La jueza de la dana ve “extensa y clara” la confesión de la alcaldesa del PP que alertó al Cecopi en directo de la rambla del Poyo

Al exsecretario autonómico de Emergencias investigado en la causa de la dana, Emilio Argüeso, se le ha abierto un boquete inesperado para su estrategia de defensa. La jueza instructora del procedimiento ve “extensa y clara” la declaración de la alcaldesa de Torrent, muy comprometedora para el investigado. La primera edil del PP, Amparo Folgado, desveló el pasado 25 de mayo que en plena catástrofe de la dana alertó en directo a Argüeso de la brutal crecida en el barranco de Horteta, tributario del Poyo, mientras el alto cargo permanecía reunido en el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) junto con la consellera Salomé Pradas, también investigada en la causa, y los principales mandos operativos de la emergencia. La documentación del teléfono móvil de la alcaldesa, que consta en la causa, también acredita que previamente había llamado para alertar del desbordamiento al presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, también participante en el Cecopi del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Otra alcaldesa popular, la primera edil de Chiva, también avisó del desbordamiento de la cabecera del Poyo, en directo y en primera persona, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que participaba en el Cecopi. La jueza instructora, tras la primera tanda de testificales de los alcaldes, sostiene que la reunión del Cecopi, comandada por Pradas y con un Argüeso en actitud pasiva, contaba con un “extenso caudal de información” sobre la situación en la rambla del Poyo como para haber avisado a la población con mayor antelación. La instructora ha citado a declarar de nuevo tanto a Mompó como a Mascarell tras las revelaciones de las alcaldesas populares.

La defensa de Argüeso, ante las revelaciones de los alcaldes, solicitó que se acreditara la recepción el día de autos de los avisos del Centro de Emergencias por parte de los alcaldes que habían cuestionado, mínimamente, la actuación del alto cargo. La jueza, sin embargo, ha acordado que la defensa del investigado detalle qué avisos en concreto pretende que se certifiquen (en la causa constan todos los correos, llamadas y faxes remitidos por Emergencias a decenas de ayuntamientos afectados).

La jueza considera relevante que se despejen las eventuales “dudas” sobre la recepción de los mensajes. Por otro lado, el auto dictado este lunes recuerda a Argüeso que sus funciones “no se limitaban a la remisión de comunicaciones, sino a la organización de los medios de los que disponían y al control de las fuentes de riesgo, especialmente los barrancos”.

La resolución recuerda que no todos los barrancos cuentan con sensores del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). “[Los sensores] sirven para saber cuándo empieza la escorrentía, pero no hay tiempo de reacción”, apostilla.

“Abundancia de medios” para avisar a la población

En un segundo auto dictado este lunes, la magistrada señala que la alcaldesa de Torrent fue “testigo” sobre el terreno de la “situación que padeció Torrent”, con la crecida del barranco de Horteta, cuya confluencia con el Poyo se sitúa aguas abajo del medidor con el que cuenta el SAIH en la A3 a la altura de Riba-roja de Túria.

En una primera llamada, Folgado avisó a las 18.38 a Vicente Mompó de que el barranco de Horteta bajaba “con olas”. Media hora después, a las 19.10, la alcaldesa de Torrent telefoneó a Emilio Argüeso.

La primera edil del PP suplió la falta de sensores en aquella zona con su aviso telefónico a dos relevantes cargos que participaban en el Cecopi. “Por ello”, recuerda la magistrada, “era tan importante el control de las precipitaciones y el control visual”, tal como han declarado varios peritos en el marco de la instrucción de la causa.

“Pese una abundancia de medios para controlar y avisar a la población, de la que no se disponía décadas atrás, el resultado fue nefasto”, concluye la jueza.