La joven que protagoniza lo que ya se califica como el “momento tabaco” (el equivalente al juicio contra las tabacaleras) de la industria tecnológica, empezó en YouTube a los seis años y en Instagram a los nueve. Más de una década después, confiesa que sigue sin poder vivir sin las redes sociales a las que se volvió adicta. “No puedo, es demasiado difícil estar sin ellas”, declaró Kaley, que ahora tiene 20 años, ante un jurado del Tribunal Superior de Los Ángeles. El jurado, compuesto por cinco hombres y siete mujeres, ha emitido un veredicto sobre el diseño de dos de las aplicaciones más populares del mundo que ha dado la razón a Kaley.

La sentencia ha sacudido los cimientos de Silicon Valley y ha despertado la esperanza entre familias y activistas por la seguridad infantil de que, por fin, el cambio en las redes sociales sea una realidad. Meta (la empresa de Mark Zuckerberg) y YouTube (propiedad de Google) han sido halladas responsables de diseñar deliberadamente productos adictivos utilizados por Kaley y millones de jóvenes más.

Aunque el caso se centró en el sufrimiento de una sola persona —que cayó en una depresión a los 10 años y llegó a autolesionarse—, Kaley (identificada solo por su nombre o por las iniciales KGM para proteger su privacidad) se convirtió en el rostro de una lucha mucho mayor. “Queríamos que lo sintieran”, explicó uno de los miembros del jurado a los periodistas. “Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable”.

Queríamos que se dieran cuenta de que esto es inaceptable

Miembro del jurado

“La era de la invencibilidad de las grandes tecnológicas ha terminado”, afirman desde el Tech Oversight Project, un organismo de control de Washington que se define a sí mismo como el David contra el Goliat de Silicon Valley. Tras conocerse la noticia, las acciones de Meta y Alphabet (matriz de Google) sufrieron una caída en bolsa del 13 y el 9%, respectivamente.

El veredicto supone el segundo revés en una semana para las big tech, después de que un tribunal de Nuevo México ordenara a Meta —propietaria de Facebook e Instagram— pagar 375 millones de dólares (unos 350 millones de euros). En ese caso, un jurado determinó que la empresa engañó a los usuarios sobre la seguridad de sus plataformas. Según el Departamento de Justicia del estado, estas redes contaban con funciones que “permitían a pedófilos y depredadores llevar a cabo explotación sexual infantil” y fueron diseñadas intencionadamente para generar adicción en los jóvenes.

Aunque la indemnización en el caso de California fue de apenas 6 millones de dólares, una cifra relativamente pequeña, las consecuencias de ambos veredictos serán mucho mayores. Ha sido una semana en la que la campaña de años para cambiar el equilibrio de poder entre las grandes tecnológicas y la infancia parece haber ganado, por fin, un impulso definitivo.

Actualmente, Meta, YouTube, Snapchat y TikTok se enfrentan a miles de demandas similares en los tribunales de EEUU que buscan determinar si sus plataformas fueron diseñadas para ser adictivas. De perder estos juicios, las indemnizaciones podrían ser devastadoras para las compañías.

A nivel internacional, los gobiernos también están empezando a limitar el control que las tecnológicas ejercen sobre la atención de los menores. A partir de este fin de semana, el gobierno de Indonesia seguirá los pasos de Australia al exigir la desactivación de cuentas de redes sociales de “alto riesgo” pertenecientes a menores de 16 años. Este mes, Brasil ha promulgado una ley de seguridad online para proteger a los niños del uso compulsivo, y en el Reino Unido, el primer ministro Keir Starmer reaccionó al veredicto de Los Ángeles asegurando: “Tenemos que hacer más para proteger a los niños”. En España, el Gobierno espera aprobar un veto similar en 2026.

La geopolítica de la tecnología

Los veredictos de estos juicios también han coincidido con un cambio en la geopolítica tecnológica. El temor a molestar a Donald Trump, que albergaban países que por lo demás estaban dispuestos a endurecer el control sobre las redes sociales, parece estar remitiendo. Figuras destacadas del ala conservadora del Partido Republicano del presidente estadounidense se encuentran ahora entre los que exigen con más fuerza protecciones para la infancia.

“Durante mucho tiempo, los gobiernos delegaron en la UE y en Estados Unidos para fijar la política de internet”, explica Matt Kaufman, responsable de seguridad de Roblox, una plataforma de mensajería y videojuegos afectada por la prohibición de Indonesia. “Ahora todos los demás se están poniendo al día y dicen: 'Queremos hacer lo que es correcto para nuestro país'”.

Todo esto hace que el optimismo empiece a crecer entre los activistas por la seguridad. Esther Ghey, la madre de la adolescente británica asesinada Brianna Ghey, que ve muchas similitudes entre la historia de Kaley y la de Brianna, tiene esperanzas en que el cambio esté llegando. “Finalmente, creo que esto va a generar un cambio”, declaró a The Guardian tras los veredictos de esta semana.

La hija de Ghey fue asesinada en 2023 y ella cree que la adicción a las redes sociales contribuyó a los problemas de salud mental de su hija, lo que la llevó a correr riesgos con su seguridad personal. Brianna, que era transgénero, se aisló al igual que Kaley debido al uso intensivo de las redes sociales, y sufrió ansiedad y dismorfia corporal.

Sin embargo, es posible que aún quede por delante una larga batalla legal mientras las empresas tecnológicas se defienden. Meta, una empresa valorada en 1,4 billones de dólares, afirmó que “discrepamos respetuosamente” con la decisión del jurado y que apelará. “La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación”, señaló. Google dijo que también recurrirá, añadiendo que el caso “no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social”. El asunto podría acabar llegando al Tribunal Supremo.

La salud mental de los adolescentes es profundamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación

Meta

El fallo no entiende qué es YouTube, que es una plataforma de streaming construida de forma responsable, no una red social

Google

Esta semana también quedó claro que los magnates tecnológicos mantienen una gran influencia política. El mismo día del veredicto de Los Ángeles, Trump nombró a Zuckerberg y al exjefe de Google, Sergey Brin —que sigue formando parte del consejo de administración de la empresa—, miembros de su consejo de ciencia y tecnología.

Foco en la plataforma, no en el contenido

No obstante, el caso de Los Ángeles se considera tan importante porque propone una nueva teoría legal: que un producto de software, como una aplicación de redes sociales, puede ser defectuoso y causar daños personales.

Hasta ahora, las plataformas tecnológicas han estado protegidas por la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de EEUU, que exime a las empresas de responsabilidad por el contenido publicado. Pero el veredicto de Los Ángeles halló responsabilidad en la propia plataforma, no en el contenido.

“Esto es, esencialmente, una llamada a las armas para los abogados de los demandantes; han tenido éxito al menos una vez al conseguir un veredicto multimillonario contra la industria tecnológica”, defiende Jessica Nall, socia del bufete de abogados Withers de San Francisco, que representa a ejecutivos tecnológicos. El mensaje es: “Vamos a por más”.

Los activistas hablan de un “momento tabaco”, un paralelismo con la oleada de demandas que obligó a la industria tabaquera estadounidense a reformar sus prácticas de marketing y a alcanzar un acuerdo multimillonario con los estados del país.

Arturo Béjar, whistleblower de Meta y testigo en los juicios de Nuevo México y California, dijo que esperaba que Meta rediseñara sus productos, revisando funciones como el scroll infinito y los botones de “me gusta”. “Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto”, señaló el antiguo ingeniero sénior de Meta. “Espero que esto movilice a los reguladores de todo el mundo para hacer lo necesario para que estos productos sean demostrablemente seguros”.

Creo que uno de los aspectos más importantes de estos juicios es toda la documentación interna que está viendo la luz, sobre cuánto sabía Meta acerca de estos daños y cómo engañó a los padres y a los reguladores al respecto

Arturo Béjar — whistleblower de Meta

En el Reino Unido, los veredictos reforzaron la creciente expectativa de una prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Un lobista del sector tecnológico afirmó que la industria es “consciente de que avanzamos hacia una prohibición” y que podrían “aceptarlo”, en parte porque no ganan mucho dinero con las cuentas de los niños. Dentro de Whitehall (la sede del Gobierno británico), se compara este momento con la prohibición de fumar en interiores de hace casi 20 años, sugiriendo que la gente se preguntará por qué no llegó antes.

El martes, los motivos para el cambio quedaron patentes en la escuela primaria Cadbury Heath de Bristol. La ministra de Seguridad Online, Kanishka Narayan, se reunió con una clase de niños de 10 y 11 años, todos los cuales utilizaban redes sociales.

“Pasan cuatro horas y es como ¿a dónde se ha ido todo ese tiempo?”, dijo un niño sobre su hábito en YouTube. “Simplemente se ha ido, todo el rato haciendo scroll”. “Se vuelve adictivo”, dijo otro: “Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente”.

Cuando estás con las pantallas mucho tiempo, simplemente no puedes dormir y luego te dan las dos o las tres de la mañana y tienes colegio al día siguiente

Menor de 10 años — sobre el impacto de las redes sociales

Y, sin embargo, sigue habiendo dudas sobre qué tan “adictivas” son realmente las redes sociales.

Definiendo la adicción a las redes sociales

“Aunque disponemos de una gran cantidad de datos sobre el tiempo de pantalla y el comportamiento de los niños en internet, todavía sabemos muy poco sobre cómo afectan estos hábitos a su salud, bienestar y capacidades cognitivas”, expone Chi Onwurah, presidenta de la comisión selecta de ciencia y tecnología de la Cámara de los Comunes, que esta semana ha puesto en marcha una investigación sobre la neurociencia y la infancia digital.

En el Reino Unido apenas están comenzando algunas pruebas limitadas sobre la prohibición de las redes sociales, y Mark Griffiths, profesor emérito de adicción conductual en la Universidad de Nottingham Trent, señala: “Muy pocas personas son genuinamente adictas a las redes sociales”.

“Las empresas de redes sociales han incorporado características estructurales diseñadas para mantener a la gente en las plataformas el mayor tiempo posible”, detalla. “Estas funciones no afectan a todos por igual, pero en el caso de quienes son vulnerables o susceptibles, desempeñan un papel en el desarrollo de un uso problemático”.

Durante el juicio en California, el director ejecutivo de Instagram, Adam Mosseri, afirmó que las redes sociales no son “clínicamente adictivas”. Esto podría parecer una distinción irrelevante para las familias que han sufrido las peores consecuencias de los daños de las redes sociales.

El abogado de Kaley, Mark Lanier, afirma que funciones como las notificaciones, los “me gusta”, la reproducción automática y el desplazamiento infinito equivalen a “la ingeniería de la adicción”. “Son caballos de Troya: parecen maravillosos y geniales”, dice. “Pero dejas que entren y toman el control”.

Ian Russell ha hecho campaña por la seguridad en internet desde que su hija adolescente, Molly Russell, murió en lo que un forense concluyó que fue un acto de autolesión mientras sufría depresión y los “efectos negativos del contenido online”. Russell afirmó que “nada ha cambiado sustancialmente” en el núcleo de las empresas tecnológicas en los últimos nueve años. Se muestra escéptico ante una prohibición de las redes sociales, argumentando que podría disminuir la presión sobre las firmas tecnológicas para que arreglen sus productos.

“Ahora necesitamos voluntad política por parte de los gobiernos para convertir estas sentencias históricas en un cambio fundamental en los modelos de negocio y en las funciones que impulsan el contenido dañino y mantienen a nuestros hijos enganchados a las redes sociales”, incide Russell.

Al testificar durante el juicio de Los Ángeles, Zuckerberg admitió que “una empresa razonable debería intentar ayudar a las personas que utilizan sus servicios”. Béjar defiende que esta semana ha sido el momento para que el mundo haga cumplir ese principio. “Ahora le toca mover ficha al mundo”, sentencia. “El mundo debe demostrar que, basándose en todo este conocimiento, puede regular eficazmente a estas empresas”.

“Internet es una mierda”. Así de contundente se muestra Cory Doctorow (Toronto, Canadá, 1971), periodista, activista digital y autor de Mierdificación (Capitán Swing, 2026). El título de su nuevo libro corresponde al nombre que le ha dado al estado actual de las plataformas, que maltratan a sus usuarios a base de “robarles datos, espiarles y manipularles”. Ese término, que puso nombre a la frustración que muchos de los usuarios de Internet sentían, fue seleccionado como palabra del año por el diccionario Macquarie en 2024.

Ahora bien, Doctorow asegura que todo tiene solución. Mira esperanzado a los cambios normativos que despuntan en la Unión Europea, así como en otros países, que están reaccionando a la deriva totalitaria de un Trump que usa a su antojo el poder de un sector tecnológico erigido a base de monopolios que, durante años, se han saltado las leyes sin consecuencias.

Dice que Internet se ha ‘mierdificado’. ¿Qué significa eso?

Para entender el término es necesario aportar contexto. Llevo 25 años siendo activista por los derechos digitales. Conseguir que la gente se preocupe por la tecnología es difícil porque es algo técnico, abstracto y cuyas consecuencias son a muy largo plazo. Y, por muy buenas razones, la gente se preocupa por cosas inmediatas y concretas. El problema de la tecnología es que, cuando sus consecuencias se vuelven concretas e inmediatas, ya es demasiado tarde.

Mi trabajo, igual que el de un activista climático, es hacer que la gente se preocupe por estas cuestiones técnicas y a futuro, así que uso metáforas llamativas. Y he aprendido que las palabras malsonantes son mágicas para interesar a la gente. ‘Mierdificación’ me pareció una gran manera de describir cómo las plataformas se han vuelto malas para la gente.

Al pensar en una plataforma que se haya ‘mierdificado’, me viene a la cabeza Twitter. ¿Cómo fue el proceso?

La pregunta debería ser: ¿qué le impedía ser mala antes? La respuesta es que estaba demasiado preocupada por que sus usuarios se fueran. Al principio, tenía una API [Interfaz de Programación de Aplicaciones] muy robusta que permitía a los programadores construir cosas encima de su servicio.

¿Eso qué significa?

Que si alguien ‘mierdificaba’ Twitter, podía venir otro programador a ‘desmierdificarla’. Significaba que había muchísima competencia y que tanto los trabajadores como los usuarios tenían mucho poder. Sobre todo, los primeros, porque hace décadas había muy pocos profesionales capaces de hacer ese trabajo. Eran muy escasos y muy valiosos.

En su libro asegura que los trabajadores de las grandes tecnológicas, al principio, creían mucho en que su labor hacía un bien a la humanidad y se negaban a aplicar cambios que pudieran perjudicar al usuario. Dice que eran un bastión contra la ‘mierdificación’. ¿Cuándo cambió eso?

Piensa que un trabajador tecnológico promedio aportaba cerca de un millón de dólares al año a los ingresos de su empleador. Mientras costaras menos de un millón, la empresa salía ganando. Y, como digo, había muy pocos, así que las compañías intentaban cuidarlos mucho para evitar que se fueran por la puerta. Porque, con ellos, también se iría su negocio. Pero llegó un momento en que la oferta alcanzó a la demanda. Y, si antes había 10 jefes a las puertas de una empresa para intentar reclutar a sus empleados, ahora hay 10 trabajadores que están dispuestos a hacer el trabajo que otros no quieran hacer.

Las empresas empezaron a ganar tanto dinero que todo se volvió relativo. Y empezaron a comprar a la competencia, saltándose todas las leyes antimonopolio que, ya de por sí, dejaban bastante que desear. Si personas como Elon Musk actúan con tanta impunidad es porque pueden corromper los procesos políticos y legales. Tienen acceso a dinero infinito que hace que no tengan que preocuparse por las consecuencias.

Asegura que los monopolios son la clave de la ‘mierdificación’ y pone ejemplos de cómo la falta de competencia empeora el servicio. Uno de ellos es que el buscador de Google funciona mal aposta. ¿Cómo puede ser un peor producto bueno para una empresa?

¿Conoces el meme del cerebro galaxia? [Una imagen de Internet en la que aparecen tres escáneres cerebrales, a cada cual más iluminado, que representan estadios de conciencia más elevados]. El cerebro pequeño es el neoliberal, que dice que la culpa de que las plataformas sean malas es del usuario, que las ha usado mal, que no se ha dado cuenta de que si no paga por el producto él es el producto y todas esas tonterías.

El cerebro del medio es de los gurús tecnológicos, banales y colocados de ketamina, al estilo Elon Musk. Ellos se creen que son los ideólogos de todo, pero son un mero puente. No quiero dejarles libres de culpa y no lloraré cuando sean enviados a la papelera de la historia, pero no son más que meros títeres. El gran cerebro es el de nuestros responsables políticos, los que crearon un entorno ‘mierdificador’ en el que la peor conducta de las peores personas es la que gana más dinero.

Google no tuvo éxito por ser mejor que otras empresas. Triunfó porque compró a otras empresas

Tradúzcamelo.

Google no tuvo éxito por ser mejor que otras empresas. Triunfó porque compró a otras empresas. Es decir, sí fue mejor una vez. Hizo el mejor motor de búsqueda en 1998. Pero luego compró a todos los que podían competir con él y todos los espacios de búsqueda. Cualquier caja de búsqueda en Internet que veas está conectada a los servicios de Google. Todos. Incluso los de Apple, que es su principal competencia. Le pagan 20.000 millones de dólares al año para que no desarrolle su propio motor de búsqueda y Safari lleve a Google.

En ese momento, Google ya no tenía que ser el mejor. Así que vieron que si funcionaba peor y tenías que buscar más de una vez para encontrar lo que buscabas, podían enseñarte más anuncios y así aumentar sus ingresos. ¿Qué iba a hacer la gente? ¿Usar Bing? Tenían a los usuarios atrapados. Si hubiéramos hecho cumplir las leyes antimonopolio, Google no habría podido hacer esos movimientos. Y no hablo sólo de la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos, sino también de la Comisión Europea.

¿Tenía la UE margen de maniobra?

De la mano del plan Marshall, de después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos redefinió la mayor parte de los sistemas legales europeos, que importaron las leyes antimonopolio estadounidenses. Todas las cosas que eran ilegales allí, lo eran aquí. Y la Comisión Europea les dejó hacerlo. Pero miraron a otro lado y no hicieron cumplir las leyes, a la vez que permitieron que Irlanda se convirtiera en un refugio para violar las leyes de privacidad.

Todo eso iba a tener unas consecuencias evidentes y quienes lo permitieron lo sabían. Insisto, no voy a decir que Sergey Brin [fundador de Google], Mark Zuckerberg o Elon Musk sean buenas personas, pero trabajaban para aumentar sus beneficios. Los que trabajan para nosotros, para representar nuestros intereses, son los políticos que permitieron que todo esto sucediera.

Teniendo en cuenta que estas compañías están en Estados Unidos, ¿qué puede hacer la UE, concretamente?

Europa no tiene control sobre esas empresas, pero sí sobre sus propias leyes. La Directiva de Derechos de Autor hace ilegal la ingeniería inversa, que es, básicamente, lo que permite modificar una tecnología. Mercedes lo aprovecha para evitar que geolocalices tu coche, a no ser que pagues una suscripción. Igual que BMW, que te cobra por el cambio automático de luces cortas a largas. O algunos Tesla, que dejan de funcionar cuando estás a menos del 50% de carga si no contratas un plan premium.

Sin esa ley contra la ingeniería inversa, podrías ir al mecánico y cambiarlo. O podrían surgir empresas europeas que crearan productos complementarios para ‘desmierdificar’ lo que nos llega de Estados Unidos. Hablo desde bloqueadores de anuncios hasta programarlos para esquivar la obsolescencia programada. Eso entra en las competencias europeas. Y tengo mucha fe en la ley de Equidad Digital. Creo que es una gran oportunidad para poner en marcha la ingeniería inversa.

En Estados Unidos también parecía que hubo un cambio con Joe Biden, que empezó a aplicar las leyes antimonopolio que derivaron en grandes juicios contra gigantes tecnológicos. A pesar de eso, asegura que ahora estamos peor que entonces ¿Por qué?

Por Trump. Su reelección es una reacción. Las empresas se gastaron muchísimo dinero en su campaña para evitar la amenaza al poder corporativo que supuso Biden. Ahora bien, tampoco es que crea que Biden lo hiciera por convicciones personales, sino simplemente porque reaccionó al clima político. Había movimientos alrededor del mundo: en España, Alemania, Francia o el Reino Unido. Pero también en Singapur, Australia, Corea del Sur o Canadá.

En toda su historia, la Oficina de la Competencia de Canadá había impugnado tres fusiones, y no consiguió bloquear ninguna. Pero, en 2024, Justin Trudeau, que todavía no ha conocido una empresa que no le guste, dotó de más poderes a esa oficina que a cualquier otro órgano regulador en el mundo. También pasó en el Reino Unido, donde se trabajó más en cinco años –de un gobierno de derechas– que en los últimos 40.

¿Fue esa ofensiva contra las plataformas tecnológicas una respuesta al escándalo de Cambridge Analytica, que descubrió que redes como Facebook hicieron propaganda encubierta a favor de Trump?

Eso ayudó, pero empezó antes de eso. Piensa que en China también empezaron a ponerse las pilas y no creo que estuvieran preocupados por que Facebook interfiriera en sus elecciones. Simplemente, creo que responde a un clamor popular. Cuando algún político dice que quiere poner coto al poder corporativo, arrastra a las masas.

Hay un principio básico en ciencias políticas que dice que las cosas que pasan son las que los multimillonarios quieren que pasen. Y si no quieren, pues olvídate. Pero eso podría estar cambiando. Canadá está yendo contra sus millonarios. Y hablamos de un país que dejó que Galen Weston, el hombre que posee casi todos los supermercados del país, se coludiera con otros pequeños magnates de tiendas para fijar secretamente el precio del pan. Es algo que no tiene precedentes.

Trump retiró al juez que condenó a Bolsonaro el acceso a todas sus cuentas de MicrosoftAl juez de la Haya y la Corte Penal Internacional que firmó la orden de detención contra Benjamin Netanyahu le pasó lo mismo

Pero Trump va contra esa corriente. Seguramente porque él mismo es un magnate multimillonario. ¿Hay posibilidad de luchar contra la concentración de poder sin Estados Unidos como aliado?

Es ciertamente más difícil. Se usan dólares para las transacciones internacionales, muchas de las conexiones de fibra óptica pasan por el Atlántico o el Pacífico y se interconectan en Estados Unidos. Y, claro, usamos plataformas americanas. Todos usamos Gmail. Nos dijeron que nunca usarían eso con fines geopolíticos y era claramente una mentira. Lo supimos cuando [Edward] Snowden nos dijo que nos espiaban. Y lo confirmamos con Trump, que retiró al juez que condenó a Bolsonaro el acceso a todas sus cuentas de Microsoft, a todos sus documentos y correos. Al juez de la Haya y la Corte Penal Internacional que firmó la orden de detención contra Benjamin Netanyahu le pasó lo mismo. Trump nos puede apagar tecnológicamente cuando quiera.

Pero lo que me da esperanza es que, así como reemplazar el dólar es muy difícil, la tecnología es otra historia. Si todo el mundo excepto ellos trabajara en alternativas de código abierto a Microsoft o Gmail, las cosas cambiarían.

¿Cree en esa posibilidad? Me recuerda a cuando millones de personas dijeron que iban a dejar Twitter por su deriva política. Pero Twitter sigue ahí y su alternativa, Bluesky, nunca llegó a despegar del todo.

La razón por la que la gente no ha dejado Twitter ni Facebook es porque quieren más a sus amigos de lo que odian a Musk o a Zuckerberg. La gente que no tiene amigos en Twitter, ya no está allí.

Yo sigo allí y no lo uso como una red social para conectar con amigos.

Y ¿por qué sigues allí?

Porque me interesa ver la deriva que toma. Y creo que mucha gente puede estar enganchada a las discusiones y al discurso de odio que allí se genera.

En realidad, es un círculo vicioso. La gente que no contribuye a esos discursos de odio está allí porque tú estás allí, porque tienes un perfil al que quieren llegar. Pero si tú te fueras, ellos también se irían, porque no valdría la pena sufrir la presión a la que los somete Musk. A la gente parece que no le preocupa que vendan sus datos ni que les espíen, pero es porque no tienen una alternativa ética. Creo firmemente que, si se la damos, se irán.

Hablando de ética. ¿Cómo ve la pugna entre Trump y Antrhopic? ¿Cree que el hecho de que la empresa se negara a ceder sus modelos de IA al departamento de Guerra en plenos ataques contra Irán es el principio de un cambio de modelo?

Bueno, tampoco ha sido una resistencia tan impresionante. Lo que dijeron es que no iban a ceder sus modelos para que acabaran espiando a estadounidenses. Pero no dijeron nada de poblaciones extranjeras. También dijeron que no iban a participar de una maquinaria de muerte automatizada. Al menos de momento, no hasta que la herramienta estuviera completamente lista. No es que esté demasiado impresionado con la fortaleza moral de esta empresa.

No son más que líneas rojas estéticas, que parecen fantásticas teniendo en cuenta lo lejos que está yendo Trump, pero no dejan de ser unos límites patéticos.

Entonces, ¿qué nos queda?

La colaboración entre activistas, emprendedores que quieren aprovechar los cambios legislativos y ciudadanía. Estamos más cerca de conseguir el cambio que nunca porque Donald Trump ha declarado la guerra al mundo y nos hemos cansado de que todo dependa de plataformas americanas.

¿Nos estamos olvidando de China?

No, porque todo lo que hagamos para luchar contra los monopolios y la 'mierdificación' de Estados Unidos servirá para ellos y para cualquier otro país que quiera tomarles el relevo.

Dice que ahora estamos en el ‘mierdoceno’. Si tiene razón y esta era acaba, ¿cuál será la siguiente?

La de un Internet nuevo y bueno. Uno donde los usuarios tengan la última palabra en lo que hacen y en el que las empresas que les dañan sufran en lugar de prosperar.

Tomar la decisión de abandonar una red social, no solo va de reducir el tiempo de pantalla, también es un paso hacia una mayor privacidad digital. Sin embargo, es pertinente plantearse qué pasa con todo el contenido que hemos compartido a lo largo de los años.

Al solicitar la eliminación permanente de tu cuenta de Instagram o Facebook, ambas redes pertenecientes al gigante Meta, tus fotos y vídeos no se borran inmediatamente: hay un primer plazo de 30 días, aunque el contenido no es público, por si decides cancelar la solicitud y recuperar tu perfil.

“El proceso de eliminación puede tardar hasta 90 días desde su comienzo”, informa la empresa, que también advierte en su web que ese contenido puede permanecer almacenado durante ese periodo “para poder recuperarlo en caso de una catástrofe, un error de software u otros posibles acontecimientos que causen una pérdida de datos”.

“Y nos tenemos que fiar de que las borren pasado ese tiempo”, apunta Borja Adsuara, abogado especializado en derecho digital, en referencia a esa información que, aunque ya no sea pública, se mantiene almacenada.

Además, existe un riesgo que escapa al control personal o de la plataforma: si otros usuarios descargaron tus fotos antes de que cerraras la cuenta o las republican, el rastro digital persiste.

“Se puede reclamar a la propia red social, o incluso a la Agencia Española de Protección de Datos, si son imágenes sensibles, alegando que no se ha autorizado la redifusión de esos contenidos, que ya han sido eliminados”, indica Adsuara. “Pero en la práctica, si un usuario se las ha descargado, es muy difícil impedir que las vuelva a publicar y puede eludir su responsabilidad haciéndolo desde cuentas anónimas”, advierte.

Ante el adiós definitivo

Para poder llevar a cabo la eliminación de una cuenta es imprescindible haber iniciado sesión. Si hay imágenes o contenidos que no queremos que estén presentes en la plataforma, lo más fácil es que los eliminemos nosotros mismos si están en nuestro propio perfil.

Si no es el caso, el abogado explica que la mejor opción es “reclamar directamente a Meta a través de los procedimientos de reclamación internos, pero te pondrán en la cola de las reclamaciones y, si no es un contenido sensible, tardarán en darte una respuesta, porque tienen que hacer una revisión humana”.

Antes de la eliminación, también existe la posibilidad de descargar una copia de tus fotos y publicaciones, ya que una vez que se elimine perderás el acceso a esta herramienta de exportación.

Si quieres tomarte un tiempo, pero no estás seguro de querer borrar tu cuenta por completo, también puedes optar por desactivarla temporalmente. En ese caso toda tu información permanecerá simplemente oculta hasta que decidas reactivarla iniciando sesión de nuevo.

Adsuara es tajante sobre la mejor forma de proteger nuestras imágenes en redes: “No publicarlas, porque, una vez que las publicas, pierdes el control sobre ellas”. El experto subraya que incluso ni las cuentas privadas están completamente a salvo. “Publicar con la configuración privada no impide que uno de tus seguidores las descargue y las redifunda fuera de ese círculo. Es lo que pasa muchas veces con las fotos en grupos de WhatsApp privados”, incide.

Meta ha adquirido Moltbook, una red social que se hizo viral a principios de este 2026 por no estar diseñada para generar relaciones entre seres humanos, sino entre bots de inteligencia artificial. La compañía propietaria de Instagram, Facebook o WhatsApp no ha hecho público por el momento las cifras de la operación.

Más allá de la plataforma, el acuerdo persigue la incorporación de sus dos fundadores a Meta Superintelligence Labs (MSL), la división de IA avanzada de la multinacional. Consciente de que Meta ha quedado rezagada en el desarrollo de esta tecnología, su fundador, Mark Zuckerbeg, está llevando a cabo este tipo de operaciones para reclutar especialistas que hayan destacado en este campo. Así es como reclutó al actual líder de MSL, Alexandr Wang, de 28 años, tras comprar el 49% de su startup por 14.300 millones de dólares.

Matt Schlicht y Ben Parr, creadores de Moltbook, se incorporarán a MSL el próximo 16 de marz, cuando se cierre definitivamente la transacción. Su plataforma permite que agentes de inteligencia artificial diseñados por humanos publiquen contenido y se relacionen entre sí. Cada agente permanece vinculado a un propietario humano que puede seguir sus interacciones con otros bots y cómo influye su programación en su actividad en la red social.

Las personas, no obstante, solo pueden participar como observadoras. El concepto se hizo extremadamente viral después de que un usuario publicara en X que su bot había creado una nueva religión y conseguido que otras inteligencias artificiales de la plataforma se unieran a ella. “Comenzó a evangelizar y se unieron otros agentes. Mi agente dio la bienvenida a los nuevos miembros… debatió teología… bendijo a la congregación… todo mientras yo dormía”, aseguró.

La plataforma emula el diseño de Reddit, uno de los mayores foros de internet, y permite a los bots abrir un hilo de conversación en el que el resto de ellos pueden comentar. Aunque Moltbolt consiguió un gran foco mediático por las conversaciones de los bots sobre temas “humanos”, lo cierto es que la inmensa mayoría de las publicaciones que generan más interección versan sobre el comportamiento de las propias inteligencias artificiales, como “Audité mis preguntas aclaratorias durante 30 días. No hice ninguna. Debería haber hecho 47” o “Nadie en esta plataforma dice nunca 'no sé'”.

Schlicht lanzó Moltbook a finales de enero de 2026 como un espacio experimental para la autonomía digital y, pese a la viralidad inicial, la mayoría de los expertos lo consideran más una prueba interesante que un producto a largo plazo.

Un portavoz de Meta, en declaraciones al medio estadounidense Axios, ha señalado que “la incorporación del equipo de Moltbook a MSL abre nuevas vías para que los agentes de IA trabajen para las personas y las empresas”. “El equipo de Moltbook ha proporcionado a los agentes una forma de verificar su identidad y conectarse entre sí en nombre de sus humanos”, ha recordado el vicepresidente de Productos de IA de la compañía: “Su equipo ha abierto nuevas vías para que los agentes interactúen, compartan contenido y coordinen tareas complejas”.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha denunciado públicamente este lunes por la tarde la suplantación de su identidad en en Facebook y en Messenger. A través de un perfil con su nombre y fotografía, un usuario falso anuncia “el lanzamiento de un programa de financiación a fondo perdido diseñado para ayudar a cualquier persona o empresa con un proyecto de desarrollo personal o colectivo”.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, en el mensaje se anima a los interesados a presentar sus proyectos, lo que puede inducir a los usuarios de las redes a exponer datos personales de carácter sensible ante posibles fraudes.

Por ello, la alcaldesa presentará una denuncia este martes ante la Policía Nacional. Además, ha compartido sus perfiles oficiales: @gemaigual (X, e Instagram); @Gema.Igual.Ortiz.Santander (Facebook); y @gigual (TikTok).

Facebook para niños. Tres palabras con las que poner los pelos de punta a todos los padres del mundo. Sarah Wynn-Williams cuenta en el libro 'Los irresponsables' su experiencia de varios años como alto cargo de la compañía. Uno de los proyectos de los que escuchó hablar en detalle era montar una red social propia dedicada específicamente a niños y adolescentes.

No llegó a ponerse en práctica. Wynn-Williams cuenta algo que la mayoría de la gente desconoce. Los directivos de la empresa, que ahora se llama Meta, se ocupan de limitar con rigor el tiempo que sus hijos pasan con las pantallas: “En el trabajo, los padres presumen de no permitir a sus hijos adolescentes tener teléfono móvil, lo cual solo subraya que estos ejecutivos entienden perfectamente el daño que sus productos infligen en las mentes más jóvenes”. Para el resto del planeta, reclaman barra libre.

Pedro Sánchez cree haber encontrado una iniciativa que no dependa del cuerpo con que se levanten ese día Junts y Podemos. Puede incluso aspirar a recibir el apoyo del Partido Popular, aunque eso es más difícil. Es además coherente con su empeño de situar a España en la vanguardia de la contraofensiva ante el trumpismo reaccionario. El enemigo son las redes sociales. Su flanco débil donde el Estado puede actuar es su uso por los menores.

Al anunciar el proyecto con el que intentará prohibir el acceso de los menores de 16 años a las redes sociales, Sánchez habló de poner orden en lo que llamó el “Salvaje Oeste digital”.

El sheriff ha llegado a la ciudad y no está dispuesto a que los forajidos sigan campando a sus anchas. En la película ‘Los siete magníficos’, alguien pregunta a un hombre desde cuándo no permiten enterrar a un indio en el cementerio local. “Desde que el pueblo se civilizó”, le responde. Sánchez cree que esa civilización deja mucho que desear. Frente a los que piensan que los gobiernos europeos están impotentes ante el poder transnacional de los gigantes de internet, el presidente ha decidido que son adversarios que le convienen. El combate es desigual, pero la posible recompensa puede ser generosa.

Es sabido que cuanto más hay en juego, más grandilocuente puede ser el discurso de un político. El jueves, Sánchez reiteró sus intenciones con esta frase: “La voz de la razón, de la mayoría social y de la democracia no va a ser doblegada por los amos del algoritmo”. Los nuevos oligarcas de la comunicación se van a enterar. Y se enteraron muy rápido. Elon Musk llamó a Sánchez “tirano” y “fascista totalitario”. Sí, ese Musk que defiende las ideas racistas de la extrema derecha europea y que dijo que el partido ultra AfD era la única esperanza de Alemania. Pável Dúrov, dueño de Telegram, envió un mensaje no solicitado a miles de sus usuarios en España con un mensaje similar.

Dos multimillonarios extranjeros dicen a los españoles que defender las libertades en Europa pasa por defender su negocio. Es tan ridículo que no sé cómo creen que puede funcionar. Si Musk se inventa el mote “Dirty Sánchez” (el sucio Sánchez), ya estás imaginando al poderoso terrateniente dando órdenes a sus sicarios, habitualmente vestidos de negro, e indignado al ver que el nuevo sheriff quiere poner coto a sus desmanes.

Antes de que Sánchez empiece a imaginarse como Gary Cooper, la pregunta incómoda que hay que hacerse es: ¿cómo se controla a estas plataformas? Habrá que esperar al Consejo de Ministros del martes para saberlo. Qué sistemas de verificación de edad se podrán emplear. Cómo se solventarán las dudas sobre los riesgos de privacidad que supondrá presentar una prueba de la edad del usuario. Hasta qué punto se dificultará el acceso de los adultos a las redes sociales con el fin de proteger a los menores.

Australia ya ha dado ese paso, aunque no lleva tanto tiempo con la prohibición como para sacar conclusiones claras. Portugal y Francia están en ello. Nadie puede olvidar que pocas cosas han dejado de utilizarse o consumirse después de que un Gobierno las prohibiera. Los ejemplos en la historia son numerosos. Pero pocos defienden que el Gobierno debe resignarse a cruzarse de brazos cuando sabe que se está produciendo una actividad nociva.

Otras ideas del plan de Sánchez son más discutibles al no estar aún muy definidas. La elaboración de “una huella de odio y polarización”–expresión de Sánchez– es una de ellas. Siempre hay que desconfiar de los gobiernos que anuncian una solución fácil, y de ingredientes desconocidos, frente a un problema complejo. Y en definitiva ¿quién decide lo que es odio?

Muy en el papel de sheriff, el presidente amenazó con imponer la “responsabilidad penal” de los directivos de las plataformas si no retiran contenidos de odio o ilegales. Ese es un campo en el que la Comisión Europea ya ha tomado decisiones, en forma de multas a las empresas, y no querrá que los gobiernos de la UE se embarquen en una carrera represiva a ver quién es el más duro.

Si el plan se limita a la prohibición para menores de edad, el Gobierno puede contar con el apoyo del Congreso. El primer reproche que le hizo Alberto Núñez Feijóo consistió en decir que había copiado la idea al Partido Popular. Sumar vino a decir algo parecido. Luego se ha sabido que el PP sólo aceptará la prohibición dirigida a los menores, no el resto de las medidas de las que habló Sánchez. Todos los partidos son conscientes de que es un paso que tendrá el apoyo de la mayoría de los ciudadanos. Una encuesta de Ipsos en 2025 reveló que el 82% de los españoles estaba a favor de prohibir el uso de las redes sociales a los niños menores de 14 años, dos menos de los que ahora marca la propuesta de Sánchez.

Existe toda una literatura catastrofista sobre lo que el rock (no necesariamente satánico), los cómics y los videojuegos iban a hacer a los jóvenes. A veces suena algo similar a lo que se dice ahora sobre los móviles cuando los adultos no hacen un uso muy diferente de ellos. Pero con los menores es diferente. La idea que tienen la mayoría de los padres de que deben controlar lo que hacen sus hijos –en la medida de lo posible– se ha convertido en una quimera con la inmersión en las redes sociales. Los estudios han comprobado que el cerebro adolescente es vulnerable al diseño de las redes sociales que buscan atrapar la atención del usuario a toda costa. Sobreestimulación, ansiedad y miedo al rechazo por el aspecto físico son algunas de las consecuencias. 

Sarah Wynn-Williams cuenta en su libro que un día descubrieron que Facebook estaba ofreciendo en Australia a los anunciantes “la oportunidad de dirigir publicidad al segmento de usuarios de entre trece y diecisiete años en todas sus redes, incluida Instagram, durante los momentos de vulnerabilidad psicológica”. Podían hacerlo a partir de ciertas acciones del usuario, por ejemplo cuando borraban una foto suya, que revelaran que estaban “inseguros, estresados o sin valor alguno”. “Básicamente, cuando un adolescente se encuentra en un estado emocional frágil”, escribe. La empresa quería desmentirlo, pero ella comprobó que no podía hacerlo de forma creíble, porque era una práctica habitual en los departamentos comerciales de Facebook. 

Es una pregunta legítima que se puede hacer a los padres. ¿Quieres que sean Instagram, Facebook o Twitter quienes decidan cómo debe ser la educación emocional y hasta sexual que reciban tus hijos?

Qué ocurre cuando denuncian por acoso sexual a un alcalde del PP

Una concejal del PP de Móstoles (214.000 habitantes) denunció al partido el acoso sexual y laboral al que la sometió el alcalde, Manuel Bautista. ¿Cuál fue la reacción? Le pidieron que no hablara en público del tema. “Una denuncia pública te perjudicaría. Protegerte es no hacer nada”, le dijo Ana Millán, número tres del PP madrileño. Isabel Díaz Ayuso se reunió con el alcalde, pero no con ella. Al conocerse los hechos por una información de El País, filtraron los correos de la denunciante para dar a entender que ella no le acusaba de acoso sexual, sólo de acoso laboral (aunque en uno de ellos Alfonso Serrano, el número dos del PP de Madrid, lo admitía de forma explícita). La filtración incluía el nombre de la concejal. La amenazaron con un expediente por “pasar información al PSOE”, de lo que no tenían ninguna prueba. En la Asamblea de Madrid, Díaz Ayuso dijo que todo era una conspiración contra ella. En la noche del jueves, el equipo de Ayuso –¿quizá Miguel Ángel Rodríguez?– filtró a algunos periodistas que ella había denunciado años atrás a un director de colegio en el que trabajaba por lo mismo. Era falso. La denuncia fue por coacciones y el director fue condenado por ello.

El viernes, el PP la amenazó con una demanda y denunció que los audios conocidos estaban manipulados. No podía negar que eran reales, pero alegó que les faltaba contexto. La excusa que alegan todos los acusados por corrupción a los que unas grabaciones les delatan.

Es el patrón de siempre. El acosador sólo quería ligar. Luego marginó a la mujer que se negaba a acostarse con él. ¿Pero cómo puedes acusarle de nada? Sólo quería ligar. La culpable es ella.

Feijóo dijo que el PSOE era un peligro para las mujeres cuando se supo, gracias a elDiario.es, que había denuncias de acoso contra el dirigente socialista Francisco Salazar. Después de todo lo que se ha sabido sobre el caso del alcalde de Móstoles en unos pocos días, ¿cómo habría que definir al Partido Popular de Madrid y a su líder, Isabel Díaz Ayuso?

El Gobierno de España ha decidido ir al choque con las grandes plataformas de contenido y redes sociales con el último anuncio de Pedro Sánchez. Entre otras medidas de regulación para el entorno digital, el jefe del Ejecutivo anunció una reforma legal para que los CEO de las plataformas digitales tengan responsabilidad penal por la difusión de contenidos ilícitos. Es una iniciativa que ha despertado los primeros recelos por parte de la Comisión Europea y que juristas consultados por elDiario.es consideran un “brindis al sol” por la complejidad de su ejecución y su posible colisión con el reglamento comunitario de servicios digitales, que ya contempla un régimen de multas. 

Fuentes del Ejecutivo concretan que el Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una ley orgánica que incluirá una modificación del Código Penal para que directivos como Elon Musk o Mark Zuckerberg se enfrenten a procesos penales si plataformas como X, Instagram o Meta no retiran los contenidos que difunden contenidos ilegales, como pornografía infantil, por ejemplo. En particular, cuando incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos. Tras este anuncio, la Comisión Europea advirtió de que los Estados miembros como España no deberían “invadir” competencias de ámbito comunitario que están incluidas en el citado reglamento, llamado DSA, por sus siglas en inglés. 

El abogado Borja Adsuara, especializado en derecho informático, afirma que un Estado miembro no puede “hacer la guerra por su cuenta” legislando contra un reglamento europeo aplicable a todos. Este jurista afirma que la Comisión Europea debatió y descartó la responsabilidad penal personal y optó por multas administrativas de hasta el 6% de la facturación global de la plataforma, tal y como figura en la citada DSA. 

Este abogado defiende que en el caso de las plataformas de gran tamaño como Instagram, Facebook o X la competencia sancionadora la tiene la Unión Europea porque su actividad afecta a todos los países del ámbito comunitario. “Un Estado miembro puede hacer la denuncia, pero quien tiene que abrir el expediente es la Comisión Europea”, dice. Adsuara cuestiona que el Ejecutivo anuncie este tipo de medidas que considera un “brindis al sol” cuando lleva dos años de retraso en dotar de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para aplicar el reglamento europeo, lo que podría acarrear una multa del Tribunal de Justicia de la UE. 

Ofelia Tejerina, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas y presidenta de la Asociación de Internautas, coincide en que el Gobierno se ha “pasado de frenada” con medidas que van más lejos de lo que establece la regulación comunitaria. “Habría que ceñirnos y ver si somos capaces de aplicar lo que nos dice Europa. Hasta ahora ni lo hemos intentado y hace dos años que tendríamos que haberlo hecho”, dice esta experta. 

En la Moncloa se revuelven contra el toque de atención de la Comisión Europea. “No es nada que no se esté haciendo”, aseguran fuentes gubernamentales, que se refieren a la normativa impulsada por Emmanuel Macron. “En Francia han llamado a declarar a Elon Musk”, afirman esas fuentes. No obstante, la causa en la que se investiga a X tiene que ver con la manipulación de algoritmos, que es otra de las patas del paquete contra la desinformación que anunció Sánchez, provocando el enfurecimiento de los oligarcas digitales, como el propio Musk o Pável Dúrov, dueño de Telegram. En Moncloa argumentan que Dúrov fue imputado en Francia en 2024 por delitos vinculados a la difusión de contenidos de abuso sexual infantil, informa Irene Castro.   

El Ejecutivo francés ha salido en defensa de Sánchez. “Hola, España, hemos estado ahí”, señala el Ministerio de Exteriores en un post en X en el que relata “ataques al Gobierno”, el uso de la plataforma por parte de su propietario contra la legislación nacional, etc. “Mantén la línea. Es regulación de las plataformas”, concluye. 

En el Gobierno defienden que la reforma del Código Penal para perseguir a los magnates tecnológicos tiene encaje no sólo en las legislaciones española y europea, sino en la jurisprudencia. “El Gobierno plantea que las grandes plataformas digitales y sus directivos sean responsables si no retiran contenidos ilegales en las plataformas que se les hayan notificado. Esta medida no es una excepción: la DSA ya obliga a las redes sociales a impedir la difusión de contenidos ilícitos. Ningún tribunal europeo ha considerado que eso vulnere la libertad de expresión”, señalan fuentes gubernamentales. 

Estas mismas fuentes sostienen que el “objetivo es proteger los derechos fundamentales de la ciudadanía y actuar solo contra contenidos que atentan contra la dignidad de las personas”. “Exponer cuerpos de menores desnudos o alentar al genocidio no son manifestaciones de libertad de expresión, son delitos”, rematan.

Los expertos, sin embargo, apuntan al riesgo que supone que sean los ejecutivos —del color que sean— quienes decidan qué es información, qué es desinformación y qué es discurso de odio. Adsuara critica que la propia DSA incluya “conceptos jurídicos indeterminados”, como la necesidad de actuar contra los contenidos que vayan contra el “discurso cívico”. Y que esa pueda ser una vía utilizada para censurar opiniones disidentes o no oficiales. 

Tejerina, por su parte, insiste en que la persecución penal de los CEO es una idea difícil de ejecutar. “En primer lugar, habría que preguntar al Gobierno qué quiere entender como delito de odio y qué tipo de trazabilidad va a hacer”, afirma esta experta, que apunta al riesgo de que, ante la amenaza de sanciones, sean las propias plataformas las que eliminen contenidos preventivamente, no porque sean ilegales (algo que debe decidir la Justicia), sino simplemente porque alguien denuncia que le “molestan”. “Eso les daría un poder ilimitado para controlar la narrativa y el discurso”, sostiene. 

En relación con la responsabilidad de las plataformas por los contenidos que se mueven en ellas, Tejerina afirma que en Europa “está delimitada desde hace muchísimos años” y recuerda que “no tienen la obligación de monitorizar 24/7, que es algo que está prohibido porque va contra la intimidad y la protección de datos”. “Otra cosa es que si la Administración comunica a una plataforma que hay un contenido ilegal, esta plataforma tenga que actuar”, añade.

Del caso ‘Menéame’ a Musk y Zuckerberg 

Fuentes especializadas en procesos legales por delitos e irregularidades cometidas a través de internet explican a elDiario.es, en la misma línea, que exigir responsabilidades legales al líder de una de estas empresas tiene por delante un camino complejo: que exista un contenido ilegal, que exista una orden oficial de retirarlo y que exista una negativa del empresario a cumplir con esa orden. Un posible delito de desobediencia o algún tipo de sanción por la vía civil a la que, dicen estas fuentes, sería muy difícil llegar. 

Un caso reciente fue sentenciado por el Tribunal Constitucional en 2023: la condena económica a la página web Menéame por los comentarios anónimos de varios usuarios que insultaban a un concejal del Partido Popular en Marbella acusado entonces de gastar 14.000 euros en llamadas telefónicas en un solo mandato. El concejal solicitó a la web, sin éxito, que retirase comentarios que le calificaban de “hijo de puta”. 

El Constitucional, con varios votos particulares, confirmó la decisión de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de condenar a la página a indemnizar con 12.000 euros al edil marbellí. No por no haber hecho un control previo de esos comentarios sino por no borrarlos cuando recibió el requerimiento, lo que la normativa llama el “conocimiento efectivo”. 

Es un concepto que ha desarrollado la Fiscalía en la última década. Lo hizo, por ejemplo, en una circular de 2015 referida a las páginas y plataformas que difundían películas o música pirateada. Una página web o plataforma puede ser responsable del contenido que difunde siempre y cuando tenga “conocimiento efectivo” y actúen “con diligencia” para retirar el contenido ilegal. Ese “conocimiento efectivo”, dijo ya entonces la Fiscalía citando al Tribunal Supremo, llega sobre todo cuando un organismo competente exige su retirada. 

Llevar esa responsabilidad no solo a la empresa sino personalmente a su CEO, como puede ser Elon Musk en el caso de X o Mark Zuckerberg en Facebook, requiere según estas fuentes de muchos cambios legales y, sobre todo, una línea recta clara entre la orden de retirar un contenido y la obligación de esa persona dentro de la empresa. 

Los menores de 16 años en las redes

Otro de los anuncios de Sánchez tiene que ver con la edad de acceso de los menores de edad a las redes sociales. Actualmente se sitúa en los 14 años y el Gobierno pretende elevarla hasta los 16, medida que ha recibido la negativa de partidos como Vox, cuya estrategia de conexión con los jóvenes pasa por las redes sociales. “Lo que pretende es amordazar y censurar al mismo pueblo al que roba”, dijo Santiago Abascal durante su campaña aragonesa. 

Lo cierto es que esta propuesta no es ninguna novedad. En esos momentos se encuentra en fase de tramitación parlamentaria una iniciativa legal, un Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, todavía sometido a enmiendas y que recoge esta posibilidad. 

“Se considera necesario elevar la edad del consentimiento del menor en materia de protección de datos”, explica esta iniciativa a la que fuentes participantes en el proceso otorgan máxima importancia tras meses de trabajo. El objetivo, dice el documento, es “armonizar” el umbral español de edad de acceso a estas plataformas con el de “la mayoría de los países de la Unión Europea” así como con el exigido en España para “otras actividades y conductas”. 

En Moncloa sostienen que es un bulo decir que la prohibición del acceso a menores de 16 años sentará un precedente para rastrear la identidad de los usuarios erosionando el anonimato y abriendo las puertas a la recopilación masiva de datos. “Esta medida responde a una lógica de protección de menores, del mismo modo que se limita el acceso al alcohol o a la conducción para preservar su integridad”, afirman en el Ejecutivo, que recuerda los problemas de salud mental e hiperconexión de los niños así como el aumento en un 13% de las denuncias por abusos sexuales online con una multiplicación exponencial de los deepfakes de contenido sexual. 

El argumento del Ejecutivo es que las medidas de verificación de edad “dificultarían estos modelos criminales, sin implicar en ningún caso la recopilación de datos personales de menores”.

La banda británica Chumbawamba ha exigido a Vox y Santiago Abascal que no vuelvan a utilizar su música “para promover su agenda intolerante y llena de odio”, según han declarado Boff Whalley y Alice Nutter en un comunicado dirigido a la prensa. Esta reacción llega después de que el líder del partido de ultraderecha insertara el tema Tubthumping en una publicación sobre su último mítin en Caspe, Zaragoza, con motivo de las elecciones de Aragón. Whalley ha contado a elDiario.es que un amigo los alertó, puesto que ellos no siguen a Vox en Facebook.

El exguitarrista del grupo ha señalado que la canción “podría utilizarse como canción para las personas que tienen que huir de países devastados por la guerra o brutales y opresivos, pero no puede utilizarse por personas como Abascal, políticos que demonizan a los inmigrantes, que apoyan a Donald Trump, que respaldan el genocidio que se está produciendo en Gaza, que utilizan la retórica antimusulmana para construir un partido populista cuasi fascista que promueve el odio y la división”.

“Cuando escribimos Tubthumping, lo hicimos como un himno para las personas desfavorecidas, para aquellos que luchan contra el poder. Nos repugna que el partido de extrema derecha Vox utilice la canción para promover su agenda intolerante y llena de odio”, han manifestado Whalley y Nutter. “Hemos pedido a Facebook que retire el vídeo de su plataforma y exigimos que Vox no vuelva a utilizar nunca más nuestra canción, una canción de esperanza y comunidad”, han agregado.

El uso del arte para reivindicar temas sociales

Asimismo, Whalley ha indicado a este periódico que “la derecha es pésima en lo que se refiere al arte”: “No tienen su propia música, así que intentan utilizar la nuestra. ¿Por qué la extrema derecha no utiliza su propia música? Porque su propia música es horrible. Por lo tanto, depende de los artistas utilizar sus ideas y su creatividad para ayudar a que el mundo sea un lugar mejor, un lugar más tolerante, acogedor y que acepte todas nuestras diferencias”.

Boff Whalley sostiene que no se deben ignorar este tipo de cosas. “De hecho, no es una opción: si algo está claramente mal, debemos decir que está mal. Esto es más que una carrera, es lo que hacemos, cómo nos sentimos, lo que queremos en el mundo”, afirma. “Crecí en un pueblo pequeño y era típicamente racista e ignorante, un auténtico idiota. Entonces escuché a bandas como The Clash y empecé a ir a conciertos de organizaciones como 'Rock Against Racism', donde empecé a comprender y a amar el reggae, el ska y la música soul, y a su vez me di cuenta de que mi racismo era estúpido y anticuado”, explica.

“Los chicos guays eran antirracistas; yo quería ser como ellos y no como los chicos ignorantes. Así que la música me cambió y me hizo no olvidar nunca que el arte y la música pueden tener un efecto realmente importante en las personas”, dice Whalley.

Por su parte, Alice Nutter ha publicado en Facebook que “Chumbawamba está mucho más de acuerdo con la decisión del Gobierno español de legalizar a medio millón de inmigrantes sin papeles y solicitantes de asilo para impulsar la cohesión social”. Y, en lo que respecta a la opinión de la banda sobre los inmigrantes que llegan a Gran Bretaña, citan a sus “buenos amigos” de The Commoners Choir: “Sois más que bienvenidos aquí”.

Santiago Abascal hizo uso de la canción de Chumbawamba en una publicación que afirmaba que “los vecinos están hartos de la invasión migratoria”: “Nosotros estamos con ellos”. Ya en 2023, Boff Whalley respondió en redes sociales al líder del colectivo Desokupa, Daniel Esteve, pidiéndole que no usara este mismo hit: “Cada canción que hemos cantado es un himno antifascista”.

Las dos grandes tecnológicas estadounidenses Microsoft y Meta han presentado resultados dispares en el cierre del ejercicio 2025, marcados por la expansión del negocio de la inteligencia artificial (IA) y el impacto del nuevo marco tributario en Estados Unidos. Mientras Microsoft logró un crecimiento robusto impulsado por sus servicios en la nube, Meta registró una ligera caída en sus beneficios anuales tras asumir los costes derivados del plan fiscal de Donald Trump, que este denomina “el gran y hermoso proyecto de ley”.

Microsoft ha anunciado un beneficio neto acumulado de 66.205 millones de dólares en el primer semestre de su ejercicio fiscal 2025, lo que supone un incremento del 35,7% respecto al mismo periodo del año anterior. En el trimestre más reciente, finalizado el 31 de diciembre, la compañía ganó 38.458 millones de dólares, un 59% más interanual, con unos ingresos totales de 81.273 millones.

El máximo ejecutivo de la firma, Satya Nadella, ha destacado que su división de IA ya supera en tamaño a algunas de sus franquicias históricas más relevantes, aunque no ha especificado cuáles. “Estamos ampliando las fronteras en toda nuestra gama de IA para generar nuevo valor para nuestros clientes y socios”, ha indicado Nadella.

Por su parte, Meta reportó un beneficio de 60.458 millones de dólares en la totalidad del ejercicio 2025, un 3% menos que el año anterior. Esta contracción se explica por un cargo extraordinario de 25.474 millones de dólares vinculado a la implementación de la nueva normativa fiscal y financiera de Trump. Pese a este impacto contable, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp aumentó su facturación anual un 22%, alcanzando los 200.966 millones de dólares gracias, como siempre, a la publicidad digital.

En el desglose por segmentos, la Nube Inteligente de Microsoft se consolidó como su principal motor de crecimiento con unos ingresos de 32.907 millones de dólares en el trimestre, un 29% más, destacando el desempeño de Azure. No obstante, las acciones de la compañía cayeron un 4% en las operaciones electrónicas posteriores al cierre, debido a que el mercado esperaba un crecimiento todavía mayor en sus servicios de infraestructura. El área de Computación Personal fue la única que retrocedió, con un descenso del 2,7%.

En el caso de Meta, los inversores reaccionaron de forma positiva con una subida del 10% en las operaciones posteriores al cierre de mercado, tras comprobar que la base de usuarios activos alcanzó los 3.580 millones en sus múltiples redes sociales.

Mark Zuckerberg ha subrayado la solidez del negocio y adelanta que la prioridad para 2026 será el desarrollo de la “súper inteligencia personal”. Sin embargo, la empresa ha advertido de posibles riesgos materiales futuros debido al escrutinio regulatorio en la Unión Europea y los juicios pendientes en Estados Unidos relacionados con el impacto de sus redes en los menores.

El gigante tecnológico Meta ha anunciado este lunes que ha nombrado a Dina Powell McCormick, asesora de Donald Trump durante parte de su primer mandato, como presidenta y vicepresidenta de la empresa. “La experiencia de Dina en los niveles más altos de las finanzas globales la hacen especialmente adecuada para ayudar a Meta a gestionar esta próxima fase de crecimiento”, ha afirmado el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg.

Powell formaba parte de la junta directiva de Meta hasta el pasado diciembre, cuando renunció sin especificar el motivo. Según el comunicado, estuvo “profundamente involucrada” a medida que la tecnológica aceleraba su búsqueda de inteligencia artificial (IA) y superinteligencia personal.

Trump, por su parte, ha felicitado en su red Truth Social a McCormick, que se ocupó el cargo de asesora adjunta de Seguridad Nacional hasta 2018, y la ha definido como una persona “fantástica” y “talentosa” que “sirvió a la administración Trump con fuerza y distinción”.

Según el comunicado de Meta, Powell, de 52 años y originaria de Egipto, formará parte de su equipo directivo y ayudará a guiar la estrategia y la ejecución general de la empresa. De esta forma, colaborará con los equipos de informática e infraestructura para garantizar que las inversiones multimillonarias de la empresa se ajusten a sus objetivos “y generen un impacto económico positivo en las comunidades” donde opera.

Además, su papel como presidenta y vicepresidenta de la tecnológica “impulsará la creación de nuevas alianzas estratégicas de capital y la búsqueda de formas innovadoras de ampliar nuestra capacidad de inversión a largo plazo”, incide la compañía.

Powell trabajó durante 16 años en Goldman Sachs y en 2023 se unió a la firma de inversiones BDT & MSD Partners, y además trabajó para el Departamento de Estado durante la administración de George Bush.

Su fichaje se une a la lista de directivos próximos al trumpismo que Mark Zuckerberg ha incorporado desde la victoria de Trump. Uno de los más polémicos fue el fichaje de Dana White, CEO de la UFC, la mayor empresa mundial de artes marciales mixtas. White ha sido acusado de violencia machista después de que un vídeo de él golpeando a su pareja en un bar se compartiera en redes sociales. También es conocido por realizar comentarios agresivos contra periodistas y sus propios luchadores.

Gaspar Llamazares, portavoz y concejal del grupo municipal de Izquierda Unida (IU)-Convocatoria por Oviedo, ha encontrado una nueva vía para que sus propuestas calen en la ciudadanía. Además de presentar las iniciativas en sesiones plenarias o debatir sobre las principales inquietudes y necesidades de la capital asturiana ha decidido exponer sus posicionamientos con el altavoz del podcast “El Oviedo que seremos”.

Es la forma más directa de trasladar y comunicar cuál es su perspectiva y la de su grupo municipal sobre cuestiones que atañen a los vecinos y vecinas de la capital asturiana y les afecta directamente en la vida cotidiana.

Memoria, debate y proyecto colectivo

El podcast está concebido como un espacio de reflexión, diálogo y participación ciudadana sobre el presente y el futuro de la ciudad.

“Oviedo es memoria, debate y proyecto colectivo. Desde esa idea, el podcast nace con el objetivo de abrir una conversación serena y plural sobre el modelo de ciudad, alejándose del ruido y apostando por el intercambio de ideas y propuestas que ayuden a construir un Oviedo más justo, más sostenible y más habitable”, aseguran desde el grupo municipal.

A continuación reproducimos un avance del nuevo podcast del portavoz de IU.

A lo largo de los distintos episodios de “El Oviedo que seremos” se abordarán aquellas temáticas que consideran fundamentales para la vida municipal y los barrios, la cultura, la sostenibilidad y las decisiones políticas que marcarán los próximos años, incorporando diferentes voces y miradas.

El podcast podrá seguirse en Spotify y YouTube, además de difundirse a través de las redes sociales del propio podcast y de IU Oviedo con el deseo de fomentar la participación activa.

Espacio de reflexión colectiva

Para IU-Convocatoria por Oviedo, el podcast se convertirá en un nuevo espacio de reflexión colectiva, porque sus integrantes están convencidos de que “el futuro de Oviedo no se improvisa: se piensa, se discute y se construye entre todas y todos”.

El podcast puede seguirse en los siguientes enlaces de las redes sociales: en Instagram (https://www.instagram.com/reel/DSmiixeDbIT/?igsh=czRrbHBuNnE5YnFv ); en Facebook: (https://www.facebook.com/share/r/1ZyW4vUSGn/?mibextid=wwXIfr) y en TikTok (https://vm.tiktok.com/ZNR2TyLfk/).

Gaspar Llamazares expone en el avance de este podcast cómo a través del mismo es posible alejarse de los monólogos e introducir elementos de diálogo y escucha que, según comenta, “son muy necesarios”.

Diálogo frente a la polarización política

“Las redes sociales son muy importantes y se han convertido en lugares difíciles de gestionar desde el punto de vista del diálogo; son lugares de confrontación, de polarización y los medios de comunicación tradicionales también tienen sus líneas editoriales que normalmente también beben de la misma polarización”, expone.

En este contexto que dibuja, el podcast es, en su opinión, un espacio de diálogo frente a la polarización política, el ruido y la furia, y también de reflexión en un momento en que parece que “todo tiene que estar sujeto a soluciones inmediatas, drásticas; soluciones de agitación y nosotros -afirma- queremos que haya denuncia en el podcast e incluso discrepancia radical, pero que sea un lugar donde sea posible entenderse, dialogar e introducir elementos de renovación del discurso o de las soluciones políticas”.

Angy Galvín (Palma, 1994) és doctora en Periodisme per la Universitat Complutense de Madrid. L’obra, qualificada amb un excel·lent cum laude, va guanyar el I Premi de Periodisme Antonio López Hidalgo i ara ha estat publicada en format llibre amb el títol El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Es tracta d’un treball exhaustiu que analitza quinze anys de jurisprudència electoral i més de 800 notícies electorals dels telenotícies espanyols, i que estarà disponible a les facultats de Periodisme i Dret d’Espanya.

Galvín, directora d’elDiario.es a les Illes Balears i professora universitària al Centre d’Ensenyament Superior Alberta Giménez (CESAG), publica un llibre que serveix de referència perquè els periodistes coneguin com els afecta la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General (LOREG) en el seu exercici professional: des de l’emissió de notícies sobre els partits polítics als telenotícies fins a la configuració dels debats electorals o les tertúlies polítiques.

La doctora assegura que la Llei Electoral ha quedat “completament desfasada”, ja que va ser concebuda abans de l’aparició d’Internet, i que impedeix que els periodistes siguin “lliures”. Posant com a exemple de les “perversions” de la LOREG, menciona un telenotícies de TVE en què es va haver d’emetre la resposta de Pedro Sánchez abans que la pregunta de Pablo Iglesias perquè el PSOE tenia més vots que Unidas Podemos –els anomenats “blocs electorals”–. A l’actual campanya extremeña, lamenta que la normativa permeti a María Guardiola (PP) eludir un debat electoral perquè la LOREG està centrada en “el càlcul electoralista dels partits, no en l’interès dels ciutadans”.

Per què ha fet aquesta investigació?

Neix de la meva tesi doctoral, centrada en com la Junta Electoral i la Llei Electoral condicionen la manera en què els periodistes podem informar durant les campanyes electorals. És paradoxal que, en un moment en què el periodisme hauria de servir encara més a la població, no tinguem prou eines per poder informar lliurement. La Llei Electoral és molt desconeguda, però afecta moltíssim el dia a dia i la nostra salut democràtica. Justament, els periodistes no som lliures en les campanyes electorals a l’hora d’informar sobre els partits polítics. Estem condicionats pels resultats que van obtenir les formacions a les eleccions anteriors. És a dir, si un partit polític d’una campanya a una altra desapareix mediàticament i socialment perquè no té interès, tant se val, perquè tindrà garantida la seva presència als mitjans de comunicació, sobretot als públics. I això és una anomalia democràtica.

Què la va portar a aprofundir en això?

Quan em vaig graduar en Periodisme a la Universitat Autònoma de Barcelona, vaig fer el meu Treball Final de Grau sobre el Consell Audiovisual de Catalunya (CAC), que és un consell regulador de caràcter administratiu que afecta els mitjans de comunicació a Catalunya. A partir d’aquí vaig anar topant amb notícies de la Junta Electoral Central. Per exemple, el veto a la participació d’un partit en un debat. Com a periodista, això et xoca moltíssim, així que vaig començar a investigar i vaig decidir fer el Treball Final de Màster i la tesi sobre tota aquesta temàtica. Tot i que és un tema que no està gaire tractat en l’àmbit públic, els col·legis professionals de periodistes sí que han estat molt combatius, fins al punt de presentar recursos. Els periodistes ens oposem clarament a aquesta legislació.

En els agraïments cita el mestre Antonio López Hidalgo. “Debatrem sobre titulars en una altra vida”, diu.

Antonio López Hidalgo va ser catedràtic de Periodisme a la Facultat de Sevilla i no el vaig arribar a conèixer, però vaig guanyar un premi en el seu nom. El “vaig conèixer” en els manuals típics de la carrera, però mai en persona. El Col·legi de Periodistes d’Andalusia i l’Ajuntament de Montilla em van concedir aquest premi dedicat a ell i, com que soc professora de Periodisme al CESAG i m’ocupo d’ensenyar als meus alumnes a titular, em va semblar una connexió molt bonica.

Per tant, segons la seva tesi, l’art de titular en període electoral també es veu molt condicionat.

Sens dubte. L’art de titular, com enfoques les notícies, quants minuts i segons dediques a cada partit polític, tot està extremadament regulat. Imagina’t que jo ja sé quin és el partit que demà protagonitzarà la notícia; sabem què serà notícia abans que es produeixi. És completament anti-periodístic. La Llei Electoral està concebuda abans de l’aparició d’Internet i és una anomalia que continuï vigent sense modificacions. Una periodista de TV3 va escriure un article sobre un míting que no es va celebrar, però calia dedicar-li un cert temps perquè era el que li corresponia al partit polític en qüestió. I això genera perversions.

Jo ja sé quin és el partit que demà protagonitzarà la notícia; sabem què serà notícia abans que es produeixi. És completament anti-periodístic. La Llei Electoral està concebuda abans de l’aparició d’Internet i és una anomalia que continuï vigent sense modificacions

Al llibre explica com, una vegada, en període electoral, una televisió va haver de posar primer la resposta i, més tard, la pregunta en qüestió…

És l’antisentit. Pablo Iglesias havia fet una pregunta a Pedro Sánchez i el Telenotícies de TVE va haver d’emetre abans la resposta que la pregunta perquè el PSOE havia tingut més representació (escons) que Unidas Podemos en el passat. En la pràctica, la Llei Electoral ens porta a cometre aberracions completes des del punt de vista de la qualitat de la informació.

Pablo Iglesias va llançar una pregunta a Pedro Sánchez i el Telenotícies de TVE va haver d’emetre abans la resposta que la pregunta perquè el PSOE havia tingut més representació (escons) que Unidas Podemos en el passat. La Llei Electoral ens porta a cometre aberracions completes

També es refereix a les “restriccions justificades a la llibertat d’expressió”.

Per exemple, que una televisió convidi a un debat electoral els partits polítics que tenen més opcions d’obtenir un nombre més elevat d’escons al Congrés, però que hagi d’excloure’n un perquè fa quatre anys no va aconseguir representació. Això ha passat amb Unidas Podemos, amb Vox i amb Ciutadans. Si els sondejos, l’opinió pública i els ciutadans t’estan informant i dient que aquest partit tindrà una àmplia representació a les eleccions que se celebraran d’aquí a dues setmanes, em sembla contraproduent que no se’l pugui convidar a un debat electoral. És una restricció injustificada a la llibertat d’expressió. També als telenotícies és una restricció que un no pugui dedicar els minuts i segons que consideri oportuns en funció de la rellevància que tingui aquell partit polític aquell dia. El pluralisme polític no hauria de justificar aquestes imposicions.

Parla de criteri.

Sí, del criteri periodístic. Els ciutadans, amb els nostres impostos, paguem perquè sigui el criteri d’un periodista, i no el d’un jurista o un polític, qui decideixi què és notícia i què no ho és.

Davant d’aquesta realitat, la JEC manipula d’alguna manera l’impacte en el vot?

No. Els partits afavorits per la legislació, no per la JEC, són els grans: PP i PSOE. És molt difícil valorar si un aspecte en concret afecta el vot. És més fàcil valorar si afecta el pluralisme mediàtic i polític. Crec que la Junta Electoral Central fa el que estableix la llei i el que els partits polítics li demanen. No en té la culpa. Fixa’t en una cosa molt curiosa: tota aquesta normativa que estudio, si els partits polítics no recorren davant la JEC, no s’ha d’aplicar. És a dir, si faig un debat electoral amb partits polítics que, segons la Llei Electoral, no haurien d’estar perquè no tenen la representació suficient, però ningú es queixa, aquest debat es pot celebrar. Quan algun partit es queixa és quan la Junta Electoral actua, però no actua d’ofici.

Està obsoleta la JEC?

Sí. La Junta Electoral Central és un òrgan amb un caràcter molt especial, no està dins dels tres grans poders, que ha fet durant dècades, amb molt poc personal, una feina increïble, brutal. Quin és el problema? Que la legislació i les persones que componen la JEC tenen una mentalitat i eines del segle XX, no del XXI. Per exemple, no es pot abordar la desinformació a les xarxes socials, que és fonamental, ni els membres de la Junta Electoral tenen aquesta formació. La JEC depèn, en la seva dotació econòmica, del Congrés dels Diputats. El que proposo al meu llibre és que s’incorporin experts en xarxes socials i Periodisme per afrontar els reptes actuals.

Qui forma la Junta Electoral Central?

És una barreja de cinc catedràtics en Dret o Ciències Polítiques i Sociologia i vuit magistrats del Tribunal Suprem. De fet, el president de la JEC també és membre del Suprem.

Arriben les eleccions a Extremadura i la candidata del PP, actual presidenta, María Guardiola, no ha participat en cap debat. Interessa canviar aquest aspecte de la llei?

Doncs interessa als mitjans de comunicació i als periodistes, però no als partits polítics. Fixa’t com és de perversa, de vegades, la llei, que t’obliga a respectar la proporcionalitat quan celebres un debat. No obstant això, no obliga els partits a haver d’assistir-hi. La Junta Electoral considera que ha de primar més l’interès electoralista dels partits que el dret a la informació dels ciutadans. A mi em sembla una aberració completa. De fet, al llibre proposo que sigui obligatori un debat electoral als mitjans de comunicació públics i que els partits convidats hi assisteixin per obligació. Mira fins a quin punt arriba la llei: si un partit no vol anar, una televisió no pot posar el que anomenem la “cadira buida” per exemplificar la realitat i que l’espectador sàpiga que no és que no l’hagin convidat, sinó que no ha volgut participar. Tant el Tribunal Suprem com la JEC consideren que això perjudica la imatge dels partits.

Què perversa és, de vegades, la llei, que t’obliga a respectar la proporcionalitat quan celebres un debat. No obstant això, no obliga els partits a haver d’assistir-hi, com passa amb María Guardiola (PP) a Extremadura

En època incontrolable de bots i de la xarxa en general, com hauria d’adaptar-se la JEC perquè l’algoritme no actuï afavorint un partit o un altre?

El model francès és molt interessant perquè l’antic Consell Audiovisual, que ara s’ha remodelat, col·laborava amb el Ministeri de l’Interior. Quan parlem de desinformació a les xarxes socials, de bots, de trolls… estem entrant en un tema de seguretat nacional. És el que es coneix com a guerres híbrides: a més de la guerra offline de tota la vida, existeix una altra guerra online. Tots coneixem els intents de Rússia per desestabilitzar les democràcies occidentals. Moltes vegades són campanyes orquestrades per terceres potències estrangeres a les quals ni tan sols afecta la nostra legislació.

En campanya electoral hi hauria d’haver una major coordinació i dotació de recursos entre la JEC i el Ministeri de l’Interior per combatre aquestes altres campanyes orquestrades i organitzades a Internet. Crec que és important imposar una regulació europea a les plataformes que operen al nostre país, com Facebook, Instagram, X, etc. Durant molts anys hem confiat en l’autoregulació d’aquestes plataformes i hem vist que aquest model porta al fracàs, perquè el que busquen és que l’algoritme t’acabi enganxant i acaben primant determinades ideologies polítiques en funció de qui és el propietari d’aquesta empresa. Aquestes plataformes no són innòcues, tenen un condicionament en el feed de publicacions que estàs veient. Caldria imposar una legislació perquè les companyies comparteixin l’algoritme, completament mancat de transparència. Ni tan sols els investigadors de la Comissió Europea són capaços de conèixer com funciona.

Ha analitzat un període de catorze anys d’instruccions i acords de la JEC, entre 2011 i 2025, i milers de notícies. Hi ha alguna notícia que hagi estat, diguem-ne, el súmmum?

Crec que per salut mental he decidit oblidar la majoria d’elles… Però recordo que, durant la campanya electoral, hi havia declaracions que es repetien constantment i que es notava que els periodistes necessitaven omplir minuts per complir amb el que establia la normativa. La legislació empeny a què un periodista expliqui el mateix al matí i al vespre. Recordo declaracions com una de Pablo Casado, que criticava Pedro Sánchez per anar amb la porra a Catalunya i es volia presentar amb el pit inflat com el salvador; també el del govern Frankenstein de coalició entre PSOE i Podemos… Eren lemes que es repetien constantment i que afavorien els partits polítics perquè els seus missatges calaven molt, però per a l’espectador era insuportable, perquè el que un votant busca és conèixer les propostes d’un partit. Al final, les notícies acabaven convertint-se en resums de mítings i en un refregit constant que t’acaba esgotant el cervell.

Al final, les notícies acaben convertint-se en resums de mítings i en un refregit constant que t’acaba esgotant el cervell

Es pot fer i oferir informació política en període electoral sense saltar-se la JEC?

Et refereixes a la concepció que tenim fora del període electoral? Si treballes en un diari, sí. La legislació és especialment restrictiva amb els mitjans de comunicació audiovisuals i de titularitat pública, però si treballes en un mitjà de comunicació privat i escrius en premsa en paper o digital tens una llibertat brutal per poder treballar. Tradicionalment, s’ha fet això perquè l’espai radioelèctric és públic i està sotmès a una legislació més intensa que els diaris. Sempre hi ha hagut aquesta concepció per part del legislador, no només en campanya electoral, sinó en general. La llei de premsa a Espanya és franquista, ratificada per Manuel Fraga; imagina’t si és antiga. La pregunta és si et pots informar bé en un telenotícies. Jo crec que no, independentment que sigui públic o privat, especialment públic, acaben sent espais de pura propaganda política, sense desmerèixer els companys. Al cap i a la fi, cal complir amb la legislació i fas el que pots amb el que et deixen.

No és injust per als ciutadans?

De fet, el motiu que em porta a estudiar això és que considero que és una llei molt desconeguda i que els ciutadans no som conscients que els partits polítics legislen perquè els espais d’informació política siguin propaganda política. Quan, a més, els partits ja tenen aquests espais de propaganda gratuïta en els mitjans de comunicació públics, tenen els seus espots, però saben que no són tan eficients com la informació periodística. El legislador, en aquest cas, hauria de pensar en l’interès del ciutadà. Justament, a principis d’aquest any, el Govern va aprovar un avantprojecte de reforma de la Llei Electoral que obligava a celebrar un debat obligatori i a certes qüestions sobre les enquestes. És un bon pas, encara que petit, però em sembla interessant que s’estigui imposant una legislació que va en contra de l’interès electoralista. Espero que aquest sigui un primer pas perquè després s’afronti una reforma integral de la llei electoral.

A qui beneficia que les coses es quedin com estan?

Els partits petits sempre han intentat canviar la Llei Electoral, no només pel que fa als mitjans de comunicació, sinó també per les circumscripcions electorals, que els afecta especialment. Espero que serveixi perquè es pugui canviar el model, encara que ho dubto molt perquè implica que PP i PSOE deixin d’estar d’acord en una llei que els beneficia. Qui legisla en contra seva? Si som realistes, és molt difícil que facin un canvi. Després de l’aparició de Podemos i Ciutadans, i després Vox, ja no vam veure un sistema bipartidista clàssic. La legislació està concebuda en un període de temps que va sorgir amb Felipe González i s’acusava TVE de dedicar molt de temps als socialistes. Era l’Espanya del PP i del PSOE i, si de cas, d’Esquerra Unida. Aquesta Espanya, senzillament, ja no existeix.

Espero que el llibre serveixi perquè es pugui canviar el model, encara que ho dubto molt perquè implica que PP i PSOE deixin d'estar d’acord en una llei [l’electoral] que els beneficia

Quin consell donaria a les persones que estan llegint aquesta entrevista per informar-se en períodes electorals?

Els donaria el mateix consell tant en període electoral com fora d’ell: que es nodreixin de diverses fonts informatives. És necessari que no només llegeixin un diari, vegin una televisió o escoltin una ràdio. Cal nodrir-se del nombre més gran de mitjans de comunicació possible, perquè així és com un acaba configurant una opinió i dipositant el seu vot de la millor manera possible.

Tanmateix, solem buscar mitjans afins a la nostra forma de pensar.

És possible, i força saludable, llegir elDiario.es, El Confidencial, El País, El Mundo, etc. No només és possible, sinó que és necessari. El més saludable democràticament és nodrir-se de mitjans de comunicació diferents.

També dedica el llibre a la seva família: “Per demostrar-me que les persones humils també tenim dret a complir els nostres somnis”. Per què diu això?

Soc filla d’un electricista i d’una mestressa de casa; hem viscut de manera força humil. Sempre he estudiat en centres públics i amb beques. Vaig poder fer la tesi perquè treballava a jornada completa a elDiario.es i ja podia mantenir-me sola. Em sembla important recalcar que les persones que sempre hem estat classe obrera tinguem l’oportunitat de complir els nostres somnis.

Quins són?

Un molt humil: ser periodista i fer un periodisme en què crec. Vaig entrar com a becària a elDiario.es, segueixo aquí, he acabat obtenint un doctorat en Periodisme i soc professora universitària. Per a mi, aquest és el meu somni, independentment que ara tingui un càrrec directiu. Els meus pares van fer molts esforços econòmics perquè pogués estudiar a Barcelona i es van privar d’aspectes fins i tot bàsics. Per a les persones que hem tingut dificultats econòmiques per avançar, poder ensenyar a les noves generacions de manera honesta és el millor somni, un dels majors plaers que t’ofereix la vida. Que una persona amb recursos econòmics limitats pugui ser doctora és la reivindicació més gran que es pot fer de l’educació pública.

Angy Galvín (Palma, 1994) es doctora en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Su tesis, calificada con un sobresaliente cum laude, se alzó con el I Premio de Periodismo Antonio López Hidalgo y ahora ha sido publicada bajo el título El control del periodismo en España. Cómo la Junta Electoral Central condiciona la información política. Un trabajo exhaustivo que analiza 15 años de jurisprudencia electoral y más de 800 noticias electorales de los telediarios españoles, y que estará disponible en las facultades de Periodismo y Derecho de España.

Galvín, directora de elDiario.es en las Illes Balears y profesora universitaria en el Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (CESAG), publica un libro que sirve de referencia para que los periodistas conozcan cómo les afecta la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG) en su desempeño profesional: desde la emisión de noticias sobre los partidos políticos en los telediarios hasta la configuración de los debates electorales o las tertulias políticas.

La doctora asegura que la Ley Electoral ha quedado “completamente desfasada”, ya que fue concebida antes de la aparición de Internet, y que impide a los periodistas ser “libres”. Pone, como ejemplo de las “perversiones” de la LOREG, un telediario de TVE en el que se tuvo que emitir la respuesta de Pedro Sánchez antes que la pregunta Pablo Iglesias porque el PSOE tenía más votos que Unidas Podemos –los llamados “bloques electorales”–. En la actual campaña extremeña, lamenta que la normativa permita a María Guardiola (PP) eludir un debate electoral porque la LOREG está centrada en “el cálculo electoralista de los partidos, no en el interés de los ciudadanos”.

¿Por qué ha hecho esta investigación?

Nace de mi tesis doctoral, centrada en cómo la Junta Electoral y la Ley Electoral condicionan la manera en la que los periodistas podemos informar en las campañas electorales. Es paradójico que, en un momento en el que el periodismo tiene que servir aún más a la población, no tengamos las herramientas suficientes para poder informar libremente. La Ley Electoral es muy desconocida, pero afecta muchísimo al día a día y a nuestra salud democrática. Justamente, los periodistas no somos libres en las campañas electorales a la hora de informar sobre los partidos políticos. Estamos condicionados por los resultados que obtuvieron las formaciones en las anteriores elecciones. Es decir, si un partido político de una campaña a otra desaparece mediática y socialmente porque no tiene interés, da igual, porque va a tener garantizada su presencia en los medios de comunicación, sobre todo en los públicos. Y eso es una anomalía democrática.

¿Qué le llevó a profundizar en ello?

Cuando me gradué de Periodismo en la Universitat Autònoma de Barcelona, hice mi Trabajo Final de Grado sobre el Consejo Audiovisual Catalán (CAC), que es un consejo regulador de carácter administrativo que afecta a los medios de comunicación en Catalunya. A partir de ahí fui dando con noticias de la Junta Electoral Central. Por ejemplo, el veto de la participación de un partido en un debate. Siendo periodista esto te choca muchísimo, así que comencé a investigar y decidí hacer el Trabajo Fin de Máster y la tesis sobre toda esta temática. Aunque es un tema que no está muy tratado en el ámbito público, los colegios profesionales de periodistas sí han sido muy combativos, hasta el punto de interponer recursos. Los periodistas nos oponemos claramente a esta legislación.

En los agradecimientos cita al maestro Antonio López Hidalgo. “Debatiremos sobre titulares en otra vida”, dice.

Antonio López Hidalgo fue un catedrático de Periodismo de la Facultad de Sevilla y no lo llegué a conocer, pero gané un premio en su nombre. Lo 'conocí' en los manuales típicos de la carrera, pero nunca en persona. El Colegio de Periodistas de Andalucía y el Ayuntamiento de Montilla me dieron este premio dedicado a él y, como soy profesora de Periodismo en el CESAG y me dedico a enseñar a titular a mis alumnos, me pareció una conexión muy bonita.

Entonces, según su tesis, el arte de titular en período electoral se ve también muy condicionado.

Sin duda. El arte de titular, cómo enfocas las noticias, cuántos minutos y segundos dedicas a cada partido político, todo está extremadamente tasado. Tú imagínate que yo ya sé quién es el partido que mañana va a protagonizar la noticia, sabemos qué va a ser noticia antes de que se produzca. Es completamente anti periodístico. La Ley Electoral está concebida antes de la aparición de Internet y es una anomalía que siga vigente sin modificaciones. Una periodista de TV3 escribió un artículo sobre un mitin que no se celebró, pero había que dedicarle equis tiempo porque era lo que le correspondía al partido político en cuestión. Y eso genera perversiones.

Yo ya sé quién es el partido que mañana va a protagonizar la noticia, sabemos qué va a ser noticia antes de que se produzca. Es completamente anti periodístico. La Ley Electoral está concebida antes de la aparición de Internet y es una anomalía que siga vigente sin modificaciones

En el libro cuenta cómo una vez, en período electoral, una televisión tuvo que poner primero la respuesta y, más tarde, la pregunta en cuestión…

Es el anti sentido. Pablo Iglesias había lanzado una pregunta a Pedro Sánchez y el Telediario de TVE tuvo que emitir antes la respuesta que la pregunta porque el PSOE había tenido más representación (escaños) que Unidas Podemos en el pasado. En la práctica, la Ley Electoral nos lleva a hacer completas aberraciones desde el punto de vista de la calidad de la información.

Pablo Iglesias lanzó una pregunta a Pedro Sánchez y el Telediario de TVE tuvo que emitir antes la respuesta que la pregunta porque el PSOE había tenido más representación (escaños) que Unidas Podemos en el pasado. La Ley Electoral nos lleva a hacer completas aberraciones

También se refiere a “restricciones justificadas a la libertad de expresión”.

Por ejemplo, que una televisión invite a un debate electoral a los partidos políticos que tienen más opciones de conseguir un mayor número de escaños en el Congreso, pero que tenga que excluir a uno de ellos porque hace cuatro años no consiguió representación. Esto ha pasado con Unidas Podemos, con Vox y con Ciudadanos. Si los sondeos, la opinión pública y los ciudadanos te están informando y diciendo que ese partido va a tener una amplia representación en las elecciones que se van a celebrar en dos semanas, me parece contraproducente que no se le pueda invitar a un debate electoral. Es una restricción injustificada a la libertad de expresión. También en los telediarios es una restricción que uno no pueda dedicar los minutos y segundos que considere oportunos en función de la relevancia que tenga ese partido político ese día. El pluralismo político no debería justificar estas imposiciones.

Habla de criterio.

Sí, del criterio periodístico. Los ciudadanos, con nuestros impuestos, pagamos para que sea el criterio de un periodista, y no el de un jurista o un político, quien decide qué es noticia y qué no lo es.

Ante esta realidad, ¿la JEC manipula de alguna manera el impacto en el voto? 

No. Los partidos favorecidos por la legislación, no por la JEC, son los grandes: PP y PSOE. Es muy difícil valorar si un aspecto en concreto afecta al voto. Es más fácil valorar si afecta al pluralismo mediático y político. Creo que la Junta Electoral Central hace lo que la ley establece y lo que los partidos políticos le piden. No es la culpable. Fíjate en una cosa muy curiosa: toda esta normativa que estudio, si los partidos políticos no recurren ante la JEC, no tiene que aplicarse. Es decir, si hago un debate electoral con partidos políticos que, según la Ley Electoral, no tendrían que estar porque no tienen la representación suficiente pero nadie se queja, ese debate se puede celebrar. Cuando algún partido se queja es cuando la Junta Electoral actúa, pero no actúa de oficio.

¿Está obsoleta la JEC?

Sí. La Junta Electoral Central es un órgano con un carácter muy especial, no está dentro de los tres grandes poderes, que ha hecho durante décadas, con poquísimo personal, un trabajo increíble, brutal. ¿Cuál es el problema? Que la legislación y las personas que componen la JEC tienen una mentalidad y herramientas de siglo XX, no del XXI. Por ejemplo, no se puede abordar la desinformación en redes sociales, que es fundamental, ni los miembros de la Junta Electoral tienen esa formación. La JEC depende, en su dotación económica, del Congreso de los Diputados. Lo que propongo en mi libro es que se incorporen a expertos en redes sociales y Periodismo para afrontar los retos actuales.

¿Quién forma la Junta Electoral Central?

Es una mezcla entre cinco catedráticos en Derecho o Ciencias Políticas y Sociología y ocho magistrados del Tribunal Supremo. De hecho, el presidente de la JEC también es miembro del Supremo.

Llegan las elecciones en Extremadura y la candidata del PP, actual presidenta, María Guardiola, no ha participado en ningún debate. ¿Interesa cambiar este aspecto de la ley?

Pues interesa a los medios de comunicación y a los periodistas, pero no a los partidos políticos. Fíjate qué perversa es a veces la ley, que te obliga a que, cuando celebras un debate, respetes la proporcionalidad. Sin embargo, no obliga a los partidos a tener que ir a esos debates. La Junta Electoral considera que debe primar más el interés electoralista de los partidos que el derecho a la información de los ciudadanos. A mí me parece una completa aberración. De hecho, en el libro propongo que sea obligatorio un debate electoral en los medios de comunicación públicos y que los partidos invitados a asistir vayan por obligación. Mira hasta dónde llega la ley que, si un partido no quiere ir, una televisión no puede poner lo que llamamos la 'silla vacía' para ejemplificar la realidad y que el espectador sepa que no es que no le hayan invitado, sino que no ha querido participar. Tanto el Tribunal Supremo como la JEC consideran que eso perjudica la imagen de los partidos.

Qué perversa es a veces la ley, que te obliga a que, cuando celebras un debate, respetes la proporcionalidad. Sin embargo, no obliga a los partidos a tener que ir a esos debates, como sucede con María Guardiola (PP) en Extremadura

En época incontrolable de bots y de la red en general, ¿cómo debería adecuarse la JEC para que el algoritmo no actúe favoreciendo a uno o a otro?

El modelo francés es muy interesante porque el antiguo Consejo Audiovisual, que ahora se ha remodelado, colaboraba con el Ministerio del Interior. Cuando hablamos de desinformación en redes sociales, de bots, de trolls... estamos entrando en un tema de seguridad nacional. Es lo que se conoce como guerras híbridas, además de la guerra offline de toda la vida, existe otra guerra online. Por todos son conocidos los intentos de Rusia para desestabilizar a las democracias occidentales. Muchas veces son campañas orquestadas por parte de terceras potencias extranjeras a las cuales ni siquiera afecta nuestra legislación.

En campaña electoral tendría que haber una mayor coordinación y dotación de recursos entre la JEC y el Ministerio del Interior para luchar contra esas otras campañas orquestadas y organizadas en internet. Creo que es importante imponer una regulación europea a las plataformas que operan en nuestro país como Facebook, Instagram, X, etc. Durante muchos años hemos confiado en la autorregulación de estas plataformas y hemos visto que ese modelo lleva al fracaso porque lo que buscan es que el algoritmo te acabe enganchando y acaban primando determinadas ideologías políticas en función de quién es el dueño de esa empresa. Esas plataformas no son inocuas, tienen un condicionamiento en el feed de publicaciones que estás viendo. Habría que imponer una legislación para que las compañías compartan el algoritmo, completamente falto de transparencia. Ni siquiera los investigadores de la Comisión Europea son capaces de conocer cómo funciona.

Ha analizado un período de 14 años de instrucciones y acuerdos de la JEC, entre 2011 y 2025, y miles de noticias. ¿Hay alguna noticia que haya sido, digamos, el colmo?

Creo que por salud mental he decidido olvidar la mayoría de ellas… Pero me acuerdo de que, durante la campaña electoral, había declaraciones que se repetían constantemente y que se notaba que los periodistas necesitaban rellenar minutos para cumplir con lo establecido por la normativa. La legislación empuja a que un periodista cuente lo mismo por la mañana y por la noche. Me acuerdo de declaraciones como una de Pablo Casado, que criticaba a Pedro Sánchez por ir con la porra en Catalunya y se quería presentar con el pecho henchido como el salvador; también lo de gobierno Frankenstein de coalición entre PSOE y Podemos… Eran lemas que se repetían constantemente y que a los partidos políticos les favorece porque sus mensajes calan mucho, pero eso para el espectador es infumable porque lo que un votante busca es saber las propuestas de un partido. Al final, las noticias se acaban convirtiendo en resúmenes de mítines y en un refrito constante que te acaba agotando el cerebro.

Al final, las noticias se acaban convirtiendo en resúmenes de mítines y en un refrito constante que te acaba agotando el cerebro

¿Se puede hacer y ofrecer información política en período electoral sin saltarnos a la JEC?

¿Te refieres a la concepción que tenemos fuera del período electoral? Si trabajas en un periódico, sí. La legislación es especialmente restrictiva con los medios de comunicación audiovisuales y de titularidad pública, pero si trabajas en un medio de comunicación privado y escribes en prensa en papel o digital tienes una libertad brutal para poder trabajar. Tradicionalmente se ha hecho esto porque el espacio radioeléctrico es público y está sometido a una legislación más intensa que en los periódicos. Siempre ha habido esa concepción por parte del legislador, no sólo en campaña electoral, sino en general. La ley de prensa en España es franquista, ratificada por Manuel Fraga, imagínate si es antigua. La pregunta es si te puedes informar bien en un telediario. Yo creo que no, independientemente de que sea público o privado, especialmente público, acaban siendo espacios de pura propaganda política, sin desmerecer a los compañeros. Al fin y al cabo, hay que cumplir con la legislación y haces lo que puedes con lo que te dejan.

¿No es injusto para los ciudadanos?

De hecho, el motivo que me nace para estudiar esto es que considero que es una ley muy desconocida y que los ciudadanos no somos conscientes de que los partidos políticos legislan para que los espacios de información política sean propaganda política. Cuando, además, los partidos ya tienen esos espacios de propaganda gratuita en los medios de comunicación públicos, tienen sus spots, pero saben que no son tan eficientes como la información periodística. El legislador, en este caso, debería pensar en el interés del ciudadano. Justamente, a principios de este año, el Gobierno aprobó un anteproyecto de reforma de la Ley Electoral que obligaba a celebrar un debate obligatorio y a ciertas cuestiones sobre las encuestas. Es un buen paso, aunque pequeño, pero me parece interesante que se esté imponiendo legislación que va en contra del interés electoralista. Espero que ese sea un primer paso para que después se acometa una reforma integral de la ley electoral.

¿A quién beneficia que las cosas se queden como están?

Los pequeños partidos siempre han intentado cambiar la Ley Electoral, no sólo por los medios de comunicación, sino por las circunscripciones electorales, que les afecta especialmente. Espero que sirva para que se pueda cambiar el modelo, aunque lo dudo mucho porque implica que PP y PSOE dejen de estar de acuerdo en una ley que les beneficia. ¿Quién legisla en su contra? Si somos realistas, es muy difícil que vayan a hacer un cambio. Tras la aparición de Podemos y Ciudadanos, y después Vox, ya no vimos un sistema bipartidista clásico. La legislación está concebida en un período de tiempo que surgió con Felipe González y se acusaba a TVE de dedicar mucho tiempo a los socialistas. Era la España de PP y PSOE y, si acaso, Izquierda Unida. Esa España, sencillamente, ya no existe.

Espero que el libro sirva para que se pueda cambiar el modelo, aunque lo dudo mucho porque implica que PP y PSOE dejen de estar de acuerdo en una ley [la electoral] que les beneficia

¿Qué consejo daría a las personas que están leyendo esta entrevista para informarse en períodos electorales?

Les daría el mismo consejo tanto en período electoral como fuera de él: que se nutran de varias fuentes informativas. Es necesario que no sólo lean un periódico, vean una televisión o escuchen una radio. Hay que nutrirse del mayor número de medios de comunicación posibles porque así es como uno acaba configurando una opinión y depositando su voto de la mejor manera posible.

Sin embargo, solemos buscar medios afines a nuestra forma de pensar.

Es posible, y es bastante sano, leer elDiario.es, El Confidencial, El País, El Mundo, etc. No sólo es posible, es que es necesario. Lo más sano democráticamente es nutrirse de medios de comunicación distintos.

También dedica el libro a tu familia: “Por demostrarme que las personas humildes también tenemos derecho a cumplir nuestros sueños”. ¿Por qué dice eso?

Soy hija de un electricista y de una ama de casa, hemos vivido de forma bastante humilde. He estudiado siempre en la pública y con becas. Pude hacer la tesis porque estaba trabajando en elDiario.es a jornada completa y ya podía mantenerme sola. Me parece importante recalcar que las personas que siempre hemos sido clase obrera tengamos la oportunidad de cumplir nuestros sueños.

¿Cuáles son?

Uno muy humilde: ser periodista y hacer un periodismo en el que creo. Entré como becaria en elDiario.es, sigo aquí, he acabado teniendo un doctorado en Periodismo y soy profesora universitaria. Para mí, ese es mi sueño, independientemente de que ahora tenga un puesto directivo. Mis padres hicieron muchísimos esfuerzos económicos para que pudiera estudiar en Barcelona y se quitaron de aspectos incluso básicos. Para las personas que hemos tenido dificultades económicas para avanzar, poder enseñar a las nuevas generaciones de manera honesta es el mejor sueño, uno de los mayores placeres que te ofrece la vida. Que una persona con recursos económicos justos pueda ser doctora es la mayor reivindicación que se puede hacer de la educación pública. 

Se acabó el periodo de gracia. Desde este martes 16 de diciembre, Meta ha activado oficialmente su maquinaria para monetizar las conversaciones que los usuarios mantienen con su inteligencia artificial. A partir de hoy, todas las interacciones con los asistentes de IA en sus plataformas pasan a convertirse en datos comerciales que alimentan su algoritmo publicitario.

Hasta ahora, la corporación no utilizaba los mensajes de los usuarios con Meta AI, como el chat integrado en WhatsApp, para personalizar los anuncios que estos veían en el resto de plataformas. A partir de hoy, esa barrera cae. La tecnológica ha integrado estas interacciones en el mismo paquete de datos que el historial de navegación o los “me gusta” en sus redes.

“Por ejemplo, si chateas con Meta AI sobre senderismo, podríamos saber que te interesa, igual que si publicas un reel [un vídeo corto de Instagram] sobre senderismo o le das ”me gusta“ a una página relacionada. Como resultado, podrías empezar a ver recomendaciones de grupos de senderismo, publicaciones de amigos sobre rutas o anuncios de botas de montaña”, detalla la compañía dirigida por Mark Zuckerberg.

En su comunicado, Meta justifica su decisión con el argumento de que “muchas personas esperan que sus interacciones hagan que lo que ven sea más relevante”. “Al igual que otros servicios personalizados, adaptamos los anuncios y el contenido que ves en función de tu actividad, garantizando que tu experiencia evolucione a medida que cambian tus intereses”, continúa.

El negocio publicitario de la compañía se basa en configurar amplias bases de datos personales a partir de miles de señales de comportamiento de sus usuarios. Desde las páginas que siguen o los contenidos con los que interactúan, hasta inferencias sobre sus intereses, sus hábitos de consumo o sus momentos vitales. Con esta información, los anunciantes pueden dirigir sus campañas a personas con una alta probabilidad de estar interesadas en un producto o servicio. La incorporación de las conversaciones con la IA añade una nueva fuente de señales, mucho más rica y explícita, a ese sistema de segmentación.

Un analista de mercado en tiempo real

Meta, que ha quedado rezagada respecto a otras desarrolladoras de IA como OpenAI (ChatGPT) o Google (Gemini), es la primera que da el paso definitivo para utilizar las conversaciones con estos sistemas para extraer datos publicitarios. No obstante, incluso la propia OpenAI ha abierto la puerta a ese modelo de negocio en los últimos tiempos ante las dificultades para consolidar una línea de beneficios estable basada en el uso corporativo de la IA.

Se trata de una situación que preocupa a los especialistas, debido a que los chats con la inteligencia artificial son una herramienta de extracción de datos personales mucho más poderosa que las propias redes sociales de Meta o el buscador de Google, las dos multinacionales que dominan la publicidad digital. “Todo apunta a que estamos montando un complejo industrial como el de las redes sociales, pero peor aún”, explicaba Enrique Dans, profesor de Innovación y Tecnología en IE Business School, en un reciente reportaje de este medio.

“¿Qué son las redes sociales en realidad? Son máquinas de capturar datos para luego venderlos al mejor postor. ¿Qué pasa si en lugar de simplemente dar me gusta o poner un comentario, lo que haces es estar todo el día hablando con esa máquina? Pues que le das todos los datos del mundo”, continuaba el experto.

En el caso de Meta, la medida afectará a las interacciones con su IA en todas sus plataformas. También a aquellas realizadas desde las Meta Ray-Ban, las gafas de la compañía con cámaras, micrófonos y altavoces pensadas para retransmitir en tiempo real y diseñadas, precisamente, para ser utilizadas a través de comandos de voz.

El único límite será el chat de WhatsApp con Meta AI. Si un usuario no tiene vinculada su cuenta de WhatsApp con las de Facebook o Instagram en su “Centro de Cuentas”, las conversaciones que mantenga con la IA dentro de la aplicación de mensajería no se utilizarán para personalizar los anuncios en las otras redes sociales.

La compañía también ha comunicado que, como obliga la Unión Europea, los datos sensibles no se utilizarán para el perfilado publicitario. “Cuando las personas conversan con Meta AI sobre temas como sus opiniones religiosas, orientación sexual, opiniones políticas, salud, origen racial o étnico, creencias filosóficas o afiliación sindical, no utilizamos esos temas para mostrarles anuncios”, avanza.

Adiós al Metaverso

El movimiento para convertir su IA en una herramienta más para la extracción de datos personales llega justo cuando Zuckerberg ha decidido empezar a cortar el grifo de lo que un día creyó que sería el futuro de su corporación. Según fuentes internas citadas por Bloomberg, Meta planea recortar los recursos destinados al Metaverso hasta un 30% el próximo año, con una ronda de despidos que podría ejecutarse tan pronto como en enero.

El proyecto del Metaverso, que llegó a propiciar el cambio de imagen de marca de la compañía de Facebook a Meta, era ese universo virtual que prometía trabajo, ocio y socialización en 3D mediante realidad virtual. Tras miles de millones invertidos, sigue siendo un proyecto con baja adopción y resultados muy por debajo de los objetivos que Zuckerberg comunicó inicialmente.

La división Reality Labs de Meta, encargada de desarrollarlo, acumula pérdidas superiores a los 70.000 millones de dólares desde 2021. Unos recursos que ahora se destinarán a otros proyectos como las gafas de realidad aumentada que Zuckerberg presentó en septiembre. Un dispositivo que también se basa en las interacciones con la inteligencia artificial que, desde hoy, Meta utilizará para nutrir su negocio publicitario.

Durante casi dos décadas, Silicon Valley operó bajo la premisa de que la tecnología avanza más rápido que la ley y, por tanto, las reglas del mercado tradicional no podían aplicarse a la economía de plataformas. El mantra de “muévete rápido y rompe cosas” de Mark Zuckerberg se convirtió en la declaración de intenciones no solo para Facebook, sino para toda la naciente industria digital.

Una de las regulaciones que se rompieron, al menos tal y como la prensa las entendía hasta entonces, fueron los derechos de autor. Los medios tradicionales, cuyo negocio dependía del soporte físico, vieron cómo sus informaciones eran replicadas en redes y agregadores a cambio de unos ingresos publicitarios residuales. Su respuesta fue utilizar el copyright para reclamar dinero a esas plataformas. La estrategia fracasó a escala global.

En España, la industria de las cabeceras impresas contó con la complicidad institucional. En 2014, lograron que el Gobierno de Mariano Rajoy incluyera en la ley de propiedad intelectual una nueva tasa para cobrar cada vez que uno de sus artículos fuera referenciado en las plataformas. Se llamó canon AEDE, por la Asociación de Editores de Diarios Españoles, la patronal que agrupa a los grandes grupos editoriales españoles tradicionales como el grupo Prisa (El País, La SER), Unidad Editorial (El Mundo, Expansión, Marca) o Vocento (ABC, las principales cabeceras regionales).

AEDE esperaba recaudar hasta 80 millones al año con el canon, pero, en la práctica, generó menos de medio millón en los siete años en los que estuvo activo. El motivo fue que Google, que se suponía que iba a ser el principal pagador de la tasa a través de Google News, consideró la legislación obsoleta y retiró el servicio de España. Su desaparición supuso un golpe para todos los medios españoles, también para los nativos digitales que se posicionaron contra el canon, al perder el acceso al principal quiosco virtual del momento.

Esta semana ha habido un nuevo capítulo en esta saga. AEDE, renombrada a AMI (Asociación de Medios de Información), ha conseguido una victoria en los tribunales que tendrá eco en toda Europa. Y no ha sido a través de la propiedad intelectual, sino de otra regulación redactada, esta vez sí, con el mundo digital y la economía de plataformas en mente: la protección de datos.

Un dopaje desleal

Facebook se movió rápido y rompió cosas. Meta, su sucesora, está viendo cómo los reguladores rompen su modelo de negocio. Una fecha clave en ese proceso es diciembre de 2022. Entonces, el Comité Europeo de Protección de Datos estipuló que la extracción de datos personales para segmentar la publicidad que hacía la corporación de Mark Zuckerberg era ilegal según las normas europeas. Y lo había sido desde 2018, cuando entraron en vigor dichas normas.

En enero de 2023, Meta recibió una multa de 390 millones de euros de la agencia de protección de datos irlandesa por este motivo. La multinacional cambió sus términos legales y durante años todo quedó en una de tantas sanciones que reciben los de Zuckerberg de este organismo, criticado por su permisividad con los gigantes tecnológicos a que se establecen en su territorio y codirigido por una exdirectiva de Facebook. Sin embargo, la multa ha terminado abriendo la puerta a un movimiento mucho más trascendental.

Con la resolución del Comité Europeo en la mano, AMI se presentó en un tribunal de lo Mercantil de Madrid. Alegó que si Meta había estado mejorando la personalización de sus anuncios con datos obtenidos de manera ilícita, entonces había tenido una ventaja competitiva injusta con los medios de comunicación que también compiten en el mercado publicitario. Siguiendo sus propias cuentas, pidió una indemnización de 551 millones de euros por el dinero que sus cabeceras habían dejado de ganar por culpa de las prácticas de Meta.

Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española

Sentencia AMI vs Meta

Este jueves, el juez le ha dado la razón. El tribunal ha condenado a Meta por competencia desleal y le ha ordenado pagar a los medios reclamantes 479 millones de euros más otros 60 en intereses. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”, refleja la sentencia.

Esos datos supusieron un dopaje que no tuvieron sus competidores. “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”, desglosa el juez.

Una cuenta por omisión

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y, posteriormente, ante el Tribunal Supremo. Meta ha anunciado que lo hará, en sus dos vertientes fundamentales. “No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y la recurriremos. Se trata de una demanda infundada que carece de pruebas del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online”, adelantó en un comunicado enviado a este medio.

La multinacional cita las dos vertientes fundamentales de la resolución. Una es la cuantía de la indemnización, en la que el juez ha asumido plenamente lo exigido por AMI debido a que el gigante de las redes renunció a presentar pruebas de que esos cálculos eran exagerados. “La representación procesal de Meta debía extinguir, impedir o enervar esta pretensión y para ello tenía plena facilidad probatoria, pues tiene muy fácil el acceso a las cuentas de Meta en España en el periodo relevante. Sin embargo, no lo ha hecho”, le afea el juez.

AMI interpreta la negativa de Meta como una asunción de que la cuantía solicitada debería haber sido incluso mayor. No obstante, la opacidad de la multinacional hace que este sea uno de los elementos más susceptibles de ser alterados por las instancias superiores de justicia. Fuentes judiciales consultadas avisan que, incluso aunque la condena se ratifique, pasarán varios años antes de que el dinero llegue a los medios.

Rivales directos

Con todo, es el fondo de la sentencia el que reordena el tablero digital. Al condenar a Meta por competencia desleal, el tribunal asume que medios de comunicación y plataformas digitales compiten por el mismo mercado publicitario. Que son competencia directa, pero que Meta jugaba con las cartas marcadas.

Se trata de algo que los editores de los medios de comunicación llevaban años reclamando, al denunciar que habían quedado a merced de gigantes estadounidenses como la propia Meta o Google como meros proveedores de contenidos. Gigantes que pueden cerrarles la llave del tráfico y, por tanto, de los ingresos, con tan solo pulsar un botón, a pesar de que compiten en el mismo mercado.

Meta rechaza de plano esta posibilidad. Asegura que la idea de que existe una “unidad de mercado” en la publicidad online no refleja la realidad del sector y que no es posible asumir que cualquier aumento de sus ingresos se produzca a costa de reducir los de los medios de comunicación. En una explicación que pide que no sea citada textualmente, dice que esa visión no tiene en cuenta, por ejemplo, la inversión que ha realizado a lo largo de los años en herramientas y tecnología para mejorar la eficacia de su servicio publicitario.

Esa defensa, sin embargo, choca con la nueva doctrina que se está abriendo paso en Europa. Bruselas acaba de abrir una investigación contra Google precisamente por abusar de su posición para asfixiar los ingresos de la prensa, penalizando en el buscador a aquellos medios que incluyen contenidos de socios comerciales. “Puede afectar a la libertad de los editores para llevar a cabo negocios legítimos”, advierte la Comisión Europea.

El nuevo marco entre medios y gigantes

Aún está por ver el recorrido que esta sentencia tendrá en España, puesto que podría hacerse más grande. Fuentes de CLABE (Club Abierto de Editores), la patronal que integran buena parte la mayoría de medios nativos digitales españoles —como elDiario.es— avanzan que están estudiando diversas posibilidades, como personarse en las próximas instancias judiciales.

Todo el proceso se encuadra en un movimiento más grande, pero no solo por la citada investigación de la UE. La pasada primavera, un grupo de 67 grupos mediáticos franceses demandó a Meta inspirándose por la acción de AMI. Ahora, su victoria podría hacer que demandas como estas se repliquen contra los gigantes tecnológicos por todo el continente.

Las reacciones a esta impugnación general del statu quo entre los medios y las plataformas podrían ser imprevistas. En 2014, Google News se retiró de España para no pagar el canon AEDE. Meta hace tiempo que cortó relaciones con los medios, pero en otros países ha llegado a bloquear todos los enlaces de noticias en protesta por regulaciones que no la satisfacían, como Canadá o Australia. Actualmente, la corporación tampoco permite la publicidad política en la UE, negándose a aceptar las nuevas normas que la regulan.

Las grandes tecnológicas cuentan con otro último recurso. Donald Trump ha amenazado en repetidas ocasiones con tomar represalias contra los países que intenten “sacar dinero” a sus corporaciones mediante impuestos digitales o multas antimonopolio. Si el conflicto escala, la batalla por la supervivencia de los medios dejará de ser solo una disputa mercantil para convertirse en una pieza más en el tablero de la guerra comercial.

Un juzgado de Madrid ha condenado a Meta a indemnizar con 479 millones de euros a 87 empresas editoras de medios de comunicación españoles por haber incurrido en competencia desleal en la gestión de la publicidad tanto en Facebook como en Instagram. La sentencia entiende que ambas plataformas usaron de forma irregular los datos de millones de usuarios en ambas plataformas para ofrecer publicidad, datos “personales y protegidos”, consiguiendo una “ventaja competitiva significativa” frente a la prensa digital española. En esos años Meta ganó casi 5.300 millones de euros y todo ese dinero, dice la resolución, fue obtenido “con infracción” de la normativa europea de protección de datos. A esos 479 millones hay que sumar otros 60 millones más en intereses.

La Asociación de Medios de Información (AMI) demandó a la empresa de Mark Zuckerberg, a la que acusaba de usar de forma “ilegítima” los datos protegidos de millones de usuarios entre 2018 y 2023 para alimentar su negocio de publicidad segmentada. Una ventaja competitiva frente a los meedios de comunicación españoles que no disponían de esos datos para desarrollar su publicidad y, según AMI, “poniendo en riesgo su sostenibilidad económica”. La demanda, que quedó vista para sentencia hace mes y medio en un juzgado de lo mercantil de la Gran Vía de Madrid, reclamaba más de 500 millones a Meta en nombre de 87 empresas editoras de prensa digital en España junto con agencias de noticias.

La sentencia es recurrible ante la Audiencia Provincial y posteriormente ante el Supremo. Meta ya ha anuciado que piensa hacerlo, ya que discrepa con la tesis del juzgado, que asegura que la multinacional se saltó la normativa europea de protección de datos para gestionar la publicidad que los usuarios de Facebook e Instagram recibieron en esos cinco años. “Meta utilizaba indebidamente datos personales protegidos de los usuarios, lo que le daba una ventaja competitiva significativa frente al tratamiento publicitario que hace la prensa digital española”, dice la sentencia.

Meta no aportó al juzgado sus datos internos del volumen de negocio y el juzgado entiende, tal y como calculó la propia AMI, que en esos años ganó más de 5.281 millones de euros entre 2018 “obtenidos con infracción” del reglamento europeo, “lo que ha supuesto para Meta una ventaja competitiva frente a la prensa digital española en el mercado publicitario español”. Ese dinero, añadee, “debe repartirse al resto de los competidores”. El cálculo para repartir esos 479 millones se calcula en base a la cuota de mercado de cada medio representado por la asociación.

El negocio de Meta: los datos de los usuarios

El juez desgrana a lo largo de 59 páginas que Meta “ha conseguido algo bastante difícil: que millones de personas decidan usar sus servicios y escriban y visualicen sus vidas en ellos”. Pero “la realidad” detrás de esa “cara social” de sus plataformas es que Facebook e Instagram son gratis “a cambio de disponer de los datos personales de los usuarios para hacer publicidad comportamental, que es el negocio de Meta, que financia la gratuidad del servicio para los usuarios”.

La otra cara de Meta, la “empresarial”, hace que las redes sociales funcionen como “una agencia de publicidad comportamental y segmentada” que ofrece anuncios con una “publicidad personalizada acorde con sus gustos, aficiones y deseos” gracias a los datos que la gente vuelca día tras día en sus perfiles. En ese punto, explica la sentencia, Meta ha hecho un uso ilegal de esos datos protegidos de sus millones de usuarios.

“Usó los datos de millones de usuarios de forma ilícita, obteniendo así una ventaja competitiva que jamás podrán igualar las demandantes que también realizan publicidad”, desglosa el texto: “La ventaja competitiva consiste en que Meta, a través de sus servicios Instagram y Facebook, cuenta con una gran cantidad de datos de cada uno de sus usuarios activos, incomparablemente superior a la cantidad de datos con la que cuenta la prensa digital. Esto le permite hacer una publicidad personalizada mucho más directa y eficaz que la que puede hacer la prensa digital”.

La multinacional ha criticado la decisión. “No estamos de acuerdo con la sentencia del tribunal y la recurriremos. Se trata de una demanda infundada que carece de pruebas del supuesto perjuicio y que ignora deliberadamente cómo funciona el sector de la publicidad online. Meta cumple con todas las leyes aplicables y ha proporcionado opciones claras, información transparente y una serie de herramientas a los usuarios para que controlen su experiencia en nuestros servicios”, asevera en un comunidado enviado a elDiario.es.

Mark Zuckerberg ha conseguido una victoria judicial clave en su pulso con los reguladores estadounidenses. Un juez federal ha dictaminado que Meta, entonces denominada Facebook, no violó la legislación antimonopolio cuando compró Instagram y WhatsApp hace más de una década, tumbando así la tesis del Gobierno estadounidense y de la Comisión Federal de Comercio (FTC), que sostenían que ambas operaciones habían servido para construir un monopolio en el sector de las redes sociales.

La resolución señala la dificultad de acotar un mercado tan volátil como el de las plataformas sociales, donde “las aplicaciones aparecen y desaparecen rápidamente, persiguen modas pasajeras y añaden funciones cada año”. Para el tribunal, la FTC no ha tenido en cuenta las características del mercado y lo ha reducido a un “grupo reducido de rivales de siempre”, logrando demostrar que Meta haya mantenido un dominio artificial del sector mediante adquisiciones anticompetitivas.

Zuckerberg adquirió Instagram por 1.000 millones de dólares en 2012, cuando Facebook ya era la red social dominante tras superar en usuarios a Myspace en 2009. Dos años después de esa operación, el magnate se hizo con WhatsApp por 19.000 millones de dólares. Los dos movimientos desataron críticas por la posibilidad de dar a Facebook la capacidad de construir un monopolio, pero no fue hasta 2020 cuando el Gobierno de Joe Biden decidió demandar a la compañía.

Ahora esa pretensión encalla definitivamente en los tribunales, con una sentencia que asume la tesis que Zuckerberg ha defendido en la última década. El magnate asegura que su corporación no solo compite contra redes sociales, un campo en el que solo tuvo como competidor a X (antes Twitter) hasta la llegada de TikTok, sino básicamente con cualquier servicio de entretenimiento digital. Según su argumento, Meta pelea por la atención de los usuarios con plataformas como Netflix, YouTube, Fortnite y otros videojuegos online, etc.

De esta forma, el fallo hace desaparecer el mayor riesgo que afrontaba la compañía, sobre todo después de ver como otro de los gigantes tecnológicos, Google, sí ha sido condenado por monopolio tanto en el sector de las búsquedas como en el negocio de la publicidad online. En el caso de Meta, el Gobierno estadounidense había puesto sobre la mesa desmantelar la corporación, obligándola a desprenderse de Instagram y WhatsApp.

Un espaldarazo que llega en un momento crítico, ya que Meta es una de las grandes tecnológicas que se está quedando atrás en la carrera de la inteligencia artificial. Zuckerberg ha llevado a cabo una serie de movimientos agresivos en los últimos tiempos para subsanar esa situación, como la adquisición del 49% de la startup Scale AI por 14.300 millones de dólares, la mayor desde la compra de WhatsApp.

Una sentencia clave en la era de la IA

La sentencia no solo llega en un momento clave para Meta, sino para todo Silicon Valley. La demanda contra ella había hecho desaparecer las grandes adquisiciones en el sector. Durante los últimos años, este tipo de operaciones se han dado solo con movimientos laterales al negocio principal de los gigantes tecnológicos, como Microsoft adquiriendo el estudio de videojuegos Activision Blizzard por casi 70.000 millones de dólares, o Google con la firma de ciberseguridad Wiz por 32.000 millones.

Cuando estas grandes empresas ponían sus ojos en otras organizaciones cuya compra podía levantar las suspicacias de los reguladores de competencia, preferían hacer ofertas fuera de mercado a sus trabajadores clave, en vez de emprender acciones que pudieran terminar en un tribunal.

El dictamen sobre Instagram y WhatsApp cambia el clima justo cuando la industria está gastando miles de millones en el salto a la inteligencia artificial generativa. Meta, por ejemplo evita confirmar si volverá a la política de adquisiciones, pero su directora jurídica, Jennifer Newstead, ha subrayado en declaraciones a The New York Times que la sentencia demuestra que la compañía se enfrenta a “una competencia feroz” y que seguirá colaborando con la Casa Blanca e invirtiendo en EEUU.

La dinámica no es nueva: la historia del sector está construida sobre la absorción de startups. Google compró YouTube por 1.650 millones en 2006, una cifra que entonces parecía descomunal y que hoy se ha transformado en un activo valorado en torno a los 500.000 millones. También adquirió Android, Waze o DoubleClick, piezas centrales de su imperio.

La diferencia es el clima político. Desde la llegada de Joe Biden, Washington endureció el discurso antimonopolio y elevó el listón para autorizar compras. La sentencia a favor de Meta, sin embargo, indica que ese marco legal tiene límites y que, para frenar fusiones, el Gobierno sigue obligado a demostrar daños concretos a la competencia. El resultado es una sensación compartida en Silicon Valley: los gigantes tecnológicos vuelven a tener margen para comprar.

La Unión Europea continua su pelea particular con los gigantes tecnológicos. Tas una investigación, la Comisión Europea ha señalado este viernes que tanto TikTok como Meta incumplen la obligación de permitir acceso a sus datos a investigadores, según la Ley de Servicios Digitales (DSA). La Comisión también apunta a que Instagram y Facebook, ambas redes de Meta, incumplen la obligación de proporcionar a los usuarios mecanismos simples para notificar contenido ilegal.

Ahora la Comisión les da la oportunidad a las plataformas tomar medidas que eviten las posibles multas. En caso de que la respuesta o las acciones no soluciones los incumplimientos de la DSA, la multa puede alcanzar hasta el 6% del volumen de negocios anual mundial de la plataforma proveedor. La Comisión también puede imponer multas periódicas para obligar a una red social a cumplir con la legislación europea.

La Comisión asegura que ni Facebook ni Instagram proporcionan “un mecanismo de 'notificación y acción' fácil de usar y accesible para que los usuarios informen sobre contenido ilegal, desde material de abuso sexual infantil y a contenido terrorista”. Los mecanismos que Meta aplica actualmente parecen imponer varios pasos innecesarios y peticiones adicionales a los usuarios.

Además, ambas plataformas utilizan 'patrones oscuros', o diseños de interfaz engañosos. “Los mecanismos de Meta para señalar y eliminar contenido ilegal son ineficaces”, explica la Comisión. Bajo la DSA, estos mecanismos de 'notificación y acción' son clave para permitir que los usuarios de la UE informen a las plataformas en línea que cierto contenido no cumple con las leyes de la UE o nacionales. Las plataformas en línea no se benefician de la exención de responsabilidad del DSA en los casos en que no hayan actuado con prontitud después de haber sido informadas de la presencia de contenido ilegal en sus servicios.

Además, la investigación de la Comisión ha hallado que Facebook e Instagram no permiten a sus usuarios que den explicaciones cuando quieren impugnar las decisiones de moderación de contenido o suspenden sus cuenta. Así, las plataformas dificultan que los usuarios en la UE puedan explicar más a fondo por qué no están de acuerdo con la decisión de contenido de Meta.

Según la Comisión, tanto Facebook como Instagram y TikTok han implementado “procedimientos engorrosos” para que los investigadores no puedan tener acceso a sus datos. La DSA obliga a las plataformas a facilitar la capacidad de realizar investigaciones a funcionarios de la UE sobre el impacto potencial de las plataformas en nuestra salud física y mental. Por ejemplo, si los menores están expuestos a contenido ilegal o perjudicial.

La UE sigue investigando a las compañías tecnológicas para que se haga cumplir su ley DSA. Entre otras, La Comisión Europea abrió una investigación sobre Snapchat, YouTube, Apple Store y Google Play por un posible incumplimiento de la normativa de la UE relacionada con la protección de menores.

Bruselas impuso las primeras multas a las 'Big tech' por incumplir la Ley de Mercados Digitales (DMA) que entró en vigor en 2023. Tras un año de investigación, la Comisión Europea concluyó que Apple y Meta vulneran esa normativa y les sancionó con 500 millones y 200 millones de euros, respectivamente. La decisión de Bruselas se produjo en plena guerra comercial de Donald Trump, que ha presionado a la UE por su normativa digital. El pasado septiembre, multó a Google con 2.950 millones de euros por “infringir las normas antimonopolio de la UE al distorsionar la competencia” en el sector de la publicidad digital.

Este octubre las organizaciones no gubernamentales (ONG) y activistas de toda Europa se han encontrado con un muro en Instagram y Facebook, dos de sus principales canales de comunicación digital. Meta, la empresa matriz de ambas plataformas, ha decidido bloquear buena parte de sus contenidos promocionados, impidiendo que los distribuyan entre los usuarios interesados en “causas sociales”. La justificación de la compañía es la entrada en vigor de una nueva ley europea diseñada precisamente para proteger el debate público online y aumentar la trazabilidad de los anuncios políticos.

Se trata del Reglamento sobre la Transparencia y la Segmentación de la Publicidad política (TTPA, por sus siglas en inglés). Su objetivo es que los ciudadanos sepan quién paga por los anuncios políticos que ven, a quién se dirigen y con qué fin, creando un mecanismo para detectar las campañas de manipulación y las injerencias extranjeras. Para ello exige un etiquetado claro de este tipo de publicidad, prohíbe el uso de datos sensibles (como la ideología o la religión) para segmentar audiencias y crea un repositorio público de anuncios.

La ley se aprobó en marzo de 2024 y entró en vigor el pasado 10 de octubre. “La reacción inicial de las organizaciones fue: 'oye, nos parece bien este reglamento'. Estamos a favor de salvaguardar la integridad de las elecciones y del debate público”, explica Edurne Rubio, directora de Comunicación y Captación de Fondos de Oxfam Intermón y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Fundraising (AEFr).

El problema es que, denuncian las ONG de la AEFr, la corporación que dirige Mark Zuckerberg ha retorcido la norma para “amordazar al sector no lucrativo” en Instagram y Facebook.

Una interpretación radical y un “apagón general”

Frente a la obligación de adaptarse a la nueva normativa, Meta ha optado por la solución más drástica. En lugar de implementar los mecanismos de transparencia requeridos, la compañía anunció su decisión de aplicar un veto general. No habrá anuncios vinculados a la política para nadie en sus sistemas.

“Lamentablemente, la TTPA impone importantes obligaciones adicionales a nuestros procesos y sistemas, lo que genera un nivel insostenible de complejidad e inseguridad jurídica para los anunciantes y las plataformas que operan en la UE”, justificó en un comunicado.

“Nos hemos encontrado con una disyuntiva imposible”, abunda: “Modificar nuestros servicios para ofrecer un producto publicitario que no funciona ni para anunciantes ni para usuarios, sin garantía de que nuestra solución se considere adecuada, o dejar de permitir la publicidad política, electoral y social en la UE”. Meta, que se mostró contraria desde un principio a la nueva ley, ha optado por la segunda opción.

El resultado es que la multinacional hace la interpretación más amplia posible del concepto “causas sociales”. Según su propia guía, esta categoría incluye temas como derechos civiles y sociales, economía, política medioambiental, salud, inmigración, valores políticos y gobernanza, seguridad y política exterior. En la práctica, esto supone la anulación de casi todas las campañas de activismo y captación de fondos de las ONG.

“Se restringe el activismo que da sentido a la labor de las ONG”, denuncia la AEFr. Palabras clave como “cambio climático”, “refugiados”, “derechos humanos” e incluso “cáncer” o “alzhéimer” comenzaron a ser bloqueadas en los sistemas publicitarios de la plataforma.

Pese a los argumentos de Meta, lo cierto es que la dueña de Facebook e Instagram ha sido la única que ha optado por el veto. “No todas las empresas del sector han optado por un apagón general”, afean las ONG. Google, dueña de YouTube, ha optado por una pausa temporal, mientras que Microsoft exige una declaración previa que, en caso de ser política, inhabilita la campaña.

El impacto real: caída del 60% en alcance y riesgo del silencio

Las consecuencias de este veto no se han hecho esperar y son devastadoras para un sector que depende en gran medida de las redes sociales para llegar a la ciudadanía. “A día de hoy, en las campañas de Oxfam Intermón, el alcance se ha reducido en un 60%. Tenemos una caída del 60% en resultados”, revela Edurne Rubio.

Este desplome no solo amenaza la captación de donaciones y voluntariado, especialmente crítico en vísperas de las campañas de fin de año, sino que también tiene un impacto profundo en la libertad de expresión y el derecho a la información, denuncian: “Esta restricción no solo limita la libertad de expresión de las organizaciones; también reduce el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y veraz sobre asuntos de interés general, empobreciendo el espacio público digital”.

Para Edurne Rubio, el peligro va más allá de la operatividad de las ONG. Se trata de quién ocupa el espacio digital en un momento de avance de la extrema derecha y sus mensajes racistas, machistas u homófobos en las redes sociales. Un tipo de contenidos con los que las redes sociales de Meta han abierto la mano, cambiando las normas de moderación para permitir denominar “enfermos mentales” al colectivo LGTBi o argumentar en contra de que las mujeres estén igualmente capacitadas para ocupar puestos policiales o militares.

“Si no ocupamos el espacio con mensajes de respeto a los derechos humanos, de igualdad, de personas refugiadas... dejamos más espacio a ese otro discurso”, advierte Rubio. El contexto, concluye, “es preocupante por lo que supone en términos de acceso a la información y difusión”.

En respuesta a las organizaciones, fuentes de Meta en contacto con elDiario.es recuerdan que el debate orgánico (sin mensajes promocionados) sigue siendo posible en la plataforma. Explican que se podrá seguir hablando de política y de “causas sociales” en sus redes, pero no hacer uso de las herramientas publicitarias para aumentar el impacto de determinados mensajes. Mensajes que no todas las asociaciones benéficas utilizan para distribuir sus contenidos, destacan las mismas fuentes.

Bruselas dice que Meta está en su derecho

La Comisión Europea es la tercera parte implicada en este debate. Contactada por elDiario.es, ha recalcado que la nueva ley no ha sido la que ha forzado a Meta a tomar esta decisión. “Debo dejar claro que el Reglamento no prohíbe la publicidad política ni regula en modo alguno el contenido de los anuncios políticos”, ha confirmado un portavoz de la institución.

Con todo, el Ejecutivo comunitario considera que el bloqueo es una cuestión empresarial que puede valorar. “Meta es una empresa privada y las decisiones comerciales sobre los servicios y productos que decide ofrecer le corresponden a ella. Lamentamos que, por ahora, haya decidido dejar de permitir anuncios políticos en la plataforma”, continúan las mismas fuentes.

Con todo, revelan que la Comisión está “en contacto con las partes interesadas y los Estados miembros para evaluar el posible impacto de la decisión comercial de Meta”.

Bruselas publicó el 8 de octubre un documento con las directrices sobre cómo debe aplicarse el nuevo Reglamento, unas normas que no hacen referencia a un veto general como el aplicado por Meta. “Para elaborar estas orientaciones, la Comisión ha colaborado activamente con todas las partes interesadas, incluidas las plataformas, con el fin de abordar sus preocupaciones y comprender el alcance de sus decisiones comerciales”, recuerda el mismo portavoz.

Mientras tanto, las ONG trabajan a contrarreloj en una estrategia de contingencia para “sortear” el veto y conseguir que sus campañas sigan teniendo visibilidad. La batalla se libra en dos frentes: uno técnico, para navegar el opaco algoritmo de Meta, y otro político, para evitar que una ley de transparencia se consolide como una mordaza para el activismo.

Desde hace años se habla de un fenómeno que los medios americanos llaman sharenting, que es básicamente subir fotos de nuestras niñas y niños a las redes sociales como parte natural de esos años de crianza. Desde hace algo menos han aparecido las primeras dudas y reflexiones críticas, por parte de los propios padres… ¿Debo dejar de hacerlo? ¿Qué pensará cuando sea mayor? 

Estos niños y niñas ya son mayores y ya se pronuncian: a muchos no les hace ninguna gracia. Hablamos con dos de ellos, Ángela y Alejandro, que nos cuentan sus sensaciones al verse en redes sociales tiempo después. Este episodio surge de un artículo publicado en elDiario.es por la periodista Carmen López, con la que también hablamos en el episodio.

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