El Ministerio del Interior ha expulsado del cuerpo al agente de la Policía Nacional adscrito a la comisaría de Torrent que fue condenado a dos años y un mes de prisión por un delito de estafa en concurso ideal con un delito de falsedad documental cometido por funcionario público y otro de falsedad en documento oficial. También fue condenado a inhabilitación especial durante un año y un mes para empleo o cargo público.

Francisco Javier Z. M. alcanzó un pacto de conformidad y reconoció ante el tribunal de la sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia que falsificó un atestado en el que denunciaba el robo de su motocicleta para cobrar 13.000 euros de indemnización del seguro.

El condenado cambió posteriormente las placas de matriculación de la moto y siguió usándola hasta que fue detectada por la Policía. El fallo reconoció la atenuante muy cualificada de reparación del daño al haber devuelto el importe de la estafa y la cantidad que la aseguradora pagó para cancelar el contrato de préstamo para la compra de la motocicleta.

El agente, según el apartado de hechos probados, “siendo plenamente conocedor de que tales hechos no habían sucedido y dicha motocicleta continuaba en su poder”, denunció el falso robo el 15 de enero de 2024, según informó el diario Levante-EMV. Todo ello, “con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito”.

El Ministerio del Interior ha publicado este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la resolución que declara la pérdida de la condición de funcionario del agente Francisco Javier Z. M., por la pena de inhabilitación especial a la que fue condenado.

El Ministeri de l’Interior ha expulsat del cos l’agent de la Policia Nacional adscrit a la comissaria de Torrent que va ser condemnat a dos anys i un mes de presó per un delicte d’estafa en concurs ideal amb un delicte de falsedat documental comesa per funcionari públic i un altre de falsedat en document oficial. També va ser condemnat a inhabilitació especial durant un any i un mes per a ocupació o càrrec públic.

Francisco Javier Z. M. va arribar a un pacte de conformitat i va reconéixer davant el tribunal de la secció primera de l’Audiència Provincial de València que va falsificar un atestat en què denunciava el robatori de la seua motocicleta per a cobrar 13.000 euros d’indemnització de l’assegurança.

El condemnat va canviar posteriorment les plaques de matriculació de la moto i va continuar usant-la fins que va ser detectada per la Policia. La sentència va reconéixer l’atenuant molt qualificat de reparació del mal per haver tornat l’import de l’estafa i la quantitat que l’asseguradora va pagar per a cancel·lar el contracte de préstec per a la compra de la motocicleta.

L’agent, segons l’apartat de fets provats, “sent plenament sabedor que aquests fets no havien passat i aquesta motocicleta continuava en poder seu”, va denunciar el fals robatori el 15 de gener de 2024, segons va informar el diari Levante-EMV. Tot això, “amb ànim d’obtindre un enriquiment il·lícit”.

El Ministeri de l’Interior ha publicat dimarts en el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) la resolució que declara la pèrdua de la condició de funcionari de l’agent Francisco Javier Z. M., per la pena d’inhabilitació especial a què va ser condemnat.

El secretario de Organización del PSPV, Vicent Mascarell, ha afirmado que una moción de censura con un concejal tránsfuga no está en la agenda socialista y ha criticado duramente la gestión del ejecutivo local de Torrent, integrado por PP y Vox, al que acusa de generar “inestabilidad total” en el municipio.

Mascarell ha dejado claro que el PSPV no tiene intención de pactar con tránsfugas ni de impulsar una moción de censura con ellos: “Si se abordara, la respuesta sería negativa”, ha insistido. Para el dirigente socialista, el verdadero problema es la coalición PP-Vox y liderada por la popular Amparo Folgado, que, en su opinión, ha demostrado ser incapaz de gobernar con solvencia.

Según Mascarell, el acuerdo entre populares y la facción de la extrema derecha ha desencadenado una crisis institucional, y ha acusado al PP de depender de este tipo de respaldos para mantenerse en el poder local: “Quien pacta con la extrema derecha es el Partido Popular”, ha subrayado.

Gobierno local en minoría

La incertidumbre sobre una posible moción de censura se disparó después de que Guillermo Alonso del Real, hasta el mes de abril portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Torrent y teniente de alcalde del gobierno de Folgado, abandonara el partido y pasara al grupo de no adscritos. Con su marcha, el gobierno municipal conformado por PP y Vox quedó en minoría.

Esa pérdida de apoyo abrió la puerta a posibles alianzas con la oposición, conformada también por Compromís-EU-Podem y el edil tránsfuga.

Sin embargo, Mascarell rechaza tajantemente esa opción: “Los socialistas ni pactamos con Vox ni con tránsfugas”, ha señalado, dando por invalidadas las especulaciones sobre un cambio de gobierno.

El Ayuntamiento de Torrent podría ser el tercero en cambiar de color político tras la dana en virtud de una moción de censura. El PSPV, Compromís y el exportavoz de Vox, Guillermo Alonso, que abandonó la disciplina del partido ultra tras la riada por discrepancias con la dirección y se pasó al grupo de no adscritos, están en plena negociación de una moción de censura para tumbar al actual equipo de Gobierno municipal que ostentan en minoría el PP y Vox y que preside la alcaldesa Amparo Folgado.

Fuentes de los valencianistas y de los socialistas han confirmado a elDiario.es que las conversaciones están abiertas y avanzadas, pero que aún no se puede dar por cerrado el acuerdo. Torrent es la segunda localidad más poblada de la provincia de Valencia por lo que tiene una enorme importancia política.

El PSPV ganó las elecciones de 2023 y obtuvo 10 concejales, pero no pudo formar gobierno, puesto que Compromís-Podem-Esquerra Unida lograron 2, mientras que el PP sacó 9 y Vox 4, por lo que ambos partidos se hicieron con el control del Consistorio con la popular Folgado como primera edil.

Sin embargo, tras la dana, el que fuera candidato del partido de extrema derecha en la localidad, portavoz y teniente de alcalde durante casi media legislatura, Guillermo Alonso, entendió que hubo un “doble rasero” de la formación liderada por Santiago Abascal tras la catastrófica riada y se marchó del partido perdiendo sus delegaciones otorgadas por el pacto de Gobierno, pero conservando su acta de concejal. Así, se pasó al grupo de no adscritos y dejó en igualdad de representantes a PP y Vox (9+3 concejales) y a PSPV y Compromís-Podem-EUPV (10+2), teniendo así la llave de todas las decisiones.

Así, el acuerdo pasaría por tratar de convencer Alonso para apoyar en una moción de censura al candidato socialista, el histórico exalcalde de la localidad Jesús Ros, y formar un nuevo equipo de Gobierno con Compromís-Podem-Esquerra Unida, en el que se integraría como responsable de alguna concejalía. Su tío que, con su mismo nombre, Guillermo Alonso del Real, llegó a ser un dirigente sindical, referente intelectual y senador del PSOE en el nacimiento de la democracia en la transición.

De salir adelante la moción censura, sería la tercera localidad que cambia de color político tras la dana, puesto que ya prosperaron mociones de censura en Chiva y en Requena. En la primera localidad el socialista Ernesto Navarro arrebató la vara de mando a la popular Amparo Fort, y en la segunda Mario Sánchez (PSPV) hizo lo propio con Rocío Cortés (PP).

“La DANA ha erosionado mucho. No entiendo que aquí que hemos tenido fallecidos se nos dijera que votásemos en contra de una propuesta de comisión de investigación, que es cierto que nos razonan que ya hay muchas creadas en otras administraciones, pero luego te encuentras que Vox Paiporta [donde gobierna el PSPV] promueve allí una comisión para investigar su gestión de la DANA. Claro, ¿en qué lugar quedo yo después de eso? Yo me pongo en la piel de un vecino de Torrent y me cuesta entender que habiendo personas que han perdido familiares, coches y casas, ¿cómo puedo decir que no a investigar esto?”.

El exportavoz municipal de Vox en el Ayuntamiento de Torrent, Guillermo Alonso, explica así uno de los motivos que le han llevado a darse de baja del partido y a pasar a ser concejal no adscrito. Una decisión que ha obligado a la alcaldesa del PP, Amparo Folgado, a retirarle las competencias como concejal de Deportes y Educación y a sacarle del equipo de Gobierno, quedando en una situación de empate técnico con la oposición (12 concejales el PP y Vox y otros 12 el PSPV y Compromís-Podem-Esquerra Unida) que dirimirá el propio Alonso en cada votación: “Mi objetivo y mi norte es Torrent, con lo cual, todo lo que sea beneficioso para los vecinos, venga de la izquierda o de la derecha, tendrá mi apoyo”.

El caso de Alonso es uno más de un goteo constante de abandonos de concejales de diferentes ayuntamientos, aunque es el más relevante al tratarse del segundo municipio en importancia de la provincia de Valencia y al suponer la pérdida de la mayoría del Gobierno municipal. Como el ya concejal no adscrito de Torrent, han abandonado el proyecto la concejala de Nàquera Marta Izquierdo, la concejala de Bétera Helena Martínez Losada –también vicepresidenta del partido en Valencia y encargada de relaciones institucionales–, así como Carlos Devís, único concejal de Vox en Serra. En Almassora, dos de los tres concejales de la formación ultra anunciaron también recientemente su salida del partido: el portavoz, Vicente Martínez-Galí, y el número tres de la agrupación, José Martínez.

A todo ello se suma la crisis en el Ayuntamiento de València, donde la Fiscalía investiga contratos adjudicados por el exportavoz de Vox, Juan Manuel Badenas, quien junto a su pareja y también concejala, se dieron de baja del partido y salieron del Gobierno de la alcaldesa, María José Catalá, hasta que Vox, esta vez sí, los reincorporó a su disciplina, lo que permitió mantener la mayoría del equipo de Gobierno del PP y de Vox.

Alonso achaca todos estos movimientos a la excesiva rigidez del partido a la hora de adoptar diferentes posturas que se deciden en Madrid sin tener en cuenta a sus líderes municipales: “Aunque cada caso tendrá sus particularidades, creo que el mío es extrapolable a otros. Al final están pidiendo un esfuerzo a gente del ámbito profesional para que se meta en política, y creo que es un acierto. Pero claro si haces eso lo que no puedes hacer es tenernos de títeres diciéndonos lo que podemos y no podemos decir en cada momento. Si nos llaman por nuestra capacidad profesional, lo normal es que se fíen un poco del criterio de esas personas, que sean un poco flexibles porque las realidades son distintas en cada localidad”.

En cuanto a la situación del presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, y al apoyo de Vox a los presupuestos autonómicos, Alonso considera que el jefe del Consell “es un cadáver político y no veo cómo va a revertir la situación para llegar a repetir como candidato a la Generalitat si acaba el mandato”, lo que ha hecho que haya querido sacar “unos presupuestos sea como sea” y Vox ha aprovechado “esa situación para sacar el mayor rédito político posible”. Sin embargo, añade que no comparte que se le obligara “a salir públicamente a asumir los postulados de Vox, porque todos sabemos que es algo que ni lo piensa Mazón ni lo piensa el PP, era como si estuviera hablando el mismo Abascal, creo que no era necesario”.

Precisamente, esta situación fue la que criticó en el pleno del pasado 8 de abril con el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA, pero también contra su propio partido, especialmente por utilizar la situación para hacer pasar por el aro al dirigente del PP para mantenerse en el cargo. Según explica, tras aquella intervención en el pleno recibió una llamada de Charo Ruiz, la persona intermediaria entre él y la dirección nacional, por el malestar que causó en el seno del partido, aunque finalmente no volvieron a hablar del asunto.

Sobre la gestión de Mazón el pasado 29 de octubre, Alonso tiene claro que debería asumir responsabilidades políticas, destaca la decisión que adoptaron en el Ayuntamiento de Torrent de suspender las clases aquel día por la mañana viendo la previsión de lluvias torrenciales y tras la riada, se muestra crítico con el retraso del Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de enviar al ejército y muy agradecido con el papel que jugó Cruz Roja en Torrent, una organización que viene recibiendo críticas desaforadas de la extrema derecha: “Si no hubiera venido Cruz Roja al día siguiente a ayudarnos a organizar toda la respuesta esto hubiera sido ingobernable, por no hablar del dispositivo que montaron para llegar los medicamentos a los enfermos crónicos. Han hecho una labor encomiable”.

Crisis en el Gobierno municipal de Torrent que dirige la alcaldesa del PP, Amparo Folgado. Fuentes municipales han confirmado a elDiario.es que el hasta ahora primer teniente de alcalde y portavoz de Vox, Guillermo Alonso del Real, ha pedido a la primera edil su pase al grupo de no adscritos, tal y como ha adelantado Levante-EMV.

El líder del partido de extrema derecha en el Ayuntamiento de Torrent se mostró muy crítico en el pleno del pasado 8 de abril con el presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, por su gestión de la DANA, pero también contra su propio partido, especialmente por utilizar la situación para hacer pasar por el aro al dirigente del PP para mantenerse en el cargo.

Alonso del Real ha pedido también su baja en Vox, aunque desde el partido de extrema derecha han informado a preguntas de esta redacción que aún no se ha hecho efectiva. En concreto, desde Vox han informado de que “el señor Alonso del Real no ha informado oficialmente a la dirección provincial del partido de su pase al grupo de los no adscritos” y han añadido que “en todo caso procede exigirle que devuelva a Vox el acta que obtuvo en representación de esta fuerza política y de la que no puede disponer libremente desde un punto de vista ético”.

Del mismo modo, el hasta ahora responsable del área de Gobierno de Educación, Familia, Deportes, Fiestas y Sanidad, ha puesto sus cargos a disposición de Folgado, por si considera mantenerle dentro del equipo de Gobierno con algunas de sus competencias, pero como concejal no adscrito, una opción viable, pero que aún no está decidida, según las fuentes municipales consultadas.

Esta repentina decisión de Alonso complica la estabilidad del Gobierno municipal, puesto que el PP y Vox contaban hasta ahora con una mínima mayoría de 13 concejales de los 25 del pleno (9 el PP y 4 de Vox), por los 10 del PSPV y los 2 de Compromís-Podem-Esquerra Unida (10 el PSPV. De confirmarse su decisión, la derecha y la extrema derecha sumarían 12 y la izquierda otros 12, quedando la llave de cada acuerdo en manos del concejal no adscrito.

La renuncia se ha formalizado a través de un escrito en el registro de entrada dirigido a la alcaldesa en el que ha trasladado que su actuación futura “se regirá, en todo momento, por lo que considero más adecuado para el desarrollo y progreso de nuestra ciudad, poniendo el interés general por encima de cualquier otro factor”.

Según relata, su decisión “no obedece a una ruptura con los valores fundamentales que han guiado mi trabajo hasta ahora, sino que responde a mi firme convicción de que la independencia política me permitirá representar a los vecinos de Torrent de forma más libre y responsable”.

El ingeniero geólogo Alberto Martínez Escribano, con formación en planificación y gestión de riesgos naturales, ha declarado ante la jueza instructora de la causa de la DANA en condición de testigo perito. El hombre ha relatado ante la magistrada que se sorprendió el pasado 29 de octubre por el hecho de que no se habían suspendido las clases en los centros escolares a pesar de que la situación era “peligrosa”. “No hace falta ir a Harvard para saber que la lluvia peligrosa es la que viene de las montañas”, ha manifestado ante la instructora, según consta en el acta de su declaración a la que ha tenido acceso elDiario.es.

El testigo perito ha asegurado que cuando la Aemet activó el aviso rojo, a primera hora del 29 de octubre, “se debería haber avisado a la población”.

El ingeniero geólogo sostiene que “hubo tiempo para poder desalojar a las personas que estaban en zonas inundables porque solo había que subirlas a pisos de arriba, no desalojar el pueblo”. Así, el testigo perito ha concluido que la alerta automática a los móviles, enviada a las 20.11, fue “tardía” y “con contenido confuso”, según su criterio.

También ha recordado que el barranco del poyo está catalogado como zona de “riesgo significativo de inundación”, algo que “sabe todo el mundo”. El geólogo ha insistido en que los modelos predictivos sobre lluvias están “a disposición de todo el mundo”.

Alberto Martínez, que trabaja en un instituto de Aldaia, estaba preocupado por la situación de sus alumnos, al estar el centro situado en zona inundable. “Salió en foros, televisión, webs que se esperaba una situación potencialmente histórica”, ha recordado.

El testigo ha relatado que el martes 29 de octubre, cuando se dirigía a su centro de trabajo, “por el camino diluviaba torrencialmente”. “Hubo clase normal, pero faltaron muchos alumnos por las lluvias de la mañana”, ha declarado. Incluso advirtió al director del instituto de que la situación era “peligrosa”.

Por la tarde, el experto siguió la situación en A Punt, que informaba en directo de las inundaciones. A las 19.24, considera que con los datos disponibles, “era obvio que iba a pasar algo gordo. A las 19.47, con la información proporcionada por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ”ya se veía que la situación era muy grave“.

Martínez considera que “sabiendo lo que llovía a mediodía” en localidades como Buñol o Chiva, “un ingeniero geólogo no tendría mucha dificultad en saber que toda esa agua iba a producir desbordamiento en el barranco del Poyo”. “Era obvio y fácil de esperar”, ha apostillado.

En definitiva, el testigo perito ha concluido —“como especialista en gestión de catástrofes”— que “se pudo haber evitado” la tragedia. “Ese día se tenían que haber suspendido las clases como mínimo, cuando se activaron los avisos rojos se tenía que haber mandado a los trabajadores a su casa y algunas empresas lo hicieron”, ha afirmado el hombre, que ha puesto los ejemplos de la Diputación (lo hizo a las 14.00) y de la Universitat de València.

El ingeniero geólogo ha asegurado que la alerta al móvil llegó “tarde” y ha enumerado otras formas de avisar a la población que se podrían haber usado, tales como llamadas a ayuntamientos o bandos municipales, “como se hizo en 1957”, ha dicho en referencia a la histórica riada de aquel año.

Encara que la DANA es va esdevenir el 29 d’octubre passat, els estralls d’aquesta catàstrofe natural no han fet més que agreujar-se durant els mesos posteriors arran de la deriva institucional que han pres els governs locals i l’executiu de Mazón per a la gestió dels desperfectes en aquelles zones en què la “normalitat” encara no és un escenari factible. Així és com se senten en una urbanització situada en la perifèria de Torrent, concretament en el barri dels disseminats, on el subministrament d’aigua és inexistent i les carreteres, devastades, impossibiliten la lliure circulació.

Rafa Gil i Yolanda Gallardo, veïns i membres de la junta directiva de l’Associació de Veïns d’Agost, denuncien que en aquesta zona d’habitatges, que limita amb Monserrat i Godelleta, conviuen prop de 3.000 residents, dels quals 30 famílies encara no tenen accés a l’aigua. “Hi ha una persona amb un bebé a càrrec que se n’ha hagut d’anar a ca la seua cosina a viure-hi. I una altra amb dos fills amb discapacitat qui ha abandonat sa casa”, asseveren.

Les queixes, traslladades a l’Ajuntament de la localitat més d’una vegada, no s’han materialitzat en cap moment. Els dos representants veïnals asseguren que sempre han tingut una “bona relació” amb els membres de l’equip de govern d’Amparo Folgado, alcaldessa de Torrent, però que les seues promeses d’atendre’ls com més prompte millor mai s’han complit. “El regidor d’urbanisme sempre s’ha mostrat atent i ens ha confirmat que se solucionaria. La realitat és que els veïns no veiem resultats”, concreta Gil. En aquest sentit, afig que mai han vist Folgado visitar aquesta zona.

En el ple del 9 de gener passat, uns quants veïns van eixir a denunciar les condicions d’abandó que viuen en els disseminats. “Circulem per camins agraris mal senyalitzats. Ens juguem la vida cada dia. Pensem que en 15 dies havien d’estar les millores. Volem que es canalitzen les séquies i que no desguassen en les carreteres mateixes, que acaben inundades i ens impedeixen eixir de casa. Volem que l’Ajuntament continue barallant-se amb la CHJ per un cabalímetre per al barranc de l’Horteta. Els torrentins som els que votem i vostés tenen els mitjans per a posar-los en marxa”, va exposar Helena Casas, presidenta de l’associació veïnal.

“Amb un grup de voluntariat, el mes de novembre ens vam organitzar per a distribuir aigua embotellada des del Toll de l’Alberca. L’Ajuntament va posar en marxa un camió cisterna que pujava a aquesta part del poble per a poder omplir garrafes, però el mes de desembre tota aquesta ajuda va desaparéixer”, manifesten. Ara, des de l’associació arrepleguen firmes per a presentar una queixa formal davant l’organisme municipal. Hi sol·liciten que s’actualitze la xarxa de canalització d’aigua; pavimentar les carreteres i comunicar els camins; reinstaurar el servei de recollida d’escombraries i contenidors a prop; recuperar la il·luminació dels espais comuns; més senyalització per a diferenciar els nuclis de la població; o aplicar “una solució definitiva” per als guals inundables sobre el barranc de l’Horteta. A més, també insisteixen en la millora del servei de busos; el disseny d’un pla de sostenibilitat “per a posar en valor el patrimoni natural” o la instal·lació de fibra òptica.

Fonts de l’Ajuntament de Torrent desmenteixen la versió dels afectats i asseguren que els tècnics treballen a hores d’ara en les infraestructures danyades per a “tornar a la normalitat com més prompte millor”. A més, subratllen que l’aigua d’aquestes urbanitzacions no depén del consistori, sinó d’uns pous privats: “Els residents d’aquesta zona no han reivindicat mai l’aigua potable i ara, després de la desgràcia, s’han adonat de la importància del subministrament públic. La meitat dels que hi viuen no tenen cèdula d’habitabilitat”, apunten.

Preguntats per la situació de les 30 famílies sense aigua que denuncia l’associació veïnal, des de l’Ajuntament també neguen que siga cert: “El que hi ha són cinc xalets que depenen d’una empresa privada d’aigua agrícola. No hi podem intervindre. Nosaltres hem garantit el subministrament de la xarxa de manera gratuïta per a tothom. Hem ajudat 5.000 famílies”. Així mateix, declaren que des de l’organisme local i per part del govern de Mazón han destinat un total de 13 milions d’euros per a la reparació d’espais públics i camins: “Estem esperant que el senyor Sánchez ens puga aportar alguna cosa. Demanarem un préstec”.

En línia similar, les fonts consultades afirmen que ja s’han adjudicat les obres de reparació de les carreteres afectades per part del Consell Agrari de l’Ajuntament i per la Conselleria de Medi Ambient. “Ara hi ha poques màquines, operaris i material, però en els pròxims dies estaran operatius. Ja hi ha una part en què s’ha començat a treballar. S’ha gestionat al més ràpid possible. No han passat ni tres mesos i de la nit al dia no pot estar tot arreglat”, recalca i afig que sempre s’han mantingut reunions amb els residents d’aquesta zona.

Els representants veïnals d’Agost Torrent sostenen que tot aquest caos ha generat un moviment veïnal que comparteix una mateixa preocupació i volen que se’ls visibilitze com a la resta de la població del nucli de Torrent: “Hi ha carreteres i camins que continuen igual que el 29 d’octubre. Molts treballem fora i ens és impossible circular. S’hi han fet arranjaments superficials. Sembla que la DANA només ha passat pel barri del Xenillet. Volem que també se’ns atenga”, destaquen.

Aunque la DANA sucediese el pasado 29 de octubre, los estragos de esta catástrofe natural no han hecho más que agravarse durante los meses posteriores tras la deriva institucional que han tomado los gobiernos locales y el Ejecutivo de Mazón para la gestión de los desperfectos en aquellas zonas donde la “normalidad” aún no es un escenario factible. Así es como se sienten en una urbanización situada en la periferia de Torrent, concretamente en el barrio de los diseminados, donde el suministro de agua es inexistente y las carreteras, devastadas, imposibilitan la libre circulación.

Rafa Gil y Yolanda Gallardo, vecinos y miembros de la junta directiva de la Asociación de Vecinos De Agost, denuncian que en esta zona de viviendas, que limita con Monserrat y Godelleta, conviven cerca de 3.000 residentes, de los cuales 30 familias aún no cuentan con acceso al agua. “Hay una persona con un bebé a cargo que se ha tenido que ir a casa de su prima a vivir. Y otra con dos hijos con discapacidad quien ha abandonado su casa”, aseveran.

Las quejas, trasladadas al ayuntamiento de la localidad en más de una ocasión, no se han materializado en ningún momento. Los dos representantes vecinales aseguran que siempre han tenido una “buena relación” con los miembros del equipo de gobierno de Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent, pero que sus promesas de atenderlos cuanto antes nunca se han cumplido. “El concejal de urbanismo siempre se ha mostrado atento y nos ha confirmado que se iba a solucionar. La realidad es que los vecinos no vemos resultados”, concreta Gil. En este sentido, añade que nunca han visto a Folgado visitar esa zona.

En el pleno del pasado 9 de enero, varios vecinos salieron a denunciar las condiciones de abandono que viven en los diseminados. “Circulamos por caminos agrarios mal señalizados. Nos jugamos la vida todos los días. Pensamos que en 15 días iban a estar las mejoras. Queremos que se canalicen las acequias y que no desagüen en las propias carreteras, que acaban inundadas y nos impiden salir de casa. Queremos que el ayuntamiento siga peleándose con la CHJ por un caudalímetro para el barranco de l'Horteta. Los torrentinos somos los que votamos y ustedes tienen los medios para ponerlos en marcha”, expuso Helena Casas, presidenta de la asociación vecinal.

“Con un grupo de voluntariado en el mes de noviembre, nos organizamos para distribuir agua embotellada desde el Toll de l'Alberca. El ayuntamiento puso en marcha un camión cuba que subía a esta parte del pueblo para poder rellenar garrafas, pero en el mes de diciembre toda esa ayuda desapareció”, manifiestan. Ahora, desde la asociación están recogiendo firmas para presentar una queja formal ante el organismo municipal. En ella, solicitan que se actualice la red de canalización de agua; pavimentar las carreteras y comunicar los caminos; reinstaurar el servicio de recogida de basuras y contenedores cerca; recuperar la iluminación de los espacios comunes; más señalización para diferenciar los núcleos de la población; o aplicar “una solución definitiva” para los vados inundables sobre el barranc de l'Horteta. Además, también insisten en la mejora del servicio de buses; el diseño de un plan de sostenibilidad “para poner de valor el patrimonio natural” o la instalación de fibra óptica.

Fuentes del Ayuntamiento de Torrent desmienten la versión de los afectados y aseguran que los técnicos están trabajando en las infraestructuras dañadas para “volver a la normalidad cuanto antes”. Además, subrayan que el agua de esas urbanizaciones no depende del consistorio, sino de unos pozos privados: “Los residentes de esa zona no han reivindicado nunca el agua potable y ahora tras la desgracia se han dado cuenta de la importancia del suministro público. La mitad de los que viven allí no tienen cédula de habitabilidad”, apuntan.

Preguntados por la situación de las 30 familias sin agua que denuncia la asociación vecinal, desde el ayuntamiento también niegan que sea cierto: “Lo que existe son cinco chalés que dependen de una empresa privada de agua agrícola. Ahí no podemos intervenir. Nosotros hemos garantizado el suministro de la red de forma gratuita para todo el mundo. Hemos ayudado a 5.000 familias”. Asimismo, declaran que desde el organismo local y por parte del gobierno de Mazón han destinado un total de 13 millones de euros para la reparación de espacios públicos y caminos: “Estamos esperando que el señor Sánchez nos pueda aportar algo. Vamos a pedir un préstamo”.

En línea similar, las fuentes consultadas afirman que ya se han adjudicado las obras de reparación de las carreteras afectadas por parte del Consell Agrari del ayuntamiento y por la Conselleria de Medio Ambiente. “Ahora hay pocas máquinas, operarios y material, pero en los próximos días estarán operativos. Ya hay una parte en la que se ha empezado a trabajar. Se ha gestionado lo más rápido posible. No han pasado ni tres meses y de la noche a la mañana no puede estar todo arreglado”, recalca y agrega que siempre se han mantenido reuniones con los residentes de esa zona.

Los representantes vecinales de Agost Torrent sostienen que todo este caos ha generado un movimiento vecinal que comparte una misma preocupación y quieren que se les visibilice como al resto de la población del núcleo de Torrent: “Hay carreteras y caminos que siguen igual que el 29 de octubre. Muchos trabajamos fuera y nos es imposible circular. Se han hecho arreglos superficiales. Parece que la DANA solo ha pasado por el barrio del Xenillet. Queremos que también se nos atienda”, destacan.

Els partits polítics i els sindicats es queden fora de totes les meses de contractació de l’Ajuntament de Torrent, l’òrgan que analitza i decideix sobre les adjudicacions i els processos de selecció públics del municipi i que estarà composta íntegrament per tècnics i presidida per un regidor del PP. L’alcaldessa popular Amparo Folgado defensa que “no és una decisió de l’alcaldessa”, sinó que el que han aplicat és un informe de Secretaria, que apuntava a la “tecnificació” d’aquest òrgan, perquè és l’esperit del legislador de la Llei de contractes del sector públic. Aquest canvi substancial arriba després de la polèmica contractació del gabinet de premsa del municipi que va guanyar La 8 TV Mediterráneo, que fins i tot els seus socis de Vox van qüestionar.

Folgado ha explicat a elDiario.es que les formacions polítiques “hi estaran de convidades, no es tanquen les portes a ningú”, i alhora assegura que no hi ha cap intencionalitat política perquè “no estic ni jo en la taula”. Folgado ha afegit que amb aquest canvi es busca “professionalitzar-la i tecnificar-la” i que, a més, es redueix el nombre dels seus components.

L’objectiu final, segons Folgado, és “guanyar celeritat, transparència i valoració tècnica al màxim nivell. Volem que la faena la facen els professionals”. “Aquesta mesura ja la va aplicar l’Ajuntament en l’etapa de govern anterior del PP –amb l’actual alcaldessa de València María José Catalá–, i també l’apliquen ajuntaments socialistes”, ha conclòs.

“Han agafat la via que els interessa més”

Des de l’oposició municipal no veuen tan benintencionada aquesta modificació de la composició de la mesa de contractació i sí que insinuen interessos polítics.

El portaveu del PSPV, Andrés Campos –precisament l’anterior president de la mesa de contractació–, recorda que “la llei permet un ventall de possibilitats, perquè també podrien haver posat com a president un tècnic, però hi han posat el regidor, per la qual cosa el PP serà l’únic partit que hi tindrà un representant”. El portaveu de Compromís-Podem-EUPV, Xavier Martí, insistia en aquest aspecte advertint que “han agafat la via dispositiva que els interessa més”.

El socialista ha recordat pel que fa a la professionalització i la tecnificació que defensa l’alcaldessa Folgado que, “quan els polítics formen part de la taula no apliquen barem ni puntuem, només votem al final i fiscalitzem, i ara es perdrà aquesta vigilància”. Campos afirma que, amb la figura del convidat per als partits polítics, “no es tindrà tota la informació”.

Per part seua, Xavier Martí recorda que el soci de govern del PP, l’extrema dreta de Vox, va denunciar falta de transparència i l’ús de “dreceres” en la contractació de la tele dels bisbes per al gabinet de premsa municipal de Torrent, “però ara l’accepten”. Martí insinua que “no sé si amb aquest silenci volen usar el tema per a negociar amb el PP de manera interna per als pressupostos municipals”. Martí apunta que, com que formen part del govern municipal, “ells poden obtindre la informació de la contractació de manera extraoficial”.

Los partidos políticos y los sindicatos se quedan fuera de todas las mesas de contratación del Ayuntamiento de Torrent, el órgano que analiza y decide sobre las adjudicaciones y procesos de selección públicos del municipio y que estará compuesta íntegramente por técnicos y presidida por un concejal del PP. La alcaldesa popular Amparo Folgado defiende que “no es una decisión de la alcaldesa”, sino que lo que han aplicado es un informe de Secretaría, que apuntaba a la “tecnificación” de este órgano porque es el espíritu del legislador de la Ley de Contratos del Sector Público. Este cambio sustancial llega tras la polémica contratación del gabinete de prensa del municipio que ganó La 8 TV Mediterráneo, que hasta sus socios de Vox cuestionaron.

Folgado ha explicado a elDiario.es que las formaciones políticas “estarán de invitadas, no se cierra las puertas a nadie”, y a la vez asegura que no hay ninguna intencionalidad política porque “no estoy ni yo en la mesa”. Folgado ha añadido que con este cambio se busca “profesionalizarla y tecnificarla” y que, además, se reduce el número de sus componentes.

El objetivo final, según Folgado, es “ganar celeridad, transparencia y valoración técnica al máximo nivel. Queremos que el trabajo lo hagan los profesionales”. “Esta medida ya la aplicó el ayuntamiento en la anterior etapa de gobierno del PP -con la actual alcaldesa de València María José Catalá-, y también lo aplican ayuntamientos socialistas”, ha concluido.

“Han cogido la vía que más les interesa”

Desde la oposición municipal no ven tan bien intencionada esta modificación de la composición de la mesa de contratación y sí que insinúan intereses políticos.

El portavoz del PSPV, Andrés Campos -precisamente el anterior presidente de la mesa de contratación-, recuerda que “la ley permite un abanico de posibilidades, porque también podrían haber puesto como presidente a un técnico, pero han puesto al concejal, por lo que el PP será el único partido que contará con un representante”. El portavoz de Compromís-Podem-EUPV, Xavier Martí, insistía en este aspecto advirtiendo que “han cogido la vía dispositiva que más les interesa”.

El socialista ha recordado respecto a la profesionalización y tecnificación que defiende la alcaldesa Folgado que, “cuando los políticos forman parte de la mesa no baremamos ni puntuamos, solo votamos al final y fiscalizamos, y ahora se perderá esta vigilancia”. Campos afirma que con la figura del invitado para los partidos políticos “no se tendrá toda la información”.

Por su parte, Xavier Martí recuerda que el socio de gobierno del PP, la extrema derecha de Vox, denunció falta de transparencia y el uso de “atajos” en la contratación de la tele de los obispos para el gabinete de prensa municipal de Torrent, “pero ahora lo aceptan”. Martí insinúa que “no se si con este silencio quieren usar el tema para negociar con el PP de forma interna para los presupuestos municipales”. Martí apunta que, al formar parte del gobierno municipal, “ellos pueden conseguir la información de la contratación de forma extraoficial”.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de prisión de seis meses y al pago de una multa de 1.260 euros a un hombre que agredió y llamó “extranjera de mierda” a una mujer de nacionalidad brasileña el 23 de marzo de 2023 en una calle de la ciudad de Torrent.

La sentencia, fruto de una conformidad entre las partes, le considera autor de un delito leve de lesiones y otro cometido con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución, con la agravante de reincidencia, pues ya había sido condenado con anterioridad por otro delito de odio, y las atenuantes de reparación del daño y alteración psíquica.

En cuanto a la responsabilidad civil, el condenado deberá indemnizar a la víctima con 1.000 euros por los daños morales y con 500 por las lesiones que sufrió a consecuencia de la agresión, cantidad que ya abonó a la perjudicada antes del juicio. Igualmente, queda inhabilitado para ejercer cualquier profesión u oficio relacionado con la educación durante cuatro años.

Los hechos ocurrieron sobre las cinco de la tarde en una calle de Torrent, cuando el hombre se acercó a la víctima, que paseaba mientras hablaba por teléfono y, guiado por un ánimo vejatorio por su condición de extranjera y de raza negra, le dio un golpe a la altura de la oreja, lo que provocó que el móvil se le cayera.

Cuando la mujer le pidió explicaciones por su comportamiento, el condenado le contestó: “Porque ibas hablando por teléfono, extranjera de mierda”. Ella le avisó en ese momento de que iba a llamar la Policía, lo que hizo que el penado emprendiera la huida.

La víctima le persiguió y a la carrera y en un momento de la persecución el agresor se giró y le dio una patada en el pecho, antes de ser detenido por la Policía Local.

La sentencia, que es firme y no puede recurrirse, reconoce en su relato de hechos probados que el hombre tiene un trastorno de personalidad no especificado, “lo que afecta, pero no anula a sus capacidades volitivas”. 

La concejala de Política Lingüística del Ayuntamiento de Torrent (Valencia), Ángeles Lerma, justifica la retirada de la suscripción municipal a la revista en valenciano 'Camacuc' en que “esta publicación disfrazada de revista infantil es en realidad un claro ejemplo de propaganda catalanista y separatista”.

Así ha respondido la edil a una pregunta planteada por el grupo municipal socialista sobre los motivos que han llevado al Ayuntamiento a la retirada de la suscripción de la publicación para niños y niñas.

“La decisión se llevó a cabo tras comprobar que esta publicación disfrazada de revista infantil es en realidad un claro ejemplo de propaganda catalanista y separatista”, asevera la concejala, que añade: “Lleva un adoctrinamiento que no vamos a permitir que figure en las bibliotecas”.

Lerma dice, en un comunicado, en que, en las pasadas elecciones municipales del 28 de mayo, “los torrentinos decidieron un cambio de gobierno y, por tanto, nosotros no hacemos otra cosa que seguir el mandato y aplicar las políticas que ellos han elegido democráticamente”.

Por último, la concejala de Vox afirma que “el Ayuntamiento de Torrent no seguirá promoviendo el separatismo catalán con el dinero de los torrentinos”.

La retirada de las suscripciones municipales a revistas editadas en valenciano en diversos ayuntamientos de la Comunitat Valenciana donde Vox participa en el gobierno ha sido criticada por entidades culturales y responsables institucionales, entre ellos el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, quien ha calificado la retirada de apoyo de “forma moderna de censura”.

El fundador del grupo valenciano de folk 'Al Tall', Vicent Torrent, ha criticado la decisión del Ayuntamiento valenciano de Torrent, gobernado por el PP y Vox, de retirar su nombre al auditorio municipal y ha advertido de que “el morro de Franco vuelve a asomar por debajo de la puerta”.

En declaraciones a EFE, Torrent ha dicho que no le sorprende la decisión pues el PP ya había anunciado que lo haría si llegaba al Gobierno local, pero cree que es “ofensiva y un agravio” para la población torrentina que, según ha dicho, “mayoritariamente entiende la canción del Tio Canya y de Lladres”, así como “la reivindicación de la lengua y del país”.

Tras recordar a los nuevos gobernantes que han de gobernar “para todos los torrentinos y no solo para los de su secta”, Torrent ha destacado la reacción social que está provocado la decisión, lo que les está “ayudando a construir una barricada contra el morro de Franco, que vuelve a asomar por debajo de la puerta”.

Muestras de apoyo a Vicent Torrent

“Desde primera ahora no paro de recibir muestras de apoyo y adhesiones y disgusto por lo que han hecho en el Ayuntamiento. Le han quitado a Torrent un trozo de su patrimonio”, ha afirmado.

Para el fundador de 'Al Tall', la gracia que tuvo que pusieran su nombre al auditorio es que “en cierta manera se reivindicaba algo que había estado siempre un poco en las catacumbas”, como son la cultura y la música tradicional y popular, “que siempre se han considerado una cosa menor al lado de las cosas de alta cultura”.

Ha explicado a EFE que era una manera de darle una plataforma y una visibilidad a todo eso y de dar “un paso adelante culturalmente para nuestra tierra”, pero ha lamentado que ahora se le vuelva a tirar “tierra encima” de todo eso.

“Quieren que volvamos a las catacumbas pero han llegado tarde, a las catacumbas no volveremos de ninguna de las maneras y les haremos ver sus errores y sus manías de un españolismo sumiso y nada reivindicativo por la lengua y la vida de este país”, ha asegurado Torrent.

Un síntoma de “bajeza moral”, según el PSPV y Compromís

El PSPV-PSOE y el grupo municipal de Compromís-Podemos-EU en el Ayuntamiento valenciano de Torrent han criticado que el gobierno local, haya quitado el nombre del fundador de 'Al Tall' del auditorio municipal, algo que ven “un síntoma de bajeza moral” y que busca confrontar.

El secretario general del PSPV-PSOE y expresident de la Generalitat, Ximo Puig, ha afirmado en declaraciones a la prensa que la extrema derecha “está hegemonizando la batalla cultural”.

“La Comunitat Valenciana ha estado estos años vinculada claramente a una sociedad de respeto, una sociedad de defensa de la autonomía, de nuestra cultura, pero sobre todo una sociedad de respeto”, ha defendido Puig.

En la Comunitat, ha dicho, “conviven el castellano y el valenciano”, así como “diferentes maneras de ver la vida”, y ha concluido que “eso es lo que la derecha, desde la confrontación, quiere romper”.

Por su parte, Compromís-Podemos-Esquerra Unida ha señalado que esta decisión “se enmarca dentro de la campaña de odio que el PP y Vox están alimentando a lo largo de todo el territorio valenciano, intentando enfrentar a unos valencianos y valencianas contra otros por motivos estrictamente ideológicos”.

“Odio al diferente”

“Ya no se respeta el trabajo profesional que Vicent Torrent ha cuidado al detalle a lo largo de su trayectoria musical, ni el hecho que haya sido galardonado con el premio Carta de Poblament de Torrent. Lo único que les ha impulsado es el odio al diferente, a quien no piensa como ellos”, ha denunciado Pau Alabajos, músico y secretario del colectivo Ovidi Montllor.

Fue precisamente Alabajos, como exportavoz de Compromís, quien propuso el nombre de Vicent Torrent para bautizar el auditorio, un espacio cultural que no tenía un nombre concreto asignado, han indicado en un comunicado.

Por su parte, el actual portavoz del grupo municipal en Torrent, Xavier Martí, ha declarado que este movimiento por parte del PP y sus socios de Vox evidencia “una bajeza moral sin precedentes en Torrent”.

“No quiero pensar cómo lo estará pasando Vicent a nivel personal; es muy feo, muy sucio y destila un odio que rompe todos los consensos sobre personalidades de Torrent reconocidas por su trayectoria profesional y calidad humana”, ha afirmado.

Martí ha explicado que “una cosa es no estar de acuerdo con la ideología de una persona y otra es atacar su labor profesional, reconocida como miembro del Consell Valencià de Cultura, y también galardonado en su ciudad natal con el premio Carta de Poblament”.

El intento de Vox en Torrent de presentar una moción controlada de condena al holocausto con homenaje centrado en las víctimas judías no le ha salido bien. La aprobación por parte de Compromís y del PSPV de una enmienda a la totalidad de la propuesta incluyendo también una condena al régimen franquista ha hecho que el partido de ultraderecha finalmente haya rechazado la declaración final.

Así, frente a la propuesta de Vox que se centraba en “los campos de exterminio nazis”, Compromís añadía por extensión otros regímenes colaboradores del III Reich de Adof Hitler como la dictadura de Franco en España, y detallaba los casos de deportación de judíos que hizo la dictadura franquista a la Alemania nazi. La nueva propuesta también concluía añadiendo que “el Ayuntamiento de torrent recuerda de manera especial las mujeres y hombres que sufrieron las consecuencias de su lucha enfrentándose al régimen criminal del general Francisco Franco”.

Esta enmienda a la totalidad fue aprobada con los votos de Compromís y del PSPV, mientras que PP y Ciudadanos se abstuvieron y finalmente Vox votó en contra. El portavoz municipal ultraderechista, Salvador Benlloch, afirmaba que “no acabamos de entender a qué viene esta moción que presenta el grupo Compromís desenterrando cosas antiguas ya del pasado como que si Francisco Franco esto o Francisco Franco lo otro... no entendemos eso, porque puestos a hablar podríamos hablar también del holocausto comunista con 20 millones de muertos”.

Mientrastanto desde el PP se lamentó que no se pudiera conseguir una moción consensuada, y Ciudadanos afirmaba que “no es aquí donde toca” porque atañe únicamente los temas de Torrent, aunque matizaba que su intención era votar a favor de la enmienda a la totalidad y que pretendían abstenerse en en sustitución.

Por su parte el portavoz de Compromís, Pau Alabajos, puntualizaba que su moción lo que pretendía era llevarlo justamente al nivel local puesto que la afectación del holocausto en Torrent fue precisamente a través de la dictadura franquista.

A continuación se puede ver la intervención de rechazo de Vox en el debate del pleno de Torrent.

El portavoz de Ciudadanos en las Corts Valencianes, Toni Cantó, ha anunciado este lunes que su partido negocia con el PSPV para gobernar conjuntamente el Ayuntamiento de Torrent (Valencia). El PSPV Gobierna en minoría y ha ido sacando adelante algunas medidas con el apoyo de Ciudadanos en este último mandato.

Cantó ha remarcado que el acuerdo no está cerrado y que los grupos municipales de Cs y el PSPV negocian de momento los presupuestos y su posible entrada en el equipo de gobierno, aunque ha confiado en que pueda llegar “a buen puerto” y ha destacado la importancia de una localidad como Torrent.

“Es muy poco habitual arrancar al PSC valenciano de los brazos de Compromís y Podemos y traerlo al centro, pero en algunos lugares lo hemos conseguido”, ha aseverado en rueda de prensa en Les Corts, tachando de “extraordinario que el PSOE no mire generalizadamente a la izquierda y al nacionalismo”. En el anterior mandato, el PSPV y Compromís votaron juntos la investidura del alcalde, Jesús Ros, y los presupuestos municipales de 2016. El distanciamiento entre socios, que sí gobiernan juntos en la Generalitat, comenzó en el primer año de mandato de Ros.

El portavoz de Ciudadanos ha vuelto a criticar que “el PSOE siga tirándose al monte del nacionalismo y el populismo” y ha garantizado que siempre les tenderán la mano cuando abra la puerta a pactar con Cs, si bien cree que “cuando puede elegir, elige Podemos, Compromís o Esquerra Republicana”

El número 57.342 ha sido agraciado con el 'Gordo' del Sorteo Extraordinario de 'El Niño', dotado con 2.000.000 de euros por serie y muy repartido por administraciones de toda España.

En la Comunitat Valenciana, el 57.342 consta como vendido en un establecimiento situado en la calle Riba-roja 44 de la localidad valenciana de Manises y en un local de venta de regalos, prensa y papelería de Simat de la Valldigna, también en esta provincia.

Sergi, propietario de este último establecimiento, Les Graes, ha explicado que se trata de un terminal de punto de venta por lo que desconocen la cantidad que haya podido repartir.

En todo caso, ha indicado que el agraciado o agraciados deben ser vecinos de la zona, un pueblo pequeño de unos 3.000 habitantes. Asimismo, ha señalado que una vez hace años ya repartió un décimo en un sorteo del 'Gordo' de Navidad, también vendido por terminal.

Parte del segundo premio del Sorteo Extraordinario de 'El Niño' de la Lotería Nacional, que ha recaído en el número 21.816, ha sido vendido, entre otras localidades, en Aldaia, Paterna y Manises (Valencia), y en las alicantinas de San Miguel de Salinas, San Juan y Benidorm.

En el caso de Valencia, dos de las administraciones se encuentran en centros comerciales: Bonaire (Aldaia) y Heron City (Paterna). El tercer punto de venta ha sido en Lotería Manises, en la calle Maestro Guillem 5 de esta localidad.

En Alicante, ha sido vendido en un establecimiento de la calle Aigües 2 de Benidorm, edificio Coblanca; en la avenida Rambla, 24 de San Juan y en la calle Nuestra Señora Monserrat 4 de San Miguel de Salinas.

Tanto en la administración de Heron City como en el establecimiento de San Miguel de Salinas (un estanco) y los de Benidorm y San Juan, se ha vendido un décimo del número premiado, según han confirmado el gerente del primer local y fuentes de Loterías del Estado para el resto.

Desde la administración de Heron City, su gerente, César, ha explicado que han vendido un décimo por máquina. Se trata de la primera vez que reparten un premio de importancia, en los tres años que llevan abiertos.

“Han pasado tres sorteos de Navidad y tres del Niño; a la tercera va la vencida”, ha resaltado. “Estamos encantados de repartir la suerte; abrimos los 365 días del año, así que la suerte nos ha encontrado inspirados”, ha añadido.

Del tercer premio, la administración número 1 de Torrent (Valencia) ha vendido 400 décimos del 26.706, lo que supone que ha repartido diez millones de euros desde este establecimiento, situado en la calle Ramón y Cajal número 33 de la localidad.

El número 26.706, agraciado con 250.000 euros la serie, ha sido vendido únicamente en dos administraciones: la número 1 de Torrent (Valencia) y la 18 de Valladolid, en 'El gato negro', situada en el número 20 de la Plaza Mayor, donde se han vendido cien décimos -10 series-, todo ellos en ventanilla, a 25.000 euros el boleto.

Según ha explicado el gerente del establecimiento de Torrent, la mitad de los décimos se han vendido por ventanilla y los 200 restantes a una peña valencianista de la localidad.

Se da la circunstancia de que esta peña, según ha explicado el gerente, no suele jugar al 'Niño' sino que únicamente lo hace en el especial de Navidad. En esta ocasión, resultaron afortunados con la 'pedrea', por lo que se “animaron” a jugar también a este sorteo y han resultado afortunados con el tercer premio.

Esta administración ha repartido varios premios de importancia en otros sorteos: al menos tres veces el 'Gordo' de Navidad y otros premios de jueves y sábado.

El sorteo ha alcanzado una facturación total de 732 millones de euros, según datos provisionales, lo que supone un crecimiento del 0,24% respecto al año anterior. Madrid ha sido la provincia que más ha facturado (102 millones de euros), frente a los 355.420 euros de Melilla.

El gasto medio por habitante fue de 15,68 euros, siendo Soria la provincia de mayor gasto por habitante (50,3 euros) y Melilla la que menos (4,1 euros).

La cifra agraciada con el primer premio ha ido a parar a Albacete; en Barcelona a Mollet del Vallès, Pineda de Mar y Vilanova del Camí; a Santander; a Rianxo en A Coruña; en Cuenca a Tarancón; San Sebastián; Las Palmas de Gran Canaria, Veguellina de Orbigo en León o Lérida.

El primer premio también ha sido repartido en Madrid y en Torrejón de Ardoz; en Lorca (Murcia); en Quintanar de la Orden y en Villa de Don Fadrique en Toledo; así como en Manises y Simat de la Valldigna en Valencia.

El segundo premio, dotado con 750.000 euros por serie, ha sido para el número 21.816 y ha ido a parar a una veintena de provincias. Entre ellas, en Alicante para Benidorm, San Juan y San Miguel de Salinas; en Almería en la localidad de Adra; Hornachos en Badajoz; y Artés, La Romanica y Vic en Barcelona.

También ha recaído la suerte con este segundo premio en Abadiño (Vizcaya); Calzada de Calatrava en Ciudad Real; Andoain, Hernani, Pasai y San Sebastián (Guipúzcoa) y Figueras, Llagostera y Girona; Telde en Las Palmas; Alcalá de Henares en Madrid; Málaga y Melilla.

Otras localidades que han cogido un pellizco del premio son Murcia, en Cartagena; Navarra en Pamplona y Tudela; Pontevedra en Nigrán; Santa Cruz de Tenerife; Aldaia, Manises y Paterna en Valencia; Medina de Rioseco en Valladolid y Zamora.

El presidente del Parlament, Roger Torrent (Sarrià de Ter, 1979) fue el primero en proponer un Govern de concentración que incorpore a los 'comuns' y la CUP como respuesta a una previsible sentencia adversa. El dirigente de ERC considera que abrir el Ejecutivo a todos los partidos contrarios a las condenas y favorables a un referéndum es la mejor respuesta posible a la sentencia del Supremo. Torrent tampoco rechaza un anticipo electoral que, a diferencia de Quim Torra y Carles Puigdemont, considera que podría reforzar las instituciones y a la mayoría independentista.

Hace unos días decía que el independentismo tiene que hacer autocrítica. ¿Cuál es el principal error que ha cometido?

El principal error que hemos cometido en los últimos meses es el de no explicarnos suficientemente bien. Y sobre todo no saber construir un relato común de los diferentes actores del independentismo para explicar no solo el pasado inmediato sino, sobre todo, el futuro inmediato, en el ciclo político que se abre tras las sentencias. Nos ha faltado explicarnos mejor y probablemente ha sido porque no hemos podido generar este relato interno coherente.

¿Puede que sea porque no saben exactamente qué explicar?

Faltan estos consensos previos, es evidente. Y si hay unos consensos fuertes es más fácil de explicar.

Marta Rovira reconocía que no saben cómo hacer la independencia. ¿Usted lo tiene más claro?

Lo que decía Marta Rovira es que estamos en un proceso político que no hemos vivido nunca. Por tanto no solo debemos definir una estrategia propia muy clara y que sepamos explicar bien, sino también explicar que esto no depende de lo que haga solo un actor como es el independentismo, sino que depende de un contexto complejo sobre el cual no controlamos todas las derivadas. Debemos explicar esta complejidad. Dicho en otros términos: estamos convencidos de que será un proceso más complicado del que podíamos imaginar en octubre de 2017, pero también, como ha dicho Marta Rovira, estamos plenamente determinados a llegar a la resolución democrática definitiva del conflicto, que para nosotros es el referéndum.

Sus socios de JxCat dicen que ponen “la directa” hacia la independencia. ¿Les han preguntado cómo van a hacerlo?

No sé qué quiere decir “poner la directa” ni a qué equivale. Nosotros, que somos independentistas de siempre y hemos defendido la República como la mejor herramienta para este país, estamos contentos de que todo el mundo asuma los objetivos políticos que ERC defiende desde hace mucho tiempo. Este es nuestro objetivo político y pondremos sobre la mesa las acciones y la agenda que nos parecen más acertadas para lograrlo. Y si coincidimos con la mayoría del independentismo, mejor, porque querrá decir que tenemos el consenso que hemos echado de menos en los últimos meses. Pero, en cualquier caso, todo lo que hemos ido proponiendo es porque creemos que es lo que nos acerca más al objetivo.

Para que la gente nos entienda: ¿ustedes vuelven a proponer un referéndum pactado?

Nosotros proponemos el referéndum como vía de resolución del conflicto político, porque es la vía que hemos defendido siempre.

¿Pero debe o no ser un referéndum acordado?

Un referéndum del que se puedan aplicar los resultados. Por tanto debe tener una legitimidad interna e internacional, evidentemente.

Entonces, ¿se precipitaron al realizar el del 1 de octubre sabiendo que no tendría validez?

El 1 de octubre era imprescindible para seguir avanzando. Y no solo para avanzar desde un punto de vista político sino también para darnos credibilidad.

¿La declaración de independencia del 27 de octubre también era necesaria?

Insisto, para nosotros el 1-O era un proceso absolutamente imprescindible para darnos credibilidad y para determinar cuál es el objetivo político de una mayoría del país. Todo lo que hemos hecho desde entonces hasta hoy es absolutamente necesario para dibujar el horizonte político hacia el que queremos caminar. Y siempre hemos dicho que desde nuestra perspectiva la resolución de este conflicto será multilateral.  Oriol Junqueras siempre lo ha defendido. Así que, tanto en octubre de 2017 como durante todos los hechos posteriores y hoy, lo que defendemos es esta resolución multilateral del conflicto.

Pero el 27 de octubre no se aprobó una resolución multilateral, era más bien unilateral.

El 27 de octubre es la declaración de independencia del Parlament de Catalunya y, al mismo tiempo, y creo que es perfectamente compatible una cosa con la otra, somos conscientes de que este conflicto se resolverá en una mesa multilateral. Porque muchos actores políticos tienen intereses directos e indirectos en la resolución de este conflicto.

¿Qué sentido tiene compartir gobierno con unos dirigentes que prometen algo tan importante como la independencia y aseguran que la quiere hacer ya, mientras ustedes no saben cómo va a hacerse y creen que va para largo?

Esto no es una cuestión de tempos para que cada actor decida con qué ritmos quiere ir. Nosotros somos conscientes de que será más complejo de lo que nos imaginábamos en octubre de 2017. Y al mismo tiempo sabemos que entramos en una fase nueva, en un nuevo ciclo político, que será una fase acumulativa. Nuestro trabajo es acumular la fuerza que nos permita generar las condiciones objetivas para que el referéndum que hoy parece imposible sea inevitable. ¿Cuándo se darán estas condiciones? Veremos.

Todos tenemos que reflexionar en torno a la cultura de la “hoja de ruta”. Si alguna cosa hemos de repasar es si fue bueno o no el planteamiento de unas hojas de ruta con unos calendarios muy determinados y unos pasos muy concretos. Porque la resolución de este conflicto no solo depende de lo que planteemos nosotros sino de las circunstancias, unas condiciones objetivas que se deben dar para que pase el referéndum. 

Por lo tanto la cuestión es no ponerse un calendario.

Que no es poco importante. Marcarse un calendario que no solo depende de ti puede generar frustración.

¿Qué más cosas cree que deben hacer?

Aplicar todos los mecanismos democráticos de presión que tenemos a nuestro alcance para generar las condiciones que obliguen al Estado a sentarse en la mesa de diálogo. ¿Cuáles son? Las que tienen que ver con la movilización civil y ciudadana, que deberemos de mantener la movilización de forma intensa y permanente. También nuestra capacidad de incidencia en la gobernabilidad del Estado. Hemos demostrado que cualquier partido que tenga la tentación de cronificar el conflicto en Catalunya, como parece que quiere hacer el PSOE, tendrá muchas dificultades para mantenerse al frente del Gobierno español. Y finalmente, la parte internacional es la pata que nos permite también generar una presión a nivel exterior, que es la parte que hace que al Estado le salga más caro intentar cronificar el conflicto.

ERC prometió que este sería un gobierno efectivo. ¿Lo es?

Sí. Gobierna. También es evidente que gobierna con la necesidad de tener unas mayorías en el Parlament de Catalunya que han de manifestarse en las decisiones que tomemos en el futuro y todavía más concretamente en los Presupuestos de la Generalitat. Sin presupuestos será muy difícil que el Govern pueda gobernar y seguir la legislatura tal y como la tiene planteada hasta ahora.

Seis de cada 10 catalanes no piensan lo mismo y suspenden la gestión del Govern,  según el último sondeo del Centre d'Estudis d'Opinió. ¿También es porque no saben explicarlo?

En todo caso lo que es evidente es que debemos  ser capaces de aprobar aquellas herramientas que permitan gobernar. No solo porque tengamos que responder a las necesidades urgentes de la ciudadanía, sino porque para nosotros también es fundamental demostrar que el Govern gobierna en clave de construcción republicana. En ese sentido es imprescindible que el Govern haga todos los pasos necesarios para demostrárselo a la ciudadanía. Venimos de unas circunstancias muy difíciles, del 155 y de una situación de inestabilidad en el Estado, con unas mayorías en el Parlament de Catalunya que han fluctuado, y ahora veremos si en este nuevo ciclo político tenemos o no las mayorías necesarias.

Ha defendido en varias ocasiones que debe haber un gobierno de concentración tras la sentencia. ¿Opinar tanto sobre qué hay que hacer no es abandonar el papel institucional que implica ser la segunda autoridad del país? 

Al contrario, yo creo que a los que estamos al frente de las instituciones en el momento en el que estamos se nos exige que no solo hagamos propuestas sino que lideremos también estas propuestas.

Si Meritxell Batet dijese que el Gobierno español no debe ser de coalición, ¿a usted le parecería adecuado?

Lo encontraría legítimo.

Sobre ese Govern de concentración que defiende, los 'comuns' y la CUP ya han respondido que no están interesados. ¿Tiene alternativa?

Bueno, en los 'comuns' algunos han dicho que sí, otros han dicho que no. En cualquier caso a mí lo que me parece es que se ha de explorar la vía del Govern de concentración. Primero porque quien piense que no le interpelará la sentencia se equivoca. Incluso aunque no forme parte de la mayoría parlamentaria que hoy da apoyo al Govern. La sentencia pondrá delante de un espejo a todo el mundo, a todos los actores políticos del país. Y por tanto deberemos ser capaces todos juntos de dar una respuesta política a la altura de las circunstancias que viviremos con esta sentencia.

En segundo lugar, si defendemos estos grandes consensos que hoy representan al 80% de la sociedad catalana, hemos de ser capaces de materializarlo en las instituciones. Eso es lo que nos hace fuertes, seamos independentistas o no, seamos soberanistas o no, formamos parte o no de esta mayoría del 80% que no quiere represión, que quiera una solución democrática. Tenemos una responsabilidad política para demostrar esta mayoría tras esta sentencia. El Govern de concentración es lo que debería permitirnos llegar al referéndum y poner fin a la represión.

¿Cuál sería la tarea que debería hacer un Govern de concentración?

Es la forma no solo de simbolizar este 80% que hay en la ciudadanía catalana, sino poner a trabajar a los representantes políticos de ese 80% en este doble horizonte: por un lado el referéndum y por otro el fin de la represión. En el marco conjunto alrededor de una agenda republicana, que evidentemente tiene también una agenda social, con una serie de medidas que es imprescindible que abordemos y con las cuales Catalunya también debe de tener estrategias, como es la agenda feminista, el cambio climático, la revolución 4.0, muchos elementos que también son globales y tenemos que tener una estrategia catalana.

¿Cuánto tiempo debe durar este Govern de concentración? Porque Pedro Sánchez ya ha dicho que no habrá referéndum y con Casado está claro que tampoco lo habrá. Por tanto, usted dice que con este Govern debería hacerse el referéndum, ¿para hacerlo cuándo y negociado con quién?

La pregunta es si dadas las circunstancias que viviremos en las próximas semanas, un Govern que representa el espíritu del 3 de octubre es la mejor manera de responder a la limitación de los derechos fundamentales que supondrá la sentencia. Para mí sí, porque nos hace fuertes. En Catalunya tenemos tres grandes mayorías: una parlamentaria, del 48% independentista; otra soberanista, que tiene una traslación parlamentaria del 60%; y finalmente la del 80%. En la medida en que seamos capaces de jugar con estas tres mayorías, de coserlas, podremos generar los grandes consensos que nos permitan superar una situación muy compleja. Este Govern de concentración por sí mismo ya es un mensaje porque apuesta por la solución democrática, que es decirle al Estado que metiendo a la gente en la cárcel no resolvemos el conflicto sino que lo empeoramos.

¿Y si la condición de los partidos que invitan al Govern es que cambie la presidencia?

Los criterios concretos que generen las condiciones necesarias para que se dé este Govern no me corresponden a mi darlos de entrada, corresponden a todos los actores políticos que, insisto, serán interpelados por la sentencia. En todo caso, para mí el Govern de concentración es el mejor mecanismo que permite visualizar las grandes mayorías y fortalecer las instituciones. Porque eso no solo tiene una translación al Govern de la Generalitat: también debe tener, evidentemente, una repercusión en las mayorías del Parlament, entre otras cosas porque hemos de aprobar unos presupuestos para 2020. Y en este sentido, finalmente, el Govern de concentración es la mejor opción, pero no descartaría ninguna otra que nos permita fortalecer las instituciones.

¿Adelantar las elecciones sería una buena alternativa para responder a la sentencia?

A mí no me corresponde decirlo porque esa es una potestad del president de la Generalitat.

Pero tampoco le correspondería decir cómo tiene que ser el Govern y sí lo hace.

Esta es su visión. Dadas las actuales circunstancias políticas, aquellos que estamos al frente de las instituciones estamos obligados a intentar poner propuestas encima de la mesa. Dicho esto, yo no descartaría ninguna opción que nos permita fortalecer las instituciones. Porque si lo que busca la sentencia es limar las bases democráticas, la mejor respuesta debe ser apuntalar las instituciones. En ese sentido, si no existe la posibilidad de un gobierno de concentración yo no descartaría ninguna de las otras opciones que pueda haber encima de la mesa.

¿Un tercer adelanto electoral en cuatro años fortalecería las instituciones catalanas?

Se puede leer así o como prefiero hacerlo yo, que es decir que a nosotros las urnas nunca nos dan miedo. En todo caso, unas elecciones pueden generar nuevas mayorías más reforzadas. De hecho, las elecciones municipales han permitido gobiernos de coalición como el de Tarragona y el de Lleida [un pacto entre ERC, JxCat y comuns].

JxCat ha amagado con volver a promover la investidura de Puigdemont, lo cual sería desobedecer al Constitucional. ¿Usted está dispuesto a practicar la desobediencia como respuesta a unas eventuales condenas?

¿Qué quiere decir desobediencia? Lo digo porque a veces entramos en disquisiciones terminológicas.

Desobedecer sería proponer a Puigdemont como presidente sabiendo que el Constitucional no lo permite.

En esta cuestión y en cualquier otra he intentado ser coherente con lo que digo y también con los hechos. Cualquier decisión que adoptemos desde las instituciones debe permitirnos avanzar y abrir un escenario mejor que el anterior. Por lo tanto, debe ser una decisión que sea efectiva y no solo lo digo en relación a esta cuestión concreta.

Entiende, pues, que proponer de nuevo a Puigdemont no serviría para avanzar.

He defendido siempre lo mismo en relación con las diferentes decisiones que hemos ido adoptando, también en relación con las investiduras. Una investidura efectiva es aquella en la que el presidente puede tomar posesión, nombrar consejeros y gobernar.

¿Tiene la sensación de que hay diputados de Junts per Catalunya que no le han perdonado que no sometiese a votación la investidura de Puigdemont?

Prefiero no mirar atrás y no entrar en una dinámica de reproches entre las distintas fuerzas independentistas. Porque al final la energía y recursos que destinamos a una competencia interna que no nos aporta nada son energías que no destinamos a lo que es necesario. Al principio decía que es evidente que no nos hemos explicado bien y entre otras cosas es porque algunos de los esfuerzos que deberíamos haber dedicado a ello los hemos destinado a veces a confrontarnos entre nosotros. Por eso creo que el gran servicio que hace ERC al independentismo es huir de la burbuja e ir a las fronteras electorales, a sumar gente para ampliar las mayorías.

Algunos dirigentes, también de su partido, apuestan por una huelga general y la CUP propone que esa huelga sea “continuada”. ¿Tiene sentido hacerla si no cuentan con el apoyo de los principales sindicatos?

Cualquier propuesta debe contar con una mayoría muy amplia, representada especialmente por los agentes sociales, económicos y políticos.

¿Si Oriol Junqueras es inhabilitado, cosa muy probable, a usted le gustaría ser el candidato de ERC en las próximas autonómicas?

Estamos normalizando el hecho de que Oriol Junqueras sea condenado, cosa que para mí es escandalosa desde el punto de vista democrático. El candidato de ERC es Oriol Junqueras, no solo porque representa mejor que nadie los valores de este partido sino porque es el mejor patrimonio político que tenemos y porque el partido decidió que para denunciar la situación de represión que vive sería el cabeza de lista en todas las elecciones. Dicho esto, todos los militantes de ERC sabemos que no somos más que un eslabón en una cadena que es histórica y que siempre ponemos al servicio de la ciudadanía de este país.

¿Está diciendo que llegado el caso estarían dispuestos a presentar como candidato a las autonómicas a una persona que estuviese inhabilitada?

Lo que estoy diciendo es que me parecería un escándalo democrático que por poner urnas, que no es ningún delito, se pudiese inhabilitar a ninguno de los que están siendo juzgados por el Supremo. Defendemos que Oriol Junqueras es el mejor candidato de ERC.

¿Pero puede que en el partido se estén ya preparando para un escenario en el que Junqueras no pueda ser candidato?

Si se dan esas circunstancias, dentro del partido hay mucho talento, también talento femenino que a veces tendemos a olvidar cuando se hacen quinielas, para asumir las responsabilidades que sean necesarias cuando sea necesario.

Respecto a las quinielas que usted cita, el diario Ara publicó que hay encuestas internas que le sitúan por delante de Pere Aragonès como candidato favorito de la militancia para sustituir a Junqueras.Ara

No suelo hacer caso de las encuestas.

Debe de ser una excepción porque a los políticos les gusta mucho hablar de encuestas.

A los políticos les gusta y a los medios, también. En todo caso este es un debate que no está encima de la mesa de ERC y si algún día tiene que estarlo será la militancia quien decidirá libremente.

¿Junqueras no ha designado ya a Aragonès?

Insisto: este es un debate que no se está planteando y no hay ninguna decisión al respecto.

La mayoría de cargos institucionales de ERC están en la nueva dirección elegida este fin de semana. ¿Por qué usted no está?

Lo que ha hecho el partido es ir hacia un modelo en el que haya una cierta especialización de unos militantes en la organización y otra parte que esté liderando las instituciones. Son dos roles marcados que se retroalimentan para ayudar a fortalecer ERC. En mi caso, por la responsabilidad institucional que ostento no me correspondía estar en ningún cargo de dirección orgánica del partido. Ha sido una decisión personal.

Ahora hace un año usted comenzó conversaciones con los grupos para impulsar la renovación de un centenar de cargos y consejos que dependen del Parlament. ¿Lo han hecho?

Se han renovado algunos pero es cierto que aún falta mucho recorrido. Volveré a insistir a los grupos en que hay que desencallarlos.

¿Qué le hace pensar que si en estos meses no han sido capaces de hacerlo, lo conseguirán en los meses que se avecinan y que no se prevén especialmente tranquilos?

En todo la responsabilidad es de los grupos parlamentarios. Es importante que seamos capaces de avanzar. Soy consciente de que no es fácil encontrar las mayorías de 90 diputados que requieren algunas de estas renovaciones pero mi trabajo como presidente es recordar a los grupos que su trabajo es ponerse de acuerdo y desencallarlo.

Roger Torrent (Sarrià de Ter, 1979) ha tenido que reunir esta semana a los grupos del Parlament para que se comprometan a no insultarse ni faltarse al respeto en los plenos. Además de intentar poner orden en las sesiones, a este dirigente republicano le toca lidiar con las tensiones en el seno del bloque independentista y, como el resto de la cúpula de ERC, se esfuerza en explicar a su electorado que las cosas han cambiado y que hay que adaptar la estrategia del partido al nuevo escenario.  

El presidente de la Generalitat acusa a Iceta de “chorrear cinismo” y Ciudadanos acusa a JxCat y ERC de querer “deshumanizarlos”. ¿Quién tiene la culpa de que la bronca se haya instalado en el Parlament?

Yo no hablaría de culpa sino de responsabilidad. Todos tenemos responsabilidad respecto al resto de compañeros y, sobre todo, respecto hacia la ciudadanía. Los ciudadanos se proyectan en esta institución y ven que sus representantes muchas veces no han estado a la altura en los últimos plenos. Todos tenemos la responsabilidad de guardar el decoro, las formas, la educación y el respeto a la institución.

¿Por qué se ha llegado a esta situación?

Hay que tener en cuenta que estamos en una situación política un poco más compleja. No puede haber una normalidad política porque hay presos políticos, exiliados y una situación de represión política muy evidente. Esto afecta también al debate. Yo he hecho un llamamiento a los grupos para que sean empáticos. Eso significa no solo escuchar o dialogar civilizadamente con el otro sino ponerse en su piel. Me refiero también a las opciones políticas que pueden estar posiciones muy polarizadas pero que deben empatizar.

Como presidente del Parlament, usted ha reunido a los grupos para evitar que la crispación vaya a más. ¿Los grupos se han comprometido a evitar que espectáculos como el del último pleno se repitan?ha reunido a los grupos

La reunión fue muy constructiva. Lo normal sería no tener que hacer este tipo de reuniones. Todos los grupos se han conjurado para mantenerse el respeto y no crispar el ambiente en el Parlament. Intentar que el debate sea vehemente pero civilizado. Cuando un diputado falta al otro lo que hace es faltar a sus electores y eso no lo podemos permitir en ningún caso.

En una entrevista en La Sexta afirmó que los independentistas se habían equivocado al evidenciar en público sus discrepancias. La sensación sigue siendo que no tienen una estrategia conjunta. ¿La tienen?una entrevista en La Sexta

Creo que se está construyendo y lo que falta es acabar de coserla más y explicarla mejor. Explicar de dónde venimos y qué agenda política afrontamos. Hoy hay más coincidencias estratégicas y programáticas que hace unos meses. Eso quiere decir que hay un trabajo de fondo que debe cristalizar en una estrategia común que no sea patrimonio solo de los partidos sino también de la sociedad civil y que se explique a la ciudadanía que legítimamente pregunta hacia dónde vamos.

Una parte de esa ciudadanía les reclama unidad. Pero cuando Puigdemont se ofrece de ir de dos en la lista de Junqueras, ERC le da largas.Puigdemont se ofrece de ir de dos

Desde un punto de vista general no hay que confundir la unidad con el hecho de que haya una sola opción política. La riqueza del independentismo es su pluralidad y que abarca todo el abanico ideológico, desde la izquierda más extrema al centro-derecha. Eso nos ayuda también a seducir a más ciudadanos. Es bueno que se vea que hay diferentes opciones que defienden la república. Es la mejor manera de ir a las fronteras electorales.

Debe ser la mejor manera ahora porque no hace mucho optaron por ir en listas conjuntas.

Hubo una experiencia de listas conjuntas en el 2015 y en unas elecciones con un formato concreto, unas elecciones plebiscitarias. Existe un consenso en el independentismo sobre la necesidad que debemos ser más. Se expresará de formas diferentes pero en el fondo estamos de acuerdo que necesitamos ser más gente a favor de este proyecto. Para ello es imprescindible que cada uno, desde su espacio político, mire hacia otros espacios e intente sumar más gente.

¿En esa estrategia de atraer votantes que nunca han sido independentistas, cree que ir en coalición con Bildu, el partido de Otegi, les ayuda?

Las europeas tienen unas circunstancias concretas, con circunscripción única. Es una lógica muy diferente a cualquier otra elección. Para ERC, cualquier opción que defienda los derechos fundamentales y civiles en el Estado español y que plantee opciones de futuro a favor de la república es positiva y suma. Coincidimos en los valores republicanos y en la defensa de una solución dialogada al conflicto político de Catalunya y de otros conflictos que puedan haber en el Estado español.

La propuesta de Pedro Sánchez para buscar esa solución pasa por un nuevo Estatut y la reforma de la Constitución. ¿Estarían dispuestos a negociar otro Estatut sin que eso implique renunciar a un referéndum?

Lo importante no es lo que digamos nosotros sino lo que quiere la mayoría de la ciudadanía de este país. Para la mayoría de catalanes y catalanas el Estatut es una pantalla muy pasada. Lo que quiere esa mayoría es votar sobre la autodeterminación. La gente no ha salido a la calle de manera masiva y sostenida para reclamar un nuevo Estatut sino para reclamar un referéndum de independencia.

Si el presidente Sánchez tiene una propuesta concreta para Catalunya que la ponga encima de la mesa. Y si quiere ser valiente políticamente, que la ponga a votación, pero conjuntamente con lo que pide la mayoría de ciudadanos de este país. Si al lado de la opción de la independencia, Sánchez quiere poner otra, que la ponga y votamos.

Entonces, ¿qué es lo que le pide a Sánchez?

Le pido valentía política. Le pido a Sánchez que decida si quiere ser un estadista o un mal político. Si quiere seguir como Rajoy, negando la evidencia de que un 80% de los catalanes quieren resolverlo votando, o no. Es cierto que de un gobierno a otro ha cambiado la música, pero los hechos, aún no. Estamos esperando a que Sánchez decida si quiere pensar en las siguientes generaciones o en las siguientes elecciones.

Si la sentencia en el juicio al 'procés' fuese condenatoria, ¿cuál cree que debe ser la respuesta?

Sea la que sea tiene que ser lo máximo de unitaria posible, que represente ese 80% de los catalanes que no quieren represión, que quieren la libertad de los presos políticos y el retorno libre de los exiliados. Dicho esto, me parece inconcebible hablar de condenas y delitos porque la democracia nunca es un delito. Si son culpables de alguna cosa es de haberla defendido. Ese 80% de los ciudadanos, sean o no independentistas, son la foto del 3 de octubre. Ese día salieron los que votaron el 1-O y los que, aunque no sean independentistas, no están dispuestos a ver como se aporran casi literalmente sus derechos fundamentales.

Apelando a ese 3 de octubre hay dirigentes, algunos de su partido, que defienden que la respuesta sea una nueva huelga general.

Es prematuro porque aún no se ha celebrado el juicio y porque esto debe ser un proceso de reflexión de esta inmensa mayoría de la ciudadanía.

Pero ya tienen presión para que decidan qué van a hacer. La ANC pide que publiquen la declaración de independencia que quedó en un cajón, y el president Torra no lo descarta.

Pero la pregunta es: ¿Qué nos aporta?

¿Se lo han preguntado?

Es una pregunta que yo hago a quien pida que se publiquen determinadas resoluciones del Parlament o decretos que pueda aprobar el Govern. ¿Esto nos aproxima más al objetivo político que compartimos? Yo creo que no. Siempre he dicho que estamos dispuestos a dar los pasos que haga falta, conlleven las consecuencias que conlleven, si sirven para avanzar. Si no, ¿para qué? ¿para generar frustración? Debemos saber cuál es la estrategia y coordinar cada paso que demos, el táctico al estratégico. No improvisar ni hacer gestos simbólicos que no nos aportan nada.

¿El Consell de la República o el consejo asesor que ha creado el Govern para qué sirven?

Estoy convencido de un aspecto que es fundamental y es la internacionalización de la causa política que defendemos y la vulneración de derechos y libertades no solo en Catalunya sino también en otros casos en el conjunto del Estado español. Las figuras de los exiliados deben jugar muy importante en esta internacionalización.

¿Usted también cree, como Puigdemont, que el error del independentismo fue no proclamar la independencia antes, no haberlo hecho el 10 de octubre?

Es evidente que hemos cometido errores. Si no los hubiésemos cometido la situación sería otra, hoy seríamos una república. Debemos hacer una reflexión no solo con ánimo nostálgico o de flagelarnos sino aprender de las lecciones que nos han dado. Y hay dos fundamentales. Por un lado, que debemos ser más y más determinados, y la otra lección es que ahora sabemos cuál es el precio que los aparatos del Estado están dispuestos a hacer pagar a esta disidencia política. No eramos conscientes del grado de represión.

No me ha contestado.

Yo creo que estas son dos lecciones muy evidentes. Cada uno tomará las que considere pertinentes. El president Puigdemont puede hacer una reflexión sobre lo que ha pasado, lo tenemos que hacer todos y no solo individualmente sino también colectivamente.

¿Entiende a Miquel Iceta cuando dice que él seguramente iría a la cárcel a visitar a los presos si no fuese el primer secretario del PSC?

Lo puedo entender desde un punto de vista personal pero justamente el valor de que él vaya a ver a los presos es que es el primer secretario del PSC. El valor es también institucional. Cuando yo le pido que vaya a ver a los presos políticos es porque es Miquel Iceta pero sobre todo porque es el primer secretario del PSC.

¿Qué opina de algunas de las últimas acciones de los CDR como intentar enfrentarse a los manifestantes de los policías de Jusapol o esta misma semana lanzar estiércol a las puertas de varios juzgados?

Puedo entender la frustración, la sensación de indignación frente a la represión, pero hay actitudes concretas que no comparto. De hecho creo que hay actitudes y escenas que no nos ayudan a seducir a más gente.

¿En el ámbito de acciones que no ayudan a ganar apoyos situaría las pintadas de Arran en la puerta del domicilio del juez Llarena?

Podemos hablar de muchas casuísticas, referidas a instituciones o personas. Debemos explicar que en Catalunya no hay una situación de confrontación social. ¿Hay polarización? Pues claro. Pero aquí y en cualquier democracia europea hay polarización política y eso es sano. Hay quien quiere hacer ver que hay una tensión en las calles y esto no es así. Dicho eso yo condeno evidentemente cualquier episodio de insulto, de degradación o situación como la que ha descrito.

¿Pero episodios como estos pueden dar argumentos a los que defienden que sí existe esa tensión que usted dice que no existe?

Si hacemos del caso concreto una categoría, compramos el relato de que en Catalunya hay confrontación. Y no es verdad. Podría hablar de ejemplos al otro extremo, de cómo en una manifestación para condenar la confrontación entre dos ciudadanos se intentase agredir a un cámara de TV3. Pero no quiero contribuir al relato de la confrontación. Lo que hay es un conflicto político y en democracia eso se resuelve en el Parlament y votando.

¿Interpreta la sustitución del juez Marchena al frente del Tribunal que sentenciará sobre el 'procés' como una buena noticia para los intereses de los presos?

Tampoco tengo muchas esperanzas en un tribunal que ha ido encadenando despropósitos. Ha construido un relato jurídico que es absolutamente falso. Habla de unos delitos que no se han producido nunca. Esto no es cuestión de un juez u otro. Es una cuestión institucional. Voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con el independentismo. El lío de las sentencias de las hipotecas demuestra la poca fiabilidad de este tribunal, la politización de este tribunal y, en definitiva, que es un problema estructural. Cuando nosotros hablamos de república no es por una bandera u otra sino para hablar de regeneración democrática y derechos sociales. Es un problema del régimen del 78.

El Parlament va a investigar a la Familia Real. ¿Qué hay que investigar?

De momento no hay ninguna propuesta formal. He leído que un grupo lo ha planteado y cuando la haya, este Parlament está para investigar lo que democráticamente los diputados crean que hay que investigar.

Pero, si está de acuerdo en que se cree esa comisión, ¿qué cree que debería investigar?

Es evidente que en estos momentos la Monarquía es una de esas instituciones del régimen del 78 que está absolutamente desconectado de lo que piensan, opinan y quieren una mayoría de los ciudadanos de este país. Uno de los grandes consensos que hay hoy en la sociedad catalana es el de compartir valores republicanos. Valores que tienen que ver con la libertad, igualdad y fraternidad pero también tienen que ver con superar a esta institución, que sufre una clara crisis de legitimidad en Catalunya. Una crisis que se agravó con el discurso del Rey el 3 de octubre. Ese día se rompieron definitivamente los lazos de la sociedad catalana con una de las instituciones que representa ese régimen del 78.

Uno de los diputados que tradicionalmente más ha criticado a la Monarquía es Joan Tardà. ¿Qué piensa cuando ve que en las redes le acusan de traidor?

Que es una tremenda injusticia. Procuro hacer un caso relativo, el justo y necesario, a las redes sociales. Los que estamos en las instituciones debemos saber abstraernos de lo que a veces se instrumentaliza en las redes sociales. El señor Tardà es patrimonio político del país. Se puede estar de acuerdo o no con sus planteamientos pero nunca se puede discutir su capacidad política y su voluntad innegociable de mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos.

Cuando los ciudadanos designan a sus representantes lo hacen pensando en que lo harán lo mejor posible. O que al menos no serán más incompetentes que el resto. Aunque todo principio tiene excepción y el independentismo ha decidido que sus acciones se conviertan en una excepción permanente. La capacidad de poner a prueba la confianza de sus electores y la paciencia de todos, sean o no votantes suyos, ha llegado a unos límites que sonrojan como país.

Quim Torra sonreía este martes en su escaño al lado de un hierático Pere Aragonès mientras se sucedían las votaciones del debate de política general. El president sonríe incluso cuando cuesta atisbar por qué. Y este martes era difícil entenderlo. Hace menos de una semana se fotografiaron juntos en el Palau de la Generalitat para transmitir el mensaje de que procurarían no dar más espectáculos. Ambos sabían, mejor que nadie, que si bien intentarán aguantar hasta la sentencia del juicio a los presos, el show en que se ha convertido la política catalana no nos lo ahorrará nadie.

Junts per Catalunya ha dinamitado la mayoría parlamentaria con el argumento de que sus cuatro diputados procesados no se pliegan a las exigencias del juez Pablo Llarena. Son diputados que en la práctica están suspendidos puesto que ni votan ni cobran el sueldo. Una de las evidencias de esta legislatura es que empieza a estar científicamente probado que hiperventilar y decir la verdad son ejercicios incompatibles. A modo de nota aclaratoria hay que recordar que hiperventilar no es una práctica atribuible solo al independentismo.

Este martes el Parlament podría haber reprobado al rey o haber proclamado el derecho “inalienable” de Catalunya a la autodeterminación. Pero no lo ha hecho porque el independentismo se ha restado a sí mismo cuatro votos. No han conseguido que prospere la votación por culpa suya pero seguirán criticando a Felipe VI y exigiendo a Pedro Sánchez que se avenga a celebrar un referéndum como si en el Parlament no hubiese pasado nada. ¿Se podría hacer peor? No es descartable aunque el listón está ya muy alto.

Una de las diferencias entre la pasada legislatura y esta es que ERC ha decidido atender a los consejos de los letrados del Parlament. No es un detalle menor sobre todo por contraste, puesto que JuntsxCat sigue sin hacerles caso cuando no le conviene. Al final será otra vez el Tribunal Constitucional quien decida por ellos.

Leídas las interlocutorias del juez Llarena podría considerarse que los juristas del Parlament actúan con un exceso de celo y que el miedo de algunos diputados a ser inhabilitados hace el resto. Pero, más allá de interpretaciones, la cuestión de fondo es que una parte del secesionismo ha optado por cambiar de estrategia y optar por el pragmatismo, mientras otro sigue abrazado a un simbolismo que los afines a Carles Puigdemont han bautizado como legitimismo.

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ya tiene tres querellas, dos de Ciudadanos y una de Vox. Los valientes que con 140 caracteres le acusan de cobarde no tienen ninguna. Eso en la república virtual. Fuera, Junts per Catalunya y ERC han empezado ya la próxima campaña electoral pese a que sería más exacto decir que siguen en campaña.