendemos el cine, tenemos que defender el agua. Que no les pase a ustedes”. La actriz Dolores Fonzi recogía su Goya a la Mejor película iberoamericana por Belén en la última edición de los premios de la Academia haciendo un grito de aviso. Ella, una de las figuras más importantes del cine argentino como actriz, directora y productora, ha vivido en primera persona cómo, desde la llegada de Milei, el Gobierno se ha encargado de destruir el cine argentino, desmantelando su instituto de cine, dejándoles sin fondos y con una campaña de ataques y desprestigio para colocar a los ciudadanos en su contra.

Las palabras de Dolores Fonzi resonaron hace poco como un eco cada vez más cercano en el Congreso de los Diputados cuando, en el debate sobre la Ley del Cine, Vox defendía su enmienda a la totalidad con ataques al cine español. Les acusaba, de nuevo, de “subvencionados”, de “tirar el dinero de los españoles” y de ser una “máquina de propaganda”. Nada nuevo. La derecha lleva alentando el odio al cine español desde el No a la guerra, y la llegada de Vox solo ha servido para tensar más la cuerda. Solo hay que recordar al vicepresidente de Castilla y León llamando “señoritos” al cine español en la previa de los Goya de 2024, o ese “bomba fétida” que soltó el diputado de Vox Antonio Martínez para definir nuestro cine.

Sin embargo, las palabras que más miedo causaron en todo el hemiciclo fueron las que ya directamente remitían a lo que harían si es que llegaban al Gobierno: “Quitar administración y aquellos servicios que no sean esenciales”. El propio Ministro de Cultura reaccionó y le preguntó directamente a Robles López, de Vox, si tal como había entendido, defendían “la eliminación prácticamente del INCAA llevada a cabo por el señor Milei”. Luego le preguntó directamente si ellos eliminarían el INCAA cuando estuvieran en el Gobierno. Lejos de rectificar, matizar o aclarar, Robles López contestó con una amenaza mayor: “Eliminaríamos el Ministerio”.

También desde el futuro, la periodista de elDiario.es desde Buenos Aires Mercedes López San Miguel explica cómo se fue forjando la destrucción del cine argentino desde antes de que Milei llegara al poder. “Milei hablaba de 'librar una batalla cultural' además de política en la precampaña y tenía y tiene un trato despectivo hacia figuras de la cultura, cuando las identifica con ideas de izquierda, progresistas. Por ejemplo, el enfrentamiento que Milei mantuvo con la cantante y actriz Lali Espósito, una de las artistas más populares del país. Una de las prioridades del presidente ultraderechista en sus primeros meses de gestión fue lo que llamó ‘desarmar el Gramsci Kultural’, un juego de palabras entre el teórico marxista italiano y el kirchnerismo, la fuerza política peronista que gobernó gran parte del siglo XXI”, recuerda la periodista.

Lo que ocurriría en España

Un vistazo a lo que pasó en Argentina hace temer lo que ocurriría en España. La primera amenaza seria allí llegó en agosto de 2023, cuando en plena campaña, Javier Milei amenazó con cerrar el INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales) en caso de ser presidente, alegando que genera déficit, y “por lo tanto, no debería existir”. En una entrevista televisiva, un periodista le preguntó: “¿Vas a hacer una auditoría del INCAA?”. El ultraderechista le contestó: “Lo vamos a cerrar, igual que la Televisión Pública, igual que Télam (la agencia estatal de noticias Télam”. Se refería a la agencia más grande de América Latina, fundada en 1945 y que, como recuerda López San Miguel, “efectivamente dejó de existir como agencia de noticias”.

Ahí lanzó una mentira que caló en la gente: que el INCAA era deficitario. “El INCAA es un ente autárquico público, se autofinancia, es una falacia del Gobierno ultra decir que solo se sostiene con los impuestos de la ciudadanía, el engaño es decir que el Estado se iba a ahorrar gasto. El INCAA tiene a su cargo la gestión del Fondo de Fomento Cinematográfico cuyos ingresos se componen de: 10% de la venta de entradas de cine; 10% de la comercialización de videogramas y 25% de la recaudación de la ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) en concepto de gravamen a la facturación de los canales de TV y servicios de cable”, explica Mercedes López San Miguel.

La industria del cine argentino está paralizada; antes daba trabajo a más de 600.000 personas, ahora no hay producción

Ana García Blaya — Cineasta

Pero caló y cumplió su promesa. Cuando Milei llegó al poder colocó al frente del INCAA a Carlos Luis Pirovano, “un economista sin ninguna experiencia en el rubro audiovisual” que “avanzó en el vaciamiento del INCA con despidos, un plan de retiros voluntarios, la eliminación de casi todos los planes federales, paralizó su actividad y dispuso un cambio radical en las reglas de juego para el financiamiento a la producción”. “Si hasta ahora el 50% de los ingresos del INCAA se dedicaba al fomento de películas, ahora solo se destina el 20% del total. Además, para aspirar a cualquier apoyo o subsidio del INCAA, una productora debe demostrar que posee de antemano el 50% del financiamiento, cuando hasta ahora el aval del INCAA servía como punto de partida para luego buscar dinero de coproductores y fondos del exterior o concretar alguna venta adelantada a un streamer”, analiza la periodista. Estas condiciones hacen que casi ninguna producción pueda optar a una ayuda pública.

Su compañero Diego Batlle, periodista argentino experto en cine, añade que no solo recortó las ayudas a la producción, sino también “cerró casi todos los planes de fomento y apoyo a festivales y actividades en las provincias, fuera de Buenos Aires, o la escuela de cine, que depende de ellos”. “Los que quedaron son unos pocos concursos, muy limitados y difíciles de ejecutar. Básicamente, cerró todo lo que es el sistema de subsidios y quedó el cine argentino muy desfinanciado”, añade.

Las consecuencias ya se notan. Y no han sido positivas. No se ha fortalecido un cine industrial y el cine medio ha desaparecido. “La producción está paralizada; solo las grandes productoras o quienes trabajan con plataformas pueden seguir”, dice Mercedes López. La directora argentina Ana García Blaya añade que “la industria del cine argentino está paralizada; antes daba trabajo a más de 600.000 personas, ahora no hay producción”. “Los concursos del INCAA no alcanzan para filmar y solo unos pocos proyectos avanzan, pero la mayoría no se realiza. La gente del sector busca otros trabajos porque ya no hay industria ni oportunidades laborales en el cine”, subraya, mostrando cómo se ha fulminado una industria.

La solución, como explica el cineasta Fernando Salem, pasa por producir con plataformas: “Hoy, la única forma de producir es a través de plataformas o fondos extranjeros, lo que lleva a una colonización cultural. Hoy creo que la única forma de contar nuestras historias es por plataformas o de una búsqueda de fomento de países extranjeros. Porque todos los países fomentan su propio cine”.

El ejemplo más claro lo coloca en la mesa Diego Batlle, que cita la nueva película de Damián Szifrón, autor de una de las películas más taquilleras de la historia del cine argentino, Relatos Salvajes, financiada con apoyo público y producción privada y que ha rodado con Netflix, al igual que Santiago Mitre, director de Argentina, 1985. “Los directores más consolidados que todavía pueden filmar, lo hacen directamente con financiamiento de Netflix o en algunos casos de Amazon Prime Video. Está pasando también con las series, no se está produciendo”, confirma.

Pero lo que cree que realmente ha muerto es “el cine intermedio, el cine industrial de autor que se hacía con los sindicatos y que era el cine de mayor riesgo financiero”. Quedarán películas como Homo Argentum, de Cohen y Duprat, cineastas que han sido muy críticos con el INCAA y que han sido tomados como representantes del cine que quiere que haya el Gobierno de Milei. Su Homo Argentum fue vista por dos millones de espectadores. El propio Milei alabó la película y se jactó de que no había tenido ayuda pública, algo que se demostró finalmente falso.

En cinco o seis años no vamos a tener una producción de películas nacionales

Fernando Salem — Cineasta

Batlle también confía en que seguirá rodándose lo que él llama “cine de guerrilla, cine ultra independiente, que nunca se hacía con apoyo del INCAA, que no se hace con los sindicatos y que se hace de manera autogestiva, en cooperativa”. También lo harán cineastas como Lisandro Alonso o Benjamín Naishat, cuyas nuevas películas tienen todo el dinero extranjero, lo que provoca lo que ya se está definiendo como una nueva fuga de cerebros, con “muchos técnicos que se están instalando en México y en España”.

Se ha elaborado, además, una narrativa que también lanzó el diputado de Vox en el Congreso: que las películas argentinas no interesan y no tienen espectadores. Eso, para Fernando Salem, es “el argumento de Pirovano para no ejecutar el presupuesto del Fondo de Fomento”. “Como si se pudiera medir el éxito de un film por la cantidad de gente que la va a ver. Los realizadores y las realizadoras necesitan que el Estado les permita hacer sus primeras películas, que después son las que se visibilizan en festivales, y los directores y directoras terminan dirigiendo en Netflix, en Amazon. En cinco o seis años no vamos a tener una producción de películas nacionales”, augura con pesimismo.

“Antes se filmaban un promedio de 200 películas por año y ha bajado a 0 este año. En el primer año de este Gobierno se firmaron unas 24 películas y eran proyectos aprobados en gestiones anteriores. O sea, lo que sucede es que ya no hay industria del cine. No es una fuga de cerebros, lo que hay es una fuga laboral, o sea, gente dedicándose a otras cosas porque no hay trabajo. Las posibilidades de producción que antes ocurrían en Argentina se van a otros países”, zanja Ana García Blaya. Ellos vienen del futuro. Comenzaron oyendo amenazas como las de Vox, y ahora avisan sabiendo las consecuencias de colocar a la extrema derecha a gestionar el patrimonio cultural de un país.

El que fuera secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha solicitado este viernes a la Mesa del Congreso su baja como diputado del grupo parlamentario de la formación ultraderechista. Ortega Smith se incorporará de manera inmediata al grupo mixto, por lo que mantiene su acta parlamentaria, mientras Vox pasa a contar con 32 diputados.

Así lo ha desvelado el propio Ortega Smith en un mensaje en la red social X, en el que acompaña el escrito enviado a la Mesa, además de una carta dirigida al presidente de Vox, Santiago Abascal, en la que le comunica la “dolorosa determinación” de poner fin a su etapa como diputado nacional de Vox.

El paso al grupo mixto se trata de “una de las decisiones más dolorosas de mi vida”, asegura Ortega Smith en la misiva remitida a Abascal. En dicha carta, el ex número dos de la formación de extrema derecha confiesa que se marcha con la “tristeza” de dejar un grupo que ayudó a fundar hace una década, con un “desgarro interior” y “profundamente decepcionado”, pero también “con la conciencia tranquila”.

Asimismo, el diputado denuncia que el partido “está secuestrado por la inamovible cúpula dirigente” y que esta ha traicionado los valores y principios fundacionales de la formación. Ortega Smith también lamenta los meses de “fulminantes e injustificada ceses” sufridos internamente, y acusa a la dirección de utilizar la “implacable maquinaria” del partido para etiquetar como “disidentes” a quienes cuestionan el rumbo actual.

No obstante, el ex número dos de Vox afirma que conserva intacto el cariño hacia los afiliados, que no romperá su carné como número 6 de afiliado y que se siente más cerca de los principios fundacionales que de la estructura política vigente. “No he sido yo el que se ha movido”, afirma Ortega Smith, que dice marcharse tras haber llegado a la conclusión definitiva de que no hay posibilidad de cambiar el partido desde dentro.

Como nota a pie de la misiva, indica que su carta se basa en la que el propio Abascal envió el 24 de noviembre de 2013 al entonces presidente del PP, Mariano Rajoy, cuando decidió abandonar las filas populares.

Ortega Smith deja el grupo parlamentario de Vox tres meses después de haber sido expulsado del partido por haber cometido una infracción grave al negarse a cumplir la orden la dirección del partido que le obligaba a dejar de ser portavoz en el Ayuntamiento de Madrid.

Al Mundial se le ha sumado un conflicto diplomático por culpa de un expresidente reconvertido en columnista futbolero. España, como siempre, no te la acabas. Podría pensarse que la indignación francesa ha sido unánime, pero conviene atender a sus matices. En 2010, cuando le preguntaron a Marine Le Pen cuál era su parecer respecto a la selección francesa y si consideraba que esta se parecía a Francia en sí misma, respondió, sin pelos en la lengua, que digamos:

“No, sinceramente, no lo creo. Y no soy la única. No soy una especialista en fútbol, pero hay un jugador de fútbol cuyo nombre se me escapa que decía que se usaba el fútbol para intentar dar esperanza a los franceses de origen inmigrante. Con eso se deja de lado a los franceses de origen francés. ¡Este equipo no representa a Francia! No lo apoyaré. El dinero que rezuma esta gente, la sensación de un dinero ganado con facilidad… Unas veces son representantes de Francia cuando están en el Mundial, otras veces son representantes de otro país, de otra nacionalidad. Los valores que transmiten no son los valores de Francia. Si se comportaran correctamente, si de vez en cuando hablaran de patriotismo, si no se negaran a cantar la Marsellesa, si no los viéramos envueltos en banderas de otras naciones que no son la nuestra, quizá las cosas cambiarían”.

El Frente Nacional de 2026 no es el mismo de 2010, aunque lleve el mismo apellido. Al proceso por el que ha pasado lo llaman, en Francia, dédiabolisation: ha costado mucho que Le Pen no suene a la encarnación misma del mal, pero lo ha ido consiguiendo, volviéndose poco a poco, en su discurso, una ultraderecha de rostro más amable, más humano. No quita para que, en mayo de este mismo año, cuando Mbappé expresó su preocupación ante la posibilidad de que ese partido llegara a la presidencia, el delfín de Le Pen, Jordan Bardella, respondiera denigrando al jugador.

Los franceses tienen toda la razón al ofenderse por las palabras de nuestro expresidente, Mariano Rajoy, cuando este afirma que “Francia tiene un muy buen equipo, pero sin franceses”. Más difícil es pensar que Francia represente, frente a España, un modelo más diverso, más libre o más progresista; sobre todo cuando, en las presidenciales de 2027, quien parte como favorito, por mucho, es el partido de Le Pen. La que no apoyaba a la selección.

El problema de este Mundial, para España y para Francia, es que no hay historia de victoria para ninguno de los dos equipos que no esté protagonizada por los hijos de migrantes, por la herencia de la historia colonial de ambos países. La contradicción es productiva porque pone ante el espejo a nuestras extremas derechas y a sus culturas, tantas veces asociada a lo más cazurro y machista del fútbol: no hay hoy orgullo nacional con la selección si no es orgullo de una nación diversa, sin estándar de pureza étnica o racial. No hay victorias para España si no llevan por bandera la pertenencia a barrios obreros o la solidaridad con Palestina, no hay conquistas francesas que no carguen con un pasado que algunos de sus políticos repetirían encantados.

Suerte, con eso, que nuestros jugadores no tengan que entonar la letra de himno alguno. El reproche de Rajoy a la selección francesa por “no tener franceses” bien podría haberlo dirigido a la española: ¿habría sido entonces la misma la indignación o las victorias culturales de Vox, en su odio a los diferentes, habrían podido más, torcido el brazo de la batalla cultural? ¿Podrían quedar Rajoy y Le Pen a ver las semifinales? ¿A qué equipo apoyaría cada uno, y cómo justificarían sus incongruencias? ¿Celebrará Abascal desde su casa los goles de Lamine Yamal, aunque tal celebración ponga de manifiesto su incoherencia?

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paguitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

Una patera llegó a Europa hace años, ya no recuerdo el lugar. En ella viajaban una docena de jóvenes subsaharianos y un niño. La cooperante de la Cruz Roja pregunta a los adultos por el crío; todos se encogen de hombros negando con la cabeza: no es su hijo. La cooperante toma de la mano al chaval y se lo lleva para entregarlo a los servicios sociales. De repente, el niño se zafa y corre para abrazarse, llorando de desesperación, a las piernas de uno de los pasajeros, su padre. Consciente del destino que les espera, el padre se desprende del hijo en un arrebato de impotencia, a puro manotazo: ¡no te conozco, aléjate!, solloza entre patadas. Ignoro el destino del niño. Es posible que, como otros muchos, haya ido dando tumbos entre unas autoridades provida que les cierran las puertas, que se niegan a acogerlos, que se tapan la nariz para barrerlos a la comunidad vecina como residuos tóxicos. Es posible que hoy, tras pasar por los orfelinatos de desamparados de media España, este moderno Oliver Twist vagabundee por los parques madrileños, soportando a la intemperie que las brigadas de limpieza de Almeida (que tratan a las personas como suciedad) le arrebaten sin previo aviso los cartones y la ropa pero le dejen la miseria y el dolor.

Por eso, ahora que estamos hablando de la ley del concebido y no nacido que planea Feijóo, cediendo una vez más la iniciativa a la ultraderecha de Ayuso, resulta inevitable traer al debate al nacido no concebido, al niño que ha nacido, que vive y se encuentra entre nosotros pero a quien no vemos, a quien somos incapaces de concebir como miembro existente de la sociedad porque nació en la pobreza de un país lejano. Sofocados en este hedor de xenofobia, a estos niños no los concebimos ya como seres humanos. Con esta advertencia previa, ahora podemos hablar de la ley de Ayuso que propone copiar Feijóo.

En estos tiempos que corren, el derecho parece un arma de charlatanes, pero dejadme reivindicarlo como lo que realmente es: una ingeniería de letras, un reducto de saber científico con una clara vocación técnica. Y quizás el primer mandamiento jurídico imaginable, trasladado desde la escuela eleática, sería este: lo que es, es; lo que no es, no es. Una persona es una persona, y lo que no es una persona, no lo es. Esto no es una opinión, es una evidencia científica y, por tanto, jurídica. Pero cuando millones de personas son incapaces de convencerse, de querer aprender que el dióxido de carbono causa un efecto invernadero, para así quedarse impávidos ante la destrucción del planeta, ¿qué verdad los convencerá?

La Comunidad de Madrid anuncia su pretensión de convertir al concebido no nacido en un miembro más de la unidad familiar; esto no parece técnicamente viable y las noticias de prensa no apuntan en esta línea. La ley contemplará, es cierto, beneficios y ayudas en favor de quienes estén esperando un hijo. Nada habría que oponer al respecto, más allá de lo extraño de entender que una mujer embarazada de gemelos pudiera ser, siendo una y ella sola, familia numerosa. ‘Soy numerosa, inmensa, ¡contengo multitudes!’, podría recitar con Whitman. Habrá de recordarse que, de manera tradicional, los beneficios en favor de las familias numerosas han tenido en España un efecto fiscalmente regresivo, al conceder a matrimonios pudientes con hijos ayudas que sería más justo conceder a matrimonios humildes sin ellos.

En fin, tratar de aumentar la natalidad dando dinero a las mujeres ha tenido históricamente un recorrido de éxito muy matizado; confiar en estas medidas, despreciando otras de calado vinculadas al trabajo y a la vivienda, no ofrece motivos para la esperanza. Es cierto que vivimos en un mundo capitalista, pero no todo se soluciona dando dinero a la gente.

La ley concederá ayudas a las mujeres gestantes pero no al feto. En teoría no podría hacerlo porque, como digo, lo que no es, no es: quien no ha nacido no es persona, ni tiene por tanto los derechos propios de tal. El Código Civil nos lo recuerda en su artículo 30, cuyo texto original, por cierto, mantuvo hasta hace poco el terrible recuerdo de las hambrunas decimonónicas y de la posguerra española, tan rápidamente olvidadas. Y es que era tanta la mortandad infantil que sufrió históricamente nuestro país, que hasta la reforma de 2011 había que esperar a que el niño superara las veinticuatro horas de vida para tenerlo por nacido. Por fortuna, aquel viejo precepto se cambió y hoy establece con claridad que la personalidad se adquiere en el momento del nacimiento con vida. Antes, existe un feto, un embrión, un óvulo fecundado, pero no existe un hijo. No es persona todavía.

Se ha reiterado hasta la saciedad la vieja etimología de la palabra persona, referida a la máscara que los actores del teatro clásico portaban en escena para hacer sonar (per sonare) sus voces sobre la grada. Solo el nacimiento nos convierte en actores de la vida social, entendido como seres con voz, receptores de derechos y obligaciones. Y solo el fallecimiento nos priva de estos derechos. No es persona quien no ha nacido, como no lo es quien ya ha fallecido.

El problema es la ideología que subyace tras la iniciativa. Como digo, es probable que la ley tenga un recorrido material escaso y una repercusión limitada a la concesión de unas ayudas concretas; lo grave es lo que subyace en la sombra que, como es habitual, ronda Miguel Ángel Rodríguez. En un tuit propio de su catadura sugiere que “según termina de fecundar (sic, habrá querido decir según termina de ser fecundada), antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos”. No aclara la relevancia jurídica de la ducha en este debate pero, más allá de la tontuna, es que no es cierto: el óvulo fecundado no es persona, ni antes ni después del bautismo salvífico del baño. El óvulo forma parte integrante de la mujer; no tiene relación con nada al margen o fuera del útero donde se halla. Por eso, dar derechos propios de personalidad al óvulo solo se puede hacer concediéndoselos frente o en oposición a la mujer que lo porta, quitándole derechos a ella para dárselos al gameto fecundado. Y en esa batalla de balanzas estamos: la ley nos aclara que mientras que el feto no alcanza un determinado nivel de maduración, la mujer conserva la gestión de su destino y puede interrumpir su embarazo. Con estas iniciativas, más allá de dar ayudas a la escolarización, la ultraderecha pretende mover el marco de esta balanza y lanzar un mensaje a las mujeres: no te has duchado todavía y ya has perdido derechos.

De todas formas, no nos engañemos. Quienes promueven esta ley son los mismos que han urdido la miserable noción de la prioridad nacional; los mismos que reniegan de los niños extranjeros a quienes dejan sin lugar ni futuro. La ley que Feijóo impulsó en Galicia en 2011 se basaba en una “gravísima retracción de la natalidad y un alarmante envejecimiento de la población”. Sin embargo, la Comunidad de Madrid aumenta de población año tras año y se encuentra entre las comunidades menos envejecidas; la razón de la ley no está ahí. Estos impulsos ‘pro natalitate’ se plantean ideológicamente como una inquietante solución a la teoría del ‘gran reemplazo’ con la que la ultraderecha disfraza su racismo de aporofobia. De lo que se trata, en definitiva, es de que la gente de bien y orden siga fecundándose entre sí; así que ya se las apañarán estos fieras para reconducir las ayudas y que no sean aprovechadas por orantes a falsos dioses y gente de fuera. Como hemos visto en la concesión de abonos de transportes (ya ven la rapidez con que la prioridad nacional se convierte en prioridad regional), tal vez el mecanismo para esta discriminación sea la gestión del empadronamiento, o algún otro artilugio semejante, que negarán a los infieles más prolíficos, convertidos en sujetos no prioritarios.

Hace ciento noventa años la sociedad inglesa dirigió su mirada a un niño abandonado en un hospicio parroquiano y se reconoció horrorizada. Mucho me temo que, dirigidos en la Comunidad por un gobierno provida que insulta a los niños extranjeros, convirtiéndolos en no-seres tras un acrónimo burlesco, hoy no nos reconoceríamos como sociedad si Dickens escribiera de nuevo su libro. Sin embargo, somos nosotros: alardear de soltar migajas a madres gestantes mientras nos negamos a acoger a los Oliver Twist de nuestro tiempo, mientras le quitamos el futuro a niños que despidieron a sus padres en una patera, no hace sino retratarnos en nuestra inhumanidad.

Escribo dolidísima, indignada, triste y muy preocupada. Ya sé que Moreno Bonilla es PP. Y que el PP va, cuesta debajo, siguiendo a Vox, hacia su propia extinción. Sin aprender del s.XX, ni de actuales derechas fagocitadas por el fascismo, en EEUU, Brasil, Italia, Francia… Mirad en la foto el anillo negro que Moreno lleva en su índice izquierdo. Es para el insomnio. Sufre ansiedad, según él ha contado. Lógico en los gobernantes, dadas las implicaciones de sus decisiones. Pero, ahora ya, el anillo no va a bastarle. Lo siento. De verdad, de corazón, sin cinismo. Ha rendido Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su pacto de la vergüenza queda para la historia.

Yo nunca dejo cerrada, si no una puerta, una rendija a la esperanza. Yo nunca menosprecio la humanidad y la conciencia que cada cual tenga dentro de su pecho. Y no hago excepción con Moreno ni líderes, miembros, militantes, simpatizantes o votantes del PP. El fascismo viene a por todos los demócratas. También a por ellos, aunque, en la lista, les precedan los inmigrantes, las personas no blancas y cristianas, las feministas, miembros del colectivo LGTBIQ+, nacionalistas periféricos, sindicalistas, gente de izquierdas, crítica… Aunque algo más tarde, las mujeres y hombres demócratas de derecha también son para el fascismo, como demuestra la historia, objetivo a batir.

Moreno ha abierto la Junta de Andalucía al fascismo. Deja a España sin la esperanza de una derecha democrática. Su "pacto de la vergüenza" queda para la historia. Pero yo no menosprecio la conciencia de nadie. Ojalá, si los remordimientos le impiden dormir, sea capaz de rectificar.

Pero hoy debemos poner el foco en la traición del PP de Moreno. De subrayar la irresponsabilidad de asumir, con su firma, postulados racistas, discriminatorios, islamófobos, contrarios a nuestra identidad y al legado de Al-Ándalus, anticonstitucionales y negacionistas de los derechos humanos universales y de la catástrofe climática que, avisa Francia, allí, ya ha causado 2.025 muertes la última semana de junio. La insensatez de fraguar este pacto con Vox para que la gente vea normal la escalofriante opción de Feijóo-Abascal como presidente y vicepresidente de España, 90 años después del golpe de Estado de Franco.

Moreno, que tanto ha reivindicado al ministro de la UCD Clavero Arévalo, quien contradijo a Suárez para defender la plena autonomía andaluza, y ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado por los franquistas y echado a una cuneta aún por localizar… Moreno debía haber defendido, frente a cualquier presión centralista, la dignidad de una Andalucía libre del fascismo que quiere cargarse nuestra autonomía, como todas.

Rendir los principios al fascismo

Leed, por favor, el “pacto de la vergüenza”. Ojead, siquiera por encima, esa ignominia. Y compartidla. Son 60 páginas y 150 puntos, pero atrapa y te lo bebes: los ataques a esos pobres niños y adolescentes inmigrantes solos, ataques a las organizaciones humanitarias que los protegen, a los sindicatos, ¡si hasta anula impuestos a las bolsas de plástico, a las emisiones de gases y a los vertidos a ríos y mares!

Yo creí a Moreno Bonilla cuando, en julio de 2024, paró los pies al líder de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, diciéndole que vincular extranjeros y delincuencia es mentir para rascar votos. Me hice eco, en este artículo, de las palabras de Moreno (escuchadlas en este vídeo) al señalar que “solo el 7% de los delitos anuales en Andalucía los cometen inmigrantes, muchos europeos”. Ahora Gavira es su vicepresidente.

Moreno podría y debería no haberse prestado a la estrategia centralista de normalizar un futuro gobierno de Feijóo-Abascal. Podría y debería, tras haber condenado tantas veces el racismo electoralista de Vox. Duele que él, que tanto ha ensalzado a Blas Infante, padre de la patria andaluza, asesinado y echado a una cuneta por franquistas, convierta al neofranquista Gavira en su vicepresidente.

En septiembre de 2025, en esta columna donde critiqué las dañinas políticas de Moreno para la educación, sanidad, ayuda a la dependencia públicas, y su trilerismo fiscal, pese a todo, empecé así:

“En el contexto de auge neofascista y radicalización de la derecha yo quiero creer, me empeño y busco y defiendo el papel que debe jugar una derecha con cuya visión y enfoques yo discrepo, pero que es demócrata y valora y quiere proteger y preservar para nosotros y nuestros hijos y nietos la convivencia en paz de los diferentes. Con esa convicción mía en mente, prefiero el PP que encarna el presidente de la Junta andaluza, Juan Manuel Moreno, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.”

Con la legitimidad que me da haberle dado crédito, puedo decir ahora que, o bien nos ha mentido siempre sobre sus principios solidarios y humanitarios, o se ha traicionado a sí mismo al vendernos al fascismo.

Vox en la Consejería de Turismo para amordazar a los medios

Desde la firma del pacto y la investidura de Moreno, el PP andaluz intenta restar importancia a su traición a la democracia. Por los pasillos del Parlamento andaluz decían que nadie prestaría atención al tema “el día en que han imputado a la Directora General de la Guardia Civil y se juega el España-Austria”. Los populares minimizaban la cesión de una sola consejería, la de Turismo, Justicia, Administración Local y Desregulación, a Gavira, a Vox.

Incluyendo el área de Turismo en la Consejería para Vox, el PP de Moreno le da un presupuesto millonario, que suele pagar muchas campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo que Vox espera que le sirva para amordazar a la prensa y que no desvele sus atropellos.

Periodistas y medios acríticos con la derecha también minimizaban la cesión del PP (callando que, además, se da a Vox una vicepresidencia de la mesa del parlamento y un senador autonómico). Bien puedo afear a esos colegas su irresponsabilidad, con la legitimidad de ser yo crítica con la izquierda, que me es afín, en mis columnas y noticias, como la que publiqué, ayer mismo, sobre el incomprensible caso de 33 estudiantes gazatíes que llevan hasta dos años a la espera de que el gobierno central los traiga para formarse en las universidades españolas que les han concedido plaza.

Apuntemos algo no evidente de primeras: ¿Por qué Vox se “conforma” con Turismo si en Agricultura, Igualdad o Cultura podría dar más “batalla cultural”? El Turismo es el principal motor económico de Andalucía, con casi el 13% del PIB, y la Consejería, ahora en manos de Vox, tiene casi 200 millones de euros de presupuesto. Buena parte ha ido siempre a campañas de publicidad institucional en medios de comunicación. Algo clave para sus cuentas y subsistencia. Veis la jugada, ¿verdad? La estrategia facha es cargarse todo lo que puedan, con los 150 puntos del acuerdo y las múltiples competencias de la macro consejería, manteniendo amordazada a la prensa. Apañados van con muchos de nosotros. No nos conocen.

Hará falta toda la unión, estrategia y coordinación democrática, de la gente, la sociedad civil organizada y los partidos políticos, para hacerles frente. Pero se lo haremos. Todas y todos, juntos, protegeremos nuestra democracia. Y, ojalá tengamos la generosidad e inteligencia de acoger a nuestro lado a las y los demócratas, liberales, democristianos y de derecha que también se sientan traicionados o que rectifiquen, más pronto que tarde, firmes y constructivos ante el fascismo demoledor.