Las imágenes y mensajes escuchados el pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium de Cornellà—durante el amistoso entre España y Egipto— no son solo un asunto deportivo. Son un síntoma preocupante de una realidad más amplia: la normalización de discursos excluyentes que están encontrando eco, especialmente entre muchos jóvenes.

Como exdocente, he visto cómo las palabras que repetimos, las bromas que toleramos y las actitudes que dejamos pasar en el día a día terminan por configurar la forma en que las nuevas generaciones entienden la convivencia.

Lo ocurrido no es un hecho aislado ni inocuo. Es parte de una deriva social e ideológica que exige una respuesta educativa, política y cívica colectiva.

El peligro de legitimar el rechazo

Los mensajes de exclusión no surgen de la nada. Se alimentan de relatos que simplifican la realidad, enfrentan identidades y presentan a determinados colectivos como amenazas.

En este contexto, es especialmente preocupante el papel de dirigentes como Ignacio Garriga, secretario general de Vox, cuyas declaraciones públicas tras los hechos llegaron a relativizar o incluso justificar comportamientos claramente discriminatorios, racistas e islamófobos. Cuando desde posiciones de responsabilidad política se normaliza o se presenta como “comprensible” el rechazo a grupos sociales o religiosos, esos mensajes dejan de ser marginales para convertirse en referentes para una parte de la población, incluidos los más jóvenes.

Y ahí radica el verdadero peligro: cuando los discursos excluyentes se repiten sin contrapeso, dejan de percibirse como extremos y terminan por integrarse en la conversación cotidiana, contribuyendo a una cultura social más hostil.

Del estadio al aula: el impacto silencioso

Quienes hemos trabajado en educación sabemos que lo que sucede fuera de las aulas entra en ellas de manera inevitable. Un comentario, un meme, o una cantinela que se repite en redes sociales termina convertida en parte de la conversación entre niños y adolescentes.

Los cánticos escuchados aquel día no fueron solo palabras en un estadio. Fueron modelos de conducta que algunos jóvenes repitieron después como si fueran expresión legítima de identidad. Y eso tiene consecuencias educativas profundas: cuando la línea entre el humor, la provocación y la discriminación se vuelve borrosa, los límites éticos también lo hacen.

Por eso, educar exige algo más que transmitir contenidos. Requiere, cada vez más en este mundo de bulos,enseñar a pensar, a analizar, a cuestionar. Requiere fomentar la capacidad de mirar más allá de lo inmediato y comprender el efecto que nuestros actos y palabras tienen sobre quienes nos rodean.

La incoherencia que enseña para mal

Mientras ciertos sectores de la grada coreaban consignas excluyentes, en el terreno de juego brillaba Lamine Yamal, símbolo de una España diversa y plural. Esa contradicción es reveladora: se celebra el talento de una joven promesa de la selección, pero se cuestiona o se ridiculiza la identidad de quienes comparten esa fe o ese origen.

¿Qué mensaje reciben nuestros jóvenes de esa discrepancia? ¿Qué aprenden cuando la realidad diversa de nuestra sociedad choca con discursos que intentan reducirla a una supuesta 'identidad homogénea'?

La incoherencia, cuando no se señala, también educa, y no siempre en la dirección correcta.

Silencio o posicionamiento: una elección educativa

Es cierto que muchos aficionados no participaron en los cánticos e incluso mostraron su rechazo. Pero en un contexto de creciente polarización, la pasividad no basta. En educación sabemos que no participar en algo injusto es distinto a posicionarse activamente en contra.

Si los discursos excluyentes ocupan espacio sin una respuesta clara y firme, no desaparecen. Se consolidan. Y los jóvenes observan, aprenden y reproducen, consciente o inconscientemente, los comportamientos que perciben como tolerados por su entorno.

Una responsabilidad social compartida

No podemos cargar toda la responsabilidad sobre la escuela. La familia, los medios de comunicación, los referentes culturales, el discurso público , las redes sociales... también juegan un papel decisivo.

Cuando desde posiciones de responsabilidad política se minimizan o se justifican actitudes discriminatorias —como ha ocurrido con algunas interpretaciones de los incidentes en el RCDE Stadium— se envía a la sociedad, y en particular a los jóvenes, un mensaje peligroso: que excluir puede ser aceptable.

Eso no puede quedar sin respuesta.

Conclusión: educar para convivir

La educación en valores no es una asignatura más. Es la base de una convivencia democrática y respetuosa. Y ante la proliferación de discursos que señalan al diferente como problema, la respuesta educativa debe ser clara, firme y constante.

Lo que hoy se tolera, mañana define la sociedad en la que viviremos. Y eso es algo que no podemos permitirnos ignorar.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación sobre los cánticos islamófobos y xenófobos durante el partido amistoso España-Egipto celebrado en el RCDE Stadium de Cornellà (Barcelona). Así lo ha anunciado el cuerpo policial en un mensaje a X este miércoles después de que anoche una buena parte de la grada realizara cánticos como “musulmán el que no bote”.

Los responsables de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) condenaron los cánticos tras el partido, si bien mientras se producían la organización se limitó a avisar por las pantallas del estadio y por megafonía, durante el descanso, de la normativa que prohíbe este tipo de discriminaciones. El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, lamentó los gritos islamófobos, pero los tachó de “incidente aislado”. “Salvando eso, ha habido un gran ambiente”, agregó.

Más contundente fue la reacción de algunos futbolistas de la selección y de su entrenador, Luis de la Fuente. “A nadie del equipo le han gustado los cánticos y los queremos erradicar de los campos de fútbol”, señaló Pedri. El seleccionador expresó su “total y absoluta repulsa” ante los cánticos islamófobos. “Es intolerable. No he hablado con el presidente Louzán, pero supongo que se habrá expresado en la misma línea, y es lo que yo pienso: intolerable”, aseveró en rueda de prensa.

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha valorado que el odio, el racismo y la xenofobia “no tienen cabida en los estadios ni en la sociedad”.

El conseller de Deportes de la Generalitat, Berni Álvarez, ha lamentado los “comportamientos inaceptables de una parte de la grada” y ha recalcado que Catalunya es un país “de acogida y convivencia”.

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana Álvarez, ha alertado de que los discursos xenófobos “generan miedo, exclusión y debilitan la convivencia”, durante su participación en el encuentro ‘Voces sin Fronteras: Balance de una experiencia compartida’, celebrado este miércoles en Cáceres, en el auditorio del Museo Helga de Alvear.

La jornada, organizada por Accem y la Fundación ‘la Caixa’, con la colaboración del Museo Helga de Alvear, ha servido para reflexionar sobre el trabajo desarrollado en materia de inclusión social y convivencia intercultural, así como para compartir experiencias entre entidades, instituciones y ciudadanía.

Quintana ha defendido que la integración real pasa por garantizar oportunidades en ámbitos como el empleo, la educación, la vivienda y la participación social, “elementos fundamentales para una convivencia sólida”.

Además, ha destacado el papel de Extremadura y de ciudades como Cáceres como “ejemplo de convivencia entre personas de diferentes orígenes, fruto del trabajo conjunto entre instituciones y sociedad civil”.

Durante su intervención, Quintana ha subrayado la importancia de este tipo de iniciativas para “detenernos, mirar el camino recorrido y reafirmar nuestro compromiso con una sociedad más justa, más inclusiva y basada en el respeto”. En este sentido, ha agradecido la implicación de entidades sociales, administraciones públicas, centros educativos y espacios culturales.

El delegado del Gobierno ha incidido en que el odio y la discriminación no pueden abordarse únicamente desde el discurso, sino que requieren de políticas públicas activas centradas en la “prevención, la sensibilización y la protección de las víctimas de delitos de odio”.

En esta línea, ha recordado la puesta en marcha de la herramienta HODIO (Huella del Odio y la Polarización), impulsada por el Gobierno de España, que permitirá analizar y medir la presencia del discurso de odio en redes sociales con el objetivo de diseñar estrategias más eficaces frente al racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación.

Finalmente, ha reiterado el compromiso del Gobierno para seguir avanzando hacia una sociedad “donde nadie sea discriminado por su origen, su cultura o sus creencias”, apostando por una convivencia basada en el respeto y en la igualdad de oportunidades. 

El PP, que gobierna en solitario el Ayuntamiento de Málaga, no se retracta de su voto de rechazo al proceso de regularización extraordinaria puesto en marcha por el Gobierno de España. El pasado 26 de febrero el PP, liderado por el veterano alcalde Francisco de la Torre, apoyó una moción de Vox muy dura de Vox en la que se critica la “regularización masiva”, se alerta sin datos de un presunto “efecto llamada”, se vinculaba con una “merma” de recursos públicos y se pedía la “repatriación” de los niños y niñas no acompañados. La moción llama a “auditar exhaustivamente todas las concesiones de nacionalidad en los últimos años” y a  proceder a la “repatriación” que accedan “ilegalmente” al país.

El alineamiento del PP de De la Torre con el discurso más duro fue una sorpresa muy criticada por ONG y por el Obispado. En las fechas siguientes, el propio alcalde admitió que fue “un error” y abrió la puerta a enmendarse. Pero no ha sido así: este jueves sus concejales han votado en contra de “retractarse” de su voto a favor a la moción de Vox y dejar sin efecto esa moción.

Con Málaga (IU + Podemos) y el PSOE han exigido durante las últimas semanas una rectificación pública al regidor y una enmienda institucional. Por eso llevaron una moción conjunta a la Comisión de Derechos Sociales, donde se dejan los asuntos listos para que el voto en Pleno sea de trámite. Querían una enmienda y que el Pleno mostrase su “respaldo absoluto y sin fisuras” a la regularización extraordinaria que impulsa el Gobierno de España, “reconociendo esta medida como un paso fundamental para la dignificación de los trabajadores, la lucha contra la economía sumergida y la consolidación de los derechos humanos”.

Pero los concejales del PP y Vox han votado en contra de todo eso. También han rechazo pedir al Gobierno que dote de más recursos a los registros y oficinas de Extranjería, a desarrollar un Plan Estratégico para promover la inserción sociolaboral o el aprendizaje del idioma y, en definitiva, a aislar a Vox, reprobándolo por “traer a este edificio discursos xenófobos”.

Los partidos de izquierda sólo han arrancado del PP algunas concesiones declarativas: el reconocimiento de las personas inmigrantes como “parte de la sociedad malagueña”, la exigencia al Gobierno de que se cumplan los acuerdos de protección de la infancia, el compromiso con el acceso universal a los servicios sociales o el rechazo de las “políticas punitivas basadas en las deportaciones masivas” y los discursos que asocian migración y criminalidad.

Un “error” no rectificado

La votación tenía interés porque el propio alcalde había alimentado la idea de que se corregiría, admitiendo ante las entidades que votar a favor de la moción de Vox fue un error. Pocos días después, ante la insistencia de las entidades, remarcó que su visión respecto a la inmigración no ha cambiado, recordando que “regularizaciones se han hecho y hay que seguir haciéndolas”, también con gobiernos del PP, según informó Sur.  

Su apoyo a Vox había sido sorprendente porque De la Torre no necesita a Vox para nada (gobierna con mayoría absoluta) y se le supone el ala moderada del PP, un democristiano que ha cultivado en su largo mandato (desde el año 2000) una imagen abierta y tolerante. Hace apenas un año llamó públicamente a “extremar el cuidado” de la convivencia, mientras premiaba con hacer de rey mago a un inmigrante senegalés que había rescatado a una mujer durante las inundaciones de octubre de 2024. Además, ocurrió el mismo día que Juan Manuel Moreno trataba de marcar distancias ideológicas con el partido de Abascal, a las puertas de unas elecciones donde esa distancia traducida en escaños puede marcar si mantiene o no la mayoría absoluta.

La Plataforma de Solidaridad con las Personas Migrantes de Málaga, que agrupa a las asociaciones que trabajan con estas personas en la ciudad, mostraron su “absoluta estupefacción, indignación y condena” de la moción apoyada por el PP, resaltando que está “plagada de prejuicios, bulos y datos falsos” y calificando que los acuerdos son “abiertamente racistas y xenófobos”.

También le tiró de las orejas la Iglesia, que mostró su “preocupación” ante “la difusión de mensajes que vinculan migración con inseguridad, colapso o amenaza social”. “La realidad que acompañamos cada día demuestra que la mayoría de las personas migrantes desean trabajar, contribuir y vivir en paz, mientras la irregularidad administrativa, con frecuencia, sitúa a las personas en escenarios de explotación y vulnerabilidad”, señalaba un comunicado conjunto de las entidades vinculadas al Obispado, entre otras Cáritas, la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) o Manos Unidas.

PP y Vox piden “orden”

Este jueves Francisco Pernía, portavoz de la Plataforma, ha recordado a los “nadie” de Eduardo Galeano. “Como si los numerosos trabajadores migrantes del campo no fuesen nadie, como si las mujeres que cuidan de nuestros mayores no fuesen nadie, como si los trabajadores de la construcción y la hostelería inmigrantes no fuesen nadie. Como si no importasen los requerimientos de los propios empresarios malagueños o del señor Obispo de Málaga”. “Cuando se habla en contra de la regularización se está hablando en contra de nuestras vidas. No estar regularizada significa vivir con miedo”, ha explicado Ofelia Rosario Castillo. “Sí significa poder ser explotada, porque sin papeles trabajamos”.

Rosa Rodríguez (PSOE) ha acusado al alcalde y su grupo de vivir en la “esquizofrenia de votar una cosa y decir otra”, exponiendo las contradicciones: “¿En qué momento hemos pasado de hacer rey Baltasar a Mansour a pedir su deportación? No puede haber ese abismo entre lo que predican y lo que practican”. “La estrategia de Vox y la extrema derecho es hacer pelear al penúltimo contra el último”, ha apuntado Nicolás Sguiglia (Con Málaga), que ha pedido al PP que no se deje arrastrar por Vox.

No ha habido caso. Antonio Alcázar (Vox) ha vuelto a vincular la regularización con el deterioro de los servicios públicos, sin aportar datos de esa relación, insistiendo en la “prioridad de los españoles”. “No es un acto humanitario, es un efecto llamada en toda regla”. Y María del Mar Torres ha defendido el voto del PP así: “El fenómeno migratorio necesita orden para que sea beneficioso para todos. Nuestro país necesita una inmigración vinculada al empleo real”, apelando a la seguridad jurídica, y alertando de la división de una inmigración “mal gestionado”. También ha enumerado las acciones del Ayuntamiento contra el racismo, la integración y en apoyo a las entidades sociales.

A continuación, ha votado a favor de algunos puntos de la moción de PSOE y Con Málaga, pero en contra de una rectificación del voto contra la regularización, después de que los grupos no hayan llegado a un acuerdo para introducir enmiendas.

Contra el racismo

A partir de la decisión tomada en el pleno municipal, la Plataforma de Solidaridad por las Personas Migrantes de Málaga han vuelto a pronunciarse al respecto después de que mostraran su estupefacción ante el apoyo del PP a la moción de Vox en un primer momento. “Ante el silencio, no normalizaremos el racismo”, han trasladado en un comunicado en el que confirman que suspenderán su asistencia a los actos oficiales del Día Internacional contra el Racismo que se conmemora el 21 de marzo como protesta por el “silencio” del regidor.

A menos de 48 horas del evento, las entidades sociales han acusado a Francisco de la Torre de “ignorar” una solicitud de reunión urgente que fue enviada el pasado 6 de marzo con el fin de “reparar el daño causado a la convivencia”. “Esta medida de presión busca evidenciar el rechazo social a los efectos de la moción aprobada el pasado 26 de febrero, cuyo contenido supone un «giro de 180 grados» hacia posturas racistas y criminalizadoras que rompen con la trayectoria histórica de la ciudad”, han subrayado.

Por tal motivo, han indicado que solo se aceptará “una rectificación formal y explícita” por parte del pleno municipal “que repare el daño causado a la dignidad de las personas migrantes” que viven en la ciudad malagueña. “Málaga siempre ha hecho gala de su diversidad y no podemos permitir que el Ayuntamiento mantenga vigente un discurso que criminaliza y socava los valores de inclusión y respeto que defendemos las organizaciones sociales”, han concluido.

La acción se celebrará en el Parque Gloria Fuertes entre las 11:00 y las 14:00 horas. Durante la jornada, las personas asistentes podrán informarse sobre esta realidad, participar en distintas actividades de sensibilización y sumarse a iniciativas en defensa de los derechos humanos y la igualdad.

La organización advierte de que el racismo continúa presente en la sociedad no solo a través de actitudes individuales, sino también mediante dinámicas institucionales que condicionan el acceso a derechos fundamentales como la vivienda, la educación, la sanidad o la libertad de circulación. Entre estas prácticas, subraya las identificaciones policiales basadas en criterios raciales o étnicos, señaladas por entidades sociales y de derechos humanos por su impacto en la dignidad, la salud y la confianza de las personas afectadas.

En este contexto, Amnistía Internacional recuerda la necesidad de definir y prohibir de forma clara y expresa la identificación por perfil racial en el artículo 16 de la conocida como Ley Mordaza, incorporando la definición de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia: “el empleo por parte de la policía, sin justificación objetiva y razonable, de la raza, color, lengua, religión, nacionalidad u origen étnico o nacional en las actividades de control, vigilancia o investigación”.

Pese a su prohibición en la legislación española, la organización alerta de que estas prácticas siguen siendo una realidad preocupante. Según datos de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, el 26% de las personas afrodescendientes se sienten discriminadas de forma permanente en España. Sin embargo, solo un 4% de quienes sufren discriminación llega a denunciar, lo que sitúa al país entre los de menor nivel de denuncia dentro de la Unión Europea.

La encuesta de esta agencia europea también apunta a una pérdida de confianza en las instituciones públicas, incluida la policía, especialmente entre quienes han sufrido discriminación. Esta desconfianza, advierten, podría estar directamente relacionada con la infradenuncia existente.

“La comunidad gitana, así como las personas migrantes y solicitantes de asilo son objeto del racismo estructural y la xenofobia. Urge tomar medidas para combatir y prevenir los comportamientos racistas y xenófobos, facilitando la denuncia y exigiendo responsabilidad a quienes sean culpables de estas actitudes”, subraya la organización.

Desde Amnistía Internacional hacen un llamamiento a la ciudadanía a implicarse activamente en la construcción de una sociedad “más justa, inclusiva y libre de discriminación”. La organización, presente en más de 150 países, sitúa la lucha contra el racismo como una de sus líneas prioritarias de acción.

Durante mucho tiempo se ha dado por hecho que el rechazo al extranjero era algo inevitable, inherente a la naturaleza humana. Algo instintivo, un defecto irremediable. Pero ¿es realmente así?

Hoy en día, ante la avalancha de noticias denunciando múltiples agresiones y violencias en cuyo núcleo está el racismo, no parece que existan demasiados motivos para pensar lo contrario. No obstante, el ensayo Del miedo y los extranjeros (Sexto Piso, 2026) del historiador de la psiquiatría y psicoanalista George Makari, cuestiona precisamente esa intuición: la xenofobia, tal como la entendemos hoy, no es consustancial al ser humano, sino una construcción histórica relativamente reciente.

En un recorrido que mezcla historia intelectual, psicología y literatura, Makari rastrea el nacimiento del término a finales del siglo XIX, cuando empezó a emplearse primero como categoría médica (el miedo patológico al extraño) y después como herramienta política para describir conflictos entre pueblos.

El libro sigue la evolución del concepto a lo largo del siglo XX: el auge de los nacionalismos, las migraciones masivas, el racismo científico, el trauma del Holocausto y la posterior construcción de un marco moral internacional que pretendía impedir su repetición. En ese trayecto aparecen pensadores y escritores como Camus, Conrad, Sartre o Fanon, cuyas obras ayudan a entender cómo el extranjero se convierte en una figura cargada de ansiedad social, una pantalla sobre la que proyectar conflictos internos, crisis económicas o inseguridades identitarias.

Lejos de plantear la xenofobia como una anomalía de individuos extremistas, Makari la describe como un fenómeno que emerge en momentos de cambio acelerado y de incertidumbre colectiva. Por eso, sostiene, ha reaparecido con fuerza en el siglo XXI, un tiempo marcado por la globalización, las crisis económicas y los desplazamientos de población.

Usted sostiene que la xenofobia no es un instinto humano sino un concepto moderno. ¿Qué cambia cuando dejamos de verla como algo “natural”?

La creencia de que podemos atribuir el miedo, el odio y la violencia dirigidos hacia los extraños a un impulso natural intrínseco al ser humano elimina todas sus causas sociales y políticas.

La xenofobia es un comportamiento psicosocial complejo y es absurdo reducirlo simplemente a la biología. Además conduce a un derrotismo según el cual podemos decir: siempre ha sido así, los humanos son de esa manera, en lugar de hacernos preguntas como: “¿Por qué ocurre aquí y no allí? ¿Por qué ahora y no entonces?”.

De acuerdo con su libro, el término nace en la medicina como una fobia individual y acaba convirtiéndose en una categoría política y moral. ¿Cómo ocurre ese cambio y cuáles son sus implicaciones?

La xenofobia se usó primero cuando las fobias médicas acababan de descubrirse y se estaban nombrando decenas de ellas. Aquello pronto desapareció. Ese uso inicial definía “fobia” como miedo irracional, lo que suponía un cambio respecto al griego phobos, que simplemente significa miedo.

También vinculaba la xenofobia al descubrimiento de que las amenazas no solo producen miedo sino también violencia, la famosa respuesta de “lucha o huida”. Así, la xenofobia era un miedo irracional a los extraños que conducía a la huida pero también a la violencia.

El siguiente uso, que también desaparecería, fue colectivo. Se vinculó a fobias nacionales como la anglofobia o la francofobia, el odio a los ingleses o a los franceses, respectivamente. El peor caso, según algunos, era la “xenofobia”: una nación que odiaba a todas las demás.

Durante el periodo colonial el término se utilizó para describir la supuesta irracionalidad de los pueblos colonizados que rechazaban a los europeos. ¿Hasta qué punto sirvió también para justificar la violencia y la dominación?

Esa fue una de las grandes sorpresas. Los primeros usos de la palabra habían sido ya olvidados cuando de repente, en torno a 1900, el término se puso de nuevo de moda y se utilizó para explicar la violencia en las colonias europeas, donde los pueblos supuestamente primitivos estaban aterrorizados por los extranjeros y por eso atacaban a los colonos, que “deberían haber sabido” que traían ciencia, Dios y lo que los franceses llamaban su “misión civilizadora”.

Y sí, justificó asesinatos y explotación. Esa es una de las historias más irónicas que cuento en mi libro: que la xenofobia se utilizó primero de forma xenófoba.

Como psicólogo, ¿qué emociones dirían que están en el núcleo de la xenofobia?

Esa es una pregunta importante. La segunda mitad del libro es un intento de responderla sin una explicación simplista de psicología popular, sino otorgando al problema la seriedad que merece.

Divido la xenofobia en distintos tipos, que tienen pensamientos y emociones muy diferentes y, por tanto, remedios diferentes. Pero para descubrir todo eso invito a los lectores a leer el libro.

Hemos aprendido que demonizar a las personas puede ir desde lo normal hasta la violencia genocida. No es una sola cosa.

Hoy vemos el ascenso de fuerzas de extrema derecha en Europa y América, políticas migratorias cada vez más duras y discursos que vuelven a señalar a los extranjeros como amenaza cuando, en realidad, la mayoría de países desarrollados los necesitan. ¿Diría que estamos ante una nueva forma de xenofobia?

La “nueva xenofobia” empezó alrededor de 1990 y ha ido creciendo desde entonces. El final de la Guerra Fría fue crucial en este sentido, porque las identidades se desordenaron.

En el lado positivo, la Unión Europea pudo atraer a varios estados exsoviéticos a su órbita y, en mi opinión, nos salvó de muchas más guerras como la yugoslava.

Por otro lado, la crisis financiera de 2008 provocó gran desilusión respecto a la globalización, igual que la COVID. Eso facilitó el auge de las ideas de los que culpaban a los extraños de todos los males.

La “nueva xenofobia” empezó alrededor de 1990 y ha ido creciendo desde entonces. El final de la Guerra Fría fue crucial en este sentido, porque las identidades se desordenaron.

En barrios o ciudades donde la llegada de inmigrantes ha sido rápida y ha generado tensiones reales (por vivienda, empleo o servicios públicos), muchos vecinos sienten que sus problemas cotidianos no son escuchados. ¿Cómo se puede hablar de los riesgos de la xenofobia sin negar esos conflictos concretos?

Antes de acusar a una persona o comunidad de xenofobia hay dos reacciones racionales que debemos considerar. La primera es el argumento económico: vienen y nos quitan los trabajos y hacen que los salarios bajen. Es una cuestión empírica que podemos medir. Las investigaciones muestran que a menudo eso no es cierto.

La segunda es el argumento de la invasión cultural: antes teníamos veinte iglesias y los recién llegados han reemplazado nuestra cultura y construido veinte mezquitas o sinagogas o lo que sea. El problema es que ambos argumentos a veces son ciertos, pero a menudo se exageran o directamente se inventan.

Hace poco, alguien me dijo que un 70% de los habitantes de Bruselas era musulmán. Le respondí que lo dudaba. Esa persona me dijo que lo comprobara y así lo hice: la cifra estaba alrededor del 20%.

Muchas veces estas afirmaciones proceden de medios sensacionalistas y llegan a zonas rurales donde hay muy pocos inmigrantes. Así que creo que debemos respetar las opiniones de la gente y luego separar las preocupaciones reales de las que no lo son. Solo las segundas son xenófobas.

En su libro dedica un amplio espacio a Estados Unidos, un país donde la retórica contra los inmigrantes ha convivido históricamente con periodos de integración y acogida. ¿Qué factores hacen que en algunos momentos prevalezca el miedo y en otros la solidaridad?

Así es, Estados Unidos ha tenido periodos de gran apertura y una cultura integradora, y otros momentos en los que ha derivado hacia una intensa xenofobia.

Diría que esta suele estar ligada al deterioro de una sociedad igualitaria, justa y basada en normas. Cuando el sesgo, el trato de favor y las tensiones de clase empeoran, la “solución” puede ser culpar a los extranjeros. Creo que ahora tenemos ese tipo de problema en Estados Unidos.

Como solución a la xenofobia, usted apuesta por un igualitarismo radical. En sociedades profundamente desiguales y polarizadas, ¿cómo se traduce ese ideal en políticas concretas y en prácticas cotidianas?

Todos somos propensos a lo que yo llamo “ansiedad frente al otro”, ese pequeño malestar que surge al encontrarnos con alguien cuya lengua, vestimenta, cultura y religión son muy diferentes a la nuestra. No deberíamos avergonzarnos de admitir que no somos automáticamente igualitarios en nuestras percepciones.

A partir de ahí, toca trabajar para aprender, conectar y deshacer ese sesgo. En Estados Unidos el fin de la segregación racial fue una estrategia política dirigida a integrar a las comunidades blancas y negras. El objetivo era que ese encuentro generara en muchos un sentido de igualdad al disminuir esa “ansiedad frente al otro”. Los profundamente xenófobos no se verán afectados por cambios así, pero muchos sí.

Para terminar, ¿qué lección diría que tendríamos que aprender de los últimos 150 años en relación al miedo a los extranjeros?

Diría que nunca hemos sido tan conscientes de los distintos tipos de sesgo xenófobo y de su potencial destructivo. Hemos aprendido que demonizar a las personas puede ir desde lo normal hasta la violencia genocida. No es una sola cosa.

Es lo que intento en mi libro, sintetizar las perspectivas más importantes para darnos distintas herramientas con las que abordar el problema, y ayudarnos no solo a condenarlo, sino a entender por qué está ocurriendo.

El Gobierno de Navarra ha manifestado este miércoles su disconformidad con la proposición de ley presentada por UPN para modificar de la Ley Foral 13/2023, de 5 de abril, de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia, con el objetivo de “establecer la obligación del Ejecutivo foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

El Gobierno de Navarra considera que la medida propuesta “no supone una mejora en cuanto a la prevención de delitos y es contraria al objeto de la propia ley que se plantea modificar”, ya que “puede contribuir directamente a la generación de racismo y xenofobia”, según ha explicado en rueda de prensa la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias del Ejecutivo foral, Begoña Alfaro.

“Desde el punto de vista criminológico, el origen de las personas que delinquen no tiene la más mínima afección, ni para la prevención, ni para la reducción de la criminalidad. Quien diga que publicar el origen de las personas detenidas reduce la delincuencia, miente. Y además lo hace de forma consciente y contra la evidencia científica”, ha indicado Alfaro.

En concreto, el Gobierno estima que “la difusión innecesaria del origen nacional de personas detenidas cuando no resulta relevante para la comprensión de los hechos puede contribuir a un tratamiento discriminatorio indirecto y afectar al derecho al honor, al vincular de forma reiterada determinadas nacionalidades con la criminalidad”.

El Ejecutivo foral argumenta que “la indicación sistemática del país de origen de personas detenidas por la presunta comisión de un delito no es neutra y, además de vulnerar principios básicos de igualdad, proporcionalidad y responsabilidad social, puede actuar como catalizador de racismo y xenofobia”.

Alfaro ha sido preguntada por los medios de comunicación sobre si “se siente cómoda” formando parte del Gobierno de Navarra, que tiene como socio a Geroa Bai (del que forma parte el PNV, que en el Gobierno Vasco sí ha apoyado una iniciativa en este sentido). “Para preguntas de qué motiva al Gobierno Vasco, entiendo que esa pregunta hay que formulársela al Gobierno Vasco. En cualquier caso, la comodidad personal que siento dentro del Gobierno con los compañeros y compañeras del resto de formaciones políticas es total y absoluta”, ha indicado. Según Alfaro, “hay una posición clara dentro del Gobierno” foral, con “total claridad, rotundidad y sustento normativo y jurisprudencial”, de que “esta medida en absoluto ayuda a prevenir el delito”.

“Soy una firme defensora de toda la arquitectura legal que se aprobó tras la Segunda Guerra Mundial, ligada a no discriminar por motivos de género, etnia, raza”, ha añadido. “A mí jamás se me ocurriría, por ejemplo, preguntar por la ideología, la religión de los defraudadores a la Hacienda Foral, de quien incurre un delito de apropiación indebida, prevaricación”. “Porque no ayudaría a prevenir el delito. Y es la misma filosofía que sustenta que hayamos adoptado esta posición”, ha manifestado.

La vicepresidenta Alfaro ha indicado que el posicionamiento del Gobierno de Navarra “se basa en la numerosa legislación europea, estatal y foral contraria a la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión u opinión”.

Así, ha mencionado la recomendación de Política General número 11 de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), que “define el perfilado étnico como el uso, sin justificación objetiva y razonable, de criterios como la raza, el color, la lengua, la religión, la nacionalidad o el origen nacional o étnico en actividades de control o investigación, considerando dichas prácticas como discriminatorias y basadas frecuentemente en estereotipos, que conducen a la criminalización de minorías”.

El Gobierno de Navarra cita además la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que “reconoce el derecho a la igualdad de trato y no discriminación con independencia de la nacionalidad y prohíbe la discriminación directa e indirecta por origen racial o étnico, imponiendo a los poderes públicos un deber de prevención”.

En el ámbito foral, el Plan de Lucha contra el Racismo y la Xenofobia de Navarra aprobado en 2002 “establece, respecto al ámbito de justicia y seguridad, la necesidad de prevenir el racismo institucional, velar por la no discriminación por motivo de raza u origen étnico/migrante en la legislación foral y en la actuación administrativa, dotar a la Administración de mecanismos de observación y control y garantizar prácticas no discriminatorias en la acción de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”.

“Percepción distorsionada y estigmatización colectiva”

La proposición de ley foral de UPN rechazada plantea añadir un nuevo párrafo al apartado 1 del artículo 19 de la Ley Foral 13/2023, con el fin de “establecer la obligación de la Administración Foral de analizar y publicar trimestralmente los países de origen de las personas detenidas por la presunta comisión de un delito”.

Según señala la proposición, “la finalidad es contribuir, junto al análisis de datos, a la caracterización de perfiles de delincuentes, a la prevención de conductas delictivas y a la reducción de la criminalidad”.

Pero “lejos de este punto de vista”, la Dirección de Políticas Migratorias ha emitido un informe en el que considera que “aportar sistemáticamente estos datos contribuye a reforzar estereotipos negativos, promueve la estigmatización colectiva por una conducta individual, genera una percepción distorsionada y puede tener un impacto social acumulativo, ya que aunque una sola mención pueda parecer irrelevante, su reiteración en el discurso puede contribuir a la polarización social, discriminación cotidiana, discurso de odio y violencia simbólica o incluso física contra determinados colectivos”.

“Al oír con frecuencia noticias que destacan el origen extranjero, algunas personas pueden sobreestimar la proporción real de delitos cometidos por población migrante, aunque los datos no lo respalden”, indica el informe.

La portaveu de Vox al Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusat aquest dimarts els partits d'esquerra de ser “còmplices” de “violacions”, de “tràfic d'éssers humans” i del “terrorisme gihadista” per donar suport a la regularització extraordinària de persones migrants en una intervenció que ha elevat la tensió a la Càmera. Malgrat les reiterades peticions de l'oposició, el president de la Càmera, l'ultra Gabriel Le Senne, s'ha negat a retirar les expressions del Diari de Sessions: “No les vull eliminar. És una qüestió política, igual que quan vostès ens dieu feixistes. En aquest Parlament, mentre jo sigui president, la llibertat d'expressió té l'amplitud que jo crec que ha de tenir”.

L'episodi ha tingut lloc durant el debat d'una proposta del PP que, amb el suport de Vox, ha expressat el seu rebuig a la regularització extraordinària de migrants plantejada pel Govern central en considerar que “contribueix a un efecte crida” i “ignora el creixement poblacional a Balears”. Com en altres ocasions, Cañadas ha acudit a una de les falses proclames de l'extrema dreta, la que atribueix als fluxos migratoris la precarització laboral, la baixada de salaris o la inseguretat, tot i que nombrosos informes acadèmics i anàlisis d'organismes públics han qüestionat la relació directa entre migració i criminalitat, i que institucions com el Banc d'Espanya han subratllat la contribució de la població migrant al mercat laboral i al sosteniment del sistema de pensions en un context d'envelliment demogràfic.

En un moment en què l'esquerra retreia a Cañadas les seves paraules, aquesta els etzibava des de la tribuna: “Deixeu de bramar, que són molt pesats”, cosa que ha provocat una ganyota jocosa per part de Le Senne.

Després de la intervenció de la portaveu ultra, l'oposició ha demanat l'empar del reglament perquè Le Senne cridés a l'ordre la diputada i se suprimissin les acusacions de Cañadas en considerar que amb elles ha imputat la presumpta comissió de diversos delictes a altres parlamentaris. “El que demanem és que esborrin les al·lusions que han intentat criminalitzar els grups parlamentaris de l'oposició i una part substancial d'aquesta societat. Vostè té la responsabilitat que aquestes paraules no constin al llibre de sessions”, ha asseverat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, dirigint-se a Le Senne.

Després de la intervenció de la portaveu ultra, l'oposició ha sol·licitat l'empara del reglament perquè Le Senne cridés a l'ordre a la diputada i se suprimissin les acusacions de Cañadas en considerar que amb elles ha imputat la presumpta comissió de diversos delictes a altres parlamentaris. “El que demanem és que s'esborrin les al·lusions que han intentat criminalitzar als grups parlamentaris de l'oposició i a una part substancial d'aquesta societat. Vosté té la responsabilitat que aquestes paraules no constin en el llibre de sessions”, ha asseverat el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, dirigint-se a Le Senne.

Al costat d'ell, els altres portaveus d'esquerres i un exparlamentari de Vox han reclamat que les paraules proferides per Cañades no constessin en el Diari de Sessions en entendre que, fora de l'hemicicle, podrien tenir rellevància penal.

Malgrat això, Le Senne, qui es troba pendent de ser jutjat per un delicte d'odi per trencar en ple hemicicle la fotografia de tres víctimes del franquisme, ha minimitzat el succeït, considerant d'índole “política” el fet que Cañadas hagi relacionat immigració amb delinqüència, per la qual cosa ha considerat que els grups tenen dret a exposar aquesta qüestió, obrint amb això un nou front sobre els límits de la llibertat d'expressió parlamentària que connecta, a més, amb l'estratègia discursiva que la formació d'extrema dreta desplega a nivell estatal.

L'única cosa que el dirigent ultra li ha retret a Cañades ha estat la utilització de l'improperi “pocavergonyes”, qualificant-la “d'excessiva” i emplaçant a la portaveu a retirar-la, al que aquesta s'ha negat de manera expressa. Le Senne, així mateix, ha recriminat als diputats de l'esquerra haver interromput a la seva companya de partit durant el seu torn de paraula.

Per part seva, durant el seu defensa de la iniciativa, la diputada del PP Cristina Gil ha manifestat que la regularització no és més que “una maniobra de pura resistència” del president del Govern, Pedro Sánchez, i “un negoci rodó per a les màfies”. “No som contraris a la regularització, sinó a aquesta regularització”, ha sostingut sobre una mesura que ha considerat “tan improvisada com oportunista”.

“Els volen expulsar pel color de la seva pell”

Des de l'oposició, el portaveu socialista, Iago Negueruela, ha lamentat que el PP i Vox estiguin participant en “una carrera per a veure qui és més racista, qui insulta més i qui té el discurs més xenòfob”. “La regularització és respectar els drets humans de les persones que viuen i treballen aquí”, ha contraposat el socialista, lamentant que la dreta desitjaria que les persones en situació administrativa irregular “no tinguessin drets”. “Diguin a les persones que són aquí que els volen expulsar pel color de la seva pell, la seva religió o la seva manera de pensar”, ha insistit dirigint-se a la bancada popular. “Estan buscant assimilar que les persones migrants venen a cometre delictes, i això no és cert”, ha afegit.

En aquesta línia, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha sostingut que la iniciativa del PP “neix molt torçada” atès que, malgrat que el seu discurs se centra eminentment en les persones que arriben en pastera procedents del nord d'Àfrica, aquests a penes representen un 11% dels migrants que es troben en situació irregular i que, per tant, podrien ser beneficiaris de la mesura del Govern. La ecosoberanista també ha aprofitat la seva intervenció per a tractar de desmuntar alguns dels arguments emprats per Vox per a oposar-se a la regularització, com el referent a l'accés a l'habitatge. “Qui rebenta el mercat immobiliari no són aquestes persones, sinó el 30% d'estrangers que paguen els habitatges d'un cop”, ha defensat.

Le Senne alerta d'una suposada “extinció” dels espanyols

Es dona la circumstància que, diumenge passat, Le Senne va utilitzar l'acte institucional del Dia de Balears per a alertar d'una suposada “extinció” dels espanyols i agitar la teoria conspiranoica del 'gran reemplaçament', una tesi sense base científica que sosté que la població europea estaria sent substituïda demogràficament per persones migrants, especialment d'origen no europeu. Es tracta d'un discurs ideològic àmpliament difós per la formació d'extrema dreta a Espanya, partits afins a França, Itàlia o Alemanya i nombrosos grups neonazis europeus que ha portat a endurir la política migratòria en les Comunitats Autònomes en les quals el PP governa de la mà de Vox.

El dirigent va asseverar que les autoritats tenen l'obligació de “complir i fer complir” la llei davant el que va definir com un fenomen “d'immigració massiva”, advertint que “sense control de fronteres, l'Estat queda a la mercè de qualsevol invasor estranger”, la qual cosa, en la seva opinió, podria derivar en un “Estat fallit” i la consegüent implantació de “la llei de la selva”.

Cal recordar, a més, que el passat 17 de febrer Vox va tirar endavant, amb l'aval dels populars, una proposició no de llei (PNL) que insta el Govern central a deportar a les persones migrants que, encara que es trobin en situació legal, cometin algun delicte greu o facin del delicte lleu “la seva forma de vida”, així com a aquells que “decideixin no integrar-se en la cultura de la nació que l'acull o intenti imposar la seva”.

La proposta apel·la a l'anomenada “remigració”, un terme que l'extrema dreta europea ha popularitzat en els últims anys com a consigna política, sota la qual agrupen propostes com la devolució massiva de migrants -i fins i tot de ciutadans nacionalitzats- per motius culturals o identitaris. El postulat, que no forma part del marc jurídic espanyol ni de la legislació d'altres països europeus, ha estat abanderada especialment per sectors de la ultradreta alemanya vinculats a Alternativa per a Alemanya (AfD) així com per formacions ultres a Àustria i França. A Espanya, Vox ho ha incorporat al seu discurs com a eix de la seva ofensiva migratòria.

La portavoz de Vox en el Parlament balear, Manuela Cañadas, ha acusado este martes a los partidos de izquierda de ser “cómplices” de “violaciones”, de “tráfico de seres humanos” y del “terrorismo yihadista” por apoyar la regularización extraordinaria de personas migrantes en una intervención que ha elevado la tensión en la Cámara. Pese a las reiteradas peticiones de la oposición, el presidente de la Cámara, el ultra Gabriel Le Senne, se ha negado a retirar las expresiones del Diario de Sesiones: “No las voy a eliminar. Es una cuestión política, igual que cuando ustedes nos llaman fascistas. En este Parlament, mientras yo sea presidente, la libertad de expresión tiene la amplitud que yo creo que debe tener”.

El episodio ha tenido lugar durante el debate de una propuesta del PP que, con el apoyo de Vox, ha expresado su rechazo a la regularización extraordinaria de migrantes planteada por el Gobierno central al considerar que “contribuye a un efecto llamada” e “ignora el crecimiento poblacional en Balears”. Como en otras ocasiones, Cañadas ha acudido a una de las falsas proclamas de la extrema derecha, la que atribuye a los flujos migratorios la precarización laboral, la bajada de salarios o la inseguridad, a pesar de que numerosos informes académicos y análisis de organismos públicos han cuestionado la relación directa entre migración y criminalidad, y de que instituciones como el Banco de España han subrayado la contribución de la población migrante al mercado laboral y al sostenimiento del sistema de pensiones en un contexto de envejecimiento demográfico.

En un momento en el que la izquierda reprochaba a Cañadas sus palabras, ésta les espetaba desde la tribuna: “Dejen de bramar, que son muy pesados”, lo que ha provocado una mueca jocosa por parte de Le Senne.

Tras la intervención de la portavoz ultra, la oposición ha solicitado el amparo del reglamento para que Le Senne llamara al orden a la diputada y se suprimieran las acusaciones de Cañadas al considerar que con ellas ha imputado la presunta comisión de varios delitos a otros parlamentarios. “Lo que pedimos es que se borren las alusiones que han intentado criminalizar a los grupos parlamentarios de la oposición y a una parte sustancial de esta sociedad. Uste tiene la responsabilidad de que estas palabras no consten en el libro de sesiones”, ha aseverado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, dirigiéndose a Le Senne.

Junto a él, los demás portavoces de izquierdas y un exparlamentario de Vox han reclamado que las palabras proferidas por Cañadas no constaran en el Diario de Sesiones al entender que, fuera del hemiciclo, podrían tener relevancia penal.

Pese a ello, Le Senne, quien se encuentra pendiente de ser juzgado por un delito de odio por romper en pleno hemiciclo la fotografía de tres víctimas del franquismo, ha minimizado lo sucedido, considerando de índole “política” el hecho de que Cañadas haya relacionado inmigración con delincuencia, por lo que ha considerado que los grupos tienen derecho a exponer esta cuestión, abriendo con ello un nuevo frente sobre los límites de la libertad de expresión parlamentaria que conecta, además, con la estrategia discursiva que la formación de extrema derecha despliega a nivel estatal.

Lo único que el dirigente ultra le ha reprochado a Cañadas ha sido la utilización del improperio “sinvergüenzas”, calificándola de “excesiva” y emplazando a la portavoz a retirarla, a lo que ésta se ha negado de forma expresa. Le Senne, asimismo, ha recriminado a los diputados de la izquierda haber interrumpido a su compañera de partido durante su turno de palabra.

Por su parte, durante su defensa de la iniciativa, la diputada del PP Cristina Gil ha manifestado que la regularización no es más que “una maniobra de pura resistencia” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y “un negocio redondo para las mafias”. “No somos contrarios a la regularización, sino a esta regularización”, ha sostenido sobre una medida que ha considerado “tan improvisada como oportunista”.

“Los quieren expulsar por el color de su piel”

Desde la oposición, el portavoz socialista, Iago Negueruela, ha lamentado que el PP y Vox estén participando en “una carrera para ver quién es más racista, quien insulta más y quien tiene el discurso más xenófobo”. “La regularización es respetar los derechos humanos de las personas que viven y trabajan aquí”, ha contrapuesto el socialista, lamentando que la derecha desearía que las personas en situación administrativa irregular “no tuvieran derechos”. “Díganles a las personas que están aquí que los quieren expulsar por el color de su piel, su religión o su forma de pensar”, ha insistido dirigiéndose a la bancada popular. “Están buscando asimilar que las personas migrantes vienen a cometer delitos, y eso no es cierto”, ha añadido.

En esta línea, la diputada de Més per Mallorca Marta Carrió ha sostenido que la iniciativa del PP “nace muy torcida” dado que, pese a que su discurso se centra eminentemente en las personas que llegan en patera procedentes del norte de África, estos apenas representan un 11% de los migrantes que se encuentran en situación irregular y que, por lo tanto, podrían ser beneficiarios de la medida del Gobierno. La ecosoberanista también ha aprovechado su intervención para tratar de desmontar algunos de los argumentos empleados por Vox para oponerse a la regularización, como el referente al acceso a la vivienda. “Quien revienta el mercado inmobiliario no son estas personas, sino el 30% de extranjeros que pagan las viviendas a tocateja”, ha defendido.

Le Senne alerta de una supuesta “extinción” de los españoles

Se da la circunstancia de que, el pasado domingo, Le Senne utilizó el acto institucional del Día de Balears para alertar de una supuesta “extinción” de los españoles y agitar la teoría conspiranoica del 'gran reemplazo', una tesis sin base científica que sostiene que la población europea estaría siendo sustituida demográficamente por personas migrantes, especialmente de origen no europeo. Se trata de un discurso ideológico ampliamente difundido por la formación de extrema derecha en España, partidos afines en Francia, Italia o Alemania y numerosos grupos neonazis europeos que ha llevado a endurecer la política migratoria en las Comunidades Autónomas en las que el PP gobierna de la mano de Vox.

El dirigente aseveró que las autoridades tienen la obligación de “cumplir y hacer cumplir” la ley ante lo que definió como un fenómeno de “inmigración masiva”, advirtiendo de que “sin control de fronteras, el Estado queda a merced de cualquier invasor extranjero”, lo que, en su opinión, podría derivar en un “Estado fallido” y la consiguiente implantación de “la ley de la selva”.

Cabe recordar, además, que el pasado 17 de febrero Vox sacó adelante, con el aval de los populares, una proposición no de ley (PNL) que insta al Gobierno central a deportar a las personas migrantes que, aunque se encuentren en situación legal, cometan algún delito grave o hagan del delito leve “su forma de vida”, así como a aquellos que “decidan no integrarse en la cultura de la nación que la acoge o intente imponer la suya”.

La propuesta apela a la llamada “remigración”, un término que la extrema derecha europea ha popularizado en los últimos años como consigna política, bajo la cual agrupan propuestas como la devolución masiva de migrantes -e incluso de ciudadanos nacionalizados- por motivos culturales o identitarios. El postulado, que no forma parte del marco jurídico español ni de la legislación de otros países europeos, ha sido abanderada especialmente por sectores de la ultraderecha alemana vinculados a Alternativa para Alemania (AfD) así como por formaciones ultras en Austria y Francia. En España, Vox lo ha incorporado a su discurso como eje de su ofensiva migratoria.

En diciembre, la diputada de Vox Patricia de las Heras aprovechó una pregunta rutinaria de control al Govern para realizar una defensa explícita de las armas de fuego ante las agresiones con arma blanca: “Si queremos exigir a los agentes que actúen con la pericia necesaria ante un desalmado, un desquiciado o un practicante de la religión de la paz que ataque a nuestros ciudadanos deben disparar y hacerlo con toda la pericia necesaria para ello”, llegó a espetar, aludiendo de este modo a una de las proclamas más difundidas por la derecha y la extrema derecha, la que relaciona la inmigración y la religión musulmana con la delincuencia y la violencia y que ha sido ampliamente desmentida por las fuentes oficiales y numerosos estudios científicos.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de prisión y 720 euros de multa a un vecino de una localidad del valle de Baztan de Navarra que entre 2020 y 2023 envió correos electrónicos a diversas empresas para que no contrataran a trabajadores inmigrantes. Se le ha condenado por un delito de odio y se ha acordado la suspensión de la pena de prisión con la condición de que el condenado no delinca en dos años y cumpla un programa formativo en materia de igualdad.

En los correos, enviados de manera anónima a varias empresas, entre ellas una residencia de Estella, se pedía que, “de cara a la posible reactivación económica” tras la pandemia, se “nacionalizara” la plantilla de trabajadores. Para ello, el autor del correo indicaba la forma en la que se debía realizar tal acción, esto es, “sustituir inmigrantes por nacionales” o, en caso de “aumentar la plantilla, a contratar solo nacionales”. Asimismo, el texto añadía: “Obviamente marroquíes ninguno”, una frase en la que la Fiscalía ve un claro “rechazo racista expreso y contundente hacia las personas nacionales de Marruecos”, por lo que ha decidido denunciar los hechos.

Pero el mensaje no se quedaba ahí. En un siguiente párrafo se incluía una amenaza a las empresas en caso de que no atendieran a sus reclamaciones. “Sabemos ya qué empresas tienen demasiados extranjeros y con esa información se han hecho listados de empresas según sectores para que la gente sepa a quien da empleo con su dinero. La contratación es libre, pero el consumo también”, rezaba el mensaje.

Según consta en la resolución judicial, los mails remitidos por el acusado tenían como finalidad extender el sentimiento de rechazo hacia los inmigrantes, ya que se anunciaba la confección de un listado de las empresas que tenían demasiados de ellos contratados, “con el fin de que la gente tuviera conocimiento de ello, vinculando así, veladamente, ese conocimiento al consumo”.

La Audiencia de Navarra señala que con el fin de reparar el daño causado a las personas que recibieron el mensaje, “y como forma de restaurar la convivencia social y las normas democráticas de convivencia”, el procesado remitió otro correo con posterioridad.

“Por este medio, quisiera disculparme porque entiendo que el contenido del mismo ha contribuido al clima de odio y prejuicio hacia la comunidad de inmigrantes, y ha causado un dolor significativo y un sentimiento de inseguridad y rechazo hacia los mismos. Le comunico que voy a reconocer mi responsabilidad en los hechos de acusación en la causa penal dirigida contra mí por estos hechos, ya que, además, ello contribuye a mi compromiso de promover un entorno de respeto, tolerancia y convivencia, propias de nuestro estado social y democrático de derecho”, rezaba el correo electrónico.

Por ello, los magistrados concluyen que los hechos enjuiciados son constitutivos de un delito cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas garantizados por la Constitución, con la concurrencia de la atenuante muy cualificada de reparación del daño.

El líder del grupo neonazi 'Deport Them Now', investigado por promover los disturbios racistas en Torre Pacheco (Murcia), ya no está en prisión preventiva. Así lo decidió la Audiencia de Barcelona en noviembre, en un auto al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los magistrados destacaron que la investigación no está avanzando ni se ha aportado, por parte de la Guardia Civil, el informe sobre las comunicaciones por redes sociales del joven —arrestado en julio de 2025— con el resto del grupo ultra.

Los Comuns, que ejercen la acusación popular, quieren dar un impulso al caso y han planteado a la magistrada una batería de diligencias para que “a la mayor brevedad” se descubran las conexiones internacionales de 'Deport Them Now' y cómo se relacionaban los integrantes del grupo en Catalunya.

En su escrito, el diputado de los Comuns en el Parlament Andrés García Berrio y el abogado Xavier Muñoz reclaman que el equipo conjunto de Guardia Civil y Mossos d'Esquadra encargado de las pesquisas “proceda al análisis forense completo” de todos los dispositivos electrónicos incautados al joven C.L.

El análisis, agregan el parlamentario y el letrado, debe centrarse en “investigar la estructura y las conexiones nacionales e internacionales” del investigado y del grupo neonazi, toda vez que constan viajes a Italia del líder neonazi en congresos de la extrema derecha, donde se presentaba como jefe de 'Deport Them Now'.

“Cuesta mucho entender que más de medio año después en la causa de 'Deport Them Now' haya una sola persona investigada”, lamenta García Berrio, que recuerda que el grupo neonazi se manifestó “al menos en cuatro ocasiones al lado de Vox”. El departamento de Interior, agrega el parlamentario, “tiene que garantizar más medios y más determinación para hacer frente a un problema de seguridad tan importante como es la ultraderecha violenta”.

El joven neonazi C.L. ingresó en prisión preventiva el 17 de julio del año pasado. En agosto, la Sala de Vacaciones de la Audiencia de Barcelona avaló la decisión de la jueza de Mataró al apreciar que persistía en el neonazi el riesgo de reiteración delictiva —que llamara a nuevos disturbios racistas— y el peligro de que destruyera, ocultara o alterara pruebas clave para la causa. Son dos de los motivos que marca la ley para encarcelar a un investigado antes del juicio.

La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, formada por magistrados distintos a la Sala de Vacaciones, sí atendió un nuevo recurso del neonazi y acordó su libertad inmediata el pasado 13 de noviembre, en contra del criterio de la Fiscalía.

En su auto, los magistrados dejaron sin efecto la prisión preventiva, pero mantuvieron la prohibición a C.L. de acceder a cualquier tipo de red social, que fue el canal a través del que llamó a los disturbios en Torre Pacheco.

El paso del tiempo y la falta de avances sustanciales en la causa fueron los motivos en los que se apoyó la Audiencia para dejar libre a C.L. Entendió el tribunal que, desde el ingreso en prisión del neonazi en julio, “había mediado tiempo suficiente” para haber realizado el análisis de sus comunicaciones tanto en redes sociales como con el resto de miembros de 'Deport Them Now'.

Entre una decisión judicial y otra, el neonazi cambió de defensa: de un letrado del turno de oficio de Mataró pasó a ser asistido por el abogado Juan Cremades, conocido en Catalunya por ser el abogado de Vox en varias causas judiciales.

La respuesta de los Comuns

Además de las conexiones internacionales del grupo, los Comuns, en línea con la Fiscalía, reclaman acelerar la investigación de otros ataques racistas que el grupo promovió en Catalunya antes de los que le dieron relevancia nacional en Torre Pacheco.

Por ello solicitan que la comisaría general de información de los Mossos y los servicios de información de extremismos violentos de la Guardia Civil, entreguen al juzgado “toda la información de la que dispongan sobre la actividad” de 'Deport Them Now 'y sus miembros en Catalunya entre marzo y julio de 2025.

“Especialmente —incide el escrito—, que [los cuerpos policiales] reporten el contenido de los mensajes enviados en redes sociales desde inicios de 2025, y específicamente en Telegram, incorporando toda la información relativa al canal 'Deport Them Now Catalunya'”.

También se pide a los Mossos que aporten “la filiación” del resto de miembros del grupo (por ahora hay solo un investigado), y que amplíen un informe en el que mencionaban que ya tenían identificados a varios de sus integrantes. Todos ellos, indicó la policía catalana, “serían personas ya conocidas por su ideología de ultraderecha y neonazi y la mayor parte residirían en Sabadell”.

Los Comuns quieren averiguar si 'Deport Them Now' está detrás de dos incidentes racistas ocurridos en las mismas fechas que los disturbios de Torre Pacheco: el ataque a un restaurante kebab de Sabadell y a una mezquita de Piera (Barcelona).

No sé a ti, pero la noticia que más me impactó la semana pasada fue la muerte accidental de cinco adolescentes, asfixiados en un incendio en Manlleu, Barcelona. Cinco chavales de entre 14 y 17 años, que son las edades de dos de mis hijas. Cinco chicos que pasaban la tarde en un trastero abandonado, como yo en mi adolescencia me metía en cualquier sitio con mis amigos a falta de espacios propios. Cinco críos que tal vez fumaban o jugaban con el gas de la risa, como tantos que a su edad tonteábamos con cualquier sustancia prohibida, lo mismo alcohol que tabaco o ciertas drogas.

Me enteré el martes a primera hora, y pasé todo el día sin apenas ver noticias por estar de viaje y atendiendo compromisos de trabajo. Cuando a la noche llegué a mi habitación de hotel, comprobé que la noticia se había caído de la mayoría de portadas y no parecía ser uno de los temas del día, salvo en la prensa catalana. Al día siguiente, la muerte de cinco críos había bajado a páginas interiores en la mayoría de medios nacionales, y fue diluyéndose a lo largo de la semana, ya solo como noticia local. Yo seguía impactado, y me chocó ver el corto recorrido de una noticia tan terrible.

Es cierto que en la localidad de Manlleu, en el barrio donde vivían los chavales y en los dos institutos donde estudiaban, la conmoción sigue siendo enorme. También es cierto que el alcalde de la ciudad, y el presidente Illa, se mostraron muy sensibles al dolor de familias y amigos. Pero más allá de Manlleu, o como mucho de Cataluña, no me parecía que la sociedad española y los grandes medios estuviésemos muy impresionados por una noticia, insisto, espantosa: cinco adolescentes muertos en un incendio.

La pregunta es obvia, no por ello hay que dejar de hacerla: ¿Tiene que ver con que los chicos muertos se llamasen Mohamed, Mustafa, Amin, Mohamed y Adam? ¿Con que sus familias son inmigrantes de origen marroquí, aunque ellos fuesen nacidos o criados desde pequeños en Cataluña? ¿Con que fuesen musulmanes, y además humildes?

¿Habría tenido su muerte el mismo impacto social, y recibido la misma atención mediática, si tuviesen nombres castellanos o catalanes, y fuesen españoles “de toda la vida”? Es fácil imaginar una noticia similar protagonizada por cinco adolescentes que se llamasen Carlos o Manel, apellidados García o Pujol. Incluso si fuesen extranjeros, pero no “moros”. Si además viviesen en un barrio de clase media, y no digamos un barrio de clase alta, llevaríamos toda la semana hablando de ellos, conoceríamos hasta el último detalle humano de sus cortas biografías (sus aficiones, sus equipos de fútbol, qué querían ser de mayores…), se multiplicarían las muestras de solidaridad, y no habríamos leído en los comentarios de las noticias ni en las redes sociales insinuaciones sobre “qué estarían haciendo esos en un trastero”, “qué estarían metiéndose”, o expresiones directamente racistas o xenófobas.

No señalo a nadie: es probable que yo mismo estuviese más impresionado con otros perfiles de chavales, no soy ajeno al racismo dominante ni a la deshumanización que los Mohameds y Mustafás vienen sufriendo entre nosotros desde la ultraderecha, las redes sociales y cierto periodismo sensacionalista. El “kilómetro sentimental”, ese concepto periodístico por el que sentimos más empatía por unos muertos que por otros dependiendo de su cercanía geográfica o cultural (diez muertos en Europa o Estados Unidos merecen más atención que doscientos muertos en cualquier lugar de África), opera también con quienes conviven con nosotros, incluso aunque sean tan de aquí como nuestros hijos, pero que no terminamos de sentir “de los nuestros”. Todo mi cariño para sus familias y amigos, descansen en paz.

Los Mossos d'Esquadra han detenido a cuatro jóvenes, de entre 20 y 24 años, vinculados al grupo ultra Núcleo Nacional por pintadas xenófobas. Las detenciones se han producido en Sant Boi de Llobregat, en Barcelona, según informa la policía catalana.

A los detenidos se les considera presuntos autores de un delito de odio por haber realizado diversas pintadas de carácter islamófobo, contra los migrantes, y también contra partidos de izquierdas. Se trata de mensajes que habían ido apareciendo en la localidad desde junio de 2025 hasta la actualidad.

Las pintadas aparecieron por toda la ciudad, especialmente en el centro y cerca de un oratorio islámico y de locales comerciales regentados por personas de origen migrante, señala la policía en el comunicado. Posteriormente, se publicitaban los mensajes en las redes sociales.

Los Mossos explican que tras las investigaciones se identificaron a los presuntos responsables, que fueron detenidos el pasado 28 de enero. Posteriormente pasaron a disposición judicial en la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sant Boi.

La policía les relaciona con la organización de ultraderecha Núcleo Nacional, puesto que las pintadas que hacían incluían pegatinas de esta organización. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones.

Núcleo Nacional trató de desembarcar en Barcelona el pasado mes de enero, inicialmente con la anunciada inauguración de una sede en la capital catalana. Sin embargo, lo que hicieron fue un acto del grupo ultra en Sentmenat que fue rechazado por cientos de activistas antifascistas en una concentración que acabó con cargas policiales.

Un minuto antes de que Pedro Casares, secretario general del PSOE de Cantabria, empezara a hablar en una rueda de prensa urgente este miércoles, la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), colgó un mensaje en sus redes sociales en el que se disculpaba por primera vez en relación al conflicto que generó tras calificar de “castigo” la instalación del centro de menores migrantes que el Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) había decidido ubicar en el centro del pueblo y que desde el Consistorio habían amenazado con cerrar e incluso con cortar la luz y el agua.

El inicio de la comparecencia de Casares se retrasó un cuarto de hora coincidiendo casi simultáneamente con el momento en el que la alcaldesa socialista hacía pública su petición de disculpas, que Cueto ha ejecutado de la misma forma en que inició la polémica: en su perfil personal de Facebook. Pero esta vez, en plural mayestático y sin decir abiertamente a qué se refería: “Desde Cartes pedimos perdón por todo lo que está sucediendo en torno a un tema tan sensible”, ha dejado por escrito.

Sobre sus palabras, Casares ha dicho que eran “humildes”, aceptando la equivocación que había cometido, y ha rechazado cualquier medida disciplinaria contra la gestión de la alcaldesa. A cambio, ha sido crítico por primera vez, sin llegar a decir el nombre de la regidora: “Creo que en el Ayuntamiento se han equivocado, se han precipitado”, ha considerado el secretario general de los socialistas cántabros, en un tono muy distinto al empleado tan solo unos horas antes desde su cargo institucional.

El guion político ha cambiado en cuestión de doce horas: Pedro Casares ha pasado de enviar un comunicado como delegado del Gobierno en Cantabria sin valorar la gestión de la alcaldesa de Cartes, miembro de su propio partido, a reconocer sus errores sin dejar de respaldarla en rueda de prensa, como líder del PSOE. Por acción u omisión, en ambos casos ha mantenido su confianza en la alcaldesa que, en las últimas horas, ha iniciado un procedimiento administrativo para paralizar la puesta en marcha de este hogar de emergencia, amenazando incluso con el desalojo y el corte de los suministros básicos.

Durante su intervención, Casares ha cuestionado que Cueto se amparase “en informes técnicos y administrativos” para oponerse al centro de menores en Cartes, después de advertir que en la cúpula socialista “no se ha planteado la expulsión” de la alcaldesa ni tomar ninguna represalia desde el Comité de Ética del partido.

Tras esta reacción, y después de que en las últimas horas se produjeran incluso pronunciamientos a nivel nacional desde el Ministerio de Juventud e Infancia, Casares ha sido por primera vez crítico con la alcaldesa, pero ha subrayado varias veces de que su petición de cese no ha estado sobre la mesa. El secretario general del PSOE cántabro ha afirmado que los menores seguirán en el centro, aunque ha dicho que el edificio es “inadecuado según los expertos”.

Por otro lado, Casares ha considerado que la alcaldesa de Cartes, la socialista Lorena Cueto, “ha podido equivocarse y precipitarse”, pero ha valorado que haya pedido perdón: “Rectificar con humildad también es un derecho y un valor”. “Es buena alcaldesa y buena persona”, ha subrayado.

Antecedentes del conflicto

Esto ha sucedido un día después de conocer que la alcaldesa de Cartes, Lorena Cueto (PSOE), había ordenado la paralización del hogar de acogida para menores migrantes que iba a establecerse en el municipio, bajo un argumento urbanístico: el edificio está en una calle, el Camino Real, que está protegida como parte del patrimonio histórico del pueblo y el edificio no tiene licencia para este tipo de actividad asistencial. Este fue el mismo motivo que la alcaldesa adujo, hace una semana, cuando en redes sociales calificó de “castigo” el centro de menores, pero en esta última ocasión, con una justificación técnica.

Esta resolución fue anunciada el martes por la tarde por la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río (PP), que anunció medidas cautelares para frenar esta decisión municipal, que este miércoles presentaría formalmente. A sus palabras respondió la alcaldesa de Cartes después, por escrito, diciendo que no era una paralización, si no “una petición técnica”. “No solo vamos a garantizar su acogida, vamos a garantizar su bienestar y su protección para que Cartes sea su hogar”, aseguró la misma persona que previamente calificó esta instalación como “un castigo”.

La noche del martes, horas después de la rueda de prensa de la consejera, Casares, en su comunicado, pidió una cosa y la contraria: por un lado decía que “la única prioridad” debía ser “el bienestar, la protección y la seguridad de los menores” y por otro decía que “hay que sacar a los menores del debate” por ser el “caso manifiesto de la utilización partidista de unos niños”. Este miércoles, Casares ha dicho que “el sentido común me pide pedir perdón en nombre de otros y de otras porque lo que vemos no representa ni los valores del PSOE ni de Cantabria”, dejando como insinuación la crítica.

Batalla institucional

Además, el líder de los socialistas ha asegurado que “muchos cántabros y muchos socialistas sienten estos días dolor, indignación, humillación y rechazo” por la situación generada en torno al centro de acogida de menores en Cartes con lo que ha calificado como una “batalla institucional” entre el Gobierno de Cantabria, administración competente de la acogida, y el Ayuntamiento en el que se ubica este hogar de emergencia para niños y jóvenes.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno autonómico “alega contra cada expediente” de llegada de menores migrantes a la comunidad. “Solicitan la no acogida en Cantabria e incluso afirman que se debería iniciar el proceso de repatriación a su país”, ha indicado. También ha rechazado el proceder de un Ayuntamiento “que se ampara en informes técnicos y jurídicos para defender lo indefendible”.

Si alguien, en un futuro más o menos cercano, ha de tener miedo de andar solo de noche por las calles de Cartes, no será ningún vecino, sino cualquier menor migrante que tenga que residir en este municipio. 

Cartes, como seguramente ahora cualquier otro ayuntamiento de Cantabria, ha caído preso del miedo, del pánico ante 'el otro' y de ahí solo media un paso a los plenos protagonizados por los más airados, a las vigilias a las puertas de centros de acogida vacíos, a cargos públicos que han hecho del soplar y sorber a la vez un oficio y un artificio propios de malabaristas. 

Los jóvenes migrantes concentrados en la España insular y periférica serán repartidos por todo el país, siendo 18 los que ahora puede recibir Cantabria, territorio capaz de dar cabida a 600.000 habitantes, abrir sus puertas a 400.000 turistas cada año y gestionar un presupuesto de 3.500 millones de euros. Se conoce que Cantabria ya está al límite y no tiene capacidad de albergar a más. O tal vez sí y que no sea un territorio de acogida ante los que sufren, sino un espacio que tiene derecho reservado de admisión, léase xenófobo.

El Gobierno autonómico (PP), después de que Camargo, municipio de su signo político, se negara a una inversión de 30 millones de euros para acoger a refugiados menores de edad, ha devuelto la pelota a los socialistas, eligiendo un municipio de este signo político, como es Cartes, sabedor de que una cosa es predicar y otra dar trigo.

El miedo es la COVID de la democracia. Sabemos que el miedo es una enfermedad muy contagiosa cuya velocidad de propagación es proporcionalmente directa a la desinformación, los bulos y el desconocimiento de los datos reales. Porque los datos ya no importan, lo que importan son las sensaciones. 

Yendo a lo práctico, y visto que sacar a relucir los datos contrastados es un trabajo absurdo, solo queda preguntarse dónde estaban los contrapesos hace unos días. En el pleno de la pasada semana, ¿dónde estaban los líderes de partidos para arropar a la alcaldesa? ¿Dónde estaban las organizaciones que trabajan por la defensa de los derechos humanos? ¿Dónde estaban los vecinos de Cartes que conservan un mínimo de racionalidad y no salen corriendo como pollos descabezados? 

Después han ido llegando, con concentraciones como las de IU, pero también han llegado los que cuelgan carteles y pescan en el caldero revuelto del odio.

El miedo es libre, pero el engaño es deliberado. Puedo entender el miedo, pero no los argumentos torticeros de los que propalan infundios y mucho menos las excusas para escurrir el bulto. Decir que la casa de acogida es pequeña y que los menores estarán hacinados, calificar la mera llegada como un castigo, dar por supuestos delitos sin que haya ocurrido nada, decir que Cartes no es lugar adecuado porque tiene dos torreones al final de una calle, insinuar que el municipio puede ser solidario, pero en otro lugar o de otra forma (?), decir… tal vez habría que empezar por dejarse de fariseísmos, decir lo que se piensa de verdad y lo que se piensa es en la pérdida de votos ante la oleada de xenofobia que sacude nuestras sociedades. Ese es otro tipo de miedo.

El municipio de Cartes era conocido estos días por dos cosas: por sus torreones y por encabezar el ranking mundial de árboles de Navidad más altos. A partir de ahora lo será por una tercera: ser un municipio inamistoso. 

Es fácil presumir de buenos sentimientos en Navidad, lo difícil es practicarlo el resto del año.

Cuando en 2020 Modou decidió participar en una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca, en la Región de Murcia, contra el racismo y la xenofobia, no podía imaginar que, apenas cinco años después, sus compatriotas de Senegal, peones agrícolas como él, tendrían que enfrentarse a serios obstáculos para lograr el sueño que él sí pudo ver cumplido: reunirse con su esposa y, juntos, ver crecer a su hija.

Este municipio murciano no puede entenderse sin la presencia de personas y familias migrantes que conforman una parte significativa de su tejido social y laboral. Según datos recientes del padrón municipal, cerca de un 12% del total de su población —98.969 habitantes— nació fuera de España, con flujos procedentes de países como Marruecos, Ecuador, Colombia, Bolivia, Ghana o Senegal. Comunidades que han dinamizado sectores fundamentales como la agricultura, la hostelería o los servicios domésticos, y que contribuyen a frenar el envejecimiento demográfico, a dotar de trabajadores el campo de Lorca y a ocuparse del cuidado de personas ancianas y dependientes.

Sin embargo, las aportaciones de las personas migrantes y sus derechos han vuelto a ser puestos en entredicho con la última decisión política del Ayuntamiento de Lorca. Y es que, el Gobierno municipal, formado por el PP y Vox, con esta última formación —el autodenominado “partido de la familia”— al frente de la Concejalía de Servicios Sociales, ha anunciado el endurecimiento de las condiciones para emitir informes favorables de inserción social y de idoneidad de la vivienda, indispensables para que las personas extranjeras puedan conseguir la reagrupación familiar.

Esta decisión ha generado alarma entre colectivos sociales, juristas y organizaciones de derechos humanos que interpretan el cambio como un endurecimiento que pone en riesgo el acceso efectivo de las familias migrantes a un derecho legalmente reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en tratados internacionales como los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, la Carta Social Europea o el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Reagrupación familiar: un derecho reconocido y sus mecanismos legales

La reagrupación familiar no es una concesión discrecional ni una medida de gracia, sino un derecho que también está regulado en la legislación española. Concretamente, en los artículos 17 y 18 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Tal y como explican desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las personas extranjeras que residen legalmente en España pueden solicitar la reunión con familiares cercanos —como cónyuges, hijos menores o ascendientes— siempre que se cumplan ciertos requisitos, básicamente, medios económicos suficientes y vivienda adecuada.

La importancia de este derecho no es sólo legal sino profundamente humana. Para miles de familias migrantes, la reagrupación significa la posibilidad de reconstruir la vida cotidiana, facilitar la escolarización de los hijos e hijas, acceder conjuntamente a la sanidad, y construir un proyecto vital estable —y muchas veces seguro— en el lugar donde residen.

ACNUR (la Agencia de la ONU para los Refugiados) también reconoce que la reagrupación familiar es una herramienta central para proteger a las personas bajo protección temporal o internacional, permitiéndoles reunirse con cónyuges, hijos o progenitores que dependían de ellos y que están fuera del espacio Schengen.

El relato de Vox: acusaciones y funcionarios en el punto de mira

En Lorca, la concejala de Servicios Sociales, María Castillo (Vox) defiende el nuevo enfoque de su departamento con un mensaje que ha levantado ampollas entre los empleados municipales. Asegura que desde su llegada a este departamento “los informes [de arraigo y de idoneidad de la vivienda] han dejado de emitirse de forma automática” y ahora se realizan “con rigor legal y técnico”, con visitas domiciliarias “reales” y “comprobación exhaustiva de los requisitos”. La edil presume de estadísticas: desde 2024, solo se han emitido un 30% de informes favorables frente a un 70% desfavorables, cuando antes “prácticamente todos eran favorables”.

Lo que no cuenta Castillo es que esos datos encierran una trampa. Esta redacción ha tenido acceso a documentos administrativos oficiales que acreditan que, durante el anterior mandato corporativo, centenares de expedientes de reagrupación fueron archivados al no quedar acreditados los requisitos necesarios para acceder a este derecho. En esos casos, lo que no hacían los funcionarios era entregar dictámenes desfavorables a los interesados, al no resultarles de ninguna utilidad, puesto que los únicos válidos para solicitar la reagrupación familiar son los favorables.

Al no aclarar este aspecto, el subtexto de las declaraciones de Castillo es otro muy distinto: durante años, funcionarios municipales habrían actuado de forma negligente, emitiendo informes “automáticos”, sin visitas ni comprobaciones y, por tanto, incumpliendo la ley. Vox lanza así una sombra de sospecha sobre el trabajo de los profesionales de Servicios Sociales.

Dentro del propio Ayuntamiento el malestar es patente. Varios trabajadores, que prefieren no dar su nombre por temor a represalias, rechazan de plano estas acusaciones. “Es muy duro que la persona que está políticamente al frente de la concejalía nos acuse de hacer nuestro trabajo fuera de la ley”, explica una trabajadora social. “Siempre ha habido visitas, entrevistas y valoración técnica. La diferencia es que antes se entendía que nuestro papel era facilitar derechos, no bloquearlos”.

Desde el Colegio Oficial de Trabajo Social de la Región de Murcia, su presidente, Juan Carrión Tudela, se ha dirigido por carta al alcalde del municipio, Fulgencio Gil (PP), para expresarle el malestar de este colectivo por unas declaraciones que “trasladan a la ciudadanía un mensaje sesgado y estigmatizante que puede contribuir a la desinformación, la desconfianza hacia los Servicios Sociales y el rechazo hacia colectivos en situación de vulnerabilidad”. Para Carrión, es “preocupante” que se interprete como algo positivo la limitación en el acceso a derechos reconocidos legalmente. Más aún cuando ese mensaje se lanza desde la Concejalía de Derechos y Servicios Sociales, “que tiene entre sus funciones la de garantizar el respeto y la protección de los derechos de todas las personas, incluyendo colectivos vulnerables y personas extranjeras”.

elDiario.es Región de Murcia también se ha puesto en contacto con los representantes de los trabajadores afectados por las afirmaciones de la concejala de Vox. Fuentes de UGT han censurado duramente las acusaciones de Castillo, a quien han acusado de hacer una “instrumentalización política de los Servicios Sociales” y de intentar convertir este servicio público en “una herramienta de control ideológico”. Desde CC.OO. han declinado hacer declaraciones al respecto.

Del enfoque garantista al restrictivo

Más allá de la retórica, lo que describen profesionales y entidades sociales es un cambio de criterio. Donde antes se evaluaba si una vivienda era razonablemente adecuada para una familia concreta, ahora se obliga a realizar interpretaciones mucho más restrictivas de los estándares. Donde antes se valoraba el conjunto de la situación social, ahora se enfatizan los elementos que permiten un informe desfavorable.

Este giro no es exclusivo de Lorca. Forma parte de una tendencia más amplia impulsada por la extrema derecha allí donde gobierna o influye, que consiste en utilizar procedimientos administrativos como barrera indirecta a la inmigración. No se cambia la ley, pero se endurece su aplicación hasta vaciarla de contenido.

La socialista María Dolores Chumillas, edil de Servicios Sociales en Lorca en el anterior mandato corporativo, advierte de las consecuencias de endurecer las condiciones para el reagrupamiento: “Hablamos de familias separadas durante años, de niños y niñas que crecen lejos de sus padres y madres, o de mujeres que quedan atrapadas en situaciones de dependencia económica y emocional”. Por eso, asegura, “hablar así de porcentajes es tremendamente frívolo e inhumano, porque detrás de cada informe desfavorable sabemos que hay una vida que se trunca”.

Historias que importan: humanizar las cifras

Al margen de los términos técnicos y los debates jurídicos y políticos, existen historias personales que ilustran lo que está en juego cuando se trata de reagrupación familiar. Mahdia, una mujer afgana que logró reagrupar a su hermana y a sus tres sobrinas tras años de espera, cuenta que antes de reunirse con su familia en España el estrés constante y la inseguridad eran una carga diaria: “Aquí por fin están a salvo: podrán ir al colegio y vivir tranquilamente sin preocuparse por las bombas o por los talibanes. Allí vivían con depresión, porque no hay ningún futuro para ellas en Afganistán”, relata Mahdia.

También respira aliviada Sandrine, una camerunesa, rescatada en el mar por el barco Open Arms que llegó a España dejando atrás una situación de violencia y migración forzada. Su hijo Dijibril, entonces de 12 años, había cruzado el Mediterráneo antes que ella y permaneció solo en Malta durante varios meses. Las leyes españolas y la coordinación entre organizaciones y autoridades, lograron unirles de nuevo.

Las historias de integración también muestran el impacto positivo de la reagrupación en el largo plazo. Por ejemplo, Chaimae Hainan, originaria de Marruecos, llegó a nuestro país siendo niña gracias a la reagrupación familiar. Hoy, con 27 años, es abogada y asesora jurídica en temas de migración. Se dedica precisamente a ayudar a otras personas que atraviesan procesos similares de regularización y reunión familiar, consciente de lo diferente que hoy sería su vida si ella no hubiera podido reunirse con sus padres, trabajadores legales en España.

Vivencias que muestran que, lejos de ser procesos unidimensionales, los procedimientos de reagrupación familiar pueden actuar como verdaderas palancas de transformación social, integración y estabilidad emocional y económica para las personas y sus comunidades.

¿Qué cambia realmente en Lorca? Entre la acción política y la vida cotidiana

La iniciativa del Ayuntamiento de Lorca —presentada como una medida de “rigor”— tiene repercusiones que van más allá de un ajuste burocrático. El endurecimiento en la emisión de informes sociales y de vivienda, con un brutal aumento de los desfavorables, puede traducirse en familias separadas durante años, menores que no pueden acceder a la escolarización o la atención sanitaria, o trayectorias vitales truncadas por la imposición de requisitos interpretativos más estrictos.

Los críticos argumentan que, si bien es legítimo asegurar el cumplimiento de la ley, no es jurídico ni ético convertir procedimientos técnicos en barreras ideológicas. “Lo que antes se abordaba desde un enfoque de integración ahora parece dominado por un afán de exclusión dirigido por mero interés político y electoral”, afirma Chumillas, quien recuerda que, en una sociedad democrática, “las políticas migratorias deben equilibrar el respeto a la legalidad con el respeto a los derechos humanos y la protección de la vida familiar”.

Por eso, el anuncio de Lorca, enmarcado en un discurso de “cumplimiento estricto”, abre un debate más amplio sobre qué se entiende por derechos, justicia, equidad y convivencia en tiempos de polarización política.

Para muchos juristas y organizaciones humanitarias, la respuesta no pasa por cerrar puertas administrativas, sino por hacer que los mecanismos existentes funcionen más rápido, con más claridad y con mayor enfoque en las personas, no en las cifras. Porque si la política migratoria sólo se cuenta en expedientes y denegaciones, se estará olvidando que, en cada caso, hay una historia de vida esperando a ser, por fin, reunida con los suyos.

En los años 60, el Congreso de EEUU no renovó un programa iniciado en 1942 que permitía la entrada de mexicanos en el país para trabajar en las explotaciones agrícolas. Así que en el verano de 1965 a alguien se le ocurrió una idea genial. Aparentemente. Convencerían a los estudiantes de instituto, chicos de 17 años en buena forma física porque formaban parte de las competiciones deportivas de los centros, para que trabajaran en la cosecha. Miles de ellos se apuntaron gracias a las razones esgrimidas por sus maestros. Les pagarían un sueldo y se lo pasarían bien. “El trabajo agrícola hace a los hombres”, decían los folletos enviados a los colegios. 

Fue un desastre. Sus condiciones de trabajo eran las mismas que las de los anteriores braceros mexicanos. Es decir, dormían en literas en dormitorios desvencijados, les daban muy mala comida y trabajaban soportando altas temperaturas. Muchos no duraron más que unas pocas semanas. Los agricultores estaban descontentos porque no hacían bien su trabajo. Los jóvenes se sentían explotados y tenían razón. 

El asunto llegó al Congreso, donde algunos políticos explicaron que el programa no tenía sentido. “Al denunciar las condiciones de trabajo como inaceptables para los trabajadores de EEUU, (el congresista) Roncaglio no admitió que eran las mismas que los braceros mexicanos habían soportado desde 1942”, escribió una historiadora en un libro posterior. 

La retórica xenófoba de que EEUU no necesitaba a tantos mexicanos en su economía chocó con la realidad. Sólo los inmigrantes, obligados a aceptar un trabajo duro que por otro lado no conseguían en su país, estaban dispuestos a aceptar ese tipo de vida. Los congresistas en Washington nunca habían sido conscientes de lo que supone trabajar en el campo. 

Es una historia no muy diferente a lo que vemos hoy en EEUU y Europa, quitando esa parte estúpida de pensar que los jóvenes podían hacer el trabajo de adultos mucho más sacrificados. Partidos de la derecha y la extrema derecha alegan que hay demasiados inmigrantes en España. Más allá de sus ideas xenófobas, ignoran por completo la realidad económica del país. No es que sea necesario estar muy atento. Es un proceso del que ya se hablaba hace décadas, mucho antes de que aumentara la población de origen extranjero. Sectores como la construcción y la agricultura, a los que ahora habría que sumar el de los cuidados y una buena parte del sector de servicios en las zonas turísticas, no pueden funcionar sin los inmigrantes. Y además esas personas aportarán mucho más a la economía y será más difícil que sean explotados por empresarios sin escrúpulos si cuentan con papeles que legalicen su estancia en España.

La falta de papeles genera abusos y también marginación y furia. El inmigrante despreciado por la sociedad termina pensando que no debe nada a nadie, porque nadie hace nada por él. Esa alienación, a falta de una palabra mejor, es un pésimo resultado que hace imposible la integración, que es el objetivo al que dicen aspirar la mayoría de los partidos.

La noticia de que el Gobierno pondrá en marcha un proceso de regularización de extranjeros que podría beneficiar a medio millón de personas ha causado el rechazo total del PP y de Vox. Lo de la extrema derecha era previsible. El racismo es el punto principal de su programa político. Sólo hay que ver su propaganda en Twitter, donde Sánchez aparece entregando pasaportes a jóvenes de aspecto magrebí cuando serán los latinoamericanos los que más se beneficien.

Lo del PP es menos entendible. Por la parte política, sí. El partido de Alberto Núñez Feijóo está aterrorizado ante el crecimiento de Vox en los sondeos en los últimos dos años y cree que debe endurecer su discurso contra la inmigración para impedir la huida de sus votantes. Pero no estaría de más exigirle un mínimo de coherencia. Esta regularización no es muy diferente a la que promovió el Gobierno de Aznar y después el de Zapatero. 

Inevitablemente, han recurrido a la alarma por el posible efecto llamada. Eso no fue lo que ocurrió tras la regularización de Zapatero. El número de llegadas de extranjeros se redujo en un contexto de crecimiento económico o al menos eso es lo que detectaron los estudios realizados sobre el tema. Feijóo se ha apresurado a anunciar que llevarán el tema a Europa. No se ha cansado de encajar derrotas en Bruselas. La Comisión Europea ya le ha recordado que el tema pertenece a las competencias de cada Estado. Sobre lo que dijo Santiago Abascal de que la medida perjudica “el correcto funcionamiento del espacio Schengen”, hay que saber que conseguir papeles y un permiso de trabajo en España no te da también ese permiso para trabajar en Alemania. 

El PP se sumó a otro bulo absurdo de la ultraderecha al acusar a Pedro Sánchez de intentar ganar votos entre los extranjeros. Tener la residencia legal no te da el derecho al voto en unas elecciones generales. Para eso, hay que tener la nacionalidad, y ese es un proceso que en la práctica dura muchos años, no sólo los dos años mínimos establecidos por ejemplo para los que llegaron de países latinoamericanos. Hubo que esperar al viernes para que reconocieran algo que en el fondo ya sabían. 

Para recibir los papeles, los inmigrantes tendrán que probar que no tienen antecedentes penales. A la búsqueda de algo que atraiga a los votantes de Vox, a Feijóo se le ha ocurrido reclamar que se incluyan también los llamados antecedentes policiales en otro intento de relacionar inmigración con delincuencia. Hay sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que impiden dar ese paso. Incluso aunque se cambiaran las leyes en el Parlamento, quedaría el hecho de que ser detenido por la Policía no acaba con la presunción de inocencia.

Tanto Feijóo como Díaz Ayuso establecieron diferencias entre inmigrantes con la intención de pedir que los de origen latinoamericano deberían tener un tratamiento especial al compartir con nosotros el idioma y algunos supuestos valores comunes. “Los hispanos”, dijo Ayuso en 2024, “no son inmigrantes”, porque en España “están en su casa”. Según una estimación de la fundación Funcas, el 91% de los inmigrantes en situación irregular es de origen latinoamericano, por lo que serán los más beneficiados por la nueva medida. De repente, al PP, que buscaba atraerse el apoyo de ese colectivo, se le ha apagado el entusiasmo. Ahora, Feijóo afirma que la regularización traerá “problemas de convivencia”. Resulta que los latinos que antes estaban “en su casa” ahora nos traerán problemas.

Soy consciente de que a mucha gente le molesta que se haga énfasis en motivos económicos para explicar las ventajas de regularizar a los sin papeles. Dependiendo de cómo se explique, puede parecer que sólo se les considera herramientas con las que conseguir beneficios económicos. Hacen los trabajos que nosotros no queremos, así que vamos a explotarlos. Aquí hay que recordar una frase de Ayuso en la Asamblea de Madrid dirigida a Vox por la que recibió críticas: “Alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas”.

Explicado así sonaba un poco clasista al limitar todo a una cuestión de conseguir mano de obra, preferiblemente barata, para ciertos trabajos que nos hagan la vida más fácil, empezando por lo de limpiar nuestras casas. Los inmigrantes no vienen a España a quedarse con los empleos duros, sino a construir un futuro para ellos y sus hijos y con ello contribuyen a la prosperidad del país. Muchos lo pueden hacer con la formación universitaria que recibieron en sus países o con nuevas habilidades que obtienen en una economía más desarrollada. Otros tienen que conformarse con empleos más exigentes y peor remunerados. Como les pasa a los españoles que han nacido aquí.

Tampoco se puede obviar la cuestión demográfica. Desde los años 80, se viene hablando del descenso de nacimientos en España, un riesgo a largo plazo para toda la sociedad. Los países que pierden población de forma persistente durante décadas no suelen ser los más prósperos. La llegada de millones de extranjeros ha contribuido a atenuar el problema, cosa que no han hecho los gobiernos españoles con ayudas económicas tan escasas como irrelevantes para aumentar la natalidad.

Hay cosas que no se solucionan con más dinero. No hay Gobierno en Europa que haya concedido tantas ayudas económicas a la natalidad como el de Hungría. El índice de fertilidad mejoró algo años atrás, pero después se impuso la misma realidad que en el resto del continente. En 2025, nacieron 72.000 niños, un 7% menos que el año anterior. Los fallecimientos fueron 124.200. La tasa de fertilidad cayó a 1,31 hijos por mujer en edad de tenerlos (era de 1,39 un año antes), la cifra más baja en catorce años. La cifra de España es 1,1. 

El incremento de la población en los últimos años no hubiera sido posible sin la llegada de inmigrantes y ese aumento es uno de los factores más relevantes del crecimiento económico del que se ha disfrutado desde entonces. Eso incluye los buenos datos de empleo conseguidos en 2025 y el hecho de que varias comunidades autónomas habrían perdido población si no hubieran tenido la aportación que da la inmigración.

Ahora que el PP y Vox compiten para ver quién es el más xenófobo, sería divertido recordarles la decisión que tomó Giorgia Meloni el año pasado. El Gobierno italiano anunció en junio que concederá 500.000 visados de trabajo a personas de fuera de la UE entre 2026 y 2028. Es una cifra similar a la que adoptaron para el periodo 2023-2025. Como siempre en estos casos, establecer programas de migración legal no siempre afecta al número de personas que llegan por los aeropuertos y que deciden quedarse después de forma irregular. 

La Meloni idolatrada por Vox y a la que Feijóo ha elogiado sabe que su país necesita a esos trabajadores extranjeros. La única duda es cómo poner en práctica esos mecanismos para que sean efectivos. 

No hay que ser un genio para hacer las cuentas. En 2024, en Italia los fallecimientos superaron en 281.000 a los nacimientos y la población se redujo en 37.000 personas. Esa es una tendencia que todos los discursos reaccionarios y ultranacionalistas en España no pueden ocultar. Regularizar a los migrantes es una cuestión de defender la dignidad de las personas que han nacido en el extranjero para que puedan aportar a la sociedad y es también una decisión obligada por la realidad económica y demográfica de España. 

El partido político Cantabristas ha manifestado su postura sobre la instalación de un centro de menores no acompañados de Cartes, responsabilizando al Gobierno autonómico (PP): “se está alimentando la xenofobia y criminalizando a menores para generar un conflicto político”, ha criticado la agrupación, responsabilizando al Gobierno autónomico (PP).

Sobre la llegada de unos 18 menores a un nuevo centro en Cartes que anunció la alcaldesa del municipio esta semana y que ha derivado en un conflicto social en el municipio y se ha convertido en un arma arrojadiza entre PP y PSOE, el partido considera “una absoluta irresponsabilidad, cobardía y falta de vergüenza” que el Gobierno “esté utilizando a menores de edad en situación de vulnerabilidad como ”instrumento para tratar de azuzar los prejuicios racistas y generar un alarmismo social injustificado“.

Según ha indicado Cantabristas en un comunicado el Gobierno del PP ha optado por un enfrentamiento entre administraciones en la que el PSOE -que gobierna en Cartes- ha entrado también en el marco de la xenofobia obviando que se trata de un centro para acoger menores de edad que deben ser protegidos por las instituciones públicas: “Tratar a menores de edad como un problema de orden público o como un arma arrojadiza es una irresponsabilidad mayúscula y una falta de humanidad que no debería tener cabida en ninguna institución democrática”, han explicado.

En vista de la crispación generada en el último pleno del Ayuntamiento de Cartes, Cantabristas considera que, con este tema “se está alentando el conflicto social”. Así mismo, desde el partido han subrayado que el Gobierno de Cantabria “debería estar liderando un sistema público de acogida basado en la colaboración con los ayuntamientos y el respeto a los derechos humanos, y no alimentando discursos que criminalizan y ponen en riesgo la convivencia”.

La Fiscalía tendrá medio año más para investigar al líder murciano de Vox, Jose Ángel Antelo, por delito de odio. El verano pasado, mientras tenían lugar las cacerías de migrantes en Torre Pacheco, vertió numerosas declaraciones xenófobas: “Toda la violencia que se vive en Torre Pacheco es culpa del PP y del PSOE por financiar y llenar nuestras calles de inmigración ilegal. Con VOX deportaciones, seguridad y paz en nuestros barrios”, sostuvo Antelo a los medios a las puertas del ayuntamiento del municipio.

Sus declaraciones vinieron tras varios días de disturbios originados por el llamamiento de la ultraderecha a responder con violencia a la agresión a un vecino de Torre Pacheco.

Tras esto, Antelo, antiguo socio para los populares en el gobierno regional, fue denunciado el pasado julio por PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Tras la apertura de diligencias previas, la Fiscalía tenía un plazo de medio año para determinar si hay indicios de delito de odio por parte del político de Vox.

De acuerdo con el diario local La Opinión la prórroga de otros seis meses más se ha solicitado debido al volumen de documentación del atestado de la Guardia Civil para este caso. Se trata de una ampliación del plazo acorde al Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que contempla prórrogas para casos de especial complejidad.

Al menos ocho hombres investigados

No es la única causa abierta tras los ataques en Torre Pacheco. A partir del próximo mes de abril declararán en el juzgado de San Javier ocho hombres implicados en la agresión a un menor de edad durante las cacerías. El joven compareció hace dos semanas ante el forense para documentar las secuelas físicas y psicológicas que la paliza le dejó.

No se descarta que localicen a más implicados en la agresión y por ello la acusación ha solicitado que se analicen los vídeos de la cacería para identificar a más agresores.

“Malilla cuida a Malilla, seguridad ciudadana. En nuestro barrio no se roba”. Este es uno de los lemas que puede leerse en algunos de los carteles que se han colocado en diferentes comercios del barrio de Malilla. “Negocio protegido, seguridad ciudadana. El barrio no se toca”, dice otro de ellos.

Así lo han denunciado fuentes vecinales a elDiario.es las cuales explican que los paneles estaban colgados en al menos tres comercios ubicados entre las calles de Juan Ramón Jiménez y Oltá. Las mismas fuentes aseguran que se trata de un grupo con estética ultra que está promoviendo “la creación de patrullas ciudadanas bajo el falso argumento de la inseguridad ciudadana o de un supuesto incremento de la delincuencia y los robos que no se corresponde en absoluto con la realidad”.

Las mismas fuentes aseguran que “estas actuaciones ilegales solo contribuyen a fomentar la crispación, el miedo y el enfrentamiento social en un barrio que siempre ha sido y que sigue siendo tranquilo”.

Otras fuentes vecinales consultadas afirman que han tenido constancia de la creación de un grupo de WhatsApp en el que se invita a participar a vecinos y comerciantes de Malilla para comunicar incidencias, altercados o situaciones de inseguridad. Unos problemas que aseguran también que son inexistentes, más allá de las situaciones normales que puede haber en el resto de barrios de la ciudad: “Al parecer el fin es que si se comunica alguna situación en ese grupo que una suerte de patrulla ciudadana actúe, pero la verdad es que hasta ahora nadie los ha visto”, explican.

La creación de esta patrulla se aireó el pasado 20 de diciembre en el perfil de Facebook de extrema derecha 'El Noticiero Español', en el que se comparte la imagen de uno de los carteles colgados por los comercios del barrio acompañado del siguiente comentario: “Los vecinos del Barrio de Malilla en Valencia, salen a patrullar las calles ante la inseguridad en sus calles y robos tanto a ancianos como adolescentes. Son un grupo de vecinos y amigos, de toda la vida del barrio, los que protegen a sus vecinos de ”gentuza de fuera“ que solo acuden al barrio para robar. Ya ha habido detenciones de algunos ladrones. El lema de los vecinos: 'Malilla no se toca'. Si no hay más presencia policial, los vecinos seguirán”.

Al respecto, a preguntas de elDiario.es, fuentes de la Policía Local de València han confirmado que, independientemente de que se trata de un asunto que compete a la Policía Nacional, tienen la situación controlada, pero no les consta que haya habido ninguna acción. Por su parte, según ha averiguado elDiario.es, el Cuerpo Nacional de Policía sí que habría realizado alguna identificación relacionada con este grupo a finales de diciembre, al parecer cuando se instalaron los carteles, sin que se hayan detectado más movimientos relacionados con el tema.

Fuentes vecinales informaron a esta redacción que a última hora de la tarde se retiraron los carteles en al menos dos de los tres comercios en los que estaban instalados.