No habrá minuto de silencio por la muerte de Maricarmen en el Parlamento Gallego. La intención de los socialistas de celebrarlo mañana viernes en el lugar habitual, la escalinata del Pazo do Hórreo, se ha frustrado por la negativa del PP. “Nos dicen que no lo ven”, aseguran a elDiario.es fuentes del grupo parlamentario del PSdeG. Una respuesta que parece calcada a la de la Asamblea de Madrid.

Los socialistas aseguran que se habían puesto en contacto también con el BNG y que los nacionalistas habían aceptado secundar la iniciativa, pero el no rotundo de los populares la ha echado abajo.

La escalinata del edificio es el lugar habitual para este tipo de concentraciones, como las que se han celebrado en repulsa de crímenes machistas; en solidaridad con los afectados por catástrofes como la dana de Valencia o el terremoto de Venezuela, o tras atentados terroristas. Pero, esta vez, no se usará para mostrar el duelo ante el fallecimiento de la mujer que se ha convertido en símbolo de la lucha por la vivienda digna.

La actualización del Plan Xeral de Normalización Lingüística ha salido adelante este miércoles en la Cámara gallega con el voto a favor del PP, PSdeG y Democracia Ourensana, mientras que el Bloque Nacionalista Galego ha mantenido su 'no' al considerar que suponía una “rebaja” con respecto al de 2004. Este lo habían aprobado por unanimidad conservadores, socialistas y nacionalistas, hasta que Núñez Feijóo decidió dinamitar el acuerdo unilateralmente. Tras la comparecencia en el Hemiciclo del conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, en la jornada del martes, el documento que incluye 700 medidas ha salido adelante este miércoles con el respaldo de las tres formaciones a la propuesta de resolución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, a través de la que pedía su aprobación.

De cara al debate, el BNG había presentado dos propuestas de resolución, una de ellas a través de la que reclamaba la devolución del plan presentado por el Gobierno tras el pacto PP-PSdeG y una segunda en la que defendía sus propias políticas para el gallego, con 298 medidas que recogían el espíritu de la iniciativa impulsada por Queremos Galego Lingua Vital. Mientras que la petición de devolución del texto ha sido rechazada en bloque por PP, PSdeG y DO; los parlamentarios socialistas y el diputado de DO, Armando Ojea, han preferido abstenerse ante las medidas que proponían el Bloque, que no salieron adelante por el voto en contra del grupo mayoritario.

“La excusa para que el gallego siga yendo a menos”

Al igual que en el debate del martes, por el BNG ha tomado la palabra la diputada Mercedes Queixas, quien ha criticado que el Partido Popular esté dispuesto a seguir justificando su política lingüística con la premisa falsa del equilibro“, ”la excusa perfecta para firmar hoy el compromiso de continuar trabajando en la misma estrategia y conseguir que el gallego siga yendo a menos“, ha manifestado. Con este plan, en opinión de la parlamentaria nacionalista, no va a cambiar nada para el gallego porque se le niega ”cualquier posibilidad de futuro“. ”Esta es la propuesta que hoy trae aquí el PP para que todo siga exactamente igual“, ha trasladado.

Queixas ha atribuido el acuerdo PP-PSOE a un “pacto para un intercambio de cromos” en el que se “va a levantar el veto al gallego en las materias científicas pero a cambio de que se prohíba en otras con mayor carga lingüística”. Además, ha censurado que la Xunta haga recaer la decisión en el profesorado. Asimismo, ha criticado que el PSdeG asuma el pacto del “PP más sectario y antigallego de la historia” y se ha referido a las “voces críticas” del propio socialismo con este asunto “porque saben perfectamente que lo acordado es un retroceso para el gallego”. “Es un pacto de caballeros, del señor conselleiro y el señor Besteiro, para asegurar entre los dos el retroceso del gallego”, ha afirmado antes de volver a preguntarse “a cambio de qué” da el líder del PSdeG este apoyo.

Enfrente, el diputado popular José Luis Ferro ha defendido el acuerdo al abogar por una política lingüística que “no rompa a la sociedad, que no divida, que no crea muros”, que “no excluya ni aleje”. Y se ha referido al BNG asegurado que “no le piden a nadie que renuncie a sus convicciones”. “Lo que pedimos es que no renuncie a su capacidad de llegar a acuerdos”, ha manifestado. El diputado del PPdeG ha insistido en que el futuro del gallego no será del PP ni del BNG ni del PSOE ni de DO, así como tampoco de ningún partido que pueda aparecer. “El futuro del gallego será de Galicia y dependerá de todos nosotros. Por eso defendemos este plan. Sabemos que queda mucho por hacer, no porque pensemos que es perfecto, sino porque creemos que es necesario”, ha trasladado.

La socialista Silvia Longueira ha incidido en que no se trata del plan del PSdeG y que no todas las propuestas que proponía su formación fueron aceptadas, pero ha asegurado que “no se pudo llegar a más” y que “hicieron lo que podían con lo que tenían”. En este sentido, ha defendido las mejoras incorporadas por su formación al texto y ha puesto en valor la responsabilidad de los socialistas para aprovechar la oportunidad de “sentarse a mejorar la situación crítica del gallego”. Así, Longueira ha asegurado que no incorpora la educación en gallego por bloques pero sí más presencia de la lengua en educación infantil, FP y en los centros plurilingües. Además, ha argumentado que “incluye el reconocimiento del gallego en las instituciones europeas” y que, “por primera vez”, incorpora a la Real Academia Galega, al Consello da Cultura Galega y colectivos en defensa de la lengua en su evaluación anual.

“Inmensa satisfacción” de la Xunta

Tras la aprobación del nuevo plan, el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha trasladado su “inmensa satisfacción” convencido de que “el gallego necesitaba de nuevas medidas de impulso, de estímulo” ante los nuevos retos que se presentan como las nuevas tecnología, las nuevas formas de comunicación y la irrupción de la IA. “No es un documento político, es un documento que nace de la sociedad y que recibe el aval de las instituciones y, por supuesto, de las formaciones políticas”, ha dicho para lamentar que el BNG “más reaccionario de la historia de la democracia en Galicia” no quisiese “ni siquiera participar en el proceso”, algo que ha calificado de “grave error”.

50 primera medidas

López Campos ha vuelto a trasladar su compromiso de poner en marcha las 50 medidas del plan en los 100 primeros días tras su aprobación y ha recordado que los cambios en el decreto del bilingüismo que permitirán impartir las materias científicas en gallego se incluirán en la ley de medidas fiscales que acompañan a los presupuestos.

Al respecto y preguntado si se mantendrá la elección por bloques, el conselleiro ha destacado que buscarán llegar a acuerdos con el PSdeG sobre la aplicación concreta del modelo. Con todo, ha señalado que “hay una cuestión indiscutible, que es que hay un bloque de materias troncales, de materias científicas y de materias sociales y, si queremos mantener el equilibrio, tenemos que compensar asignaturas de un mismo peso en un ámbito o en el otro”, ha dicho.

“No podemos proponer un ejemplo, permitir que una materia que tiene cinco horas como pueden ser las matemáticas se cambie por una materia como puede ser la educación física”, ha afirmado para asegurar “el modelo de bloques no se va a modificar” y que “se intentará que el equilibrio se mantenga en las cargas horarias y en la importancia de las materias”.

No era, ni mucho menos, la primera vez que el tema de la vivienda asomaba en el control parlamentario al presidente de la Xunta. La oposición ya le había preguntado en otras ocasiones, numerosas. Pero este miércoles, el debate adoptó nuevos significados: multitudinarias manifestaciones en defensa del derecho a una vivienda digna recorrieron Galicia -y el resto del Estado- en las últimas semanas y la izquierda social y política ha recuperado cierta iniciativa. El 29 de noviembre habrá elecciones generales. Partido Socialista y BNG, cuyos portavoces hicieron sonar las llaves en la Cámara al modo de las protestas callejeras, volvieron a arremeter contra la inacción de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Alfonso Rueda, que detenta las principales competencias en la materia, solo supo responder con el habitual argumentario contra Pedro Sánchez y una reiteración de promesas: habrá 10.000 pisos de propiedad pública en 2030.

Pero los números con los que se intentó defender Rueda presentaban algunos problemas. Los gabinetes de Núñez Feijóo, de los que él mismo formó parte como conselleiro o vicepresidente, redujeron a prácticamente cero la construcción de vivienda pública, apenas acabaron la que había proyectado el bipartito y abortaron varios planes en marcha. La oposición le recordó que en el registro de demandantes de vivienda pública, oficial, hay a 7 de octubre 36.500 personas apuntadas. La réplica del presidente gallego fue que la semana pasada entregaron 24 en Lamas de Abade, un barrio del sur de Santiago de Compostela. “Diecisiete años gobernando y su balance en Santiago, una de las ciudades con el mercado más tensionado, son 24 viviendas”, le espetó la líder nacionalista, Ana Pontón.

Pero Rueda venía apenas con el manual. “Bienvenidos al problema de la vivienda, lo descubrieron hace 14 días”, osó afirmar, y lo argumentó diciendo que antes de 2022, Bloque y socialistas habían preguntado cuatro veces al entonces presidente, Feijóo, sobre el asunto. Lo cierto es que las iniciativas parlamentarias de la oposición -de la que en esos años también formaron parte Alternativa Galega de Esquerda o En Marea- en la materia fueron abundantes. Y ha intensificado la presión durante los mandatos de Rueda. “Llevan 17 años gobernando con todas las competencias, presupuestos y suelo, y han dicho no a la vivienda”, resumió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del PSdeG, “el parque público ha decrecido, han recibido más de 500 millones de transferencias del Gobierno central y han entregado apenas un centenar de viviendas”.

Ni siquiera todas las promesas del presidente le sirvieron para parapetarse. Pontón rescató una, de 2023, que la prensa afín a la derecha celebró en su día como cierta y que está lejos de materializarse. “Prometieron 1.800 pisos de alquiler social en 2026 y han entregado 98”, recordó la nacionalista. Silencio de Rueda al respecto, que insistió en centrarse otras promesas, las de Sánchez: “183.000 viviendas prometió, cero en Galicia”. “¿Usted sabe que tiene transferidas las competencias en vivienda?”, intentó Pontón, infructuosamente, obtener alguna respuesta concreta a sus preguntas, “porque ha venido aquí a hacer de miniFeijóo”. Lo certificó el presidente al abalanzarse contra uno de sus objetivos preferidos: las declaraciones de zonas tensionadas.

Según la tesis de los populares gallegos, las zonas tensionadas han reducido la oferta de vivienda en alquiler. Solo dos ayuntamientos la han solicitado en Galicia, A Coruña y Santiago de Compostela. Pero, adujo Pontón, la oferta de alquiler ha bajado en las siete ciudades gallegas. “Lo avisamos”, se ufanó Rueda y le dio igual que Pontón le mencionara el propósito real de esa figura impulsada por el Ejecutivo central: frenar la escalada de los precios. Sobre la necesidad de prohibir los desahucios a personas vulnerables, el presidente gallego no se extendió, más allá de la crítica genérica del PP ya conocida a los decretos rechazados por las derechas en el Congreso y a señalar el Bono Alugueiro Social de la Xunta. No resistió la tentación de cerrar el debate, cuando ni nacionalistas ni PSdeG pueden ya intervenir, con una promesa: el Gobierno gallego destinará siete millones de euros a ayudas a los municipios para que construyan vivienda pública, un máximo de 80.000 euros por piso.

El Partido Socialista ha pactado con el PP levantar la prohibición de impartir las asignaturas de ciencias en gallego, pero, según los conservadores, solo si, a cambio, las materias sociales son en castellano en aras de lo que denominan “equilibrio”. El acuerdo modifica así uno de los más discutidos puntos de la norma lingüística impuesta unilateralmente por Feijóo hace ahora 16 años y que ha influido en la abrupta caída del uso y la competencia del idioma propio de Galicia. El PSdeG ha arrancado, tras una ronda de reuniones con los populares, algunos otros cambios en el documento para renovar el Plan Xeral de Normalización Lingüística que la Xunta presentó el pasado julio. El BNG, principal partido de la oposición, declinó participar en las conversaciones y ha valorado el pacto entre socialistas y derecha como “pinza bipartidista para enterrar el gallego”.

La número dos del PSOE gallego, Lara Méndez, presentó este jueves lo que definió como “una propuesta que mejora lo presentado por el Gobierno gallego”. La resumió en cinco apartados referentes a la enseñanza y un bloque más genérico sobre las industrias culturales. La primera parte incide en “la necesidad de actuar en la educación infantil para garantizar que el gallego tenga el mismo nivel de uso en los entornos castellano hablantes”. Retira el “veto injustificable” a impartir matemáticas, física o tecnología en la lengua propia de Galicia. Pero, según la contraparte del acuerdo, el PP, esto solo será posible si historia, ciencias sociales o geografía se imparten en castellano.

Además, añadió Méndez, el pacto establece “de forma clara y medible” que el 50% de la educación debe ser en gallego. La normativa vigente habla, en su artículo número 4 referido a los principios de la misma, de “máximo equilibrio posible en las horas semanales y en las materias impartidas en las dos lenguas oficiales de Galicia”. El texto acordado y hecho público este jueves dice que “el 50% del horario lectivo de las materias no lingüísticas” será en gallego y los colegios e institutos decidirán el reparto a partir del curso 2027-2028. A mayores, la Formación Profesional debe garantizar la “plena competencia” en ese idioma.

Méndez insistió en que se habilitarán mecanismos para comprobar el cumplimiento de lo acordado. En concreto dos: habrá seguimiento y evaluación en el plan lingüístico de cada centro y, cada año, el Parlamento autonómico recibirá y discutirá un informe sobre el uso del gallego en la enseñanza. “El Partido Socialista no renuncia a ninguna posición”, dijo, en previsión implícita de las críticas del BNG al acuerdo, “seguiremos defendiendo que un 50% de la enseñanza en gallego sea un mínimo [y no un tope, como ahora], un mayor compromiso económico con la política lingüística, mayor presencia efectiva del gallego en los medios o que la edición forme parte de las industrias culturales. No fue posible llegar a todo pero estamos más cerca del objetivo”.

El PP rompió el consenso

La versión del Partido Popular sobre las conversaciones difiere sobre todo en el diagnóstico de la situación. Su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, aseguró este jueves que en la comunidad “la lengua nunca fue motivo de confrontación”. En realidad fue su organización la que, a partir de 2007 y tras la llegada a la cúpula de Feijóo y Alfonso Rueda, decidió atacar los consensos con los que se había ido tejiendo la política lingüistica desde la etapa final de Fraga Iribarne. Hasta el punto de alentar y participar en manifestaciones extremistas contrarias a la enseñanza del gallego. Una vez en San Caetano -sede oficial del Gobierno gallego-, el PP de Feijóo desoyó a oposición, comunidad educativa, academia e instituciones culturales oficiales e instauró en solitario el llamado decreto del plurilingüismo que ahora, tras constatar el Instituto Galego de Estatística la dramática caída de hablantes de gallego, retoca.

Pazos presumió del “diálogo y voluntad de escucha” que desembocó en seis modificaciones sobre las 700 medidas del Pacto pola lingua de la Xunta. “Hemos ido a lo estructural”, sostuvo la socialista Lara Méndez. Las diferencias sobre la interpretación de las mismas en lo referente a la distrbución de asignaturas e idiomas de impartición, sin embargo, no tardaron en aflorar.

“Derecho a conocer y hablar en gallego”

Los nacionalistas, como ya habían avanzado durante estas semanas de encuentros entre PP y socialistas, discrepan. Su líder, Ana Pontón, lo reiteró al poco de conocerse el pacto. “Se mantiene el decreto de la vergüenza [en referencia a la norma aún vigente de Feijóo, que rompió unilateralmente la unanimidad de las fuerzas parlamentarias al respecto] con un rocambolesco intercambio de cromos”, afirmó, “de modo que el gran avance es prohibir impartir historia en gallego en lugar de las matemáticas”. “Es el bipartidismo poniéndose de acuerdo para enterrar el gallego”, resumió. Y vinculó ese consenso al reparto de puestos derivado del veto de la derecha a que el BNG designe al Vicevaledor do Pobo, como le corresponde en arreglo a su peso electoral.

Pontón defendió una vez más la derogación de la ley impuesta en su día por el PP y la negociación de una nueva normativa. “Estamos a favor de garantizar el derecho de conocer y hablar el gallego y creo que está posición representa a la mayoría de los gallegos y gallegas, que hablen en la lengua que hablen y voten lo que voten, creen que el gallego debe tener futuro, más espacio en la sociedad y más apoyo”, concluyó.

Un tercio de los niños no saben gallego

La Xunta de Alfonso Rueda recibió hace dos años los demoledores datos del Instituto Galego de Estatística (IGE). Década y media de gobiernos del PP, con Feijóo y Rueda en su primera línea, multiplicaron por dos el número de niños y niñas que no saben hablar gallego. En 2024 eran casi la tercera parte. La Real Academia Galega y el Consello da Cultura, las dos instituciones oficiales de mayor peso, avisaron entonces de que la situación se aproximaba a lo irreversible. Sin hacer autocrítica explícita, e incluso cuestionando la metodología del IGE -dependiente de la Xunta-, el Ejecutivo gallego inició una tímida rectificación de sus políticas lingüísticas. El Plan da lingua galega, un documento con 700 medidas elaborado por 130 expertos presentado en julio, fue el resultado, que nacionalistas y la mayor entidad social de defensa del gallego, A Mesa pola Normalización Lingüistica, llaman “paripé”. Sobre ese texto, PSdeG y PP alcanzaron los acuerdos revelados este jueves.

Alfonso Rueda acusó de dogmática a la portavoz del BNG, Ana Pontón, al tiempo que defendía el dogma del no intervencionismo en el mercado de la vivienda a propósito de la declaración de zonas tensionadas. Esta fue solo una de las paradojas que arrojó la sesión de control parlamentario al presidente de la Xunta. La otra, quizás la de mayor envergadura, es el silencio de Rueda sobre sus 13 años en primera línea de los gabinetes autonómicos de Feijóo cuando el debate gira alrededor de la vivienda pública. Para el ahora jefe del Ejecutivo gallego, la política de vivienda empieza en 2024, año de su primera victoria electoral, y son sobre todo promesas aun lejos de materializarse. “Usted no quiere zonas tensionadas por ideología”, le replicó Pontón, “no defiende el derecho a la vivienda sino la especulación”.

La líder nacionalista había empezado por recordar ese período del que Rueda prefiere no hablar. Las cifras de construcción y ampliación del parque público de vivienda durante los años Feijóo y con él como conselleiro o vicepresidente: una vivienda en 2018, ninguna en 2019, 11 en 2020, ninguna en 2021, tres en 2023. Fue entonces que Rueda, presidente interino tras la marcha a Madrid de su superior, admitió que la Xunta no había promovido vivienda pública “porque no había detectado el problema”. “Qué perspicacia, vaya gurú”, ironizó Pontón, “¿cuál fue su solución? Anuncios. Decir que iban a ofertar más vivienda y abaratarla”. No pasó y los alquileres han subido.

El presidente gallego sí decidió esta vez centrarse en la pregunta del BNG, no sin añadir su argumentario habitual -“de patacón”, lo calificó Pontón- sobre la nacionalista. “Maneja datos a boleo y completamente manipulados”, dijo, aunque no se atrevió a concretar en qué exactamente. Lo que sí hizo fue reiterar sus promesas, que son una enmienda implícita a los 14 o 15 años anteriores de sus gobiernos, en la materia. Aseguró que hay 4.000 viviendas públicas en construcción, lo que, si se cumple, doblará el parque público -de 4.000 a 8.000- y en 2030, añadió, serán 10.000. El número al que rueda no hizo referencia, nunca lo hace, es al de personas anotadas en el registro oficial de demandantes de vivienda pública: más de 30.000 a 23 de septiembre de 2026.

Rueda también fue crítico con la declaración de zonas tensionadas. Esta medida solo la han adoptado hasta ahora A Coruña y Santiago de Compostela, gobernadas por socialistas y por BNG y Compostela Aberta, respectivamente. Los precios de los alquileres han bajado. El presidente gallego dice, sin embargo, que la oferta se ha reducido. Ana Pontón le recordó que esto también ha sucedido en ciudades y pueblos que no son zona tensionada. “Declare zonas tensionadas en los ayuntamientos en donde los alquileres están descontrolados”, conminó al presidente, “compre toda la vivienda protegida que sale a la venta e inicie la compra masiva de pisos para el parque público de alquiler”. Esa es la receta del BNG que, en su turno de cierre, Rueda tildó de dogmática.

Besteiro: “Tendremos que preguntar a Feijóo”

El presidente de la Xunta había respondido antes al portavoz del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro. Responder es un decir: ante las preguntas del socialista sobre el coste de la vida, la disponibilidad de servicios públicos y la igualdad en Galicia, Rueda se descolgó con una primera intervención dedicada prácticamente íntegra a criticar las políticas de Pedro Sánchez. Hasta llegar al partido de Besteiro: “Son ustedes muletas del nacionalismo y el nacionalismo es egoísta por sistema. Mira por lo suyo y los demás, nada”. Esta declaración la hizo solo minuto y medio después de volver a plegarse a la estrategia de Feijóo de sabotear la acogida de niños migrantes en el sistema público de protección.

“Estos es una sesión de control a la oposición, pero en Madrid”, se revolvió, flemático, Besteiro, “vamos a tener que trasladar estas preguntas a Núñez Feijóo. Mejor le preguntamos a él”. En asuntos centrales de la política gallega y en los que el PP autonómico solía matizar sus posiciones respecto del central, los de Rueda se han adherido a las consignas de Génova. Así lo interpretó Besteiro: “No se habla de financiación. No se reciben menores. No se acepta la condonación de la deuda”. El presidente aseguró, ya en el cierre del debate, que su gabinete había alegado contra el nuevo sistema de financiación sin obtener acuse de recibo. Fue además despectivo con las negociaciones bilaterales entre Gobierno central y otras autonomías -“charlas de salón, capillitas”, dijo, “para darles lo de siempre a los de siempre y nada a Galicia”- y volvió a cargar contra Sánchez: “Creen los sanchistas que todos son como Sánchez, garantía de la mayor desigualdad”.

“A usted se le llena la boca hablando de absentismo laboral y empezó faltando a su puesto de trabajo”, le espetó la líder del BNG, Ana Pontón, al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en la primera sesión de control del nuevo curso político en el Parlamento de Galicia. Se refería, por un lado, a la campaña emprendida por la Xunta para limitar las bajas de los trabajadores y, por otro, a la decisión del jefe del Gobierno gallego de ausentarse del Consello el pasado lunes para estar en Madrid en un acto informativo de Juan Jesús Vivas, el presidente de Ceuta, junto a la plana mayor del PP. Tampoco pasó por alto la agenda de Rueda el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro: “Abandonó el Gobierno de Galicia y se fue al aquelarre de Feijóo en Madrid”.

Tanto Pontón como Besteiro afearon también el uso de lo ocurrido en Ceuta, con la entrada masiva de unas 80.000 personas hace más de un mes, de las que miles continúan en la ciudad autónoma, para “generar más odio”. “Pida más recursos al Gobierno, pero no haga lo de las últimas semanas ni use a menores para generar odio”, le recriminó el representante socialista a Rueda, mientras que la líder del BNG tachó de “impresentable” que haga “política barata” con “niños que están en una situación inhumana”. La reacción del presidente gallego fue acusar a los líderes de la oposición en Galicia de falta de empatía y de incapacidad para ponerse en el lugar de los afectados, en alusión a los ceutíes, “los compatriotas”. “¿En qué momento perdieron ustedes la humanidad?”, les dijo. “Me critican por apoyar a un presidente de una comunidad autónoma [en realidad, Ceuta es una ciudad autónoma] como me gustaría que me apoyasen a mí”, añadió.

Rueda centró las preocupaciones en los “ceutíes en Galicia y gallegos en Ceuta que lo están pasando muy mal”. Y volvió a criticar al Gobierno por querer que las comunidades autónomas acojan a una parte de los migrantes, lo que ha equiparado con “repartir culpas”. Los gallegos, con su historia de pueblo de emigrantes, deben ser solidarios, pero “de forma seria, como hay que hacer las cosas”, agregó y afirmó que este problema “lo tiene que solucionar quien lo provocó con su indolencia”. La solidaridad, replicó Besteiro, se mostró hace unos años con las personas que huyeron de la guerra en Ucrania, pero “con los africanos, desprecio y desidia”.

“Los gallegos no le pagan para ser el palmero de Feijóo, sino para solucionar sus problemas”, insistió Pontón sobre la ausencia de Rueda en el Consello. Y pasó a enumerar algunas de las dificultades: un encarecimiento del 35% en la alimentación, del 24% en la vivienda y del 23% en los transportes en los últimos años. “No es un lujo, es lo básico”, señaló. En el momento del inicio del curso escolar, la líder del BNG propuso dos medidas relacionadas, que son recuperar la gratuidad de los libros de texto que el PP se ha negado reiteradamente a implantar y ampliar las plazas de los comedores escolares. También le reclamó a la Xunta que ejecute todos los programas de vivienda, que limite los precios de los alquileres y las viviendas de uso turístico.

El curso político está recién estrenado, pero los argumentos utilizados en el debate son ya familiares. Rueda le replicó a Pontón con desdén: “No se me enfade tanto, que estamos al principio del periodo de sesiones”. La acusó de utilizar de forma recurrente su primer turno de palabra “para hacerse la víctima” y el segundo, para “lanzar una serie de titulares de los que no se va a acordar cuando acabe la jornada”. “Si quiere que la tomen en serio, hable en serio”, le dijo, después de volver a poner en duda las cifras citadas por la líder de la oposición, que respondió afeándole su actitud: “Le vengo a hablar de los problemas de este país y su respuesta es Bildu. Hablo de la gratuidad de los libros texto y me sale con no sé qué de Sánchez. Hablo del problema de la vivienda y viene aquí con ataques personales e intentos de descalificación”.

Besteiro, por su parte, le afeó a Rueda que derive responsabilidades hacia los ayuntamientos con los problemas de los incendios y de la sequía y la falta de respuestas de la Xunta ante emergencias como la de la vivienda -“ya no es un derecho, es un lujo”- o la de la sanidad -“los anuncios no sanan”-. También censuró el enredo del PP para rechazar ahora una transferencia de la AP-9 que lleva años reclamando. “Deje de buscar culpables y céntrese en las soluciones. Para hablar de los problemas tenemos a los tertulianos, pero Galicia le paga para solucionarlos”, le dijo. También cargó contra la postura del PP sobre la ley de nietos y la decisión del Supremo de prohibir cautelarmente que los descendientes de españoles residentes en el extranjero y que han sido nacionalizados gracias a esta norma voten: “El PP tan emocionado cuando va a Argentina y ahora les decimos que son nacionales a medias, porque votar es el principal derecho de un nacional”. El socialista señaló que esta cuestión está siendo otra muestra de la convergencia entre las argumentaciones del PP y las de Vox en varios temas.

El presidente del Consello Económico e Social (CES), Manuel Pérez, reprocha al líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que “cáncer” no es “la palabra más adecuada” para referirse al impacto de las bajas laborales en la economía, si bien coincide con él en que es preciso “cortar con el abuso”.

Sin descartar que el CES haga un estudio sobre este tema “en un futuro”, Pérez ha emitido su opinión a preguntas de los medios de comunicación –recogidas por Europa Press– después de entregar al presidente del Parlamento, Miguel Santalices, la memoria socioeconómica del organismo correspondiente al año 2025.

“Mi opinión como inspector de trabajo jubilado es que el tema del absentismo laboral hay que analizarlo pormenorizadamente y separando los derechos que le corresponden al trabajador, es decir, las bajas que están justificadas, del abuso que se hace por las personas”, ha destacado el que fue alcalde de Vigo por el PP.

En este punto, ha traído a colación un comentario que le hizo “hace bien poco un empresario” sobre una trabajadora que llevaba “de baja dos meses” y que se iba “a una zona de la frontera con Portugal a bailar”. “Lo que hay que procurar es cortar con el abuso”, ha subrayado.

Además, ha hecho referencia a las declaraciones de Núñez Feijóo: “Pienso que eso, además, fue lo que quiso decir el antiguo presidente de la Xunta cuando habló de cáncer, que a lo mejor no fue la palabra más adecuada, pero que en su espíritu estaba tomar medidas”, ha sostenido.

Para el presidente del CES, “no se puede decir a un trabajador que está esperando ser operado y que lleva de baja 10 meses tú estás abusando”. En este caso “lo que hay que hacer es reducir el tiempo de espera”, ha constatado, para volver a incidir en que “luego” deben tomarse “medidas con aquel que realmente abusa”.

Pérez ha aludido a su experiencia profesional al asegurar que un trabajador le preguntó “si tenía derecho a marcharse a su aldea para las fiestas, si la empresa tenía que darle esos días de vacaciones”. “Cuando le dije que no, me dijo: Bueno, es igual, cojo una baja”, ha criticado.

La memoria pide “medidas correctoras”

Manuel Pérez ha destacado que la memoria socioeconómica de Galicia 2025 fue aprobada por unanimidad en el CES y es “fiel reflejo de la situación” de la comunidad.

El CES, ha destacado, “no es un instrumento laudatorio de la acción del Gobierno”, por lo que hace su análisis y también “alguna crítica”. Con todo, sobre la situación de Galicia, Pérez considera que es “buena” y cita al expresidente de la Xunta Manuel Fraga para afirmar que “no hay situación, por buena que sea, que no pueda mejorar”.

En su apartado de consideraciones, la memoria indica que el CES “considera necesario llamar la atención” sobre la “realidad” de los procesos de incapacidad temporal “e insistir en la necesidad de aplicar las medidas correctoras precisas”, ya que “perjudica tanto a las personas afectadas como al empresariado y al erario”.

En concreto, según sus datos, en 2025 “Galicia registra un incremento de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes acompañado de una duración media significativamente superior a la media estatal (casi el doble), que alcanza los 78,85 días frente a los 41,90 días en España, y el número de procesos iniciados en 2025 es superior a los iniciados en el año anterior”.

En este apartado, también constata que el índice de incidencia de accidentes mortales bajó de 5,5 en 2024 a 4,2 en 2025, “pero Galicia sigue muy por encima de la media estatal, que se sitúa en 2,8”. “Esta situación requiere impulsar y reforzar las actuaciones del Instituto de Seguridade e Saúde Laboral de Galicia en este ámbito”, subraya.

En otro punto, la memoria advierte de que en Galicia aumenta la duración media de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes y ve “preciso reforzar las medidas que permitan revertir esta situación que impide la pronta recuperación de las personas trabajadoras en un contexto de falta de mano de obra en muchas ocupaciones”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se pliega a la táctica de Génova 13 en al menos cuatro asuntos cruciales en el debate político gallego: se opone a la quita de la deuda pública, no negociará bilateralmente una nueva financiación, ha votado en contra de la demanda histórica de traspaso de la autopista atlántica y del uso del gallego en las instituciones estatales. Estas posiciones le sirvieron a la portavoz del BNG, Ana Pontón, para calificar a Rueda del “presidente del no a Galicia”. “Ustedes sí que son los del no a todo”, intentó revolverse el jefe del Ejecutivo con uno de sus tópicos habituales sobre el nacionalismo, pero lo cierto es que el Partido Popular de Galicia y, con él, el Gobierno autonómico ha hecho suya la desaforada guerra sin cuartel de Feijóo contra Pedro Sánchez en estos temas. La sesión de control de este miércoles en el Parlamento de Galicia lo dejó claro.

“Le recuerdo un eslogan del PP, 'Galicia primeiro'”, había comenzado Pontón su intervención, “en realidad es 'el PP primero, Galicia después o Galicia nunca”. El Gobierno gallego, añadió, renuncia a 4.000 millones de euros en la quita de la deuda y no quiere negociar con el Estado “una financiación justa”. También “ha dicho no al gallego”: Alfonso Rueda llevó a su grupo parlamentario a votar en contra de su uso en el Congreso y en el Senado. Finalmente se refirió a la transferencia de la AP-9, cuya concesión a Audasa prorrogó Aznar hasta 2048 en una operación que Europa ha declarado ilegal. “Madrid manda, usted obedece y Galicia pierde. Usted, o mansiño de Génova”, resumió la nacionalista.

El presidente de la Cámara había acumulado las preguntas de la oposición. José Ramón Gómez Besteiro, líder de los socialistas gallegos, había acusado a Rueda de “no gobernar pensando en Galicia, sino en lo que le dictan en Madrid”. Y mencionó la existencia de “un nuevo susurrador en el oído de Rueda”, la extrema derecha: “Votan de la mano de Vox para evitar la transferencia”. Besteiro sintetizó su discurso con una definición de lo que entiende por autogobierna y que, a su juicio, Rueda no ejerce: “Es asumir competencias, no inventar problemas, y aprovechar cada euro para mejorar las condiciones de los nuestros”. Pontón había sido más contundente: “¿Cómo alguien incompetente va a querer competencias?”.

Alfonso Rueda se defendió con una respuesta algo deslabazada. Se esforzó por presentar a los líderes de BNG y PSdeG como delegados de Pedro Sánchez y llegó a calificarlos, “sin el sentido peyorativo”, de tontos útiles. A lo concretó entró, pero únicamente para volver sobre argumentarios ya conocidos y emitidos en numerosas ocasiones. La financiación no se negocia bilateralmente, sino en una conferencia de presidentes. “Una posición de partida que nunca va a mejorar” si la discusión es bilateral. Lo que no ha hecho nunca su gabinete es hacer público el modelo que prefiere, si es que tiene alguno. Sí a la transferencia, “no a la estafa”, que él considera que es el acuerdo refrendado en el Congreso por todos los grupos excepto el PP y Vox. Según la derecha, abre la puerta a que la Xunta tenga que indemnizar a la concesionaria, lo que la izquierda niega. “Hay que tener dignidad y ustedes no la tienen”, apuntó.

Ya en el turno de cierre, el presidente de la Xunta quiso explicar su visión del autogobierno y, para ello, puso algunos ejemplos: la frustrada operación de su gabinete para instalar una macrocelulosa en A Ulloa o lo que denomina “resolver el absentismo”, en realidad reducir el derecho a baja laboral de los trabajadores. “Ustedes sí que son los del no a todo. Ya que traen recados, lleven otro de vuelta”, espetó a la oposición: “Que respeten a los gallegos”.

La sede compostelana de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a nueve años y medio de prisión al que fuera diputado autonómico del grupo Alternativa Galega de Esquerda (AGE), Xabier Ron, por agredir sexualmente de forma continuada a una niña de 12 años de la que había sido profesor.

El fallo, alcanzado por conformidad de las partes, establece como probado que el acusado abusó de su condición de profesor de la menor y de la relación de confianza generada entre ellos, para provocar una “dependencia emocional” que derivó en varios encuentros de contenido sexual con la niña, que contaba con 12 años de edad.

Entre julio y noviembre de 2024, tal y como ha quedado probado en el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, se produjeron distintos encuentros entre el acusado y su alumna que derivaron en varias agresiones sexuales e incluso en la transmisión de una enfermedad.

La Audiencia considera los hechos constitutivos de un delito continuado de agresión sexual, por el que impone a Xabier Ron nueve años y medio de prisión, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante 19 años y seis meses.

Durante 15 años no podrá ejercer actividades relacionadas con menores y tendrá libertad vigilada durante 10 años posteriores al cumplimiento de la pena. El fallo reconoce, además, que el procesado ya ha indemnizado a la víctima con 82.000 euros por los daños morales generados.

Jorge Piedrafita, abogado de la Asociación Defensa Integral de Víctimas Especializada (ADIVE), que ha ejercitado la acción popular, ha expresado su satisfacción moderada con esta resolución, aunque ha admitido que la gravedad de los hechos haría necesario “una pena mucho más elevada”.

Hasta en nueve ocasiones ha preguntado José Ramón Gomez Besteiro por las políticas de vivienda al presidente de la Xunta de Galicia. Lo recordó este miércoles durante la sesión de control en el Parlamento autonómico en la que también lamentó que no siempre contestaba el presidente de la Xunta, sino “un tertuliano chusqueiro [chistoso]”. “Pero las competencias son del Gobierno gallego”, añadió Besteiro en referencia al asunto del debate. Trataba de hacer que Alfonso Rueda explicase el proceder de su gabinete y no dedicase la mayor parte de su intervención a atacar al Ministerio de Vivienda. Lo consiguió solo a medias.

Besteiro había enmarcado, de entrada, el problema. Hay 34.000 ciudadanos gallegos apuntados en el registro de demandantes de vivienda pública, un 143% más que cuando, en 2022, rueda sustituyó a Feijóo al frente del Gobierno gallego. El precio del metro cuadrado ha subido un 13,3% en un año y de los 153 millones de euros destinados a vivienda en los presupuestos de 2025, 120 quedaron sin ejecutar, aseguró el socialista. Los sucesivos ejecutivos de Núñez Feijóo habían reducido la política de vivienda pública a prácticamente cero y solo en esta legislatura, el Partido Popular ha modificado el rumbo, por lo menos discursivamente. “Galicia es una de las comunidades del Estado con menos parque de vivienda pública”, resumió.

El presidente de la Xunta se defendió. “La vivienda es un tema central para nosotros y estamos haciendo un gran esfuerzo”, dijo. Repitió su promesa más recurrente al respecto, la construcción de 4.000 pisos públicos en cuatro años, 6.000 en 2030. Y, como es habitual, se cuidó mucho de justificar los años de inacción en la materia de gobiernos de los que él formó parte. so sí, los ataques y las críticas los reservó, también como es habitual, para Pedro Sánchez. “Viene usted aquí a tapar las vergüenzas en vivienda del Gobierno central”, afirmó, “si quieres anuncios, el Gobierno de España, si quieres que se hagan realidad, tu comunidad autónoma”. Aunque su intención era ironizar, en realidad describía el reparto competencial: la vivienda es responsabilidad de la autonomía gallega.

“La pregunta es qué hicieron durante estos 8 años”, insistió Gómez Besteiro. El período se refería al tiempo que Sánchez lleva en el gobierno y durante el que, recordó, ha destinado 548 millones de euros para que Galicia gastase en políticas de vivienda. “No merece la pena hablar de Pedro Sánchez y de vivienda pública”, intentó zanjar Rueda, antes de enumerar algunas medidas de su consellería: el desarrollo de suelo para 20.000 viviendas de protección pública -y construcción privada- o el aumento hasta los 45 años de la edad para optar a avales de la Xunta.

Pontón: “No ha aprendido nada de las olas de incendios”

Los incendios en Herbón (Padrón, A Coruña) y Boborás (Ourense) dieron pie a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG. La nacionalista afeó al presidente de la Xunta que nada sustancial haya cambiado en el dispositivo antiincendios tras las grandes olas de fuego en 2017, 2021 y 2025. Esta última, el pasado agosto, registró los mayores incendios de la historia de la comunidad. “No ha aprendido nada”, le recriminó Pontón, para quien entre las medidas imprescindibles a adoptar mencionó una moratoria indefinida de las plantaciones de eucalipto o la ordenación del monte en mosaico. Lo que recomiendan la mayoría de expertos. “Un rural vivo es la mejor garantía contra el fuego”, sintetizó.

La nacionalista también se refirió a algunas promesas incumplidas de Rueda. Fue tras los devastadores incendios en el oriente ourensano que el presidente anunció en la Cámara autonómica que su gobierno se encargaría de la limpieza de las franjas secundarias en los ayuntamientos de menos de 10.000 habitantes. “No lo hizo. Su palabra no vale nada”, dijo, “ni siquiera en las parroquias prioritarias. Solo en 70 de las 276”. Alfonso Rueda apenas entró en lo concreto, exigió a la líder de la oposición “un llamamiento a la prevención y una condena a los incendiarios, que los va a haber” e insinuó que Pontón busca el rédito político en las olas de incendios. Sí dijo que el Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Gaicia (Pladiga) cuenta con más recursos que nunca y que el eucalipto no tiene la culpa. “En Ourense el año pasado no ardió una hectárea de eucalipto”, dijo. “Esto es tarea de todos, también de la oposición”, concluyó.

La Xunta de Galicia ha encontrado una coartada argumental para defender de las críticas prácticamente unánimes la designación de la desconocida Eva López Tarrío al frente del CGAC, el principal museo de arte contemporánea de la comunidad. “Empiezo a pensar que el único problema es que no pertenece a la órbita nacionalista, es independiente, capaz y además es una mujer. ¿Una mujer no está capacitada para dirigir el CGAC?”, dijo el conselleiro de Cultura, José López Campos, en respuesta a una pregunta parlamentaria del BNG. En realidad, el cuestionamiento de López Tarrío recorre el mundo del arte, no solo gallego: la Asociación de Directoras y Directores de Museos de Arte Contemporáneo de España (Adace), departamentos de las universidades de Vigo y Santiago, la Academia Galega de Belas Artes, el Consejo Internacional de Museos o incluso la plataforma de comisarios y gestores Call for Curators lo han refrendado.

Pero López Campos intentó reducir la formidable controversia generada alrededor del nombramiento al supuesto machismo del BNG. Y eso que la diputada nacionalista Mercedes Queixas se había limitado en su intervención a sintetizar los principales argumentos críticos del sector artístico: falta de rigor y de transparencia, renuncia a valorar el mérito y la capacidad de los aspirantes al puesto, exposición del arte y la cultura gallega al ridículo internacional. “¿Qué gana usted y qué gana el PP cuando el CGAC pierde autonomía y prestigio?”, se preguntó Queixas. No obtuvo respuesta.

El conselleiro insistió en que el proceso de elección de López Tarrío, una artista y profesora de instituto sin apenas experiencia en comisariado o gestión cultural, discípula del polémico crítico Antón Castro, se ajustó a la legalidad vigente y que la designada “cumple con todos los criterios”. “A ustedes no les preocupa el futuro del CGAC, solo quieren montar lío”, ahondó en el argumentario habitual de la derecha sobre el BNG, e insistió en haber “elegido a la mejor persona, con amplia formación y un extenso currículum”. A la plaza de dirección del CGAC que finalmente se llevó López Tarrío se presentaron -lo revelaron después de resolverse el concurso- los profesores universitarios, teóricos y comisarios Susana Cendán y Alberto Ruiz de Sanmaniego. Este último dirigió la fundación Seoane de A Coruña y fue responsable del pabellón español en la Bienal de Venecia 2007, además de haber publicado una decena de libros en prestigiosas editoriales.

La Consellería de Cultura se apoyó en la Lei de Museos de Galicia aprobada por el PP en 2021 y en una posterior modificación de la relación de puestos de trabajo del Centro Galego das Artes Contemporáneas para sustituir el contrato de alta dirección por un concurso de libre designación entre personal funcionario. El cambio ya levantó en su día las protestas del sector, por ir en contra de los códigos de buenas prácticas habituales en museos y centros artísticos. La Xunta también las ignoró.

La ofensiva de Alfonso Rueda contra el derecho a baja laboral no se detiene ni ante argumentos ni ante el previsible fracaso del diálogo social -dos de los tres principales sindicatos ya han renunciado a sentarse. “Los que estén de baja y puedan trabajar, eso hay que arreglarlo”, afirmó este miércoles en la sesión de control del Parlamento de Galicia. No ofreció ningún dato nuevo ni replicó a los argumentos en contra defendidos por Ana Pontón. “Usted le echa la culpa a la gente por enfermar”, le espetó la nacionalista justo después de enumerar algunas de las realidades del mundo laboral en Galicia: muere una persona a la semana en accidente de trabajo, se realizan 122.000 horas extra gratuitas cada semana, la comunidad es la segunda del Estado que menos bajas coge. Rueda no dijo nada al respecto.

“La medida es esperpéntica. Dudo que sea legal, pero seguro que no es ética”, había iniciado su intervención la portavoz del BNG. Se refería al “plus de productividad” que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) ha ofrecido a los médicos de atención primaria si rebajan la duración de las incapacidades temporales. “Usted no ve las bajas como el derecho a la salud, sino como un gasto”, aseguró Pontón, “y como no puede hacer una contrarreforma laboral, va por detrás recortando derechos”. Para ello, añadió, ha lanzado una campaña de criminalización de los trabajadores, apoyado en algunos medios de comunicación. “Para usted, los trabajadores fingen estar enfermos. Y además cuestiona a los médicos. Le digo una cosa, en vez de recortar derechos, recorte listas de espera”, sostuvo.

El presidente del Gobierno gallego, que se ha empeñado personalmente en esta cruzada y la situó como medida estrella en su discurso sobre el estado de la autonomía, repitió justificaciones. Recordó que el polémico plus está en los objetivos estratégicos del Sergas desde hace “un año y medio” y retorció la realidad para ceñir el malestar que provoca la medida “a los mensajes de un médico del BNG”. Lo cierto es que se han manifestado en contra los cuatro colegios médicos, la Sociedade Galega de Medicina Familiar, los sindicatos o los inspectores médicos. Aun así, Rueda insistió contra toda evidencia que Pontón “pretende ocultar que es un médico del BNG el portavoz, por algo será”. Su intento de descargar culpas y responsabilidades en el Gobierno central lo resumió Pontón en un “qué sorpresa, hay problemas y la culpa es de los demás”.

Parte del núcleo argumental de Rueda consiste en jugar a igualar las bajas laborales con el denominado absentismo. Y en cifras: dijo que las ausencias injustificadas del puesto de trabajo suponen el 2% del PIB, unos 2.000 millones de euros. Habló de diálogo social, aunque dos de los tres sindicatos mayoritarios -CIG y Comisións Obreiras- se han echado fuera, y acto seguido se autoenmendó para concluir en tono de amenaza: “Abandonen toda esperanza. Aquí hay un problema y este gobierno está para solucionar problemas”.

Besteiro sobre SAIC: “Cumpla los plazos y no lo estropee”

El debate con el socialista José Ramón Gómez Besteiro fue en esta ocasión de menor intensidad. Preguntaba por la fábrica de coches que el gigante chino SAIC ha anunciado que instalará en Ferrol. El portavoz del PSdeG fue crítico con la política industrial de la Xunta -“caen las exportaciones, cae la producción, caen las ventas”- y recordó algunos de los grandes fiascos de 17 años de gabinetes de la derecha en Galicia: la liquidación de las cajas de ahorro, las falsas promesas de Feijóo y Pemex, la total parálisis del sector eólico, la apuesta fallida por una iniciativa socialmente muy contestada como Altri. “Cuatro de los 19 proyectos industriales estratégicos de su gobierno han desaparecido. Ninguno está ejecutado en su totalidad”, resumió, antes de atribuir a Pedro Sánchez y el Gobierno central la llegada de fondos europeos y estatales para la industria.

Alfonso Rueda se resignó y no rompió la minitregua nacida a raíz de SAIC. “Cuando el Gobierno ayuda, ayuda, acabamos de decirlo”. Expuso. Sobre lo que no se pronunció, pese a que lo había sacado Besteiro, fue sobre sus críticas y las de su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, a los viajes de Sánchez a China, que finalmente abrieron el camino gallego al gigante de la automoción. “No me diga que todo lo que hay en Galicia se lo debemos al Gobierno central”, intentó ironizar, aunque el socialista no lo había dicho. Tampoco había mencionado al BNG pero el presidente sí lo hizo, aun sin pronunciar las siglas. “No se ponga del lado del negacionismo industrial, del lado de os do non”, lo conminó. Los nacionalistas se han limitado a pedir prudencia sobre la prometida factoría hasta que se concrete.

“Cumpla los plazos y no lo estropee”, se limitó a responder Besteiro. “Espero que todos cumplan los plazos y usted no se meta en el medio, no estorbe”, contestó Rueda, “usted en esto no ha tenido nada que ver”.

El estado social de la lengua gallega, que expertos e instituciones culturales califican de alarmante, ha centrado la sesión de control parlamentario a Alfonso Rueda tres días después del Día das Letras Galegas. Y esta vez no ha servido para que el presidente de la Xunta de Galicia realizase algún anuncio en la materia, estrategia habitual con otros temas. “Hace un año y medio que el Instituto Galego de Estatística publicó un informe dramático sobre la situación del gallego”, inquirió Ana Pontón, con un guiño al título del célebre ensayo del fallecido Xesús Alonso Montero, “y usted no ha movido ni un dedo, al contrario”. Rueda lo tomó por la vía electoral y le preguntó si es que pensaba que los votantes del Partido Popular “eran enemigos del idioma”. Pontón le respondió: “En este país nadie lo ha votado para que ataque a la lengua gallega”.

Los datos objetivos sobre uso y conocimiento de la lengua propia de Galicia -así la define el Estatuto de Autonomía- no dibujan un panorama favorable. Las tendencias, aceleradas desde la llegada de Feijóo al Gobierno gallego en 2009, las recordó en el Parlamento la líder del BNG: uno de cada dos jóvenes no usa nunca el gallego, solo el 7% lo hace siempre -en 2018 era el doble- y un tercio de los menores de entre 5 y 14 años no sabe hablarlo. También recordó la participación del actual presidente en manifestaciones contra el gallego convocadas por una asociación entonces llamada Galicia Bilingüe y ahora Hablemos español. “Vamos camino de un lingüicidio”, sintetizó. También propuso tres medidas: triplicar los fondos destinados a política lingüística, drásticamente recortados por los sucesivos gabinetes de Feijóo y Rueda; derogar el decreto que redujo la enseñanza del gallego por primera vez en democracia; y cumplir el Plan Xeral de Normalización Língüistica, aprobado por unanimidad en 2004 y unilateralmente dinamitado por el Partido Popular.

Alfonso Rueda no resistió la tentación de endilgar al BNG los problemas judiciales de José Luis Rodríguez Zapatero -lo había intenado antes con Besteiro, pese a que este no participaba en el debate, al ser la sesión en que lo hace el único diputado de Democracia Ourensana- con un comentario un tanto rutinario sobre la supuesta “bravura en Galicia” y “mansedumbre en Madrid” de los nacionalistas. Pero enseguida entró en materia. “¿Que no hacemos nada? Ya lo estamos haciendo, pero faltan ustedes”, afeó a los nacionalistas. Se refería a la revisión del mencionado plan de normalización de 2004 que la Consellería de Cultura, Lingua e Deportes puso en marcha poco después de la publicación de las cifras del IGE y cuya presentación comprometió para el pasado noviembre. De momento nada se sabe de él. “Primero dijeron no, después se salieron y ahora intentan reventarlo”, aseguró Rueda, sin entrar en detalle. Fue cuando acusó a Pontón y a su organización de “querer secuestrar el gallego”. “Pero Galicia no es nacionalista ni independentista”, afirmó, “sino orgullosamente libre y orgullosamente bilingüe”. El BNG, principal formación nacionalista, obtuvo el 31% de los votos en las últimas elecciones autonómicas, y ostenta alcaldías como las de Santiago de Compostela, Pontevedra o Carballo.

“Sin igualdad no hay libertad”

“Sin igualdad no hay libertad, y la libertad de vivir en gallego en Galicia es lo que usted está robando a las nuevas generaciones”, replicó la nacionalista, que antes había retado a Rueda a “hablar de corrupción” y que tanto le daba PP como PSOE. “El BNG en 40 años de historia, ni un solo condenado por corrupción”, adujo. El presidente de la Xunta cerró el debate con su argumentario clásico sobre el BNG: que si Pontón lleva “25 años” ahí sentada (son 22, en realidad), que si dice “non a todo”, que si ya basta de crispación, pese a que son algunos diputados y diputadas del PP las que más elevan la tensión y se prodigan en insultos a la oposición. “Intente sumarse a los trabajos para un documento para el Pacto pola Lingua”, añadió. Y cuando parecía que ese mensaje más o menos conciliador era el punto final de su intervención, se corrigió a sí mismo: “Dicen que el gallego está en peligro y los que está en peligro si no los paramos es la libertad”.

La Xunta de Galicia ha vuelto a negar las acusaciones de irregularidades y machismo en un tribunal de oposición a profesorado de FP que había denunciado la única mujer miembro del mismo y después dos de los aspirantes. “Hubo un desarrollo neutral y transparente, acorde con la legislación vigente”, se limitó a razonar el director general de Centros e Recursos Humanos de la Consellería de Educación, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, en respuesta a las preguntas parlamentarias del BNG. La diputada de esta formación Cristina Fernández Davila le afeó que el departamento no hubiera abierto una investigación y que ni siquiera contestase al escrito de denuncia de la profesora.

El mencionado concurso oposición para la especialidad de soldadura lo organizó el Gobierno gallego entre junio y julio de 2024 en el CIFP Someso de A Coruña. Según la reclamación de la única mujer que formó parte de su tribunal de cinco docentes, estuvo plagado de irregularidades: comentarios machistas, interpretaciones sesgadas del reglamento, favoritismo hacia algunos aspirantes. Álvarez Bértolo lo rechazó todo en su comparecencia ante la comisión de Educación del Parlamento de Galicia. Eso sí, se cuidó de entrar en ningún detalle. “Los procedimientos selectivos se caracterizan por la calidad, la transparencia y la seguridad jurídica”, se limitó a leer ante Fernández Dávila.

Esta había comenzado su intervención destacando lo inusual de que fuese precisamente una miembro del tribunal de oposición la que denunciase, y no alguno de los concursantes, lo que resulta habitual. “Da cuenta de la gravedad de lo sucedido”, aseguró, “ni siquiera la escucharon. Si hubo averiguaciones, como afirman, lo normal sería contactar con la persona denunciante. No lo hicieron. Es un silencio muy elocuente”. Álvarez Bértolo dijo que “no existía obligación legal de responder al escrito de denuncia” y adujo que su dirección general “hizo las pesquisas correspondientes” con el tribunal. No con la única mujer que formaba parte de él

La diputada nacionalista criticó que, en todo caso, no exista un expediente sobre lo sucedido. A su juicio, la consellería es consciente de las irregularidades porque en 2025 no convocó plazas de profesorado en esa especialidad “a pesar de que hacen falta” y en 2026 “retiró del sorteo” para el tribunal al presidente del año 2024. El alto cargo de la Xunta también lo negó, aunque con matices. “No se retira a nadie de un sorteo, a no ser que lo pida”, dijo.

“¡Cuántas tías en la lista!”

El escrito remitido en su día a la Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos de la consellería y al presidente del tribunal y a la que ha tenido acceso este diario, incluía un relato de “hechos graves” que la denunciante esperaba “no se volvieran a repetir”. Los expone por orden cronológica y comienza con la discriminación que, a su juicio, sufrieron dos de las candidatas a los puestos de profesora. Sucedió durante la prueba denominada 135-GMAW de soldadura MAG. A dos de las aspirantes les falló la máquina -la denunciante fue testigo directo de una, de la otra no- y la profesora, tras intentar arreglar el aparato y comprobar que no podía, solicitó cambiarlo “pues había otros libres”. El compañero de tribunal que supervisaba la prueba junto a ella se negó. Más tarde, la denunciante se enteró de que otros dos aspirantes también habían tenido problemas con el dispositivo y los miembros del tribunal que los examinaban -uno era el mismo que antes se había negado- habían accedido a sustituir la maquinaria.

“Durante el procedimiento se produjeron algunos comentarios que, por mi condición de única mujer en el tribunal, me resultaron incómodos e incluso ofensivos”, asegura el escrito. “¡Cuántas tías en la lista!”, fue el comentario de uno de sus colegas. Durante las reuniones finales de evaluación, continuaron las presuntas gracietas machistas: “Nosotros en Vigo tenemos a las tías quemadas”.

Recursos y demandas

Álvarez Bértolo volvió a insistir en la respuesta que ya había dado su consellería a elDiario.es y aseguró en sede parlamentaria que “no hubo ninguna reclamación al respecto por parte de ninguna persona opositora ni tampoco de ninguna organización sindical”. Una de las mujeres a las que falló la máquina afirma que sí lo ha hecho, además de presentar un recurso de alzada. Otro de los candidatos que quedó fuera indicó a este periódico que también ha registrado un recurso de alzada y que iba a hacer lo propio con una demanda judicial por las irregularidades que, considera, observó en la oposición.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se ha embarcado en la defensa a capa y espada de la moción de censura impulsada por su partido en Lugo con el apoyo de una edil tránsfuga. Para ello no ha dudado, durante la sesión de control parlamentario de este martes, en retorcer los hechos y en ignorar los resultados de las últimas elecciones municipales, cuando su partido, el PP, quedó a un escaño de la mayoría absoluta y del gobierno local. Ahora se ha servido de la exsocialista María Reigosa, que accedió al pleno tras la muerte de dos de sus compañeros de lista, para hacer alcaldesa a Elena Candia. La oposición, en concreto el PSOE, le recordó que los propios estatutos de la formación conservadora consideran “una infracción muy grave” utilizar o valerse de “tránsfugas de otros partidos para constituir o cambiar mayorías de gobierno en las instituciones públicas”. Exactamente lo que sucederá el 7 de mayo en Lugo.

El reglamento interno del PP reserva además duras sanciones para aquellos que incumplan ese punto: suspensión de afiliación de cuatro a seis años, inhabilitación para cargos internos o de representación durante el mismo periodo o incluso expulsión. No parece que Alfonso Rueda esté pensando en aplicarlas, a juzgar por el olímpico silencio con el que recibió la pregunta al respecto de José Ramón Gómez Besteiro, líder socialista: “¿Va a abrir expediente por estas graves actuaciones en Lugo?”. Sobre la controvertida y escandalosa maniobra de Candia y los populares también opinó en su turno Ana Pontón. “Está claro que usted no le dan las cuentas y por eso esta moción de censura indecente”, arremetió, “es corrupción política. No sé si acabará en Soto del Real, pero desde el punto de vista político es impresentable”.

Rueda no dejó entrever ni el más mínimo atisbo de autocrítica o voluntad de entendimiento. Volvió a mencionar lo sucedido en Noia, donde una moción con un concejal elegido en las listas del PP dio el bastón de mando a un socialista -en este caso no medió el fallecimiento de otros ediles-, para criticar “esa moral progresista” y acusó a la izquierda de “intentar de todo” contra la operación. “Intentan meter miedo con amenazas”, aseguró sin especificar a qué se refería. Lo que sí hubo fueron manifestaciones ciudadanas y una protesta en el pleno municipal del pasado jueves. El presidente gallego alcanzó la cumbre de su propia lógica cuando afeó a Besteiro no haber dado “ni una sola razón por la que no deba haber un cambio de Gobierno en Lugo”. Los últimos resultados electorales, en los que PSdeG y BNG sumaron la mayoría de asientos en el pleno, no le parecieron razón suficiente. “¿Cómo vamos a esperar que cumpla usted la ley si no es capaz de cumplir los estatutos del PP?”, le había espetado el socialista. Los próximos comicios locales serán en mayo de 2027.

El Consello de Contas y el deterioro de la sanidad pública

Aunque Ana Pontó también criticó la moción del PP en Lugo, su pregunta de control era sobre la situación de deterioro de la sanidad pública gallega, una realidad denunciada por usuarios y trabajadores y que constatan numerosos indicadores. La nacionalista utilizó esta vez el último informe del Consello de Contas, órgano fiscalizador del Gobierno gallego, sobre la atención primaria. El documento constata la infrafinanciación de la misma -Galicia es, tras Madrid, la comunidad que menos invierte en medicina de familia-, lo que la coloca por debajo de la media estatal y -dijo Pontón- “en menos de la mitad de las recomendaciones de la OMS”. “No es casualidad, es deliberado tras 17 años de recortes del Partido Popular”, aseguró. Son además los que Alfonso Rueda lleva en la Xunta, como conselleiro, como vicepresidente y desde 2022 como presidente.

Este no se apartó del manual consuetudinario con el que ataca a Pontón: “Usted tergiversa los datos, yo no”, “brava aquí, mansa en Madrid”, “cuando sale fuera habla bien de Galicia”, “triste, visión catastrofista”, “lleva aquí 25 años [en verdad son 22]”, “no sé si es consciente de los disparates que dice”. La argumentación sobre la sanidad pública tampoco varió demasiado de la que ha venido utilizando en el Parlamento cada vez que la oposición saca el tema: espigó afirmaciones del mismo informe de Contas esgrimido por la líder del BNG para señalar que “hay avances” en primaria y explicó que el gasto presupuestario “en sanidad” es del 31,6%. En la cifra incluye los millonarios convenios con empresas privadas del ramo. Y que el grueso de la responsabilidad de lo que sucede es de “sus cómplices [del BNG], los de Soto del Real”. Las competencias en la materia están transferidas a la comunidad desde finales de los años 80.

Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

De las 40 propuestas de resolución presentadas por el PPdeG dentro del debate sobre el estado de la Autonomía, 27 -es decir, el 67,5%- se dirigen al Gobierno central. Son iniciativas que reiteran peticiones de traspasos de competencias, mantenimiento de infraestructuras, financiación para atender a la dependencia o desarrollo de la energía eólica, pero también una condena a ETA aprovechando el principal debate político que acoge cada año el Parlamento autonómico. Registrado con el número cinco, el texto pide reafirmar el reconocimiento a las víctimas, rechazar acuerdos políticos o pactos institucionales con “formaciones que no condenen expresa e inequívocamente el terrorismo”. Añade otra reclamación: que “las administraciones competentes” cambien la ley para que los condenados por terrorismo “deban colaborar activamente en el esclarecimiento de todos los atentados de los que tienen conocimiento para el acceso a beneficios penitenciarios”.

Paula Prado, viceportavoz parlamentaria del PP gallego y secretaria general del partido, habló de las iniciativas en una rueda de prensa, en la que volvió a defender uno de los principales anuncios del presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate: el plan para dificultar el derecho a las bajas laborales. La medida ha concitado críticas de los sindicatos, de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz asegura que es ilegal y el Gobierno lo recurrirá por inconstitucional) y del principal partido de la oposición, el BNG, que, de hecho, incluye entre sus propuestas de resolución una para que Rueda se disculpe con los trabajadores “por tratarlos como vagos defraudadores”.

La diputada del PP ha replicado a la petición del BNG afirmando que sus críticas se derivan de “la ideología” y que lo que deben hacer es “hablar más con los gallegos”. Sugirió a la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón, que converse con autónomos, empresas y trabajadores “para ver qué piensan”.

El plan para limitar las bajas no es el único anuncio de Rueda al que su partido se suma en las propuestas de resolución, que serán votadas este viernes. Sobre este punto el PP pide la puesta en marcha de “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”. Pero también incluye entre las demandas una reforma de la atención primaria ya avanzada por el presidente de la Xunta o el anuncio de elevar el tope de renta para acceder a viviendas públicas en venta hasta cuatro veces el IPREM o reservar el 30% de estos pisos para personas de entre 37 y 45 años.

Los populares incluyen también una propuesta que no fue mencionada por Rueda en su intervención el miércoles, en la que no habló de políticas de igualdad ni de lucha contra la violencia machista. El PPdeG pide algo en esta materia, aunque el ruego se dirige, de nuevo, al Gobierno central: “un refuerzo real y efectivo de protección de las víctimas de violencia de género, empezando por el incremento del presupuesto del nuevo pacto de Estado contra la violencia de género”.

Otra de las peticiones es que la Xunta inste al Gobierno central a que “cumpla con su deber constitucional” de presentar los presupuestos. Entre las propuestas aparecen varios asuntos recurrentes: que haga las obras que necesita el Pazo de Meirás y transfiera la gestión a Galicia para aplicar un plan de usos que recoja tanto la figura de Emilia Pardo Bazán como “el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador”; que agilice los trámites para las desgravaciones fiscales de los patrocinadores del Xacobeo 2027 y los traspasos de competencias que ya se habían solicitado, como el de la AP-9, la gestión del ingreso mínimo vital, los aeródromos que no son de interés general y la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a migrantes.

Por su parte, el BNG utiliza sus 40 propuestas para reclamar medidas que garanticen la independencia judicial tras ser apartado el juez Luís Villares de la sección que se encarga de ver los litigios sobre eólicos, para recuperar la gratuidad de los libros de texto, para aumentar la vivienda pública y para que haya más profesorado de apoyo. También pide que se cree una comisión de investigación sobre el proyecto de Altri y que el PP levante el veto al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, Fernando de Abel Vilela.

El PSdeG pide que el Pazo de Meirás sea un centro de memoria y derechos humanos, que la Xunta archive de forma definitiva el proyecto de Altri, que se rehabiliten todas las estaciones de bus y apoyar la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial de fútbol 2030. Los socialistas también presentaron iniciativas para crear un banco público de viviendas en alquiler para movilizar pisos vacíos y hacer inspecciones para evitar prácticas especulativas en este ámbito.

Galicia puede ser otra cosa, más grande, mejor, pero 17 años de gabinetes del Partido Popular, los cuatro últimos con Alfonso Rueda como presidente, la han sumido en el estancamiento. Esta fue la idea nuclear de la intervención de Ana Pontón en el debate de estado de la Autonomía. “Vivimos una etapa histórica muy compleja, de grandes cambios y grandes desafíos. Necesitamos un gobierno audaz, con visión de futuro y ambición, capaz de impulsar transformaciones”, expuso, “y lo que tenemos es el presidente del estancamiento”. La rutina y la dejadez se han apoderado de una Xunta de Galicia sin ideas, vino a decir. Y cuando actúa, es “para contentar empresas amigas” y, como en el plan para limitar el derecho a baja laboral anunciado por Rueda esta mañana, “tratar a los trabajadores como vagos y maleantes”.

El repaso de la líder del BNG a la situación de la comunidad comenzó con una profesión de fe internacionalista y acabó con una cita de la novelista Begoña Caamaño, a la que este año la Academia dedica el Día das Letras Galegas: “Es el momento de cambiar el mundo, de cambios profundos y estructurales, pero también conceptuales: es el tiempo del feminismo, es decir, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, y también, ¿por qué no? de la felicidad”. Pero el discurso de Pontón había arrancado con un recuerdo a la oposición histórica del nacionalismo gallego de izquierdas al imperialismo estadounidense y a las guerras en general, “en Ucrania y en Yemen, en Somalia y en Etiopía”.

Criticó después el belicismo occidental, la postración europea ante Donald Trump y el aumento del gasto militar en los países comunitarios, “incluido el Estado español”. También a la OTAN y recordó que las agresiones de Trump a Venezuela e Irán tienen un elemento en común, el petróleo. “Las guerras son un fracaso de la humanidad. Solo responden a la avaricia, a las ansias de poder y al dinero”, dijo, antes de afear al Partido Popular gallego que se negase, en sede parlamentaria, a condenar el genocidio palestino o los bombardeos de Irán. Y esa es, resumidamente, la época “muy compleja” en la que, a su juicio, debe manejarse el Gobierno gallego. Y el de Rueda lo está haciendo en el mejor de los casos con indolencia y en el peor “con indecencia moral”. “Usted dice que en este contexto hay que aprovechar la oportunidad de negocio”, le recriminó, “es una indecencia moral. En una guerra solo hay sufrimiento y víctimas, rectifique”.

17 años “sin proyecto de país”

Pontón, en todo caso, se esforzó por colocar al presidente de la Xunta en el lugar en el que Rueda estuvo en los últimos 17 años: en la primera línea de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, desde 2022 en la presidencia, desde 2024 con su primera mayoría absoluta. “No tienen proyecto de país. Llevan 17 años gobernando y ¿cuál es su legado?”, se preguntó. La respuesta la dio ella misma con una serie de ejemplos: crisis demográfica, listas de espera para ir al médico de cabecera, dificultades para acceder a una vivienda y la liquidación de la política pública del sector solo ahora tímidamente recuperada, talento formado aquí y “a la fuga”, sectores productivos debilitados, un monte que arde cada vez más, una educación pública con menos profesorado y ratios elevadas y una lengua, el gallego, “en situación de emergencia”. “Para taparlo, mentira y propaganda. ¿No se cansa de que su palabra no valga nada?”, le espetó.

La “Galicia estancada” a la que han conducido los 17 años de gobierno de la derecha también la ilustra la pérdida de la posición relativa de la comunidad en materias como empleo, población o riqueza respecto del Estado. “Galicia capta poca inversión exterior, porque el empresariado no confía en usted”, apuntó, “y su palabra solo tiene valor cuando se trata de beneficiar a unos pocos, las eléctricas, la sanidad privada y las empresas privadas del PP”. A continuación, enumeró algunos episodios poco edificantes de la gestión de los conservadores: millones de euros en contratos públicos a dedo a la empresa de la que la hermana de Feijóo es alta directiva, 480 millones de euros de sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo debidos a la fórmula de financiación privada decidida también por Feijóo, la decisión del Tribunal Superior de apartar al juez Luís Villares de la sala que decidía sobre proyectos eólicos tras una campaña del PP en contra del magistrado en instituciones y medios de comunicación.

Pontón se detuvo en dos de los anuncios que Alfonso Rueda había incluido en su largo discurso de la mañana, la restricción del derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras -unidades de control de bajas por salud mental o lesiones musculares, mayor poder a las mutuas privadas- y un presunto nuevo modelo de atención primaria. “Somos la segunda comunidad del Estado con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como vagos y maleantes, cómo puede tener tanta cara”, consideró. Y añadió: “¿Sabe por qué duran más en Galicia las bajas laborales? Porque ha colapsado la sanidad pública”. Muy en concreto la atención primaria, a decir de sindicatos, sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Protestas multitudinarias: Altri, sanidad

“Los gallegos son los ciudadanos que peor valoran su atención primaria”, se hizo eco de una reciente encuesta, “con listas de espera de hasta un mes para el médico de cabecera”. Y ante esa realidad, el anuncio de Rueda para reformarla sonó a sabido: “Ya anunciaron en 2019 las mismas medidas”. Promesas incumplidas en salud mental, 11.000 niños sin pediatra o la caída del presupuesto en medicina familiar a lo largo de los gobiernos populares -Galicia solo está por encima de Madrid en ese capítulo- son síntomas de la progresiva degradación de la sanidad pública gallega. Manifestaciones multitudinarias se lo han recordado al Gobierno de Rueda durante los últimos años.

También fueron multitudinarias las protestas contra el proyecto de macrocelulosa de Altri. La oposición gallega las respaldó. “David puede vencer a Goliath”, se felicitó Ana Pontón. El Gobierno de Alfonso Rueda fue incapaz de sacar adelante una iniciativa que él mismo había calificado de estratégica. “No era un proyecto más, era su proyecto. Su modelo de desarrollo económico son las macrocelulosas del siglo pasado”, le afeó. La Xunta mantiene oculto el acuerdo con la multinacional portuguesa que facilitó su desembarco finalmente frustrado -a partir de informes técnicos, Europa le denegó ayudas, el Gobierno central la conexión eléctrica- en Galicia.

“Nos tratan como una colonia energética de Madrid”, se extendió. Aquí desgranó sucintamente la apuesta del BNG para la transición energética: tarifa eléctrica gallega, una empresa de electricidad 100% pública “y aprenda del alcalde de Muras a tratar con las eléctricas”. Esta pequeña localidad del norte de a Terra Cha, gobernada por el BNG, alberga 19 parques eólicos y recibe a cambio ingresos estables de las compañías en las arcas públicas. En cualquier caso, anotó Pontón, el objetivo de los nacionalistas sería que la industria, sostenible y adaptada al siglo XXI, aportase el 20% del PIB gallego. En la actualidad se aproxima al 18%.

“Desprecio por llegar a acuerdos”

Ana Pontón encaró el tramo final de su intervención haciendo referencia a un silencio, el de Rueda sobre políticas de igualdad o violencia de género, y a un terreno en el que el PP se mueve con contradicciones y vaivenes, el de la lengua gallega. Alfonso Rueda respaldó en su día manifestaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela y recientemente votó, junto a su grupo parlamentario autonómico, contra el uso del idioma propio de la comunidad en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha respaldado los intentos del Ejecutivo central por el reconocimiento comunitario del mismo. “Cumpla el Plan de Normalización Lingüística, el gran acuerdo que rompió el PP, y actualice la Ley de Normalización Lingüística”, dijo. La Xunta se había comprometido a presentar la modificación del mencionado plan el pasado noviembre. De momento no se sabe nada.

La líder nacionalista dejó para el final, justo antes de la cita a Begoña Caamaño, sus críticas a la estrategia del Gobierno gallego para reducir los espacios institucionales de la oposición. Le afeó su “desprecio por llegar a acuerdos” -la desabrida réplica de Rueda pareció confirmarlo-, su “práctica de la crispación”, la ruptura del acuerdo histórico para renovar la Valeduría do Pobo o el “secuestro de la TVG” y los medios públicos. Donde, por cierto, trabajó muchos años la propia escritora Caamaño, implicada en las denuncias contra la manipulación informativa a cargo del PP.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.