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Llegamos al final de la temporada literaria con una pregunta culmen: ¿Quiénes somos, qué es la identidad? ¿Cómo nos contamos este cuento que es nuestra vida? ¿Y cómo la literatura nos ayuda a narrarnos?

Sobre identidad, escritura, verdades universales y mentiras personales saben mucho dos invitadas de lujo: en primer lugar, Camila Sosa Villada, estrella literaria argentina que también es actriz y dramaturga y ha sido traducida a más de veinte idiomas por libros como Las malas, Soy una tonta por quererte o Tesis para una domesticación, publicadas por Tusquets, además de El viaje inútil, sobre la propia escritura y el encuentro con una misma, que presenta en España aprovechando su paso por la Feria del libro de Madrid.

Puedes ver este programa completo aquí:

También indagamos en esa narración de nuestras propias vidas con Eider Rodríguez, aclamada cuentista vasca que sorprendió con su no ficción Material de construcción y que regresa al relato con Era todo el mismo hueco, publicada con Penguin Random House, sobre relaciones personales, silencios y vacíos a los nos cuesta poner palabras.

Todo ello de la mano de nuestra colaboradora literaria, la escritora Marta Jiménez Serrano, que nos dejará recomendaciones literarias para el verano, y también las del Oráculo de Silvia, los tres libros que nos enamorarán en el futuro, con la escritora Silvia Herreros de Tejada. Nos recomienda “Te hice dios” de Marcos Augusto , “La chaise longue victoriana”, que escribió Marghanita Lanski en 1953 y que acaba de rescatar Automática Editorial y “Melancolía de los confines Norte” de Mathias Enard.

Cuando un femicidio conmueve a toda una sociedad, como sucede con el de Agostina Vega por estos días en Argentina, la indignación encuentra eco en las calles. Bajo la consigna “Vivas, libres y desendeudadas”, cientos de miles de personas se concentraron en la Plaza del Congreso e inmediaciones, para repudiar el retroceso en políticas de prevención y erradicación de la violencia machista desde que gobierna Javier Milei.

La joven Clara Sanabria lleva por lo alto la foto de su hermana asesinada en septiembre pasado y señala a elDiario.es: “Esta es Solange Sanabria, tenía 25 años cuando Óscar Benítez la mató, la descuartizó y la metió en una bolsa de basura y la envolvió en una frazada; intentó esconder el cuerpo. Oscar Benítez ya tenía denuncias por golpear a su expareja y hacía un mes que se estaban conociendo con mi hermana”.

La historia de Solange se sumó a la lista de femicidios que exponen la urgencia de políticas públicas eficaces, ya que en al menos el 44% de los asesinatos de mujeres (del año pasado) había antecedentes de violencia. Un dato que desnuda la falacia sobre la que reposan iniciativas oficiales como el proyecto de ley contra las falsas denuncias. El Consejo Federal de Política Criminal emitió un informe que dice que las falsas denuncias son apenas un 0,09%.

En la inmensa mayoría de las desapariciones de mujeres, la justicia deja pasar semanas antes de accionar, si es que acciona. La mamá de Agostina, la niña de 14 años asesinada en la última semana, hizo la denuncia a pocas horas de la desaparición, el 24 de mayo. Pero la fiscalía priorizó la hipótesis de que Agostina podría estar con un novio. Recién tres días después, el 27 de mayo, se activó la Alerta Sofía, lo que demoró los allanamientos y las medidas de prueba.

“Che peluca, che peluca, no te lo decimos más, justicia por Agostina, femicidas nunca más”, canta un grupo de chicas en el escenario montado frente al Congreso, interpelando al mandatario conocido por su peinado característico y su verborragia ofensiva.

“Denunciamos el antifeminismo de Milei”

Luci Cavallero, del colectivo Ni Una Menos, señala a este medio que “Nosotras estamos exigiendo justicia por Agostina, pero además, estamos denunciando un antifeminismo de Estado. El Gobierno de Milei atenta contra los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ, en muchas dimensiones: promueve el odio desde el propio Estado, estigmatiza; lleva adelante una política de desmantelamiento generalizado de las políticas de prevención de las violencias que deriva en precariedad extrema. Mujeres que están endeudadas, pluriempleadas, con largas jornadas de trabajo”.

Es que se vuelve a poner la vista en el fondo de la cuestión, que es el derecho a estar vivas y a tener una vida digna.

Florencia Villagra, abogada de familia, dice que cada 3 de junio trata de participar. “Me convoca tener una hija de ocho años, tener una historia familiar de violencia doméstica y la crudeza del caso Agostina. Esta movilización marca un punto de inflexión en este Gobierno; tenemos que estar presentes”.

Hace 11 años, el asesinato de Chiara Páez, que tenía 14 años como Agostina, fue el femicidio que encendió la chispa para la organización del primer Ni Una Menos. Entre 2015 y la actualidad se registran 3205 muertes.

El Gobierno de Milei eliminó el Ministerio de las Mujeres, recortó recursos clave como la Línea 144 y programas de asistencia a la víctima.

“Quieren sacar la figura de femicidio”

Estela Díaz, ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, señala a elDiario.es que el Ejecutivo es negacionista de la perspectiva de género. “No existe más un mecanismo nacional que aborde la violencia por razones de género. Eliminó un 90 % de los presupuestos que abordaban dichas violencias. No solo eliminó el Ministerio de la Mujer que se creó en 2019, también el consejo de las mujeres y el consejo federal que funcionaban desde 1991. Quieren sacar la figura de femicidio del Código Penal e impulsan un proyecto sobre falsas denuncias”.

Según señaló Amnistía Internacional, durante la actual gestión se registraron recortes de recursos destinados a la Línea 144, modificaciones en los requisitos de acceso al Programa Acompañar y limitaciones en distintos mecanismos de asistencia para niñas, niños y adolescentes que quedaron huérfanos como consecuencia de femicidios.

La senadora oficialista Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de mano dura, dijo que “Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25 por ciento los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para violadores”, escribió en una publicación en X que luego fue compartida por el presidente Milei, quien calificó el mensaje como una “Masterclass”.

Según los datos oficiales, una mujer es asesinada en Argentina cada 44 horas en cifras de 2025, lo que representa una caída del 12% respecto al año anterior. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia contabilizó 200 víctimas de femicidio en 2025 frente a las 224 de 2024. Estas cifras son cuestionadas por los colectivos feministas, ya que en muchos casos no se están categorizando como femicidios.

Para la ministra Díaz, su interpretación está en las antípodas de Bullrich. “Son las provincias las que intervienen en la prevención, en la asistencia y en el abordaje de los delitos. En el caso de la provincia de Buenos Aires, hay una baja significativa; tenemos 20 menos del 2024 al 2025. Pero estos temas hay que analizarlos en series más largas. ”En el primer trimestre, se han duplicado los intentos de femicidio“.

“No quiero aprender a defenderme, quiero estar segura”, lleva el cartel una niña, y su madre al lado, de nombre Majo Gali, profesora de inglés, dice que viene todos los años, desde la primera marcha de 2015. “Cuando yo tenía 11 años, en 1974, ocurrió un femicidio en mi familia. Una tía mía, Ana Gali, murió tras ser quemada por su pareja. En ese momento se hizo una denuncia y en la comisaría no la tomaron. De hecho, en ese momento no existía la figura de femicida”.

La marea de banderas con consignas feministas y pañuelos verdes y violetas inundó las calles del centro de Buenos Aires y otras ciudades de Argentina, exigiéndole al Ejecutivo que las vidas le importen. Así lo expresaron en el documento que leyeron las artistas Thelma Fardin y Cazzu: “Hoy frente al Gobierno de Milei, que es negacionista de la violencia patriarcal decimos: ”Nuestras vidas no son desechables!“.

Quedan solo 8 días para que el balón empiece a rodar en el Mundial de 2026 y las selecciones compitan por el título más prestigioso del fútbol, pero hay otra batalla que ya tiene dos claros vencedores: la de los seleccionadores. Francia y Argentina aportarán 13 de los 48 seleccionadores presentes en el torneo, lo que supone algo más del 27% de todos los técnicos que dirigirán a las selecciones clasificadas.

Han sido las dos últimas selecciones ganadoras

Curiosamente, Argentina y Francia han sido las dos últimas selecciones ganadoras del Mundial y eso ha podido influir en que las federaciones de los países apuesten por técnicos de esas nacionalidades. En este caso, la influencia francesa será la más numerosa con hasta siete entrenadores nacidos en Francia ocuparán un banquillo en la Copa del Mundo. El grupo lo encabeza Didier Deschamps, seleccionador de Francia y campeón del mundo tanto como jugador en 1998 como entrenador en 2018. A él se suman Hervé Renard con Arabia Saudí, Rudi Garcia con Bélgica, Sébastien Desabre con la República Democrática del Congo, Sébastien Migné con Haití, Sabri Lamouchi con Túnez y Emerse Faé con Costa de Marfil.

La presencia francesa no es casualidad. Desde hace décadas, Francia es cuna de grandes entrenadores y además mantiene una estrecha relación deportiva con varios países africanos. De hecho, cuatro de esos siete seleccionadores dirigirán selecciones del continente africano, lo que refleja los vínculos históricos, culturales y lingüísticos que siguen teniendo un peso importante hoy en día.

Argentina, por su parte, volverá a demostrar que es una de las grandes fábricas mundiales de entrenadores. Seis técnicos argentinos estarán presentes en el Mundial: Lionel Scaloni con la actual campeona del mundo, Argentina; Mauricio Pochettino con Estados Unidos; Marcelo Bielsa con Uruguay; Néstor Lorenzo con Colombia; Gustavo Alfaro con Paraguay; y Sebastián Beccacece con Ecuador.

La cifra resulta especialmente llamativa en Sudamérica. De las diez selecciones que integran la Conmebol, cinco estarán dirigidas por entrenadores argentinos durante la próxima Copa del Mundo. Más allá de la propia Albiceleste, Uruguay, Colombia, Paraguay y Ecuador también confiarán sus banquillos a entrenadores nacidos al otro lado del Río de la Plata.

Tradición argentina pero con solo un debutante

La influencia argentina en los banquillos viene de lejos. Figuras históricas como César Luis Menotti, Carlos Bilardo o José Pekerman marcaron a varias generaciones de entrenadores. Ahora, la presencia de Bielsa, Scaloni, Pochettino, Lorenzo o Beccacece en un mismo Mundial simboliza la continuidad de una escuela futbolística caracterizada por la apuesta por el juego ofensivo, la presión alta y el protagonismo con balón.

Otro dato significativo es que Mauricio Pochettino será el único de los seis argentinos que debutará en un Mundial. Scaloni conquistó el título en Catar 2022, Bielsa dirigió a Argentina en Corea y Japón 2002, y a Chile en 2010, mientras que Lorenzo y Beccacece acumulan experiencia mundialista previa como integrantes del cuerpo técnico de Pékerman (2014 y 2018) y de Sampaoli (2018), respectivamente.

En 1996, el multimillonario inglés Joe Lewis compró 13 mil hectáreas que rodeaban Lago Escondido, en Río Negro, ubicado al pie de la Cordillera y a solo 6 km de Chile. Lo hizo a través de una empresa nacional con accionistas argentinos, ya que la ley 15.385 impide la propiedad extranjera a menos de 50 km de distancia de la frontera. Cercó las tierras, construyó una mansión y un aeropuerto privado y, durante casi 20 años, batalló judicialmente para evitar que le abrieran un acceso público al lago. El Tribunal Superior de Justicia de Río Negro, tres años atrás, le dio la razón: el camino Tacuifi debía cerrarse y quienes quisieran acceder al lago tendrían que hacerlo por la montaña. 

El caso de Lago Escondido es uno de los más famosos ejemplos de extranjerización de las tierras en la Patagonia, pero no el único. A nivel nacional, según un informe del Observatorio de Tierras, alrededor del 5% del territorio argentino está en manos extranjeras. En superficie, esto supera los 13 millones de hectáreas: el equivalente a la extensión del país de origen de Lewis, Inglaterra.

El proceso de extranjerización comenzó en los 2000 con el 'boom' internacional de los precios de los alimentos, cuando el valor de la tierra se disparó y la devaluación facilitó la compra por parte de extranjeros. Fue en ese contexto que, en 2011, el Congreso sancionó la ley 26.737 para poner un límite del 15% a la compra de tierras por empresas o personas extranjeras. Un límite que el Gobierno quiere eliminar y que, la semana que viene, buscará derogar en el Senado con el apoyo de los gobernadores. 

La Ley de Tierras Rurales de Sturzenegger

El proyecto lleva el nombre grandilocuente de “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” y, como muchas de las iniciativas desreguladoras de la gestión libertaria, es impulsado por Federico Sturzenegger. Incluye varias modificaciones a la legislación vigente –como la flexibilización de las restricciones sobre el uso de terrenos incendiados, en la Ley de Manejo del Fuego, o trámites sumarísimos para desalojos, en el Código Civil–, pero uno de los puntos clave los introduce en la ley de Tierras Rurales. 

“La Ley de Tierras es a las economías regionales lo que la Ley de Glaciares fue a la minería”, aseguró Sturzenegger, durante una jornada organizada por las Confederaciones Rurales Argentinas, en donde prometió que, de eliminarse los límites a la propiedad extranjera, ingresarían capitales por más de 15.000 millones de dólares estadounidenses. El argumento del ministro de Desregulación era que, si se eliminaban todas las restricciones a la propiedad extranjera se desbloquearían inversiones en todas las zonas productivas del país. 

No es la primera vez que el Gobierno intenta avanzar contra la Ley de Tierras Rurales. Apenas asumió la presidencia, Javier Milei publicó el DNU 70/2023 que incluyó, entre decenas de derogaciones, la eliminación de la ley 26.737. La Justicia, sin embargo, aceptó una medida cautelar presentada por el Centro de excombatientes Islas Malvinas La Plata que advertía que eliminar la ley “libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional”. 

El problema no era sólo la eliminación del tope del 15% para personas o empresas extranjeras, sino que barría con todas las restricciones existentes, incluso para los estados nacionales extranjeros. La ley de Tierras Rurales prohíbe también la adquisición de tierras ubicadas en zonas estratégicas, como las que contienen cuerpos de agua permanentes o están ubicadas en zonas de seguridad de frontera. Y mantiene un control sobre la extranjerización de la tierra, ya que crea el Registro Nacional de Tierras Rurales, que debe dar cuenta de la titularidad de todas las tierras provinciales. Milei buscaba eliminar todo. 

Suspendido el DNU por la Justicia, el Gobierno decidió avanzar con una ley que, según advierten diversas organizaciones ambientales, científicas y de las comunidades originarias, podría poner en peligro la soberanía nacional y el acceso de las poblaciones locales a sus propios territorios. 

“Ya hay una presión muy fuerte por parte de empresas extranjeras por quedarse con espacios valiosos de nuestro territorio. Si la ley de Tierras Rurales se modifica, el valor de la tierra se dispararía y haría muy difícil el acceso para productores que hacen circular el desarrollo local. Porque lo que hacen estas economías cuando llegan en forma de enclave extractivo es impedir que la población local haga uso de esos espacios”, explica Julieta Caggiano, socióloga, becaria del Conicet e integrante del Observatorio de Tierras, a elDiarioAR. 

El rol de los gobernadores

Al Gobierno no le fue fácil conseguir los votos para avanzar con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Luego de la explosión del escándalo patrimonial de Manuel Adorni, los senadores del radicalismo y de las fuerzas provinciales aliadas endurecieron su postura y comenzaron a exigir cambios. La jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, tuvo que negociar varias modificaciones, llegando incluso a eliminar algunos artículos de la ley (como el que desmantelaba el régimen de integración socio urbana de barrios populares).

Luego de un mes de negociaciones, Bullrich llegó a un acuerdo con los senadores que terminó siendo clave para destrabar las resistencias: como con la Ley de Glaciares, serán los gobernadores quienes tendrán la última palabra para habilitar la compra de la tierra por parte de empresas extranjeras. Fue solo cuestión de agregar, a último momento, un artículo al dictamen de mayoría: “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites, de conformidad con lo dispuesto por la Constitución Nacional”. 

“Si quiere la provincia poner límite o no poner límite a la venta de tierras lo decide la provincia. Federalismo puro y duro”, explicó Bullrich, durante el debate en comisiones, dando un giro argumental de 180 grados. Ya no era una defensa a la llegada de capitales extranjeros, era una defensa al federalismo. Y, como sucedió con la modificación de la Ley de Glaciares, que dejó en manos de las provincias la decisión de explotar productivamente una zona glaciar, el Gobierno consiguió las firmas que le faltaban. 

La sesión para aprobar el proyecto de ley será el próximo jueves y en el peronismo advierten que, gracias al apoyo de los gobernadores, Bullrich podrá conseguir su media sanción. “Quieren habilitar la compra de tierras estratégicas a empresas como Palantir. Para ellos el mundo no tiene alambrados, es todo de ellos. Y con esta ley es lo que van a conseguir”, señaló una de las autoridades del bloque peronista.

El periodista, 92 años, bastón en mano, espera erguido, con una sonrisa cálida, muy propia de su rostro, a metros de la puerta de entrada. Mediodía soleado y templado en el inicio del otoño de Buenos Aires. Gabriela baja del auto y camina decidida. Se dan un abrazo sentido y, a la vez, con la distancia propia de dos personas que se vieron una única vez, cincuenta años atrás, el 31 de mayo de 1976.

—Me acuerdo perfectamente de tu abuelo, un hombre valiente.

—Gracias por todo.

Gabriela Schroeder y su tío Damián Schroeder viajaron desde Montevideo para este encuentro. Es 28 de marzo y Robert Cox está a punto de regresar a Charleston, Carolina del Sur, donde vive varios meses al año. Suele permanecer en Buenos Aires durante los actos de conmemoración de las víctimas del terrorismo de Estado.

En aquella ocasión de 1976, Gabriela Schroeder y sus dos medios hermanos, Victoria y Máximo Whitelaw, acababan de ser liberados tras girar por casas de represores y el centro clandestino de detención de la calle Bacacay, en Flores, destinado a víctimas de países del Cono Sur. Gabriela tenía cuatro años, Victoria, uno, y Máximo, tres meses. La madre de ellos, Rosario Barredo, y el padre de los dos más pequeños, William Whitelaw, habían sido desaparecidos y luego asesinados junto a dos prominentes políticos uruguayos, Héctor Gutiérrez Ruiz y Zelmar Michelini.

Juan Pablo Schroeder, el “hombre valiente” para Cox, “extraordinario” para Gabriela, se precipitó a viajar desde Montevideo a Buenos Aires al enterarse del secuestro de la pareja Barredo-Whitelaw (ambos tupamaros) y de los tres niños. Plena tormenta de terror en el Río de la Plata. Una persona lo escuchó: Cox.

El director del Buenos Aires Herald volcó toda la presión periodística y personal con la que contaba para que aparecieran los hermanitos. Publicó su foto en la portada del diario y encaró personalmente al ministro del Interior y jerarca represor, Albano Harguindeguy: “Tienen que devolver a los nietos”. 

Los devolvieron en un hospital de Florida, norte del conurbano, y de allí fueron trasladados en ambulancia a una comisaría, donde fue a buscarlos el abuelo Schroeder, un exitoso abogado de Montevideo, con afinidades por el Partido Nacional y varios hijos de izquierda y/o tupamaros. Gabriela recuerda el encuentro con su abuelo ataviado con un saco que, a los ojos de aquella niña de cuatro años, le pareció enorme.

Cox escribió el reencuentro en una crónica publicada en el Herald, el 31 de mayo.

“Vi a los chicos ayer por la tarde, mientras jugaban con juguetes desparramados en una habitación en la casa de un primo [en alusión al departamento de Gustavo Schroeder, tío de Gabriela, frente al Jardín Botánico]. Parecían estar saludables y felices, a pesar del calvario. Gabrielita, de cuatro años, no dijo nada acerca de lo que pasó, pero le contó a uno de la familia Schroeder que papi estaba cuidando a su mami, que estaba enferma”.

El 23 de marzo pasado, elDiarioAR publicó la historia de cómo un pequeño periódico dirigido a la comunidad británica, los docentes de inglés, las embajadas y los ejecutivos de empresas extranjeras había sido decisivo para salvar la vida de los tres niños de las garras de la coordinación de las dictaduras del Cono Sur, mientras casi toda la prensa guardaba un silencio cómplice. La carta de agradecimiento de Schroeder a Cox, rescatada por David Cox años más tarde, lo explica todo.

“Al heraldo de la trompeta, y adhiriendo a la causa, su nombre ha quedado para siempre grabado en mi vida y en la de mi familia. Cuando regresé a Montevideo, iba acompañado por el retrato de mi hija y las fotografías de los niños rescatados que aparecieron en la primera plana de su periódico”.

Al releer la historia que los tuvo como protagonistas, Cox y Gabriela Schroeder tuvieron ganas de verse, y aquí están, seis días después de publicada la nota, en Pilar, en la casa de Uki Goñi, cronista de aquella redacción del Herald y uno de los sostenedores de la memoria del diario.

Goñi desplegó en una gran pantalla de una computadora la portada del Herald del 27 de mayo de 1976, con el título “Ayúdenme a salvar a los chicos”, junto a dos caritas serias de Gabriela y Victoria, y un bebé de semanas, Máximo, con una mano que se posa sobre él, probablemente de Rosario Barredo.

Quien editó ese título y la niña mayor de las fotos miran ahora una portada en blanco y negro que está entre las más importantes de la prensa gráfica argentina, si es que salvar tres vidas destinadas a desaparecer o ser fraguadas por los represores amerita en algún ranking de relevancia.

Se ve que Bob y Gabriela no son de lágrima fácil, aunque los abrazos se repiten y se van aflojando. En cambio, Damián Schroeder —el tío más joven, el menor de siete hermanos, entre ellos, Gabriel, padre de Gabriela, asesinado en un supuesto enfrentamiento en Montevideo, en 1972— casi no puede hablar sin llorar. 

Años difíciles

Cox vive años difíciles. En 2023 murió su esposa y madre de sus hijos, Maud Daverio, mucho más que un apoyo espiritual en la denuncia de las atrocidades de la dictadura cívico-militar, que celebraban personas de su entorno social, profesional y familiar. También falleció hace poco el hijo mayor de la pareja. El periodista apenas soporta que Donald Trump gobierne Estados Unidos, el país que lo recibió del exilio argentino en 1980 y al que ahora ve bajo el signo “fascista”.

La denuncia de la dictadura y la memoria de sus crímenes fueron un pilar de la vida de Cox desde 1976 hasta hoy, tanto como la mirada crítica hacia el Herald de las décadas posteriores, incluido el período en que lo dirigió quien escribe (2013-2017).

Cox debió lidiar con sus propios prejuicios y equivocaciones. En el momento en que el director recibía el pedido de auxilio de Schroeder y tantos otros —en un comienzo, familias con ascendencia anglo; luego, todo el mundo desamparado—, estaba convencido de que Jorge Rafael Videla era el general probo necesario para restablecer la democracia y doblegar al “terrorismo”. Los secuestros y las desapariciones que las páginas del Herald denunciaban eran obra —a su entender— de militares radicalizados y herederos de la Triple A. El periodista se afirmó en esa explicación hasta el mismo momento en que partió el avión que lo llevaría a una primera escala del exilio en París, junto a Maud y sus cinco hijos, en diciembre de 1979.

El director del Herald circunscribió la responsabilidad de las amenazas recibidas por él y su familia a represores “duros” como Carlos Guillermo Suárez Mason y Emilio Eduardo Massera. Recién en los primeros meses de la década de 1980, Cox comprendería la magnitud cabal del papel de Videla y el exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz en el terrorismo de Estado. Asimiló el giro. Desde entonces, nunca cesó el reclamo de justicia, ni intentó maquillar su grado de adhesión al golpe de Estado de 1976. Enfrentó implacablemente a los cínicos que apostaron por “dar vuelta la página”.

Los silencios

Gabriela dedicó los últimos quince años a llenar silencios que prevalecieron en sus grupos de pertenencia y su país.

Ese “consenso” que desde este lado del Río de la Plata se vive con cierta admiración, porque permite la charla civilizada entre expresidentes de signo opuesto, para la hija de Gabriel Schroeder y Rosario Barredo tiene otra cara dolorosa.

Aunque el reclamo de memoria, verdad y justicia de Uruguay tiene presencia y protagoniza marchas masivas cada 20 de mayo —fecha instaurada en honor a Michelini, Gutiérrez Ruiz, Barredo y Whitelaw—, el acuerdo de convivencia incluyó un capítulo de impunidad y olvido, llevado a cabo por instituciones y cierta nomenklatura política, en forma sutil, como quien disimula.

No fue sólo una cuestión de extupamaros, blancos, colorados y represores que entendieron que era mejor no juzgar. Dos veces, en 1989 y 2009, una ajustada mayoría de los uruguayos votó por no derogar la ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, forma oriental de llamar a una impunidad, que apenas pudo ser sorteada en juicios puntuales en las décadas recientes. 

En el diálogo con Cox, Gabriela Schroeder da cuenta de una resistencia desde el fondo de su alma al destino de ser apropiada por los represores. Un integrante de la patota que secuestró y robó a la familia el 13 de mayo de 1976 —probablemente el oficial del Ejército uruguayo José Nino Gavazzo, un coordinador del Plan Condor y jefe de los grupos de tareas— le llevó algunos de sus juguetes sustraídos de la casa familiar en la calle Matorras 310, Caballito, a uno de los domicilios en los que estuvo alojada. Gabriela se recuerda irascible, rebelde y acusatoria hacia las familias por las que transitó en esas tres semanas. “Me dieron una muñeca negra que trajeron de mi casa y la descogoté en el acto”. Escuchado medio siglo más tarde, el acto de resistencia causa una sonrisa.

El terrorismo de Estado se encontraba en su apogeo y lo que siguió se complicó todavía más para los Schroeder. En cuanto organizó los papeles, el abuelo regreso con su nieta y los otros dos hijos de su nuera a Montevideo. Allí siguieron los allanamientos y la persecución a tíos de Gabriela.

Esteban Schroeder —quien viajó junto a Gabriela a un homenaje en la Legislatura porteña a los cuatro desaparecidos uruguayos, que impulsó el legislador Leandro Santoro el jueves pasado— fue la siguiente víctima. En junio de 1976 fue secuestrado por la dictadura y permaneció desaparecido 55 días en el centro de detención 300 Carlos, y luego fue legalizado como preso. En febrero de 1977, salió en libertad. Al poco tiempo, su padre, Juan Pablo Schroeder, sufrió un ataque cerebral y permaneció hemipléjico hasta su muerte, en 1981.

Máximo y Victoria Whitelaw se exiliaron con su familia paterna en Lyon, Francia. Regresaron a Uruguay con el retorno de la democracia, pero ambos hermanos emigraron ya como adultos a Europa. Él reside en Ginebra como ejecutivo de comercialización del gigante petrolero Total y ella es consultora ambiental radicada en Bruselas. No se les conocen inquietudes públicas sobre la lucha por la memoria, pese a que la mayor manifestación política anual de Uruguay es en memoria de sus padres. Gabriela no juzga a sus hermanos, con los que no tiene una relación fluida. “Hay mil formas distintas de enfrentar un dolor tan grande”.

El camino de Gabriela no fue lineal. Terminado el secundario en Montevideo, partió a Chile, un país en el que había vivido con su madre hasta la caída de Salvador Allende, en septiembre de 1973. Se graduó de ingeniera en acuicultura y desarrolló una carrera profesional. Chile, su segunda (o tercera) patria, no era ajena a la impunidad que reinaba en su Uruguay natal.

Recién se asumió como víctima cuando ya era madre de tres hijos, hoy en sus veinte. Los procesos y condenas judiciales en Argentina por los campos de concentración Automotores Orletti y Bacacay, por los que pasaron muchas víctimas extranjeras, y una terapia la ayudaron a comprender que ella misma, secuestrada, con sus juguetes profanados, desaparecida dos semanas, reaparecida una madrugada oscura en un hospital, sus padres asesinados, atormentada junto a sus hermanos, era también una víctima de dos dictaduras cívico-militares, la uruguaya y la argentina.

En Uruguay no prosperó algo parecido a una organización como HIJOS de Argentina, que ayudara a los hijos de desaparecidos a reconstruir una trama para conocer mejor a sus padres. Gabriela cree que también faltan espacios institucionales consolidados. Aunque importantes sectores del Frente Amplio reivindican la memoria histórica, el máximo líder reciente de esa alianza, José Mujica, fue un mentor de los extupamaros que prefirieron “no reabrir heridas”, otro de los eufemismos de la impunidad.

Gabriela Schroeder habla fuerte y claro en la tarde de Pilar: “Para el Estado uruguayo, yo soy un 'familiar' de desaparecidos. No hay una voz ni un reconocimiento a los niños que fuimos víctimas. Tampoco en la prensa”.

Gutiérrez Ruiz, el “Toba”, fue presidente de la Cámara de Diputados por el Partido Nacional. Michelini es un apellido fundacional del Frente Amplio. El Toba y Zelmar aparecieron muertos en el mismo auto Torino junto a Barredo y Whitelaw, en una intersección del barrio de Flores Sur.

Ya de por sí, la pertenencia a Tupamaros genera distancia en el segmento de Uruguay en el que campea la teoría de los dos demonios. En el momento de su desaparición seguida de muerte, la pareja había salido del MLN-Tupamaros hacia la organización Nuevo Tiempo. Se suma que Whitelaw fue señalado como administrador de los fondos obtenidos de secuestros extorsivos de la organización armada. Ese elemento fue utilizado por el represor Gavazzo y otros responsables de la dictadura para desviar la responsabilidad hacia una disputa por dinero dentro de la guerrilla.

Gabriela no tiene certezas sobre el papel de Whitelaw en la tenencia de esos fondos, pero confirma que en la casa de Matorras 310, arrasada por el grupo de tareas, había dinero escondido.

En la tarde del jueves, en el acto de la Legislatura, estuvieron presentes el expresidente Julio María Sanguinetti, del Partido Colorado —firme defensor de la ley de Caducidad—, el presidente Yamandú Orsi, la vicepresidenta Carolina Cosse y varios referentes del Frente Amplio, así como representantes del peronismo, el PRO y otros bloques, y organismos de derechos humanos. Gabriela, Facundo Gutiérrez Ruiz y Santiago Gutiérrez Silva —hijo y nieto de Héctor Gutiérrez Ruiz—, así como Rafael Michelini —hijo de Zelmar—, recibieron reconocimientos por sus familiares asesinados.

En la enésima contradicción, Gabriela Schroeder siente a su “Buenos Aires querido, pero también el lugar en el que viví los mayores horrores”.

En el atardecer del sábado, el Buquebús comienza a moverse hacia Montevideo. Dice al teléfono que sintió las calles porteñas como propias, y que son su segunda casa, incluso más que las de Santiago, donde vivió 25 años.

A la motosierra, más motosierra. El nuevo recorte del Gobierno de Javier Milei deja a la salud pública en estado crítico. Frente al ataque contra un derecho esencial y bajo el lema “la salud no puede esperar”, miles de trabajadores sanitarios han marchado este miércoles desde el Ministerio de Salud argentino hasta la Plaza de Mayo en la ciudad de Buenos Aires, después de que el Ejecutivo ultraderechista anunciara la reducción de 63.000 millones de pesos (más de 38 millones de euros) en las partidas destinadas a este sector para este año.

Se trata de un recorte de los fondos dirigidos al fortalecimiento de los sistemas provinciales de salud y afecta a la distribución de medicamentos, insumos y tecnología médica. Y se suma al desmantelamiento de programas esenciales que ha habido durante los dos años y medio de gestión de La Libertad Avanza –el partido ultra de Milei–, cuyo impacto afecta principalmente a los sectores más vulnerables: personas mayores, con discapacidad, en situación de pobreza y con enfermedades graves o crónicas. Además, el ajuste resta dinero a la lucha contra el cáncer, al Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (encargado de los trasplantes), a la distribución de vacunas y la prevención de enfermedades de transmisión sexual –que están creciendo, como la sífilis–.

Norma Chiacho, enfermera de un hospital público, lo resume así a elDiario.es: “La situación es crítica desde que asumió Milei: recortes de insumos, salarios bajísimos, el mío no llega a un millón de pesos (600 euros) y sobrecarga de trabajo, porque la clase media ya no puede pagar privados y viene al hospital público y estamos colapsados. Este Gobierno nos está matando”.

El Ejecutivo también anunció que reemplazará el programa 'Remediar' por un esquema enfocado solo en patologías cardiovasculares. Remediar está vigente desde el año 2002 y distribuye alrededor de 70 medicamentos en 8.000 centros de salud de todo el país, con unos 19 millones de beneficiarios con enfermedades crónicas.

Macarena Sabin Paz, coordinadora del equipo de Salud y vida independiente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), señala a elDiario.es que la disolución de áreas clave como la Dirección Nacional de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) provocó muertes por falta de acceso a medicamentos oncológicos. “Durante los primeros meses de 2024, el Gobierno decidió desmantelar el Instituto Nacional del Cáncer y disolver la DADSE, que era un área específica para brindar tratamientos, medicamentos oncológicos y de altísimo costo, y se murieron 60 personas con cáncer esperando recibir sus medicamentos”.

En esa línea Cristina Ceruli, directora del Hospital Piñeiro de Junín, en la provincia de Buenos Aries, señala el efecto del recorte de planes por parte del Estado nacional. “El programa de salud sexual está casi desierto, no nos mandan preservativos, ni anticonceptivos. El programa de salud perinatal se ha desmantelado, ha aumentado la mortalidad infantil del 6% y también creció la mortalidad materna. El ajuste que hace en salud se traduce en muerte”.

El último dato oficial revelado es de 2024, el primer año del Gobierno ultra, y como informó este medio, indica que la tasa de mortalidad infantil llegó a 8,5 muertes por cada 1.000 niños nacidos vivos. Ello se traduce en un aumento del 6,25% en comparación con el registro de 2023, cuando el indicador era de 8 muertes por cada 1.000.

Es por eso que la experta Sabin Paz agrega otro dato preocupante, para un Ejecutivo que no duda en aplicar la motosierra, que es la baja en los índices de vacunación. “La mitad de los niños de menos de 5 años no tienen el esquema de vacunación completo, que evita enfermedades graves como la tos convulsa, que ya tiene 14 bebés fallecidos. Hubo rebrotes de sarampión, enfermedades que no eran un problema epidemiológico para Argentina”.

Una semana después de la multitudinaria protesta de los universitarios, los trabajadores sanitarios se han concentrado frente a la Casa Rosada en Buenos Aires y también ha habido marchas en otras ciudades de Argentina, en provincias como Chaco, Jujuy y Entre Ríos. Es que la salud y la educación públicas van de la mano. Los hospitales que dependen de las universidades públicas ya han advertido que, si el Ejecutivo no envía los recursos previstos en la Ley de financiamiento universitario, los centros médicos “en un mes y medio ya no podrán funcionar”.

Se trata de un claro mensaje en las calles contra el ajuste de un Gobierno que sigue los pasos de la Administración de Donald Trump y ha retirado a Argentina de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de los nuevos problemas a nivel internacional, como el brote de hantavirus.

La cuarta marcha universitaria desbordó las calles en la emblemática Plaza de Mayo y las avenidas aledañas de Buenos Aires y se replicó en otras ciudades de Argentina, como Córdoba, La Plata, Rosario, Mendoza y Tucumán, entre otras. Docentes, estudiantes, científicos, sindicatos, políticos de la izquierda y el peronismo reclamaron al Gobierno de Javier Milei que cumpla con la ley de financiación para las universidades públicas.

Una multitud salió a recordarle al poder que la dignidad no entra en un ajuste de caja. La Universidad de Buenos Aires (UBA) cuantificó en 600.000 manifestantes la convocatoria en la capital y más de un millón en todo el país. En medio de la columna por avenida de Mayo, Karina Panelo sostenía un cartel que es, en rigor, un certificado de libertad. “Gracias a la educación pública, a la cárcel nunca más”, se leía sobre el cartón. Karina estudia Derecho en la UBA y habló con la urgencia de quien sabe que la universidad fue una bisagra. “La educación pública me salvó la vida y me dio dignidad”, dijo a elDiario.es, mientras la marea humana la empujaba suavemente hacia adelante.

Para ella, el intento del Gobierno por desfinanciar las aulas es un ataque personal a su derecho a existir de otra manera: “Quiero morir siendo estudiante universitaria”, dijo con una contundencia que conmovía.

Con el argumento de achicar el déficit fiscal, la administración de La Libertad Avanza viene desfinanciando al conjunto de casas de estudio. El Ejecutivo ultraderechista tildó de “acto opositor ” a la movilización de los cientos de miles e insistió en que no enviará los fondos reclamados.

Según el informe del Instituto Argentina Grande, en abril de 2026 los docentes cobraron un 34,5% menos en términos reales en comparación con noviembre de 2023. Como más del 80% del gasto del Estado en las universidades se destina al pago de salarios, el recorte presupuestario golpea directo a los docentes.

El aire de la movilización era reclamar por un derecho adquirido y emblema del país: la universidad pública gratuita. Abril Ras, a sus 27 años, caminaba con la mirada de quien ya vio los efectos del bisturí. En su Instituto de Formación Técnica Superior, la pedagogía social —esa rama que incomoda porque enseña derechos— ya sufrió el cierre de comisiones. “Creo que el desmantelamiento es intencional”, afirma con lucidez. Abril entiende que no faltan fondos, sino voluntad de sostener lo que forma conciencia crítica.

Mientras tanto, los rectores de las distintas facultades caminaban codo a codo, unificando un reclamo que ya es existencial. El documento leído por la Federación Universitaria Argentina (FUA) fue un mazazo de realidad: el presupuesto de funcionamiento hoy es apenas un fantasma de lo que era en enero de 2023. Son partidas que no alcanzan para la luz, para los insumos, para los salarios que ya perdieron el equivalente a nueve meses de poder adquisitivo.Desde las universidades dieron datos certeros del desfinanciamiento: las transferencias registraron una caída real acumulada del 45,6 por ciento entre 2023 y 2026.

Mercedes Luder, nieta de ítalo Luder, principal rival peronista de Raúl Alfonsín en las elecciones de 1983 que marcaron el retorno a la democracia, dijo que su abuelo era un defensor de la educación pública. Mercedes, estudiante de Veterinaria señaló que en la UBA “la falta de presupuesto se evidencia en que hay menos docentes y ayudantes, lo que afecta la calidad de la enseñanza”.

Pero la crisis no es solo en pesos. Lo que se denunció desde el escenario montado en Plaza de Mayo, frente la Casa Rosada es una ruptura del contrato democrático. Cuando el Ejecutivo ignora la Ley de Financiamiento 27.795 y desoye a la Justicia, lo que está en juego es la división de poderes. El Gobierno ultraderechista redobló la apuesta: respondió al pedido de fondos para los hospitales universitarios acusando a las autoridades de la UBA de impulsar “una extorsión política”. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, dijo que la marcha era una cuestión política basada en “una mentira emocional”.

El Ejecutivo no cumple con una ley de financiamiento universitario que fue aprobada por el Congreso el año pasado , que Milei vetó y luego los legisladores rechazaron el veto presidencial. Las universidades acudieron a la Justicia, y Gobierno entonces apeló ante la Corte Suprema.

Fernando Delfín Iglesias aportó una mirada sobre la soberanía. Investigador en energía y minería, dijo que representa ese legado de los abuelos que vinieron de España buscando paz y ascenso social. Hoy, ve cómo las áreas estratégicas de la industria nacional se quedan sin oxígeno. Para él, “defender la universidad es defender la posibilidad de que Argentina compita en el mundo con ciencia propia y no solo con materias primas”. .

Debajo del escenario, referentes de la oposición como el gobernador bonaerense Axel Kicillof y las columnas de la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) intentaban leer el clima de una sociedad que, aun en la angustia económica, se aferra a la universidad como al último bastión. Cuando la marcha se desconcentró, quedó en el aire el eco de una advertencia: si los docentes e investigadores son expulsados del sistema, el país se queda sin futuro.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha afrontado la crisis del buque del hantavirus recién diezmada por el abandono de la institución de EEUU y Argentina. Precisamente Argentina es uno de los probables focos del contagio inicial de este caso. Y EEUU se ha visto obligado repatriar a 17 ciudadanos desde Tenerife, a uno de ellos con medidas especiales por haber dado un positivo leve, aunque finalmente ha acabado dando negativo.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom, ha considerado que la crisis del hantavirus demuestra la necesidad de un dispositivo internacional de salud como es la organización que dirige: “A los virus no les importan nuestras políticas, ni nuestras fronteras ni las excusas que podamos tener”, ha recordado estos días. “La mejor inmunidad que tenemos es la solidaridad”, ha subrayado también.

Por eso Adhanom ha creído que este brote podría amortiguar los ataques frontales que la internacional ultraderechista encabeza por Donald Trump y Javier Milei dirigen a la OMS. E incluso, reconsiderar su salida. Ambos gobiernos ya se han apresurado a volver a despreciar a la OMS.

El exfuncionario de la organización y exdirector general de la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud, Alberto Infante, cuenta a elDiario.es que “estas dos administraciones han decidido colocar sus prejuicios por encima de la evidencia de la ciencia y la sensatez. Son poco permeables a lo racional por lo que no cabe esperar a corto plazo que cambien de criterio”.

Este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla. La situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global

Alberto Infante — Exdirector general la Agencia de Calidad y de Ordenación Profesional, Cohesión y Alta Inspección del Sistema Nacional de Salud,

Con todo, la realidad es que la organización trabaja este 2026 con un presupuesto un 20% menor: ha pasado de 5.300 a 4.200 millones de dólares. La caída ha sido provocada por los 600 millones que EEUU ha dejado de aportar y agravada por los recortes derivados del viraje de muchos estados miembro hacia el gasto en armamento. “A pesar de nuestros esfuerzos, hemos llegado a un punto en el que no tenemos otra opción que reducir nuestros programas y empleados”, llegó a admitir por escrito Adhanom.

Alberto Infante sostiene que “este caso demuestra que si no hubiera una OMS, habría que inventarla”. El médico argumenta que “la situación de cambio climático, de patrones de distribución de enfermedades y una población que viaja más, más veces y a hábitats donde antes no se llegaba, hace más necesario un mecanismo de gobernanza y afrontamiento de los riesgos a escala global”.

En este sentido, el epidemiólogo del Fisabio, Salvador Peiró, explica que “aunque países con buenos sistemas de salud pública, como la Unión Europea, Gran Bretaña, Australia o Nueva Zelanda, no necesiten a la OMS directamente en sus territorios, si la necesitan para reducir los riesgos procedentes de otros países con sistemas más deficitarios”.

El Reglamento Sanitario Internacional

La operación del MV Hondius ha implicado la llegada de un experto de la OMS al buque “para colaborar en la evaluación médica”, la coordinación del “envío de 2.500 kits de diagnóstico desde Argentina a laboratorios de cinco países para reforzar la capacidad de realización de pruebas” además de elaborar “las orientaciones operacionales” para el desembarco en Tenerife.

“Este suceso pone de manifiesto la razón de ser del Reglamento Sanitario Internacional” al que están suscritos los países de la OMS como España, subraya el organismo de la ONU. Este reglamento es “el conjunto de normas que definen los derechos y obligaciones de los países a la hora de responder a situaciones de salud pública con capacidad para cruzar fronteras”. Se trata de un “instrumento de derecho internacional legalmente vinculante”, aclara la OMS.

En el mundo actual, con extraordinaria movilidad, la función de escudo de la OMS es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la organización

Salvador Peiró — Epidemiólogo del Fisabio

“El reglamento es una de las fortalezas de la OMS y ha permitido tener unas estipulaciones convenidas gracias a las que se ha podido afrontar esta crisis del hantavirus de manera relativamente rápida y con un mecanismo estipulado y previsible”, aclara Alberto Infante. Así se estableció cuál debía ser el primer puerto de arribada, cómo accedían los expertos y los pasos que había que seguir después. “Ha dado mucha seguridad a las autoridades y al público en un caso con tanta exposición mediática”.

Salvador Peiró resume que la función de escudo exterior de la OMS “en el mundo actual, con extraordinaria movilidad, es muy importante. Y por el otro lado, cuanto peor sea el sistema de salud pública de un país, más papel interno les hace la OMS”. Además, la OMS “realiza toda una serie de trámites necesarios como la clasificación de causas de muerte, la definición de algunas enfermedades o la homogeneización de estadísticas entre países que, si no, no podrían ni mirarse”.

Sin arrepentimiento de los ultras

Así que el mismo director general de la OMS, a la luz de los hechos, vio en esta crisis sanitaria internacional una oportunidad para convencer a EEUU y Argentina de volver al organismo del que, al fin y al cabo, se están beneficiando sin aportar. “Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria”, ha expresado en público.

No hay caso: el presidente de EEUU, Donald Trump, ha insistido en que, lejos de arrepentirse de decretar el día de su toma de posesión la salida de su país de la OMS, está satisfecho: “Me alegro”, ha dicho desde el despacho oval. “Le estábamos dando 500 millones de dólares al año y no nos estaban tratando muy bien. Estaban haciendo diagnósticos equivocados”.

En Argentina —aparte de negar que el contagio del Hondius surgiera en su territorio— el Gobierno de Javier Milei ha arremetido contra la organización: “La OMS vuelve a anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) ha logrado identificar a 17 desaparecidos de la dictadura (1976-1983) tras el hallazgo de restos óseos el año pasado en una zona cercana al centro clandestino de detención La Perla, provincia de Córdoba. Las familias han esperado décadas para conocer la verdad sobre sus seres queridos, como Marta Taborda, hija de Silvia del Valle Taborda, quien ha dicho en una conferencia de prensa: “Pasó medio siglo y este huesito me dijo: ‘Hija, acá estoy’”.

En marzo, los antropólogos dieron a conocer los nombres de otras 12 personas desaparecidas, con lo que ya son 29 los identificados. “Es probable que haya más identificaciones”, ha afirmado el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, a cargo de la investigación, aunque ha dicho que no podía dar más precisiones.

A ambos lados del magistrado, se han colocado los familiares. “Soy Luis Navarro, hermano de Juan Carlos Navarro, que desde hace 49 años estaba desaparecido. Durante años nos decían: 'Si no hay cuerpo, no hay delito'. Hoy he recuperado a mi hermano y mi deseo es que se encuentren más personas, porque son más de 30.000 desaparecidos, y que se haga justicia”, ha afirmado.

Precisamente, el Ejecutivo ultra de Javier Milei niega esa cifra de desaparecidos y ha desmantelado sitios de memoria. Este nuevo hallazgo es un revés para el discurso negacionista del Gobierno, así como se vio reflejado el último 24 de marzo, en el 50 aniversario del golpe de Estado, cuando una enorme multitud tomó las calles en defensa de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.

En septiembre del año pasado, el EAAF, junto al Servicio de Antropología Forense del Instituto Médico Forense del Poder Judicial de Córdoba, comenzó a trabajar en una zona conocida como La Loma del Torito, cercana al casco donde funcionaba La Perla. Durante las tareas, los antropólogos encontraron unos 1.200 restos óseos pequeños y fragmentados y piezas dentales en dos áreas de esa zona, separadas entre sí por unos 30 metros.

Paula Mónaco Felipe es hija de Ester Felipe y Luis Mónaco, quienes fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Los restos de ambos fueron hallados juntos e identificados. “Hoy empiezo a entender el término ‘encontrar’ tras años de búsqueda. Encontrar es recuperar a Ester y Luis, cortar con el hilo de la crueldad. Se mantuvieron juntos en la oscuridad; la tierra los cobijó. Encontrar es la posibilidad de traerlos con nosotros y descubrir un mundo con sol”, ha relatado.

La cantante Liliana Felipe es su tía y hermana de Ester. La intérprete que vive en México escribió la canción Otro adiós sin Dios en homenaje a Ester, cuya primera estrofa dice: “¿Cómo fue la bala? ¿Dónde estaba el cielo? ¿Qué montaña ya no pudo más besar tu pelo?¿Dónde estaba Dios?”.

La Perla funcionó entre 1976 y 1978. Se calcula que por ese centro clandestino de detención, tortura y exterminio pasaron entre 2.200 y 2.500 personas, según investigaciones del Archivo Provincial de la Memoria (APM) de Córdoba. Solo unos pocos sobrevivieron. La mayoría de las veces, los secuestrados eran trasladados en camiones del Ejército para su fusilamiento en zonas aledañas. Los fusilamientos y los enterramientos clandestinos fueron el principal método de acabar con los presos políticos.

“La intención fue el exterminio de una generación y crear una generación temerosa. A mi papá se lo llevaron a sus 25 años y yo lo recuerdo porque tenía 5 años, estábamos con mi mamá embarazada y mi hermana de tres años. Somos tres mujeres a las que nos faltó un papá”, ha dicho entre lágrimas la hija de Dalmiro Cruz Bustos. Y ha agregado: “Yo no iba a las marchas. Cuando al fin fui, vi que otras personas enarbolaban la foto de mi padre; fueron personas que mantuvieron viva su memoria”.

En 1979, ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Ejército de la dictadura dispuso de una maquinaria pesada para remover los cadáveres de quienes habían sido enterrados en La Perla. Sin embargo, quedaron pequeños restos óseos que los antropólogos encontrarían cinco décadas después.

El año empezó muy bien para Canarias. En enero recibieron a más de 650.000 cruceristas en las llamadas “islas afortunadas”. Así es la geografía, la fortuna que te da unos días te la quita otros. No oímos a nadie quejarse del desembarco de 650.000 personas en enero. Si los 150 pasajeros del Hondius hubieran llegado risueños, billetera en mano, les habrían dado la bienvenida. 

El rechazo del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mostró con toda su crudeza el abismo moral por el que nos despeñamos: las personas vistas como medios —para dejar dinero, riqueza, empleo— y no como fines. Que vengan sanos y podamos medirlos por el gasto medio que hacen; la estadística de los virus que transportan nos resulta intolerable. 

Me viene a la memoria la precisa descripción del biólogo Edward O. Wilson: “La humanidad actual tiene emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología de dioses”. Con el hantavirus la tríada ha actuado en todo su esplendor. Un barco de tecnología divina para una expedición fabulosa (a unos 20.000 euros el pasaje). Y unos cerebros que se comportan como en el paleolítico, con la amígdala avivando miedos, el más irracional instinto de supervivencia: hablamos de personas que no están enfermas y ni pisarán tierra canaria. Pero, ¿y si la brisa marina nos traía las miasmas a Tenerife, eh, eh? ¿Eso qué?

Hay una alerta sanitaria global que la Organización Mundial de la Salud (OMS) está gestionando. El mundo entero mira a Canarias. Las islas son por unos días el centro del universo conocido. ¿Y qué hace el presidente autonómico? Lucir su cerebro paleolítico. Como siempre, la excusa de la amígdala es la falta de información: quizá le dieron la disponible en esos momentos. Elegimos gobernantes racionales que deben saber cómo es una emergencia. 

Ahora voy a lo de las instituciones medievales, que es lo mollar. En efecto, los estados-nación resultan cada vez más pesados: actúan como una prisión donde resulta difícil realizar las políticas necesarias para un mundo global y, además, dan mucho la lata. Sin embargo, los cerebros paleolíticos compran la idea de fortalecerlos, incluso cuando un virus viaja alegre por el planeta. ¿Por qué? Porque nuestras emociones paleolíticas comprenden bien las instituciones medievales. 

Donald Trump, el mejor representante paleolítico, decidió que EEUU abandonara la OMS en enero de este año. La Argentina de Milei le siguió en marzo. Días después el Hondius zarpaba de Ushuaia, en Argentina (sí, en Argentina). A bordo del Hondius, hay ciudadanos estadounidenses (se dice que 17, y un argentino), a los que la OMS abandonada por sus gobiernos está cuidando.

Aquí hay que hacer el paréntesis de los números para dar dimensión a lo que una escribe. EEUU era donante principal de la OMS: como consecuencia de su salida, la organización ha sufrido un recorte de en torno al 20% de su presupuesto. El verano pasado estuve en la sede de Ginebra y el ambiente era depresivo: programas cerrados, casi 2.000 personas en la calle, cientos de miles de abandonados a su suerte con enfermedades curables… No ha dado muchos titulares, pero la salida de EEUU de la OMS es una catástrofe humana. Que ahora EEUU y Argentina la necesiten es la realidad cobrándose su venganza.

La OMS no es una institución medieval, por eso cuesta entenderla. Tiene una función primordial de coordinación global que se va a relegitimar con este incidente. Tedros viene a Canarias. Me reuní con él en Ginebra en 2020 para hablar del deporte en la prevención de la salud. No olvidaré su elogio al “humble leadership” de España, nuestro “liderazgo humilde”. Lo hemos vuelto a hacer. Y me siento orgullosa: los virus no piden visado, son las instituciones las que deben prepararse para ello.

La cuestión de la coordinación parece un problema administrativo, pero es netamente político. Los imperios son la forma medieval de coordinar: uno manda y los demás obedecen. La última experiencia que tuvimos en Europa fue Hitler. No nos gustó y por eso inventamos el método de coordinarnos y decidir en pie de igualdad. Nos salió la Unión Europea, una organización multilateral. 

Este episodio de hantavirus nos recuerda cuán vulnerables seguimos siendo. Pero no sólo nuestro sistema inmune, también el político. Si se deja suelto, el espíritu paleolítico acaba diciendo que Pedro Sánchez “ha traído un virus mortífero para distraer la atención”. Ejem. No hay mejor prueba de que necesitamos menos instituciones medievales y más multilaterales, pero ojo: los cerebros paleolíticos no se rinden ante la realidad, para ellos sólo existen las evidencias que confirman sus creencias. La batalla por los hechos es la más política de nuestro tiempo. 

Ha marcado un hito sin precedentes en la industria de las bebidas al convertirse oficialmente en la primera sommelier de agua de toda Latinoamérica. Con 46 años y una trayectoria de más de dos décadas en el mundo de la vitivinicultura, esta experta mendocina decidió expandir sus horizontes sensoriales hacia el elemento más esencial para la vida humana. La reciente graduación de Analía Videla no solo representa un logro personal tras meses de intenso estudio y dedicación, sino que también posiciona a su región argentina, Mendoza, en el mapa de una disciplina emergente y sumamente especializada a nivel mundial. 

Se trata de un avance que permite profesionalizar el consumo de un recurso que solemos dar por sentado pero que esconde una gran complejidad detrás de su aparente simplicidad cristalina. El camino hacia esta certificación internacional llevó a Videla hasta Alemania, concretamente hasta la prestigiosa academia Doemens, ubicada en la ciudad de Múnich, centro neurálgico de la formación profesional en esta área. Esta institución comenzó a dictar la diplomatura en el año 2011, inicialmente solo en idioma alemán, debido a que dicho país es considerado el principal productor de agua mineral en todo el mundo. 

Pero la apertura de los cursos en inglés permitió que profesionales de diversos rincones del planeta pudieran acceder a este conocimiento técnico y sensorial de alto nivel, incluida Argentina. Para Analía, el proceso fue un desafío que combinó la modalidad semipresencial con exigentes exámenes finales en Europa, donde puso a prueba sus sentidos para detectar variaciones iónicas y posibles defectos. La elección de Alemania como sede de sus estudios superiores no fue casual, ya que el país germano integra la cultura del agua con su histórica industria cervecera de manera ejemplar. 

De hecho, en la elaboración de la cerveza, el agua representa entre el 85% y el 90% del producto final, lo que hace que su calidad sea un factor determinante. Además de ser líderes en la producción de agua embotellada, los alemanes han desarrollado estándares de evaluación sumamente estrictos que garantizan la excelencia del recurso hídrico. Videla destaca que cursar en un entorno con tales niveles de exigencia requirió un esfuerzo extra, especialmente al enfrentarse a un mercado que ofrece una variedad casi infinita de perfiles minerales y estilos de agua.

Uno de los principales objetivos de la flamante sommelier es desmitificar la antigua enseñanza escolar que define al agua como un líquido insípido, incoloro e inodoro por naturaleza propia. A través de sus catas, Analía ha llegado a la conclusión de que el agua potable o mineral no es 100% pura, sino que contiene una serie de minerales disueltos que le otorgan un carácter único. Identificar estas características sensoriales permite no solo disfrutar más de la bebida, sino también realizar maridajes más precisos, aprovechar mejor sus propiedades saludables y llegar a percibir que cada fuente de agua narra una historia geológica diferente a través de su sabor, rompiendo con la idea de que todas son iguales.

La complejidad del agua reside en los iones y minerales que la componen, tales como el calcio, el hierro, el magnesio y el sodio, los cuales generan sensaciones hápticas específicas. Por ejemplo, la presencia de hierro puede aportar sutiles tonalidades amarillentas a la vista, mientras que otros componentes influyen directamente en la textura y el peso en boca del líquido. El magnesio suele otorgar una sensación de redondez, y el sodio es fundamental en las versiones gasificadas para equilibrar el perfil gustativo final del agua. Analía explica que entrenar el paladar para detectar estos elementos lleva tiempo y requiere hábitos de vida saludables, como dormir lo suficiente y evitar perfumes o bebidas fuertes antes de una cata.

Más allá del placer sensorial, la especialización de Videla profundiza en los beneficios terapéuticos que cada tipo de agua puede aportar según la etapa de la vida o la condición de salud. El calcio es vital para evitar problemas en los huesos, mientras que el magnesio actúa como la gasolina del corazón, favoreciendo la concentración y protegiendo contra trastornos cardiovasculares. Por otro lado, el bicarbonato posee efectos alcalinizantes que ayudan a neutralizar la acidez estomacal, y el silicio contribuye a la salud de la piel y el cabello. Estas propiedades, según la experta, transforman al agua en un suplemento mineral natural que, si se elige correctamente, puede mejorar significativamente el bienestar general y el equilibrio del organismo.

Una larga trayectoria

La labor de un hidrosommelier se diferencia claramente de la de un bioquímico, aportando una visión interpretativa que va mucho más allá de un simple informe técnico o análisis de laboratorio tradicional. Mientras que la química se encarga de los datos cuantitativos, el sommelier explica el estilo del agua, sus posibles usos gastronómicos y la forma en que sus componentes interactúan con el paladar. Videla es capaz de identificar hasta quince defectos distintos que pueden afectar la calidad del producto, desde aromas inusuales hasta problemas derivados del almacenamiento o el vencimiento. Su enfoque se centra en la experiencia del consumidor, traduciendo la composición mineral en conceptos comprensibles que ayudan a elegir la mejor opción diaria.

Antes de alcanzar este nuevo hito, Analía Videla ya era una figura consolidada en la industria, siendo la fundadora y directora del Wine Institute, entidad con sedes en Argentina y Chile. Con una sólida formación académica que incluye títulos en Francia y California, ha dedicado su vida a la enseñanza. Su experiencia de más de veinte años liderando equipos de sommeliers en concursos internacionales respalda su gran capacidad analítica y técnica. Además, ha sido pionera en proyectos de inclusión social, como la creación de un glosario de lengua de señas para el turismo del vino, demostrando su compromiso con la accesibilidad y la innovación. Al integrar sus conocimientos sobre vinos, licores y ahora agua, Videla lidera un movimiento hacia la excelencia en la restauración.

Un mes y medio después de las primeras revelaciones que pusieron en el ojo de la tormenta al jefe de gabinete de Javier Milei por presunto enriquecimiento ilícito, Manuel Adorni se ha presentado ante el Congreso de Argentina para presentar su informe de gestión. El avance de las investigaciones judiciales contra el alto funcionario hizo que esta sesión se convirtiera en un acto político y, que de forma inédita, asistiera el propio presidente argentino y todo su gabinete. “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”, sostuvo Adorni.

El funcionario llegó a la Cámara de Diputados en medio del escrutinio público por la adquisición de propiedades y por viajes de lujo al extranjero. Su presentación ocurre en un contexto más amplio, en el que el mismo Gobierno ultraderechista está siendo investigado por presuntas estafas, como el caso de las criptomonedas 'Libragate' y el de los sobreprecios en medicamentos en el área de discapacidad.

“Vamos, Manuel”, gritó desde el palco central el presidente ultra. El Gobierno montó una tribuna para apoyar a Adorni con la presencia de la hermana del mandatario, Karina Milei (secretaria de la Presidencia) y ministros y legisladores del oficialismo, entre más de 150 invitados. Algo muy inusual para un informe de gestión de un ministro y más parecido a la apertura del año legislativo.

Defensa de la motosierra

Adorni ha dado en la primera hora y media un discurso institucional con foco en los logros económicos, como la bajada de la inflación –que en los últimos diez meses ha subido–: “Pasamos del 200% que heredamos al 31% anual”, dijo, aunque admitió que el dato de marzo de 2026 “es malo” (3,4%). Sostuvo que, al igual que la inflación, la pobreza está en su índice más bajo en los últimos siete años. Sin embargo, los expertos ponen en duda los datos oficiales.

El funcionario defendió los recortes de los pasados dos años y cuatro meses del Gobierno de Milei: “Hay 65.000 empleados menos en el Estado”, celebró el paso de la motosierra. “Se cortaron las asignaciones de privilegio para el presidente y la vicepresidente. Se cerró el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo”. Y anticipó que el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado tiene previsto más ajuste.

Se trata de un Gobierno que aprobó una reforma laboral regresiva, que bajó impuestos a los ricos y actualmente no cumple con el presupuesto para las universidades ni personas con discapacidades. Desde que comenzó su andadura, se perdieron 264 puestos de trabajo por día en el sector privado registrado. También el consumo acumula dos años consecutivos en retroceso.

El jefe de ministros se preparó durante semanas para defender su informe técnico y blindarse ante las preguntas de la oposición sobre su patrimonio. Antes de responder, Adorni sostuvo: “No cometí ningún delito y voy a probarlo en la Justicia”. Y volvió a prometer que todo quedará aclarado en su próxima declaración jurada.

El foco del conflicto radica en propiedades y viajes ostentosos que no se condicen con su declaración jurada. El escándalo escaló luego de que trascendiera que su esposa, Betina Angeletti, utilizó el avión presidencial para viajar a Estados Unidos en marzo; poco después, elDiarioAR reveló un vuelo privado de la familia Adorni a Uruguay por 10.000 dólares.

El exvocero presidencial y hombre de confianza de Milei sostuvo que todos los viajes personales los pagó el mismo, que fueron vacaciones privadas, pero evitó arrojar precisiones respecto del viaje a Punta del Este supuestamente financiado por el empresario Marcelo Grandio, su amigo y dueño de una productora que tenía negocios con la Televisión Pública. Adorni negó haber favorecido un contrato entre Grandio y el canal público. Adorni respondió que el Estado no registra ningún pago de viajes personales del jefe de Gabinete y que la Oficina Anticorrupción informó “inexistencia de conflictos de interés”.

Se investiga cómo un funcionario que cobra un sueldo de 2.500 dólares mensuales (poco más de 2.100 euros) haya pagado en efectivo pasajes de avión y alojamiento por 15.000 dólares en unas vacaciones en Aruba, en el Caribe. También es llamativo que haya comprado dos propiedades: un apartamento en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio acomodado de Caballito, y una casa en un country con préstamos otorgados por jubiladas.

La diputada de izquierda Myriam Bregman le preguntó a Adorni por qué “Milei se tira sobre la granada” al darle su respaldo y le pidió que dé explicaciones sobre las propiedades que adquirió.

Adorni se defendió: “Como saben, las declaraciones juradas tienen un componente público y un componente reservado. En el componente público, se encuentran los detalles de todos mis bienes que componen mi patrimonio, respecto de los cuales nunca existió ocultación alguna. Como dije, aún no venció el plazo para la presentación de mi última declaración jurada. Será en ese momento en el que se formulará el correspondiente detalle de mi patrimonio integral”.

Esta semana se conoció que la Justicia recibió informes sobre los gastos exuberantes que realizó la esposa de Adorni en un viaje a España. Angeletti gastó 6.000 dólares en efectivo (más de 5.000 euros) en septiembre del año pasado, según la información que se sumó al expediente en el que se analiza el presunto enriquecimiento ilícito de Adorni.

En una de las respuestas acerca de la evolución patrimonial, cantidad de propiedades y dinero, Adorni dio una curiosa explicación por escrito: aseguró que ya presentó su declaración jurada patrimonial y que “los bienes que componen el patrimonio de la cónyuge o del grupo familiar se incluyen en el Anexo Reservado” enviado a la Oficina Anticorrupción, que contiene “información confidencial”.

Adorni debía contestar 4.800 consultas que le hicieron por escrito los diputados, aunque seleccionó solo 2.100 para responder en el recinto. Sobre la megaestafa tras el lanzamiento de la criptomoneda LIBRA, que involucra a los hermanos Milei, Adorni respondió que “hay una investigación en curso, lo que implica que una porción significativa de la información requerida se encuentra bajo la órbita exclusiva del Poder Judicial y que su divulgación por parte del Poder Ejecutivo podría comprometer la integridad de la investigación y los derechos de las personas involucradas”.

En medio de los escándalos de corrupción revelados por los medios de comunicación, la Casa Rosada decidió desde el pasado jueves impedir el acceso a los periodistas acreditados a la sala de prensa por “motivos de seguridad nacional”, tras denunciar a dos reporteros de TV que grabaron sin permiso el interior del edificio. Otra manera de blindar a un funcionario al que el mandatario ha decidido mantener en el cargo pese a la tormenta y el coste político.

El director argentino Adolfo Aristarain, responsable de varias coproducciones hispano argentinas como Martín (Hache) o Lugares comunes ha fallecido a los 82 años en Buenos Aires tal y como ha informado la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. La institución le había entregado en 2024 su Medalla de Oro, un premio que evidenciaba el vínculo tan fuerte que el cineasta tenía con nuestro país. El director lo recogió en la que sería su última aparición pública.

Varias de sus películas fueron producidas entre ambos países y se convirtieron en grandes fenómenos en España. Es el caso de Martín (Hache), el drama que juntó a Juan Diego Botto, Federico Luppi y Eusebio Poncela y cuyos excelentes diálogos se siguen recordando habitualmente como ese “La patria es un invento” que decía Luppi. Su fallecimiento cierra una semana trágica para el cine argentino, que en siete días ha perdido a Luis Brandoni, al director Luis Puenzo y ahora a Adolfo Aristarain.

Durante siete años vivió en nuestro páis, y desde aquí dirigió varias películas. Fue en España, además de en Argentina, donde más se reconoció el talento de sus dramas inteligentes y humanos. En 1992 ganó la Concha de Oro en San Sebastián por Un lugar en el mundo; y diez años más tarde se haría con el premio al Mejor guion en el mismo certamen por Lugares comunes.

También los Goya se rindieron a su talento. Fue nominado en cinco ocasiones, y lo ganó en dos de ellas. Se llevó el premio a la Mejor película iberoamericana por Un lugar en el mundo y el de Mejor guion adaptado por Lugares comunes. Fue candidato como Mejor director por Martín (Hache) y como director y guionista por Roma, donde repitió con Juan Diego Botto y que fue la última película que dirigió.

Aristaraín se forjó durante muchos años como ayudante de dirección de grandes cineastas como Vicente Aranda, Sergio Leone, Lewis Gilbert, Gordon Flemyng o Sergio Renán; y también junto a su amigo y maestro Mario Camus, junto al que también demostró su talento escribiendo guiones.

En una entrevista realizada por la agencia EFE con motivo de su medalla de la Academia de Cine, Aristarain decía que aunque no dirigiera desde 2004, “del cine nunca te retiras”. “A mí las ganas me vienen cuando veo una historia que me gusta. Nunca fui de decir 'quiero hacer', 'quiero filmar', 'extraño'. Yo no extraño filmar para nada. Estoy muy tranquilo en casa, leyendo, escuchando música. No extraño filmar, pero tiene que haber algo que me mueva y me entusiasme. Y hasta ahora no ha aparecido”, señalaba entonces dejando una nueva muestra de su talante y su talento.

Los cambios en el clima y la presión sobre los recursos han colocado a ciertos ecosistemas en una posición delicada que obliga a revisar cómo se gestionan. Los glaciares forman parte de la naturaleza desde hace miles de años y cumplen una función que no se puede sustituir, ya que almacenan agua dulce y regulan su liberación hacia ríos y acuíferos que dependen de ese equilibrio.

La necesidad de protegerlos surge cuando su degradación empieza a afectar al abastecimiento de agua y al funcionamiento de territorios enteros que dependen del deshielo para mantener su actividad diaria. En ese punto, cualquier alteración en su entorno genera efectos que no se quedan en la montaña y terminan afectando a poblaciones, cultivos y sistemas económicos que dependen de ese flujo.

El Congreso argentino aprobó una norma que cambió la protección ambiental

La reforma de la Ley de Glaciares en Argentina ha sido aprobada por el Congreso y ha provocado una demanda colectiva por el peligro para el suministro de agua, según informa Tiempo Argentino. La norma, promovida por el gobierno de Javier Milei y que salió adelante con 137 votos en la Cámara de Diputados tras el respaldo previo del Senado, introduce cambios en la gestión de estas áreas y abre un escenario de conflicto legal y social.

El texto aprobado modifica el sistema de protección vigente desde 2010, que había sido considerado un referente regional, y ahora coloca el debate en torno a los límites entre explotación económica y preservación ambiental. Esta decisión ha activado una reacción organizada de entidades sociales y jurídicas que buscan frenar su aplicación.

El principal punto de alarma se centra en el agua. Los glaciares actúan como reservas que regulan el caudal de ríos y garantizan suministro a comunidades y actividades económicas, sobre todo en zonas áridas donde el deshielo marca el ritmo del año.

Cuando se altera ese sistema, la calidad del agua puede verse afectada y su disponibilidad disminuye, lo que repercute en el consumo humano y en la producción agrícola. La posible expansión de actividades extractivas cerca de estos entornos introduce un factor de riesgo adicional, ya que puede modificar el equilibrio natural que permite mantener ese flujo.

Las provincias pasaron a decidir qué zonas quedan protegidas

Uno de los cambios más relevantes de la reforma es el traslado de competencias hacia las provincias. A partir de ahora, cada territorio puede definir qué zonas del entorno glaciar se consideran protegidas y cuáles pueden abrirse a proyectos productivos, lo que introduce diferencias en la aplicación de la norma según el lugar.

Este ajuste rompe con el modelo anterior, que establecía una protección más uniforme y limitaba de forma clara las actividades en esas áreas. Con esta nueva capacidad de decisión, se abre la posibilidad de que se autoricen explotaciones en espacios que antes quedaban fuera de cualquier intervención.

Argentina dispone de una de las mayores reservas de glaciares de América Latina, y su función va más allá de almacenar agua. Estos sistemas regulan el equilibrio hídrico a lo largo del año, especialmente en momentos de sequía, y permiten sostener el funcionamiento de ecosistemas y economías regionales.

Según Ladera Sur, solo el 3% del agua del planeta es dulce y más del 70% de esa cantidad permanece congelada en glaciares, lo que sitúa a estos entornos como un recurso limitado que requiere una gestión cuidadosa. La pérdida de masa detectada en muchos de estos sistemas refuerza la preocupación sobre su conservación.

Las organizaciones denunciaron falta de participación en el proceso

Las críticas no se limitan al contenido de la ley, también alcanzan al proceso de aprobación. Organizaciones como FARN, Greenpeace y la Asociación de Abogados Ambientalistas denuncian que no hubo una participación ciudadana efectiva, a pesar de que más de 100.000 personas se inscribieron en audiencias públicas donde solo unas 300 pudieron intervenir. También cuestionan la presencia de cargos con intereses vinculados al sector minero en el debate parlamentario.

Tiempo Argentino recoge que la senadora Flavia Royón participó en la votación sin apartarse pese a su relación profesional con empresas del sector, y que el diputado Nicolás Massot tampoco se abstuvo a pesar de sus lazos empresariales. Estos dos son los más mediáticos, pero habría más según los medios argentinos.

El trasfondo económico aparece con fuerza en este conflicto. El impulso de la minería, especialmente de cobre, se presenta como una vía para atraer inversión y reforzar el papel de Argentina en el mercado internacional, pero esa apuesta implica intervenir en zonas que hasta ahora estaban protegidas.

Los defensores de la reforma consideran que no todas las áreas periglaciales cumplen funciones hídricas relevantes y que una evaluación caso por caso permitiría desarrollar proyectos sin afectar a todo el sistema. Sin embargo, científicos y organizaciones ambientales advierten que esa diferenciación puede generar efectos acumulativos difíciles de revertir.

La respuesta judicial busca frenar la aplicación de la norma

La respuesta a la reforma ya se ha trasladado a los tribunales. Las organizaciones impulsoras han iniciado una demanda colectiva que busca declarar la inconstitucionalidad de la norma por vulnerar derechos relacionados con el acceso al agua y la protección ambiental.

Diego Salas, director de programas de Greenpeace, afirmó que “esta reforma es regresiva e inconstitucional y compromete el acceso al agua de millones de personas”. Más de 750.000 personas han respaldado la iniciativa, que sigue sumando apoyos mientras se preparan las primeras resoluciones judiciales sobre su aplicación.

El proyecto Agua Negra vuelve a estar en marcha. “En el lado chileno ya se han reanudado las obras. Los trabajos en el lado argentino todavía no han comenzado, pero pronto lo harán”, comunicó Mario Schiavone, cónsul de Chile en San Juan (Argentina), hace unos meses, según recogió el diario argentino El Cronista. Hablamos de uno de los megaproyectos más importantes que se planean llevar a cabo en la frontera entre Chile y Argentina.

Este proyecto busca conectar la provincia de San Juan (Argentina) con la Región de Coquimbo (Chile) a través de la construcción de dos túneles paralelos de aproximadamente 14 kilómetros de largo, los cuales se ubicarán a más de 4.000 metros de altura en plena Cordillera de los Andes, creando una vía permanente y segura durante todo el año.

La idea es crear una alternativa al conocido como Paso de Agua Negra, un cruce fronterizo que sigue funcionando pero cuya operatividad es bastante limitada. La nieve y las condiciones climáticas extremas que caracterizan la zona en la que este se encuentra obligan a cerrarlo durante gran parte del año, lo que obstaculiza el tránsito de personas y mercancías. 

“Ambas naciones son demasiado próximas territorialmente como para permanecer desconectadas la una de la otra”, destacan los impulsores del proyecto. Según señala El Cronista, se estima que la obra tendrá una duración de nueve años y un coste aproximado de 1.500 millones de dólares. Una vez en funcionamiento, se espera que lo utilicen unos 2.200 vehículos diarios. 

Cómo serán los túneles

El proyecto Agua Negra contempla la construcción de dos túneles paralelos, uno para cada sentido de circulación: uno descendente desde Argentina hacia Chile y otro ascendente en sentido contrario, con una longitud aproximada de 13,9 kilómetros. Debido a la diferencia de altitud entre ambos sitios (4.085 metros en el lado argentino y 3.620 metros en el chileno), el túnel tendría una pendiente media de 3,37%. 

La construcción prevé que cada túnel tenga calzadas de 7,5 metros de ancho, con espacios laterales destinados a emergencias y servicios, y una altura libre de 4,8 metros para permitir el paso de vehículos de gran tamaño. Además de mejorar la movilidad de los ciudadanos, la idea es que estos túneles también sean una infraestructura estratégica para el transporte de mercancías, facilitando el flujo comercial entre ambos países.

“Se está tratando de sumar varios kilómetros más para esta temporada. No es sencillo, porque hay tramos conflictivos en los que pavimentar es complejo, pero el progreso es constante y se nota que se puede trabajar cada vez mejor. (...) Lo importante es que el paso siga siendo un espacio de integración y desarrollo, porque más allá de los plazos del túnel, la integración ya es una realidad que se vive año tras año”, subrayó Schiavone.

El Gobierno de Javier Milei ha vuelto a meterse con los más vulnerables: las personas con discapacidad. El Ejecutivo argentino incumple con la normativa actual, demorando el pago de prestaciones, e impulsa un proyecto de ley titulado 'Contra el fraude de pensiones por invalidez', que es rechazado por organizaciones sociales y asociaciones civiles. Resulta paradójico tras el cierre de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y su absorción por parte del Ministerio de Salud por un escándalo de corrupción.

“No soy un gasto, soy una persona con discapacidad”, dice un cartel en una protesta frente al Ministerio de Salud en la ciudad de Buenos Aires. Los manifestantes tienen un claro reclamo: que el Ejecutivo ultraderechista cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada el año pasado y respaldada por la Justicia, y que el Congreso desestime el proyecto en ciernes que endurece el acceso a las pensiones. Motosierra tras motosierra.

Pablo Molero, presidente del Foro Permanente de Discapacidad (que reúne a varios colectivos de personas con alguna limitación), señala a elDiario.es un “maltrato sistemático” hacia este grupo, con atrasos en los pagos; ahora se suma el intento de eliminar la pensión por protección social, que ayuda a quienes están en situación de pobreza. “La situación es grave y se requiere atención urgente, ya que este Ministerio está atrasado con el pago de prestaciones. Hay instituciones que aún no cobraron desde octubre y tienen que hacerse cargo de la compra de medicamentos y pañales”.

La Ley de Emergencia en Discapacidad fue aprobada en julio de 2025 por el Congreso y vetada en agosto a través de un decreto firmado por Milei, que luego fue rechazado por el Parlamento en septiembre, ratificando así la ley y obligando al Ejecutivo a promulgarla. No obstante, el Gobierno se resiste a aplicarla con el argumento de que el proyecto no enunciaba de forma expresa de dónde se obtendrían los fondos para financiar tal mejora para el sector. La Justicia rechazó ese argumento en diciembre pasado y ordenó aplicar la ley de manera inmediata, en un fallo que fue apelado por el oficialismo.

El Ejecutivo alega que entre 2003 y 2023 la cantidad de pensiones por invalidez tuvo un “crecimiento exponencial”, pasando de 76.000 a 1.200.000 en ese período de 20 años y generando una “inevitable sospecha” sobre las condiciones en que esos beneficios fueron otorgados.

Al respecto, Molero responde: “En 1999 había 33 millones de personas en nuestro país, de ese total, 3,3 millones tenían alguna discapacidad, mientras la pobreza ascendía al 30%. Alrededor de 990.000 personas con discapacidad estaban en ese momento en situación de pobreza y con el Gobierno de Néstor Kirchner fueron reconocidas con una pensión social, no sólo por incapacidad laboral. Hoy la población es de 46 millones y el Gobierno celebra que hay un 28% de pobreza, aunque muchos expertos cuestionan el número, pero aun así es enorme, brutal”.

En medio de una investigación judicial

Estela Maris Calandra, fonoaudióloga que trabaja en el área de discapacidad desde hace 30 años, se muestra indignada ante el nuevo proyecto de ley que el Ejecutivo envió al Senado, cuyo texto estipula que el Estado debe establecer mecanismos para “prevenir, detectar y sancionar el fraude en las pensiones”. “Yo trabajo con niños con autismo y trastorno del lenguaje que necesitan el certificado de discapacidad para poder recibir el tratamiento y, más en este momento, donde está aumentando el desempleo. ¿Cómo hablan de fraude cuando los que hicieron fraude fueron ellos en la Agencia de Discapacidad?”.

La investigación apunta al manejo irregular de fondos para la compra de medicamentos de coste elevado, destinados a personas con discapacidad, realizadas entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

La causa se inició en agosto de 2025 a partir de la difusión de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS, que mencionan a la hermana del presidente, Karina Milei, en los que se hablaba de supuestos pedidos de dinero a proveedores. Según la Fiscalía argentina, el esquema implicó más de 75.000 millones de pesos, con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios y acuerdos previos entre proveedores. El fiscal Franco Picardi sostuvo que la ANDIS funcionó como “una verdadera ventanilla administrada discrecionalmente”.

Hasta el momento, hay 19 personas procesadas. Entre ellos, Spagnuolo, procesado por cohecho, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

Es en este contexto, con una agencia cerrada en enero y degradada a Secretaría dentro del Ministerio de Salud, el Ejecutivo vuelve con una iniciativa en un área tan sensible. El nuevo proyecto empeora la situación ya delicada: elimina la posibilidad de que una persona con discapacidad siga cobrando la pensión por invalidez, si logra acceder a un trabajo registrado. Además, desregula los pagos mínimos a las organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad.

“No aplicar la ley es abandonar a las personas con discapacidad”, dice el cartel que lleva Ana Luppi. La mujer señala a este periódico: “Tengo una hermana con discapacidad que está en el Hogar Los Jazmines, donde ha progresado muchísimo. Hace 22 años que está allí y realmente es vergonzoso que el Gobierno no esté pagando lo que tiene que pagar, incumple la ley. Es un lugar de excelencia, pero no puede seguir funcionando normalmente si hace meses, desde octubre, que el Estado demora las prestaciones y los profesionales tienen que cobrar por sus servicios”.

Las personas con discapacidad, sus familiares y las instituciones que les brindan asistencia exigen al Ejecutivo que no les siga dando la espalda y ponga un freno a sus intentos por desmantelar la protección social. El debate en la Cámara Alta promete ser intenso, ya que la iniciativa legislativa pone en cuestión la discapacidad como un derecho humano frente a una mirada que busca restringirla a una lógica mercantilista.

El actor y político argentino Luis Brandoni ha muerto a los 86 años. El intérprete, que sufrió una caída doméstica el pasado 11 de abril, según afirma el periódico La Nación, no ha podido recuperarse de un hematoma cerebral tras varios días de asistencia médica. La noticia de su fallecimiento la ha confirmado Multiteatro en redes sociales, empresa argentina dedicada a la gestión de salas teatrales.

“Con Beto se va el último primer actor de una generación inolvidable”, ha señalado Multiteatro en su comunicado. “Impulsor del teatro nacional, desde esta Casa Teatral seguiremos aplaudiendo su compromiso permanente, que excedió el ámbito del escenario”, ha agregado, sosteniendo que “hoy es un día muy triste para nuestra cultura”.

Luis Brandoni ha estado toda su vida sobre el escenario. Tanto es así que hace tan solo unas semanas estaba protagonizando la obra teatral ¿Quién es quién?, una comedia de Héctor Díaz protagonizada por Soledad Silveyra y el propio Brandoni que se estrenó en enero de 2025 y que tuvo que ser paralizada por motivos médicos. Asimismo, el actor tenía un hueco en su agenda para la grabación de la segunda temporada de Nada, la serie de Disney+ en la que compartió escenas con Robert De Niro y que, dirigida nuevamente por Mariano Cohn y Gastón Duprat, iba a volver a reunir a De Niro con Brandoni.

La trayectoria de Brandoni se consolidó a mediados de los 70, debido a su papel en películas como La Patagonia rebelde, La tregua, Gente en Buenos Aires o Juan que reía. En aquel momento, el contexto y las presiones políticas obligaron al actor a exiliarse a México, lo que inevitablemente paralizó su carrera durante un tiempo.

Al finalizar el gobierno militar, Brandoni volvió a Argentina y retomó su actividad interpretativa actuando en cintas como Darse cuenta (1984), Esperando la carroza (1985) y Cien veces no debo (1990). En las siguientes décadas, el actor combinaría su trabajo con la política, pues estuvo muy ligado a la Unión Cívica Radical (UCR). Entre 1997 y 2001 ocupó un asiento en la Cámara de Diputados del Congreso representando a ese partido político.

Entre quienes han expresado sus condolencias se encuentra la Asociación Argentina de Actores. “Ante el fallecimiento del actor y exdirigente sindical, Luis Brandoni, acompañamos con respeto a sus familiares y seres queridos en este momento de dolor. Su sólida labor interpretativa en cine, teatro y televisión lo consolidó como una reconocida figura de la escena nacional”, ha declarado en un comunicado.

El gobernador de Buenos Aires llega a la cumbre progresista de Barcelona convencido de que “existe una internacional ultra” y de que la izquierda no puede limitarse a resistir: “Hay que plantear una propuesta para el mundo que viene”. Axel Kicillof (Buenos Aires, 1971), economista y una de las principales figuras del peronismo, habla sin ambages sobre el fracaso del plan económico de Milei, la interferencia de Trump en las elecciones argentinas y su propia candidatura presidencial para 2027: “La tarea es mucho más grande que buscar el candidato”.

¿Cómo describiría la situación económica y social de Argentina en este momento?

El modelo de Milei está fracasando, se mire por donde se mire. La enorme mayoría de los argentinos lo está pasando muy mal desde hace dos años. Y la novedad no es ni la guerra, ni Trump, ni los conflictos. Es la política económica que está aplicando Milei. Hay 270.000 nuevos desempleados formales y cerraron 22.000 empresas. Son números parecidos a los que hubo en los peores momentos económicos. Y junto con esa pérdida de empleo está habiendo una precarización muy rápida de trabajos que no tienen protección ni derechos.

El gobierno de Milei presume de que ha logrado el nivel más bajo en pobreza de los últimos siete años. ¿Es así?

No es lo que se ve en ningún lado. Ha sido muy polémico porque han echado a las autoridades del instituto estadístico. Tiene que ver con el modo de medición, está basado en estadísticas de ingresos y salarios que no se corresponden con ninguna otra fuente. No tiene ningún rigor y no es lo que se vive en Argentina. 

¿Qué hicieron mal los gobiernos de la izquierda argentina para que alguien como Milei pudiera alcanzar la presidencia?

Hay un fenómeno mundial. Más allá de la experiencia nacional, hay cuestiones de época. El gobierno previo al de Milei en Argentina fue un gobierno de unidad de todos los sectores del peronismo que habíamos estado enfrentados. Hubo muchas dificultades y, sin duda, fue un gobierno que terminó decepcionando bastante por los resultados económicos. Uno le puede dar una explicación más general sobre la etapa de la economía mundial, pero también hubo disputas internas. Así que hay muchos elementos para la autocrítica. 

Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir

Como gobernador de Buenos Aires, que es la provincia donde reside el 40% de la población argentina, ¿qué margen de maniobra tiene frente a los recortes del Gobierno de Milei?

Está siendo muy difícil. Hemos cumplido seis años y medio de gobierno. En la primera etapa construimos el equivalente a mil escuelas, centros de atención primaria de la salud y reequipamos muchísimos de nuestros hospitales. Pusimos centros universitarios en 80 localidades pequeñas. Hicimos muchísimo en todas las áreas, lo que explicó en parte la reelección. Luego vinieron los primeros dos años de Milei y empezó a notarse muy fuerte la ausencia de un gobierno nacional. Milei dijo que venía a destruir el Estado desde adentro, como si fuera un topo, una persona absurda. Se presentó para manejar un Estado al que viene a destruir.

El propio Milei está reconociendo que el dato de la inflación, que ha vuelto a repuntar, es malo. 

No está funcionando. Aplicó un plan antiinflacionario que consiste en dejar fijo el tipo de cambio. Es un tipo de cambio atrasado, que hace que sea más barato ir de vacaciones fuera que dentro del país, o que sea más barato comprar alimentos de afuera. El otro elemento es una enorme recesión: limitar los ingresos. Desde que Milei asumió el poder planteó aumentos salariales de cero con una inflación que el año pasado fue del 31%. El último número es un 3,4% de inflación mensual. 

Como economista, ¿cuál sería su plan para la inflación? 

A mí me tocó ser ministro de Economía en los años 2014 y 2015, durante la época de Cristina Kirchner. Y el último indicador de inflación que tuvimos en el último año fue del 23% sin una recesión. Aún es alto, pero sin una recesión profunda, sin destruir los puestos de trabajo, sin destruir salarios, salud, educación y la vida de las personas. 

La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio

En las elecciones de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires obtuvo una victoria muy contundente que lo proyectó como líder de la oposición y como una alternativa electoral frente a Milei. Pero después llegaron los comicios legislativos nacionales de octubre y en ellos Javier Milei ganó con relativa holgura. ¿Qué lectura hace ahora de estas dos elecciones?

En la provincia de Buenos Aires pasamos de una victoria contundente a una elección muy polarizada, con listas nacionales, no provinciales. Se perdió, pero fue prácticamente un empate. Nosotros sacamos la misma cantidad de votos y todo el que había votado a diferentes expresiones regionales o locales se acumuló en Milei. En la provincia de Buenos Aires logró aproximadamente 20.000 votos de diferencia para un padrón de más de 10 millones. Fue una diferencia muy pequeña. Pero sí, Milei a nivel nacional sacó 40 puntos. Él lo presentó como una enorme victoria y dice: ‘Ahora voy a ir a fondo’, ‘ahora me voy a llevar el mundo por delante’. Y la verdad es que con 40 puntos nacionales tampoco estaba para tal prepotencia. 

Muchos en su espacio político le sitúan como candidato en las próximas elecciones argentinas frente a Milei. ¿Se lo está planteando?

La provincia de Buenos Aires es la más grande y muchas veces ha tenido candidatos a presidente después de que se cumplan los dos períodos como gobernador. No es raro que vean en mí una posibilidad de candidatura presidencial. 

Hay una tarea previa a una campaña y una candidatura: la reconstrucción del campo popular, de la fuerza política. Estamos en una situación muy excepcional, en un mundo que está reconfigurando sus esquemas de poder. Cada país tiene la obligación de enfrentar ese mundo planteando cosas nuevas ante fenómenos nuevos. La tarea es mucho más grande que buscar el candidato. Esa sería más bien la culminación de un proceso, no su inicio.

Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena

¿Hace falta primero una mayor unidad interna?

Sí. Eso también tiene que ver con algo que es habitual en fuerzas políticas como la nuestra, que tienen una historia tan larga. Hemos tenido discusiones, tenemos todavía disputas y hemos hecho un gobierno con el que no hemos tenido los resultados esperados. Además, Cristina Kirchner, hoy presidenta del Partido Peronista a nivel nacional, está presa injustamente cumpliendo una condena. 

Hablemos de la cumbre progresista que se celebra este fin de semana en Barcelona, en la que usted participa junto con muchísimos otros dirigentes y líderes de todo el mundo. ¿Qué espera de este encuentro?

Es una agenda muy, muy interesante, pero creo que es una reacción también. Y una apuesta ante una ultraderecha que, si bien es un fenómeno nuevo, ha mostrado que conforma una red internacional coordinada, que comparte un discurso.

¿Existe una internacional ultra?

Sí, existe.

Y no existe una internacional progresista.

La ultraderecha nos pone un desafío a todos. Lo importante de estos días es no discutirlo solo como una cuestión defensiva. También qué proponemos para el mundo que viene. Lo tenemos que pensar desde Latinoamérica, y desde Europa. Y si lo podemos pensar juntos es original, novedoso y potente.

¿Cuál es su posición frente a la guerra desatada por EEUU e Israel frente a Irán?

Quieren resolver con guerras problemas que la guerra solo viene a agravar. Es una aberración y tiene nuestra condena, con la particularidad de que el presidente argentino por el seguidismo, por la subordinación, por ideas tontas —casi diría pereza intelectual y deseo de agradar—, nos está metiendo como país en esos conflictos. Irán ha declarado a Argentina prácticamente enemigo. Estamos en la peor de las situaciones. Hay que dar una respuesta que sea a favor de los pueblos y claramente no la guerra.

Uno de los planes de Trump es precisamente reconstruir la hegemonía de EEUU en América Latina y ha encontrado en Milei uno de sus principales aliados. ¿Está subordinándose Argentina a Washington bajo ese eje Milei-Trump?

Argentina ha tenido otros episodios de subordinación de gobiernos de derecha y uno clásico ha sido el de Menem durante la década de los 90, que se autodenominaron “relaciones carnales” con Estados Unidos. Esto es peor. En Naciones Unidas, por ejemplo, solo tres países hemos votado en contra de determinar a la esclavitud como la aberración más grande en términos de delitos: Israel, Estados Unidos y Argentina. Es absurdo. Quiero pedir perdón por esos votos en nombre de una mayoría de argentinos. Estamos dándole la espalda a aliados históricos con cuestiones que tienen que ver con una agenda norteamericana. Me parece aberrante y vergonzoso para la Argentina.

En las elecciones de octubre ocurrió algo que tiene que ver con Estados Unidos: intercedió con una ayuda directa cuando el Gobierno estaba zozobrando y además intervino Trump pidiendo que se votara a Milei. Es una interferencia en política interna que pocas veces se había visto. 

Vemos a Trump peleándose con el Papa. Ha traspasado ya las últimas barreras.

Acaba de reeditar su libro ‘De Smith a Keynes siete lecciones de historia del pensamiento económico’. Milei se reivindica liberal. ¿Qué diría Adam Smith si pudiera ver las políticas de Milei?

Prácticamente todas las escuelas de pensamiento económico le dan un papel protagónico a Adam Smith como padre de la economía moderna, menos una, que es la escuela a la que pertenece Milei: la austriaca. Los autores de la escuela austríaca no ahorran en reproches, críticas y hasta prácticamente insultos a Adam Smith. Ser austriaco es ser antiliberal en el sentido del liberalismo de Smith. Smith reconoce que hay funciones que tiene que desempeñar el Estado y que son indelegables, como la educación. O que hay un peligro en los monopolios. Adam Smith critica los monopolios y Milei los reivindica. 

¿Qué opina de la posición y de la imagen internacional de Pedro Sánchez? En los últimos meses ha tenido bastante repercusión su oposición a Trump. 

Por eso estoy aquí también: porque en toda Europa y en todo el planeta las posiciones a favor de la guerra y de la ultraderecha son criticadas, resistidas y combatidas. Pedro Sánchez, también por decisiones que ha tomado y posiciones que ha adoptado contra la evolución más reciente de estas políticas, creo que se ha convertido en un referente internacional. 

Por supuesto que se pueden discutir muchas cosas, pero hoy vemos a Trump peleándose con el Papa León. Ha traspasado ya las últimas barreras. Y a mí me parece muy importante que, a pesar de las amenazas y los insultos, se pongan de pie diferentes referentes internacionales a defender sus posiciones. Yo estoy acá no para tomar partido en cada una de las decisiones, sino básicamente para decir que a esta ultraderecha hay que ponerle un límite y un dique. Y no solo eso. Hay que presentarle una alternativa.

Hemos visto este fin de semana la derrota de Orbán en Hungría, que es también la derrota de JD Vance, que lo fue a apoyar. Meloni ha perdido recientemente un referéndum muy importante en Italia, que es también su primera derrota en las urnas, en Chile ha ganado Kast... ¿En qué momento está el ciclo en el mundo, en América Latina y en Argentina?

Históricamente había algo pendular en América Latina que hacía que en los países ganaban posturas de base popular, progresistas o de izquierda. Y luego venía la derecha. Pero ahora está la ultraderecha y las grandes transformaciones que están ocurriendo creo que hacen la cuestión bastante más compleja. Estamos en un mundo en transición de un centro hegemónico muy fuerte después de la segunda posguerra, pero particularmente desde la caída del Muro. Era una hegemonía norteamericana que tenía que ver con cuestiones de reglas del juego internacional, pero también ideológicas, que en América Latina se le conoció como el neoliberalismo o el Consenso de Washington. Hoy vemos que ese pensamiento canónico está en discusión por la propia ultraderecha. Y la ultraderecha no es globalista.

Los expertos de tres instituciones diferentes cuestionan como exagerado el dato oficial de caída de la pobreza en Argentina. Según el Instituto Nacional de Estadísticias y Censos (INDEC), la pobreza alcanzó al 28,2% de la población en el segundo semestre de 2025, una bajada respecto del 31,6 del primer semestre y de casi diez puntos respecto de un año atrás, tras el pico generado por la megadevaluación del Gobierno ultraderechista, que ha celebrado la cifra. Sin embargo, el indicador más bajo de los últimos siete años convive en un contexto económico volátil, con un deterioro de los salarios y del mercado laboral.

En términos absolutos, más de 8,5 millones de personas se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La estadística oficial se basa en un criterio unidimensional: los ingresos. El umbral lo define la Canasta Básica Total (CBT), que establece el ingreso mínimo necesario para no ser considerado pobre. Actualmente, para una familia tipo de cuatro integrantes, ese valor se ubica en torno a 1.400.000 pesos mensuales (871 euros), sin incluir el alquiler.

La canasta se diseña con base en una encuesta de consumos de 2004/2005, lo que deja fuera cambios profundos en la estructura de gastos de los hogares. El peso creciente de servicios como internet, telefonía móvil o tarifas de luz, agua y gas no está plenamente reflejado, en un contexto donde esos precios aumentaron por encima del de los alimentos. Es decir, la canasta está desactualizada y subestima el coste real de la vida.

“Hay una ficción estadística en valores”

Agustín Salvia, jefe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA (Universidad Cátolica Argentina) señala a elDiario.es que la pobreza en Argentina ha disminuido, pero la medición es problemática debido a cambios en la metodología y en la composición del gasto de los hogares. “Hay una ficción estadística en los valores. Los números que se generan en términos de la estadística de pobreza tienen problemas de medición, es decir, cambiaron las condiciones de la medición y arrastra un vicio metodológico de los últimos dos años que hace que no sean comparables los valores de hoy con los valores anteriores al 2024”.

Salvia recuerda que a fines de 2023 y principios de 2024 hubo importantes recortes de parte del Gobierno ultraderechista. “Hubo ajuste, liberalización de precios, reducción del gasto público. ¿Cayó la pobreza con respecto al año donde hubo ajuste libertario? Sí. La caída de la inflación post ajuste que generó el gobierno libertario hasta donde hemos llegado, ha producido que el valor de la canasta básica alimentaria esté por debajo del resto de los precios. Si se actualizara la canasta con datos más recientes, el umbral de pobreza para una familia tipo se ubicaría cerca de los 2 millones de pesos (1250 euros). No son comparables con un mismo patrón los consumos que tenés ahora en un hogar con respecto a antes de la política de liberalización de precios”.

Desde comienzos de 2024, el relevamiento oficial incorpora ingresos no laborales como son los programas sociales Asignación Universal por Hijo o la Tarjeta Alimentar. Esa modificación, técnicamente válida, introduce un quiebre en la comparabilidad histórica: si esos ingresos hubieran sido considerados en períodos anteriores, los niveles de pobreza también habrían resultado más bajos, advierten los investigadores. Al mismo tiempo, esas transferencias explican en buena medida la reducción de la pobreza extrema de 6,9% del primer semestre de 2025 a 6,3% en el segundo semestre, aun en un escenario de caída del empleo y deterioro salarial.

Según el dato oficial, entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, la pobreza pasó de 41,7% a 52%, y luego cayó al 31,6% en el primer semestre de 2025 y a 28,2% en el segundo semestre. El indicador baja casi 25 puntos desde el gran pico generado por la megadevaluación al inicio del Gobierno de Milei. El Gobierno ultra suele afirmar que la pobreza bajó desde el 52,9%, pero ese valor corresponde al primer semestre de 2024 de su administración.

El informe del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS) destaca tres mecanismos que distorsionan la medición del INDEC: desfasaje entre ingresos y valorización de las canastas, cambios en el subreporte de ingresos en la Encuesta Permanente de Hogares y patrones de consumo desactualizados“. Señala que con ajustes a la metodología, ”entre el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2025 la pobreza no habría caído 10 puntos porcentuales como indican las estadísticas oficiales, sino apenas 1,7 puntos porcentuales“.

Juan Graña, economista e investigador del Conicet, acuerda con el informe de CEDLAS y afirma que La Encuesta Permanente de Hogares (EPH), que es con la que se mide los ingresos para las estimaciones de pobreza, está mostrando una evolución de los ingresos distinta, mucho más acelerada y positiva que otros indicadores del sistema estadístico nacional. “El ingreso que figura en la EPH es lo que contestan las personas; cuando hay mucha inflación, ese dato puede perder precisión. Se olvidan de cuánto cobraron el mes pasado, sobre todo en ingresos que no son asalariados estables, y, entonces, eso pierde calidad. Aparece una mejora de los ingresos más rápida de la que es realmente y, por ende, una baja de la de la pobreza más rápida. Hay un ruido estadístico”.

Los ingresos reportados en la EPH se confrontan con los registros administrativos disponibles (salarios públicos, formales privados, beneficios sociales, jubilaciones y pensiones). El informe del CEDLAS explica que “la comparación de los ingresos de distintas fuentes que se capturan en la EPH con los que capturan los registros administrativos correspondientes parece indicar un patrón general: entre 2017 y comienzos de 2024 la tendencia de la serie era hacia un crecimiento en el subreporte, los individuos y hogares reportaban cada vez una menor proporción de sus ingresos reales”.

“No refleja la realidad económica de la población”

En esa línea, Graña afirma a elDiario.es que el sistema estadístico está desactualizado en un contexto de devaluaciones, cambios del precio del dólar e inflación alta, que el dato oficial ubica en 3% mensual. “La metodología del INDEC para medir la pobreza presenta problemas significativos, especialmente en un contexto económico volátil como el argentino. Aunque no hay manipulación de datos, la calidad de las encuestas y la desactualización de indicadores generan distorsiones en los resultados. La pobreza podría haber disminuido, pero no de la magnitud que se reporta oficialmente; la mejora es marginal y no refleja la realidad económica de la población”.

De su lado, Hernán Letcher, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), señala a este medio que desde hace un año y medio que vienen sosteniendo que la pobreza está mal medida y coincide con sus colegas de la UCA y CEDLAS. “Hay una especie de abuso metodológico. ¿Por qué? Porque, a sabiendas de que distorsiona la realidad, se continúa utilizando patrones de consumo desactualizados para valorizar la línea de pobreza. Hay tres aspectos clave que afectan la medición: que se subestime el gasto en servicios en la canasta de consumos; la modificación en las preguntas sobre ingresos no laborales (antes no se preguntaba si se cobraba un programa social) y el tratamiento de ingresos laborales de los trabajadores no registrados, que según el INDEC le ganaron a la inflación por 30 puntos, lo que no tiene ningún sentido.”

La inflación sube por décimo mes consecutivo

Letcher agrega otro elemento estadístico: la inflación. “La medición de la pobreza en Argentina es cuestionable, somos muchos los que discutimos cuál es efectivamente la evolución de la pobreza. La inflación también se calcula con la Encuesta Nacional de los Hogares (Engho). Ahí hay un problema de fondo que explotó cuando el Gobierno de Milei decidió no actualizar el IPC (Índice de Precios al Consumidor) que estaba listo desde hacía dos años”.

El IPC se calcula en función a una canasta de bienes y servicios relevada en la encuesta Engho 2004-2005. Los patrones de consumo tuvieron fuertes modificaciones desde entonces. En febrero renunció Marco Lavagna, el jefe de estadísticas del INDEC, ante las trabas que puso el Ejecutivo ultra para actualizar la metodología.

El FMI siempre está

Este martes el INDEC dio a conocer que la inflación de marzo fue de 3,4 %, la más alta del año. De esta manera, el IPC aumentó 32,6% interanual y hace 10 meses consecutivos que no baja, lo que resulta en un mal dato para un gobierno cuyo único logro palpable había sido frenar la inflación. El dato confirma el escenario de pérdida del poder adquisitivo y que los salarios no le ganaron en marzo a la inflación, advierten voces expertas. El Fondo Monetario Internacional esta semana aprobó la segunda revisión del acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de 1.000 millones de dólares como un gesto en medio de la fragilidad económica. El Fondo debió reformular su pronóstico: en enero había proyectado una inflación anual del 16% y ahora la ubica por encima del 30%.

Argentina registra un deterioro en otros indicadores socio-económcos: crece el desempleo y los salarios no logran ganar a la inflación. La desocupación alcanzó el 7,5 % hacia fines de 2025; desde fines de 2023 se perdieron alrededor de 200.000 puestos de trabajo registrados y cerraron 22.000 empresas con impacto fuerte en el sector industrial y la construcción.

“No sé si sos varón o mujer. Sé que naciste”. La cita, leída este jueves por la cantante Ana Belén en un homenaje celebrado en el Instituto Cervantes en memoria de las víctimas españolas de la dictadura argentina (1976-1983), es de 1995, del poeta Juan Gelman. Forma parte de una carta que escribió a su nieta, Macarena. A su hijo lo mataron cuando su mujer estaba embarazada de siete meses. No sabía si aquel bebé era niño o era niña. Después de muchos años de búsqueda, dos décadas, por fin encontró a su nieta robada.

“Sé que naciste, me lo aseguró el padre Fiorelo Cavali, de la Secretaría de Estado del Vaticano, en febrero de 1978. Desde entonces me pregunto: ¿cuál ha sido tu destino?”, ha recitado la cantante, con palabras de Gelman, en el acto '307, ¿dónde están?'. “Me asaltan ideas contrarias. Por un lado, siempre me repugna la posibilidad de que llamaras papá a un militar o policía ladrón de vos, o a un amigo de los asesinos de tus padres. Por otro lado, siempre quise que cualquiera que hubiese sido el hogar al que fuiste a parar te criaran y educaran bien y te quisieran mucho”, prosigue.

“Ahora tenés casi la edad de tus padres cuando los mataron y pronto serás mayor que ellos. Ellos se quedaron en los 20 años para siempre. Soñaban mucho con vos y con un mundo más habitable para vos. Me gustaría hablarte de ellos y que me hables de vos para reconocer en vos a mi hijo y para que me reconozcas a mí, en mí lo que de tu padre tengo. Los dos somos huérfanos de él”, escribe Gelman en su carta.

“Los sueños de Marcelo y Claudia no se han cumplido, todavía menos vos que naciste y estás quién sabe dónde ni con quién. Tal vez tengas los ojos verde grises de mi hijo o los ojos color castaño de su mujer, que poseían un brillo especial y tierno y pícaro. ¿Quién sabe cómo serás si sos varón, quién sabe cómo serás si sos mujer?. A lo mejor podés salir de ese misterio para entrar en otro, el del encuentro con un abuelo que te espera”. Abril, 12 de abril de 1995, ha concluido Ana Belén.

Con el mensaje de “nunca más impunidad” y la necesidad de mirar hacia atrás “para recoger las victorias del pasado”, el Instituto Cervantes ha acogido este homenaje a los 307 españoles desaparecidos durante la dictadura argentina, organizado por el Gobierno, y que ha concluido con el grito de “No a la guerra”.

Durante casi dos horas, se ha recordado a todas estas personas asesinadas con testimonios de sus familiares, compromisos expresados por los ministros de Política Territorial y Memoria Democrática y el de Asuntos Exteriores, y también con mucha música.