La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha determinado la nueva fecha de inicio del juicio contra ocho de los jóvenes que bloquearon un autobús de HazteOír en marzo de 2017. La vista oral se celebrará, si nada lo impide nuevo, los días 19, 20 y 21 de abril de 2027, tras la suspensión de la misma en última instancia el pasado 18 de marzo. 

Según la diligencia de ordenación a la ha tenido acceso SevillaelDiario.es, una vez examinadas y resueltas las solicitudes de prueba propuestas por las partes personadas, la jueza ha establecido para abril del año que viene la vista oral, donde se personarán los ocho acusados por los hechos. HazteOír acusa a los demandados de promover e incitar directa e indirectamente al odio por una razón ideológica, llegando al lanzamiento de “objetos contundentes”, con “una constante lluvia de piedras y huevos”.

La campaña de la organización ultracatólica HazteOír arrancó en octubre de 2016 bajo el lema 'Los niños tienen pene. Las niñas tienen vulva. Que no te engañen''. Sin embargo, acudieron a Sevilla con el lema “Respeto para todos. No al bullying”, con el objetivo de realizar un recorrido por la capital hispalense. En las inmediaciones del Prado de San Sebastián se produjo una intercepción del autobús por parte de un grupo de manifestantes, que se saldó con la identificación de ocho jóvenes, para quienes HazteOír pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas, según viene informando este periódico.

Durante la instrucción, la Policía describió “la existencia de un presunto delito de odio de carácter ideológico”, en base a unos “indicadores esgrimidos para probar la adscripción ideológica de los participantes” como la “relación del investigado con grupos o asociaciones caracterizados por su odio o animadversión u hostilidad contra otros grupos ideológicos”, la “enemistad histórica entre la víctima y los presuntos culpables”, los “antecedentes policiales del investigado”, “tatuajes, vestuario o estética del autor de los hechos”, los “análisis de sus perfiles en redes sociales”, etc. 

Una fecha de juicio dilatada en el tiempo

Esta fecha vislumbra un final a unos hechos acaecidos en marzo de 2017 y que ha sufrido varios reveses judiciales. En un primer lugar, la vista oral estaba señalada para su celebración en octubre de 2023, sin embargo, la acusación particular que ejerce HazteOir calificó los hechos a enjuiciar como constitutivos, entre otros, de un delito previsto en el artículo 510.1 del Código Penal, más conocidos como delitos de odio, algo que hizo que la competencia para el enjuiciamiento de la causa correspondiera finalmente a la Audiencia Provincial de Sevilla. 

El traspaso de los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común provocó que los funcionarios advirtieran que el juicio señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo carecía de las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la inminente fecha del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia decretó la suspensión de los autos. Finalmente, serán los días 19, 20 y 21 de abril del próximo año cuando se celebre el juicio contra los ocho acusados.

HazteOir se n’ix de la causa de la dana. Així ho sol·licita l’associació ultraconservadora en un escrit remés a la jutgessa instructora, a què ha tingut accés elDiario.es. Els advocats Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna i Nouna Lozano Manchado anuncien el desistiment de l’acusació popular i la renúncia a l’acció “amb els efectes legals oportuns” i “sense perjudici de la continuació del procediment respecte de les altres parts personades”. 

La representació jurídica de l’entitat a penes ha proposat diligències en el marc del procediment que instrueix la jutgessa Nuria Ruiz Tobarra, més enllà dels seus intents fallits d’implicar el Govern de Pedro Sánchez en la instrucció. 

L’associació, que es va querellar inicialment contra la delegada del Govern, Pilar Bernabé, i contra el president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), Miguel Polo, va ser expulsada de la causa en un primer moment per part de la magistrada instructora. No obstant això, la secció segona de l’Audiència de València va admetre la seua personació com a acusació popular. 

HazteOir es va limitar a demanar la citació de Pedro Sánchez com a testimoni, aprofitant la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada va argumentar, en una interlocutòria del 15 de desembre passat, que no constava que Sánchez, “a diferència” de Núñez Feijóo, “estiguera informat en temps real” per part de Carlos Mazón sobre la gestió de la dana del 29 d’octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts. 

L’entitat ultraconservadora va recórrer en apel·lació contra la resolució. No obstant això, el fiscal es va oposar a la possibilitat de citar Pedro Sánchez com a testimoni pel fet de considerar que la seua testifical no aportaria res a l’esclariment dels fets. La secció segona de l’Audiència Provincial de València va tombar el recurs per unanimitat i va adduir, en una interlocutòria del 6 de març passat, que la diligència proposada per HazteOir incorria en “clars tints prospectius”. 

L’eixida de Liberum per l’“excessiva dispersió” de les parts

Un mes després del revés, l’acusació popular tira la tovallola. I ho fa poc després que una altra acusació popular abandonara el procediment. Es tracta de l’associació Liberum, que el 30 de març passat també es va apartar de la causa

“Una vegada personats, i amb posterioritat a això, en aquest procediment concorren múltiples acusacions populars ja personades, la qual cosa genera una excessiva dispersió de parts amb interessos coincidents i una evident duplicitat d’escrits i actuacions”, afirma l’escrit de Liberum, a què ha tingut accés aquest diari. 

L’entitat argüeix que, “per raons d’economia processal i de sanejament del procés”, resulta “més adequat” apartar-se del procediment, “evitant reiteracions innecessàries i contribuint a la simplificació i l’agilitació del procediment, almenys per part nostra”.

L’escrit, d’altra banda, sol·licita la devolució de la fiança de 6.000 euros depositada per l’acusació popular en personar-se en la causa.

HazteOir se sale de la causa de la dana. Así lo solicita la asociación ultraconservadora en un escrito remitido a la jueza instructora, al que ha tenido acceso elDiario.es. Los abogados Javier María Pérez-Roldán y Suanzes-Carpegna y Nouna Lozano Manchado anuncian el desistimiento de la acusación popular y la renuncia a la acción “con los efectos legales oportunos” y “sin perjuicio de la continuación del procedimiento respecto de las demás partes personadas”.

La representación jurídica de la entidad apenas ha propuesto diligencias en el marco del procedimiento que instruye la jueza Nuria Ruiz Tobarra, más allá de sus intentos fallidos de implicar al Gobierno de Pedro Sánchez en la instrucción. 

La asociación, que se querelló inicialmente contra la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, fue expulsada de la causa en un primer momento por parte de la magistrada instructora. Sin embargo, la sección segunda de la Audiencia de Valencia admitió su personación como acusación popular.

HazteOir se limitó a pedir la citación de Pedro Sánchez como testigo, aprovechando la testifical del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. La magistrada argumentó, en un auto del pasado 15 de diciembre, que no constaba que Sánchez, “a diferencia” de Núñez Feijóo, “estuviera informado en tiempo real” por parte de Carlos Mazón sobre la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

La entidad ultraconservadora recurrió en apelación la resolución. Sin embargo, el fiscal se opuso a la posibilidad de citar a Pedro Sánchez como testigo al considerar que su testifical no aportaría nada al esclarecimiento de los hechos. La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia tumbó el recurso por unanimidad y adujo, en un auto del pasado 6 de marzo, que la diligencia propuesta por HazteOir incurría en “claros tintes prospectivos”.

La salida de Liberum por la “excesiva dispersión” de las partes

Un mes después del revés, la acusación popular tira la toalla. Y lo hace poco después de que otra acusación popular abandonara el procedimiento. Se trata de la asociación Liberum, que el pasado 30 de marzo también se apartó de la causa

“Una vez personados, y con posterioridad a la misma, en dicho procedimiento concurren múltiples acusaciones populares ya personadas, lo que genera una excesiva dispersión de partes con intereses coincidentes y una evidente duplicidad de escritos y actuaciones”, afirma el escrito de Liberum, al que ha tenido acceso este diario.

La entidad arguye que “por razones de economía procesal y de saneamiento del proceso” resulta “más adecuado” apartarse del procedimiento, “evitando reiteraciones innecesarias y contribuyendo a la simplificación y agilización del procedimiento, al menos por nuestra parte”.

El escrito, por otro lado, solicita la devolución de la fianza de 6.000 euros depositada por la acusación popular al personarse en la causa.

Ibrahima tenía 12 años cuando su padre decidió que debía hacerse “más hombre”. Lo llevó a trabajar en la pesca, convencido de que el esfuerzo físico corregiría lo que familia veía como una desviación. “Nunca me gustó. Yo quería otra vida, pero no tenía elección”, recuerda hoy desde Francia en una conversación con elDiario.es.

Creció en Senegal en una familia profundamente religiosa, marcada por la figura de un padre imán y por un entorno donde cualquier diferencia era castigada. En el barrio lo molestaban, lo señalaban y lo reducían a un insulto que ni siquiera entendía. En casa, la violencia era una constante. “Mi hermano mayor me golpeó varias veces, incluso una vez en el mar, donde pensé que iba a morir”, relata. Desde muy joven, Ibrahima comprendió que su identidad no tenía espacio en el mundo que lo rodeaba. 

Años después, en 2020, fue detenido junto a otros hombres acusados de “actos contra natura”. Pasó tres meses en prisión en condiciones extremas, hacinado con decenas de personas, sin poder dormir y bajo amenazas constantes y agresiones de otros reclusos. “Pensé que no iba a salir de allí”, dice. Hoy vive en Francia, adonde llegó en 2024, intentando reconstruir una vida atravesada por la violencia. 

Su historia no pertenece al pasado, es el presente de Senegal. En marzo de 2025, la Asamblea Nacional aprobó una reforma del Código Penal que pena con hasta diez años de prisión las relaciones entre personas del mismo sexo y criminaliza cualquier forma de “promoción” de la homosexualidad. La norma amplía la persecución de activistas, organizaciones y cualquier persona que defienda los derechos LGTBI, e introduce sanciones económicas que pueden alcanzar los 15.000 euros, equiparando la homosexualidad a delitos como la zoofilia o la necrofilia.

Una ola que recorre parte de África

Senegal no es una excepción. De los 65 países que criminalizan la homosexualidad en el mundo, 33 están en África. En los últimos años, el continente ha vivido un endurecimiento acelerado de este tipo de legislaciones, en una dinámica que combina política interna, presión social y redes e influencias internacionales. 

Uganda se convirtió en 2023 en el epicentro de esta regresión al aprobar una de las leyes más duras del mundo, con penas que incluyen la cadena perpetua e incluso la pena de muerte en casos de “homosexualidad agravada”. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos han documentado cientos de abusos, detenciones arbitrarias, agresiones físicas y campañas de persecución social.

En Burkina Faso, la reforma de 2025 llega en un contexto de inestabilidad política crónica, con golpes de Estado recientes, presencia de grupos yihadistas y un Estado cada vez más debilitado fuera de la capital. En ese escenario, el endurecimiento de las leyes anti-LGTBI empuja al colectivo hacia la clandestinidad. 

El Parlamento de Ghana ha aprobado nuevas restricciones en una ley cuya versión anterior fue aprobada en 2024, pero no llegó a entrar en vigor al no recibir el respaldo del entonces presidente Nana Akufo-Addo. Su sucesor, John Dramani Mahama, en el poder desde enero de 2025, sí ha mostrado apoyo a la iniciativa. 

La huella de la derecha cristiana estadounidense

Tanto Senegal como otros países del continente africano comparten un elemento común denominador: la influencia de redes ultraconservadoras occidentales en esta ola legislativa contra el colectivo homosexual. 

En Senegal, la red And Samm Jikko Yi, clave en la presión para endurecer la ley, mantuvo contactos desde 2024 con MassResistance, una organización estadounidense con sede en Massachusetts que considera la homosexualidad una amenaza para la salud pública. MassResistance no es un actor marginal. En Estados Unidos ha impulsado campañas contra el matrimonio igualitario y los derechos de las personas trans, y forma parte de un entramado más amplio de organizaciones que exportan una agenda ultraconservadora a nivel internacional. 

Desde la llegada de la Administración Trump en Estados Unidos, el clima político en el país ha reforzado las redes de ultraconservadores. De hecho, según Reuters, el caso de Senegal es el primer caso documentado de un grupo estadounidense ayudando a sacar adelante una ley anti-LGTBI en África desde la vuelta al poder de Donald Trump. 

Según la agencia, esta organización asesoró a actores senegaleses en estrategias de movilización, comunicación y presión política para impulsar la reforma legal. Este tipo de colaboración incluye desde el diseño de campañas hasta el intercambio de materiales ideológicos y jurídicos. 

No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país

Ibrahima

El caso de Senegal no es aislado. En Ghana, la misma organización ha participado en el debate legislativo y ha colaborado con activistas locales, mientras que otras plataformas como Family Watch International o CitizenGO, fundada por la asociación española HazteOir han organizado conferencias, financiado campañas y trabajado directamente con líderes políticos y religiosos en distintos países africanos, como han destapado algunas informaciones periodísticas. En los últimos años, investigaciones por parte de organizaciones como Open Democracy han documentado que desde 2007 al menos una veintena de grupos ultraconservadores cristianos estadounidenses han destinado decenas de millones de dólares a organizaciones africanas en contra de las personas LGTBI.

Este entramado se articula en torno a lo que algunos investigadores denominan el movimiento transnacional “pro-family”, una red global que exporta marcos legales, discursos y estrategias políticas. Aun así, la paradoja es evidente. Mientras desde África los discursos oficiales insisten en que la homosexualidad es una imposición occidental, parte de la ofensiva contra los derechos LGTBI también lo es. 

Además, el recorte de la financiación internacional de Estados Unidos a través de la suspensión del programa USAID ha llevado a la reducción de programas considerados “sociales o divisivos”, sobre todo en el ámbito de la salud pública. En Senegal, la prevalencia del VIH es del 0,3% en la población general, pero alcanza hasta el 49% entre hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres en algunas zonas de Dakar. A partir de ahora, la criminalización del colectivo dificulta el acceso a tratamiento y prevención, empujándolos a la clandestinidad. 

Crisis, desgaste político e instrumentalización de la moral

La aprobación de la ley no puede entenderse sin el contexto económico y político que atraviesa Senegal. El país vive una situación financiera crítica. Tras años de gestión opaca, la deuda pública ha superado las cifras oficiales, superando el 100% del Producto Interior Bruto, lo que ha obligado al Gobierno a hacer frente a pagos urgentes a acreedores internacionales para evitar el default. El peso de la deuda consume ya más de la mitad de los ingresos del Estado. 

Las consecuencias son visibles: becas estudiantiles impagadas, recortes en servicios públicos y un sistema universitario tensionado que han provocado protestas recurrentes. En febrero de 2026, la muerte del estudiante Abdoulaye Ba durante una intervención policial en una protesta por el retraso de becas volvió a poner de relieve la fragilidad del modelo. El caso de Abdoulaye no es un caso aislado; al menos seis estudiantes han muerto en contextos similares en los últimos 25 años. 

Este clima de tensión se combina con un desempleo juvenil persistente y una creciente frustración de los jóvenes, que fueron clave en la llegada al poder de los actuales líderes del país, Bassirou Diomaye Faye y Ousmane Sonko en 2024. Ambos encarnaban una promesa de ruptura con el sistema anterior y, dos años después, esa promesa se enfrenta a sus límites.

En este contexto, la ley contra la homosexualidad aparece como una herramienta política de bajo coste y alto rendimiento simbólico. “Hay muchos problemas más importantes en Senegal”, apunta Ibrahima a elDiario.es. Desde su experiencia, la cuestión LGTBI ha sido utilizada como sustituto de esas respuestas que no llegan. “No somos nosotros los que amenazamos la economía ni la seguridad del país”, insiste. 

El propio calendario refuerza esta lectura. La aprobación de la ley coincidió con un momento de alta presión financiera sobre el Estado y un aumento de las críticas internas. Dentro del propio Gobierno, la medida también cumple una función de posicionamiento. Mientras Faye adopta una posición más institucional, centrada en la gestión económica, Sonko, por su parte, y como principal impulsor de la ley, refuerza su liderazgo apelando a los “valores africanos” y la soberanía cultural. 

Para Ibrahima, es una lógica clara: “Se está utilizando a las personas homosexuales para distraer a la población”. A su juicio, el Gobierno busca demostrar que cumple sus promesas en un terreno simbólico, aunque no lo haga en lo económico. “Quieren decir que han hecho algo, aunque no sea lo más importante”.

“Cuando me detuvieron me encontré con que el fiscal era homófobo, pero mi abogado, también. Ahora ese mismo abogado se ha convertido en un diputado de la Asamblea Nacional y ha apoyado iniciativas políticas anti LGTBI. Está claro que no tienes a nadie que te defienda”, concluye. 

El juicio contra los nueve jóvenes para los que la asociación HazteOír pide penas de cárcel por el bloqueo de su autobús en marzo de 2017 ha vuelto a sufrir un revés procesal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación, con fecha de este miércoles, por la que suspende las sesiones de juicio oral que estaban señaladas para los próximos días 23, 24 y 25 de marzo.  

La suspensión, comunicada a las partes este mismo jueves, se produce según el escrito, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, apenas una semana después de entrara en funcionamiento la Nueva Oficina Judicial (Servicio Común de Tramitación), una reforma impulsada por la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que busca, sobre el papel, agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Sin embargo, el estreno de esta estructura ha tenido un efecto bumerán en esta ocasión. Al traspasarse los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común, los funcionarios advirtieron que el juicio —señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo— carecía del trámite más elemental: las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la “inminente fecha” del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia ha decretado la suspensión de los autos, que ahora quedan pendientes de un nuevo señalamiento que podría tardar meses en llegar.

Una dilación “indebida”

Este aplazamiento supone un nuevo golpe para un proceso que ya camina hacia su décimo aniversario. Los hechos que se juzgan se remontan a marzo de 2017, cuando el autobús de HazteOír, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, fue interceptado en las inmediaciones del Prado de San Sebastián. Aquella protesta terminó con la identificación de nueve jóvenes para quienes la asociación ultraconservadora pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas.

Las defensas de los acusados han venido denunciando durante años la “pena de banquillo” que supone este proceso, dilatado sistemáticamente por cuestiones formales y recursos, y que ahora se ve frenado por un error de la propia Audiencia en el recuento de sus macrocausas. La vista oral llegó a estar señalada para su celebración en octubre de 2023.

Máxima colaboración a los procuradores

Dada la complejidad del caso, que involucra a casi una decena de encausados y múltiples representaciones legales, la Audiencia ha instado a los procuradores a prestar la “máxima colaboración” para comunicar la noticia a sus clientes. El objetivo es evitar que los acusados —muchos de los cuales residen fuera de la capital o tienen compromisos laborales ineludibles— se presenten el próximo lunes en la sede de la Avenida de Carlos V para un juicio que no se va a celebrar.

Esta nueva suspensión no solo afecta a la agenda de la Sección Primera, sino que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los derechos de los encausados ante los fallos del sistema. En el horizonte jurídico, esta nueva demora podría ser utilizada por las defensas para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el Estado ha sido incapaz de celebrar una vista por hechos ocurridos hace nueve años debido, esta vez, a un descuido en el envío de las citaciones.

La representación legal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del PSOE no entiende por qué la jueza ha archivado la causa en la que investigaba si hubo delito en el despliegue de una lona de la asociación ultracatólica Hazte Oír en la que llamaba 'corrupto' al jefe del Ejecutivo. Considera que es “incongruente” y “contradictorio” con lo instruido hasta el momento y por eso se adhieren al recurso presentado por la Fiscalía ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Fue a mediados de febrero cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 12 decidió archivar el asunto y, si bien Sánchez ya recurrió la decisión ante la propia jueza, ahora con la adhesión al Ministerio Público se dirige también a la instancia superior. Y es que considera que pese a retirarse la lona, que fue desplegada en mayo de 2025 frente al Congreso de los Diputados en lo que a su juicio supuso “un delito consumado de injurias graves”, esa asociación “ha perpetuado la imagen difamatoria (…) allá por donde ha considerado sometiendo a un acoso constante y deliberado” a la figura del presidente del Gobierno.

Y dado que en anteriores decisiones judiciales tanto el primer juzgado que entendió del caso como el actual sostenían la existencia de delito, se “revela la incoherencia de dictar ahora un auto de sobreseimiento”. “(Es) absolutamente contradictorio y contra los propios actos, que ahora se entienda que los hechos no tienen relevancia penal, tratándose de hechos objetivamente producidos, que la lona tenía el contenido y dimensiones que tenía, que fue desplegada por la denunciada y que el contenido de la lona se ha perpetuado”, lamenta.

Explica la adhesión, a la que ha tenido acceso elDiario.es, que esa falta de relevancia penal a la que apunta la jueza es “en todo punto injustificada y prematura” porque permanecen sin practicarse diligencias de prueba ya acordadas y porque no se ha tomado declaración siquiera a la persona que encarga la lona desplegada. A esto, suma que en el auto de archivo, se realiza “una valoración anticipada impropia” ya que se tendría que haber limitado a decir si existen indicios de la comisión de delito o no.

Protección penal reforzada

Recuerda, al hilo, que la jurisprudencia contempla una protección penal reforzada del honor y la integridad institucional de los titulares de órganos constitucionales, tales como el presidente del Gobierno, mediante los tipos agravados de los delitos de injurias y amenazas. Y añade que en todo caso, “los hechos exceden la libertad de expresión política y de la crítica frente al adversario político, suponiendo una grave transgresión de la convivencia política”.

“No nos encontramos ante una crítica política, nos encontramos ante imputaciones delictivas graves contra el presidente del Gobierno, es decir, contra una institución del Estado, usando el insulto y la falsedad impunemente y deteriorando seriamente el estado de derecho, las cuales se reproducen por todos los medios posibles”, explica para apuntalar que no es admisible “la denigración, los insultos y las falsedades” y que con la lona se dañó gravemente la imagen de Pedro Sánchez.

Por su parte, Hazte Oír ha presentado un escrito oponiéndose al recurso de Fiscalía en el que insiste en que ese despliegue se hizo “dentro del legítimo derecho a la crítica política”. Suma que es innegable que la utilización de la palabra “corrupto” junto a la imagen del presidente del Gobierno “hace referencia a casos judiciales y polémicas de indudable interés y debate público (…), y constituye un acto de expresión social legítimo”.

Fue el pasado 10 de marzo cuando trascendió que la Fiscalía Provincial de Madrid recurría en apelación el archivo porque se pretendió “humillar y deshonrar a la víctima” y se lesionó “su dignidad humana y en consecuencia su integridad”.

Para la fiscal del caso, Lorena Cabezas, los hechos son constitutivos de un delito contra la integridad moral y un delito de coacciones o acoso, y recordaba que la campaña “tuvo una gran repercusión en redes sociales y en diversos medios de comunicación”. Además, entendía que quedan diligencias por practicar, en concreto las que ya solicitó en septiembre de 2025 y que incluía incorporar a la causa el reportaje fotográfico realizado por la policía científica, que se tomara declaración en calidad de investigado al responsable de la asociación encargado de contratar la lona y que la Brigada Provincial de Información identificara a los responsables de la web y de las redes sociales utilizadas para difundir la campaña.

El PSOE ha denunciado a la asociación ultra Hazte Oír ante la Junta Electoral Central por la difusión pública del documental Los crímenes del Partido Socialista durante la campaña electoral en Castilla y León. El grupo ultracatólico ha organizado un pase de esta obra para este viernes 13 de marzo a las 20 horas en el Palacio de la Prensa de Madrid, el mismo día del cierre de la campaña y 36 horas antes de la apertura de las urnas este domingo 15.

En el tráiler del documental, además de asegurar que se desvelarán “los crímenes del partido socialista”, se hace referencia a “140 años de crímenes, robos y mentiras del partido socialista” y se afirma que “los socialistas fueron los que promovieron la Guerra Civil” y que busca “acabar con la esencia de España” y con “un sistema diseñado para acabar con toda oposición política e ideológica”. Según explica la propia asociación ultra en los múltiples mensajes que ha compartido a través de sus redes sociales, es “una revisión documentada y cronológica de los hechos que han marcado la evolución del PSOE, también los que están fuera del relato oficial” y el documental que “en Ferraz no quieren que veas”.

La denuncia, presentada por el abogado Fernando Vegas Sánchez, en calidad de representante del PSOE de Castilla y León, considera que este documental de Hazte Oír es “claramente injurioso y difamatorio” y que su única finalidad es “desacreditar” al PSOE llevando a cabo una “campaña de desinformación” con el objetivo de “incidir de manera directa en el sentido del voto de los electores, atentando contra los principios de objetividad y transparencia del proceso electoral y de igualdad entre los sujetos electorales”.

El PSOE argumenta que el documental no es “una campaña ideológica” en la que “se transmiten críticas u opiniones” y considera que se trata de un instrumento electoral en contra de la formación “como organización y como partido” que sólo busca “un efecto injurioso y negativo”. “Ha de considerarse como ”propaganda electoral“ o ”acto de campaña“, toda vez que su finalidad o efecto principal es influir negativamente en la orientación del voto, lo que encaja en el concepto legal de campaña electoral como actividades en orden a la captación de sufragios”, asegura la denuncia.

En la denuncia, el PSOE también afea la elección del día del estreno: el último día de campaña. Según el texto, Hazte Oír busca así afectar a “la opinión pública española, y en particular, al electorado de Castilla y León” con “el único propósito, claramente ilegal y contrario a los fundamentos de objetividad y transparencia” de las campañas.

El PSOE solicita a la Junta Electoral la prohibición de la presentación prevista el viernes día 13 por “exceder el marco del debate electoral al incorporar imputaciones graves, injuriosas y calumniosas, únicamente dirigidas al descrédito del PSOE, para perjudicarlo electoralmente”. “La realidad es que, bajo la apariencia de una actividad ”cultural“ y como una asociación, se está realizando una auténtica campaña electoral, por quien no puede realizarla, con un objetivo claro y meridiano, de captación de sufragios para las formaciones de ultraderecha y sobre todo para perjudicar electoralmente al PSOE”, apunta la denuncia que destaca que su objetivo no es otro que “provocar la dimisión de Pedro Sánchez y acabar con el socialismo”.

Además, también pide que Hazte Oír retire de todas las redes sociales y página web el documental y que se le aperciba para que “se abstenga de persistir en similares conductas”. Además, solicita que se remita a la Fiscalía copias de las actuaciones realizadas por si “pudieran ser constituticas de delito electorial, si así lo consideran, siempre que no considere que deben ser objeto de procedimiento sancionador”.

En la denuncia, el PSOE defiende que, aunque Hazte Oír se define como “organización civil que no se presenta a las elecciones”, durante los procesos electorales es “especialmente activa” impulsando por su “coincidencia ideológica con formaciones políticas” a Vox. Además, también recuerda que ha llevado a cabo “campañas directas contra el PSOE, el socialismo y los líderes actuales del Partido Socialista” con una “ evidente y no disimulada intención de perjudicar electoralmente a estos”. Esta misma semana, por ejemplo, la Fiscalía ha recurrido el archivo del caso de la lona que desplegó esta organización ultra frente al Congreso contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al lema “corrupto” porque buscó “humillarle”.

Según detalla el PSOE en el texto presentado ante la Junta Electoral, “un simple vistazo a su página web confirma su papel de agente activo electoral”. Y pone como ejemplo su apartado “Temporada Electoral” en la que se omite toda referencia al candidato socialista Carlos Martínez y se reduce la pugna electoral a “los candidatos del PP (Alfonso Fernández Mañueco), de Vox (Carlos Pollán) y de Se Acabó la Fiesta (Lucía Echevarrieta)”.

Una gran lona de HazteOir ha sido desplegada a primera hora de este lunes en una zona verde de Madrid con gran visibilidad desde la M-30, la principal vía de circunvalación de la capital. En ella, la organización ultra llama “criminales” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a los que sitúa en una misma imagen junto al expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El despliegue se ha producido junto a un escudo del consistorio en el parque Roma, una zona verde que depende del Ayuntamiento de Madrid. Según testigos presenciales, algunos conductores que circulaban por la M-30 han aminorado su velocidad para comprobar el contenido del cartel, provocando pequeñas retenciones.

Este periódico ha preguntado al consistorio madrileño si la lona contaba con permiso municipal para ser desplegada y cuánto tiempo está previsto que se quede, sin que hasta ahora el Gobierno de Almeida haya emitido contestación alguna.

La lona sigue la estética de la campaña que el mismo grupo colocó frente al Congreso de los Diputados, en el que acusaba a Sánchez de “corrupto” y que formaba parte de una campaña de financiación de un documental. La posterior denuncia del PSOE por delito de injurias sobre esa campaña fue rechazada, aunque el caso está recurrido.

En el fallo judicial, adelantado por elDiario.es, la magistrada consideraba que la primera acción era una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”.

El juzgado de Instrucción 12 de Madrid ha archivado la investigación abierta sobre la pancarta de grandes dimensiones que la asociación ultracatólica HazteOir desplegó el 19 de mayo de 2025 cerca del Congreso con la foto del presidente del Gobierno y la palabra “corrupto”. En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada María Dolores Baeza considera que esta acción es una “crítica de contenido político” que “no promueve la violencia ni incita un discurso de odio”. El PSOE había denunciado a HazteOir por un posible delito de injurias con publicidad contra Pedro Sánchez. 

Tras la denuncia de los socialistas, la lona fue retirada el mismo día de su instalación por orden de otro juzgado, que entendió que era un movimiento “claramente lesivo” para la “reputación” del presidente. Debido a la falta de operarios de la empresa instaladora en ese momento, la retirada fue ejecutada por los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. 

Tras la retirada de la lona, HazteOir continuó su campaña por otras vías: aparecieron pancartas con la misma imagen en puentes del distrito de Fuencarral-El Pardo y también puso a circular un camión por la ciudad de Madrid exhibiendo los mismos carteles. Además, en la madrugada del 28 de mayo se proyectó un haz de luz sobre la fachada del Congreso con la expresión “Sánchez Corrupto”. Esa acción fue difundida por HazteOir en redes sociales. 

Esta práctica es una estrategia habitual de este grupo ultracatólico, que ejerce la acusación popular en casos como el de Begoña Gómez o David Sánchez. La organización contrata camiones para que circulen alrededor de los juzgados con imágenes en alusión a la “mafia” del Gobierno y en la que sus miembros aparecen caracterizados como personajes de 'El Padrino'.

La magistrada considera que estos hechos no constituyen un delito de injurias o calumnias. Afirma que se enmarcan dentro del derecho a la crítica política y la libertad de expresión, dado que no incitaban a la violencia ni constituían un discurso de odio.

Se basa, para ello, en jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha determinado que los “límites permisibles de crítica son más amplios” cuando se dirigen a personas que ostentan un cargo público, como el presidente del Gobierno, en comparación con los particulares. La crítica, según la jueza, es “inseparable de todo cargo político”, dado que quienes los ocupan están más expuestos al escrutinio público.

La Audiencia Provincial de Madrid corrige a la jueza y ordena archivar la causa abierta en un juzgado de Madrid por falso testimonio contra el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. En un auto, los jueces de la instancia superior ordenan la inadmisión de la querella que HazteOir presentó contra el exdirigente socialista, al que acusaban de haber mentido cuando compareció por primera vez, en abril de 2024, ante la Comisión del Senado que investiga el ‘caso Koldo’.

Cerdán afirmó que solo había contactado con Koldo García en dos o tres ocasiones, pero un informe policial reveló varias reuniones entre ambos. La magistrada de Madrid Lidia Paloma Montaño admitió la querella y acordó tomarle declaración por “faltar a la verdad” en esa comisión. Según la jueza, esa desviación resultaría “patente y manifiesta” a la vista del contenido de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil aportado al sumario. 

Los magistrados estiman el recurso de la Fiscalía y afirman que los hechos denunciados “carecen de relevancia penal”. Argumentan, en este sentido, que la mentira es “una estrategia de defensa legítima frente a una futura imputación” y que “exigir la veracidad del testigo en una situación que le compromete (...) sería forzarle a renunciar a su derecho a defenderse”.

La resolución se basa, además, en la doctrina que el Tribunal Supremo argumentó en enero de 2023 cuando rechazó una querella contra Alicia Sánchez-Camacho, entonces senadora del PP, por las acusaciones de haber mentido en el Parlament de Catalunya durante otra comisión de investigación parlamentaria. 

Entonces, los jueces del Alto Tribunal argumentaron que las “reticencias o inexactitudes” no bastan para el reproche penal. Y que se requiere una “alteración sustancial” de la verdad que la Audiencia Provincial no observa en el caso de Santos Cerdán. De hecho, sus magistrados sostienen que los informes de la UCO y los artículos de prensa no constituyen una verdad “incontestable” que permita demostrar que Cerdán mintió “sustancialmente”.

La imputación de Cerdán se produjo pese a que la Fiscalía se opuso a imputar al exdirigente del PSOE con el argumento de que los hechos descritos por HazteOir en su querella, incluso si fueran ciertos, no revisten las características de un delito. El Ministerio Público apuntó: “La interposición de una denuncia o de una querella no conlleva necesariamente la incoación y tramitación de un procedimiento penal”.

En un primer momento, la jueza había citado a declarar a Cerdán el 5 de febrero, pero su defensa solicitó aplazarla al 24 de precisamente para esperar a la decisión de la Audiencia Provincial. Este auto, contra el que no cabe recurso, supone el archivo de la causa, por lo que la declaración de Cerdán no se producirá.

El titular de la Plaza Seis de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia, Antonio Piña, ha inadmitido la querella presentada por la asociación la organización ultra Hazteoir contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por delitos de blanqueo de capitales, tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal en relación con una supuesta vinculación con Nicolás Maduro y el régimen de Venezuela.

En un auto, el magistrado razona que los hechos esgrimidos en la querella proceden de fuentes abiertas, especialmente de informaciones periodísticas, y apunta que no han aportado indicios racionales de criminalidad que permitan abrir un procedimiento penal. Pese a ello, Piña no archivó de plano la querella y dio traslado a la Fiscalía para que informase.

El instructor, tras analizar la querella y cada uno de los delitos que atribuye a Rodríguez Zapatero, señala que no se puede confundir la creencia personal o popular con la existencia de hechos que tengan la entidad suficiente para la apertura de una causa penal. Añade que en el texto de la querella “no se ha aportado hecho alguno que pueda relacionar al querellado con el delito de tráfico de sustancias estupefacientes, o pertenencia a organización criminal y lo mismo cabe decir con la imputación de un delito de blanqueo de capitales”. Por ello, concluye que procede inadmitir la querella al carecer de relevancia típica los hechos denunciados.

En el informe de Antidroga requerido por el juez, el fiscal especialista concluía: “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirmaba el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El escrito de Antidroga añadía: “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoir dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le bastaba para presentar la querella por narcotráfico contra él.

El autobús de la formación ultra Hazte Oír llega a las calles de Zaragoza en plena campaña electoral. El vehículo recorre desde este martes las provincias aragonesas con un mensaje que interpela a la formación de Santiago Abascal: “¿Es Vox un PP verde?”, se preguntan, junto a una imagen de las caras de los dirigentes de las dos formaciones políticas. Las desavenencias con Vox, con el que siempre han tenido buena sintonía, se deben a “la negativa a comprometerse por escrito con la defensa de la vida y la libertad”.

Hazte Oír, una asociación católica tradicionalmente alineada con Vox, ha pedido el voto para SALF en Aragón, arremetiendo contra los de Abascal por ser “el PP verde”, después de que la candidata de 'Alvise', María Cristina Falcón, se haya comprometido a defender el latido fetal. Hazte Oír expone que desde Vox no han respondido a un cuestionario de compromisos en el que se pregunta por la “defensa de la vida”, la “protección de la familia” o el “fin del adoctrinamiento en las aulas”, entre otras cosas.

“El silencio también es una forma de posicionarse. No tenemos miedo de sus presiones ni amenazas: hechos son amores y a nosotros no nos valen las meras palabras de ningún político, pues se las lleva el viento”, ha advertido el presidente de Hazte Oír, Ignacio Arsuaga, quien ha recordado que Vox ha rechazado responder al cuestionario que la asociación remite antes de cada convocatoria electoral. “No pedimos promesas vagas ni discursos de mitin. Pedimos compromisos por escrito, claros y verificables. Si un partido aspira a gobernar, tiene la obligación de rendir cuentas a la sociedad civil”, ha señalado.

En redes sociales, Arsuaga ha dicho que “no tenemos nada contra Abascal ni contra Vox”pero que lanzan esta campaña para que exijan al PP “por primera vez una medida provida en una comunidad autónoma. Y que, en consencuencia, algunos españoles se salven del aborto”. Se muestra convencido de que, dentro de unos meses, “cuando gracias a esta presión Vox apruebe el protocolo del latido fetal y medidas provida reales, muchos de los que hoy nos critican nos darán las gracias”.

Por su parte, el director de campañas de Hazte Oír, Miguel Tomás, ha explicado que el nuevo autobús es “una exigencia legítima”: “Nosotros no señalamos a los votantes, sino a los silencios. Si Vox quiere diferenciarse del PP, debe demostrarlo con hechos, no con ambigüedades”, ha afirmado. “No vamos a dejar de preguntar hasta que sepamos si estamos ante una derecha valiente o ante una nueva versión de la derechita cobarde”. 

Vox ha minimizado este martes que la organización Hazte Oír haya pedido el voto para el partido Se Acabó la Fiesta (SALF) del eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez en las elecciones de Aragón, alegando que las organizaciones son “libres” y “tienen legitimidad para pedir el voto para quien crean conveniente”. “Las asociaciones son las asociaciones, los partidos políticos son partidos políticos, nosotros tenemos un proyecto propio que, además, ha mantenido una coherencia absoluta desde su nacimiento y, a partir de ahí, cada uno puede hacer las consideraciones que quiera y puede pedir el voto para quien quiera”, ha explicado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, en rueda de prensa en la Cámara Baja.

La Fiscalía Antidroga ha pedido a la Audiencia Nacional que no admita la querella que HazteOír presentó contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, informan fuentes jurídicas. “En la querella ni se describen mínimamente ni se imputan auténticos hechos de apariencia delictiva, sino que se recogen conjeturas, suposiciones y/o deducciones infundadas y carentes del más mínimo sentido descriptivo”, recoge el escrito que firma el fiscal Francisco Javier Redondo López.

En su escrito, la organización ultracatólica atribuía al que fuera jefe del Ejecutivo delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal por su presunta “colaboración con la estructura criminal” del expresidente venezolano Nicolás Maduro. “No hay el más mínimo indicio de tráfico de drogas”, afirma el escrito de la Fiscalía Antidroga.

El pasado 8 de enero, el juez Antonio Piña firmó un auto en el que acordó preguntar a la Fiscalía si es competente para investigar al expresidente. Según HazteOír, el tribunal especial sería competente para investigar estos hechos dado que Zapatero, como ciudadano español, los habría perpetrado “en el extranjero”.

Antidroga se detiene en las características de la querella de los ultras. “Se basa únicamente en la acusación formal inicial que se formuló en el año 2020 contra Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen venezolano” de un tribunal estadounidense. En esa acusación no aparece Zapatero, pero Hazteoír dice que es “pública, notoria e innegable” la relación política del ex presidente español con los acusados y eso le basta para presentar la querella por narcotráfico contra él.

Tampoco se explica “mínimamente” el papel de Zapatero en el Cartel de los Soles, ni los hechos cometidos. Los cargamentos de droga que recoge el documento judicial estadounidense ni siquiera se dirigían a España ni a ningún país europeo. “No se puede iniciar una causa penal por afirmaciones vagas en informacioners periodisticas”, afirma el fiscal Antidroga.

“Por si no éramos pocos, parieron los obispos”. Un destacado dirigente socialista apuntaba esta semana su malestar ante el creciente protagonismo de algunos responsables de la Conferencia Episcopal, azuzando la crispación y lanzando mensajes contra el Gobierno, que rompen la tradicional neutralidad que se presumía a la Iglesia católica desde la Transición.

Y es que, tal y como confiesan en privado miembros del Gobierno, “parece que la Iglesia ha vuelto a recuperar las pancartas contra el PSOE que ya blandieron hace veinte años”, en referencia a las manifestaciones que tuvieron lugar durante la primera legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, con una veintena de prelados en primera fila, protestando contra Educación para la Ciudadanía, el matrimonio igualitario o promoviendo las tristemente famosas 'misas en Colón' el último fin de semana de diciembre, que se convirtieron en auténticos mítines comandados por los obispos contra el Gobierno y que, desde la jubilación del cardenal Rouco Varela, no se han repetido. Al menos, organizadas por la diócesis de Madrid.

Los Rosarios de Ferraz, las concentraciones 'para rezar' frente a las clínicas que practican abortos, las campañas de publicidad de Hazte Oír o las presiones judiciales contra Pedro Sánchez desde Abogados Cristianos son solo una muestra de que, al menos en algunas sacristías, el 'Quien pueda hacer, que haga' de José María Aznar, se está cumpliendo punto por punto.

Porque lo cierto es que, desde la calle Añastro, sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), se observa una creciente radicalización del discurso, que hunde sus raíces en la dialéctica de su presidente, Luis Argüello. La pasada semana, en plena campaña electoral en Extremadura, el arzobispo de Valladolid volvía a descolgarse (fue la segunda ocasión en unos meses) con unas declaraciones a La Vanguardia en las que reclamaba “cuestión de confianza, moción de censura o dar la palabra a los ciudadanos. Es decir, lo que prevé la Constitución” frente a la actual crisis institucional. Unas palabras que fueron contestadas por el propio Pedro Sánchez, quien animó a Argüello a presentarse a las elecciones con Abogados Cristianos, y recordándole que el tiempo en que los obispos influían en las decisiones políticas terminó con la muerte del dictador.

Las reflexiones de Argüello –que según sus próximos “tiene el pecado del intelectual, quiere hacerse entender en todos sus matices, y eso, hoy, es imposible”– se suman a una dinámica de la confrontación que, desde hace tiempo, capitanean obispos como Ignacio Munilla o Jesús Sanz. Un combate contra el Gobierno en el que estos obispos del sector más radical cuentan con el apoyo de Hazte Oír y sus satélites, organizaciones que distintas investigaciones vinculan directamente con asociaciones secretas como El Yunque, y con la estrategia de la ultraderecha a nivel mundial para cambiar el orden político internacional (MAGA, Milei, Bolsonaro, Orban o Le Pen) en la que colaboran miembros 'católicos' de Vox e instituciones como la Asociación Católica de Propagandistas o el ISSEP.

El arzobispo de Oviedo ha criticado la "decadencia moral" del Gobierno de "saunas y prostíbulos". El de Valencia ha invitado a Sánchez a reflexionar porque "la política tiene como finalidad no solo mantenerse en el poder

Porque Argüello no es el único. Así, el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, aprovechaba las críticas al presidente de la Conferencia Episcopal para lanzar una dura diatriba contra la “decadencia moral” del Gobierno de “saunas y prostíbulos”. “Están acabados. Dice bien Luis Argüello: pasar página, ya”, perpetraba el prelado ovetense, que desde hace años 'cede' la basílica de Covadonga para la simbólica apertura de campaña electoral de Santiago Abascal y su obsesión por la 'Reconquista para Dios' de España. La víspera de Nochebuena, el arzobispo de Valencia, Enrique Benavent, en declaraciones a À Punt, afirmaba que “cuando se introduce un elemento de inestabilidad en la vida política en los que tienen la responsabilidad del gobierno, hay que pensar que el bien común que la actividad política tiene como finalidad no solo mantenerse en el poder, sino el progreso de la sociedad”, invitando a Pedro Sánchez a “reflexionar” sobre su futuro.

Las voces discrepantes

No todos los obispos están en esa línea. Es más, por primera vez en bastante tiempo, la 'contestación' en el interior de la CEE a las palabras ha ido creciendo, con llamamientos a la “prudencia” y al papel de la Iglesia como moderadora del diálogo social, y no como actor político. Así hay que leer las recientes declaraciones del cardenal de Madrid y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, José Cobo, quien en los micrófonos de la COPE señaló que “la Iglesia tiene que ser prudente en este momento difícil”, añadiendo que “hay católicos en todos los partidos y tendencias”.

Cobo, quien ejerció de mediador e interlocutor en el histórico acuerdo entre el Gobierno y la Santa Sede por la resignificación de Cuelgamuros (motivo por el que ha sufrido insultos y ataques personales, llegando a vivir un 'escrache' a las puertas de la sede de los obispos), incidió en que la misión de la Iglesia es la de “acompañar para recuperar la ética, el consenso, sin detenernos en el cómo hacer las cosas, que ese es el juego político”, frente a grupos que “viven de lo católico, sin ser católicos”, en una clara referencia a los grupos de ultraderecha eclesial, vinculada directamente con Vox y sus movimientos afines.

Del mismo modo, el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas, reclamó “prudencia” a Argüello, advirtiendo de “la ideologización del cristianismo” en políticas como la del odio al migrante o la intromisión en la política partidista. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, reclamaba “menos confrontación, más fraternidad y más justicia”.

Por su parte, el nuevo obispo de Málaga, José Antonio Satué, pedía “humildad y moderación” frente al “lodazal” de la política actual. “Los obispos somos pastores de todos, de los de izquierda, de los de derecha, de los de centro”, advertía. El obispo de Ciudad Real, Abilio Martínez Varea, aunque defendiendo la libertad del presidente de la CEE para dar su opinión en la esfera pública, sí pidió “entendimiento y consenso” frente a la confrontación política. Desde Roma, extraoficialmente, también se ha solicitado bajar el diapasón de la polémica, especialmente cuando, como adelantó en primicia elDiario.es, León XIV ultima el que será su primer viaje a España.

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Los tribunales han decidido enterrar un bulo surgido de la investigación contra el fiscal general: que la fiscal de Madrid, Pilar Rodríguez, se reunió con Begoña Gómez en un restaurante para asesorar a la esposa del presidente sobre las causas abiertas contra ella. El Tribunal Superior de Madrid ha rechazado la querella con la que la organización ultracatólica HazteOir pedía la imputación de esta fiscal por tres delitos distintos y califica sus argumentos de “mera sospecha” para intentar criminalizar el contenido de un post-it encontrado en una agenda durante los registros que ejecutó la Guardia Civil hace un año en el despacho de esta fiscal por orden del juez Ángel Hurtado.

La anotación fue encontrada por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) en una agenda mientras registraban simultáneamente los despachos de la fiscal Pilar Rodríguez y del entonces fiscal general, Álvaro García Ortiz. Un post-it en una agenda de Rodríguez pegado entre el 12 y el 13 de marzo de 2024 y con dos indicaciones: “Restaurante Manuel Becerra” y “Begoña Gómez Fernández”, ambas separadas claramente por una línea a bolígrafo. La anotación no tuvo trascendencia durante la causa y solo trascendió poco después del juicio.

La realidad, tal y como explicó elDiario.es, es que ambas anotaciones no estaban relacionadas entre sí y ninguna de las dos reflejaba una posible reunión con la esposa del presidente del Gobierno. “Restaurante Manuel Becerra” aludía a una consulta que el departamento de prensa de la Fiscalía había realizado, a instancias de varios medios, sobre las diligencias judiciales que investigaban el incendio mortal en el restaurante 'Burro Canaglia' un año antes. La inscripción “Begoña Gómez Fernández” era porque existía una dación de cuentas en la que la Fiscalía General pedía información sobre las denuncias interpuestas contra ella, y Pilar Rodríguez estaba reuniendo la información.

El 13 de marzo de ese año, el día en que está colocado el post-it en la agenda, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, explicó por escrito a la Fiscalía General en una dación de cuentas qué había pasado con todas esas querellas “con idéntico contenido” contra la esposa del presidente y su trabajo en la Complutense. Querellas anteriores a la de Manos Limpias que sirvió a Juan Carlos Peinado para abrir su causa y que habían sido presentadas, entre otros, por la conspiranoica Pilar Baselga un año antes.

El PP se lanzó rápidamente a exigir explicaciones al ministro Félix Bolaños y HazteOir presentó una querella en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque no ha difundido el fracaso de esta acción penal. Los jueces, en un auto dictado hace varias semanas y al que ha tenido acceso elDiario.es, entiende que son acusaciones basadas en “meras conjeturas” sin que existan pruebas de la existencia de la reunión y mucho menos de todas las acusaciones posteriores: que la fiscal Rodríguez revelara información indebidamente a Begoña Gómez y después usara su influencia para oponerse a la instrucción del juez Peinado.

La propia nota encontrada por la UCO en la agenda de esta fiscal, dice el TSJM, “no avala indiciariamente la existencia misma de la reunión y no digamos, con mayor razón, su contenido y un contenido penalmente relevante: estamos ante una mera sospecha, cuya significación penal no se revela ni atisba”. Además, añade, en esa fecha Peinado ni siquiera había abierto una causa contra ella. “No apunta al menor indicio –que trascienda de la mera sospecha– de una labor de asesoramiento penalmente proscrita, y menos aún entraña el menor atisbo de revelación de secretos”.

Las “hipótesis delictivas” con las que HazteOir pedía la imputación de esta fiscal se sustentan, reprochan los jueces, en “afirmaciones genéricas, en meras conjeturas o sospechas”. “Una pura conjetura”, llegan a decir. En su anuncio de querella, la asociación ultracatólica llegó a insinuar que Pilar Rodríguez había sido renovada en su cargo de fiscal provincial de Madrid después de esta reunión que nunca existió.

El juez Juan Carlos Peinado ha dictado una providencia en la que solicita a la Asociación Española de Abogados del Estado que emitan un “informe detallado” sobre la cualificación y titulaciones exigibles para elaborar un pliego de condiciones en las adjudicaciones públicas. Peinado adopta esta decisión en el marco de una de sus acusaciones contra Begoña Gómez, a la que atribuye un delito de intrusismo por elaborar los pliegos de prescripciones técnicas para que la Universidad Complutense contratara un servicio de asistencia y asesoría tecnológica y, con esos servicios, crear una plataforma de gestión de la cátedra que codirigía. 

La providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, dice que el informe debe recoger las “cualificaciones académicas y titulación exigible para la elaboración, redacción o suscripción de cualquier pliego de condiciones y/o prescripciones facultativas que hayan de servir de base para cualquier proceso de selección de contratistas en todo tipo de procesos para la adjudicación de contratos de servicios, suministros u obras públicas”.

La defensa de Begoña Gómez ha admitido que ella firmó los pliegos, pero defiende que no hay ninguna norma que exija una cualificación académica específica para firmar dichos documentos. Según defendió el abogado de la imputada ante el juez, Gómez fue instada por responsables de la Universidad a firmar los pliegos técnicos con prontitud debido a que se terminaba el año natural y esto podía generar problemas presupuestarios

En este sentido, figuran unos correos electrónicos en la causa en los que responsables de la Universidad instan a la mujer del presidente a que firmara los citados pliegos de prescripciones técnicas antes de que terminara el año natural para evitar problemas desde el punto de vista presupuestario.

La interventora de la Universidad declaró en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid y también en el juzgado que la normativa del centro permitía a la codirectora de la cátedra universitaria firmar los citados pliegos.

La acusación de Peinado por intrusismo profesional parte de la admisión de una querella presentada por Hazteoir. Es uno de los cuatro delitos que el juez atribuye a la mujer del presidente del Gobierno en el auto por el que propone que sea juzgada por un tribunal del jurado.

“Se produce una situación peculiar en este Juzgado”. En estos términos se expresa la magistrada de Mataró (Barcelona) para archivar la última de las cuatro querellas o denuncias que entidades de ultraderecha han presentado contra la revista Mongolia “por idénticos hechos”, estos son: la portada que se mofaba del belén.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la jueza da carpetazo a la última causa que permanecía viva contra los editores de la revista, Pere Rusiñol, Darío Adanti y Fernando Luis Carballo, por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos.

El caso, que la jueza ya había archivado de inicio, se tuvo que reabrir por orden de la Audiencia de Barcelona, que estimó un recurso de la entidad ultra HazteOir y obligó a los editores a tener que declarar como imputados.

El archivo estaba cantado, toda vez que, tal y como concluye la magistrada, la portada (de diciembre de 2022) no supone el delito contra los sentimientos religiosos que atribuía HazteOir a los editores de la revista. La mofa del belén, resuelve la jueza, no hacía “escarnio” ni tenía un “ánimo deliberado” de ofender, y además está amparada por la libertad de expresión.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Cabe remarcar la enumeración de causas contra Mongolia que la jueza de Mataró enumera en su auto de archivo y que para los editores de la revista suponía un caso de “acoso jurídico” porque, aunque los casos se hayan archivado, la revista ha tenido que destinar fondos a abogados y procuradores.

La magistrada destaca que antes de la querella de HazteOir, ya había recibido querellas por la misma portada de la Comunión Tradicionalista Carlista y los ultracatólicos Abogados Cristianos, ambas archivadas. “Como colofón”, ahonda la magistrada, el colectivo de extrema derecha Manos Limpias denunció, por la misma sátira del belén, a Mongolia ante un juzgado de Barcelona, caso que también quedó archivado.

La última de las causas que quedaban en investigación era la que nació por la querella de HazteOir. El caso tuvo que seguir abierto ante la “insólita tesitura”, expone la magistrada, de “tener que seguir adelante” con la querella de HazteOir porque así lo ordenó la Audiencia de Barcelona al estimar el recurso de los ultras en contra del archivo inicial del caso.

Completadas las declaraciones como investigados de los editores de la revista, la jueza archiva el caso y recalca que es idéntico a los otros dos que ya había sobreseído. “Nos encontramos evidentemente ante una clara cosa juzgada”, zanja la magistrada Dolores Gómez, en referencia al principio legal que impide que un asunto que ya ha sido investigado por un juez pueda ser de nuevo objeto de debate en un juzgado.

La causa iniciada por HazteOir, razona la jueza, “no puede continuar cuando existen hasta tres resoluciones [las relativas a las querellas de las otras tres entidades ultras] acordando el sobreseimiento libre en relación a los mismos hechos y contra la misma editorial”.

La entidad ultra ya ha presentado otro recurso ante la Audiencia de Barcelona para que el caso permanezca abierto. A juicio de HazteOir, es necesario que la causa se reabra para poder tomar declaración como denunciante a su presidente, Ignacio Arsuaga, y a uno de los tres editores de la revista que no pudo comparecer por un problema técnico con el sistema de videoconferencias del juzgado.

“El cierre de la causa requiere una motivación reforzada que valore contexto, intencionalidad y difusión efectiva”, dice la entidad ultra en su recurso, pese a que la magistrada ya ha realizado todas estas ponderaciones en distintas resoluciones del caso.

Por su lado, el abogado de Mongolia, José Luis Mazón, ha pedido a la instancia superior que ratifique el archivo del caso, ya que las declaraciones propuestas por HazteOir no tienen “carácter esencial” ni “alteran los hechos ya constatados ni la calificación jurídica de irrelevancia penal”. “La libertad de expresión de una publicación satírica o de una revista de orientación anticlerical forma parte del ejercicio legítimo de un derecho fundamental protegido por la Constitución Española”, concluye su escrito.

La causa penal que Juan Carlos Peinado dirige desde hace año y medio contra Begoña Gómez va camino de convertirse en un juicio ante un tribunal popular por hasta cinco delitos distintos. Querellas y denuncias de la extrema derecha que arrancaron hace ya más de dos años y que pusieron bajo sospecha toda su actividad profesional desde que su esposo es presidente del Gobierno, esparcidas por una causa judicial que ya roza los 20 tomos de sumario y que avanza entre correctivos y empujones de la Audiencia Provincial de Madrid. El pseudo sindicato ultra Manos Limpias abrió la senda que sigue a trompicones Peinado, pero las primeras querellas, que pasaron inadvertidas y no llegaron a nada, aterrizaron un año antes en los juzgados de Madrid.

La esposa del presidente del Gobierno llevaba más de un lustro colaborando con la Universidad Complutense de Madrid cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura de 2018. Las primeras informaciones en medios como OkDiario sobre sus títulos, su cátedra extraordinaria o su máster llegaron durante la pandemia y se fueron acercando a los tribunales en los primeros meses de 2023, cuando un abogado pidió a la Complutense que justificara por qué contaba con Begoña Gómez como colaboradora.

La Universidad Complutense, que acaba de personarse como acusación contra ella, contestó a este abogado en los primeros meses de ese año con una defensa cerrada del fichaje de Gómez. Fue puesta al frente de la cátedra de Transformación Social Competitiva por “su formación en el impacto social y la transformación social competitiva y por su acreditada experiencia profesional”. Los motivos, explicaba entonces el centro, “se basan en la trayectoria de Begoña Gómez, que coincide plenamente con el tema de la cátedra” después de haber empezado su colaboración en 2012.

La respuesta de la Universidad terminó en los juzgados en distintas querellas firmadas por este abogado en representación de varias personas distintas, pero siempre con el mismo objetivo: que Begoña Gómez y el rector Joaquín Goyache fueran imputados. Dos de las querellas fueron interpuestas a lo largo de 2023 y no se tradujeron en la apertura de una causa, por no aportar la documentación necesaria o por no pagar la fianza necesaria. Una se presentó en nombre del canal ultra Distrito TV y otra de Pilar Baselga, conocida conspiranoica denunciada por difundir bulos como el del 'Bar España' o que Begoña Gómez es una mujer transexual.

Baselga volvió a la carga en febrero de 2024, representada por el mismo abogado y con el mismo material: las sospechas de enchufe y trato de favor a Begoña Gómez en la Complutense. Esa querella fue firmada el 23 de febrero de 2024, calificaba de “grotesco” que hubieran creado la cátedra y entendía que la razón por la que se había puesto en marcha era por ser “la esposa del Presidente del Gobierno”. Una querella que murió cuando Baselga desistió del proceso por no pagar la fianza, pero son los mismos argumentos con los que Peinado, meses después, abrió su propia línea de investigación.

Para cuando Manos Limpias llevó a Begoña Gómez al juzgado en abril de 2024 con una denuncia plagada de recortes de prensa y un bulo, por tanto, ya había más denuncias y querellas contra ella, algunas con un año de antigüedad. Y la Fiscalía de Madrid ya se había interesado por ellas: un mes antes, la fiscal provincial Pilar Rodríguez había pedido a su equipo de prensa información sobre la querella de Baselga, remitiendo un enlace de El Distrito anunciando su interposición. El medio que, con el mismo abogado, se había querellado también contra Begoña Gómez por lo mismo un año antes.

Esa conversación de la fiscal provincial con su equipo se plasmó en un post-it en su agenda, junto con otra anotación: “Restaurante Manuel Becerra”. Porque varios periodistas habían pedido información sobre la causa judicial que investigaba la tragedia del restaurante Burro Canaglia un año antes, cuando un incendio causó dos muertos. La Guardia Civil decidió que esta nota debía ser incorporada a la causa del Tribunal Supremo, aunque no guardaba relación, y ha servido para que la derecha difunda el bulo de que la fiscal Pilar Rodríguez y Begoña Gómez se reunieron en un restaurante para trazar una estrategia de defensa ante la inminente apertura de casos judiciales contra ella.

La supuesta reunión por la que el PP pide explicaciones nunca existió, el restaurante en cuestión llevaba un año calcinado, y la documentación a la que ha tenido acceso este periódico prueba que la Fiscalía sí estaba reuniendo información sobre estas primeras querellas ultras contra Begoña Gómez. El 13 de marzo de ese año, el día en que está colocado el post-it en la agenda, la fiscal jefe de Madrid, Almudena Lastra, explicó por escrito a la Fiscalía General en una dación de cuentas qué había pasado con todas esas querellas “con idéntico contenido” contra la esposa del presidente y su trabajo en la Complutense. HazteOir, la organización ultracatólica que ejerce la acusación popular contra Begoña Gómez y el fiscal general, ha sido la primera en intentar judicializar este bulo.

De las querellas fracasadas a la causa de Peinado

Los primeros movimientos contra Begoña Gómez llegaron en 2023 con una estrategia conjunta de un abogado que pidió información a la Complutense y, después, convirtió esa información en querellas a través de un medio ultra y una tertuliana conspiranoica, pero ninguna cristalizó en una causa judicial. Hubo que esperar a que Juan Carlos Peinado abriera diligencias a petición de Manos Limpias, diera entrada a todos los partidos y organizaciones ultras que lo pidieron y llegara al mismo punto: investigar la vida laboral de Begoña Gómez.

La causa –su versión inicial– arrancó cuando la organización ultra de Miguel Bernad presentó una macedonia de informaciones de prensa con las que acusaba a Begoña Gómez de favorecer al empresario Juan Carlos Barrabés en adjudicaciones públicas millonarias con cartas de recomendación, de intervenir en el rescate a Air Europa, y finalmente una noticia de The Objective que exponía ambiguamente que existía una subvención a nombre de Begoña Gómez: una hostelera cántabra con el mismo nombre que la esposa del presidente.

La lupa de Peinado no se puso sobre la Universidad Complutense y la década de trabajo que Gómez había desarrollado allí hasta semanas después, cuando la asociación ultracatólica HazteOir presentó su propia querella pero esta vez apuntando a su cátedra y su máster. El rector Goyache fue finalmente imputado y, con el paso de los meses y las nuevas querellas de la extrema derecha, Begoña Gómez pasó a estar triplemente investigada por su relación con la Complutense: por supuestamente conseguir la cátedra usando su matrimonio con Pedro Sánchez, por apropiarse de un software y, finalmente, porque su asistente en Moncloa envió correos a sus interlocutores en la Universidad.

La Audiencia Provincial ha ido limando estas imputaciones mientras Peinado ha adaptado sus diligencias hasta dejar a Begoña Gómez al borde de juicio. Los magistrados supervisores del proceso levantaron la imputación del rector ante la “ausencia de datos objetivos incriminatorios” contra él. El último movimiento de Peinado, después de haberse pronunciado en dirección opuesta hace menos de un año, es dar entrada como acusación a la Universidad Complutense de Madrid. La misma institución que hace dos años, a respuestas del abogado cuyas querellas abrieron la veda, defendió a capa y espada las colaboraciones de Begoña Gómez.

Novedad en la causa que investiga a tres mossos d'esquadra por ayudar a huir a Carles Puigdemont en su regreso y fuga veraniega de 2024. La Audiencia de Barcelona ha ordenado a la jueza instructora que recabe un “informe que explique” las llamadas o mensajes vía sms, Whatsapp o Telegram cruzados entre los agentes investigados y el expresident antes y después de su huida.

En un auto, adelantado por Vilaweb y al que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona atiende parte del recurso de la asociación ultraderechista Hazte Oír, que ejerce la acusación popular del caso. La jueza instructora había descartado que la obtención de los mensajes fuera útil para esclarecer los hechos, pero la instancia superior que revisa sus decisiones considera que “sin duda puede ser relevante para la investigación”.

Sí limitan los magistrados el alcance de la obtención de las llamadas y mensajes entre los mossos investigados y el expresident a un mes antes y un mes después del 8 de agosto de 2024, fecha en la que Puigdemont dio un breve discurso en el Arco del Triunfo ante sus seguidores para después montarse en un coche y huir hacia Bélgica en vez de acudir al pleno de investidura en el Parlament, tal y como había prometido en campaña.

Cabe resaltar que las aplicaciones que menciona el auto (Whatsapp y Telegram) no son las que habitualmente emplea el expresident para comunicarse con su equipo. Puigdemont, consciente de los intentos de acceder a sus comunicaciones, usa habitualmente Signal, una aplicación considerada más segura y que permite encriptar los mensajes.

La Audiencia de Barcelona precisa que el informe sobre las comunicaciones debe analizar los mensajes que los mossos intercambiaron entre sí, además de los que pudieron cruzarse con otros testigos y con el propio expresident. El dictamen ordenado por los jueces será una de las últimas diligencias a practicar en una investigación que encara su recta final.

Por el contrario, la instancia superior confirma la negativa de la jueza a otras diligencias propuestas por la acusación popular, entre ellas requerir las grabaciones de los drones de la policía catalana que sobrevolaron la zona. Los hechos “difícilmente van a poder esclarecerse o dilucidarse” a través de esas imágenes, concluyen los togados.

La fugaz aparición y fuga de Puigdemont en Barcelona del pasado 8 de agosto desembocó en un enfado del Tribunal Supremo y querellas varias de Alvise Pérez, Vox o Hazte Oír. La Justicia ha descartado por ahora imputar al antiguo conseller de ERC Joan Ignasi Elena y a su cúpula policial, como reclamaba la extrema derecha, y se centra tan solo en tres agentes.

Los mossos de Asuntos Internos (la unidad policial destinada a investigar a otros policías) ya han explicado a la jueza que, el mismo día 8 de agosto, recibieron el encargo de sus superiores de investigar a los tres mossos imputados, que ese día estaban de baja o de vacaciones.

En su declaración, los agentes han ratificado los informes que implican a los mossos imputados por ayudar a Puigdemont a evitar ser detenido tras su intervención, facilitándole el turismo con el que abandonó la zona del Arc de Triomf de Barcelona y llevando a cabo otras gestiones que permitieron que burlara a la policía.

La asociación ultracatólica que convocó un acto en el Congreso con una imagen de la cruz franquista de Cuelgamuros acudió la semana pasada al Tribunal Supremo para exigir medidas urgentes. La Mesa de la cámara baja había retirado su autorización al coloquio y Enraizados, grupo ubicado en la órbita de El Yunque, pidió el pasado viernes a los jueces una decisión cautelarísima para poder celebrar el encuentro programado para este lunes. Los magistrados, según ha podido comprobar elDiario.es, rechazaron su petición porque la asociación, defendida por la presidenta de Abogados Cristianos, cometió un error formal insalvable: no aportó hasta que fue demasiado tarde el acuerdo de la Mesa del Congreso que estaba cuestionando. “Ha sido la actuación de la parte actora la que no ha hecho posible resolver a tiempo la medida cautelar solicitada”, reprochó el Supremo.

Las jornadas habían sido convocadas para las 16:30 horas del lunes de esta semana bajo el lema 'Lo que aporta la fe católica a España y a Europa'. Un foro con invitados como el obispo emérito de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla; el impulsor de los Rosarios en Ferraz, José Andrés Calderón; o la dirigente de Vox Carla Toscano para, en palabras de los organizadores, “recuperar nuestras raíces cristianas para la vida pública”. Enraizados obtuvo el respaldo del Parlamento en mayo aunque, según fuentes parlamentarias, sin especificar de que el cartel iba a incluir una imagen de la cruz del Valle de los Caídos, ahora llamado Cuelgamuros.

La mesa revocó este permiso a finales de la semana pasada y Enraizados, representada por la presidenta de Abogados Cristianos, acudió al Tribunal Supremo para pedir medidas cautelarísimas y que los jueces forzaran al Congreso a permitir el acto. La petición de urgencia entró en el registro de la Sala de lo Contencioso-Administrativo el pasado viernes cuando apenas pasaban unos minutos de las dos y media de la tarde. Los jueces constataron entonces un problema que, de no solventarse, condenaba la reclamación al fracaso: habían presentado un recurso pero no habían aportado la resolución del Congreso que recurrían.

Los datos del auto al que ha tenido acceso este periódico ponen de manifiesto el error de la asociación convocante del acto: habían recibido el acuerdo de la Mesa una hora antes de presentar el recurso, pero no lo habían incluido en el recurso. Y no lo hicieron hasta días después, el mismo lunes del evento dos horas antes del comienzo. Cerrando la puerta, por tanto, a que el Supremo pudiera intervenir aunque ahora el recurso se siga tramitando sobre el fondo del asunto. La petición de cautelares, una vez pasados varios días, “ha perdido su objeto”.

Los jueces explican que recibieron toda la documentación necesaria dos horas antes de la hora a la que estaba programado el evento, “sin tiempo material para poder reunir a la Sala, resolver el asunto y notificar la decisión con la antelación mínima exigible”. “Ha sido la actuación de la parte actora la que no ha hecho posible resolver a tiempo la medida cautelar solicitada”, concluye el Supremo.