Ana Pontón ofreció un alud de datos sobre la situación del trabajo en Galicia, Alfonso Rueda respondió con un revoltijo de ideología y apenas ninguna cifra. Este es el resumen posible del debate que, incitado por la pregunta de la líder del BNG al presidente de la Xunta de Galicia, trató en el Parlamento autonómico sobre el plan de Rueda para limitar el derecho a baja de los trabajadores gallegos. Pontón recordó las horas extra ni pagadas ni compensadas en la comunidad -122.000 cada semana, 160 millones de euros anuales- y la alta siniestralidad laboral -Galicia es la cuarta autonomía con más muertes entre 2014 y 2025- y lo acusó de “criminalizar” a los trabajadores. Rueda habló de Begoña Gómez, de que los trabajadores gallegos “pagan menos impuestos”, del ex conselleiro Alfonso Villares, de Yolanda Díaz y equiparó las bajas a “absentismo”. “Se pierden miles de horas de trabajo”, dijo, pero no las cifró.

“Menudo popurrí para no hablar de nada”, le recriminó la nacionalista, antes de insistir: “El fraude de las horas extra ¿no le merece ninguna reflexión? ¿Ni los accidentes mortales?”. No lo pareció, a juzgar por las respuestas del jefe del Ejecutivo, enrocado en su defensa de reforzar el papel de las mutuas privadas y no reconocer que el colapso de la atención primaria, denunciado por usuarios y empleados, está directamente relacionado con la duración de las bajas. “Ustedes son los del no a todo y también se oponen a esto”, defendió, desde el lugar común con el que se suele referir el Partido Popular el Bloque. “Esto” son, en la versión de Rueda, las “horas perdidas por el absentismo” que no concretó. En el fragor de su réplica incluso llegó a afirmar que “las bajas laborales son un problema” y que su gabinete “va a actuar” al respecto.

Los intentos de Pontón por contextualizar la cuestión -fue el anuncio más transcendente de los realizados por Rueda en el último debate sobre el estado de la autonomía, rechazado de plano por sindicatos y oposición- cayeron en saco roto. Además de las horas extra no remuneradas y de la siniestralidad laboral, recordó que Galicia es la segunda comunidad del Estado que registra menos bajas laborales, 24 por cada 1000 trabajadores frente a la media de 34. Y, en alusión a los dos motivos de incapacidad laboral que el presidente de la Xunta avanzó serán más vigilados -salud mental y problemas musculares y esqueléticos-, recordó que son 21 los psicólogos que atienden 400 centros de salud y que las listas de espera en traumatología se han disparado un 76% en los últimos años. Esa es la razón de que las bajas se alarguen, adujo. “En vez de reforzar la sanidad pública, le da más poder a las mutuas de la patronal para que decidan sobre quién puede o no trabajar”, le afeó. Rueda no entró a ninguna de estas observaciones y se limitó a proponer una disyuntiva entre “fraude” y “trabajadores honestos” que, una vez más, no acompañó de números.

“¿Le parece ético aprovechar la muerte de tres personas?”

El socialista José Ramón Gómez Besteiro iba a preguntar por la situación económica -Galicia crece pero menos que la media estatal, reduce desempleo pero menos que la media estatal- hasta que las maniobras del PP de Lugo y un ex concejala socialista ocuparon los focos al abrir la puerta a una moción de censura contra el PSOE en la ciudad. “¿Le parece ético aprovechar el fallecimiento de tres personas para acceder a la alcaldía?”, preguntó al presidente Rueda, también presidente de los populares gallegos. La edil escindida hace solo unos meses del grupo local socialista, María Reigosa, entró en la corporación al correr la lista tras la muerte de la anterior alcaldesa, Paula Alvarellos, y del concejal Pablo Permuy. Después también falleció otra compañera, Olga López Rocamonde.

Besteiro arremetió contra Rueda con dureza. “¿Qué ética tiene un político que ve una persona de luto y piensa 'esta es mi oportunidad?”, dijo, antes de conminar al presidente gallego a que eligiese entre inmoralidad o decencia. Este se mantuvo imperturbable. La hoja de ruta en Lugo parece trazada y la derecha no se mueve de su argumentario. Según los conservadores, hay inestabilidad, aunque no la explican, y eso justifica apoyarse en una tránsfuga para obtener un bastón de mando que se les resiste desde hace 27 años. “Aprenda las reglas del juego democrático”, se ufanó Rueda, “el PP tiene todo el derecho a enderezar una ciudad que necesita enderezarse”. “Usted no tiene límites y cuando no se tienen límites para llegar al poder, tampoco se tienen cuando se gobierna”, se resignó el socialista.

Son 52 las iniciativas que se han aprobado en el debate sobre el estado de la Autonomía, aunque la mayoría de ellas no han logrado el acuerdo general del Parlamento gallego. Solo once han conseguido el respaldo unánime de los cuatro grupos, entre ellas una que hace un reconocimiento a las víctimas de ETA, otra que pide protección para las víctimas de violencia machista y otra sobre el traspaso de la AP-9. Entre las propuestas que han contado con el voto negativo de la oposición está el plan anunciado por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dificultar el derecho a la baja laboral de los trabajadores. Tanto BNG como PSdeG la han rechazado, frente al apoyo del PP y la abstención de Democracia Ourensana, que tiene un único diputado en la Cámara gallega.

El PP intentó un acuerdo con DO y el PSdeG sobre el plan sobre las incapacidades temporales. Les remitió el jueves una redacción distinta a la registrada inicialmente en la que señalaba que el objetivo es presentar en un plazo de tres meses un documento para disminuir el “absentismo laboral”, elaborado con “el máximo respeto a los derechos laborales y desde la escucha activa del tejido empresarial y de las organizaciones sindicales”. No hubo resultados, de modo que la redacción que se aprobó finalmente fue la original del PP: una petición para que se ponga en marcha “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”.

El anuncio de este plan que pone el foco en el personal de baja laboral recibió críticas tanto de BNG como del PSdeG. La portavoz de los socialistas en el debate, Lara Méndez, se refirió al “plan estrella” del presidente gallego que señaló que “lo que quiere es perseguir, como siempre, a los trabajadores”. Por parte del BNG, Olalla Rodil cargó contra Rueda por haber presentado como medida para quienes “no viven en la arcadia feliz del PP” la de que “va a poner todo su empeño para dificultar la baja” a quienes tienen problemas de ansiedad, depresión o dolores musculares. “Porque para el PP los trabajadores de este país somos unos vagos y maleantes y los médicos que dan las bajas, unos defraudadores”, acusó. Y afeó que no hubiese “ninguna reflexión, ni un solo segundo” sobre los accidentes laborales mortales, que provocaron 43 víctimas en 2025 en Galicia.

Por parte del PP, Alberto Pazos Couñago hizo una única referencia a la medida. Fue para cargar contra la oposición y acusarla de hacer una “confusión interesada”: “No perseguimos a los trabajadores, queremos perseguir el fraude”. Poner un mayor celo en la revisión de las incapacidades temporales y crear una unidad que revise las decisiones de los propios médicos es, según el diputado popular, “blindar los derechos de los trabajadores”.

La mayor parte de las propuestas aprobadas -que son una declaración de intenciones, pero no obligan a la Xunta- parten del PP, que tenía garantizado que iba a sacar adelante sus 40 iniciativas con su mayoría absoluta. A ellas se suman nueve textos que partieron de Democracia Ourensana, uno del BNG -para que la Xunta elabore este año un plan de gestión integral del agua- y dos del PSdeG , referidos a que los centros educativos estén dotados con suficiente profesorado de apoyo, incluidos especialistas en pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y a garantizar que el acceso a la cultura sea inclusivo y que en los proceso para elegir las direcciones de entidades artísticas haya equidad.

El PP rechazó con sus votos un acuerdo entre BNG y PSdeG sobre los usos del Pazo de Meirás y la reclamación de que el énfasis se ponga en la memoria democrática. Los dos grupos de la oposición también se unieron a favor de una propuesta registrada por los nacionalistas para reclamar a Rueda que se disculpe por considerar “vagos y defraudadores” con el plan sobre las bajas laborales. Sin sorpresas, el PP tumbó la petición.

Con esta votación concluyó el que se considera el principal debate de política anual en el Parlamento gallego, que en esta ocasión coincidió con la mitad del mandato de Rueda. El presidente compareció en la apertura, el miércoles, para hacer un balance triunfalista de las medidas puestas en marcha desde que llegó a la Presidencia de la Xunta -por segunda vez, la primera fue en 2022 para sustituir a Feijóo, pero sin elecciones-. Aseguró que el 85% de sus promesas están cumplidas y propuso como principal novedad un plan para dificultar las bajas laborales, con una unidad específica para controlar los trámites que hacen los médicos y un mayor peso de las mutuas privadas. Todo ello con el argumento, idéntico al de la patronal, de que lo que hay es “absentismo”, un cuestionamiento indirecto de que las incapacidades temporales estén bien decididas y llamadas de atención sobre el impacto económico.

De las 40 propuestas de resolución presentadas por el PPdeG dentro del debate sobre el estado de la Autonomía, 27 -es decir, el 67,5%- se dirigen al Gobierno central. Son iniciativas que reiteran peticiones de traspasos de competencias, mantenimiento de infraestructuras, financiación para atender a la dependencia o desarrollo de la energía eólica, pero también una condena a ETA aprovechando el principal debate político que acoge cada año el Parlamento autonómico. Registrado con el número cinco, el texto pide reafirmar el reconocimiento a las víctimas, rechazar acuerdos políticos o pactos institucionales con “formaciones que no condenen expresa e inequívocamente el terrorismo”. Añade otra reclamación: que “las administraciones competentes” cambien la ley para que los condenados por terrorismo “deban colaborar activamente en el esclarecimiento de todos los atentados de los que tienen conocimiento para el acceso a beneficios penitenciarios”.

Paula Prado, viceportavoz parlamentaria del PP gallego y secretaria general del partido, habló de las iniciativas en una rueda de prensa, en la que volvió a defender uno de los principales anuncios del presidente gallego, Alfonso Rueda, en el debate: el plan para dificultar el derecho a las bajas laborales. La medida ha concitado críticas de los sindicatos, de la ministra de Trabajo (Yolanda Díaz asegura que es ilegal y el Gobierno lo recurrirá por inconstitucional) y del principal partido de la oposición, el BNG, que, de hecho, incluye entre sus propuestas de resolución una para que Rueda se disculpe con los trabajadores “por tratarlos como vagos defraudadores”.

La diputada del PP ha replicado a la petición del BNG afirmando que sus críticas se derivan de “la ideología” y que lo que deben hacer es “hablar más con los gallegos”. Sugirió a la líder de la formación nacionalista, Ana Pontón, que converse con autónomos, empresas y trabajadores “para ver qué piensan”.

El plan para limitar las bajas no es el único anuncio de Rueda al que su partido se suma en las propuestas de resolución, que serán votadas este viernes. Sobre este punto el PP pide la puesta en marcha de “un procedimiento común entre las Unidades de Inspección e Control da Saúde Laboral para la valoración de pacientes en situación de incapacidad temporal”. Pero también incluye entre las demandas una reforma de la atención primaria ya avanzada por el presidente de la Xunta o el anuncio de elevar el tope de renta para acceder a viviendas públicas en venta hasta cuatro veces el IPREM o reservar el 30% de estos pisos para personas de entre 37 y 45 años.

Los populares incluyen también una propuesta que no fue mencionada por Rueda en su intervención el miércoles, en la que no habló de políticas de igualdad ni de lucha contra la violencia machista. El PPdeG pide algo en esta materia, aunque el ruego se dirige, de nuevo, al Gobierno central: “un refuerzo real y efectivo de protección de las víctimas de violencia de género, empezando por el incremento del presupuesto del nuevo pacto de Estado contra la violencia de género”.

Otra de las peticiones es que la Xunta inste al Gobierno central a que “cumpla con su deber constitucional” de presentar los presupuestos. Entre las propuestas aparecen varios asuntos recurrentes: que haga las obras que necesita el Pazo de Meirás y transfiera la gestión a Galicia para aplicar un plan de usos que recoja tanto la figura de Emilia Pardo Bazán como “el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador”; que agilice los trámites para las desgravaciones fiscales de los patrocinadores del Xacobeo 2027 y los traspasos de competencias que ya se habían solicitado, como el de la AP-9, la gestión del ingreso mínimo vital, los aeródromos que no son de interés general y la gestión de las autorizaciones iniciales de trabajo a migrantes.

Por su parte, el BNG utiliza sus 40 propuestas para reclamar medidas que garanticen la independencia judicial tras ser apartado el juez Luís Villares de la sección que se encarga de ver los litigios sobre eólicos, para recuperar la gratuidad de los libros de texto, para aumentar la vivienda pública y para que haya más profesorado de apoyo. También pide que se cree una comisión de investigación sobre el proyecto de Altri y que el PP levante el veto al candidato propuesto por el BNG para ser adjunto a la Valedora do Pobo, Fernando de Abel Vilela.

El PSdeG pide que el Pazo de Meirás sea un centro de memoria y derechos humanos, que la Xunta archive de forma definitiva el proyecto de Altri, que se rehabiliten todas las estaciones de bus y apoyar la candidatura de Vigo a ser sede del Mundial de fútbol 2030. Los socialistas también presentaron iniciativas para crear un banco público de viviendas en alquiler para movilizar pisos vacíos y hacer inspecciones para evitar prácticas especulativas en este ámbito.

Galicia puede ser otra cosa, más grande, mejor, pero 17 años de gabinetes del Partido Popular, los cuatro últimos con Alfonso Rueda como presidente, la han sumido en el estancamiento. Esta fue la idea nuclear de la intervención de Ana Pontón en el debate de estado de la Autonomía. “Vivimos una etapa histórica muy compleja, de grandes cambios y grandes desafíos. Necesitamos un gobierno audaz, con visión de futuro y ambición, capaz de impulsar transformaciones”, expuso, “y lo que tenemos es el presidente del estancamiento”. La rutina y la dejadez se han apoderado de una Xunta de Galicia sin ideas, vino a decir. Y cuando actúa, es “para contentar empresas amigas” y, como en el plan para limitar el derecho a baja laboral anunciado por Rueda esta mañana, “tratar a los trabajadores como vagos y maleantes”.

El repaso de la líder del BNG a la situación de la comunidad comenzó con una profesión de fe internacionalista y acabó con una cita de la novelista Begoña Caamaño, a la que este año la Academia dedica el Día das Letras Galegas: “Es el momento de cambiar el mundo, de cambios profundos y estructurales, pero también conceptuales: es el tiempo del feminismo, es decir, de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la dignidad, y también, ¿por qué no? de la felicidad”. Pero el discurso de Pontón había arrancado con un recuerdo a la oposición histórica del nacionalismo gallego de izquierdas al imperialismo estadounidense y a las guerras en general, “en Ucrania y en Yemen, en Somalia y en Etiopía”.

Criticó después el belicismo occidental, la postración europea ante Donald Trump y el aumento del gasto militar en los países comunitarios, “incluido el Estado español”. También a la OTAN y recordó que las agresiones de Trump a Venezuela e Irán tienen un elemento en común, el petróleo. “Las guerras son un fracaso de la humanidad. Solo responden a la avaricia, a las ansias de poder y al dinero”, dijo, antes de afear al Partido Popular gallego que se negase, en sede parlamentaria, a condenar el genocidio palestino o los bombardeos de Irán. Y esa es, resumidamente, la época “muy compleja” en la que, a su juicio, debe manejarse el Gobierno gallego. Y el de Rueda lo está haciendo en el mejor de los casos con indolencia y en el peor “con indecencia moral”. “Usted dice que en este contexto hay que aprovechar la oportunidad de negocio”, le recriminó, “es una indecencia moral. En una guerra solo hay sufrimiento y víctimas, rectifique”.

17 años “sin proyecto de país”

Pontón, en todo caso, se esforzó por colocar al presidente de la Xunta en el lugar en el que Rueda estuvo en los últimos 17 años: en la primera línea de los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, desde 2022 en la presidencia, desde 2024 con su primera mayoría absoluta. “No tienen proyecto de país. Llevan 17 años gobernando y ¿cuál es su legado?”, se preguntó. La respuesta la dio ella misma con una serie de ejemplos: crisis demográfica, listas de espera para ir al médico de cabecera, dificultades para acceder a una vivienda y la liquidación de la política pública del sector solo ahora tímidamente recuperada, talento formado aquí y “a la fuga”, sectores productivos debilitados, un monte que arde cada vez más, una educación pública con menos profesorado y ratios elevadas y una lengua, el gallego, “en situación de emergencia”. “Para taparlo, mentira y propaganda. ¿No se cansa de que su palabra no valga nada?”, le espetó.

La “Galicia estancada” a la que han conducido los 17 años de gobierno de la derecha también la ilustra la pérdida de la posición relativa de la comunidad en materias como empleo, población o riqueza respecto del Estado. “Galicia capta poca inversión exterior, porque el empresariado no confía en usted”, apuntó, “y su palabra solo tiene valor cuando se trata de beneficiar a unos pocos, las eléctricas, la sanidad privada y las empresas privadas del PP”. A continuación, enumeró algunos episodios poco edificantes de la gestión de los conservadores: millones de euros en contratos públicos a dedo a la empresa de la que la hermana de Feijóo es alta directiva, 480 millones de euros de sobrecoste en la construcción del hospital de Vigo debidos a la fórmula de financiación privada decidida también por Feijóo, la decisión del Tribunal Superior de apartar al juez Luís Villares de la sala que decidía sobre proyectos eólicos tras una campaña del PP en contra del magistrado en instituciones y medios de comunicación.

Pontón se detuvo en dos de los anuncios que Alfonso Rueda había incluido en su largo discurso de la mañana, la restricción del derecho a la incapacidad temporal de las personas trabajadoras -unidades de control de bajas por salud mental o lesiones musculares, mayor poder a las mutuas privadas- y un presunto nuevo modelo de atención primaria. “Somos la segunda comunidad del Estado con menos bajas laborales, pero usted trata a los trabajadores como vagos y maleantes, cómo puede tener tanta cara”, consideró. Y añadió: “¿Sabe por qué duran más en Galicia las bajas laborales? Porque ha colapsado la sanidad pública”. Muy en concreto la atención primaria, a decir de sindicatos, sociedades científicas o asociaciones de pacientes.

Protestas multitudinarias: Altri, sanidad

“Los gallegos son los ciudadanos que peor valoran su atención primaria”, se hizo eco de una reciente encuesta, “con listas de espera de hasta un mes para el médico de cabecera”. Y ante esa realidad, el anuncio de Rueda para reformarla sonó a sabido: “Ya anunciaron en 2019 las mismas medidas”. Promesas incumplidas en salud mental, 11.000 niños sin pediatra o la caída del presupuesto en medicina familiar a lo largo de los gobiernos populares -Galicia solo está por encima de Madrid en ese capítulo- son síntomas de la progresiva degradación de la sanidad pública gallega. Manifestaciones multitudinarias se lo han recordado al Gobierno de Rueda durante los últimos años.

También fueron multitudinarias las protestas contra el proyecto de macrocelulosa de Altri. La oposición gallega las respaldó. “David puede vencer a Goliath”, se felicitó Ana Pontón. El Gobierno de Alfonso Rueda fue incapaz de sacar adelante una iniciativa que él mismo había calificado de estratégica. “No era un proyecto más, era su proyecto. Su modelo de desarrollo económico son las macrocelulosas del siglo pasado”, le afeó. La Xunta mantiene oculto el acuerdo con la multinacional portuguesa que facilitó su desembarco finalmente frustrado -a partir de informes técnicos, Europa le denegó ayudas, el Gobierno central la conexión eléctrica- en Galicia.

“Nos tratan como una colonia energética de Madrid”, se extendió. Aquí desgranó sucintamente la apuesta del BNG para la transición energética: tarifa eléctrica gallega, una empresa de electricidad 100% pública “y aprenda del alcalde de Muras a tratar con las eléctricas”. Esta pequeña localidad del norte de a Terra Cha, gobernada por el BNG, alberga 19 parques eólicos y recibe a cambio ingresos estables de las compañías en las arcas públicas. En cualquier caso, anotó Pontón, el objetivo de los nacionalistas sería que la industria, sostenible y adaptada al siglo XXI, aportase el 20% del PIB gallego. En la actualidad se aproxima al 18%.

“Desprecio por llegar a acuerdos”

Ana Pontón encaró el tramo final de su intervención haciendo referencia a un silencio, el de Rueda sobre políticas de igualdad o violencia de género, y a un terreno en el que el PP se mueve con contradicciones y vaivenes, el de la lengua gallega. Alfonso Rueda respaldó en su día manifestaciones contrarias a la enseñanza del gallego en la escuela y recientemente votó, junto a su grupo parlamentario autonómico, contra el uso del idioma propio de la comunidad en el Congreso de los Diputados. Tampoco ha respaldado los intentos del Ejecutivo central por el reconocimiento comunitario del mismo. “Cumpla el Plan de Normalización Lingüística, el gran acuerdo que rompió el PP, y actualice la Ley de Normalización Lingüística”, dijo. La Xunta se había comprometido a presentar la modificación del mencionado plan el pasado noviembre. De momento no se sabe nada.

La líder nacionalista dejó para el final, justo antes de la cita a Begoña Caamaño, sus críticas a la estrategia del Gobierno gallego para reducir los espacios institucionales de la oposición. Le afeó su “desprecio por llegar a acuerdos” -la desabrida réplica de Rueda pareció confirmarlo-, su “práctica de la crispación”, la ruptura del acuerdo histórico para renovar la Valeduría do Pobo o el “secuestro de la TVG” y los medios públicos. Donde, por cierto, trabajó muchos años la propia escritora Caamaño, implicada en las denuncias contra la manipulación informativa a cargo del PP.

Fue uno de los anuncios estrella de Alfonso Rueda en su discurso sobre el estado de la Autonomía, alfombrado durante los días previos por la prensa afín: la Xunta implantará un “programa integral” para limitar el derecho a la baja laboral de los trabajadores gallegos, especialmente aquellas relativas a la salud mental y a lesiones musculares. Reforzará, además, el papel de las mutuas privadas. “Rueda es un vasallo de la patronal”, resume Paco Sío, de la CIG, sindicato mayoritario en la comunidad. “Las medidas ponen el foco en las personas trabajadoras”, señala Armando Iglesias, de Comisións Obreiras, “cuando el problema no está ahí”. Las centrales, en conversación con elDiario.es, arremeten contra el presidente gallego, al que acusan de servilismo respecto de los empresarios y de recortar y privatizar la sanidad.

“Es Rueda el que provoca que tardemos más en curarnos al recortar la sanidad pública”, se extiende Sío, “y ahora, en vez de solucionarlo, quiere que vayamos enfermos a trabajar”. El presidente gallego aseguró en el Parlamento que la comunidad es la segunda en el Estado que registra más incapacidades temporales y con mayor duración media. Los sindicatos lo relacionan con el aumento de las listas de espera en cirugías y especialistas y de los plazos para obtener cita en atención primaria. “La falta de inversión del Gobierno gallego en la sanidad pública produce unas listas de espera que son las que son”, aduce Armando Iglesias. No solo, existen más factores que contextualizan la ofensiva de Rueda, apoyado en la patronal que encabeza Juan Manuel Vieites, contra las bajas y lo que entienden como absentismo laboral.

Comisións Obreiras habla de dejadez del empresariado, que “no vela por la salud de los trabajadores y trabajadoras”. Y la CIG recuerda que la reducción de los presupuestos destinados a la prevención de riesgos laborales provoca que haya menos inspectores y más descontrol en las empresas. Sobre la función de las mutuas privadas en la gestión de las incapacidades laborales, que la Xunta quiere fortalecer, también existe cierto consenso en los sindicatos. Armando Iglesias, responsable de Saúde Laboral en su central, denuncia su apatía, mientras Paco Sío, secretario de Negociación Colectiva de la CIG, las acusa de preocuparse “no por la salud de los trabajadores sino por su propio beneficio”. El plan de Rueda es otorgarles la última palabra en las propuestas de alta y que la inspección sanitaria pública apenas se encargue de ratificarla.

Sío menciona finalmente otros dos factores que, en su opinión, convierten lo que los presidentes de Gobierno gallego y patronal llaman “problema del absentismo laboral” en un síntoma. En un síntoma de que algo va mal en el mundo gallego del trabajo. El primero, el envejecimiento de la fuerza laboral: en una década, los trabajadores y trabajadoras con más de 55 años han pasado del 14 al 25%, uno de cada cuatro. El segundo, la jornada laboral, por encima de la media europea. “Cuando se intentó reducir, que a nosotros nos parecía poco pero era importante, la patronal se negó y remitió a la negociación colectiva”, apunta, “pero en la negociación colectiva no se está aprobando”. Las dos circunstancias combinadas producen “un aumento de la posibilidad de enfermar”.

La siniestralidad laboral es elevada en Galicia. Durante el inicio de este 2026, su alza es la mayor de todas las comunidades. Y entre enero y septiembre de 2025, fue la tercera en mortalidad.

Alfonso Rueda dijo en sede parlamentaria que llevará su propuesta al diálogo social. La CIG ya avisa de que no va a participar “en esta mascarada”. “Allá de quién lo haga”, concluye Sío.

No le sirven ni los datos de la propia Xunta de Galicia, ni los recopilados por el CIS: la visión de Alfonso Rueda sobre la situación de la sanidad pública en Galicia, denunciada por usuarios y trabajadores, bordea el triunfalismo. “Es mucho mejor que cuando ustedes gobernaban” o “muy por encima de la media para bien” fueron algunas de las frases que utilizó para defender la gestión de su gabinete en la materia durante la sesión de control parlamentario de este miércoles. Esta semana, el barómetro del CIS concluía que la ciudadanía gallega es la más insatisfecha de todas las comunidades con la situación de la atención primaria. “El incremento de seguros privados en Galicia, ¿no le llama la atención?”, inquirió el socialista José Ramón Gómez Besteiro. Rueda no se inmutó.

Besteiro había realizado, apoyado en cifras públicas, un sucinto repaso por el descontento de usuarios y pacientes. “En 2026 el 43% de los pacientes de primaria no reciben atención antes de cuatro días. Y para que no me diga que se debe a la huelga [convocada por el sindicato de médicos Omega], en 2022 era el 18% y en 2025, el 38%”, recordó el portavoz del Partido Socialista. “Los seguros privados han aumentado un 20% en los últimos años”, añadió, antes de hablar de un “desmantelamiento programado de la sanidad pública”. También se refirió a las 400.000 personas en listas de espera, 50.000 más que en la última oleada, y a los 98 días que tardan en pruebas diagnósticas y 73 en operaciones quirúrgicas.

Las manifestaciones multitudinarias contra la privatización y el deterioro del servicio se suceden desde hace años, ya con Núñez Feijóo en la presidencia. Y la oposición critica el estado de la cuestión con insistencia. Pero Rueda se desentiende. Este miércoles volvió a hacerlo. Espigó el mismo barómetro del CIS que ratificaba el malestar ciudadano y aseguró que la aprobación de la sanidad pública entre la población gallega es superior a la media. Y que sí, “hay problemas” y no lo va a negar, pero sus responsables están sobre todo en Madrid. “¿Para qué sirve un Ministerio de Sanidad?”, se preguntó. El grueso de las competencias sanitarias las maneja, sin embargo, la Xunta desde hace más de 30 años.

En su diatriba contra Besteiro y los socialistas también quiso colar alguna mentira -“ni siquiera menciona la huelga”, lo que sí hizo- y cerró con un anuncio: el Servizo Galego de Saúde (Sergas) implantará una nueva vacuna contra el meningococo B a los niños y niñas de 12 años. “Estamos a la cabeza no de España ni de Europa, del mundo, en vacunación infantil”, se ufanó.

“Ni está ni se le espera, llega siempre tarde”

También a Madrid se remitió el presidente gallego en respuesta a la pregunta de Ana Pontón, líder del BNG, sobre las medidas del Gobierno autonómico para mitigar las consecuencias de los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán. “Apoyan las medidas que presentan el PSOE y pagan los gallegos”, le dijo Rueda en un extraño giro argumental que lleva repitiendo dos días, y añadió una descalificación entre aplausos de diputados del PP: “Allí sí bwana al puto amo”. Antes había disparado otra ristra de lugares comunes en sus discursos contra los nacionalistas gallegos -la segunda fuerza de la Cámara: comparó las excarcelaciones de presos de ETA con los bombardeos ilegales en Oriente Medio, censuró “las dictaduras comunistas” en Cuba y Venezuela que, dijo, respalda el Bloque, y les afeó que “no condenen la invasión de Ucrania”.

A esto último respondió Pontón. “El BNG condena todas las guerras y las invasiones de la soberanía de los países, incluida la de Ucrania, señor bulopresidente”, dijo. Rueda no se dio por aludido y en su turno de réplica insistió en lo mismo. El caso es que la nacionalista se había interesado por las iniciativas de la Xunta relacionadas con el conflicto de Irán y sus efectos económicos. “Ni está ni se le espera. Llega siempre tarde y arrastrando los pies”, resumió su opinión sobre la acción del Gobierno gallego. Mencionó otros ejecutivos -el vasco, el murciano- que ya han avanzado algunas ideas al respecto y lanzó una propuesta: 700 millones de euros en ayudas directas, líneas de crédito y un escudo social gallego (bono de transporte universal a 30 euros, duplicar el complemento gallego de las pensiones o levantar peajes en autopistas).

Esta vez el presidente sí traía algo con lo que responder. Lo dejó para el final, tras una nueva andanada de descalificaciones. En el próximo Consello de la Xunta el 30 de marzo -un mes después de que Estados Unidos e Israel iniciasen la guerra- aprobará 150 millones de euros “para ayudar a los sectores más afectados”.

Los usos y costumbres los habían respetado Fraga Iribarne, Pérez Touriño y Núñez Feijóo. Pero llegó Alfonso Rueda y su partido, el PP, hizo saltar el acuerdo por los aires: vetó al profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela como Vicevaledor do Pobo. Lo había propuesto, según la práctica habitual, la segunda fuerza en escaños en el Parlamento de Galicia, el BNG. La peregrina excusa con la que los populares se negaron, difundida por su estridente portavoz parlamentario y repetida por el presidente Rueda, era que el perfil de De Abel Vilela “tiene mucho más que ver con el activismo”. Pero esta decisión inédita encaja en realidad con la estrategia desplegada desde hace meses por el PP para asfixiar el espacio de la oposición en las instituciones. La nueva ley de medios públicos, la crítica de las alegaciones a proyectos industriales o la reducción de la presencia de la sociedad civil en órganos consultivos y asesores son otras polémicas iniciativas en la misma línea.

El BNG había cumplido con su parte. En febrero votó junto al Partido Popular para refrendar en el cargo de Valedora do Pobo a Dolores Fernández Galiño, en funciones durante un año y medio. A cambio, los nacionalistas nombrarían a su número dos, como habían acordado durante décadas las dos primeras formaciones en la Cámara autonómica. Cuando estos anunciaron que su elección era Fernando de Abel Vilela, el PP rompió unilateralmente el pacto. Rueda justificó esta marcha atrás y, en una pirueta retórica, acusó al Bloque de “querer imponer su voluntad” y de haber registrado su nombre sin haberlo negociado. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, y atacó a De Abel Vilela por carecer de “antecedentes de imparcialidad”. Este forma parte de la organización ecologista Adega y ha asesorado legalmente al movimiento ambientalista en el conflicto contra el contestado proyecto de macrocelulosa de Altri.

Los nacionalistas aseguran que no retirarán su propuesta, lo que exige el PP. La derecha puede servirse de su mayoría absoluta -40 de los 75 escaños de O Hórreo- y nombrar a un afín como vicevaledor. “Es un veto político sin precedentes en la historia de la democracia”, lo calificó la semana pasada la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil.

Desdemocratizar la CRTVG

También de su mayoría absoluta se sirvió el PP para reducir aún más el pluralismo de la compañía de medios públicos, ahora denominada Corporación de Servizos Audiovisuais de Galicia (CSAG, antes CRTVG). La ley aprobada en solitario hace ahora un año es, sobre todo, una ley desdemocratizadora. Contra los votos de la oposición y la opinión de sindicatos, Colexio de Xornalistas de Galicia y de más de 40 colectivos agrupados en la plataforma Por unha CRTVG ao servizo do pobo, la derecha sacó adelante una norma que le permitió elegir a la directora general sin necesidad de mayoría cualificada. Es decir, sin necesidad de negociar con la oposición. Escogió a Concha Pombo, hasta entonces responsable de los muy cuestionados informativos del canal público de televisión. Mientras, parte de los profesionales del ente público continúan protestando cada viernes contra la manipulación informativa y el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia condenaba a la corporación por vulnerar derechos de los trabajadores y represaliar a los disidentes.

Alfonso Rueda nunca da explicaciones por la situación en la CSAG. Tampoco lo hizo preguntado por la sentencia histórica del Superior y se limitó a despejar balones. Es la táctica que ha seguido a respecto de otro asunto del que pretende mantener al margen a la oposición: la fracasada gestión de su gabinete para intentar la instalación de una macrocelulosa en Palas de Rei. BNG y Partido Socialista, que se opusieron -al igual que ecologistas, sectores sensibles de los vecinos o sindicatos- a la idea, presionan para conocer el memorando secreto rubricado por la Xunta de Galicia y la pastera portuguesa y que marcó la llegada de Altri a la comunidad. Rueda admitió que conoce su contenido pero que su gabinete no lo hace público porque “está al margen de la información accesible al amparo de la ley de transparencia”. El exconselleiro que lo firmó lo hizo como representante de una empresa en la que participaba el Gobierno gallego, pero era una sociedad mercantil privada, Impulsa Galicia.

Fuentes de la oposición entienden que la trayectoria de Impulsa Galicia, ahora disuelta, contradice sus objetivos iniciales y acabó funcionando sobre todo como una pantalla que opacó el control público de las acciones de la Xunta. Esas mismas fuentes perciben que la estrategia del PP de reducir el papel institucional de socialistas y nacionalistas es una estrategia de fondo y que va más allá de conflictos puntuales o concretos. Como ejemplo, mencionan lo que entienden como una especie de sabotaje a la capacidad de presentar iniciativas en comisión por parte de la oposición: la sistemática convocatoria de comparecencias “menores” para reducir las proposiciones de PSdeG y BNG.

No solo los partidos

El afán de control político del PP de Rueda no afecta únicamente a la izquierda y al nacionalismo de partido. Hace año y medio, la Xunta utilizó una de las puertas de atrás legislativa que más frecuenta, la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, para expulsar a las organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún del Consello da Minaría de Galicia, el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas del Gobierno gallego. Y en un momento en que las protestas vecinales contra proyectos mineros se suceden. Todavía durante la última sesión de control parlamentario, el propio presidente Alfonso Rueda se burlaba de las asociaciones ecologistas y vecinales que alegan por la vía administrativa contra proyectos apoyados por la Xunta y los acusaba, de modo genérico, de estar manipulados por el BNG.

El mismo argumentario esgrimió su concejal en Santiago de Compostela, Borja Verea, a la hora de desacreditar el acuerdo unánime de una comunidad educativa en su Consello Escolar para sustituir el nombre del centro, Apóstolo Santiago, por Almáciga, topónimo del barrio donde se ubica. El desprecio por la autonomía escolar fue patente en el discurso de los populares, que, apoyados por la prensa de derechas, sumaron su voto en contra a la abstención de cuatro ediles expulsados del PSOE y tumbaron la iniciativa. Ese mismo desprecio es del que hace gala el Gobierno gallego en la instrucción remitida a los colegios el pasado mes de junio y en la que llamaba a velar por la “neutralidad ideológica” en las actividades escolares. El plan suscitó una enorme controversia: sindicatos y ANPA ven la sombra de la censura, expertos consultados por este periódico, la huella de la retórica de ultraderecha.

La Xunta de Galicia no consigue pasar la página de Altri. Pese a que hace ya 21 días que anunció el archivo definitivo del proyecto de macrocelulosa, muy contestado social y políticamente, el asunto revive una y otra vez en el Parlamento de Galicia. “¿Dónde están sus proyectos industriales estratégicos tras el fiasco de Altri?”, inquirió Ana Pontón al presidente Alfonso Rueda en la sesión de control parlamentario de este miércoles, “apostó todo a una carta contaminada y perdió ante la ciudadanía de este país”. Rueda, cuyo gabinete declaró efectivamente “estratégico” el plan de la pastera en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) pero fue incapaz de realizarlo, se revolvió e insistió en cargar las responsabilidades del fracaso a la oposición.

Pero la líder del BNG no quería hablar únicamente de Altri, sino de la política industrial del Gobierno gallego. Recordó dudosas promesas del Partido Popular a inicio de legislatura -3.000 millones de euros en inversiones industriales- y defendió una idea de Galicia que no sea “tierra de sacrificio para que Madrid tenga energía más barata y se forren las empresas amigas”. Remató su primera intervención con algunas de las propuestas de su organización en la materia: una empresa pública de electricidad, un fondo soberano de inversión en sectores estratégicos, vincular los parques eólicos a la creación de empleo industrial y aumentar el peso presupuestario del I+D+i. Rueda sí respondió a esto y aseguró que esas, las iniciativas planteadas por el BNG, son “la esencia de Recursos de Galicia”, la sociedad público privada creada por la Xunta hace dos años.

Fue apenas un momento. El resto de su discurso siguió las pautas de costumbre: los nacionalistas “no quieren molestar al puto amo”, en referencia a Pedro Sánchez, sus “plataformas politizadas” quieren impedir que se instale industria, “les encantaba Altri hasta que perdieron las elecciones”, “ustedes dicen a no a todo”. Pontón, que afeó al presidente de la Xunta sus continuadas faltas de respeto, lo acusó de incompetencia política. “De cada dos promesas en política industrial, incumple tres. ¿Dónde está la fábrica de hidrógeno en Meirama? ¿Qué fue de la factoría de neumáticos en As Pontes? ¿Y los 3.000 millones de euros?”, preguntó sobre dos anuncios repicados a bombo y platillo por el Gobierno gallego y luego descartados por sus promotores. También mencionó uno de los naufragios industriales clásicos de los gabinetes populares: los acuerdos de Feijóo con Pemex. “No tiene política industrial de futuro”, concluyó Pontón, “si no tiene ideas, copie las del BNG, le irá mejor a este país”.

Alfonso Rueda se escudó en algunas macrocifras -el índice de producción industrial crece un 6,5%, el empleo industrial está “en máximos”- y dijo que estas se alcanzaban “pese a su Galicia bucólica que en realidad está vacía y donde la gente tiene que emigrar”. Un minuto antes se había recreado en uno de los lugares comunes de su partido a respecto de los nacionalistas: “¿Hay algún proyecto industrial que le guste al Bloque?”. En realidad no esperaba ninguna respuesta.

Los socialistas insisten en la vivienda pública

Tampoco la parecía esperar José Ramón Gómez Besteiro, portavoz de los socialistas gallegos, que volvió a una de sus preguntas recurrentes -y uno de los grandes agujeros de los sucesivos ejecutivos del PP en Galicia- en la sesión de control: la política de vivienda pública. “Cuando inició su segundo mandato en 2024, había 15.000 gallegos y gallegas en el registro de demandantes de vivienda pública. Hoy hay casi 31.000”, explicó Besteiro, “durante 17 años ni planificaron, ni construyeron, ni rehabilitaron”. El socialista pidió además a la Xunta “políticas activas” para recuperar viviendas vacías y destinarlas al alquiler público. Las competencias en el sector son autonómicas.

La respuesta de Rueda fue previsible. Reiteró sus promesas -6.000 viviendas públicas construidas en seis años, dijo esta vez- y atacó al Gobierno central por lo que definió como inacción. “Qué bien estaría usted en el Ministerio de Vivienda, se trabaja poco”, intentó ironizar. De lo que el presidente gallego no suele defenderse es de la hoja en blanco en que convirtió la política de vivienda pública durante los años de Feijóo, con Rueda como número dos. “La Valedoría do Pobo ya avisó en 2014, después en 2028 y en 2020. Lo suyo fue inacción e irresponsabilidad”, consideró Besteiro. El presidente replicó de nuevo con las “3.000 viviendas en marcha, 4.000 este año”. En el registro de demandantes hay 31.000 personas, le había recordado de nuevo el socialista.

La mayoría absoluta del Grupo Popular en el Parlamento ha bloqueado la comisión de investigación sobre el proyecto de macrocelulosa de Altri que reclaman tanto BNG como PSdeG. Las portavoces de los dos partidos de la oposición en el debate han criticado la falta de transparencia de la Xunta y han considerado que la negativa a crear este órgano en el Cámara gallega es un indicio de que el Gobierno gallego “tiene mucho que ocultar”.

Tanto la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, como la diputada del PSdeG Patricia Iglesias recordaron la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que condena a la Xunta por haber retirado de su estrategia verde la protección de unos terrenos en los que se proyectaba la fábrica de Altri. Y volvieron a pedir que se haga público el acuerdo declarado confidencial entre la Sociedad Impulsa -una empresa público-privada ya disuelta y que estaba presidida por el titular de la Consellería de Economía- y Altri. El Gobierno gallego se ha negado a divulgar el contenido de este memorándum de entendimiento alegando que se pactó entre dos sociedades privadas. Pese a ello, el presidente de la Xunta, que no formaba parte de los órganos de gestión de Impulsa, desveló que él si conoce la información contenida en ese documento.

“Les pedimos que desclasifiquen los papeles secretos de Altri. Si no lo hacen, solo nos demostrarán que tienen mucho que ocultarnos”, recalcó Pontón, según informa Europa Press. La portavoz del BNG fue la primera en intervenir, como representante de la formación que presentó la solicitud para crear la comisión. Los socialistas, que apoyan el movimiento, no tienen suficientes diputados para registrar la petición.

La líder nacionalista criticó que el proyecto de Altri es “el mayor ejemplo de la política industrial fracasada y errónea del PP de Rueda” y “un ejemplo de manual” de cómo “gobiernan desde la mentira”. Expuso que son tres los motivos para pedir la comisión: la sentencia del TSXG sobre la zona de amortiguamiento de la Serra do Careón donde se planeaba instalar la fábrica, el acuerdo secreto entre la Sociedad Impulsa y Altri y la falta de transparencia.

Sobre la sentencia del TSXG, Pontón preguntó “por qué se hizo esa modificación, cuándo y con base en qué informes técnicos”. “La Xunta modificó de manera consciente y premeditada un instrumento para favorecer a Altri. Los informes no existen porque esta fue una decisión política de la Xunta del PP para favorecer a Altri en contra del interés general y de la protección del medio ambiente”, denunció. Respecto al acuerdo Impulsa-Altri, consideró que ya no hay excusas para entregarlo, tras haber reconocido Rueda que sabe su contenido. La tercera cuestión a la que apela Pontón es la “higiene democrática” y la necesidad de transparencia.

Iglesias, por su parte, acusa al Ejecutivo autonómico de “posible tráfico de influencias”. La portavoz del PSdeG en el debate recordó que la formación pidió hasta en nueve ocasiones el expediente relativo a Impulsa, que insiste en que no se puede considerar una sociedad privada. “Hay que saber si el Gobierno gallego actuó a favor del interés público o, por el contrario, se estaba trabajando para favorecer el interés privado de una multinacional. Porque eso tiene un nombre, que se llama posible tráfico de influencias”, dijo.

Si se sigue negando la información, avisó de que valorarán acudir a los tribunales: “Si todo fue correcto, si todo se hizo conforme a la ley, ¿por qué no desclasifican el memorando secreto firmado con Altri? ¿Qué hay en ese documento que no pueden explicar?”.

El portavoz popular, Alberto Pazos Couñago, se mantuvo en su postura de tachar de “bulos” las críticas de la oposición. “Me encantaría que el juzgado diga que se puede hacer pública esa documentación para poder acreditar todo lo que han mentido y para pedirles la dimisión”, agregó. También repitió la argumentación de su partido y de la Xunta para justificar el archivo del expediente de Altri: sostiene que no se debe a la fuerte oposición social, sino por la decisión “infame” del Gobierno central de no incluir en su planificación una subestación eléctrica que necesitaría ese proyecto.

El presidente de la Xunta y del PP gallego, Alfonso Rueda, ha validado la decisión del grupo parlamentario popular de bloquear al candidato a adjunto de la Valedora do Pobo presentado por el BNG, pese a que el pacto entre las dos formaciones era, siguiendo la costumbre de la Cámara gallega, que la segunda fuerza diese su apoyo para el nombramiento de la Valedora -en este caso, la renovación en el cargo de Dolores Fernández Galiño- y pudiese elegir al 'segundo' en la institución. Después de que el BNG votase a favor de Fernández Galiño, sin embargo, el PP anunció que no va a aceptar el nombre elegido por los nacionalistas, el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel por su activismo en defensa del medio ambiente y su implicación en la batalla contra proyectos como el de Altri.

Rueda acusa al BNG de tratar de “imponer su voluntad” y de haber presentado la propuesta en el registro sin haber negociado antes con el PP a propósito. “No es muestra de querer consensuar nada”, dijo, tras defender que tanto la Valedora como su adjunto son puntos que se tienen que consensuar. El BNG alegó la semana pasada que había registrado la candidatura por error, pero ahora asegura que no piensa cambiar su propuesta y acusa al PP de estar rompiendo con la costumbre pactada en el Parlamento de que el partido mayoritario proponga el nombre del Valedor o Valedora y la segunda formación, el de su adjunto o adjunta.

Para que haya acuerdo, añadió Rueda, el candidato debe tener “antecedentes de imparcialidad”. El PP ha cargado contra la posibilidad de que sea elegido De Abel porque forma parte de la junta directiva de la asociación ecologista Adega y ha dado asesoría jurídica para oponerse a proyectos como la macrocelulosa de Altri o algunos parques eólicos. El portavoz parlamentario de los populares, Alberto Pazos Couñago, afeó que el perfil del candidato propuesto por el BNG “tiene mucho más que ver con el activismo” que con la institucionalidad. Argumentó que él no negoció los nombre en el mandato anterior para evitar explicar por qué considera que no es aceptable De Abel cuando la última adjunta fue María Xosé Porteiro, que tuvo varios cargos en el PSdeG.

Fernández Galiño, que ha sido elegida por segunda vez como Valedora, sustituyó en el cargo en 2019 a Milagros Otero, que había dimitido tras ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por haber incurrido en desviación de poder y arbitrariedad al influir en la resolución que nombraba jefa de servicio de Administración e Persoal de la institución a María Puy Fraga, hermana del entonces portavoz parlamentario del PP gallego y hoy diputado en el Congreso, Pedro Puy; sobrina de Manuel Fraga Iribarne e hija del catedrático de Derecho Francisco Puy, del que Otero se considera discípula. La actual Valedora, por su parte, nombró subdirector general de la institución y responsable de la entonces recién creada Autoridade Galega de Protección á Persoa Informante al director de tesis de su marido y coautor con él de numerosos libros y artículos. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró que desconocía los vínculos existentes entre Fernández Galiño y Ron Latas, pero defendió que “siempre actuó con objetividad”.

El PP se niega, pese a lo pactado, a aceptar el candidato del BNG para adjunto a la Valedora do Pobo, el profesor de Derecho Administrativo Fernando de Abel Vilela. El portavoz parlamentario de la formación conservadora, Alberto Pazos, declaró que no le van a dar su apoyo porque consideran que su perfil no es institucional, sino que “tiene mucho más que ver con el activismo”. La afirmación se refiere a que De Abel forma parte de la junta directiva de la asociación ecologista Adega y ha dado asesoría jurídica para oponerse a proyectos como la macrocelulosa de Altri o algunos parques eólicos.

La postura del PP supone romper el pacto con el BNG, que sigue la costumbre del Parlamento de Galicia de que el partido mayoritario (en este caso, los populares) proponga el nombre del Valedor o Valedora do Pobo y el segundo grupo parlamentario haga lo propio con el adjunto o adjunta. Esto se tradujo en que Dolores Fernández Galiño fue apoyada para continuar en el cargo en febrero con los votos del PP y del BNG. Sin embargo, la formación conservadora se niega ahora a validar la propuesta del adjunto porque su relación con Adega lo hace, según Pazos, “incompatible” con ese puesto. En el mandato anterior la adjunta de Fernández Galiño fue María Xosé Porteiro, elegida a propuesta del PSdeG y que tuvo varios cargos en ese partido.

Sobre qué elementos hacen esta propuesta intolerable para el PP cuando la anterior adjunta fue diputada del PSdeG, Pazos replicó que él no estaba en su actual cargo cuando Porteiro fue elegida y no conoce “las circunstancias” en las que se produjo el nombramiento. En el caso de De Abel, insistió, “es pública y notoria” su actividad “con asociaciones de las que forma parte de su directiva (en referencia a Adega), que está en conflicto directo con cuestiones de máxima actualidad”. “Me parece que está alejado de lo que debe ser un perfil institucional; ese es nuestro entender. Pediría que hubiese una reflexión y se evitase el trámite de comparecer --en comisión, paso previo antes de la votación del candidato-- a sabiendas de que no va a obtener la idoneidad por parte de quien sostiene la mayoría de la Cámara”, avisó, recoge Europa Press.

El BNG, sin embargo, defiende que la candidatura es “impecable”. La viceportavoz del BNG, Olalla Rodil, aseguró que se llevó una sorpresa cuando Pazos la llamó para informarle de que no apoyarían a De Abel. “Es un hecho inaudito que, si llega a materializarse, será romper los acuerdos y la costumbre que rige en este Parlamento desde que se aprobó la ley de la Valedora”, protestó. Su propuesta, dijo, “cumple con todos los requisitos legales”. Rodil reclama al PP que recapacite y avisa de que su grupo no va a “aceptar vetos de carácter político” y no va a retirar la propuesta.

El BNG respaldó hace un mes la continuidad de Galiño, para la que eran necesarios tres quintos de los votos en el Parlamento. A cambio, debía elegir al adjunto, cuyo nombramiento requiere mayoría simple, de modo que el PP tiene capacidad de vetarlo. El pasado viernes trascendió que Fernando de Abel era la propuesta del BNG --que lo registró, según dijo, por un error técnico, y posteriormente lo retiró--, pero los populares manifestaron su malestar “por las formas” y advirtieron que era una propuesta que no tenía su visto bueno previo.

Fernández Galiño sustituyó en 2019 a Milagros Otero, que había dimitido tras ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por haber incurrido en desviación de poder y arbitrariedad al influir en la resolución que nombraba jefa de servicio de Administración e Persoal de la institución a María Puy Fraga, hermana del entonces portavoz parlamentario del PP gallego y hoy diputado en el Congreso, Pedro Puy; sobrina de Manuel Fraga Iribarne e hija del catedrático de Derecho Francisco Puy, del que Otero se considera discípula. La actual Valedora, por su parte, nombró subdirector general de la institución y responsable de la entonces recién creada Autoridade Galega de Protección á Persoa Informante al director de tesis de su marido y coautor con él de numerosos libros y artículos.

Consultado por elDiario.es, el organismo defiende los méritos de Ron Latas –“los mayores entre los presentados”–, recuerda que no hubo impugnación ni administrativa ni judicial y que “no existieron razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o cualquier motivo directo o indirecto de interés personal con el candidato que pudiera comprometer el ejercicio imparcial y objetivo del nombramiento”. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró que desconocía los vínculos existentes entre Fernández Galiño y Ron Latas pero defendió que “siempre actuó con objetividad”.

El fracaso del principal proyecto industrial del Gobierno de Alfonso Rueda es culpa de la oposición, dice Alfonso Rueda. Pese al entusiasmo burocrático y político con el que la Xunta defendió la idea de implantar una macrocelulosa en el corazón de Galicia, no fue capaz de llevarlo a término y la semana pasada anunció su archivo. De entrada responsabilizó al Ejecutivo de Sánchez por dejar la iniciativa de Altri fuera de la planificación eléctrica, pero en la sesión de control parlamentario de este miércoles ese argumentario quedó en segundo plano y BNG y Partido Socialista ocuparon el centro de su diana. Lo que Rueda no mencionó fue el formidable rechazo vecinal y ecologista, que organizó algunas de las manifestaciones más concurridas de los últimos años en la comunidad, ni las múltiples críticas de instancias científicas y expertas. El presidente gallego tampoco despejó otras incógnitas: se volvió a negar a desvelar el acuerdo secreto que firmó su gabinete con la empresa a través de la sociedad público privada Impulsa -hoy disuelta- y no aclaró si tiene un plan industrial más allá de Altri.

Fue Ana Pontón, la líder del BNG, quién se interesó por el ya célebre documento. “¿Qué esconde? ¿Qué dice ese papel para tener que ocultarlo a las gallegas y gallegos? Entréguelo ya a esta Cámara”, acabó su primera intervención. Antes había atribuido el final administrativo de la pastera “al pueblo gallego” y a las sostenidas movilizaciones coordinadas por la Plataforma Ulloa Viva. “El BNG acompañó”, dijo, “a la gente que defendió la dignidad y el sentido común. Es una victoria del pueblo gallego y su derrota personal”. Altri, a través de la compañía Greenfiber de la mano de un empresario coruñés, pretendía instalar en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo) una factoría que produjese 400.000 toneladas anuales de celulosa solube y 200.000 de fibra textil vegetal lyocell. Para ello absorbería 46.000 metros cúbicos diarios de agua del río Ulla -a escasos kilómetros de su nacimiento-, de los que devolvería 30.000 “convenientemente tratados”. El número de empleos que crearía osciló de los 2.500 prometidos por Feijóo a los menos de 500 directos.

“Alguien tiene que asumir la responsabilidad de apostar toda una política industrial a una carta perdedora”, insistió Pontón, “usted solo ha ofrecido el franquismo industrial de una macrocelulosa”. Pero si algo no hizo Rueda en su réplica fue asumir responsabilidades. Sí repartirlas. “Está siendo una sesión divertida”, quiso ironizar, “tratan de ponerse una medallita para ver quién impide que se instale industria en Galicia”. “Pero hay un claro perdedor, Galicia y su futuro”, añadió, como si él no fuese presidente de la comunidad desde 2022 y miembro de la primera línea de sus gobiernos -conselleiro y vicepresidente- desde 2009. “¿Qué le va a decir a los jóvenes que quieren trabajar en Galicia?”, le espetó a la portavoz nacionalista, “¿cuál es su Arcadia feliz y el futuro de los jóvenes?”. Él mismo no ofreció ninguna pista, más allá de una apelación genérica a la industria que, en abstracto, comparten todos los grupos con escaños en O Hórreo. Sobre por qué un día aseguró que, de no haber dinero europeo para Altri, la Xunta buscaría otras vías de financiación y después cambió de parecer sin mayores explicaciones no se pronunció.

La portavoz del BNG no dejó escapar esos silencios de Rueda. “Poco menos que Lugo va a ser el Lejano Oeste sin Altri”, criticó los discursos del PP tras dar carpetazo al proyecto, “hambre y atraso. Las 4.000 familias trabajadoras de A Ulloa, las 19.000 que viven del mar, ¿eso es atraso? Como no consiguieron imponer la macrocelulosa, va a haber hambre y atraso y ninguna política industrial, es lo que está diciendo”. Pontón tampoco calló ante la acusación de que su formación, al igual que el Partido Socialista, habían apoyado la iniciativa de la pastera y más tarde pasado a la oposición. “Ustedes vendieron una biofábrica y en realidad era una macrocelulosa. Se cuidaron muy mucho de no publicar el proyecto antes de las elecciones”, dijo. Alfonso Rueda repitió su argumentario en el turno de cierra, se refirió a que el Gobierno de Sánchez dejó sin conexión eléctrica “gracias a usted o a Besteiro” a la provincia de Lugo y lo tildó de sectario. No asumió ninguna responsabilidad.

Besteiro a Rueda: “Desclasifique los papeles de Altri”

El secretario general de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro, también había hablado de la macrocelulosa en su debate con Rueda, aunque fuera de pasada. “Usted no desclasifica los papeles de Altri. Es especialista en protestar por aquello en lo que no tiene competencias pero no en lo que sí”, definió la estrategia argumental del Partido Popular. Pero su preguntaba trataba sobre las relaciones entre la Xunta de Galicia y los ayuntamientos y lo que Besteiro entiende como “agresiones continuas” de Rueda a los principios de autonomía local, suficiencia económica e igualdad de trato de los consistorios. “Usted violenta las arcas municipales y saquea los concellos”, aseguró, “al atribuirles competencias impropias. Lo vemos con el servicio de ayuda al hogar o con la doble imposición del canon del agua”.

Alfonso Rueda lo negó. No aportó datos demasiado concretos pero sí frases: “Galicia es una de las comunidades en donde los ayuntamientos más participan de los impuestos que recauda el Gobierno autonómico”. También citó las modificaciones en las aportaciones al servicio de ayuda en el hogar -“pasa del 9,7% al 18% entre 2021 y 2028”- o las obras financiadas por el citado canon hidráulico. “Hay colaboración, hay acuerdos, hay lealtad”, resumió. Y atacó a Sánchez a propósito de la política de vivienda pública: “De las miles que ha prometido, ninguna en Galicia”. Besteiro le había recordado que en solo 15 días, el registro de demandantes en la comunidad había crecido en 667 personas, hasta los 29.800. El Gobierno de Rueda se ha comprometido a construir 10.000 en 2030 después de 15 años de gobiernos de su partido, y de los que él formaba parte como número dos o tres, de absoluta inacción en la materia.

El socialista le respondió que “sus desgracias no llevan el apellido de Sánchez, llevan el apellido de Feijóo” y, en esa línea, que “los problemas de Feijóo no son los problemas de Galicia”. Rueda no se dio por aludido y se revolvió con un “el Gobierno central no tiene una sola política de vivienda”. No le concedió ese estatus ni siquiera a medidas como la declaración de zona tensionada de alquiler que su propio gabinete ha dificultado en ciudades como A Coruña o Santiago de Compostela.

Los sucesivos gabinetes del Partido Popular en Galicia nunca acabaron de aclarar su hoja de ruta respecto a las energías renovables. Los bandazos legislativos se sucedieron durante los 17 años consecutivos que la derecha lleva gobernando la comunidad. Todavía se suceden, de hecho. Se lo recordó la oposición a Alfonso Rueda durante la sesión de control parlamentario de este miércoles, en el que los errores y cambios en la política eólica del Gobierno gallego protagonizaron la intervención de Ana Pontón, líder del BNG, y también se colaron en la de José Ramón Gómez Besteiro, secretario general de los socialistas gallegos. “Retire la silla que tienen las eléctricas en el Consello de la Xunta y gobierne para los gallegos”, le recomendó Pontón al presidente.

La argumentación de la nacionalista se remontó a 2009. “Anularon el concurso eólico [aprobado por el bipartito de PSdeG y BNG] con falsedades”, dijo. Tantas que el Tribunal Supremo declaró ilegal el proceso impulsado por Alberto Núñez Feijóo con el propio Rueda como conselleiro de Presidencia. “Vetan una tarifa eléctrica gallega que compense los costes ambientales y sociales de instalar los parques. Dijeron que no a una empresa pública. Y legislan al dictado de de las eléctricas”, añadió. Esta última afirmación la ilustró con un ejemplo, los 1,6 millones que se van a ahorrar en 2026 las empresas gestoras de ocho explotaciones de molinos de viento debido a una modificación del canon eólico relacionada con las repotenciaciones. En este punto la discusión se intensificó.

Alfonso Rueda replicó, en el medio de su habitual displicencia hacia Pontón -“usted ofrece datos a boleo, inexactitudes”- y su repertorio habitual contra el nacionalismo -“sus compañías son el Partido Comunista de Vietnam y Bildu”-, que esa modificación está suspendida y no entrará en vigor este año. A continuación, responsabilizó al recurso presentado contra la norma por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional y la consiguiente resolución. “¿No lo sabía?”, remachó. Pontón se detuvo en la contradicción: Rueda presumió de la suspensión al tiempo que la achacaba a Sánchez. “No dice usted una verdad ni por equivocación”, le afeó la portavoz del Bloque, “pero lo cierto es que aprobaron una modificación del canon eólico que beneficia a las eléctricas. Y las repotenciaciones no están paralizadas, siguen, y con dinero público”.

El presidente de la Xunta de Galicia no dejó escapar la mención de Pontón al concurso del bipartito. Su crítica al mismo no entró en realidad al fondo del asunto, los reveses judiciales que le supuso a los gobierno del PP tal vez le aconsejaron prudencia en ese punto, sino a revivir las tensiones entre Partido Socialista y BNG de dos décadas. La nacionalista se limitó a recordar que fue el Tribunal Superior, y después el Supremo, “el que dejó en evidencia sus mentiras”. “El 14% de los beneficios iba para las arcas públicas”, explicó. Rueda no respondió a ese dato concreto.

Besteiro: “Galicia merece un gobierno que no la trolee”

Tampoco respondió a los datos concretos con los que José Ramón Gómez Besteiro construyó su pregunta al presidente de la Xunta. Que esta cambió hasta en 14 ocasiones la normativa eólica, por ejemplo. O que incluso en el caso de que el Gobierno gallego cumpla con su propia propaganda sobre la construcción de vivienda pública -Rueda promete 10.000 pisos para 2030- solo habrá atendido a la tercera parte de personas a día de hoy apuntadas en el registro de demandantes, prácticamente 30.000. “¿Cuántas viviendas públicas ha entregado desde 2022 [el año en que Rueda tomó posesión como presidente]?”, inquirió. Los gobiernos de Feijóo de los que Rueda formó parte como conselleiro y vicepresidente dejaron de construir vivienda pública e incluso liquidaron proyectos en marcha del bipartito. Hace dos años, el PP inició una tímida rectificación, pero la maquinaria tarda en arrancar.

La intervención de Besteiro fue panorámica, lo que molestó al presidente. “No recuerda ni lo que preguntó cuando registró hace dos semanas la cuestión”, se revolvió. Y ante la falta de asideros a los que agarrarse, Rueda recurrió al eje principal de su argumentario: el Gobierno de Pedro Sánchez. “Los servicios públicos que dependen de nosotros tienen un buen desempeño. Los que dependen de otros y afectan a los gallegos, no”, se atrevió a resumir. Para justificarlo, habló del tren y sus problemas. Mientras, las huelgas en los servicios de autobuses urbanos e interurbanos en la provincia de A Coruña en reclamación de mejoras laborales se suceden sin que la Xunta, que tiene las competencias en la materia, consiga reconducir la situación. “Lleva usted 17 años subido a un coche oficial, cuatro como presidente. Galicia merece un gobierno que no la trolee”, acabó el socialista.

Sesenta y un votos a favor de los 75 que conforman el pleno del Parlamento de Galicia refrendaron a Dolores Fernández Galiño como Valedora do Pobo. El Partido Socialista se abstuvo: a esa formación pertenecían los nueve sufragios en blanco registrados. Pese a que las tres formaciones con representación habían aprobado la candidatura de Fernández Galiño por unanimidad en la Comisión de Peticións de la Cámara, y habían alabado su trabajo, los socialistas se desmarcaron del acuerdo. La Valedora ahora ratificada en su puesto ejerció en funciones desde agosto de 2024 hasta el pacto del pasado diciembre materializado este martes en pleno.

Fernández Galiño sustituyó en 2019 a Milagros Otero. Esta dimitió tras ser condenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por haber incurrido en desviación de poder y arbitrariedad al influir en la resolución del 4 de marzo de 2018 que nombraba jefa de servicio de Administración e Persoal de la institución a María Puy Fraga, hermana del en aquel momento portavoz parlamentario del PP gallego y hoy diputado en el Congreso, Pedro Puy, sobrina de Fraga Iribarne e hija del catedrático de Derecho Francisco Puy, del que Otero se considera discípula. Ella misma lo admitía en la resolución de abstención por la que, aparentemente, se retiró del procedimiento. En ese documento, Otero argumentaba su inhibición con referencia al artículo 28.2 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo, aprobada en 1992, y que versa sobre los motivos de abstención en un procedimiento. Uno de ellos, recogido en el apartado a), sería “tener interés personal en el asunto de que se trate”. El c), “tener amistad íntima o enemistad manifiesta” con cualquiera de los interesados (la ley vigente, de octubre de 2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, lo mantiene).

La actual Valedora, por su parte, nombró subdirector general de la institución y responsable de la entonces recién creada Autoridade Galega de Protección á Persoa Informante, con un salario de 72.000 euros brutos anuales, al director de tesis de su marido y coautor con él de numerosos libros y artículos. La propia Fernández Galiño realizó la entrevista final a Ricardo Ron Latas, es decir, al contrario que Otero no se abstuvo en el procedimiento de selección. Consultado por elDiario.es, el organismo defiende los méritos de Ron Latas –“los mayores entre los presentados”–, recuerda que no hubo impugnación ni administrativa ni judicial y que “no existieron razones familiares, afectivas, de afinidad política, de interés económico o cualquier motivo directo o indirecto de interés personal con el candidato que pudiera comprometer el ejercicio imparcial y objetivo del nombramiento”. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró que desconocía los vínculos existentes entre Fernández Galiño y Ron Latas pero defendió que “siempre actuó con objetividad”.

La Autoridade Galega de Protección á Persoa Infomante comenzó a funcionar en noviembre de 2024. Durante los dos primeros meses, archivó las 14 comunicaciones que recibió, según los últimos datos disponibles, recogidos en el informe de la Valedora do Pobo 2025. Lo más parecido a un organismo equivalente en Catalunya, la Oficina Antifrau de Catalunya, se constituyó en 2009 y, en todo 2024, tramitó 1.291 denuncias. Admitió, previa evaluación de verosimilitud, 1.217. Cerró 79 actuaciones de investigación y seis de colaboración con distintos cuerpos policiales. Además, 41 “personas alertadoras” pidieron protección, 29 de esas peticiones se tramitaron y hay 16 solicitantes considerados “personas informantes protegidas”.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido la puesta en marcha de una comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para aclarar las circunstancias en las que se firmó el memorando de entendimiento entre la Xunta y la multinacional Altri.

Así lo trasladado en un comunicado remitido a los medios, y recogido por Europa Press, en el que ha pedido al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que dé explicaciones públicas sobre el acuerdo que el propio Gobierno gallego admite ahora que se firmó al margen del control administrativo.

Para Besteiro, la gravedad de estas informaciones, desveladas por Praza.gal, obliga al máximo responsable del Ejecutivo gallego a dar la cara y explicar qué sabía, cuándo lo supo y qué consecuencias puede tener este pacto para Galicia.

El reglamento del Parlamento marca que el debate de la puesta en marcha de una comisión de investigación puede ser llevado a pleno a propuesta de dos grupos parlamentarios o de la quinta parte de los diputados de la Cámara, por lo que el PSdeG, con nueve diputados, necesitaría el apoyo de parlamentarios del BNG para que se debata.

Las normas del parlamento también indican que podrá crearse de forma automática una única Comisión de investigación por legislatura si lo solicitase un tercio de los diputados de la Cámara que pertenezcan a un mismo grupo parlamentario, o las dos quintas partes de los parlamentarios. Una 'bala de plata' que el BNG ya utilizó para investigar los contratos de la Xunta durante la pandemia y el coste de las obras del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.

Hecho “extremadamente grave”

El jefe de filas del PSdeG ha advertido de que se trata de un hecho “extremadamente grave” desde el punto de vista político e institucional, ya que implica que un conselleiro pudo firmar un acuerdo de enorme trascendencia económica, territorial y ambiental “sin control político ni transparencia pública”.

“No es creíble que la Xunta no sepa qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Si no lo sabe, el problema es gravísimo. Y si lo sabe y no lo explica, también”, ha señalado.

Besteiro ha sostenido que el PSdeG fue el primer grupo en advertir en el Parlamento de Galicia de que este proyecto “nacía rodeado de opacidad” y ha señalado que los socialistas denuncian desde finales de 2023 el “oscurantismo” que rodea a “Impulsa Galicia, una sociedad instrumental utilizada por la Xunta para impulsar proyectos estratégicos al margen del control y de al transparencia parlamentaria”. “El tiempo nos está dando la razón. Lo que está pasando es grave y no se puede normalizar”, ha afirmado.

El PSdeG señala que, según la información conocida, el memorando fue firmado en 2021 por Francisco Conde, entonces vicepresidente de la Xunta y conselleiro de Economía, en el marco de Impulsa Galicia, sin que el propio Gobierno gallego aclare cuál era su contenido ni qué compromisos se asumieron en nombre de Galicia. Para Besteiro, esta explicación es “políticamente insostenible e incompatible con el funcionamiento normal de un gobierno democrático”.

“Hablamos de un memorando firmado en una etapa en la que Conde era la mano derecha de Feijóo. Pretender ahora que un acuerdo de estas dimensiones, con posibles consecuencias millonarias para el erario público, se firmó sin conocimiento político al más alto nivel no resulta verosímil”, ha advertido.

Además, el dirigente socialista ha considerado que “sería extremadamente grave” que ese documento “secreto” incorporase algún tipo de blindaje legal para la empresa, que pudiese abrir la puerta a que Altri reclame millones de euros e indemnizaciones con cargo a fondos públicos. “Estaríamos ante un nivel de irresponsabilidad política inadmisible con consecuencias económicas muy serias para Galicia”, ha señalado.

“No estamos hablando de un trámite administrativo ni de un acuerdo técnico menor. Estamos hablando de un pacto que condiciona un proyecto estratégico, con impacto territorial, ambiental y económico, y que puede implicar el uso de fondos públicos”, ha dicho.

Además, ha puesto en cuestión que un conselleiro pudiese actuar al margen del presidente y del Consello de Gobierno. “Si esto ocurrió sin conocimiento del presidente, estamos ante un problema muy serio de funcionamiento institucional. Y si esto ocurrió con conocimiento, alguien está ocultando información”, ha advertido para asegurar que “hay dos versiones claramente contradictorias y solo el Parlamento puede aclarar que pasó realmente”.

Por todo ello, Besteiro ha considerado imprescindible que Feijóo y Francisco Conde, hoy diputados en el Congreso, comparezcan en una Comisión de investigación en el Parlamento de Galicia para explicar quién firmó, con qué contenido, con qué mandato político y con qué consecuencias para Galicia. “Es una cuestión de transparencia, de responsabilidad política y de respecto a la ciudadanía. Galicia merece saber qué se hizo y en nombre de quién”, ha asegurado.

Alfonso Rueda prefirió no hacerlo. Ante la situación de la atención primaria y las urgencias de la sanidad pública gallega, que usuarios y trabajadores no dudan en calificar de colapso y que el BNG le afeó en la sesión de control parlamentario, el presidente de la Xunta de Galicia optó por evasivas en forma de ataques. A Ana Pontón, líder nacionalista, al Gobierno de Pedro Sánchez y al bipartito que gobernó la comunidad hace 17 años. “Algarada y conflicto” es, una vez más, lo único que Rueda percibe en la oposición. “Lleva 32 años en coche oficial y 17 en la Xunta, pero no tiene respuesta para nada”, resumió Pontón la actitud del presidente gallego.

La portavoz del Bloque había realizado antes un breve repaso de los problemas que cercan la materia. Los sucesivos ejecutivos del Partido Popular, dijo, han recortado 1.650 millones de euros en medicina de familia, hay unos 11.000 niños y niñas sin pediatra, los seguros privados han aumentado un 166% y la precariedad está a la orden del día: afecta a un 54% del personal de enfermería y a un 48% del de medicina. “Y ahora vendrá con su manual de escapista”, añadió Pontón, “y me acusará a mí o a los gallegos y gallegas que se manifiestan”. No anduvo muy desencaminada. “Usted siempre igual. Hay manifestación el domingo [la ha convocado la plataforma SOS Sanidade Pública] y pregunta el miércoles”, le respondió Rueda, “pero los médicos hacen una huelga contra el Gobierno central [en referencia a las protestas contra el estatuto marco convocadas por algunas organizaciones] y usted protesta contra la Xunta [que gestiona las competencias sanitarias en la comunidad]”.

El presidente de la Xunta tampoco evitó otro de sus lugares retóricos predilectos, el bipartito. Lo usa a menudo para atacar a la oposición, pese a los 17 años transcurridos desde que perdió las elecciones. “El bipartito privatizó cuatro veces más que nosotros”, aseguró sin explicar de dón procedía su cálculo ni en qué lo basaba, justo antes de afirmar que el BNG vendía su dignidad en la Deputación de Lugo. Era una referencia al acuerdo con el PSdeG para apoyar a la substituta de José Tomé, denunciado por acoso sexual en un canal interno de los socialistas. Pontón insistió en su segundo turno e ironizó con “la amnesia” de Rueda: “Se le olvida que es presidente de la Xunta”. Fue en el cierre cuando este deslizó algún dato referente a lo concreto del debate que había planteado la nacionalista, aunque la comparación con el bipartito casi dos décadas después lo convierta en anacrónico: “Dedicamos un 50% más a la sanidad que el bipartito”. Incluye, como recordó Pontón, los 341 millones derivados a la privada.

Sin modelo de financiación autonómica

El portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, se había interesado por qué modelo de financiación autonómica defiende Alfonso Rueda. Este no lo aclaró. Lo que sí hizo fue cargar contra la propuesta del Gobierno central y enumerar todos y cada uno de los puntos del habitual argumentario de Génova, de Ábalos a Óscar Puente y el independentismo catalán. “Usted no tiene el mínimo rigor”, le espetó, “y lo que es de todos se reparte entre todos”. “Una de sus características como presidente es la previsibilidad”, se resignó Besteiro, para quien el silencio del presidente de la Xunta sobre qué financiación autonómica es la más adecuada para Galicia solo puede obedecer a dos motivos: “O bien no tiene modelo, o bien lo tiene y no quiere enseñarlo”.

Rueda no se movió. Tampoco resistió la tentación de lanzarse de nuevo contra Pedro Sánchez y “su gobierno chantajeado y sin punch”.

Varias personas resultaron heridas tras una colisión múltiple entre una docena de turismos en la autopista AP-9, a su paso por el municipio coruñés de Oroso. Entre ellos, los diputados del PPdeG Gonzalo Trenor y Roberto Rodríguez. La causa parece haber sido una fuerte granizada.

Según la información del Instituto Armado, recogida por Europa Press, el suceso se produjo sobre las 09.10 horas de este martes en el punto kilométrico 53 sentido Pontevedral. En la colisión hay entre 12 y 14 turismos implicados y varias personas heridas.

Como consecuencia del accidente hay más de dos kilómetros de retenciones y la autopista está cortada en sentido Santiago de Compostela para los vehículos pesados. Con todo, está habilitado un carril para turismos.

Por ello, se realiza un desvío sentido norte en la salida de Ordes hacia la N-550. En el punto se encuentran dos patrullas de la Guardia Civil, atestado y otra en el punto del desvío. Actualmente, se está procediendo a la retirada de vehículos y está habilitado un carril para toda la circulación

Trenor y Rodríguez fueron trasladados al hospital, en principio, con heridas de carácter leve, según fuentes del grupo parlamentario popular. Otros diputados que se dirigían, como ellos, al pleno del Parlamento de Galicia, se vieron afectados por las retenciones. Los grupos acordaron un cambio en el orden del día de la sesión, que obligó a posponer el debate de la Ley del Clima.

El Consello de Contas tira la toalla. El Plan Anual de Trabajo para 2026 del ente fiscalizador del sector público en Galicia no incluye la auditoría de las cuentas del Parlamento autonómico. El órgano se rinde después de intentarlo sin éxito durante los dos últimos años, una aspiración que fue frenada sobre la bocina con un cambio en el reglamento de la propia Cámara, respaldado de forma unánime por las tres fuerzas políticas representadas en su Mesa. Contra este “decaimiento” se ha presentado un voto particular, el del conselleiro Simón Rego.

Pese a que comenzó a funcionar en 1991 –diez años de su creación en el Estatuto de Autonomía–, el Consello de Contas no había decidido fiscalizar la actividad del Parlamento hasta 2024. El 30 de julio de ese año finalizaba el plazo para que la Cámara le remitiese toda la documentación sobre el ejercicio previo; sin embargo, lo que sucedió fue algo muy diferente: la Mesa del Parlamento aprobó con el apoyo de sus tres partidos integrantes –PP, BNG y PSdeG– modificar el reglamento de la institución para declarase inauditable.

El acuerdo, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) a mediados de agosto, eliminaba la disposición tercera del artículo 23, donde se recogía literalmente que las cuentas del Parlamento y la Valedora do Pobo serían enviadas, tras su aprobación, al Consello de Contas y publicadas en el Boletín Oficial del Parlamento de Galicia.

El argumento tras ese cambio se basaba en que la ley que creó el Consello lo configuró como un órgano asesor del Parlamento, directamente dependiente de él, y se amparaba en la Constitución para justificar la modificación: en el artículo 153, donde se indica que el control económico y presupuestario de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá por el Tribunal de Cuentas, y en el 136, que expone las funciones fiscalizadoras de este Tribunal.

En un primer momento, la decisión de la Mesa no convenció al Consello de Contas, que en 2025 volvió a incluir la fiscalización de la cuenta general de la Cámara en su plan de trabajo anual. El resultado fue idéntico: el Parlamento aceptó el resto del documento pero se negó de nuevo a ser auditado. En el Plan de 2026, que acaba de ser publicado en la web del ente, el Consello asume su derrota y renuncia a realizarlo.

“Riesgo para la independencia”

El Plan de Trabajo se cierra con el voto particular de uno de los cinco conselleiros, Simón Rego, en el que se muestra muy crítico con la rendición de sus compañeros. “Manifesto mi discrepancia en lo que supone de imposibilitar el cumplimiento de un mandato jurídico obligatorio para la institución, así como de desconocimiento de las competencias de la institución en la aprobación de su Plan Anual de Trabajo”, escribe.

El conselleiro relata que la decisión de “decaer” la fiscalización de la Cámara se tomó en el pleno del Consello del 19 de diciembre y que fue una “consecuencia” del acuerdo de la Mesa del Parlamento del 4 de febrero de 2025 que acordó “admitir a trámite todo el plan de trabajo para el año 2025 excepto la dicha fiscalización”. Ese plan es una “competencia propia exclusiva” del ente. Por tanto, entiende que la interpretación de sus cuatro compañeros conlleva “un riesgo muy significativo” para la “independencia” de la labor de control al asimilar “recomendaciones o sugerencias de la Comisión Parlamentaria con mandatos imperativos”.

Además, Rego señala que, tal y como indica el propio reglamento del Consello, el Parlamento le remitirá “sus cuentas generales antes del 30 de julio del año siguiente al del ejercicio económico al que correspondan, para su fiscalización”. Algo que, según dice, hizo todos los años excepto en el que sabía que sería auditado. Esto, dice, crea un precedente que podría ser utilizado por fundaciones públicas u otras entidades del sector.

El Parlamento pone el foco en Jácome en vísperas de elecciones municipales

Que el Parlamento se declare inauditable no significa que no pueda seguir realizando recomendaciones al Consello. El Plan de Trabajo para 2026 recoge varias. Entre ellas, la fiscalización selectiva del concello de Ourense, gobernado por la Democracia Ourensana de Gonzalo Pérez Jácome. Es la única recomendación específica de la Cámara en un ámbito, el de las corporaciones locales, en el que el ente pondrá el acento durante este ejercicio, previo a las próximas elecciones municipales.

El Consello analizará el control de ingresos de los ayuntamientos, la gestión de las concesiones de servicio y dominio público en los de más de 50.000 habitantes. También diseccionará los contratos de patrocinio o los ingresos recibidos por la gestión y reciclaje de envases y, en colaboración con el Tribunal de Cuentas, se fiscalizará el servicio de ayuda en el hogar y la atención a las personas sin techo.

El Consello analizará cómo se aplicaron los fondos Next Generation en las residencias gallegas, el programa de fomento de la minería entre 2022 y 2024. También dedicará informes a la gestión de SOGAMA, la empresa encargada de la gestión de residuos y el contrato-programa entre el Servizo Galego de Saúde y la empresa pública Galaria. En 2026 se conocerán otros informes, ya en marcha, como la auditoría de las zonas de bajas emisiones, el análisis de la eficiencia de las dos fusiones municipales gallegas o una auditoría “exprés” sobre la tasa turística que A Coruña y Santiago comenzaron a aplicar desde este otoño.

La sombra de Alfonso Villares, ex conselleiro de Mar, sobrevoló este miércoles la sesión de control al presidente de la Xunta en el Parlamento de Galicia. “Viene usted a darnos lecciones de feminismo, señor Rueda”, le espetó la líder del BNG, Ana Pontón, “cuando mantuvo a su lado durante meses un conselleiro que usted sabía que estaba denunciado ante la Policía por agresión sexual”. Villares solo dimitió una vez trascendió públicamente su situación al abrir una investigación el Tribunal Superior. Rueda y su gabinete lo despidieron entre risas y abrazos. De fondo del debate de este miércoles, las denuncias por acoso registradas en un canal interno del PSOE que están sacudiendo su organización gallega, pese a que el portavoz socialista, José Ramón Gómez Besteiro, no participaba en la discusión.

Pontón preguntaba en realidad por la posición del Gobierno gallego ante la multinacional portuguesa Altri, que pretende instalar una macrocelulosa en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo), lo que ha despertado un enorme malestar social. La última muestra del mismo sucedió este domingo, cuando miles de personas volvieron a las calles de Santiago de Compostela para mostrar su oposición a un proyecto cuestionado además por ecologistas, profesores universitarios y expertos ambientalistas. Altri no ha conseguido fondos europeos ni conexión a la Red Eléctrica, lo que, sumado a la contestación ciudadana, ha enfriado el entusiasmo de Rueda con la idea. “La vida de la gente es más importante que la cuenta de resultados de una empresa”, dijo la nacionalista, que se dirigió a Rueda: “¿Usted va a seguir de comercial de Altri? No se esconda detrás de los técnicos, apoyar la macrocelulosa fue su decisión política”.

El presidente de la Xunta apenas entró en la cuestión, más allá de reiterar su “absoluto respecto a lo que dicen los técnicos”. Los de la Xunta, no los del Ejecutivo central, claro, que negaron que Altri reuniese las características necesarias para optar al PERTE de descarbonización. Rueda prefirió responder al mensaje con el que había arrancado su intervención la portavoz del Bloque, el de “tolerancia cero con la violencia machista” y contra “respuestas que no están a la altura cuando afecta a responsables políticos”. “El feminismo es más necesario que nunca”, había dicho Pontón. Rueda se revolvió en tono agresivo.

“¿Qué van a hacer en la Deputación de Lugo si Tomé [ex presidente socialista de la institución, denunciado internamente por acoso sexual] es necesario para que ustedes sigan en ese gobierno?”, fue lo que se le ocurrió. La mayoría absoluta en el ente provincial depende efectivamente de Tomé, expulsado del Partido Socialista pero que mantiene el acta. El argumento resulta, sin embargo, reversible, como le recordó Pontón: “¿Van ustedes a valerse de un supuesto acosador para llegar a la presidencia de la Deputación de Lugo?”. Fue entonces cuando la nacionalista mencionó lo sucedido con Alfonso Villares, el conselleiro dimitido tras una denuncia por agresión sexual -la investigación está abierta- y a quien sus compañeros despidieron en público entre abrazos. Rueda no se refirió al asunto. Sí repitió su acostumbrado arsenal contra la líder de la oposición: “tan brava aquí, tan mansa en Madrid”, “es difícil tomar en serio algunos de sus disparates”, “lleva 25 años atornillada al banco de la oposición”.

“Ourense es fundamental”

José Ramón Gómez Besteiro, secretario general del PSdeG y su portavoz en la Cámara gallega, no participó este miércoles en la sesión de control. Lo hizo el único diputado de Democracia Ourensana, Armando Ojea, quién situó al presidente de la Xunta ante una disyuntiva: “¿Va a priorizar las inversiones en el litoral gallego, tal y como acordó su partido en comisión, o, por el contrario, su prioridad será la recuperación de la provincia de Ourense tras los incendios?”. Rueda le contestó que “por algo” el PP es el primer partido de la provincia y que para esa formación “Ourense es fundamental”. Pero no se resistió a lanzar un ataque a Besteiro, pese a que este no tenía posibilidad de responder, por la situación que atraviesa el Partido Socialista derivada de las denuncias por acoso registradas en un canal interno.

Que los sucesivos gobiernos del Partido Popular que han ocupado la Xunta de Galicia redujeron la política de vivienda pública a la anécdota es un hecho basado en datos objetivos. Lo recordó este miércoles Ana Pontón durante la sesión de control al presidente gallego Alfonso Rueda: “Vuelva al planeta Galicia, usted no lleva dos años gobernando, lleva 16 años dinamitando la política de vivienda”. La líder del BNG lo interpelaba por uno de los principales problemas de la ciudadanía gallega -así lo recogen estudios y sondeos-, el derecho a un lugar donde vivir y le afeó sus promesas incumplidas en la materia. La primera, las 4.000 viviendas públicas que comprometió el pasado año para estar terminada en 2028. Alfonso Rueda lo negó y aseguró, sin concretar, que están en construcción.

“Hay 22.680 personas en el registro de demandantes de vivienda protegida”, arrancó Pontón su pregunta, “y lo cierto es que tienen más posibilidades de que les toque la Lotería de Navidad que una vivienda protegida”. A continuación, criticó que la derecha siempre haya preferido la especulación al derecho a la vivienda -recogido en la Constitución española- y que sus actuaciones se reduzcan a “bulos, propaganda y mentiras”. Si en 2024, el Gobierno gallego afirmó que en cuatro años terminaría 4.000 de promoción pública, solo han entregado, en cifras del ministerio del ramo citadas por Pontón, 47. “Ánimo, ya solo le quedan 3.953”, ironizó la nacionalista.

A Rueda no le hizo gracia. Dijo que las viviendas prometidas están en construcción y, con una peculiar manera de medir el paso del tiempo, que solo ha pasado un año desde su anuncio. En realidad, un año y diez meses, ya que sucedió durante la campaña de las elecciones de febrero de 2024, las de la primera mayoría absoluta del presidente gallego. Este, en todo caso, añadió que hay obras en más de 20 ayuntamientos y que algunos -citó Pontevedra, donde reside- los gobierna el BNG. La consellería María Martínez Allegue había afirmado un día antes que son 3.000 las que están “en tramitación” y las mil restantes lo estarán el año que viene. “[Las 4.000 viviendas públicas] van a estar construidas en 2028”, insistió el presidente. Fue cuando Ana Pontón mencionó la realidad: ni un año, ni un año y diez meses, Rueda forma parte de los ejecutivos populares en Galicia desde 2009 y es su jefe desde 2022. “Las últimas viviendas públicas que la Xunta entregó en Santiago de Compostela”, usó Pontón como ejemplo de la desidia del PP al respecto, “las entregó una conselleira del BNG”. Teresa Táboas, del bipartito entre socialistas y nacionalistas que gobernó la comunidad entre 2005 y 2009.

“¿Están construyendo 4.000 viviendas? Dígame dónde e iré a verlas. Pero se trata de un bulo más”, consideró la portavoz del Bloque, antes de sintetizar tres propuestas de su formación sobre el objeto de debate: “Compren vivienda para destinar a alquiler social, decreten protección permanente y adquieran aquella vivienda protegida que sale al mercado”. Rueda lo desdeñó, despreció una vez más a su interlocutora -“no sabe cómo funciona una administración”, “esas caritas que pone”- y se inventó que los nacionalistas habían instado a la Xunta a expropiar pisos.

Besteiro a Rueda: si autoriza Altri, “va a cruzar la raya de la prevaricación”

La táctica de José Ramón Gómez Besteiro, portavoz del Partido Socialista, para interrogar a Rueda fue distinta. Su grupo había registrado una pregunta sobre las políticas de bienestar del Gobierno gallego -el reglamento de la Cámara gallega obliga a hacerlo con casi diez días de antelación- pero llegada la hora se descolgó de la misma y arremetió contra la posición de la Xunta respecto del proyecto de macrocelulosa de Altri. Su jugada le valió una reprimenda amable del presidente del Parlamento, Miguel Santalices, y una ristra de descalificaciones de Rueda. “Con usted hablar de cualquier cosa en serio es cada día más difícil”. Y aunque en su primer turno, este había asegurado que no tenía inconveniente en hablar sobre Altri, lo cierto es que no lo hizo, más allá de volver a escudarse en los técnicos. En los autonómicos, claro.

Besteiro había enumerado todos los reveses que ha recolectado Altri en los últimos meses y mencionado el paradójico apoyo de Rueda a una iniciativa que, además, suscitó un enorme malestar social. “Es un proyecto vacío, muerto, no es autorizable”, resumió. Sin dinero de Europa ni el favor del Gobierno central, la Xunta debe ahora decidir si otorga la Autorización Ambiental Integrada. La opacidad que ha dominado la información sobre las relaciones entre la Administración autonómica y la empresa de matriz portuguesa impiden saber con exactitud cuando expira el plazo, pero para Besteiro, “si Rueda no tiene el valor de denegar la autorización, además de un error político, estará cruzando la raya de la prevaricación”.