La Justicia ha dado por zanjado un histórico litigio por las tierras contaminadas por las bombas de Palomares. En 1966, dos aviones de la fuerza aérea de Estados Unidos chocaron en vuelo y al liberar cuatro bombas atómicas, dejaron un reguero de plutonio que a nadie importó demasiado. Fue en 2004, cuando la burbuja inmobiliaria llegaba a la costa de Almería, cuando el Estado comenzó el trámite para expropiar los terrenos. Pero una promotora británica alegaba que tenía permiso para construir allí. El pasado diciembre el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía zanjó la disputa y permitió que el Estado se quede con los terrenos por unos euros el metro cuadrado.

La historia de las bombas de Palomares es una en la que nadie sabe explicar muy bien qué pasó antes de su mandato, cómo se pudo llegar allí. Tras el accidente, Estados Unidos embarcó gran cantidad de tierra contaminada en bidones y, a través de Cartagena, la llevó en buques a su territorio. El régimen de Franco lo dio por bueno. Washington y Madrid firmaron un acuerdo por el que Estados Unidos pagaría análisis de sangre a la población a ver si había alguna anomalía en la incidencia de cáncer y listo. 

En realidad, durante décadas a nadie le importó mucho. El levante de Almería seguía siendo una zona árida y lejos de Madrid. No había llegado el boom de la agricultura y el turismo.

Eso cambió a principios de los 2000. El Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) y el Consejo de Seguridad Nuclear detectaron en el americio en el aire, producto de la desintegración del plutonio, activo durante decenas de miles de años. La zona, con una de las mayores reservas de suelo virgen del Mediterráneo, era un hervidero de grúas. Había que hacer algo. El Gobierno de Aznar aprobó discretamente una partida para expropiaciones.

Fue un año después y ya con Zapatero en Moncloa cuando el Ciemat decidió que, para expropiar, tenía que saber realmente la contaminación que había. En un primer momento caracterizó varias zonas donde habían caído las bombas y donde el ejército estadounidense había acumulado la tierra que se llevó. Era poco terreno, unas 10 hectáreas: una parcela en el centro del pueblo y otras a las afueras, junto al cementerio y en la que seguían plantando lechugas. Todo el pueblo conocía esas localizaciones, era donde habían caído las bombas.

Pero los investigadores se toparon con varias sorpresas. Primero descubrieron las zanjas en las que los americanos habían enterrado material radiactivo y, lo más importante, unas 30 hectáreas con contaminación en la sierra de Almagrera en la que nadie había reparado, según fuentes del Ciemat. Es una zona alejada de donde cayeron las bombas. Lo que había ocurrido es que el viento llevó parte de la contaminación durante el descenso de las bombas. 

Ese era un terreno urbanísticamente muy interesante porque está próximo al pueblo pesquero de Villaricos y con una preciosa vista de la puesta de sol. La empresa Villaricos SL, dueña del resort Desert Springs Golf, a unos siete kilómetros tierra adentro, pretendía construir allí. Villaricos SL es de capital británico. Así que en 2007 el Consejo de Ministros amplió el objeto para poder expropiar esos terrenos. Muy cerca de allí, siguen en marcha otros enormes planes urbanísticos.

Eso paró de momento la construcción al poner en marcha la lenta maquinaria de la expropiación. La zona, que durante décadas era pasto para cabras, fue vallada, aunque fuese de forma porosa. En 2022, finalmente, fue ocupado a precio de terreno rústico. “El Jurado Provincial consideró que la renta superior de la finca expropiada se obtendría con la consideración de una renta de un terreno de imposible explotación”. “Con ello, el valor final del suelo que fija el Jurado es de 0,68 euros por metro cuadrado”.

Villaricos SL, que no ha querido hacer declaraciones, comenzó entonces un litigio contra el precio de la expropiación. Alegó que tenía una aprobación urbanística inicial para construir allí y pedía casi 75 euros por metro cuadrado. Alegaba que en 2007 el Ayuntamiento de Cuevas del Almazora, al que pertenece Palomares, había aprobado el plan parcial urbanístico de ese sector y que el valor asignado “no considera la mayor renta potencial de la explotación”. Eso, argumentaba, vulnera “los principios de confianza legítima, buena fe y seguridad jurídica”. Señalaba que en otra tanda de expropiaciones había recibido más precio por otro terreno.

La abogacía del Estado replicó que el plan parcial que daba cobijo a la urbanización de Villaricos SL fue anulado por el mismo TSJ en 2011, “lo que significa que el citado plan parcial nunca ha existido, por lo que no puede considerarse que el sector en el que se incluyen los terrenos aquí justipreciados hayan contado con ordenación detallada que les permitiera su desarrollo”. Los jueces dieron la razón al Estado. En dos sentencias del mes de diciembre desestimó las pretensiones de Villaricos SL.

Se zanja así la posibilidad de urbanizar los terrenos. Ya solo queda retirar la tierra contaminada y que los vecinos vuelvan a la vida normal. Esos vecinos que, después de décadas escuchando que todo estaba en orden, vieron en 2011 a la primera delegación de Estados Unidos y que, para sorpresa del pueblo, se pusieron calzas sobre los zapatos para no pisar un solar en el centro del pueblo.

En 2015, con Obama en la Casa Blanca, Estados Unidos y España firmaron un acuerdo para descontaminar definitivamente el terreno. Washington siempre fue reticente, en parte porque ha realizado pruebas nucleares en otras zonas, y temía reclamaciones similares y porque España en 1966 aceptó que la limpieza estaba hecha. Con Joe Biden hubo otro acercamiento. Pero, 50 años después, la contaminación sigue allí. Ahora, al menos, vallada y expropiada.

Sesenta años después de que Palomares (Almería) se convirtiera en símbolo del desastre nuclear tras la colisión de dos aviones estadounidenses con bombas termonucleares -un episodio que llevó al exministro franquista Manuel Fraga a bañarse en sus aguas para “tranquilizar” a la población-, la pedanía de Cuevas de Almanzora vuelve a estar en el centro de la polémica. La Junta de Andalucía ha emitido un dictamen que permite levantar una macrourbanización que despierta la oposición de los ecologistas, no solo por la presencia de contaminación radioactiva, sino también por la agresión a un hábitat virgen y frágil, que está en regresión por los efectos del cambio climático.

El proyecto, promovido por Bahía de Almanzora S.L., lleva más de dos décadas de desarrollo y lo que pretende construir son 1.600 viviendas y un hotel que cambien para siempre el paraje natural que hay junto a la playa de Quitapellejos, en Palomares. Una construcción que cambiaría para siempre un entorno que hoy es virgen, pero que se pretende que se convierta en un paraje similar a lo que es la vecina localidad de Mojácar, enfocado al capital extranjero y al ocio turístico. Sin embargo, cuenta con la oposición frontal de los ecologistas.

El Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM) trata de paralizar esta macrourbanización por todas las vías argumentando que se trata de un plan dañino para el hábitat y que puede ahondar en los efectos adversos del cambio climático. Para ello, han presentado una batería de alegaciones, a las que ha tenido acceso este medio, que se resumen en varios puntos: que la futura construcción incrementaría en un 15% la población local -actualmente viven 15.000 habitantes en Cuevas de Almanzora, municipio al que pertenece Palomares-; que el daño ecológico puede ser irreparable porque afecta a dunas, flora y fauna; que se construirá en parte en una zona inundable que tampoco tiene una infraestructura adecuada para aguas residuales y que se hará junto a la zona de exclusión nuclear que mantiene el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), cerrada al paso humano, pero no de los animales ni del viento que mueve las partículas contaminantes.

Pese a las quejas ecologistas, todos los equipos de Gobierno del Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora se han puesto de perfil, independientemente del signo político que lo gobierne. Hoy está el PSOE, pero antes estuvo el Partido Popular y en ningún caso se mostró voluntad por paralizar el proyecto urbanístico de Bahía de Almanzora. No en vano, la promotora siempre ha negado que su macrourbanización suponga problemas para el entorno ambiental y, de hecho, argumenta que sirve para eliminar el estigma que sufre la población de Palomares a cuenta del incidente nuclear que ubica a esta localidad en el mapa.

Visto bueno regional con matices

El detonante de la nueva polémica es el dictamen ambiental previo a la Autorización Ambiental Unificada que la Junta ha emitido sobre el sector PA-4, donde se proyecta la urbanización. El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, afirma que, pese a los riesgos de inundación, la fragilidad del ecosistema dunar, la proximidad a los suelos contaminados por plutonio y americio, la presión sobre el agua y la necesidad de bombeos continuos para evacuar aguas fecales por la falta de pendiente, el proyecto es “compatible” siempre que el promotor cumpla una serie de condiciones. Es decir: la Junta abre la puerta técnica a que Bahía de Almanzora siga adelante.

El dictamen reconoce todos los impactos señalados por los ecologistas, pero no marca ninguna línea roja. Asume que las dunas se podrán “restaurar” en otras parcelas, que los hábitats de interés comunitario podrán ser “trasplantados” y que la falta de cota para evacuar aguas residuales se resolverá con estaciones de bombeo. Incluso admite el riesgo de vertidos en caso de fallo de estas bombas, pero insiste en que las medidas de seguridad son suficientes. La posibilidad de que una zona de construcción masiva quede inundada, o que se produzcan vertidos de aguas fecales hacia un espacio marino protegido, queda reducida a “riesgos asumibles”.

El documento tampoco cuestiona la viabilidad hídrica del proyecto, pese a que en la última década el Levante almeriense ha necesitado obras de emergencia para mantener el abastecimiento. Da por válido un certificado de la empresa pública Galasa, o uno nuevo si se requiere, sin entrar a valorar si la desaladora de Carboneras -hoy imprescindible y en peligro- podrá soportar el incremento de demanda que supondría un crecimiento urbano equivalente al 15% de las viviendas actuales del municipio. Cuevas del Almanzora pasó en 2024 de los 15.000 habitantes, pero la macrourbanización proyectada podría suponer, según los cálculos ecologistas, 4.000 personas adicionales.

Un litoral en regresión y los residuos nucleares

La playa de Quitapellejos, junto a la cual se pretende construir el complejo, está afectada por la regresión de la línea de costa y por el ascenso del nivel del mar, según los informes actualizados del Ministerio para la Transición Ecológica. Es una zona donde los temporales son cada vez más intensos y donde la cota del terreno oscila entre uno y tres metros sobre el nivel del mar, fruto del cambio climático. El proyecto preveía en un primer momento evacuar las aguas pluviales a través de las propias calles hacia la playa debido a la falta de desnivel, una solución que los ecologistas consideran directamente inasumible.

La urbanización afectaría, además, a la zona de servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre, donde según la Ley de Costas solo se permiten instalaciones imprescindibles y vinculadas al uso del litoral. Sin embargo, el plan urbanístico contempla aparcamientos, jardines y viales en ese tramo, algo que el dictamen no veta y remite a una futura autorización de Costas, pese a que en informes previos se ha advertido de que esta ocupación podría agravar la regresión costera y facilitar la inundación por temporales.

La macrourbanización colinda directamente con los terrenos que el CIEMAT valló tras determinar que se encontraban contaminados por el accidente nuclear de 1966. Aunque el Ayuntamiento insiste en que “está fuera de la zona contaminada”, el Grupo Ecologista Mediterráneo recuerda que la delimitación no es la única preocupación: ese suelo debe ser retirado y trasladado a un almacén nuclear, una operación pendiente desde hace décadas. Construir al lado de ese perímetro, sostienen, complica la descontaminación futura y crea un nuevo riesgo para quienes residan allí.

No obstante, desde la Junta niegan cualquier peligro advirtiendo que se ha constatado con todas las entidades públicas: “Durante la tramitación del dictamen favorable se solicitó informe al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) y al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), organismos competentes en materia de seguridad y protección radiológica, ambos dependientes del Gobierno de España. De acuerdo con los informes citados, la actuación se ubica fuera de las zonas afectadas por contaminación residual derivada del accidente nuclear de 1966, y no se prevén afecciones radiológicas derivadas de la ejecución del proyecto. Las condiciones establecidas garantizan que la protección ambiental y la seguridad de las personas están plenamente aseguradas”.

Pero los ecologistas piden mayor implicación consistorial frente a la urbanización. “El ayuntamiento debería preocuparse por no hipotecar el futuro de quienes vivan en esa zona, no por competir con municipios vecinos en tener más hoteles”, afirma Fuensanta Alcalá, presidenta del colectivo ecologista. Reclaman aplicar estrictamente el principio de precaución y no autorizar un desarrollo masivo junto a un área que todavía mantiene vigilancia radiológica.

El Ayuntamiento minimiza las alertas

Desde el Ayuntamiento de Cuevas de Almanzora aseguran que la polémica se debe “solo a los ecologistas” y que no hay oposición vecinal. Argumentan que el municipio tiene 16 kilómetros de costa y que el 80% está protegido, por lo que el impacto de esta urbanización se concentraría en el único tramo urbanizable. Sostienen también que Cuevas carece de plazas hoteleras y que este proyecto permitiría “competir en igualdad” con otras localidades del Levante almeriense que han desarrollado modelos turísticos más intensivos.

El Consistorio defiende, además, que los informes ambientales son favorables y que la urbanización está “fuera de la zona radiactiva”, aunque reconoce que está cerca del perímetro. Consideran que 1.600 viviendas no suponen masificación en un municipio de más de 15.000 habitantes y que, en cualquier caso, el desarrollo se hará por fases y con obras previas de urbanización.

Los ecologistas rechazan de plano esta versión. Recuerdan lo ocurrido en otras zonas del Levante: urbanizaciones que comenzaron por los viales, cuyo coste asumieron las administraciones, pero que se quedaron abandonadas tras la venta de parcelas. “Son promociones especulativas”, explican, señalando el caso de San Juan de Terreros como ejemplo cercano. “Primero se levantan las calles, luego no se desarrolla nada, pero el impacto ambiental y el gasto público ya están ahí”. Temen que esta historia se repita en Palomares, donde el riesgo de inundación, la erosión y la fragilidad del ecosistema multiplicarían los daños.

Para el GEM, el proyecto parte de un error de base: el territorio. “Cuevas no puede aspirar a un turismo de playa como Mojácar porque no tiene un litoral extenso, sino tramos de acantilado y unas pocas playas vulnerables. Su modelo turístico debería ser otro”, argumentan.

Una licencia antigua como clave de bóveda

El Ayuntamiento insiste en que el sector PA-4 tiene “derechos urbanísticos desde hace décadas”. El GEM lo rebate: la licencia llevó tanto tiempo sin ejercerse que debería considerarse caducada. La Junta, en cambio, no cuestiona ese punto, lo que permite que el proyecto siga adelante a pesar de basarse en un planeamiento que no tuvo en cuenta ni la regresión actual del litoral, ni los riesgos climáticos actuales, ni el retraso en la descontaminación nuclear.

La crisis climática ya afecta con fuerza al Levante almeriense, donde los episodios de inundación, temporales y pérdida de playa son cada vez más comunes. A ello se suman los problemas crónicos de abastecimiento de agua y la presión sobre acuíferos que no se recuperan. Sobre este escenario, la macrourbanización de Palomares resurge como un proyecto que depende de infraestructuras que no existen, de recursos hídricos inciertos y de un litoral cada vez más vulnerable.

El dictamen ambiental de la Junta permite que el proyecto avance hacia su autorización definitiva. El Ayuntamiento lo defiende como una oportunidad. Los ecologistas lo consideran una amenaza irreparable para el último tramo libre de urbanización entre playas de Vera y la desembocadura del Almanzora. Y en medio queda Palomares, un territorio que arrastra un estigma nuclear que nunca se resolvió y que ahora puede enfrentarse a un nuevo conflicto ambiental y social en su única franja de costa virgen.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, admite que en los 16 años de gobiernos de su partido, el PP, en Galicia no se interesó por el estado de los bidones con residuos radiactivos que están sumergidos en la fosa atlántica, a unos 700 kilómetros de las costas de Galicia. “Lógicamente”, señaló, sabía de este cementerio nuclear, en el que los últimos restos se depositaron a principios de los años 80 del siglo pasado. La zona se dejó de usar para este fin después de una movilización en contra.

El asunto ha vuelto a la actualidad debido a que una expedición francesa se ha desplazado a la zona y está identificando una parte de estos bidones y tomando muestras. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, utilizó la actividad de ese grupo de científicos para criticar al Gobierno central por no informar a la Xunta. Pero, en su primer mensaje en redes al respecto, dijo que desconocía la propia existencia de esos residuos en esa localización: “No es de recibo que tengamos que enterarnos por la prensa de un asunto tan sensible como la presencia de material potencialmente peligroso ante nuestra costa”.

Después de recibir varias respuestas que le recordaban que la cuestión era de dominio público, trató de justificarse: “Como apuntáis algunos, la existencia de los bidones frente a Galicia es de sobra conocida desde hace años, también por mí. Quería evidenciar que, una vez más, el Gobierno central no informó a la Xunta de acciones como la campaña francesa en marcha”.

Rueda manifestó este lunes, en respuesta a preguntas de los medios, que conocía la presencia de estos residuos en la fosa atlántica y reconoció que ni su equipo ni los anteriores -de los que él formó parte como conselleiro y vicepresidente- se interesaron por el estado de los bidones. “No parece muy lógico decir que el problema es que la Xunta de Galicia no se interesó, cuando lo único que puede hacer es lo que estamos haciendo [pedir información]. Escuché a la conselleira y estoy totalmente de acuerdo con ella, falta información transparente”, manifestó.

Por el momento, señaló, no ha recibido datos oficiales sobre la actividad o los datos obtenidos por la expedición. “No pretendo hacer una pelea política con esto”, aseguró e insistió en que el Gobierno central es el que debe trasladar la información. Pidió que cualquier decisión que se tome sea “de la mano” de la Xunta.

Son unos 220.000 bidones cargados de residuos radiactivos que se sumergieron en la fosa atlántica, en zonas que están a unos 700 kilómetros de Galicia, entre 1949 y 1982. La cuestión no permaneció oculta: una campaña en la que colaboraron Greenpeace y barcos de marineros gallegos recién iniciados los 80 del siglo pasado dio paso a una paralización de esas descargas. La conselleira de Medio Ambiente de la Xunta, Ángeles Vázquez, sin embargo, no estaba al tanto de la presencia de estos recipientes con restos radiactivos. En un mensaje en la red social X ha manifestado que “no es de recibo” tener que enterarse “por la prensa de un asunto tan sensible como la presencia de material potencialmente peligroso” frente a la costa gallega.

Vázquez se hace eco de una información sobre sus propias quejas por no haber recibido información por parte del Gobierno central de una expedición realizada desde Francia y con medios franceses. Esa expedición identificó esta semana, en la zona en la que constaba que se habían sumergido bidones, en torno a 1.000 de esos recipientes. La conselleira hizo primero declaraciones a los medios en las que lamentó no tener “ningún tipo de dato”. Después escribió en su cuenta de X que desconocía “la presencia” de ese material a unos 700 kilómetros de Galicia y que el Gobierno central “solo prometió información a raíz de que la Xunta pidiese información”.

La cuestión ha estado en estos años varias veces en diferentes medios de comunicación. Una travesía realizada dentro de las protestas cuando la fosa atlántica se usaba todavía como vertedero, la del Xurelo, en septiembre de 1981, incluyó directamente a bordo a un grupo de periodistas que se encargaron de publicar informaciones al respecto. Y varios medios continuaron dándole cobertura, también muchos años después, cuando se cumplieron 35 años desde que esas aguas dejaron de usarse para vertidos nucleares.

Los residuos que están sumergidos en la fosa atlántica proceden de Gran Bretaña, Bélgica, Holanda, Francia y, en menor medida, Suiza, Suecia, Alemania e Italia.

También declaró su “sorpresa” Rosa Quintana, diputada del PP en el Congreso y quien fue Conselleira do Mar de la Xunta durante 12 años. “Nos gustaría haber conocido esta noticia, cuanto menos, impactante a través del Gobierno de España y no por unas entrevistas hechas a unos investigadores franceses sobre lo que está sucediendo en aguas españolas”, dijo. Los diputados de la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo han preguntado al Gobierno qué sabé y cuánto se ha implicado con esta expedición francesa y qué medidas se han tomado para “hacer un control sobre los resultados que se obtengan de la misma”.

“No todo el mundo quiso el ATC”. Es la frase que muchos vecinos y vecinas de Villar de Cañas y de los pueblos de alrededor repiten sobre el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, sin dar sus nombres ni dejarse fotografiar, pero para “que quede claro”. No quieren que esta comarca conquense, famosa por sus productos artesanos y sus cultivos de cereal y lavanda, tenga una etiqueta de por vida. Ni todo el mundo defendió que allí se ubicara el cementerio nuclear para todo el país, ni todo el mundo lo rechazó.

En esta localidad conquense y en otras del entorno que también se vieron afectadas pusieron la vista a finales de 2011 los gobiernos de Mariano Rajoy en la Moncloa y de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Allí, el silencio, la desinformación y el hartazgo siguen muy latentes, meses después de que el VII Plan de Residuos Radiactivos haya tumbado definitivamente el proyecto para el silo nuclear.

Para conocer las impresiones de las personas que lucharon por el ‘No al ATC’, de las que lo defendieron y aun creen que es posible, o las de alcaldes y exalcaldes todavía enfrentados, elDiarioclm.es ha visitado la zona junto con el biólogo, investigador y profesor Carlos Villeta, miembro de Ecologistas en Acción y uno de los rostros más visibles de la plataforma que se creó para luchar contra el silo nuclear.  

Han pasado 14 años y un mes desde que el nombre de Villar de Cañas, una localidad de apenas 400 habitantes, se convirtiera en noticia nacional. Es decir, desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero abriera una convocatoria pública para seleccionar un municipio que albergase un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos.   

Pero fue ya con el primer Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando el pueblo conquense de Villar de Cañas, gobernado por el PP y con su candidatura presentada, se alzó como el elegido. El 30 de diciembre de 2011 lo aprobó el Consejo de Ministros y el Boletín Oficial del Estado lo publicó el 20 de enero de 2012. La decisión se tomó “desde un punto de vista técnico”, descartando a los otros tres municipios candidatos: Zarra, Ascó y Yebra. Y ahí comenzó la lucha ciudadana contra el basurero nuclear, al tiempo que el Ayuntamiento, Enresa, Rajoy y Cospedal lo defendían con todos los medios a su alcance.

Ahora, en Villar de Cañas, trascurrido todo este tiempo, han cambiado los espacios que recibieron las inversiones que el Ayuntamiento pudo realizar gracias al dinero que recibió de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa) por apoyar el ATC. Se reformó el polideportivo, la piscina municipal y las escuelas. La empresa por su parte mejoró algunas carreteras y construyó dos rotondas solo para llegar a los terrenos que albergarían el silo nuclear. Se prometieron miles de puestos de trabajo. Y con ello la mayoría del pueblo se convenció.

Muchos siguen persuadidos de las bondades de acoger un cementerio nuclear y así lo han arrojado los resultados electorales una y otra vez. El alcalde que abanderó el ‘sí’, José María Saiz (PP), revalidó su puesto durante las casi tres legislaturas que duró la polémica. Pero no todos apoyaban el proyecto. Y tampoco tenían todos los datos para decidir si lo apoyaban o no.

En la plaza del pueblo, Javier cuenta que “quisieron comprar voluntades durante mucho tiempo y lo consiguieron” y “eso fue a base de presiones”. Este conductor de ambulancia, residente en Cuenca pero que acude a su pueblo natal todos los fines de semana lo vivió en primera persona.

“Tuve claro desde el principio que ese proyecto no podía instalarse aquí”, recalca. Desde el minuto cero se informó de todos los pormenores y no se corta en hablar de la radiactividad, de “distancias trucadas”, de las características del suelo “no apto para estas instalaciones” y de los cientos de sondeos realizados en el terreno “para nada”.

Por todo ello, está convencido de que “hubiera sido matar nuestro futuro, el de nuestros hijos, el de nuestra tierra”. “Decidí que nunca lo iba a permitir y que haría todo lo posible”. Así fue. Ha participado activamente en las charlas y movilizaciones de la Plataforma anti-ATC y por ello ha recibido comentarios, “miradas extrañas” y presiones. Por ejemplo, él colgó en su vivienda del municipio el cartel en contra del silo nuclear y le amenazaron con denunciarle alegando unas “causas incomprensibles”.

Mientras Javier sigue regresando al pueblo y espera que esto se supere con el tiempo, el silencio es prácticamente el protagonista. Ni en las casas, ni en los bares ni en las tiendas, ni en otros negocios, quieren hablar. “El negocio no está ni de un lado ni de otro”, comentan, sin añadir nada más. 

En todo este mutismo, dos excepciones. La primera, por casualidad, es el mencionado exalcalde del pueblo, José María Saiz, el defensor acérrimo del proyecto. Saiz fue expulsado del PP y decidió no volver a presentarse en las elecciones municipales de mayo del año pasado después de sus palabras vejatorias y machistas contra la entonces ministra de Igualdad, Irene Montero. Salió elegido Alejandro Pernías, del mismo partido, y por gran mayoría. También tomó la bandera del ATC y así sigue mostrándolo la fachada del Ayuntamiento.

Nos encontramos al exalcalde cuando llega en furgoneta a la puerta de su taller de forja de aperos agrícolas. Y habla sin tapujos y con “absoluta sinceridad”. “El ATC se va a hacer tanto si quieren como si no”. Recuerda que el Ayuntamiento ha recurrido contra el VII Plan de Residuos que tumba el proyecto y “eso está ganado”.

“Si van a cerrar las centrales nucleares, no se pueden desmantelar sin un almacén como el que se va a hacer aquí. El ATC es obligatorio y que conste que se va a hacer en cuanto cambiemos de gobierno en Madrid”, sostiene. Afirma con mucha vehemencia que con el recurso presentado “la puerta no está cerrada”, “Siempre va a haber un trancón ahí puesto. Y cuando entre otro gobierno, veremos a ver qué pasa. Además, todo el pueblo lo quiere”.

Preguntado por quién ha sufragado el coste de la interposición de ese recurso, afirma el exalcalde que “a lo mejor no nos cuesta nada” en referencia a que no lo paga el Ayuntamiento. Pero, ¿quién lo paga entonces? “Alguien lo pagará, yo no lo sé, que ya no soy alcalde. Si lo supiera te lo decía. Pero el Ayuntamiento no, eso está claro”. El actual alcalde ha declinado hacer declaraciones.

El exalcalde, “orgulloso” de defender el ATC durante años

Por último, dice estar “orgulloso de su lucha” a favor del ATC y tampoco se arrepiente de las palabras que propiciaron que no siguiera como alcalde. “No era como yo quería salir, pero no me arrepiento, dije una verdad como una casa. Fue una conversación de barra de bar y nunca pensé que se fuera a publicar. Me pillaron y ya está. Además, no me echaron, me quité yo. Y si me volviera a presentar, ganaría otra vez”.

Sobre el recurso que ha presentado el Ayuntamiento se pronuncia también uno de los pocos vecinos que han querido hablar. Es José, de 77 años, nacido y residente en el municipio. Afirma que le gustaría que el recurso se ganara y el ATC saliera adelante. “Lo he defendido todos estos años. Eso le daría vida a estos pueblos, que se están muriendo”.

Preguntado por los riesgos, la devaluación de tierras y negocios, se pregunta si “acaso es mejor llenar el campo de placas solares en vez de cereales”. Y por eso afirma que no da el proyecto por perdido. “No hay derecho a que, porque no quieran cuatro personas, no se haga. Ahora se va a gastar más dinero en un almacén profundo (en referencia al AGP que contempla el nuevo Plan de Residuos Radiactivos) que lo que se hubiera gastado por el ATC. Todo el mundo lo sabe y todos aquí lo quieren”.

El silencio regresa al visitar los terrenos donde iba a construirse el basurero nuclear. Solo hay pastos (muy verdes por las lluvias de Semana Santa), algunos rebaños de ovejas y los tres edificios que iban a albergar un vivero de empresas, un laboratorio y un Centro Tecnológico Asociado (CTA). Lo inauguraron Cospedal y el entonces ministro de Industria, José Manuel Soría. Ahora, allí solo queda un vigilante de seguridad y personal de limpieza. Están totalmente cerrados.

En total, los terrenos eran 14 parcelas que sus propietarios particulares vendieron a Enresa para construir el ATC y que esta empresa ha transferido al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). El departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera debe decidir ahora qué hacer con ellos.

La avenida que conduce al centro neurálgico de esta zona, por donde también aparecen las dos rotondas mencionadas, lleva el nombre de Pablo Zuloaga, en honor a uno de los ingenieros de Enresa, ya fallecido, que estuvo muy implicado en el proyecto. Pero solo conduce a los pastos, a las vallas y a los carteles que describen el fallido proyecto. Están roídos, difuminados o quemados por el sol.

Alconchel, el pueblo que dijo 'no'

A unos 15 kilómetros de Villar de Cañas se encuentra Alconchel de la Estrella, que no llega al centenar de habitantes. Fue el municipio de la zona más activo contra el cementerio nuclear, de la mano de su alcalde, Tomás Borona (PSOE), que sigue en su cargo. Es regidor municipal desde mayo de 2011, justo cuando Cospedal ganó en Castilla-La Mancha. Llevaba seis meses en el cargo cuando Rajoy eligió a la vecina localidad Villar de Cañas para el ATC.

Este fontanero ya jubilado, y su teniente de alcalde, Juan Vicente Garde, albañil y curiosamente primo segundo de exalcalde de Villar de Cañas, se plantaron ante Enresa “desde el minuto uno” y se unieron a las charlas y movilizaciones. “Lo tuve claro desde el principio”, relata el alcalde en el único bar del pueblo. “Hay gente que me ha dicho después ‘qué cabezón eres, pero cuánta razón tenías’ y es que a base de esfuerzo y de mucho trabajo hemos conseguido que no se haga”.

Le ofrecieron dinero. Lo hizo la Fundación Enresa (ya extinta) con todos los pueblos de la comarca, desde Villar y Alconchel, hasta El Hito, Villarejo de Fuentes, Villares del Saz o Zambra de Záncara. A cada uno le ofreció una cantidad diferente en función de los habitantes y de la distancia al ATC, dentro de un radio de 25 kilómetros.   

Estas cantidades nunca se publicaron en su totalidad, pero están detalladas en un documento que el actual alcalde de Villar de Cañas envió a sus homólogos de la zona a principios de este año para recabar apoyos de cara al recurso contra el carpetazo al ATC.

Según este mensaje, se asignaron al total de los pueblos seis millones de euros, de los cuales 2,4 millones correspondían a Villar de Cañas y el resto para una veintena de pueblos periféricos: por ejemplo, 335.678 euros para Villarejo de Fuentes, 272.171 euros para Alconchel de la Estrella, 253.023 euros para Villares del Saz, 246.822 euros para Montalbo, 225.792 euros para El Hito o 225.186 euros para Zafra de Záncara, entre otros.

Les dije que si me daban el dinero, lo cogía, pero que me lo iba a gastar en luchar contra el cementerio nuclear, osea contra ellos

Tomás Borona — Alcalde de Alconchel de la Estrella

“Yo lo rechacé en cuanto me lo ofreció Enresa. Eso era comprar voluntades. Les dije que si me daban el dinero, lo cogía, pero que me lo iba a gastar en luchar contra el cementerio nuclear, osea, contra ellos”, recalca el alcalde de Alconchel.

Recuerda que al principio hubo vecinos que le reprocharon que el pueblo estaba perdiendo dinero, pero luego “poco a poco se fueron convenciendo de lo contrario”. Eso no impidió que recibiera presiones. El alcalde fue con su hijo en 2012, cuando el niño tenía diez años, a ver los toros a Villar de Cañas. Al subir al remolque para ir la plaza, un hombre les dijo “hombre, alconcheleros, ¿qué pasa, que los toros no tienen radiactividad, que venís a verlos?”. “Le dije a mi hijo que nos fuéramos y desde entonces no ha vuelto a ir a los toros allí”.

También relata que cuando venían las televisiones a preguntar por los pueblos, como se acercaran a algún vecino que estuviese en contra del silo nuclear, iban otros vecinos y les decían: “No, a este no le preguntes”. Y que en Villar de Cañas facilitaban cualquier local para actos en los que se hablara a favor del ATC, pero “como fuese alguien que estuviera en contra, no había nunca nada disponible”.

“Hasta a los entierros iba la secretaria del Ayuntamiento recogiendo firmas de apoyo. Y como estuvieses en contra del ATC no había trabajo para ti. Se creó un ambiente durante tantos años que hay mucha gente que sigue sin saber lo que era el ATC”.

Por su parte, José Vicente Garde, teniente de alcalde, albañil y natural de Villar de Cañas, precisa que el basurero nuclear le perjudicó incluso sin que se construyera. “Estábamos trabajando casi todo el año en Casalonga (una urbanización cercana al pueblo y prácticamente pegada a los terrenos del ATC), pero nos hemos tenido que trasladar a otros pueblos. La gente pensó que para qué iban a hacerse una casa allí si les iban a meter toda esa basura”.

“Yo mismo aposté por una vida rural, una vida tranquila y sana. No hubiera sido compatible con el cementerio nuclear. Y todo porque llegaron cuatro y dijeron ‘aquí’. Además, yo hago casas y cuando me dan un proyecto lo primero que hago es una prospección de terreno para ver si se puede edificar. Eso se adjudicó sin hacer estudios geotécnicos. Hicieron medio millar de pozos, de sondeos, pero después de adjudicarlo. Conozco el terreno y cuando llueve mucho se filtra de arriba para abajo, el yeso se deshace y hace una corriente que va al acuífero de abajo. Ahí no se puede edificar nada”, remarca.

José Vicente lo deja claro: “No todo el mundo en Villar de Cañas quiere el ATC. Allí hay mucha gente que me ha dicho que menos mal que ya no se va a hacer”. Las mismas personas a las que ha reprochado que no lo dijeron en su momento “por miedo”.

“Ahora tenemos la sensación de que hemos sido ignorados. Los pueblos que cogieron ese dinero han hecho cosas. Nosotros hemos hecho todo a base de nuestro esfuerzo, de pedir y pedir, bajo la filosofía de que el Ayuntamiento debe mantenerse con el dinero que tiene. Un ayuntamiento no es una empresa, es para dar servicio a los vecinos. Las víctimas hemos sido nosotros, que no hemos recibido nada. Dijimos que no, lo dijimos claro, pero ahora no tenemos ninguna compensación”, concluye.

Hacia la laguna de El Hito, un símbolo político

Hubo otro pueblo cuya laguna se convirtió en el símbolo de la lucha entre la defensa de la biodiversidad y el silo nuclear. A 25 kilómetros de Villar de Cañas, el humedal de la localidad de El Hito fue el instrumento utilizado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, poco después de llegar Emiliano García-Page al poder en 2015, para batallar contra el ATC.

El Ejecutivo amplió la protección de este espacio natural como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) con el objetivo de que el impacto ambiental del ATC fuera mayor y el proyecto decayera. La cuestión llegó incluso a los tribunales. Pero el biólogo y profesor Carlos Villeta explica que la propuesta llegó desde Ecologistas en Acción. “No fue una idea de la Junta. Antes nosotros ya la habíamos puesto sobre la mesa”.  

En este pueblo, Patricia y Clemente, dos trabajadores municipales, afirman que “todo es política” y se resisten a decir si hubieran apoyado o no el basurero nuclear. Clemente incluso cree que ya se había construido y se sorprende cuando le sacan de su error. Comentan lo mismo Humberto y su abuelo Juan: “Al final son decisiones de los políticos. Nosotros no contamos para nada. Unos dijeron una cosa y otros dijeron otra y aquí seguimos”.    

Finalmente, Carlos Villeta realiza su interpretación de los años de lucha y de sus impresiones recorriendo hoy estos pueblos. ¿Y ahora qué?. “Lo primero es celebrar algo tan importante como haber ganado esta lucha, incluso con zancadillas de gente que pensábamos que nos estaba apoyando”.

Y por otra parte, señala, hay gente “que se ha dejado mucho por el camino, que ahora esta olvidada”. “Ha habido presiones a alcaldes, concejales, empresarios y autónomos que renunciaron al dinero de Enresa y ahora no se les recompensa. Mientras, al actual alcalde de Villar de Cañas lo recibe el presidente de la Diputación (Álvaro Martínez Chana) y el del Gobierno regional (Emiliano García-Page) y dicen que les van a compensar. ¿Compensarles por qué? Lo único que hicieron este alcalde y el anterior fue poner en riesgo a una comarca entera”.

Pero el balance de este investigador y biólogo es positivo. “Hemos conseguido algo muy grande, quizás el mayor éxito que ha tenido la provincia de Cuenca en lo que va de siglo o incluso antes. Nos hemos librado de un cementerio nuclear y lo ha hecho la ciudadanía desde el principio, desde febrero de 2010, todo trabajando a un nivel técnico muy alto, con muchos expertos, con gente muy preparada”.

Ese asesoramiento es el que ha permitido a Ecologistas en Acción “influir muchísimo” en el VII Plan de Residuos. “Ahora hay que poner en valor a la gente que ha peleado y estar vigilantes de que ese plan se cumpla”.

El ATC es historia, que quede claro

Carlos Villeta — Biólogo, investigador y miembro de Ecologistas en Acción de Cuenca

Villeta también zanja: “Por mucho que diga el exalcalde, el ATC es historia, que quede claro. Ningún gobierno volvería jamás a plantear que se hiciera aquí, una vez demostrado que los terrenos son nefastos. Pero ha dejado una secuela, que es el deterioro de la convivencia. Gente que se llevaba bien y ya no. Se han creado luchas y rivalidades que no existían, lo que ha polarizado mucho la vida de aquí”.

Reconoce que es posible que en Villar de Cañas haya mayoría de gente que quiera este proyecto, porque “es mucho dinero”. Pero avisa: “No hay ningún beneficio, supone una pérdida de valor de sus casas, de sus cosechas, de sus tierras, de sus productos. Hubiera sido la ruina para mucha gente”.

El sábado 4 de mayo, una fiesta en el Parque de los Moralejos de la ciudad de Cuenca celebrará el adiós al cementerio nuclear. Bajo el lema ‘El ATC no se pone’, la Plataforma contra el silo nuclear y Ecologistas en Acción quieren compartir con la gente este evento festivo y de victoria ciudadana.

De cara al futuro, Carlos Villeta está convencido de que en esta comarca “sigue existiendo riqueza”. “Son terrenos magníficos para la agricultura, hay tierras de aromáticas, queserías, más cultivos de almendros y pistachos. La gente sigue viniendo a trabajar. Esto no va a desaparecer. Las ciudades viven del campo y eso va a seguir existiendo. El agua y el aire puro se generan aquí y eso, aunque la población sea menor, jamás desaparecerá”.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Séptimo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) y con él se descarta de forma definitiva la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC). Además, el Ejecutivo de España ha aprobado dejar sin efecto la designación de Villar de Cañas (Cuenca) para albergar el silo nuclear.

De esta manera, queda enterrado un polémico proyecto que se planteó en 2011 en una zona “totalmente desnuclearizada” como es Cuenca. A finales del año pasado, el Gobierno de España ya había anunciado que se descartaba la construcción de un único almacén para guardar residuos nucleares.

Este nuevo Plan General de Residuos Radiactivos contempla la puesta en marcha de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en los emplazamientos de las centrales nucleares, para el combustible gastado y los residuos de alta actividad, hasta su traslado al almacenamiento definitivo que podría ser un Almacén Geológico Profundo (AGP). Cada uno de estos ATD estará formado por un Almacén Temporal Individual (ATI), más una nueva instalación complementaria o medidas adicionales.

“Es una satisfacción”, afirman desde la Plataforma contra el ATC

La Plataforma contra el Cementerio Nuclear es la organización ciudadana que lleva rechazando este proyecto desde febrero de 2010. “Es una enorme satisfacción del deber cumplido del colectivo y de las personas individuales de la plataforma”, explica el portavoz Carlos Villeta. “Ha sido un proceso muy largo y costoso, sin descanso”, resalta el activista.

Eso sí, advierten de que no van a bajar la guardia. “Vamos a estar vigilantes del desmantelamiento de las nucleares y por el cumplimiento del séptimo plan”, explica. Asegura que la victoria ha sido de la ciudadanía de la comarca de Villar de Cañas y que se ha visto apoyada por el Gobierno de España, que ha “pisado el acelerador”.

“Esta solución es la menos mala, porque la mejor es no haberlos creado. Pero se eliminan sobre todo los transportes y los siete almacenes ahora estarán en donde ya hay una instalación nuclear, y no el absurdo de tener una en un sitio totalmente desnuclearizado como es la provincia de Cuenca”, remata el activista.

El alcalde de Villar de Cañas anuncia que recurrirá al Supremo

El alcalde de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, ha lamentado la decisión “sin respaldo técnico ni científico” que ha tomado el Gobierno de España para dar carpetazo definitivo y tumbar la posibilidad de que la localidad albergue un Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, asegurando en todo caso que ya valora recurrir al Tribunal Supremo. “

Si esto no lo arregla la política, lo tendrán que arreglar los tribunales“, señaló. En declaraciones a Europa Press, ha apuntado que ”no es un día bueno“, pero no da ”por perdido“ el proyecto. De este modo, ha recordado que el Tribunal Supremo ”siempre le ha dado la razón a Villar de Cañas cuando se ha cuestionado el emplazamiento“, y en otras situaciones como cuando el Gobierno de Castilla-La Mancha ”amplió ilegalmente una zona de protección de aves para intentar parar el ATC“.

“Con este disparate, nadie tiene nada que celebrar. Le quitan el ATC no solo a nosotros, sino a toda la comarca”, ha lamentado, dirigiéndose directamente al presidente regional, Emiliano García-Page, indicándole que ahora, en lugar de un cementerio nuclear, “habrá dos”, en alusión a los almacenes individuales de Zorita y Trillo, que además no llevarán aparejado “ni inversión ni centro tecnológico”, como sí ocurría con el proyecto de Villar de Cañas.

A esto ha sumado que “se va a subir el precio de la factura de la luz”, toda vez que este disparate “cuesta 2.000 millones de euros” a las arcas del Estado.

García-Page: “Por fin el gobierno entierra el ATC”

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha ha celebrado el fin del polémico proyecto. “Por fin, el Gobierno actual entierra el ATC. Es un día de celebración para todos los que defendimos pararlo”, comunicaba en la red social X (antes Twitter). También aprovechaba para lamentar que su instalación en la región fue una decisión “personal y partidista” de María Dolores Cospedal, y que iba “contra criterios técnicos y el sentir ciudadano”.

Este jueves, durante un acto en Toledo ha dicho celebrar “el éxito” de dar carpetazo al proyecto. Algo que, cree, “ha sido consecuencia de una batalla de valores”. Ha agradecido la decisión al Gobierno de España y en particular a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera y ha criticado que “algunos quisieron vender el proyecto para el basurero nuclear como la lotería. Nunca genera atracción y empleo sino lo contrario. Espanta oportunidades”.

También ha recordado que frente al “proyecto nefasto” habrá ahora “en el mismo sitio” otro diferente. “Una alternativa de energía” de la que señalaba que tendrá “capacidad para que la provincia tenga abastecimiento de energía para los próximos 100 años”, sin dar más detalles. 

IU celebra que la “movilización” ha acabado con el proyecto

Izquierda Unida en la provincia de Cuenca ha valorado como “una gran noticia” la aprobación, por parte del Consejo de Ministros del Gobierno de España, del fin del ATC. “Una noticia por la que la sociedad civil lleva muchos años trabajando y que parece que, definitivamente, será solo un mal sueño”.

Con esta decisión culmina el trabajo “de más de una década de movilización social contra la sinrazón y contra la condena a toda una provincia”. “Una movilización que por momentos ha sido masiva si tenemos en cuenta la poca población de muchas de nuestras zonas y que ha sido trabajada desde la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear, la cual merece nuestro agradecimiento así como a todos los partidos, sindicatos, colectivos ecologistas y personas a título individual que han trabajado durante este tiempo, colaborado o participado”, señalan desde el partido.

El coordinador provincial de IU Cuenca, Jacobo Medianero, ha querido “agradecer al Gobierno de España esta decisión que es importante para el presente y para el futuro de Cuenca. Una provincia que sufre el olvido en muchas otras ocasiones y que, esta vez, sí ha sido escuchada y atendida. Queremos soluciones reales a la despoblación y no acrecentar los problemas que ya sufre nuestra tierra.”

Por su parte, Pablo García –concejal en Cuenca- se ha unido a esta celebración y a la “fiesta espontánea” que se ha producido en la capital dejando claro que “esta decisión es la correcta para las y los conquenses. Hoy podemos pensar en el futuro que queremos con mayor claridad y sin los miedos que genera un cementerio nuclear”.

En el ámbito regional, el coordinador de IU en Castilla-La Mancha ha atribuido a Sumar y el espacio que tiene el Gobierno central el que se haya dado “carpetazo” a la “amenaza” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas.

Juan Ramón Crespo subraya que “mantener un Gobierno progresista ha llevado a que ayer mismo el Consejo de Ministros diera carpetazo al ATC”, ha indicado Crespo, para apuntar que “es muy de agradecer” que haya un Ejecutivo con sensibilidad medioambiental y social que haya conseguido poner a fin a que Castilla-La Mancha “pudiera ser el basurero nuclear de toda España”.

Cuenca Ahora: “Es un día histórico”

El Movimiento Ciudadano Cuenca Ahora se congratula por el descarte definitivo del ATC. En opinión del movimiento “esta decisión marca el fin de un proyecto que inició hace doce años y que ha generado preocupación y debate en la provincia”.

El coordinador provincial de Cuenca Ahora, David Cardeñosa, ha expresado su satisfacción ante esta noticia y destaca “el compromiso y la persistencia de la comunidad en la defensa de su territorio y medio ambiente”.

Además subraya que “este es un día histórico para Cuenca, en el que la voz de la ciudadanía se ha escuchado y se ha respetado su voluntad. La movilización de la sociedad ha sido fundamental para lograr este descarte definitivo del ATC en Villar de Cañas”.

El coordinador provincial también hizo hincapié en la necesidad de impulsar alternativas y soluciones que sean socialmente justas y medioambientalmente responsables en todos los ámbitos. “ Con esta resolución se vuelve a dar la razón a los pueblos como con los autos del Tribunal Supremo respecto a la línea de ferrocarril convencional, hay que seguir plantándose frente a instalaciones como el vertedero de Almonacid del Marquesado o las macrogranjas, nuestra provincia no puede ser un territorio de sacrificio”, declaró Cardeñosa.

El PP mantiene entre sus planes seguir apostando por la instalación del basurero nuclear en el municipio conquense de Villar de Cañas, pese a que el proyecto ya está descartado. El candidato de este partido a la Alcaldía del municipio, Alejandro Pernías, quien sustituyó a José María Saiz tras su cese por vejar a la ministra Irene Montero, ha afirmado en la presentación de su programa electoral que no renuncia a intentar “agilizar trámites” para la instalación del ATC, que considera “un proyecto de esperanza” para el pueblo.

Pernías ha destacado que viene cargado “proyectos ilusionantes” y que quiere hacer de este pueblo “un lugar aún mejor”. Y al referirse a las medidas del programa electoral sobre negocios y empresas, se ha declaraco partidario de “agrilizar cualquier trámite que necesiten” y ha agregado que no renunciará “a los proyectos de esperanza como el ATC, con realismo”.

Todo ello pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez ya ha descartado la opción de un único almacén temporal centralizado (ATC) para guardar los residuos de las centrales nucleares y opta por repartir la basura radiactiva en siete emplazamientos distintos, uno por cada central nuclear. El pasado mes de noviembre, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico anunció la solicitud al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el informe sobre el 7º Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) previsto en la Ley sobre energía nuclear, así como el informe de las comunidades autónomas en materia de ordenación del territorio y medio ambiente.

El plan es el instrumento para establecer la política sobre gestión de residuos radiactivos y sobre el desmantelamiento y clausura de las instalaciones nucleares. Este documento tiene que sustituir al plan de residuos aprobado en 2006, que lleva caducado desde 2010, y que el Gobierno está obligado a actualizar para evitar una multa de la Comisión Europea.

Con estos planes del Ejecutivo, el candidato de Villar de Cañas ha reconocido que la situación es “muy compleja, pero ”lo seguiremos defendiendo porque creemos que es bueno para el progreso de nuestra tierra“. En este punto ha añadido que si el Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez ”cumple con su amenaza“, peleará por el futuro con los ”proyectos que sean necesarios“. ”Lo haremos siempre unidos y con una sonrisa“, ha concluido.

El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear Javier Díes ha advertido al pleno del regulador, de que pasar de la propuesta unánime de construir un almacén temporal centralizado de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca) a siete almacenes temporales descentralizados situará a España entre los países que “han fracasado” en el desarrollo de una gestión “excelente” de los residuos radiactivos de alta actividad.

Así lo expone el consejero en su voto particular contrario a la decisión del pleno del CSN, que el pasado 21 de diciembre evacuó al Gobierno un informe favorable sobre el VII Plan de Residuos Radiactivos, que apuesta por la opción de disponer de siete almacenes temporales (ATD) en los propios emplazamientos de las centrales nucleares hasta la construcción del almacén geológico profundo (repositorio definitivo) que estará operativo entorno a 2070.

Para Díes, con el VII Plan General de Residuos Radiactivos informado favorablemente, España pasará de tener un nivel de seguridad en torno a un 5 sobre 10 frente a la anterior opción que era “sobresaliente”. Así, insiste en que la apuesta de un ATC era una estrategia “sólida” y que permitía a España tener el nivel de seguridad más alto.

La propuesta de construcción del ATC que se inició en el año 2004 y fue aprobada y mantenida por unanimidad en el Parlamento durante 14 años contemplaba la construcción de Villar de Cañas y suponía un plan de gestión de combustible irradiado evaluado como una 'good practice', es decir con un “sobresaliente” o un nivel de seguridad 9 sobre 10, lo que para el consejero situaría a España “entre los mejores países del mundo en este tema”.

El consejero discordante de la decisión del pleno, argumenta que “en su obligación de contribuir a mantener y si se puede aumentar la seguridad nuclear de España” terminar el proyecto de construcción de ATC --al que ya se han destinado 300 millones de euros-- es “significativamente más seguro” que tener siete almacenes temporales hasta que esté disponible el AGP.

En la argumentación de su voto particular, al que ha tenido acceso Europa Press, considera que tener una política estable desde 2004 en gestión de combustible irradiado sería un objetivo “muy importante a mantener” y, por el contrario, estar dando “bandazos” en la política de gestión de combustible irradiado “hace daño” a la seguridad nuclear, y “dificulta” las tareas del Consejo de Seguridad Nuclear, como el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña y de Zorita o la necesidad de construcción de ATI que eran “totalmente innecesarios” para cuatro centrales nucleares.

Al mismo tiempo, critica que a parte de tales “dificultades” a las tareas del CSN, la paralización temporal del ATC de Villar de Cañas en julio de 2018 ha provocado “tirar a la basura unos 300 millones de euros” pagados por “todos los ciudadanos en su recibo de la luz” y ha generado “innecesariamente” unas 9.500 toneladas de material contaminado con radiactividad. Del mismo modo, agrega que mientras no esté operativo el silo de Cuenca, cada año y medio habrá que comprar 14 contenedores cuyo coste es de unos 28 millones de euros.

Ventajas e inconvenientes

Otro de sus argumentos favorables al ATC se refiere a la situación en que quedan los emplazamientos de las centrales nucleares a medida que se desmantelan, como ocurre ahora en la central nuclear de José Cabrera (Guadalajara) o como “pronto” sucederá en la de Santa María de Garoña (Burgos).

En ese sentido, insiste en que tener todo el combustible irradiado en un solo almacén centralizado representa una mejora de la seguridad física respecto a tenerlo en siete Almacenes Temporales Individualizados (ATI), especialmente una vez desmantelada la central nuclear, en un factor que podría estimarse del orden de unas 20 veces superior en cuanto a seguridad física.

Respecto al proyecto de ATC en Villar de Cañas, expone que disponía dos celdas calientes que permiten recuperar el combustible y mejora la seguridad respecto a los ATI, porque es capaz de soportar el impacto de un “terremotazo” o de un “avionazo”, algo que no soportan los actuales almacenes temporales individualizados.

Por otro lado, recuerda que el ATC conquense ya había superado los procesos de selección de emplazamiento y apenas faltaban “15 días para obtener su permiso de construcción por parte del CSN”. “En global, considerando los distintos aspectos que contribuyen a la seguridad (seguridad física, recuperabilidad, impacto de un avión, resistencia a un terremoto, impacto radiológico en el emplazamiento, es más seguro tener todo el combustible irradiado de España en el ATC de Villar de Cañas hasta que este operativo el AGP, que tenerlo en 7 ATI hasta que este operativo el AGP, 2040, 2050 o 2070”, concluye.

En su voto particular, el consejero Javier Dies incorpora valoraciones coincidentes con el estudio de impacto ambiental estratégico del VII PGRR que fue sometido a exposición pública por el propio Ministerio para la Transición Ecológica y con el estudio realizado por la 'Blue Ribbon Commission on America Nuclear Future' de Estados Unidos.

De estos estudios, el consejero destaca que indican que el ATC tiene “dos importantes ventajas” frente a los siete ATD, que conllevarían la permanencia en siete instalaciones y su impacto radiológico en todos ellos frente al ATC que eliminaría impacto radiológico y permitiría liberar los terrenos nucleares.

Así, incide en que la opción de los ATD frente al ATC contraviene el principio básico 'ALARA', que busca la reducción del impacto radiológico tanto como sea razonable alcanzar, ya que en este caso supondría la completa eliminación del impacto radiológico a la población y medioambiente en siete emplazamientos y su consiguiente liberación. Finalmente, reitera que la dispersión de los residuos en siete emplazamientos contraviene principios básicos de seguridad física y que lo “deseable” es centralizar en una única instalación crítica el control y supervisión de la misma.

Fracaso de Partido Popular en el Congreso de los Diputados a cuenta de la tramitación de su polémica enmienda sobre agua a los Presupuestos Generales del Estado. El pleno ha tumbado por mayoría del arco parlamentario la pedía que no se aplicaran las nuevas normas de explotación del trasvase Tajo-Segura, que están permitiendo derivar menos agua desde la cabecera del río.

El pleno de presupuestos ha rechazado la propuesta del PP que pedía incluir en el proyecto de ley de las cuentas públicas una disposición adicional nueva sobre la gestión de las transferencias hídricas entre cuencas. Concretamente, quería que quedaran sin vigencia los cambios introducidos por el Real Decreto de julio de 2021 que modificó las reglas del trasvase Tajo-Segura.

Es decir, proponía que no se aplicaran las nuevas reglas de explotación que aprobó el Ministerio para la Transición Ecológica y que han permitido que se trasvase menos agua desde la cabecera del Tajo hasta las regiones de Levante.

Esta modificación se aprobó como primer paso de una demanda histórica de Castilla-La Mancha encaminada a terminar progresivamente con las derivaciones de agua desde el Tajo, permitiendo que tenga más caudal ecológico para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que así lo demandaba.

El diputado socialista Aurelio Zapata ha valorado el rechazo esta iniciativa. Sobre la cuestión del trasvase, ha dicho que “defender nuestra agua es una prioridad para el PSOE de Guadalajara”. “Me siento orgulloso de haber dicho no a la enmienda de la traición”, ha afirmado, recordando que pretendía regresar al “memorándum de Cospedal” que, a la postre significaría continuar con “el saqueo de las aguas en los pueblos de la cabecera y la del propio río Tajo en su desarrollo por la región”.

Zapata ha aprovechado para indicar que con esta postura en materia hídrica, el PP está “anteponiendo sus intereses partidistas y políticos por encima de las necesidades de los ciudadanos de la provincia de Guadalajara”.

* Texto modificado por error de la fuente informante sobre la tramitación de las enmiendas en el Congreso.

Emiliano García-Page le ha hecho un “no pasarán” al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y además presencialmente. El presidente de Castilla-La Mancha se ya reunido el dirigente de este organismo, Juan Carlos Lentijo, al que le ha dejado “muy claro”, según sus palabras. que por la comunidad autónoma no pasarán “bidones radiactivos”.

“En esta Comunidad Autónoma estamos más que sobrados en cuota de colaboración nuclear y no vamos a pasar bajo ningún concepto por que la región se vea atravesada permanentemente por bidones radioactivos, con lo que eso significa de inseguridad permanente en el territorio”, ha comentado García-Page momentos antes de la reunión.

Precisamente, el encuentro se produce una semana después de que el Gobierno descartara finalmente la opción de un único almacén temporal centralizado (ATC) para guardar los residuos de las centrales nucleares y haya optado por repartir la basura radiactiva en siete emplazamientos distintos, uno por cada central nuclear. Esta decisión entierra definitivamente el proyecto de basurero nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), que ya había sido paralizado temporalmente.

Con ello, el presidente de Castilla-La Mancha dio por ganada la batalla que el PSOE de esta comunidad autónoma inició hace años contra esa localización del ATC, cuando estaba en la oposición y gobernaba en la región María Dolores de Cospedal.

El Partido Popular de Castilla-La Mancha ha asegurado que su apuesta en estos momentos de crisis energética va por combinar las energías renovables con la nuclear y ha dejado claro que, si gobiernan, el proyecto del Almacén Temporal Centralizado proyectado en 2011 en Villar de Cañas se reactivará. Así se ha mostrado este miércoles el presidente de los 'populares' de la región, Paco Núñez, durante una rueda de prensa en Cuenca, en donde ha defendido esta instalación para la comarca de Villar de Cañas y ha criticado el “ecologismo radical” del PSOE. 

Ha lanzado tres reflexiones sobre este asunto, y ha indicado en primer lugar que no cree en “esa visión radical de ecologismo de los socialistas”, por lo que ha asegurado que “el progreso y el avance de la provincia de Cuenca pasa por una combinación de la energía renovable con la nuclear”.

Ha calificado en segundo lugar como “una tragedia y una desgracia” el anuncio hecho esta mañana por el Ministerio de Transición Ecológica, que ha descartado este ATC para dar paso a siete almacenes temporales de residuos en cada central nuclear. “Es una tragedia que no se vaya a hacer ni esta inversión ni ninguna de las que ha prometido el presidente de la región, Emiliano García-Page, durante estos años”, ha enfatizado, a la par que ha recordado cómo desde hace años “García-Page ha ido anunciando primero un megaproyecto de Red Eléctrica, luego otro de Iberdrola, pero la realidad es que no ha llegado ninguna inversión y estamos a final de legislatura”. 

Una comarca que “lo necesita”

Y en tercer lugar, Núñez ha recordado que la energía nuclear llegó a Castilla-La Mancha de la mano del PSOE, el mismo partido que ahora “está apostando por ir desmantelando todas las centrales como la José Cabrera y en descartar un almacén centralizado por otros individuales. ”En una crisis energética como la actual, no se entiende por qué este ataque a un proyecto que generaría miles de euros en una comarca que lo necesita, como Villar de Cañas“, ha expresado el dirigente 'popular'. 

Por último, ha recordado la propuesta energética que hizo semanas atrás el presidente nacional de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, quien la elevó al Gobierno y ahí se incluía la reactivación del proyecto y por tanto “la postura del PP y de un futuro Gobierno central 'popular' está marcada en ese documento y la vamos a seguir defendiendo”.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado ante los planes del Gobierno de la nación de desechar la opción de construir un único Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares, proyecto que fue a parar a la localidad conquense de Villar de Cañas, ante lo que ha considerado que su Gobierno y su partido han ganado la batalla que arrancó hace 11 años cuando estaban en la oposición. 

Desde un acto en la localidad toledana de Cazalegas, García-Page ha indicado que se ha conseguido “desterrar el cementerio nuclear” diseñado para Cuenca. Un proyecto que estaba “mal planteado”, pero que será “peor” cuando “se sepan todos los que intermediaron en el negocio”. “Cuando eso se sepa, sí que va a ser basura”.

En este mismo sentido se ha pronunciado el delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, quien ha asegurado que el Ejecutivo central lleva tiempo descartando el ATC en Villar de Cañas y en los últimos ejercicios presupuestarios no se ha contemplado ninguna partida. De ahí que haya tildado de “baldío” que el PP siga intentando reabrir el debate. “Si el PP quiere optar a traer a Castilla-La Mancha infraestructuras de dudosa rentabilidad, lo tendrá que explicar. Pero el Gobierno de España lo tiene claro: no habrá ATC en Villar de Cañas”, ha certificado Tierraseca.

También ha arremetido contra el PP el vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro ha pedido a su líder regional, Paco Núñez, que “tenga valentía” y solicite a la dirección nacional del partido que retire la enmienda a los Presupuestos Generales del Estado en la que insisten en la instalación del cementerio nuclear en la localidad conquense de Villar de Cañas.

“Que vuelva a sus orígenes porque cuando era alcalde de Almansa, en Albacete, estaba en contra de que el ATC estuviera al lado de su localidad -uno de los municipios candidatos a albergarlo, perteneciente a la Comunidad Valenciana, está muy cercano a Almansa -, pero no le ha importado que esté en Villar de Cañas. No sé qué le hemos hecho a Núñez los conquenses. No tiene sentido que el Partido Popular siga insistiendo en el silo nuclear” y ha instado a que asuman ese modelo de gestión de residuos que plantea el Gobierno central “y que no va a haber un cementerio nuclear centralizado ni en Castilla-La Mancha ni en ningún lugar de España”.

Dos de los temas más espinosos de Castilla-La Mancha en su vertiente tanto medioambiental como política aparecen en las enmiendas que el Grupo Popular ha presentado a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 y no precisamente alineados con la postura que defienden los ‘populares’ castellanomanchegos. Se trata del trasvase Tajo-Segura, una cuestión en la que el PP no termina de definirse claramente en coherencia con la postura estatal, y la construcción del almacén de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), actualmente paralizado.

Según ha adelantado la Cadena Ser y ha consultado elDiarioclm.es, en cuanto a la primera cuestión, el Grupo Popular del Congreso de los Diputados propone vía enmienda incluir en el proyecto de ley de las cuentas públicas una disposición adicional nueva sobre la gestión de las transferencias hídricas entre cuencas. Concretamente, pide que queden sin vigencia los cambios introducidos por el Real Decreto de julio de 2021 que modificó las reglas del trasvase Tajo-Segura.

Es decir, el PP quiere que no se apliquen las nuevas reglas de explotación que aprobó el Ministerio para la Transición Ecológica que han permitido que se trasvase menos agua desde la cabecera del Tajo hasta las regiones de Levante.

Esta modificación se aprobó como primer paso de una demanda histórica de Castilla-La Mancha encaminada a terminar progresivamente con las derivaciones de agua desde el Tajo, permitiendo que tenga más caudal ecológico para cumplir con la sentencia del Tribunal Supremo que así lo demandaba. Esta medida del Ministerio, que tiene en cuenta los niveles de agua de los pantanos de cabecera, ya se está aplicando en los últimos trasvases, hasta el punto de que el último se autorizado únicamente para consumo humano.

Su justificación: su gestión “debe ser evaluada”

En su enmienda, el PP simplemente justifica esta petición en que el agua es un recurso natural que genera riqueza y estructura económica y que “su gestión debe ser evaluada incluyendo factores ambientales, sociales y económicos”.

La medida coincide con las repetidas peticiones de más trasvases que se realizan desde el PP de Murcia, pero deja al PP castellanomanchego en una situación complicada puesto que ha firmado con el Gobierno regional un pacto que defiende el agua para la región. Además, en paralelo, los 'populares' están preparando su primera “cumbre del agua”, como un gran escaparate de su oposición a los planes hídricos de Pedro Sánchez y Teresa Ribera que tendrá entre sus protagonistas al trasvase Tajo-Segura. Se celebrará en Murcia y reclamarán el fin del plan hidrológico del Tajo porque “acaba de facto con los trasvases para el regadío de la cuenca del Segura y recorta un 40% la cantidad de agua transferida”.

Resulta también controvertida la segunda enmienda mencionada. El PP registra una modificación de las partidas destinadas por el Ministerio para la Transición Ecológica: pide tres millones de euros para la extensión del plazo previsto en el Plan Nacional Integrado de energía y Clima (PNIEC 2020-2030) destinado a recudir la vida operativa de los reactores nucleares en España. Y al hilo de ello, el PP menciona en su enmienda “la puesta en marcha” del Almacén Temporal Centralizado (ATC) en Villar de Cañas.

Es esta una cuestión sobre la que Paco Núñez apenas se pronuncia pero no es un secreto la defensa que el PP regional hace de que el silo nuclear se instale en Cuenca, pese a la oposición social y política, que es mayoritaria en la comunidad autónoma, y pese a que su construcción está paralizada. Al ATC -en cualquier punto de España- se opone también el alcalde de Yebra y presidente de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares (AMAC). Juan Pedro Sánchez Yebra, edil del PP, se pronunciaba sobre el futuro de los residuos radiactivos en España la pasada semana y rechazaba un almacén temporal centralizado al considerarlo “un parche”.

“Estamos hablando desde 2004 sobre un Almacén Temporal Centralizado, ATC, pero ya no estamos en la misma situación que entonces. Mantengamos los ATI y vayamos hacia el AGP. Evitaríamos construir el ATC que sería una inversión fuerte y no deja de ser un parche”, decía este alcalde del PP, durante una jornada en Trillo.

Pero no es la primera vez, de hecho, que el PP intenta reactivar el basurero nuclear. El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso ya pidió el pasado mes de julio la construcción del ATC en Villar de Cañas a través de una propuesta de resolución.

Y en septiembre, el PP propuso en su plan económico para afrontar la factura de la crisis energética “desbloquear de forma inmediata” la construcción del ATC en Cuenca. Lo justificó en que el proyecto “tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del Consejo de Seguridad Nuclear y faltarían alrededor de 800 horas para su finalización”. En abril el ayuntamiento conquense, en el que gobiernan los populares, volvió a apoyar la idea en un Pleno. Lo que no dice el PP es que ya en 2017 tanto los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear como la propia ENRESA tenían dudas sobre la idoneidad de los terrenos para albergar este tipo de residuos.

El Gobierno de Emiliano García-Page viene oponiéndose a la instalación del cementerio nuclear en Castilla-La Mancha desde que gobierna. En 2019 pidió a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la clausura definitiva del proyecto. Lo dio por “fallido' en 2020 y pidió al PP que se sacudiese ”el mal sueño“ después de que la ministra declararse que no sería fácil recuperarlo. Pero la derecha de Alberto Núñez Feijóo insiste y quiere que los residuos nucleares de toda España (y los que están en Francia procedentes de Vandellòs I) se guarden en Cuenca.

Ecologistas en Acción quiere que el Parlamento Europeo exija a España una actuación en cinco lugares supuestamente radiactivos y fuera del vallado que delimita el área bajo vigilancia radiológica en Palomares (Almería). En esos puntos, por donde transitan personas y a veces pasta el ganado, se registran niveles de radiactividad muy superiores a lo permitido, según un análisis realizado en Zurich (Suiza) a partir de muestras tomadas en el lugar. En total, abarcarían 428 metros cuadrados, mayoritariamente en suelo urbano.

La contaminación de Palomares es consecuencia del accidente ocurrido el 17 de enero de 1966, cuando dos aviones estadounidenses colisionaron en el aire, dejando caer cuatro bombas nucleares, dos de las cuales se abrieron parcialmente liberando a la atmósfera unos nueve kilos de material radiactivo. Los norteamericanos se llevaron una mínima parte, enterrando el resto. Desde entonces, nada se ha hecho por descontaminar de manera efectiva la zona.

“Resultados peores de lo esperado”

En el escrito registrado ante la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, los ecologistas exigen que el Gobierno actúe (preferentemente, descontaminando) o, si no, que sea sancionado por mantener abierto al tránsito terrenos que podrían implicar un riesgo radiológico.

“Los resultados obtenidos por espectrometría gamma (…) han sido peores de lo esperado” en la muestra recogida en la calle Diseminado La Punta, en el núcleo urbano de Palomares, explican en el documento. Además del máximo de 61 bequereles por gramo de Americio 241, los ecologistas señalan que se alcanzarían los 244 bequereles por gramo de plutonio 239 + 240, de 183 para el plutonio 241 y de 6,1 para el “peligroso isótopo” de plutonio 238. Todos esos parámetros superarían la concentración máxima derivada para una dosis efectiva de un milisiervert/año.

Cerca de este punto se ubica un almacén del CIEMAT que contiene 670 kilos de material radiactivo traído desde Madrid en 2016. Por último, el documento de Ecologistas en Acción detalla la existencia de cuatro puntos radiactivos a algo menos de un kilómetro del núcleo urbano.

La existencia de varias zonas con elevados niveles de radiactividad fuera del perímetro vallado fue denunciada ante el Consejo de Seguridad Nuclear por el periodista e investigador José Herrera Plaza, tal y como informó elDiario.es Andalucía en enero. Herrera, uno de los críticos más tenaces con las autoridades por la gestión de las consecuencias del accidente de Palomares, había comprobado cómo la aguja roja de un medidor alfa se disparaba en una zona donde se había realizado un pequeño desmonte. También junto al vallado, en calle Diseminado de la Punta, en pleno núcleo urbano del municipio. Luego envió las muestras a un laboratorio independiente en Suiza, que confirmó su hallazgo.

El CSN explicó entonces a este medio que no tenía constancia de la existencia de “zona alguna, fuera del vallado, con índices de radiactividad superiores a los permitidos para zonas sin restricción”. También ha negado siempre la peligrosidad del material almacenado en Palomares.

La intervención de la Comisión Europea

Para los ecologistas, las cifras que arrojan los análisis son “más que sobradas para adoptar una urgente intervención”. Sin embargo, José Ignacio Domínguez, el abogado que ha presentado el escrito, lamenta que hasta ahora estas advertencias no han servido de nada. “No hacen ni caso, y ahí siguen el plutonio y el americio a merced de quien lo quiera coger”.

Los ecologistas piden al Parlamento Europeo que active al Gobierno, pero es la Comisión Europea quien debe verificar el cumplimiento de las disposiciones de control de la radiactividad en el aire, el agua, el suelo y los alimentos. De hecho, el objetivo final de los ecologistas es lograr que la Comisión tome cartas en el asunto ante la pasividad que observan en el Gobierno.

Ya hace tres años, Domínguez compareció ante el Parlamento Europeo y, tras exponer la situación, la Comisión Europea envió una misión de verificación a España. Antes del 1 de enero de este año, España debía informar a la Comisión de sus avances en la aplicación de un plan de rehabilitación de las tierras contaminadas. Vencido el plazo, no lo había hecho y no hay constancia de que en estos meses haya revertido la situación. La posición histórica de España es que la solución para la descontaminación definitiva de Palomares debe contar con el concurso de Estados Unidos, que de momento no se da.

Entre tanto, se eterniza la resolución del pleito en el que debe dirimirse si existe una obligación legal de descontaminar Palomares, y qué organismo debe ejecutarla. El asunto fue resuelto en primera instancia por la Audiencia Nacional, que desestimó la demanda de Ecologistas en Acción con dos votos discrepantes (entre cinco magistrados). Ahora es el Tribunal Supremo quien debe pronunciarse, pero aún no ha fijado fecha de votación y fallo, lastrado por la parálisis en la renovación de sus magistrados. 

O asunto da declaración/inclusión na enerxía verde á producida en centrais nucleares, sen ser un tema rematado, é pouco debatido. Entretidos coas vacinas do tenista e da conduta dilettante do Estado Australiano (digamos que se arrandeou máis do debido), os temas verdadeiramente relevantes para o noso futuro vital van pasando por tras do escenario. É sabido que na UE todo o que interesa en termos económicos é regulamentado, unhas veces de forma interpretábel e outras en forma hipertrofiada, até o absurdo. Regulaméntase minuciosamente o que interesa aos que teñen vara alta na UE e aos que chegan a gozar de representación directa dos seus intereses. No caso das orientacións de uso do capital financeiro, dáse total atención por parte dos órgaos de goberno da UE. Trátase de usar os fondos comunitarios disponíbeis mediante criterios fiábeis para os intermedirios financeiros afeitos a ter garantías dabondo fronte aos seus clientes, tanto os favorecidos como os discriminados. Os orientadores/prescritores de usos financeiros do capital son os primeiros interesados en posuíren o que se denominou taxonomía europea de proxectos con etiqueta ecolóxica.

Todo comezou coa elaboración do denominado Regulamento de Taxonomía Europea (R UE 2020/852), coa intención de se constituír en faro orientador e clasificador do uso financeiro do capital. Os criterios de investimento en proxectos verdes virían marcados como: “a taxonomía da UE é unha linguaxe común que poderán utilizar inversores e empresas para determinar as oportunidades de investimento en proxectos e actividades económicas que aporten unha contribución sustancial aos obxectivos climáticos e ambientais e axudará a orientar as súas operacións cara á sostenibilidade. Unha vez completa facilitará a etiqueta e desenvolvemento de estándares para os produtos financeiros ecolóxicos”. Os obxectivos están ben determinados: mitigación e adaptación ao cambio climático, uso sustentábel de recursos hídricos, transición cara á economía circular, prevención e control da contaminación e protección e recuperación da biodiversidade e os ecosistemas. Mais o camiño que aparentemente tiña comezado con tanta sensatez e capacidade orientadora perdeu a cabeza no último día do ano pasado, coa declaración francesa de marca de intencións no sentido de incluír nucleares e eléctricas de gas nos investimentos ecolóxicos. Foi tal o escándalo que a propria presidenta da Comisión Europea tomou as rédeas do proceso posterior á entrada en vigor do Regulamento citado, sendo precisa a concreción dos aspectos técnico-concretos a través de Actos delegados da Comisión, co conseguinte control político directo. É dicer, se dos traballos técnicos encomendados á Plataforma de Finanzas Sostíbeis (que reemprazou ao Grupo de Expertos técnicos en Finanzas Sostíbeis) se ditamina que a enerxía nuclear é ecolóxica, démonos por perdidos porque politicamente están asegurados os votos suficientes para sacar adiante a proposta, por moi estrafalaria, carpetovetónica ou disparatada que nos poida parecer.

Certamente Francia pon, máis unha vez, os seus intereses industriais, xeoestratéxicos e reputacionais por diante de calquer outra razón e consideración. Francia é o Estado de toda a Terra con maior potencia nuclear instalada en proporción ao seu tamaño, con intereses do capital público directamente incardinado nesta industria e coa pretensión da gloria pasada de seguir figurando na historia da técnica nuclear propria con independencia dos USA. O xeneral De Gaulle podería seguir sentíndose orgulloso dos seus compatriotas. A “grandeur” está a salvo. Os viciños, en cambio, non sabemos se estaremos igual de seguros.

Esta pretensión non vén acompañada de aval científico, esquece a experiencia histórica dos desastres da humanidade, amosa resistencia absoluta ás análises de risco potencial, e, finalmente, ten nula consideración da existencia necesaria de residuos perigosos, cunha vida activa riscosa de miles de anos (é dicer, fóra completamente do control humano). É tan notábel o enfoque eurocéntrico que, no medio de tanta sostenibilidade, non hai cita algunha das condicións de produción do uranio, da contaminación que crea, dos problemas ambientais e deseconomías xeradas e do contributo neto á explotación de países usados como na época colonial pasada. De non ser unha aspiración plantexada a serio -e que aínda terá percurso, esperemos que fracasado- só cabería observalo como se dunha boa viñeta de Kiko da Silva se tratase: si, verdes podemos acabar todos, pero verdes como extraterrestres.

É inconcebíbel esquecer que en 2011 o terremoto de Fukushima provocou o segundo pior desastre nuclear despois das bombas de Hirohisma e Nagasaki (agosto do 1945, con 340.000 persoas asasinadas), naquela parte do mundo. Está presente na historia recente de Galiza o papel relevante da loita ecoloxista fronte aos vertidos de residuos nucleares na fosa Atlántica. Adega, nomeadamente, e outras organizacións ecoloxistas e políticas levaron a cabo unha importante campaña en contra dos vertidos incontrolados fronte as costas galegas. Con antelación, as campañas nacionalistas lograron impedir a instalación en Xove dunha central nuclear. Semella que Xapón, Fukushima neste caso, é lonxíncuo, mais o planeta Terra é un só, e non nos é alleo nada do que suceda, aínda que haxa miles de quilómetros de distancia: o millón de metros cúbicos de auga contaminada despois do accidente, na central nuclear de Fukushima, non están nun estanque, e a afectación oceánica é mundial.

Quedou en evidencia que a seguridade das centrais nucleares sobarda a capacidade humana de control, mesmo nun país como Xapón afeito ao máximo risco: os terremotos, explosións volcánicas, maremotos e tsunamis forman parte da dotación natural do seu territorio. É imposíbel non lembrar os 36.000 evacuados, os mortos de afectación directa, os afectados de cancro de tiroides tratados hoxe, e o custosísimo mantemento da central nuclear para que non continúe explosionando. E un pouco menos recente, pero igual de significativo como medida da soberba humana neste tempo, é o accidente de Chernobil (abril do 1986): en 2018 Victor Sushko, subdirector do Centro Nacional de Radiación (NRCRM), descrebeu Chernobil como “o maior desastre creado polo home en toda a historia”. Hoxe en día, Ucrania paga pensión de viudedade a 36.525 persoas consideradas directamente afectadas. Os pseudo-argumentos científicos de incremento da seguridade no presente, propagados polos turiferarios a soldo das empresas nucleares, non poden opacar, esconder ou terxiversar unha evidencia: non existe de momento capacidade humana de controlar as situacións de risco posíbel nas centrais nucleares, nen de eliminar os efeitos nocivos dos residuos xerados no seu funcionamento. Neste campo, o dominio humano da técnica non alcanza o nível do monstro creado.

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, José Luis Escudero, ha calificado este viernes el ATC como un “proyecto ya trasnochado y fallido”, asegurado que “afortunadamente tanto el Consejo de Seguridad Nuclear como Enresa lo han archivado”. De esta forma ha respondido el consejero al ser preguntado por la propuesta que anunciaba el PP de presentar en el Congreso una iniciativa legislativa para instar al Gobierno a seguir con el silo en Villar de Cañas. En esta línea, para Escudero el almacén de residuos nucleares “fue una pesadilla que nos quiso dejar el Gobierno del PP anunciando a bombo y platillo que nos había tocado el gordo y lo que nos tocó fue una pesadilla”.

Para el titular de Desarrollo Sostenible, la apuesta del Gobierno de Castilla-La Mancha es “la apuesta por el sentido común, por la transición energética”, y ha asegurado que esta pasa por las energías renovables.“Gracias al Gobierno de la región, el ATC ya es pasado, y apostamos por la vía de las energías renovables tanto para Cuenca como para Castilla-La Mancha”, ha sentenciado.

Para Escudero, “Cuenca es la segunda provincia donde más inversión hay ahora mismo de la región en materia de expedientes de energías renovables, son casi más de 1.700 megavatios los que se están tramitando desde la Consejería de Desarrollo Sostenible y eso significa una apuesta por las energías renovables y también empleos para la provincia de Cuenca”.

En la actualidad hay 1.200 megavatios y desde este departamento se están tramitando expedientes por valor de 1.70 megavatios. Con todo, esto son “alternativas a este ATC para toda la comarca en la que también se está trabajando”. Por tanto, Escudero ha entendido que esa iniciativa legislativa que se quiere presentar “responde a esos intereses particulares del PP de Cuenca, que todavía no se puede sacudir ese mal sueño cuando ya lo hemos hecho todos”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha va a dar el próximo viernes, día 9 de octubre, el visto bueno a la instalación de un parque eólico en la comarca de Villar de Cañas, zona de la polémica instalación del basurero nuclear, con una inversión superior a los 47 millones de euros. Así lo ha avanzado la delegada de la Junta, María Ángeles Martínez, junto al delegado provincial de Fomento, añadiendo que la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cuenca dará previsiblemente esta autorización.

Esta instalación tiene una potencia de 100 megavatios y se ubicará en la zona de Huerta de la Obispalía, Torrejoncillo del Rey, Palomares del Campo, Zafra de Záncara y Villares del Saz y permitirá atender la demanda eléctrica de unas 2.000 viviendas. María Ángeles Martínez ha explicado que este es el tipo de energías por las que apuesta el Ejecutivo autonómico para generar inversión, empleo en el medio rural y luchar contra la despoblación.

La delegada de la Junta se ha referido a las declaraciones efectuadas por el diputado regional, Benjamín Prieto, y por el alcalde de Villar de Cañas, José María Sainz, en relación al Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas y ha reiterado que “aquí no queremos basura nuclear, queremos energías limpias como las que ya generan las más de 2.655 instalaciones de energía fotovoltaica con las que cuenta la provincia y siete proyectos más que tenemos autorizados”.

Y es que, tal y como ha añadido la delegada de la Junta, en el entorno de Villar de Cañas el Ejecutivo autonómico tiene un plan alternativo al ATC con una planificación de 750 MW de potencia fotovoltaica con una inversión de 375 millones de euros que generarían 530 empleos directos.

“Frente a un cementerio nuclear nosotros tenemos un proyecto limpio, un proyecto que apuesta por el medio rural. Me gustaría que los dirigentes del Partido Popular explicaran cuáles son los intereses que tienen en este cementerio nuclear”, ha concluido.

El alcalde de Villar de Cañas (Cuenca), José María Saiz, ha asegurado que se está estudiando la posibilidad de denunciar “por prevaricación” al Gobierno de Castilla-La Mancha por su gestión contra la instalación del basurero nuclear en la localidad conquense. Esta actuación, a su juicio, “tiene una demanda penal, y no se puede ir así por así”. Ha valorado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma la nulidad del decreto 57/2016 sobre la ampliación de la zona ZEPA de la laguna del Hito de 1.000 a 23.000 hectáreas decretada por la Junta y que afectaba a la construcción del silo nuclear.

“La sentencia final del Supremo ha demostrado que todo lo que ha hecho ha sido por hacer daño nada más, y eso tiene que tener un castigo”, ha aseverado el regidor de la localidad. En su opinión, lo que ha hecho el Gobierno regional es “prevaricar y abuso de poder con Villar de Cañas, y lo menos que puede hacer es pedir perdón”.

Además, ha explicado que “tanto en Madrid como en China se sabe que el ATC va a ir instalado en Villar de Cañas, ya que en el séptimo plan de residuos nucleares del Ministerio de Transición Ecológica sale la localidad con esta construcción”. “Fuera de Cuenca se sabe que el ATC se va a construir y, de hecho, el ministerio está abonando cada año tanto a Villar de Cañas como los ayuntamientos de la zona el 3% de la asignación económica que viene con el ATC, por lo que no se ha perdido esta construcción”, ha expresado Saiz.

A su entender, si no se hiciese el ATC, “obviamente el Ministerio mandaría una orden interministerial diciendo que la localidad se queda sin ATC, pero eso no ha pasado nunca, y ha sido sólo el Gobierno de Castilla-La Mancha quien lo ha dicho”.

Preguntado sobre los informes que aseguraban que el terreno de Villar de Cañas no era óptimo para la instalación de dicha infraestructura, el alcalde ha asegurado que, quien sostenía esta opinión, era de carácter personal, y en ella “podían más pensares ecologistas que conocimientos técnicos”. En este punto, Saiz ha indicado que tanto los técnicos de Enresa como del Ministerio “han dicho que sí se puede hacer en esos terrenos”, indicando que ese informe al que se hacen referencia los ecologistas, “es un papel que no tiene ni puño de entrada ni de salida en el Ministerio”. “Les garantizo que, si hubiera habido algún problema técnico, en Villar de Cañas no se hubiese hecho el ATC, y todos los problemas que hemos tenido han sido políticos, no técnicos”, ha aseverado Saiz.

Page “no ha salido ni a dar la cara”

A su parecer, “si algún técnico de Enresa hubiese dicho que no son idóneos, no estaríamos aquí ahora. La Junta ha ido a saco contra nosotros, y así lo ha dicho el Supremo”. Con todo, el alcalde ha afeado al presidente regional, Emiliano García-Page, “que no haya salido ni a dar la cara”, y ha esperado que con esta sentencia, “rectifique, pida perdón, retome el asunto del ATC y hable con el Gobierno central”.

Por su parte, para el presidente del Partido Popular de Cuenca, Benjamín Prieto, la sentencia “ha demostrado” que ha habido “una vulneración intencionada de la jurisdicción” ampliando la ZEPA de la laguna del Hito. Ha reiterado las palabras del alcalde, asegurando que todo esto “ha sido un abuso”, y con la sentencia, “Emiliano García-Page debería estar avergonzado de que la administración, con ese abuso de poder haya podido hacer tal barbaridad”.

Por tal motivo, le ha pedido que en el debate del Estado de la Región que tendrá lugar esta semana en las Cortes regionales, el presidente “pida perdón, rectifique, diga que se ha equivocado, que lo ha hecho mal” y que en dicha comparecencia, “le acompañen otros socialistas conquenses como el diputado nacional Carlos Sahuquillo o el vicepresidente del Gobierno regional, José Luis Martínez Guijarro, y digan que sí quieren el ATC para la provincia, que se equivocaron intencionadamente y que quieren que la provincia se desarrolle”.

Con todo, ha pedido al Gobierno de Castilla-La Mancha “que haga política desde el corazón y la lealtad, y que ejecute la sentencia en sus términos” a la vez que “ese dinero que perdió la región, vuelva a la zona de Villar de Cañas”.

Nuevo revés en uno de los frentes de la batalla judicial que el Gobierno castellanomanchego mantiene contra la construcción del basurero nuclear, cuya ubicación se fijó en Villar de Cañas (Cuenca) hace casi diez años. El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso que el Ejecutivo regional presentó contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia la región (TSJCM) que anuló íntegramente el acuerdo y posterior decreto de la Junta, de los años 2015 y 2016 respectivamente, que ampliaba de 1.000 a 23.000 las hectáreas la superficie del Espacio Protegido Laguna de Hito. Esta medida buscara impedir la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la zona, cuyo emplazamiento fue aprobado por el Consejo de Ministros en 2011.

El Supremo da la razón así al Tribunal Superior de Justicia, que acordó la nulidad de ambos acuerdos y destacó que, al aprobarlos, el Gobierno de Emiliano García-Page conocía el emplazamiento y extensión del proyectado ATC de Villar de Cañas, “incurriendo en desviación de poder”. Es decir, el Alto Tribunal comparte la decisión del TSJCM y además subraya que esa competencia es estatal, “sobre cuyo interés general no pueden existir dudas” y que además se desarrolló con “la aquiescencia y el beneplácito técnico y científico” de la Administración recurrente.

De hecho, la resolución judicial afirma que “sin acreditación científica suficiente, adecuada y razonada”, el Ejecutivo castellanomanchego buscaba una ampliación supuestamente protectora, pero en una competencia que no era suya y “con la vulneración consiguiente del citado precepto constitucional”. Así, los magistrados agregan que el Estado, cuando adoptó su decisión de ubicación del depósito nuclear, “procedió a la ponderación de todos los intereses públicos concurrentes y, en especial, los intereses públicos medioambientales”.

Por todo ello, el Supremo indica que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en realidad, no pretendía ampliar el hábitat de las especies mencionadas en la Directiva AVES, ni la adopción de medidas de conservación especiales en cuanto a citado hábitat, ni tampoco asegurar la supervivencia y su reproducción de la grulla común en su invernada en la Laguna de El Hito, sino, como señala la sentencia, “perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales, por muy loable que pueda resultar tal propósito'”.

La Junta “no ha buscado el cumplimiento de los mandatos medioambientales”

Por todo ello, el tribunal concluye que la resolución del TSJCM “se ajusta a toda la jurisprudencia” y que el Gobierno castellanomanchego, con su recurso, no ha buscado “el cumplimiento de los mandatos medioambientales” de la Directiva AVES, pues tal cumplimiento ha de realizarse “con la finalidad protectora que de la norma europea se deduce y en el adecuado marco de ejercicio de todas las competencias concurrentes, y con respeto de las correspondientes a todas las administraciones públicas titulares de las mismas”.

La sentencia que en su momento dictó el tribunal autonómico estimaba a su vez los recursos del Ayuntamiento de Villar de Cañas y de la Administración General del Estado y anuló el acuerdo de 2015 del Gobierno regional, que aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del Espacio Protegido Laguna de Hito, así como el decreto de 2016 que amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Laguna de El Hito y realizó propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC).

Más de 240 millones de euros suman las cuatro licitaciones pendientes de concurso a las que ha renunciado la Empresa Pública de Gestión de Residuos Radiactivos (Enresa), encargada de las obras del cementerio nuclear, cuya ubicación recayó hace nueve años en la localidad conquense de Villar de Cañas. Esta decisión, adoptada por el Consejo de Administración de la empresa pública, ha llevado al Gobierno castellanomanchego del PSOE a dar por “finiquitado” un proyecto al que se ha opuesto desde sus inicios. Pero ahora queda en manos del Ministerio para la Transición Ecológica dar el 'carpetazo' definitivo a esta ubicación y aclarar cuál será el destino o destinos de los residuos nucleares que España debe almacenar.

La cuestión es que la titular de este departamento, Teresa Ribera, no ha cerrado la puerta a que haya varios “emplazamientos” en el país, depósitos a menor escala, para dejar de pagar a Francia por su almacenamiento, como sucede en la actualidad. Pero, de cualquier forma, y al igual que sucedió con la paralización del permiso de obras en la localidad conquense, que fue el principio del fin del proyecto, ahora es el Ministerio quien debe cerrar la opción conquense y apostar por alternativas.

El Gobierno castellanomanchego quiere comprar los terrenos y construir en la zona un parque fotovoltaico. Ya ha solicitado permisos a Red Eléctrica Española para el uso de dos líneas de alta tensión. Pero todo está pendiente de Plan Nacional de Residuos Nucleares que debería haberse puesto en marcha en 2019 y que se ha retrasado debido a las sucesivas convocatorias electorales. Esto ha provocado que la situación administrativa, legal y de gestión del ATC quedara en el limbo y sin un cierre definitivo tras la mencionada paralización de los permisos de construcción que el Ministerio para la Transición Ecológica aprobó en el verano de 2018.

Mientras tanto, en Castilla-La Mancha “pasan la página” de Villar de Cañas en cuanto la instalación -allí o en cualquier otro sitio de la región- del silo nuclear. El Gobierno tiene a su favor el rechazo social y la paralización judicial del Plan de Ordenación Municipal (POM) que el Ayuntamiento de Villar de Cañas aprobó para facilitar la instalación del silo nuclear. Ahora, con la retirada de Enresa, da por “finiquitado” el proyecto. 

El rastro del dinero gastado

Lo que no quiere el Gobierno autonómico es pasar página en cuanto al dinero gastado. El Ejecutivo de Emiliano García-Page cifra en 90 millones de euros el coste que hasta el momento ha supuesto un proyecto donde han confluido “intereses empresariales” y ha exigido que se investiguen. El presidente, tras conocer la retirada de Enresa, se ha volcado con esta cuestión manifestando su deseo de saber “quién estaba detrás del negocio, qué empresas se han beneficiado y si han tenido que ver con autoridades de la comunidad autónoma”.

También la ministra Teresa Ribera se ha referido en varias ocasiones a esta cuestión del dinero gastado durante el Gobierno de Mariano Rajoy, aunque cifrándolo en 73 millones de euros. Anunció una “auditoría” o “chequeo” para revisar toda la gestión llevada a cabo desde 2012 en torno al proyecto del ATC.

Sobre la gestión del ATC en Villar de Cañas siempre han planeado también las dudas manifestadas por los colectivos detractores, como la Plataforma contra el cementerio nuclear creada en Cuenca contra su ubicación en esta provincia. En uno de los muchos escritos que incorporó a la denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción señaló directamente a Ignacio López del Hierro, marido de la expresidenta castellano-manchega y ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal

Según apuntaron en este colectivo, desde la entrada de López del Hierro en la empresa Iberinco, esta compañía (directamente o a través de empresas participadas) recibió adjudicaciones en, al menos, cinco contratos por valor de casi 37 millones de euros, sobre un total de 54,71 millones, en adjudicaciones de Enresa relacionadas con el cementerio nuclear. En todos los casos se trataba de Unión de Empresas Temporales (UTE) en las que participaba Iberinco o bien otras compañías como GHESA y Empresarios Agrupados, en las que Iberinco tenía una importante participación accionarial.

Para sustentar estos argumentos, aportaron junto a la denuncia un total de 18 documentos en los que ponían de manifiesto la sincronización entre el nombramiento de Francisco Gil-Ortega como presidente de Enresa y la entrada de Ignacio López del Hierro en Iberinco. Ambos en mayo de 2012.

También se señalaba la estrecha relación entre María Dolores de Cospedal y Gil-Ortega, persona de su confianza, con una larga trayectoria política (entre otras cargos fue alcalde de Ciudad Real y presidente de las Cortes Regionales) y con “nula experiencia” en el sector nuclear. De hecho, dimitió en febrero de 2015 cuando estaba a punto de adjudicar la Obra Civil Principal del ATC, con un valor de licitación de 217 millones de euros. Esta es una de las cuatro licitaciones a las que ahora ha renunciado Enresa.