El PSOE ha presentado este miércoles un escrito solicitando la reapertura de la causa por la lona que la organización ultra HazteOir desplegó en una fachada frente al Congreso de los Diputados en la que se podía ver la imagen del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado de un texto que le llamaba “corrupto”. La Audiencia Provincial de Madrid decidió el pasado 29 de junio confirmar el archivo de la causa al considerar que la lona no tenía la “finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. Ahora la representación del PSOE y del propio Sánchez pide la nulidad de ese archivo por “vulneración de derechos fundamentales de los reconocidos en el artículo 53.2 de la Constitución Española”.

En el texto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la procuradora de los socialistas que denunciaron a HazteOir por injurias, insiste en que “la instalación de la lona, la continuidad de la campaña mediante actos como la colocación de pancartas en varios puentes y pasarelas de Madrid, la proyección de un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión 'Sánchez Corrupto', la difusión reiterada en redes sociales y la comercialización de objetos con la misma imagen serían constitutivos de un delito contra la integridad moral del artículo 173.1 del CP y/o un delito de coacciones o acoso, puesto que con los mismos se ha pretendido humillar y deshonrar a la víctima, mostrando su más absoluto desprecio, lesionándose de esta forma su dignidad humana y en consecuencia su integridad”, tal y como defendió también la Fiscalía.

El PSOE considera que “frente a esta alegación, concreta, motivada y sustentada en hechos detallados y fechados”, en su auto de archivo la Audiencia Provincial se limitó a afirmar que desconocía a qué hechos se referían tanto la Fiscalía como la representación socialista. “Al declarar el propio órgano juzgador que 'desconoce a qué hechos se refiere' el motivo de recurso relativo a estos concretos tipos penales, se evidencia que la Sala no ha examinado ni resuelto sobre una pretensión sustancial, autónoma y expresamente planteada, incurriendo en incongruencia omisiva”, apunta la procuradora del partido.

También recuerda la representación del PSOE que “conforme a reiterada doctrina constitucional, la incongruencia omisiva vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva cuando el órgano judicial deja sin respuesta alguna de las cuestiones planteadas por las partes, siempre que se trate de pretensiones sustantivas y no de meros argumentos instrumentales, como es el caso”.

La Audiencia no apreció “la finalidad de insultar”

Los socialistas también alegan “la vulneración del derecho a la tutela judicial recogida en el artículo 24.1 de la Constitución” porque a pesar de que la Fiscalía había pedido actuaciones concretas, esa solicitud “no se llegó a resolver antes de acordarse el archivo definitivo de las actuaciones”. El PSOE considera que “era imprescindible practicar dichas diligencias” como la recogida de muestras fotográficas “para determinar si los hechos denunciados podían ser constitutivos de delito”.

Cuando se decidió el archivo, el juez argumentó que la acción de HazteOir era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. En la misma línea, la Audiencia Provincial consideró que en la lona “no se aprecia la finalidad de insultar” sino la de “expresar una crítica política amparada por la libertad de expresión”. También destacó que, en su opinión, no existía “incitación a la violencia ni discurso de odio”.

La lona que colgó el 19 de mayo de 2025 la asociación ultracatólica, que ejerce la acusación popular en casos relacionados con el Gobierno y la familia del presidente, hacía referencia a las causas judiciales como la de Koldo García o las que afectan a la esposa y el hermano de Sánchez. Los bomberos retiraron la lona de madrugada por orden de un juez tras la petición de medidas urgentes del PSOE.

La acusación popular de HazteOir solicita trece años de prisión para Begoña Díaz por un delito de tráfico de influencias y dos de malversación de patrimonio público en relación con sus trabajos para la Universidad Complutense de Madrid, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Por la creación de una cátedra extraordinaria, distinta del máster que venía impartiendo la mujer del presidente del Gobierno, la organización ultracatólica considera que ha cometido un delito de tráfico de influencias que debe ser castigado con dos años de cárcel. Asegura la acusación que Gómez “ideó la cátedra con total independencia de la Universidad Complutense” y luego se ayudó de Juan Carlos Barrabés, al que la Audiencia Provincial ha sacado del procedimiento del tribunal del jurado y su acusación seguirá por el trámite del procedimiento abreviado.

“Se nombró a Begoña Gómez directora de la Cátedra no siendo profesora o personal d e adminitración de servicios con vinculación permanente a la UCM”, dice HazteOir, pese a los años que llevaba la mujer del presidente trabajando en el máster de la Universidad. “Materialmente, [la cátedra] no fue una estructura académica sino un instrumento de captación de financiación y de mediios humanos y técnicos de las más punteras empresas tecnológicas del país, puestos al servicio del desarrollo del proyecto personal de la acusada”, concluye HazteOir, sin precisar cuál fue el beneficio que obtuvo Gómez.

La asociación ultra recurre a la reunión entre el rector de la Complutense y Gómez para concluir que fue “aprovechada por Begoña Gómez de manera voluntaria, libre y consciente de la influencia que se ejercía sobre el rector y, en cadena, sobre quienes se encontraban orgánica, instituciónal o académicamente por debajo de él, y fue asimismo consciente de la presión moral derivada del escenario en que tuvo lugar la reunión [Moncloa] y de su relación matrimonial con el presidente del Gobierno”.

En relación con la supuesta desviación de los trabajos que debía hacer para ella su asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, HazteOir considera que ha cometido un delito de malversación de fondos públicos y que debe ser castigada con tres años de cárcel. La asistente envió correos electrónicos de parte de Gómez.

HazteOir considera que la retribución de Álvarez “está vinculada a la gestión de la agenda pública e institucional de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y en ningún caso para pagar una actividad laboral al servicio de los intereses laborales y mercantiles privados de la misma”.

A estos hay que sumar otro delito de malversación por el supuesto “uso y desvío hacia la esfera privada del software” de la Complutense, “desarrollado con fondos públicos de la Cátedra, mediante la utilización de marcas, dominio y sociedad mercantil”, añade. Este delito debe ser castigado, según los ultras, con ocho años de cárcel. En un principio, estos hechos estuvieron calificados como apropiación indebida, pero la Audiencia Provincial corrigió al respecto al juez Juan Carlos Peinado.

Gómez, con la ayuda de Álvarez, “se hizo con y puso bajo su poder de control y disposición, con ánimo de lucro, el programa informático generado en el seno de la Cátedra TSC. El activo le había sido confiado, en su condición de directora y después codirectora de la Cátedra, para una finalidad universitaria y debía quedar integrado en el patrimonio de la UCM. ”Sin embargo, no efectuó su entrega institucional ni formalizó a favor de la Universidad la cesión de los derechos de propiedad intelectual, de la marca o del dominio, sino que lo hizo accesible a terceros a traves de un dominio registrado a su nombre, empleo maras registradas personalmente, constituyó una sociedad mercantil de denominación coincidente y proyectó el activo hacia su esfera privada“, continúa.

Para Cristina Álvarez, HazteOir solo pide que se la castigue por cooperadora necesaria del delito de malversación del software con seis años de cárcel y un delito de inhabilitación absoluta por quince años. Para Gómez, la suma de los periodos de inhabilitación absoluta que solicita HazteOir es de 24 años y diez sin beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social.

HazteOir propone que declaren decenas de testigos en el juicio, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, y el delincuente Víctor de Aldama.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha declinado la invitación formulada por los ultracatólicos de HazteOir y el partido minoritario Iustitia Europa para participar en una jornada sobre acusaciones populares. En una misiva fechada el 25 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es, Bolaños esgrime motivos de agenda y señala que le habría gustado participar en el evento para explicar cómo, a su juicio, estas organizaciones llevan a cabo “persecuciones basadas en motivos ideológicos”. 

HazteOir, Iustitia Europa y otros colectivos vinculados a la extrema derecha impulsan en solitario los casos contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Han reclamado para ambos elevadas condenas de prisión: 24 años en el caso de Begoña Gómez y seis años en el de David Sánchez.

Además, ambas organizaciones ejercen la acusación popular en las causas en las que se investiga a los ex secretarios de Organización del PSOE Santos Cerdán y José Luis Ábalos, en el procedimiento abierto contra José Luis Rodríguez Zapatero y en las pesquisas sobre las supuestas maniobras urdidas por la exmilitante Leire Díez para torpedear investigaciones que afectan al partido y al Gobierno. 

En la carta, el ministro acusa directamente a ambas organizaciones de “desnaturalizar” una institución concebida originalmente para la defensa del interés general y de utilizarla con el “único propósito de hostigar a representantes políticos progresistas y a sus familias”. Bolaños afirma que estas entidades están “pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático” de llevar a cabo dichas persecuciones. Por todo ello, el ministro concluye que organizaciones como estas “no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales”.

Además, Bolaños expone que, ante este escenario, el Gobierno considera “urgente” modificar el desarrollo del artículo 125 de la Constitución para evitar que la acción popular se utilice para fines ajenos al proceso penal, “tal y como sucede actualmente”. 

En la carta, el ministro alude a la reforma de la acción popular que ha planteado el Ejecutivo. Esa reforma, que se encuentra en tramitación en el Congreso, limita la acusación popular al vetar a los partidos políticos y sindicatos, restringirla a determinados delitos —sí están incluidos los de corrupción— y exigir un “vínculo legítimo” con la causa en cuestión para poder ejercerla. La voluntad del Gobierno es tramitar ahora esta reforma, pero, si finalmente es aprobada, no entrará en vigor hasta el 1 de enero de 2028, por lo que no afectará a los casos en curso.

“En definitiva, estaría encantado de decirles que están ustedes pervirtiendo la figura de la acusación popular con el único objetivo antidemocrático de perseguir a personas progresistas y a sus familias, lo que hace urgente una reforma legal de esta institución en los términos propuestos por el Gobierno. Esas son las razones por las que considero que organizaciones como las que ustedes representan no deberían estar legitimadas para impulsar determinadas acciones judiciales mediante el ejercicio de la acción popular”, concluye el ministro en su carta. 

El juez Juan Carlos Peinado ha decidido enviar a juicio a Begoña Gómez, retirarle el pasaporte y obligarle a comparecer quincenalmente ante el juzgado cinco días después de su comparecencia el lunes en los juzgados de la Plaza de Castilla. El magistrado ha tomado la decisión después de que durante esa vista una de las acusaciones populares del caso, el grupo ultracatólico HazteOir, solicitara precisamente que le fuera retirado el pasaporte y que fuera obligada a comparecer cada 15 días en el juzgado. También impone idénticas medidas a la exasesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, pero no al empresario Juan Carlos Barrabés. La comparecencia quincenal no podrá ser en cualquier juzgado, sino que tendrá que ser en el de Peinado, situado en la Plaza de Castilla de Madrid.

La petición de HazteOir, que dirige la acción popular, se produjo al término de la audiencia preliminar. Fue el último acto previo al juicio al que se dirigen la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos procesados si no lo impide la Audiencia Provincial de Madrid, la instancia que revisa las decisiones de los jueces de instrucción, como Peinado. En una vistilla celebrada a continuación se abordó la cuestión de las medidas cautelares.

La decisión de Peinado contrasta con la adoptada por el juez José Luis Calama sobre el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que decidió no poner ninguna medida cautelar por su condición pública, similar a la de Gómez. En su auto, Calama aseguró que “el investigado es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de localización o sustraerse discretamente al procedimiento”.

“Su visibilidad pública y manifiesto arraigo en el territorio, unidos a la ausencia de cualquier indicio de intención evasiva, excluyen razonablemente la existencia de un riesgo de fuga real y actual. Tampoco se aprecia riesgo de ocultación o destrucción de fuentes de prueba, pues los elementos relevantes ya han sido intervenidos y la investigación no depende de actuaciones que el investigado pudiera obstaculizar. En este contexto, la imposición de comparecencias apud acta o la retención del pasaporte con prohibición de salida del territorio nacional no resulta necesaria, al no existir un riesgo procesal que requiera ser conjurado mediante tales medidas. Su adopción supondría una restricción injustificada del derecho a la libertad personal y a la libre circulación, incompatible con el principio de proporcionalidad”, consideró Calama.

Peinado, en cambio, considera que “el criterio de ponderación lógico es presumir que a mayor gravedad de la pena, más intensa puede ser la tentación de la huida y mayor el perjuicio que, en caso de materializarse la fuga, sufriría la finalidad de preservar la acción de la justicia”, en el caso de Begoña Gómez como en el de su exasesora. Así, Peinado considera que “las graves responsabilidades penales, todavía en sede indiciaria, así como los posibles contactos con otros posibles miembros de la organización aún no conocidos, pero que pudieran facilitar su sustracción, acrecientan el riesgo de fuga, que en ningún caso queda enervado por el hipotético arraigo alegado por todos ellos, no constando en muchos de ellos, como decimos, otros medios lícitos de vida más allá de su vinculación criminal”.

Los escoltas podrían “facilitar” la fuga, según Peinado

Es más, para el juez el hecho de que Gómez tenga escolta policial y, por tanto, esté siempre acompañada por autoridades no impide el riesgo de que la esposa del presidente huya de España. Cree, incluso, que los policías podrían ayudarle a fugarse. “Lo que no cabe duda es que, esos agentes en un momento determinado, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos, sean precisamente, quienes colaboren en la acción o acciones que se lleven a cabo, para facilitar esa fuga, que haga imposible, que la acusada se encuentre a disposición de la justicia”.

En su auto, Peinado ordena mandar a juicio a Begoña Gómez, a la que atribuye los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Son los mismos delitos que le atribuye a Álvarez. A Barrabés, en cambio, le atribuye tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

Respecto a la esposa del presidente del Gobierno, Peinado considera que “habría venido aprovechando su proximidad al Presidente del Gobierno para impulsar su proyección profesional en el entorno de la Universidad Complutense de Madrid, obteniendo para ello una interlocución singular con responsables de una universidad pública, con empresas patrocinadoras y con entidades del sector tecnológico, al tiempo que recababa apoyo, financiación, colaboración y respaldo institucional y empresarial para la creación, desarrollo y expansión de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y de los proyectos surgidos en su seno”.

En ese mismo marco, añade el auto, “la investigación ha permitido constatar la integración funcional de Juan Carlos Barrabés en el proyecto académico de la Cátedra al mismo tiempo que sociedades de su grupo resultaban beneficiadas por adjudicaciones públicas avaladas o apoyadas por Begoña Gómez, así como la captación de financiación y ventajas de empresas con intereses o vínculos con el sector público, extremo que, en su conjunto, presenta rasgos susceptibles de integración en los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios”.

Sobre Álvarez, el juez Peinado asegura que “no actuaba como mera acompañante ocasional” sino como “asistente y apoyo logístico permanente de la actividad profesional y académica” de Begoña Gómez pese a tratarse de “actuaciones completamente ajenas a las funciones institucionales de la Presidencia del Gobierno, que era quien abonaba su sueldo”. Un puesto en el que Jaime de los Santos, hoy alto cargo del PP de Alberto Núñez Feijóo, llegó a ser denominado por la prensa como “chico para todo” de la esposa de Mariano Rajoy, Elvira Rodríguez, por llevar sus bolsas durante jornadas de compras de ropa.

El magistrado citó personalmente este lunes a la mujer del presidente y el resto de acusados bajo la amenaza de que, en caso de no presentarse, podrían ser “conducidos por la fuerza pública”. Su argumento era que, ante las altas penas a las que se exponen, “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal que evite o minimice el riesgo” de que se fuguen. Junto a Gómez está imputada su asistente, Cristina Álvarez, y el empresario Juan Carlos Barrabés, aquejado de una grave enfermedad y al que se ha podido ver acceder con dificultad a los juzgados de Plaza Castilla, ayudado por un bastón.

La defensa de Begoña Gómez daba por hecho que en esta ocasión se abordaría la posibilidad de que se tomara algún tipo de medida cautelar contra ella, como la retirada del pasaporte, por lo que sí ha asistido, a diferencia de lo que hizo en anteriores ocasiones. En estas citaciones estuvo representada por su abogado, posibilidad que incluye la Ley del Jurado y que aclara una circular de la Fiscalía General del Estado de 1995.

El escrito en el que las acusaciones ultras pedían 24 años de cárcel para Begoña Gómez por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida ya daba pistas al respecto al solicitar al juez que tomara medidas como la retirada del pasaporte o las comparecencias quincenales en el juzgado. Formulaban esta petición ante el “evidente y fundado riesgo de fuga” derivado de “la gravedad de las penas solicitadas”. 

El juez Peinado rechazó prácticamente todas las diligencias que las partes habían pedido que se celebraran en la audiencia preliminar de este lunes. Por ejemplo, la defensa de Barrabés solicitó la declaración de más de una veintena de testigos, pero el juez determinó que escucharles no era “imprescindible” para decidir sobre la procedencia de abrir juicio. También rechazó que se abordaran los últimos informes periciales que ha presentado la defensa de Begoña Gómez, que sí están incorporados al procedimiento. 

Begoña Gómez y la Complutense

Parte de la investigación impulsada por el juez Juan Carlos Peinado gira en torno a la actividad profesional de Begoña Gómez en la Complutense. Según el juez, desde la llegada de Pedro Sánchez, primero a la Secretaría General del PSOE y, sobre todo, al Gobierno, “se tomaron determinadas decisiones públicas favorables” a la cátedra que Begoña Gómez codirigió en esa Universidad gracias a su “posición relacional”.

En esta línea, las acusaciones populares lideradas por HazteOir defienden que Begoña Gómez se valió de la influencia derivada de ser la esposa del presidente para favorecer a empresas de Barrabés en adjudicaciones públicas e impulsar de forma irregular la creación de la Cátedra de Transformación Social Competitiva que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. 

Durante la vista de este lunes, Camacho ha defendido que la vinculación de Gómez con ese campus comenzó en 2012, cuando Pedro Sánchez “no ostentaba responsabilidad pública alguna”, que fue ella quien “inventó” el término “Transformación Social Competitiva” que dio nombre a la dirección de la cátedra extraordinaria que asumió en 2020 o que ese cargo no conllevaba “retribución económica alguna”. 

La Fiscalía se ha expresado en términos similares. En sus escritos, el fiscal José Manuel San Baldomero ha criticado que el juez Peinado haya tachado de “irregular, corrupta y delictiva” cualquier actividad realizada por la esposa de Pedro Sánchez “forzando la conexión de actividades profesionales o cotidianas e institucionales como si de una trama u organización criminal se tratara”. Y también ha atacado el mantra de los negocios privados de Begoña Gómez, que cobró 34.314 euros en una década de colaboración con la Complutense. “No parece que el lucro sea sospechoso ni disparatado”, dejó por escrito el fiscal.

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, las acusaciones ultras defienden que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la Complutense porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La defensa de Begoña Gómez viene subrayando, sin embargo, que el convenio de la cátedra preveía crear una plataforma tecnológica gratuita propiedad de la Complutense. Y que las empresas colaboradoras ingresaron directamente las aportaciones económicas en el patrimonio de la universidad, así como que fue la propia Complutense quien licitó los contratos necesarios. Además, la defensa ha insistido en que el software nunca llegó a finalizarse ni a usarse debido a que la Complutense canceló la cátedra, por lo que ni Begoña Gómez se lucró ni la Universidad sufrió ningún perjuicio patrimonial.

El aval de los jueces de la Sección 23

La Sección 23 de la Audiencia Provincial ha corregido algunos aspectos de la instrucción de Peinado, como su insistencia en investigar la supuesta participación de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa, pese a los informes de la UCO que descartaban tal posibilidad. Sin embargo, los magistrados de la instancia superior han avalado los indicios de delito de malversación presentados por Peinado. Ese delito arrastra a los demás para que todos sean juzgados por un tribunal popular.

En diciembre pasado, los jueces de la Sección 23 llegaron a argumentar que el puesto de la asistente Cristina Álvarez siempre había sido ocupado por un experto en protocolo, una afirmación que contrasta con la realidad de los perfiles de los asistentes de otras esposas de presidentes del Gobierno.

La Justicia insiste en mantener abierta la persecución penal contra Mongolia por la portada de la revista de 2022 que se mofaba del belén. La Audiencia de Barcelona ha dado por segunda vez la razón al colectivo ultraderechista HazteOir y ha obligado a la jueza de Mataró a reabrir la causa contra los editores de la publicación.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona estima el recurso de HazteOir contra el archivo de la causa que ordenó la jueza de Mataró el año pasado al constatar que era la cuarta querella de colectivos ultras contra la revista por la misma portada, una circunstancia que la magistrada tildó de “situación peculiar”.

El tribunal, formado por los magistrados José Carlos Iglesias, María Carmen Hita y Begoña Sos, se agarra a un tecnicismo para reabrir el caso y consideran que no es válido el argumento empleado por la jueza para cerrarlo. Los mismos jueces ya habían ordenado reabrir el caso tras su primer archivo en 2025 al valorar que la portada del belén podía “ofender” católicos.

Tras tomar declaración a los editores de Mongolia por orden de la Audiencia de Barcelona, la instructora concluyó que la sátira del belén ya era una cosa juzgada debido a las tres querellas anteriores de otros colectivos ultras por la misma portada que ya fueron desestimadas. En consecuencia, no se podía investigar de nuevo algo que ya se había considerado que no era delictivo.

Por el contrario, este argumento de la cosa juzgada “debe decaer”, según la Audiencia de Barcelona. A criterio del tribunal, la inadmisión de plano de la querella de HazteOir acordada por la jueza de Mataró resulta “incompatible” con la cosa juzgada, que debe decidirse tras haberse practicado una instrucción “suficiente” de la causa.

No obstante, el propio tribunal admite que la jueza también incluyó en su resolución de archivo otros argumentos además de la cosa juzgada. La magistrada concluyó que la mofa del belén no hacía “escarnio” ni tenía un “ánimo deliberado” de ofender, y además estaba amparada por la libertad de expresión.

Los jueces ordenan a la instructora de Mataró que se pronuncie, antes de decidir si archiva por tercera vez la investigación, sobre las diligencias propuestas por los ultras en su recurso, entre las que se encuentran una prueba “pericial semiótica” sobre la portada, una valoración de la misma y de las “métricas de difusión” de la revista.

El caso de Mongolia expone el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Antes de la querella de HazteOir, la revista ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista (redactada por el mismo abogado que la de HazteOir), el sindicato Manos Limpias y los ultracatólicos Abogados Cristianos, todas ellas archivadas.

Para los editores de la revista, la ofensiva ultra suponía un caso de “acoso jurídico” porque, aunque los casos se hayan archivado, la revista ha tenido que destinar fondos a abogados y procuradores.

El Tribunal Supremo ha rechazado paralizar la regularización extraordinaria que entró en vigor el pasado abril y que ya han solicitado más de medio millón migrantes, informan fuentes jurídicas a elDiario.es Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han tomado esta decisión tras la vista celebrada este viernes, en la que el Gobierno de la Comunidad de Madrid y otros entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOir, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y Libertad y Justicia han solicitado, en ocasiones con argumentos falsos o tergiversados, la suspensión del decreto hasta que se resuelva sobre el fondo del asunto.

Los magistrados han determinado que las asociaciones ultra no están legitimadas para recurrir, pero sí Vox y la Comunidad de Madrid, aunque han rechazado su pretensión de paralizar ya el decreto. El tribunal, que ha deliberado durante algo más de tres horas, únicamente ha adelantado el fallo. La argumentación se conocerá próximamente cuando se hagan públicos los autos.

Durante la vista, los recurrentes han alegado que la aplicación de la norma despliega efectos y derechos colaterales de forma inmediata. Y que si el Tribunal Supremo dictara en el futuro una sentencia anulando el decreto, sería imposible revertir las autorizaciones y prestaciones ya concedidas. También han desplegado algunos bulos sobre los efectos para los servicios públicos o el censo electoral que han sido confrontados por la Abogacía del Estado y las organizaciones Asociación Pro Derechos Humanos, Coordinadora de Barrios y Servicio Jesuita a Migrantes. 

El Gobierno aprobó el pasado abril una regularización extraordinaria a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha. El decreto surgió de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

“Incremento del gasto social”

“La medida supone un incremento brutal y no cuantificado del gasto social”, ha alertado el europarlamentario de Vox Jorge Buxadé, a pesar de que las personas sin papeles, aunque con algunas trabas, ya tenían derecho a la sanidad o la educación postobligatoria. Además, otras medidas como las ayudas en materia de vivienda exigen requisitos que, en la práctica, complican su acceso inmediato a quienes acaban de ser regularizados. 

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, ha confrontado los bulos con los que algunas de estas entidades han tratado de frenar esta regularización. Y ha defendido que el decreto busca la “integración efectiva” de personas que ya tienen “arraigo” en España y que aceptar su suspensión “comprometería” sus derechos. Además, ha revelado que, hasta este jueves, 549.596 personas ya habían solicitado acogerse a esta regularización. De ellas, 91.905 han sido admitidas a trámite.

El letrado de la Comunidad de Madrid ha alegado que el Ejecutivo regional no ha tenido tiempo para “planificar todos los servicios públicos” y ha pedido a los magistrados que “empaticen” con los gestores de estos servicios ante la posibilidad de que 255.000 personas se acojan a esta regularización en la región. El representante de los servicios jurídicos del Ejecutivo madrileño se ha expresado en términos menos incisivos que el recurso presentado ante el tribunal, en el que se dibujaba un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”.

“La Comunidad de Madrid no busca ningún perjuicio para estas personas, únicamente que haya certidumbre”, ha aseverado. No obstante, ha apuntado que unas de las “consecuencias inmediatas” es el otorgamiento de una Tarjeta Sanitaria Individual. Y, aunque ha admitido que estas personas tienen ya una “prestación sanitaria”, ha insistido en que no es lo mismo una prestación “ocasional” que el hecho de formar parte de forma “estable y estructural” del sistema sanitario.

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

“El acceso a todos esos derechos se produce ya. El problema está en si vamos a tolerar más o menos la situación de vulnerabilidad que se está produciendo para estas personas por una situación de irregularidad que la Administración tampoco ha podido resolver”, ha respondido el abogado del Estado.

Los cambios en el censo electoral

El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé, que está colegiado como abogado, también ha alentado el bulo de que la regularización va a alterar los censos electorales. Se ha referido al “riesgo grave” de que estas personas puedan votar en las próximas elecciones generales. La norma del Ejecutivo, sin embargo, no promueve la nacionalización de migrantes necesaria para participar en estos comicios, solo su regularización para poder residir y trabajar en España. 

En su turno de respuesta, el abogado del Estado ha recordado que, de acuerdo al Código Civil, la concesión de nacionalidad en España tiene un plazo de diez años que se reduce en el caso de países con especial vinculación o de matrimonio con un nacional. Ha advertido, no obstante, de que “en ningún caso ninguna de estas personas va a poder acceder a votar en las siguientes elecciones”.

Sí tendrán derecho a votar en las municipales los residentes extranjeros cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en los términos de un tratado, si bien la abogada Patricia Fernández, que ha representado en las vistas a la Asociación Pro Derechos Humanos y la Coordinadora de Barrios, ha recordado que apenas 12.000 migrantes pidieron poder ejercer su derecho al voto en las últimas elecciones locales de 2023. 

No era esperable que la asociación ultracatólica HazteOir y el partido político Vox pudieran llegar a enfrentarse en las calles. Pero la campaña de las elecciones autonómicas andaluzas ha dado para mucho, y también para que los de Santiago Abascal hayan acabado solicitando auxilio a la Junta Electoral de Andalucía para que no permitiera que miembros de esa asociación se acercaran a sus actos electorales. Esa petición ha caído en saco rato porque, según ese órgano fiscalizador electoral, lo que pedía el partido era poco menos que suprimir el derecho a la libre circulación de los miembros de HazteOir.

El problema entre ambas organizaciones surgió en un pueblo de Almería el pasado 14 de mayo, cuando unos cuantos miembros de la asociación HazteOir se acercaron a un mitin para echar en cara al partido político que no cumpliera con sus compromisos “en defensa de la vida” -cabe recordar que, desde un origen, esa asociación ha sido extremadamente beligerante en su campaña contra el aborto libre-. Hubo enfrentamiento callejero y Vox decidió llevar el incidente a la Junta Electoral para solicitarle que adoptara medidas preventivas de manera urgente: Quería que alejaran a los ultracatólicos de sus actos de campaña.

En el acuerdo de la Junta Electoral, al que ha tenido acceso elDiario.es, su presidente José Ángel Vázquez responde a los de Abascal que no puede atender su solicitud porque no indica ningún acto concreto en el que aplicar medida preventiva, y “no resulta posible adoptar” decisiones para todo acto que celebraran. Añade que lo que pedía el partido tendría además una “grave repercusión en la efectividad de la libertad de expresión e, incluso, en algunos casos, del derecho a circular libremente de los miembros de la asociación HazteOir”.

Aclarado esto, y tras anunciar que afrontaba el asunto como una reclamación electoral más, la Junta Electoral indica a Vox que desestima su petición porque “no tiene naturaleza electoral”, ya que se trata de una controversia del partido “con una asociación de carácter privado que no participa en el proceso electoral”. Y le puntualiza que si tenía problemas de “orden público”, lo que tenía que haber hecho era llamar a la Policía o a la Guardia Civil directamente sin pasar por el buzón de la Junta Electoral de Andalucía.

Los argumentos de Vox y HazteOir

Vox, en el escrito que presentó pidiendo el amparo, explicaba que en los actos que había ido celebrando en toda Andalucía con líderes nacionales y regionales había sufrido el “acoso” de HazteOir de manera sistemática con “contra manifestaciones” para informar a los asistentes de medidas que el partido no habría adoptado y que, por lo tanto, “habría engañado a sus electores”. Sumaba que la asociación también habría hecho circular un autobús, camiones LED y furgonetas viniladas con esas reclamaciones en lo que, a su juicio, era una acción “dirigida a boicotear y perturbar la celebración de un acto político y el libre ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas”.

Por su parte, HazteOir, en su escrito de alegaciones, indicaba que las convocatorias realizadas las hizo en el ejercicio legítimo de su derecho a la libertad de expresión y de información, su derecho a la libertad ideológica y de conciencia, y su derecho a la reunión pacífica. “Es jurisprudencia uniforme del Tribunal Constitucional que la libertad de expresión adquiere su mayor amplitud cuando se ejerce en el ámbito del debate público sobre asuntos de interés general y, muy señaladamente, en periodo electoral”, añadía.

Y subrayaba, tal y como ha acabado ocurriendo, que la ley electoral no permitía llevar este tipo de incidente ante la Junta Electoral y que tampoco la Subdelegación del Gobierno dispone de potestad para reprimir, en términos preventivos, el ejercicio ordinario de derechos fundamentales por una asociación ciudadana. “En nuestro ordenamiento está constitucionalmente prohibida la censura previa, que es lo que con otro nombre pretende introducir Vox por medio de esta denuncia desproporcionada”, añadía.

La Comunidad de Madrid ha llevado al Tribunal Supremo su ofensiva contra la regularización extraordinaria que concederá los papeles a cerca de medio millón de personas. Y lo ha hecho a través de un recurso que dibuja un escenario de inminente colapso y “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas” en la región si no se paraliza de urgencia su aplicación.

Los jueces de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal analizarán este escrito el próximo 22 de mayo junto a los presentados por entes ligados a la extrema derecha como Vox, los ultracatólicos de HazteOír y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, contraria a la ley de memoria. Los magistrados se limitarán a analizar si el decreto debe suspenderse, no entrarán al fondo del asunto. 

No obstante, en su recurso, al que ha tenido acceso elDiario.es, la Comunidad de Madrid sí da muestras de su oposición clara a una regularización a la que pueden acogerse todas las personas en situación irregular sin antecedentes penales que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y que prueben su permanencia continuada durante al menos cinco meses, así como los demandantes de asilo que hayan registrado su demanda de protección internacional antes de dicha fecha.

“No existe una necesidad imperiosa de regularizar de forma inmediata a cientos de miles de personas”, dice el recurso sobre un decreto que surge de una iniciativa que llegó al Congreso con el respaldo de más de 700.000 firmas. 

En su escrito, el Ejecutivo autonómico advierte de que conceder permisos de residencia y trabajo de forma simultánea provocará un “desbordamiento de los servicios y prestaciones públicas”, dado que supone un “despliegue de derechos y servicios que no están dimensionados ni programados para atender a una cifra tan relevante de nuevos solicitantes potenciales”.

La Comunidad de Madrid sostiene que ese impacto será especialmente relevante en materia de vivienda pública. Un ámbito que, según el recurso, tiene una gestión “compleja” debido a la escasez y “problemas adyacentes, como la ocupación”. “La existencia de miles de posibles solicitantes [de viviendas públicas] de forma inmediata produce una indudable distorsión en los cupos, baremos y listas, al no existir tiempo para acompasar la planificación de la oferta”, dice el recurso. 

El precio de la vivienda se ha disparado en la Comunidad de Madrid en los últimos años. Pese a ello, el Ejecutivo de Ayuso se ha negado a aplicar la ley estatal y a declarar como “zonas tensionadas” áreas urbanas en las que los ciudadanos tienen dificultades para acceder al alquiler o la compra de las viviendas.

Además, casi 10.000 viviendas han perdido la calificación de protección y han pasado al mercado libre desde 2019, según publicó la Cadena Ser. De forma reciente, el Ejecutivo regional ha anunciado que prevé sumar 3.200 viviendas nuevas al Plan Vive de alquiler asequible y rebajar impuestos para el acceso a la vivienda, si bien no hay ninguna medida prevista para contener los precios. 

El Gobierno de Ayuso también apunta a los efectos de la regularización masiva sobre el sistema de salud. El recurso subraya que el acceso a la sanidad difiere en el caso de los residentes, ya que la condición de asegurado implica la asignación de la Tarjeta Sanitaria Individual. “Esto supone un cambio cualitativo, ya que en ese momento se debe asignar un centro de salud y un facultativo”, recoge el escrito. 

En realidad, las personas en situación irregular ya tienen derecho a la asistencia sanitaria normalizada en España a través de un código que les permite acceder a todos los derechos, como la asignación de médico de cabecera o la derivación a especialistas. El único cambio, por tanto, es que se les asignará la citada tarjeta. Lo que alega la Comunidad de Madrid es que la ratio de asegurados asignados a cada médico —conocida técnicamente como “cápita”— es la base sobre la que se organiza toda la atención primaria y se dimensiona el tamaño de la red sanitaria. 

El recurso también recoge que la residencia legal otorga el derecho a prestaciones tanto generales como específicas. Como ejemplo, cita la Renta Mínima de Inserción de la Comunidad de Madrid, que exige acreditar residencia legal para ser percibida. El recurso argumenta que estos sistemas de ayudas se encuentran dimensionados para una demanda planificada. La aparición de nuevos solicitantes podría “distorsionar el presupuesto, desplazando a otros beneficiarios y ralentizando la gestión”. 

Becas y ayudas

Por último, en relación con el ámbito educativo, el texto señala que los nuevos residentes legales mayores de 18 años adquirirán el derecho a acceder a etapas educativas postobligatorias, como la educación para adultos o la formación profesional “a fin de integrarse en el mercado laboral”. La Comunidad de Madrid argumenta que eso lleva aparejado el acceso a las distintas becas y ayudas.

Así, el recurso pone de manifiesto que la regularización dará derecho a prestaciones que actualmente “no se encuentran dimensionadas para atender a nuevos cientos de miles” y que generan “efectos inmediatos cuya reversión resulta inviable”. En consecuencia, reclaman al Supremo que suspendan su aplicación: “Una medida de estas características, con un impacto transversal tan intenso; debería prever, al menos, un escalonamiento”. 

En paralelo, el escrito sostiene que el decreto choca frontalmente con la Directiva del Retorno europea, que exige que las decisiones sobre extranjeros en situación irregular se tomen de forma individualizada y priorizando el retorno. Además, denuncia que el decreto vulnera la reserva de ley orgánica al asumir el Gobierno competencias que corresponden al Parlamento. También carece de una memoria económico-presupuestaria rigurosa que analice el impacto en las comunidades autónomas. 

En caso de que el Supremo no acepte sus pretensiones y suspenda íntegramente los apartados impugnados, el recurso solicita que se adopte al menos la suspensión de los efectos inmediatos que permiten a los solicitantes residir y trabajar de forma provisional con la mera comunicación de inicio del trámite. 

“No existen efectos inmediatos e irreversibles”

En el escrito en el que se opone a la suspensión cautelar del decreto, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, contradice algunos de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo de Ayuso. Respecto a la influencia que pudiera tener la regularización en el ámbito sanitario, los servicios jurídicos del Estado indican que la normativa actual ya garantiza el acceso a la prestación sanitaria “sin atender al estatus de la persona extranjera”. Por tanto, esta nueva regularización no tiene efectos en ese campo. “En definitiva, no existen efectos inmediatos e irreversibles, no existiendo riesgo de una pérdida de la finalidad del recurso. Por ello debe ser rechazado”, concluyen. 

Además, la Abogacía del Estado sostiene que esperar a la futura sentencia del Alto Tribunal y rechazar una suspensión cautelar no generará situaciones “irreversibles”. Recuerda que la naturaleza de la resolución que se impugna “es de una autorización de carácter administrativo, no generando derechos adquiridos irreversibles tal como alega la actora”.

Así, la Abogacía del Estado insiste en que las personas extranjeras que van a poder solicitar las autorizaciones de residencia “ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026” y, por tanto, “durante este periodo ya han sido usuarias de los diferentes servicios públicos”. Por eso, explica que la concesión de una autorización de residencia “no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.

La Abogacía del Estado, en representación del Gobierno ha enviado un escrito de alegaciones a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el que se opone a la medida cautelar que busca suspender la regulación extraordinaria de migrantes aprobada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Entiende que la recurrente, la asociación ultracatólica Hazte Oír, no está legitimada para ir contra la norma y considera que la misma contribuye a la integración social e incrementa las cotizaciones a la Seguridad Social debido a que hay más incorporaciones al mercado laboral.

En el escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, se especifica que esperar a la futura sentencia del Alto Tribunal y rechazar una suspensión cautelar no generará situaciones “irreversibles” tal y como indica la asociación. Recuerda que la naturaleza de la resolución que se impugna “es de una autorización de carácter administrativo, no generando derechos adquiridos irreversibles tal como alega la actora”.

Al hilo, incide la Abogacía del Estado en que las personas extranjeras que van a poder solicitar las autorizaciones de residencia del nuevo real decreto “ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026” y, por tanto, “durante este periodo ya han sido usuarias de los diferentes servicios públicos”. Por eso, explica que la concesión de una autorización de residencia “no genera el impacto en los diversos servicios públicos dado que, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida ya son usuarias de tales servicios”.

Además, recuerda que el Tribunal Constitucional en sus sentencias 155/2015 y 236/2007 reconoce el derecho a acceder a la educación no obligatoria a quienes no ostentan la condición de personas residentes en España. Señala que la obtención de la autorización permitirá a las personas migrantes “el acceso al pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico, entre los que resulta especialmente relevante el derecho al trabajo”. Por eso, considera que “no solo contribuirá de manera efectiva a su integración social, sino que además comportará un incremento de las cotizaciones sociales derivado de su incorporación al mercado laboral”.

Respecto a la influencia que pudiera tener la regularización extraordinaria en el ámbito sanitario, indica que tanto la ley 16/2003 como el reciente real decreto 180/2026 garantizan el acceso a la prestación sanitaria “sin atender al estatus de la persona extranjera”. Por tanto, esta nueva regularización no tiene efectos en ese campo. “En definitiva, no existen efectos inmediatos e irreversibles, no existiendo riesgo de una pérdida de la finalidad del recurso. Por ello debe ser rechazado”, concluyen lo servicios jurídicos del Estado.

Daña “el interés público”

Por otro lado, el escrito indica que en caso de que el Supremo diera luz verde a una eventual suspensión de esa regularización, “se vería dañado el interés público” porque la norma ya está inserta en el ordenamiento jurídico y despliega sus efectos desde que el pasado mes de abril fuera aprobada. Además, advierte de que esa suspensión imposibilitaría el desenvolvimiento de los efectos de la regularización porque la fecha límite para la presentación de solicitudes recogida en la norma es el 30 de junio. “La suspensión dañaría gravemente los intereses de los potenciales solicitantes, dado que no podrían acceder a las autorizaciones administrativas recogidas en la norma”, lamenta.

Tras esto, explica que debe tenerse en cuenta que existe un interés ciudadano en esa regularización, y que se ha materializado en una Iniciativa Legislativa Popular, la 120/000004 Proposición de Ley para una regularización extraordinaria para personas extranjeras en España, que fue respaldada por más de 600.000 firmas y “por una amplísima mayoría” del Congreso de los Diputados, 310 votos a favor y 33 en contra.

La Abogacía considera, además, que Hazte Oír no tiene legitimación activa para recurrir esa norma porque no acredita “la existencia de una relación concreta, directa y singular” entre ese decreto y su propia esfera jurídica. Y suma a esto que no existe la apariencia de buen derecho de la asociación a la hora de recurrir la norma porque el propio dictamen del Consejo de Estado explica que el Gobierno “ha seguido los trámites legalmente establecidos para su aprobación”. Esto, a pesar de que los ultracatólicos indicaban que el decreto constituía materialmente “una regularización masiva encubierta, adoptada por vía reglamentaria y sin cobertura legal suficiente”.

Por todo ello, y dada esa falta de legitimación, entiende que el recurso debe inadmitirse sin necesidad de resolver sobre la medida cautelar interesada. Fuentes jurídicas consultadas indican que las alegaciones de la Abogacía del Estado para responder al resto de recursos presentados -entre otros por la Comunidad de Madrid y por el partido político Vox- irán sustancialmente en el mismo sentido que el que ha trascendido este lunes.

Cabe recordar que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha fijado para este miércoles 13 de mayo la celebración de una vista para decidir sobre si admite las medidas cautelares que buscan suspender cautelarmente el proceso de regularización extraordinario de personas migrantes.

La Fiscalía reclama el archivo definitivo de la causa contra Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de proponer que vaya a juicio por delitos de malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida. En su escrito de calificación, el fiscal José Manuel San Baldomero expone las razones por la que considera que la mujer del presidente del Gobierno y los otros dos investigados deben ser absueltos. 

“Elementos corroboradores después de dos años e innumerables diligencias, ninguno”, defiende el representante del Ministerio Público en un escrito en el que recupera los mismos argumentos que ya expuso hace unos días en el recurso contra la decisión del magistrado de sentar a Begoña Gómez ante un tribunal formado por ciudadanos. El fiscal acusa al magistrado de basarse en “hipótesis meras o alambicadas teorías sobre tramas de corrupción” para proponer sentar en el banquillo a Begoña Gómez. También considera que mezcla delitos para intentar sostener la acusación, lo que a su juicio “contribuye a la irracionalidad” del auto con el que puso fin a dos años de investigación. 

Respecto al delito de tráfico de influencias, recuerda que para que exista este delito debe haber una “presión moral” eficiente sobre un funcionario y un beneficio económico que no se da en este caso, dado que la cátedra que Begoña Gómez codirigió en la Universidad Complutense y que centra la imputación por este delito no era remunerada. Además, descarta que la reunión en la Moncloa con el rector Joaquín Goyache fuera un acto intimidatorio. Sobre las cartas de recomendación al empresario Juan Carlos Barrabés, argumenta que carecen de relevancia penal porque fueron meras “cartas de interés” idénticas a las que firmaron otras 35 entidades, entre las que se encontraban empresas como Microsoft o IBM, y administraciones como el Ayuntamiento de Madrid. 

En relación con el delito de corrupción en los negocios, el recurso rebate la tesis del juez de que el dinero captado para la cátedra fuera una “fachada” para que las empresas financiadoras obtuvieran ventajas en adjudicaciones públicas. Afirma que se trata de “una mera conjetura, una hipótesis carente de base, surgida de la nada (...) para tratar de justificar algo que no se sostiene racionalmente, y tratar de buscar de alguna forma un nexo con el sector privado de los negocios”. Y que el fiscal considera jurídicamente insostenible aplicar este delito a la financiación de una cátedra en una universidad pública, ya que este artículo del Código Penal está diseñado para proteger la competencia en el sector privado. 

Sobre la supuesta apropiación indebida del software vinculado a la cátedra, el representante del Ministerio Público sí apunta un argumento novedoso al hacer alusión a la llamada ‘doctrina Botín’. Advierte que, dado que la propia Complutense que es la presunta perjudicada no está ejerciendo la acción penal y la Fiscalía pide el archivo, las acusaciones populares no tienen legitimidad jurídica para sentar a alguien en el banquillo por este delito. 

La 'doctrina Botín' tiene su origen en una sentencia del Tribunal Supremo en 2007, cuando el expresidente del Banco Santander, Emilio Botín, y tres directivos más de la entidad fueron acusados de perpetrar cesiones de crédito supuestamente irregulares. Los jueces archivaron el caso explicando que estos banqueros no podían ser juzgados sólo a petición de la acusación popular, que ejercía la Asociación para la Defensa del Inversor y los Clientes (ADIC), mientras que la Fiscalía pedía el archivo sin existir una acusación particular. Un año después el mismo Supremo suavizó su doctrina con la condena por desobediencia al político Juan María Atutxa y estableció que la fuerza de la acusación popular en solitario podía provocar la apertura de un juicio oral si el delito investigado afecta a intereses colectivos.

El juez también dedicaba parte del auto a tratar de evidenciar cómo la asesora Cristina Álvarez actuó como asistente privada de Begoña Gómez, lo que, a su juicio, constituye un delito de malversación. A este respecto, el fiscal argumenta que la acusación popular tiene una “intensidad desorbitada” al poner en entredicho todo el sueldo de la asesora. Y reitera que “no consta cuál es el perjuicio para el erario público por las actividades desempeñadas al margen y por exceso de las suyas propias. Aunque el propio hecho de acompañamiento a la esposa del presidente del gobierno en su día a día hace que resulte más difícil deslindar cuáles son esos excesos o actividad adicional, y cuáles son inherentes o paralelos a los propios de su función”. 

La acusación popular dirigida por la asociación ultracatólica Hazte Oír ha solicitado para Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, una pena de 24 años de cárcel por los delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Así consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso elDiario.es, en el que interesa además 22 años de prisión para la asistente de Moncloa Cristina Álvarez y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés.

En el escrito sostiene que desde el momento en el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa “aumentó la proyección institucional” de Begoña Gómez así como su capacidad de influencia tanto ante la administración como en sectores privados. Apunta que, de esa forma, pudo acceder a directivos de grandes empresas gracias a esos “vínculos personales” y que también “accedió a la posibilidad de utilizar medios y recursos públicos para fines privados, laborales, mercantiles y/o universitarios”.

“Tras la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, la investigada, con plena consciencia de ello y de forma voluntaria, dio un giro radica (a su carrera) y, así, en junio de 2018 solicitó la excedencia en Inmark” -empresa para la que trabajaba-, explica, para añadir que “con el fin de poder acceder a círculos de poder e influencia, decidió progresar en ese giro radical a nivel profesional”.

En este sentido, apunta que en agosto de 2018 fue nombrada directora del IE Africa Center; que entabló relaciones con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y con Wakalua (filial de Globalia) y que impulsó en 2020 la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en el seno de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

En paralelo, y siempre según Hazte Oír, Gómez, “de manera voluntaria, libre y consciente influyó en los funcionarios y autoridades” para que se contratara a Cristina Álvarez, su amiga, como su asistente en La Moncloa, y todo ello “prevaliéndose conscientemente” de su condición de esposa de Sánchez. Resalta que ejerció una “presión moral eficiente” sobre la voluntad de los intervinientes para que su amiga fuera nombrada funcionaria “alterando el proceso motivador de tal nombramiento” porque no se tuvo en cuenta ni la falta de experiencia ni su falta de titulación.

En cuanto a la relación con el empresario Barrabés, la acusación popular explica que ambos se conocieron en agosto de 2018 y que tras colaborar en varios asuntos ambos vieron “las oportunidades que podían extraer de su relación profesional y apoyo mutuo”. Además, detalla que mantuvieron encuentros en Moncloa siendo ella consciente “del entorno en el que citaba al empresario, con el fin de crear un halo de institucionalidad y poder” y relata las cartas de recomendación que firmó ella como responsable de la cátedra para determinadas adjudicaciones públicas el empresario.

Sobre la creación de la cátedra que codirigió Begoña Gómez en la UCM, indica que ella y su asistente citaron al rector de ese centro educativo, Joaquín Goyache, en el Palacio de La Moncloa “de manera voluntaria, libre y conscientes de la influencia que se ejercía” sobre él. Todo ello afectó, a su juicio, “a la voluntad de los funcionarios y autoridades académicas intervinientes en la decisión de la creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva y en el nombramiento de Begoña Gómez como directora de la misma”.

La malversación y la apropiación

Por otro lado, Hazte Oír indica que Gómez también se valió de su posición personal para atraer patrocinios, servicios y soporte técnico para la herramienta o software que desarrollaba en el seno de la cátedra. Y apunta que la propia asistenta “ofreció (directa o indirectamente) a diversos directivos y administradores de grandes y medianas empresas su interlocución con el presidente del Gobierno (...) para obtener, a cambio, contraprestaciones tanto económicas como de aportación de servicios y trabajos para el favorecimiento personal” de Begoña Gómez y de su sociedad Transforma TSC, SL. Entre esas empresas destaca Reale Seguros, Fundación La Caixa, Google, Telefónica, Indra o Deloitte, entre otras.

Apunta que en el trabajo de esa captación intervino también la asistenta de Moncloa, lo que apuntala, para la acusación el delito de malversación. De hecho, calcula que el daño al erario público por el uso irregular de su asistenta para fines privados se puede cifrar en al menos 401.542 euros. Y resalta, tras enumerar una serie de actos en los que participó Álvarez que éstos no son “aislados o de mera cortesía institucional” sino que reflejan “una dedicación sistemática y continuada de la jornada laboral y los medios públicos de Cristina Álvarez al servicio de los intereses privados de Begoña Gómez”.

En cuanto al delito de apropiación indebida que se le imputa a la esposa del presidente del Gobierno por, presuntamente, poner a su nombre la web que albergaba un software desarrollado en el seno de la cátedra de la Complutense, Hazte Oír explica que “se apropió y puso bajo su poder de control y disposición” el programa en perjuicio de la UCM porque no lo entregó a pesar de que estaba obligada a ello.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha determinado la nueva fecha de inicio del juicio contra ocho de los jóvenes que bloquearon un autobús de HazteOír en marzo de 2017. La vista oral se celebrará, si nada lo impide nuevo, los días 19, 20 y 21 de abril de 2027, tras la suspensión de la misma en última instancia el pasado 18 de marzo. 

Según la diligencia de ordenación a la ha tenido acceso SevillaelDiario.es, una vez examinadas y resueltas las solicitudes de prueba propuestas por las partes personadas, la jueza ha establecido para abril del año que viene la vista oral, donde se personarán los ocho acusados por los hechos. HazteOír acusa a los demandados de promover e incitar directa e indirectamente al odio por una razón ideológica, llegando al lanzamiento de “objetos contundentes”, con “una constante lluvia de piedras y huevos”.

La campaña de la organización ultracatólica HazteOír arrancó en octubre de 2016 bajo el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen''. Sin embargo, acudieron a Sevilla con el lema “Respeto para todos. No al bullying”, con el objetivo de realizar un recorrido por la capital hispalense. En las inmediaciones del Prado de San Sebastián se produjo una intercepción del autobús por parte de un grupo de manifestantes, que se saldó con la identificación de ocho jóvenes, para quienes HazteOír pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas, según viene informando este periódico.

Durante la instrucción, la Policía describió “la existencia de un presunto delito de odio de carácter ideológico”, en base a unos “indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes” como la “relación del investigado con grupos o asociaciones caracterizados por su odio o animadversión u hostilidad contra otros grupos ideológicos”, la “enemistad histórica entre la víctima y los presuntos culpables”, los “antecedentes policiales del investigado”, “tatuajes, vestuario o estética del autor de los hechos”, los “análisis de sus perfiles en redes sociales”, etc. 

Una fecha de juicio dilatada en el tiempo

Esta fecha vislumbra un final a unos hechos acaecidos en marzo de 2017 y que ha sufrido varios reveses judiciales. En un primer lugar, la vista oral estaba señalada para su celebración en octubre de 2023, sin embargo, la acusación particular que ejerce HazteOir calificó los hechos a enjuiciar como constitutivos, entre otros, de un delito previsto en el artículo 510.1 del Código Penal, más conocidos como delitos de odio, algo que hizo que la competencia para el enjuiciamiento de la causa correspondiera finalmente a la Audiencia Provincial de Sevilla. 

El traspaso de los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común provocó que los funcionarios advirtieran que el juicio señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo carecía de las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la inminente fecha del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia decretó la suspensión de los autos. Finalmente, serán los días 19, 20 y 21 de abril del próximo año cuando se celebre el juicio contra los ocho acusados.

HazteOir se n’ix de la causa de la dana. Així ho sol·licita l’associació ultraconservadora en un escrit remés a la jutgessa instructora, a què ha tingut accés elDiario.es. Els advocats Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna i Nouna Lozano Manchado anuncien el desistiment de l’acusació popular i la renúncia a l’acció “amb els efectes legals oportuns” i “sense perjudici de la continuació del procediment respecte de les altres parts personades”. 

La representació jurídica de l’entitat a penes ha proposat diligències en el marc del procediment que instrueix la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra, més enllà dels seus intents fallits d’implicar el Govern de Pedro Sánchez en la instrucció. 

L’associació, que es va querellar inicialment contra la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i contra el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, va ser expulsada de la causa en un primer moment per part de la magistrada instructora. No obstant això, la secció segona de l’Audiència de València va admetre la seua personació com a acusació popular. 

HazteOir es va limitar a demanar la citació de Pedro Sánchez com a testimoni, aprofitant la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada va argumentar, en una interlocutòria del 15 de desembre passat, que no constava que Sánchez, “a diferència” de Núñez Feijóo, “estiguera informat en temps real” per part de Carlos Mazón sobre la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. 

L’entitat ultraconservadora va recórrer en apel·lació contra la resolució. No obstant això, el fiscal es va oposar a la possibilitat de citar Pedro Sánchez com a testimoni pel fet de considerar que la seua testifical no aportaria res a l’esclariment dels fets. La secció segona de l’Audiència Provincial de València va tombar el recurs per unanimitat i va adduir, en una interlocutòria del 6 de març passat, que la diligència proposada per HazteOir incorria en “clars tints prospectius”. 

L’eixida de Liberum per l’“excessiva dispersió” de les parts

Un mes després del revés, l’acusació popular tira la tovallola. I ho fa poc després que una altra acusació popular abandonara el procediment. Es tracta de l’associació Liberum, que el 30 de març passat també es va apartar de la causa

“Una vegada personats, i amb posterioritat a això, en aquest procediment concorren múltiples acusacions populars ja personades, la qual cosa genera una excessiva dispersió de parts amb interessos coincidents i una evident duplicitat d’escrits i actuacions”, afirma l’escrit de Liberum, a què ha tingut accés aquest diari. 

L’entitat argüeix que, “per raons d’economia processal i de sanejament del procés”, resulta “més adequat” apartar-se del procediment, “evitant reiteracions innecessàries i contribuint a la simplificació i l’agilitació del procediment, almenys per part nostra”.

L’escrit, d’altra banda, sol·licita la devolució de la fiança de 6.000 euros depositada per l’acusació popular en personar-se en la causa.

HazteOir se sale de la causa de la dana. Así lo solicita la asociación ultraconservadora en un escrito remitido a la jueza instructora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado anuncian el desistimiento de la acusación popular y la renuncia a la acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”.

La representación jurídica de la entidad apenas ha propuesto diligencias en el marco del procedimiento que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, más allá de sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez en la instrucción. 

La asociación, que se querelló inicialmente contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, fue expulsada de la causa en un primer momento por parte de la magistrada instructora. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia de Valencia admitió su personación como acusación popular.

HazteOir se limitó a pedir la citación de Pedro Sánchez como testigo, aprovechando la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada argumentó, en un auto del pasado 15 de diciembre, que no constaba que Sánchez, “a diferencia” de Núñez Feijóo, “estuviera informado en tiempo real” por parte de Carlos Mazón sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La entidad ultraconservadora recurrió en apelación la resolución. Sin embargo, el fiscal se opuso a la posibilidad de citar a Pedro Sánchez como testigo al considerar que su testifical no aportaría nada al esclarecimiento de los hechos. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia tumbó el recurso por unanimidad y adujo, en un auto del pasado 6 de marzo, que la diligencia propuesta por HazteOir incurría en “claros tintes prospectivos”.

La salida de Liberum por la “excesiva dispersión” de las partes

Un mes después del revés, la acusación popular tira la toalla. Y lo hace poco después de que otra acusación popular abandonara el procedimiento. Se trata de la asociación Liberum, que el pasado 30 de marzo también se apartó de la causa

“Una vez personados, y con posterioridad a la misma, en dicho procedimiento concurren múltiples acusaciones populares ya personadas, lo que genera una excesiva dispersión de partes con intereses coincidentes y una evidente duplicidad de escritos y actuaciones”, afirma el escrito de Liberum, al que ha tenido acceso este diario.

La entidad arguye que “por razones de economía procesal y de saneamiento del proceso” resulta “más adecuado” apartarse del procedimiento, “evitando reiteraciones innecesarias y contribuyendo a la simplificación y agilización del procedimiento, al menos por nuestra parte”.

El escrito, por otro lado, solicita la devolución de la fianza de 6.000 euros depositada por la acusación popular al personarse en la causa.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

El juicio contra los nueve jóvenes para los que la asociación HazteOír pide penas de cárcel por el bloqueo de su autobús en marzo de 2017 ha vuelto a sufrir un revés procesal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación, con fecha de este miércoles, por la que suspende las sesiones de juicio oral que estaban señaladas para los próximos días 23, 24 y 25 de marzo.  

La suspensión, comunicada a las partes este mismo jueves, se produce según el escrito, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, apenas una semana después de entrara en funcionamiento la Nueva Oficina Judicial (Servicio Común de Tramitación), una reforma impulsada por la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que busca, sobre el papel, agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Sin embargo, el estreno de esta estructura ha tenido un efecto bumerán en esta ocasión. Al traspasarse los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común, los funcionarios advirtieron que el juicio —señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo— carecía del trámite más elemental: las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la “inminente fecha” del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia ha decretado la suspensión de los autos, que ahora quedan pendientes de un nuevo señalamiento que podría tardar meses en llegar.

Una dilación “indebida”

Este aplazamiento supone un nuevo golpe para un proceso que ya camina hacia su décimo aniversario. Los hechos que se juzgan se remontan a marzo de 2017, cuando el autobús de HazteOír, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, fue interceptado en las inmediaciones del Prado de San Sebastián. Aquella protesta terminó con la identificación de nueve jóvenes para quienes la asociación ultraconservadora pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas.

Las defensas de los acusados han venido denunciando durante años la “pena de banquillo” que supone este proceso, dilatado sistemáticamente por cuestiones formales y recursos, y que ahora se ve frenado por un error de la propia Audiencia en el recuento de sus macrocausas. La vista oral llegó a estar señalada para su celebración en octubre de 2023.

Máxima colaboración a los procuradores

Dada la complejidad del caso, que involucra a casi una decena de encausados y múltiples representaciones legales, la Audiencia ha instado a los procuradores a prestar la “máxima colaboración” para comunicar la noticia a sus clientes. El objetivo es evitar que los acusados —muchos de los cuales residen fuera de la capital o tienen compromisos laborales ineludibles— se presenten el próximo lunes en la sede de la Avenida de Carlos V para un juicio que no se va a celebrar.

Esta nueva suspensión no solo afecta a la agenda de la Sección Primera, sino que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los derechos de los encausados ante los fallos del sistema. En el horizonte jurídico, esta nueva demora podría ser utilizada por las defensas para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el Estado ha sido incapaz de celebrar una vista por hechos ocurridos hace nueve años debido, esta vez, a un descuido en el envío de las citaciones.

La representación legal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE no entiende por qué la jueza ha archivado la causa en la que investigaba si hubo delito en el despliegue de una lona de la asociación ultracatólica Hazte Oír en la que llamaba 'corrupto' al jefe del Ejecutivo. Considera que es “incongruente” y “contradictorio” con lo instruido hasta el momento y por eso se adhieren al recurso presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Fue a mediados de febrero cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 12 decidió archivar el asunto y, si bien Sánchez ya recurrió la decisión ante la propia jueza, ahora con la adhesión al Ministerio Público se dirige también a la instancia superior. Y es que considera que pese a retirarse la lona, que fue desplegada en mayo de 2025 frente al Congreso de los Diputados en lo que a su juicio supuso “un delito consumado de injurias graves”, esa asociación “ha perpetuado la imagen difamatoria (…) allá por donde ha considerado sometiendo a un acoso constante y deliberado” a la figura del presidente del Gobierno.

Y dado que en anteriores decisiones judiciales tanto el primer juzgado que entendió del caso como el actual sostenían la existencia de delito, se “revela la incoherencia de dictar ahora un auto de sobreseimiento”. “(Es) absolutamente contradictorio y contra los propios actos, que ahora se entienda que los hechos no tienen relevancia penal, tratándose de hechos objetivamente producidos, que la lona tenía el contenido y dimensiones que tenía, que fue desplegada por la denunciada y que el contenido de la lona se ha perpetuado”, lamenta.

Explica la adhesión, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que esa falta de relevancia penal a la que apunta la jueza es “en todo punto injustificada y prematura” porque permanecen sin practicarse diligencias de prueba ya acordadas y porque no se ha tomado declaración siquiera a la persona que encarga la lona desplegada. A esto, suma que en el auto de archivo, se realiza “una valoración anticipada impropia” ya que se tendría que haber limitado a decir si existen indicios de la comisión de delito o no.

Protección penal reforzada

Recuerda, al hilo, que la jurisprudencia contempla una protección penal reforzada del honor y la integridad institucional de los titulares de órganos constitucionales, tales como el presidente del Gobierno, mediante los tipos agravados de los delitos de injurias y amenazas. Y añade que en todo caso, “los hechos exceden la libertad de expresión política y de la crítica frente al adversario político, suponiendo una grave transgresión de la convivencia política”.

“No nos encontramos ante una crítica política, nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno, es decir, contra una institución del Estado, usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el estado de derecho, las cuales se reproducen por todos los medios posibles”, explica para apuntalar que no es admisible “la denigración, los insultos y las falsedades” y que con la lona se dañó gravemente la imagen de Pedro Sánchez.

Por su parte, Hazte Oír ha presentado un escrito oponiéndose al recurso de Fiscalía en el que insiste en que ese despliegue se hizo “dentro del legítimo derecho a la crítica política”. Suma que es innegable que la utilización de la palabra “corrupto” junto a la imagen del presidente del Gobierno “hace referencia a casos judiciales y polémicas de indudable interés y debate público (…), y constituye un acto de expresión social legítimo”.

Fue el pasado 10 de marzo cuando trascendió que la Fiscalía Provincial de Madrid recurría en apelación el archivo porque se pretendió “humillar y deshonrar a la víctima” y se lesionó “su dignidad humana y en consecuencia su integridad”.

Para la fiscal del caso, Lorena Cabezas, los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral y un delito de coacciones o acoso, y recordaba que la campaña “tuvo una gran repercusión en redes sociales y en diversos medios de comunicación”. Además, entendía que quedan diligencias por practicar, en concreto las que ya solicitó en septiembre de 2025 y que incluía incorporar a la causa el reportaje fotográfico realizado por la policía científica, que se tomara declaración en calidad de investigado al responsable de la asociación encargado de contratar la lona y que la Brigada Provincial de Información identificara a los responsables de la web y de las redes sociales utilizadas para difundir la campaña.

El PSOE ha denunciado a la asociación ultra Hazte Oír ante la Junta Electoral Central por la difusión pública del documental Los crímenes del Partido Socialista durante la campaña electoral en Castilla y León. El grupo ultracatólico ha organizado un pase de esta obra para este viernes 13 de marzo a las 20 horas en el Palacio de la Prensa de Madrid, el mismo día del cierre de la campaña y 36 horas antes de la apertura de las urnas este domingo 15.

En el tráiler del documental, además de asegurar que se desvelarán “los crímenes del partido socialista”, se hace referencia a “140 años de crímenes, robos y mentiras del partido socialista” y se afirma que “los socialistas fueron los que promovieron la Guerra Civil” y que busca “acabar con la esencia de España” y con “un sistema diseñado para acabar con toda oposición política e ideológica”. Según explica la propia asociación ultra en los múltiples mensajes que ha compartido a través de sus redes sociales, es “una revisión documentada y cronológica de los hechos que han marcado la evolución del PSOE, también los que están fuera del relato oficial” y el documental que “en Ferraz no quieren que veas”.

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Vegas Sánchez, en calidad de representante del PSOE de Castilla y León, considera que este documental de Hazte Oír es “claramente injurioso y difamatorio” y que su única finalidad es “desacreditar” al PSOE llevando a cabo una “campaña de desinformación” con el objetivo de “incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores, atentando contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los sujetos electorales”.

El PSOE argumenta que el documental no es “una campaña ideológica” en la que “se transmiten críticas u opiniones” y considera que se trata de un instrumento electoral en contra de la formación “como organización y como partido” que sólo busca “un efecto injurioso y negativo”. “Ha de considerarse como ”propaganda electoral“ o ”acto de campaña“, toda vez que su finalidad o efecto principal es influir negativamente en la orientación del voto, lo que encaja en el concepto legal de campaña electoral como actividades en orden a la captación de sufragios”, asegura la denuncia.

En la denuncia, el PSOE también afea la elección del día del estreno: el último día de campaña. Según el texto, Hazte Oír busca así afectar a “la opinión pública española, y en particular, al electorado de Castilla y León” con “el único propósito, claramente ilegal y contrario a los fundamentos de objetividad y transparencia” de las campañas.

El PSOE solicita a la Junta Electoral la prohibición de la presentación prevista el viernes día 13 por “exceder el marco del debate electoral al incorporar imputaciones graves, injuriosas y calumniosas, únicamente dirigidas al descrédito del PSOE, para perjudicarlo electoralmente”. “La realidad es que, bajo la apariencia de una actividad ”cultural“ y como una asociación, se está realizando una auténtica campaña electoral, por quien no puede realizarla, con un objetivo claro y meridiano, de captación de sufragios para las formaciones de ultraderecha y sobre todo para perjudicar electoralmente al PSOE”, apunta la denuncia que destaca que su objetivo no es otro que “provocar la dimisión de Pedro Sánchez y acabar con el socialismo”.

Además, también pide que Hazte Oír retire de todas las redes sociales y página web el documental y que se le aperciba para que “se abstenga de persistir en similares conductas”. Además, solicita que se remita a la Fiscalía copias de las actuaciones realizadas por si “pudieran ser constituticas de delito electorial, si así lo consideran, siempre que no considere que deben ser objeto de procedimiento sancionador”.

En la denuncia, el PSOE defiende que, aunque Hazte Oír se define como “organización civil que no se presenta a las elecciones”, durante los procesos electorales es “especialmente activa” impulsando por su “coincidencia ideológica con formaciones políticas” a Vox. Además, también recuerda que ha llevado a cabo “campañas directas contra el PSOE, el socialismo y los líderes actuales del Partido Socialista” con una “ evidente y no disimulada intención de perjudicar electoralmente a estos”. Esta misma semana, por ejemplo, la Fiscalía ha recurrido el archivo del caso de la lona que desplegó esta organización ultra frente al Congreso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al lema “corrupto” porque buscó “humillarle”.

Según detalla el PSOE en el texto presentado ante la Junta Electoral, “un simple vistazo a su página web confirma su papel de agente activo electoral”. Y pone como ejemplo su apartado “Temporada Electoral” en la que se omite toda referencia al candidato socialista Carlos Martínez y se reduce la pugna electoral a “los candidatos del PP (Alfonso Fernández Mañueco), de Vox (Carlos Pollán) y de Se Acabó la Fiesta (Lucía Echevarrieta)”.

Una gran lona de HazteOir ha sido desplegada a primera hora de este lunes en una zona verde de Madrid con gran visibilidad desde la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. En ella, la organización ultra llama “criminales” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a los que sitúa en una misma imagen junto al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El despliegue se ha producido junto a un escudo del consistorio en el parque Roma, una zona verde que depende del Ayuntamiento de Madrid. Según testigos presenciales, algunos conductores que circulaban por la M-30 han aminorado su velocidad para comprobar el contenido del cartel, provocando pequeñas retenciones.

Este periódico ha preguntado al consistorio madrileño si la lona contaba con permiso municipal para ser desplegada y cuánto tiempo está previsto que se quede, sin que hasta ahora el Gobierno de Almeida haya emitido contestación alguna.

La lona sigue la estética de la campaña que el mismo grupo colocó frente al Congreso de los Diputados, en el que acusaba a Sánchez de “corrupto” y que formaba parte de una campaña de financiación de un documental. La posterior denuncia del PSOE por delito de injurias sobre esa campaña fue rechazada, aunque el caso está recurrido.

En el fallo judicial, adelantado por elDiario.es, la magistrada consideraba que la primera acción era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”.

El juzgado de Instrucción 12 de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre la pancarta de grandes dimensiones que la asociación ultracatólica HazteOir desplegó el 19 de mayo de 2025 cerca del Congreso con la foto del presidente del Gobierno y la palabra “corrupto”. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada María Dolores Baeza considera que esta acción es una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. El PSOE había denunciado a HazteOir por un posible delito de injurias con publicidad contra Pedro Sánchez. 

Tras la denuncia de los socialistas, la lona fue retirada el mismo día de su instalación por orden de otro juzgado, que entendió que era un movimiento “claramente lesivo” para la “reputación” del presidente. Debido a la falta de operarios de la empresa instaladora en ese momento, la retirada fue ejecutada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 

Tras la retirada de la lona, HazteOir continuó su campaña por otras vías: aparecieron pancartas con la misma imagen en puentes del distrito de Fuencarral-El Pardo y también puso a circular un camión por la ciudad de Madrid exhibiendo los mismos carteles. Además, en la madrugada del 28 de mayo se proyectó un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión “Sánchez Corrupto”. Esa acción fue difundida por HazteOir en redes sociales. 

Esta práctica es una estrategia habitual de este grupo ultracatólico, que ejerce la acusación popular en casos como el de Begoña Gómez o David Sánchez. La organización contrata camiones para que circulen alrededor de los juzgados con imágenes en alusión a la “mafia” del Gobierno y en la que sus miembros aparecen caracterizados como personajes de 'El Padrino'.

La magistrada considera que estos hechos no constituyen un delito de injurias o calumnias. Afirma que se enmarcan dentro del derecho a la crítica política y la libertad de expresión, dado que no incitaban a la violencia ni constituían un discurso de odio.

Se basa, para ello, en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha determinado que los “límites permisibles de crítica son más amplios” cuando se dirigen a personas que ostentan un cargo público, como el presidente del Gobierno, en comparación con los particulares. La crítica, según la jueza, es “inseparable de todo cargo político”, dado que quienes los ocupan están más expuestos al escrutinio público.