Camino de una década esperando: el juicio contra el bloqueo del autobús de HazteOír en Sevilla, otra vez suspendido

El juicio contra los nueve jóvenes para los que la asociación HazteOír pide penas de cárcel por el bloqueo de su autobús en marzo de 2017 ha vuelto a sufrir un revés procesal. La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha dictado una diligencia de ordenación, con fecha de este miércoles, por la que suspende las sesiones de juicio oral que estaban señaladas para los próximos días 23, 24 y 25 de marzo.  

La suspensión, comunicada a las partes este mismo jueves, se produce según el escrito, al que ha tenido acceso SevillaelDiario.es, apenas una semana después de entrara en funcionamiento la Nueva Oficina Judicial (Servicio Común de Tramitación), una reforma impulsada por la LO 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia que busca, sobre el papel, agilizar los tiempos de respuesta de los tribunales.

Sin embargo, el estreno de esta estructura ha tenido un efecto bumerán en esta ocasión. Al traspasarse los expedientes al nuevo “Equipo de macrocausas” del Servicio Común, los funcionarios advirtieron que el juicio —señalado para los días 23, 24 y 25 de marzo— carecía del trámite más elemental: las citaciones de los acusados, testigos y peritos. Ante la “inminente fecha” del señalamiento y la imposibilidad material de realizar las notificaciones con garantías legales, la Letrada de la Administración de Justicia ha decretado la suspensión de los autos, que ahora quedan pendientes de un nuevo señalamiento que podría tardar meses en llegar.

Una dilación “indebida”

Este aplazamiento supone un nuevo golpe para un proceso que ya camina hacia su décimo aniversario. Los hechos que se juzgan se remontan a marzo de 2017, cuando el autobús de HazteOír, rotulado con mensajes contra la transexualidad infantil, fue interceptado en las inmediaciones del Prado de San Sebastián. Aquella protesta terminó con la identificación de nueve jóvenes para quienes la asociación ultraconservadora pide penas de prisión por presuntos delitos de odio, coacciones y amenazas.

Las defensas de los acusados han venido denunciando durante años la “pena de banquillo” que supone este proceso, dilatado sistemáticamente por cuestiones formales y recursos, y que ahora se ve frenado por un error de la propia Audiencia en el recuento de sus macrocausas. La vista oral llegó a estar señalada para su celebración en octubre de 2023.

Máxima colaboración a los procuradores

Dada la complejidad del caso, que involucra a casi una decena de encausados y múltiples representaciones legales, la Audiencia ha instado a los procuradores a prestar la “máxima colaboración” para comunicar la noticia a sus clientes. El objetivo es evitar que los acusados —muchos de los cuales residen fuera de la capital o tienen compromisos laborales ineludibles— se presenten el próximo lunes en la sede de la Avenida de Carlos V para un juicio que no se va a celebrar.

Esta nueva suspensión no solo afecta a la agenda de la Sección Primera, sino que vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de los derechos de los encausados ante los fallos del sistema. En el horizonte jurídico, esta nueva demora podría ser utilizada por las defensas para solicitar la atenuante de dilaciones indebidas, dado que el Estado ha sido incapaz de celebrar una vista por hechos ocurridos hace nueve años debido, esta vez, a un descuido en el envío de las citaciones.