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El juez exculpa a los editores de Mongolia: su mofa del belén es libertad de expresión

Portada de la revista Mongolia que Manos Limpias llevó al juzgado

Oriol Solé Altimira

Barcelona —

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La mofa de la religión católica es libertad de expresión. Así lo ha concluido el juez de Barcelona Sergio Escalona, que ha archivado el caso contra los editores de Mongolia, Pere Rusiñol y Darío Adanti, abierto a raíz de la querella del sindicato ultra Manos Limpias contra la revista por su portada satírica sobre un belén.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, el magistrado concluye que la revista no incurrió en el delito contra los sentimientos religiosos denunciado por Manos Limpias ya que tanto la portada como el contenido de la revista que se burlaba de la religión católica “están amparados por el derecho a la libertad de expresión al estar relacionados con una crítica a una festividad de gran relevancia social”.

La revista, continúa el juez, quiso mediante su burla a la religión “criticar, negar o relatar la irracionalidad intrínseca a lo que son dogmas de fe, con mayor o menor acierto y acerbos términos”, y debe quedar protegida del Código Penal “con independencia de los sentimientos y del carácter chabacano, burdo e insulso” que le atribuía Manos Limpias.

El caso por el fue imputada Mongolia ha vuelto a poner sobre la mesa el uso interesado de la Justicia por parte de asociaciones ultras, que emplean delitos decimonónicos como la ofensa a los sentimientos religiosos (un tipo penal que numerosos juristas consideran desfasado y contrario a la libertad de expresión) para perseguir opiniones contrarias a la suya.

Además de Manos Limpias, la asociación ultracatólica Abogados Cristianos, la entidad ultra Hazte Oír e incluso un grupo carlista se querellaron por delito contra los sentimientos religiosos contra la revista por su número de diciembre del año pasado, en cuya portada aparecían José, la virgen María y un dibujo de una caca sonriente representando a Jesús.

Esta ofensiva de colectivos de extrema derecha supuso para los editores de la revista un ejemplo de “acoso jurídico” contra Mongolia, ya que aunque el caso termine archivado la revista tendrá que destinar fondos a abogados y procuradores. Entidades defensoras de los derechos humanos como Amnistía Internacional han mostrado su apoyo a Mongolia.

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