Podemos Castilla-La Mancha cree que en el Congreso de los Diputados existe una “mayoría democrática con la que es posible y necesario aprobar” el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.

En un comunicado difundido este martes, Irene Arcalá, coordinadora autonómica de la formación, ha asegurado que ha tendido la mano “para que la reforma salga adelante” y lo haga “salvando la democracia” de Castilla-La Mancha y con la participación de aquellos partidos a los que “el golpe electoral de Cospedal” dejó fuera de las Cortes Autonómicas.

En este sentido, afirma que “el actual sistema electoral está hecho por Cospedal para que gobierne la derecha y pone la alfombra roja para que gobierne VOX”. También se ha mostrado tajante: “Solo hay dos opciones: democracia o fascismo, y la opción de la democracia depende de aprobar una enmienda que amplíe la propuesta que el PSOE pactó con el PP”.

Por su parte, el también coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha alertado del “peligro de que el PSOE de Castilla-La Mancha vuelva a caer en la trampa de PP y VOX con el Estatuto, tratando de aprobarlo con quienes quieren eliminar la democracia y los derechos y ya han traicionado al PSOE dos veces y recortado progresivamente el Estatuto en cada concesión socialista”.

Prepara con IU una enmienda electoral conjunta

Sobre la enmienda electoral conjunta que la formación está preparando de forma conjunta con Izquierda Unida para presentar al PSOE, Podemos ha asegurado que pretende dar al PSOE “una alternativa conjunta para buscar un acuerdo que saque adelante el Estatuto y lo haga salvando la democracia consiguiendo representación electoral”. “Esta propuesta permitirá articular una mayoría en el Congreso de los Diputados que haga posible aprobar el Estatuto dejando de lado la amenaza fascista de PP-VOX”, han zanjado desde la formación morada en la región.

El secretario general del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha mostrado su “profunda preocupación y desacuerdo” ante la decisión adoptada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados de “dinamitar el consenso político y social que habíamos sido capaces de forjar” en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En un escrito dirigido al secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, Gutiérrez ha recordado que las Cortes de Castilla-La Mancha “representan la voluntad popular” de los castellano-manchegos, razón por la cual lo acordado en su seno “no es un mero pacto entre partidos, sino la expresión institucional de esa voluntad colectiva”.

“Cuando se trabaja en la construcción de un acuerdo, es legítimo que cada formación política plantee sus líneas rojas”, ha esgrimido el dirigente socialista. Sin embargo, cuando esos acuerdos “se alcanzan, se firman y se refrendan por los parlamentos, romperlos no es solo una deslealtad política: es un desprecio a las reglas del juego democrático y a los ciudadanos que las sostienen”, ha añadido Gutiérrez.

La carta incide en el cambio de postura del 'número dos' de los populares, ya que “meses antes en Cuenca, defendía el acuerdo del Estatuto como la mejor expresión del espíritu de la Transición y justificaba el aumento del número de diputados por la evidente infrarrepresentación de nuestra comunidad”, asegura.

Reclama “el mismo respeto” que cualquier otra CCAA

“Lo que resulta aún más incomprensible”, continúa Gutiérrez, “es que esas mismas exigencias planteadas por Vox en Extremadura —como la reducción a 33 del número de diputados— fueran rechazadas por el Partido Popular en su acuerdo de gobierno en dicha comunidad”.

Por todo ello, el dirigente socialista pregunta a Tellado “¿por qué para el Partido Popular Extremadura, con cerca de un millón de habitantes menos, tiene derecho a contar con el doble de representantes que Castilla-La Mancha? ¿Por qué el voto de un extremeño parece valer el triple que el de un castellano-manchego para su formación política? ¿Y por qué las condiciones que rechazaron en Extremadura son precisamente las que hoy utilizan para bloquear el Estatuto de Castilla-La Mancha, texto fundamental para el desarrollo institucional de nuestra región?”

Gutiérrez culmina su escrito “exigiendo” la retirada de la enmienda presentada y “reclamando” para Castilla-La Mancha “el mismo respeto que el Partido Popular dispensa a cualquier otra comunidad autónoma”.

Carolina Agudo, PP: “Quieren tener más cargos”

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha preguntado a los socialistas de la región si “de verdad están dispuestos a echar por tierra el Estatuto de Castilla-La Mancha sólo porque quieren más políticos”.

Una pregunta que la 'número dos' del PP lanzaba en la carta que ha escrito al secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, y que responde a otra misiva que este remitía esta mañana al secretario general del PP, Miguel Tellado, exigiéndole “la retirada de la enmienda presentada” al texto del Estatuto y reclamándole para la región “el mismo respeto que el Partido Popular dispensa a cualquier otra Comunidad Autónoma”.

A Agudo le parece “incomprensible” que Sergio Gutiérrez envíe una carta al secretario general del PP partiendo de una premisa “absolutamente falsa y retorcida, mintiendo desde el primer párrafo”, aunque ha subrayado que no le “sorprende especialmente” porque es la “forma habitual de proceder” del 'número dos' del PSOE: “la de manipular e intentar engañar a los ciudadanos”.

“No sólo miente usted cuando nos acusa de dinamitar el consenso político y social en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino que, muy al contrario, son usted y su partido, el PSOE, los que quieren dilapidar ese acuerdo anteponiendo sus intereses partidistas al bienestar y la calidad de vida de los castellanomanchegos”, subraya la dirigente 'popular'.

“Es obvio -asegura- que los socialistas quieren más políticos” en Castilla-La Mancha, “quieren tener más cargos, más prebendas partidistas, más coches oficiales”, pero el Partido Popular, --dice-- lo que quiere para Castilla-La Mancha “son más profesionales sanitarios, más profesores, mejores hospitales y colegios, más y mejores infraestructuras y unos servicios públicos de la máxima calidad”.

“Nuestra prioridad es Castilla-La Mancha; la suya aumentar el número de cargos políticos. Por tanto, cuando se pregunta por la falta de respeto a los ciudadanos de la región, mírense ustedes al espejo y tendrán una respuesta firme y contundente”, añade Agudo.

No hablan de hospitales; no hablan de colegios; no proponen ningún acuerdo para mejorar la vida de los castellanomanchegos, hoy en los peores indicadores del país después de 40 años de socialismo en la región

Carolina Agudo — Secretaria general del PP en Castilla-La Mancha

En su carta a Tellado -censura la dirigente del PP- “sólo hablan (los socialistas) de tener más diputados y esa parece su única inquietud”. “No hablan de hospitales; no hablan de colegios; no proponen ningún acuerdo para mejorar la vida de los castellanomanchegos, hoy en los peores indicadores del país después de 40 años de socialismo en la región”.

Los 'populares' aseguran, además, ver “con sorpresa” cómo los socialistas pretenden “saltarse las instituciones” y “no respetar los procedimientos constitucionales”, negando al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, su derecho a debatir sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha y enmendarlo en lo que legítima y democráticamente consideren conveniente.

Ha lamentado igualmente que Gutiérrez hable de una sola enmienda de las 11 presentadas por el Partido Popular, cuando “la realidad es que el Estatuto de Castilla-La Mancha ha recibido 97 enmiendas, 21 de ellas del PSOE, sin olvidar que la que tanto preocupa al PSOE, ya se presentó el 24 de octubre de 2024 en las Cortes regionales”.

Es decir, añade Agudo, “no es una novedad”. “Es nuestra posición de siempre, conocida sobradamente por los socialistas, sobre la que ahora quieren polemizar, una vez más, por sus intereses puramente partidistas”.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este lunes que se niega a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea como el Estatuto de Bayona, “un estatuto impuesto, cercenado por las Cortes Generales y manipulado”.

“Lo que no se permitiría para Cataluña, para Andalucía, para el País Vasco o para cualquier comunidad autónoma, no se debe permitir para Castilla-La Mancha”, ha apostillado Bellido en Toledo durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Parlamentario celebradas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Su posición personal --ha abundado-- es que el Estatuto de Castilla-La Mancha debe ser aprobado con las correcciones que los constitucionalistas establezcan para ajustar las cuestiones competenciales oportunas y para respetar evidentemente el marco estatal en su totalidad.

“Nosotros no hemos querido provocar en ningún caso” y “nadie espera en la Comisión Constitucional ni en el Congreso de los Diputados que el Estatuto de Castilla-La Mancha suponga cercenar las competencias del Estado como sí ha ocurrido en otros estatutos”.

Dicho esto, y “salvando estas cuestiones que evidentemente son técnicas y que deben ser muy pulcras”, ha apuntado que “ha de respetarse lo que se aprobó en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha y sobre todo lo que fue confeccionado con la participación de los principales poderes sociales y representativos de Castilla-La Mancha, además de los partidos políticos”.

Por eso, ha confiado en que “en algún momento podamos tener un magnífico Estatuto de Autonomía a la altura del resto de comunidades autónomas y aprobado por amplísimo consenso”. “Si hemos sido capaces de darle trámite y de iniciar el debate, debemos ser capaces de concluirlo satisfactoriamente y sin traicionar lo que en Castilla-La Mancha es un deseo y es la voluntad mayoritaria del pueblo de esta tierra”, ha apuntado el presidente de las Cortes regionales.

Durante su intervención, Bellido ha dicho que es “la quinta, pero más sustancial” reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y cuenta de origen con el 90% de consenso entre los representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha. “No solamente es que haya un gran consenso político, sino también un enorme consenso social”.

“Es el Estatuto de la sociedad de Castilla-La Mancha”

“Se puede decir sin exagerar que es el Estatuto de Castilla-La Mancha de la sociedad de Castilla-La Mancha, el que desea la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha subrayado.

Entre sus principales novedades, ha citado, aparece un blindaje de servicios públicos muy ligados a los servicios esenciales y al mundo rural, “una defensa de nuestros recursos hídricos”, y también por medidas ligadas a la accesibilidad y a la extensión de nuevos derechos, como la protección de las víctimas de violencia machista o aportaciones muy novedosas en el marco constitucional, como la primera referencia a la inteligencia artificial.

Ha rememorado que el asunto que ahora mismo impide que este Estatuto de Autonomía haya sido aprobado y que permanezca en este preciso instante congelado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es el número de diputados para 2031. En el mismo se aumenta el número de diputados para situarlo en torno “a 50 y tantos”, muchos menos que por ejemplo en Castilla y León, en Aragón o en Extremadura.

“Todos los partidos políticos han asumido que en Extremadura, por ejemplo, se hayan elegido 66 diputados”, que es el doble de los actuales de Castilla-La Mancha. “Esto mismo ocurre con Aragón, que también ha elegido 67 diputados, con 1.400.000 habitantes”, mientras en Castilla-La Mancha, con 2.100.000, “tenemos 33”, ha dicho.

Dicho todo esto, ha querido hacer hincapié en que el Parlamento de Castilla-La Mancha es “con mucha diferencia” el Parlamento “más infrarrepresentado de todo el país” y además “se hizo por una decisión unilateral”, ha criticado.

“Era razonable que una decisión unilateral haya sido revertida por una decisión colegiada, compartida, pero bueno, parece que lamentablemente esto no va a ocurrir, salvo que al final del ciclo electoral de 2026 haya una rectificación por parte de quien aquí votó una cosa, aquí aportó una cosa y ahora en Madrid dice la contraria”, en referencia al Partido Popular de la región.

“¿Alguien me puede explicar del PP y Vox en Castilla-La Mancha por qué en Extremadura han pactado que en esa región tengan 65 diputados (el doble que en Castilla-La Mancha) siendo la mitad de habitantes?”. Es la pregunta que este viernes ha planteado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, después de conocer el texto del acuerdo suscrito entre ambas formaciones en la vecina comunidad extremeña para permitir al configuración del Gobierno regional, cuatro meses después de las elecciones autonómicas.

En diciembre de 2025, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea regional de los 65 actuales a 33, los mismos que tienen ahora las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo justificaba en la necesidad de reducir el “gasto en política” que, según dijo el bipartidismo de PSOE y PP “engorda” constantemente.

Sin embargo, en el pacto de Gobierno suscrito ayer mismo entre PP y Vox para facilitar el Gobierno en Extremadura, este aspecto no aparece.

Sergio Gutiérrez se ha preguntado por las razones que han llevado al PP castellanomanchego a romper el pacto suscrito con el PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía, dando marcha atrás a la posibilidad de que el Parlamento regional pase de poder tener un máximo de 35 diputados (ahora tiene 33) a un máximo de 55, según el texto de la reforma. “¿Cómo es posible que permitan que Tellado [en alusión al secretario general del PP nacional] humille el pacto firmado entre todos en Castilla-La Mancha, con un argumento que no sostienen en las regiones vecinas?”, ha comentado en una publicación a través de las redes sociales

El secretario de Organización de los socialistas en la región cree que el presidente de PP castellanomanchego, Paco Núñez, “debería dimitir por su traición al pacto del Estatuto de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el pacto extremeño ha pemitido a María Guardiola volver a gobernar en Extremadura, “donde Vox pidió reducir diputados y no lo ha permitido el PP” y eso, cree, demuestra que los 'populares' en Castilla-La Mancha “son unos títeres intervenidos por Tellado”.

El PSOE anunció que esperará a la celebración de las elecciones en Andalucía para retirar la reforma -cuyo texto está ahora varado en el Congreso de los Diputados, a la espera del debate de enmiendas- o seguir adelante con su tramitación.

El PP se mantiene: “No más diputados”

Sin embargo, la postura del Partido Popular castellanomanchego parece inamovible. Este viernes, a preguntas de los medios sobre este asunto recogidas por Europa Press, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha manifestado que él quiere que haya Estatuto de Autonomía pero no “que haya más diputados”, insistiendo en su intención de dejar la horquilla de parlamentarios donde estaba.

A juicio del líder regional del PP, la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha “está viva”, por lo que ha invitado a los socialistas a decir qué es lo que quieren hacer con este texto y a tramitarlo en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convocar la Comisión de Constitucional para ver las enmiendas que tanto el PP como otros partidos han presentado.

“Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga. Pero es que el pacto está vivo, el Estatuto está vivo y se está tramitando en el Congreso de los Diputados”, ha subrayado el presidente regional del PP, quien ha asegurado que “comprar el argumentario del PSOE es muy peligroso” y que, en cualquier caso, el PSOE debe “explicar por qué no quiere tramitarlo en el Congreso”.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sigue en 'stand by' y así permanecerá al menos hasta después de la elecciones autonómicas en Andalucía. Aunque el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, afirmó que el texto estaba en situación de “muerte clínica”, el PSOE de Castilla-La Mancha ha señalado que esperará a que terminen estos comicios, el próximo 15 de mayo, para tomar una decisión sobre el texto, actualmente bloqueado en el Congreso.

De hecho, los socialistas desvelan que han sido “dirigentes del PP” quienes les han pedido “en privado” que aguanten a que culminen el ciclo electoral a nivel autonómico.

Así lo ha trasladado el secretario general del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, preguntado por la posibilidad de retirar la reforma del estatuto regional, apuntando a dirigentes cercanos al presidente del PP, Paco Núñez, quienes les han hecho esta petición.

“Dirigentes del PP nos han dicho que esperemos a que termine el periodo electoral por si se abre la venta de oportunidad”, ha afirmado Gutiérrez, calificando de este plazo como el “último intento”.

Pide al PP “un mínimo de valentía”

De acuerdo con esta petición del PP, desde las filas socialistas aguantarán a que se termine el ciclo electoral para ver si el PP vuelve al consenso, a demostrar que tiene “un mínimo de valentía”, para defender su posición en las Cortes, al margen de la posición que le dicta Génova.

“Esperamos pacientemente. Vamos a esperar a las elecciones andaluzas y a partir de ahí replantearemos la hoja de ruta, para tomar una decisión en un sentido o en el contrario. La pelota está en el tejado del PP de Castilla-La Mancha”, ha afirmado.

En todo caso, el dirigente del PSOE de Castilla-La Mancha defiende que “lo más importante es poder sacar” adelante la reforma, por lo que mantienen “ese mínimo de esperanza” y quieren que el PP “vuelva a su posición de consenso en las Cortes”, remarcando que esta postura solo pasa por que retiren la enmienda que modificaba la horquilla de diputados o por que Paco Núñez dimita.

¿Podría Vox modificar o suprimir el Estado de las autonomías en caso de llegar al Gobierno de España? La formación ultraderechista se ha manifestado abiertamente en contra de este sistema en numerosas ocasiones. Incluso ha incluido en sus programas electorales a nivel nacional la eliminación total de las autonomías.

Sin embargo, incluso si un partido político obtiene mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, lo tendría “muy difícil” para poder llevar a cabo una reforma de esa envergadura. Así lo ha asegurado Enrique Belda, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha durante la celebración de las XXIX Jornadas de Derecho Autonómico que se celebran durante dos días en el campus de Cuenca.

Belda, que es además diputado del PP por Ciudad Real en el Congreso ha defendido en su intervención que para poder realizar un cambio de tal calado “no valdría” que el partido gobernante tuviera la mayoría de votos en el Congreso de los Diputados. “Las mayorías reflejan lo que pasa en un momento determinado, pero nuestro sistema está pensando para que cualquier cambio sustancial lleve un proceso de racionalización a través de un poder de reforma”, ha explicado el catedrático, añadiendo que es algo que sucede “en cualquier democracia avanzada”.

Así, considera que ese “poder de reforma” al que aludía es “muy difícil” que se dé, ya que sería necesario aplicar el artículo 168 de la Constitución. Dicho apartado establece que, para sacar adelante ciertas revisiones constitucionales como la que exigiría una recentralización del Estado autonómico, sería necesaria su aprobación, en primer lugar, por dos terceras partes del Congreso y del Senado, una posterior convocatoria de elecciones para que las nuevas Cámaras elegidas vuelvan a ratificar la modificación por dos tercios y, en último lugar, someter la revisión a un referéndum de ratificación.

Por tanto, el catedrático concluye que “el propio sistema se guarece” de la posibilidad de una recentralización como la propuesta por Vox. “Ese episodio sería una eventualidad, o sea, solo sería posible si después de ganar en 2026 tuvieran una mayoría amplísima que permitiera un proceso de reforma constitucional”.

Un marco “claro” y “ambiente de colaboración”

En su ponencia, Belda se ha mostrado crítico con algunas disfuncionalidades que presenta el reparto de competencias constitucionales entre las diferentes administraciones. Ha asegurado que el sistema “genera muchas broncas” entre las autonomías y el Estado. “Pero para eso está el Tribunal Constitucional. Hay problemas, pero también un mecanismo de articular el sistema”, ha añadido.

Para evitar esas tensiones, el catedrático ha apuntado la importancia de que esté “muy claro” el marco de reparto de competencias. “El ciudadano tiene que saber perfectamente quién dirige eso, si su ayuntamiento, su gobierno autonómico o el Gobierno nacional”.

En segundo lugar, también ha destacado la importancia de que exista un ambiente “de cooperación y de colaboración” entre las diferentes administraciones, ya que lo contrario es propio de políticos “muy malos”.

En ese punto, Belda ha comparado la gestión de crisis a consecuencia de las danas que impactaron en los territorios de la Comunitat Valenciana y en Andalucía, una diferencia en la gestión y en la colaboración entre diferentes administraciones que ha calificado como “la noche y el día”. También ha puesto el accidente ferroviario en Adamuz como ejemplo de cooperación institucional para arreglar “lo mejor posible ua situación de urgencia”.

Las jornadas, organizadas por el área de Derecho Constitucional de las facultades de Ciencias sociales y Comunicación, se celebran durante dos días y se centran este año en abordar el sistema autonómico en Castilla-La Mancha desde el punto de vista de los medios de comunicación y la opinión pública, analizando los distintos Estatutos de Autonomía vigentes en España así como los diferentes parlamentos o asambleas regionales, el sistema electoral autonómico o las identidades dentro del Estado de las Autonomías.

Este martes, el periodista Enrique Lumbreras, presentador del programa El Escaño de Radio Castilla-La Mancha, Leo Cortijo, director de La Tribuna de Cuenca y Carmen Bachiller, directora de elDiario.es Castilla-La Mancha han abordado la descentralización desde el punto de vista de los medios de comunicación y de la opinión pública.

En jornada de tarde, la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Cantabria, Alicia González Moro, ha centrado su intervención en los partidos y el sistema electoral en el marco del federalismo americano. Mientras que Eduardo Espín Templado, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y magistrado emérito del Tribunal Supremo, ha repasado los estatutos de autonomía en el sistema constitucional español.

Para este miércoles está prevista la intervención de la profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de las Islas Baleares, María Ballester Cardell, que hablará de las asambleas autonómicas. El profesor de Derecho Constitucional Francisco Javier Díaz Revorio se centrará en las identidades del sistema autonómico, y en concreto en el caso de Castilla-La Mancha.

Las jornadas se cerrarán con una mesa redonda en la que debatirán distintos representantes parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha.

Izquierda Unida Castilla-La Mancha y Podemos han iniciado conversaciones para “construir una alternativa conjunta” que permita desbloquear el texto de un nuevo Estatuto de Autonomía, ahora varado en el Congreso de los Diputados, después de que el PP diese un volantazo en su pacto con el PSOE y se negase a dar su visto bueno a una horquilla en el número de diputados en las Cortes regionales entre un mínimo de 25 y un máximo de 55. Los 'populares' introdujeron una enmienda para dejar el tope en 35 diputados y diputadas y eso ha provocado que la reforma entre en vía muerta, según ha reconocido hoy mismo el presidente del Parlamento regional, Pablo Bellido.

Ante el panorama, IU y Podemos Castilla-La Mancha han acordado ofrecer una alternativa al PSOE. La propuesta para desbloquear la reforma se traduce en llegar a un máximo de 65 diputados, que permita “una mejor representación democrática” así como articular una mayoría en el Congreso de los Diputados frente a PP, y también a Vox que se ha negado desde el inicio a cambiar el Estatuto de Autonomía.

Lo ha anunciado hoy el coordinador de IU Castilla-La Mancha Pedro Mellado durante un acto en Ciudad Real. Ha explicado que, aunque la formación no considera que el número de diputados sea el principal problema de la comunidad autónoma, sí reconoce que la discrepancia sobre la horquilla de escaños se ha convertido en “el principal obstáculo” para avanzar en la reforma estatutaria.

En este sentido, Mellado ha señalado que Izquierda Unida ha iniciado conversaciones con Podemos para construir una alternativa conjunta que permita avanzar. “El objetivo es trasladar posteriormente esa propuesta al PSOE y articular una mayoría parlamentaria en el Congreso que deje atrás la oposición de Partido Popular y Vox”, ha comentado.

“Preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE retire la reforma

Desde IU han mostrado su “preocupación” ante la posibilidad de que el PSOE valore retirar la reforma del Estatuto, tras las palabras de hoy del presidente de las Cortes regionales y secretario general del PSOE en Guadalajara, Pablo Bellido, una opción que, según Mellado, “no supone mantener la situación actual, sino dar un paso atrás” respecto a los compromisos adquiridos con la ciudadanía, colectivos sociales, sindicatos y la universidad pública.

Como alternativa, en forma de enmienda al texto legislativo, Izquierda Unida plantea una horquilla que permita alcanzar hasta 65 diputados y diputadas en las Cortes de Castilla-La Mancha. Esta cifra, según ha defendido Mellado, situaría a la comunidad en parámetros comparables a otras autonomías con población similar, como Euskadi o Canarias, que cuentan con 75 y 70 representantes, respectivamente.

Para la organización, esta ampliación “no solo responde a criterios de proporcionalidad, sino que permitiría mejorar la representación democrática de una comunidad de más de dos millones de habitantes, evitando escenarios de infrarrepresentación como el actual”.

La propuesta, señala IU, busca acercar posturas entre las distintas fuerzas progresistas y facilitar una mayoría similar a la que sostiene al Gobierno de España, con el fin de sacar adelante la reforma antes de que finalice el año.

Finalmente, Mellado ha subrayado que el nuevo Estatuto debe incorporar avances sociales clave, incluyendo medidas en materia de vivienda y derechos de las mujeres, además de garantizar un sistema de representación “más justa, más plural y más acorde a la realidad de Castilla-La Mancha”.

El presidente de las Cortes, Pablo Bellido, ha asegurado este jueves que en torno a la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, en tramitación en el Congreso de los Diputados, “ya no hay tanta incertidumbre lamentablemente”. “Yo creo que está en una situación de muerte clínica”.

“Creo que hemos estado en una incertidumbre durante unos meses, producto de haber confiado en que lo que salía de Castilla-La Mancha se iba a respetar en Madrid”, ha admitido Bellido a preguntas de los medios antes de inaugurar en Toledo el XXXVI Seminario de Estudios Autonómicos.

Sin embargo, no cree que el texto “se pueda aprobar en este momento”, salvo que el PP “retire la confianza a quien ha traicionado la palabra dada” y se pueda reactivar “con un actor que respete lo que dice”, ha argumentado, precisando que el PSOE esperaba que cuando el texto acordado en Castilla-La Mancha llegase a Madrid “se respetase lo que se nos había dicho”.

“Ahora mismo veo francamente que la situación es límite”, ha admitido el dirigente socialista, quien ha querido dejar claro que, a nivel personal, opina que “lo más razonable” sería “retirar el Estatuto”, antes de “dejarlo inerte en la Comisión, esperando a que haya una mayoría parlamentaria distinta, que encima lo pueda deteriorar más, empeorar más y menoscabar más los intereses de esta tierra”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, están cuadrando agendas para cerrar cuanto antes una nueva reunión en Madrid que deberá servir para avanzar en temas de interés común, incluido el desarrollo estatutario pero también la incertidumbre económica internacional. La parte vasca confía en que, como se prometió, este encuentro de alto nivel se produzca antes de los festivos de Semana Santa. Técnicamente, será una “comisión bilateral”. ['A posteriori', fuentes de ambos Gobiernos han informado de que la reunión se celebrará el próximo viernes, 27 de marzo]

En la cita se constatarán algunos avances con respecto a la anterior reunión, de finales de enero. Por ejemplo, hay acuerdo para la creación de un “órgano bilateral” en el que las instituciones vascas coparticipen en la toma de decisiones sobre los aeropuertos de Loiu, Foronda y Hondarribia. Lo ha habido también para que Euskadi se siente en dos organismos internacionales, Unesco y ONU Turismo. Pero no lo hay aún sobre el gran asunto pendiente del Estatuto de 1979, la transferencia de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, que se llegaron a cifrar en 2024 en 12.000 millones de euros, el equivalente al 75% del presupuesto autonómico actual.

El origen de estas 'cumbres' hay que buscarlo en la investidura de 2023. En aquel momento, Sánchez pactó con el PNV que en dos años, es decir, antes del final de 2025, se habrían resuelto los flecos pendientes del Estatuto, que es de 1979. Desde entonces se han ido produciendo acuerdos, como los traspasos de Cercanías o de los permisos de trabajo. Pero llegó la Navidad y no estaba todo cerrado, como se había prometido. El PNV llegó a alzar la voz y a condicionar su apoyo a la delicada mayoría gubernamental en el Congreso, pero finalmente a finales de enero se cerraron algunos acuerdos en materias como las políticas pasivas de empleo o, lo que es lo mismo, la cesión a Euskadi del Sepe estatal y del pago de las prestaciones y subsidios de paro.

Fue entonces, en La Moncloa, cuando Sánchez y Pradales fijaron un nuevo hito en el calendario: Semana Santa. La realidad es que, desde entonces, las reuniones han sido una constante. Han sido en Madrid o telemáticas, como la celebrada este mismo lunes por la tarde con el secretario de Estado Arcadi España como interlocutor de la consejera vasca que comanda las negociaciones, María Ubarretxena. El PSE-EE, como socio del PNV en Euskadi y responsable de muchas de las nuevas materias transferidas, también está implicado en las conversaciones.

Las fuentes consultadas asumen que va a ser imposible tener todos los temas pendientes cerrados en estos pocos días. El gran elefante en la habitación sigue siendo el de la gestión de las pensiones. Los Gobiernos central y vasco han iniciado ya la transferencia de la Seguridad Social, la primera vez que algo así ocurre con cualquier comunidad autónoma. Pero la parte política y económicamente más relevante, los 12.000 millones de las pensiones, sigue sin estar cerrada. El terreno de juego, en todo caso, está ya acotado: el Estado seguirá fijando la normativa y cuantías y no habrá afección a la denominada 'caja única' de solidaridad interterritorial. Euskadi será un nuevo cajero, como marca su Estatuto desde hace casi medio siglo y aún no se ha cumplido.

El propio Pradales, en su última visita a Madrid de enero, fijó otras prioridades por delante de la Seguridad Social, aunque en ningún caso dio a entender que podría sufrir el enésimo retraso. En la lista hay otras transferencias pendientes, pero ya de menor relevancia, como la gestión de los paradores de turismo o de asuntos relacionados con la matriculación o los permisos de vehículos. Hasta ahora, los Gobiernos central y vasco sólo han discrepado abiertamente sobre una demanda de los nacionalistas, la de ampliar la transferencia de Puertos ya realizada en 1982 para que Euskadi gestione el de Pasaia, ahora de “interés general” y, por lo tanto, de competencia exclusiva del Estado. En aeropuertos, sin embargo, sí han encontrado una fórmula “negocial” para saciar la demanda del PNV de que las instituciones locales tengan algo que decir en materia de inversiones y rutas en una comunidad sin AVE sin tocar la competencia de Aena. Foronda, de hecho, será un “sandbox” o banco de pruebas de un nuevo modelo de gestión, según se ha anunciado.

Igualmente, Pradales extendió otra lista de reclamaciones a Sánchez. Se insistió en pedir más capacidades en materia migratoria como “frontera norte” de España -también para la Ertzaintza-, en lograr fórmulas para dar estabilidad a la profesión médica en un contexto de escasez de personal -el consejero Alberto Martínez tiene una guerra abierta desde hace meses con la ministra Mónica García- y en iniciar ya la renovación del Cupo, el pago que hacen los territorios forales al Estado por los servicios que presta y que se regula por una ley quinquenal.

En su rueda de prensa en La Moncloa, Pradales hizo una lista de “cumplimientos” y otra de “incumplimientos”. Él mismo admitió que, cuantitativamente, eran más los primeros. Pero afirmó también que, en lo cualitativo, hay algunos de los segundos que son flagrantes. “Los incumplimientos del Gobierno español se producen en materias esenciales para el bienestar de los vascos”, dijo textualmente el lehendakari. Y agregó: “Los compromisos adquiridos no se han cumplido en su totalidad. He trasladado mi preocupación al presidente. Porque en estos tiempos de desafección política, ser fiel a la palabra dada y a los documentos suscritos entre ambos Gobiernos es, más que nunca, una obligación irrenunciable”.

De su lado, el ministro Ángel Víctor Torres resaltó la “lealtad” con la que opera el Gobierno central en relación a Euskadi. Él también hizo una enumeración y contó 22 traspasos de competencias desde 2018, doce de ellos desde 2023. “Somos un Gobierno que cree en el Estado de las autonomías”, recalcó.

El PSOE ha salido al paso de las declaraciones hechas por la secretaria general del PP en la región, Carolina Agudo, sobre la reforma del Estatuto de Autonomía descartando más negociaciones con un PSOE “matón” y remitiéndose al trámite parlamentario del Congreso. Los socialistas aseguran que estas afirmaciones confirman que “el Partido Popular ni tiene palabra, ni tiene valor, ni tiene coraje”.

Desde el PSOE, la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE, Tita García Élez, ha apuntado que “los propios dirigentes del Partido Popular de Castilla-La Mancha” les “dan la razón”. Y no solo al Partido Socialista de Castilla-La Mancha, sino, ha dicho, “a todos y cada una de las personas que han defendido el Estatuto para nuestra región”.

“Nos dan la razón porque ellos mismos se ve, se lee y se puede escuchar cómo reconocen que, al final, ellos no mandan, su palabra no tiene valor, no tienen coraje y, sobre todo, no tienen intención clara de defender la región”, ha proseguido la dirigente socialista.

Ha resaltado así que “manda Génova, Núñez acata, pero pierde Castilla-La Mancha”. Y eso, ha lamentado, “es lo que no se dan cuenta” los dirigentes del PP, que “están haciendo un daño importantísimo a esta región”.

Quien pierde son los miles y miles de vecinos y vecinas de nuestra región y de nuestros pueblos

“La región es la que se ve resentida con este ataque y este rechazo que ha hecho el Partido Popular del señor Paco Núñez al Estatuto de Castilla-La Mancha. Quien pierde son los miles y miles de vecinos y vecinas de nuestra región y de nuestros pueblos”. Ha lamentado que el líder del PP, Paco Núñez, hiciera un “paripé” en el Congreso de los Diputados, porque “al final” Génova ha dicho “por aquí no” y “el Partido Popular de Paco Núñez simplemente ha acatado sin decir absolutamente nada, sin defender a la región”.

Ha recalcado que el PP está teniendo “oportunidades” para poder intentar corregir y volver al consenso, pero “cada vez que tienen la oportunidad de sacar la pata del barro, lo que siguen haciendo es hundirla más”. “Siguen confirmando que, al final, ellos no mandan”.

“Ellos mismos están reconociendo y confirmando que su palabra dura menos que un caramelo a la puerta de un colegio”, ha advertido la presidenta de la Ejecutiva provincial del PSOE. “Ellos solo obedecen, acatan y traicionan a Castilla-La Mancha”, ha insistido.

Dicho esto, ha pedido al PP que deje a un lado, “si de verdad quiere ayudar a Castilla-La Mancha”, “los mandados que le hace Génova” y tiene que dejar a un lado los intereses de su partido, incluso a lo mejor los suyos propios. Finalmente, la socialista ha abundado que la postura del PSOE “siempre ha sido la misma” y es que el estatuto “saliera con consenso”. “No queremos imponer, queremos acordar. Y por eso hemos tenido dos años de negociaciones”.

La secretaria general del PP de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, se ha pronunciado ante la posibilidad de desbloquear las negociaciones con el PSOE para que el Estatuto de Autonomía en tramitación en el Congreso de los Diputados pueda ver luz al final del túnel tras la ruptura del acuerdo derivada de la enmienda 'popular' que revertía el pacto previo en cuanto al número de diputados.

En una entrevista con Europa Press, Agudo ha apuntado en este sentido que desde que se conocieron las enmiendas parciales presentadas por los grupos al texto matriz, no ha habido ningún acercamiento en ninguna de las dos direcciones para solventar el desacuerdo.

Así, se ha remitido al trámite parlamentario vigente, al tiempo que ha asegurado que hasta ahora, “lo único que ha habido ha sido una amenaza del presidente diciendo que lo íbamos a pagar caro y que iba a haber graves consecuencias”.

“¿Cómo vamos a sentarnos con un partido que sale ante los medios como un matón amenazando al PP?”, se ha preguntado, insistiendo en que el Estatuto está pendiente de que la Presidencia del Congreso convoque el debate de las enmiendas.

Que el PP presentara enmiendas es una “excusa”

Lo que quiere el PP es “que se convoque esa comisión y haya debate, y que el Estatuto salga adelante”, para lo cual el PSOE tiene que dejar de presentar como “excusa” que el PP haya presentado enmiendas al texto. Y es que en su opinión, la estrategia de los socialistas se limita a que “haya más diputados”, mientras que el PP lo que busca es que el Estatuto “sirva para blindar derechos”.

“El PSOE ha preferido engañar a los castellanomanchegos para que haya más diputados, pero nosotros lo tenemos claro”, ha abundado.

En esta línea, y preguntada por un hipotético escenario en el que la mayoría socialista en el Parlamento castellanomanchego pudiera plantear una reducción de diputados con la ley electoral vigente en la mano, ha dicho que el PSOE “está en su derecho” de poder hacerlo, pero eso “confirmaría que está más obsesionado con los votos”.

Toledo, la ciudad natal de Jesús Fuentes Lázaro, primer presidente de Castilla-La Mancha, ha rendido homenaje por su trayectoria como “dinamizador cultural”, político, escritor y activista por los derechos humanos. Falleció el pasado mes de febrero, a los 79 años.

La Biblioteca de Castilla-La Mancha, de la que presidió su asociación de amigos, ha acogido un emotivo encuentro en una sala abarrotada, con caras muy reconocibles entre el socialismo toledano, y en la que se han dado cita personas que formaron parte de la vida de Jesús Fuentes, y que también le admiraban.

En el acto, moderado por Antonio Illán, de la Asociación Amigos de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, han intervenido la directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, María Dolores Cristóbal; el presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo, Martín Molina; los periodistas Inmaculada Sánchez Morate, Enrique Sánchez Lubián y Javier Ruiz Martínez.

Antonio Ilán, ha señalado que el acto homenaje tenía un sentido cívico. De hecho ha definido a Jesús Fuentes Lázaro lo ha definido “una voz cívica frente a la voz del poder”.

Jesús Fuentes Lázaro (Toledo, 1946-2026) nació en la capital toledana y fue profesor de Literatura e Historia antes de dedicarse a la política.

Licenciado en Magisterio, Historia y Geografía, Máster en Dirección de Empresas y Máster en Riesgos Laborales, desde diciembre de 1982 y hasta mayo de 1983 fue presidente de Castilla-La Mancha, el primero “con el Estatuto de Autonomía recién aprobado por las Cortes Generales”, tal y como él mismo explicaba cuando se referían a él como el primer presidente 'preautonómico'. En ese periodo fue miembro del Consejo Consultivo de Castilla-la Mancha en su condición de presidente de la Comunidad.

Entre otros cargos políticos, también ejerció como diputado y senador por Toledo hasta el año 1991. A pesar de no contar con un cargo orgánico, Fuentes siguió presente en la vida política de la ciudad.

Como escritor colaboró en diferentes medios de comunicación como la Televisión de Castilla-La Mancha, Cadena Ser, La Voz del Tajo, Diario 16, ABC, La Tribuna de Toledo, El Digital de Castilla-la Mancha o el Blog Hombre de Palo. De igual manera, también con sus columnas de opinión en esta casa, elDiario.es Castilla-La Mancha.

“Un líder organizativo que reconstruyó las izquierdas de Toledo”

La directora de la Biblioteca de Castilla-La Mancha, María Dolores Cristóbal, ha querido comenzar las intervenciones en este acto de homenaje, señalando que Jesús, “que tantas veces presentó encuentros como este, ya no está con nosotros, pero queremos mantener vivo su recuerdo”. Cristóbal ha apuntado que Fuentes Lázaro, “más que un colaborador” fue “alguien que entendió como pocos el valor que las bibliotecas desempeñan en la vida de las personas”.

Martín Molina, historiador y doctor en Derecho, así como presidente de la Comisión Ejecutiva del PSOE de Toledo, lo ha descrito como una “persona activa, solidario, persona inquieta defensora de nuestra identidad, a veces machadiano, humanista y firme defensor de los derechos y las libertades”.

Molina, visiblemente emocionado, ha recordado que conoció a Jesús Fuentes en la primavera de 1978, cuando se incorporó al PSOE: “Encontré en él a un líder organizativo, que se afanaba con gran tenacidad en la reconstrucción de un partido de izquierdas que después de 35 años, había que reconstruir y volver a establecer sus cimientos”, en la provincia de Toledo, donde “el clima era muy adverso, con muchos recuerdos todavía de la guerra civil”.

No solo ha hecho alusión al ámbito político, sino también a la faceta de Jesús Fuentes Lázaro como escritor en diferentes columnas de opinión, donde “manifestaba su compromiso con la sociedad” y “sus puntos de vista eran seguidos por cientos de lectores que admiraban y respetaban su pensamiento crítico”. Pero también como “ escritor extraordinario, dinamizador de la cultura, la literatura y el arte contemporáneo”. En opinión de Martín Molina fue “un hombre de consenso, pero firme en la defensa de los derechos y libertades conquistadas en los años de democracia”.

Ha reivindicado que sea recordado como 'Hijo Predilecto de la Ciudad de Toledo'. De hecho esta misma tarde, se ha iniciado una recogida de firmas de apoyo para elevar esta petición al ayuntamiento toledano.

De su parte, la periodista conquense Inmaculada Sánchez Morate, ha destacado que en los días previos al acto de homenaje, ha leído los artículos de Jesús en prensa: “He vuelto a leerlos, a disfrutar con ellos y a sentir menos soledad, sabiendo que compartíamos reflexiones y temores”. Sánchez Morate, ha querido recordar también un mensaje que recibió de Jesús en junio de 2025, revisando las conversaciones que mantenían hasta su fallecimiento. “Me quedo con su 'No' hay que rendirse a pesar del desencanto”.

Fue un buen socialista, un socialista clásico

Enrique Sánchez Lubián

A lo largo de su intervención, la periodista ha repasado parte del pensamiento -siempre crítico pero constructivo- de Jesús Fuentes, en su faceta de columnista, en diferentes artículos de prensa, ya que de esa manera es “una oportunidad de ser su portavoz”, haciendo alusión a que “Jesús nos recordaba que la memoria de la gente es frágil”.

Artículos como 'Escenarios apocalípticos', sobre “no rendirse”, 'Aquellos miedos, estos miedos', explicando “cómo afrontaba los miedos personales o sociales”, 'El horror tras aquellas guerras', sobre los miedos y lo que pensaba de Donald Trump o 'Puertas a la esperanza' en cuanto a “cómo le preocupaba España, lo que ha pasado de la Transición a la situación actual”. De igual manera, también artículos más localistas, como el desarrollo urbanístico de su ciudad, Toledo y su rechazo a la idea de que se convierta en un 'dormitorio' de Madrid, en 'Aproximación al urbanismo de Toledo'; o en 'El desastre que se anuncia' “siempre con la vista puesta en el río, ese Tajo que, decía, 'cada vez lo tiene más chungo”. Artículos publicados en elDiario.es Castilla-La Mancha, que “servían de consuelo”

El periodista y escritor alcazareño Enrique Sánchez Lubián se ha centrado en los aspectos políticos de la vida de Fuentes Lázaro. “Jesús fue un buen socialista, un socialista clásico”. Le conoció en otoño de 1981 en una época en la que en la provincia de Toledo “a los socialistas les costaba salir a la luz porque la mayoría de sus dirigentes habían sido asesinados”.

Sánchez Lubián ha glosado por la carrera política de Jesús Fuentes Lázaro en diferentes etapas -apoyado de recursos gráficos y fotografías- desde los primeros pasos del PSOE en Toledo, su papel en la gestión y desarrollo de la comunidad autónoma y sus posteriores cargos como concejal o diputado nacional.

Ha destacado su implicación en el nacimiento del ente autonómico. “A pesar de lo que muchas veces se publica y que le enfadaba mucho, no fue presidente preautonómico, sino el primer presidente de Castilla-La Mancha. Le recordamos por su participación en la gestación de la comunidad autónoma: formó un incipiente gobierno regional, gestionó la transferencia de las primeras competencias a la región y preparó las primeras elecciones autonómicas”. En este punto recordaba cómo un poderoso Alfonso Guerra le desplazó de la posibilidad de seguir al frente del Gobierno regional. Todo un “pisotón en el callo”, tal y como reflejó un periodista en la época, Miguel Ángel Mellado, al escribir sobre una foto de Jesús Fuentes junto a José Bono.

Sánchez Lubián se preguntaba “cómo es posible que habiendo pasado tantos años desde que Jesús dejó de ser un cargo orgánico en el partido, siguiera manteniendo una influencia muy importante dentro del PSOE de Toledo”, lo cual se convierte “en su gran mérito”.

El periodista ha apuntado, que Jesús Fuentes “mantuvo una coherencia, una posición de liderazgo moral por su lealtad al partido y porque no se quedó anclado en el pasado, en el ”yo fui presidente“, siempre miró hacia el presente”; sino que “consideró la socialdemocracia como solución a los problemas reales de España y de Toledo”.

El 'fuentismo', “corriente sólida y muy sugerente” de entender el socialismo

Enrique Sánchez Lubián acuñaba un nuevo término para definirle, “el fuentismo”, como una forma de entender el socialismo: “Una corriente sólida y muy sugerente en el último medio siglo de historia”.

Además, Enrique Sánchez Lubián ha matizado que la forma en la que Jesús Fuentes tenía de concebir el socialismo “encaja con lo que decía Karl Marx, que el socialismo debe ser la sustitución del desarrollo inconsciente de la humanidad por el desarrollo consciente”, un hecho que encaja con la participación de Jesús “en sus artículos en prensa, tertulias literarias o de todo tipo”. Ha querido recordar que “a él le gustaba muchísimo la política” y de Jesús “nos ha llegado que no solo se puede hacer política sin necesidad de tener un cargo orgánico, sino que cada uno de nosotros, con nuestras responsabilidades, podemos hacer política en el día a día”.

Por otro lado, Javier Ruiz Martínez, periodista de Onda Cero, ha dicho sentir “emoción al ver lo que Jesús ha sembrado”. Un legado “inmenso en tantos ámbitos”. Para el profesional de Ciudad Real, Jesús Fuentes era “la sonrisa” por definición. “Fue un maestro que me enseñó sobre Toledo y sobre política, incluso desde la discrepancia”, ha manifestado.

De él ha destacado su “nervio comprometido” en lo periodístico, en su faceta de columnista y escritor. Un compromiso “con su ciudad y con su país” que defendió desde “su verdad como socialdemócrata de ala clásica”.

Se ha referido al político que ayudó a construir la autonomía de Castilla-La Mancha. “Jesús te hacía crecer intelectualmente”. Era, zanjaba, “un grandísimo pedagogo y político”.

La llamada de atención de empresarios, sindicatos, Tercer Sector Social y otros colectivos al Partido Popular por su viraje sobre la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, cuyo texto se encuentra a la espera de pasar el trámite en el Congreso de los Diputados, ha provocado ahora que el presidente regional Paco Núñez reaccione mostrando su confianza en que el nuevo texto sea aprobado.

“El trámite está vivo y está en el Congreso de los Diputados. Yo espero que salga adelante”, ha asegurado Núñez este viernes en declaraciones desde Talavera de la Reina recogidas por Europa Press.

Núñez no ha profundizado sobre este tema, asegurando que su partido ya ha dicho “todo lo que tenía que decir sobre el Estatuto” y que “lo que hace falta ahora es que sigamos avanzando en las fases legislativas que acontecen”, quitando hierro a las críticas por el volantazo de su partido a un texto pactado previamente con los socialistas, lo que le aseguraba el visto bueno (por mayoría de votos) en la Cámara Baja.

El líder de los populares no ha ofrecido más explicaciones sobre unas declaraciones que contrastan con las que han venido haciendo los 'populares' después de que presentasen una enmienda que rompía el acuerdo alcanzado por el Estatuto con el Partido Socialista en relación con el número de diputados en las Cortes regionales.

El acuerdo PP-PSOE para la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha quedaba en un mínimo de 25 y un máximo de 55, en una reforma que no se aplicaría hasta después de las elecciones autonómicas previstas para 2027. La enmienda al texto planteada por el PP en el Congreso pide ahora un mínimo de 25 escaños y un tope de 35, siempre que cada provincia esté representada por un mínimo de tres diputados.

Esta enmienda que fue interpretada por el PSOE como una ruptura del acuerdo para la reforma del texto “por la presión de Vox”. Sin embargo, el PP se defendió diciendo que eran los socialistas quienes habían roto el consenso alcanzado previamente en las Cortes regionales al presentar también 21 enmiendas al texto.

El PSOE calificó esa respuesta como “órdago” y lo aceptó. “Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas con las que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo”, afirmó el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez. No obstante, la dirigente 'popular' Carolina Agudo descartó esa propuesta, asegurando que en el debate sobre el Estatuto su partido “ya ha dicho todo lo que tenía que decir”.

Críticas desde diversos sectores de la sociedad

La reforma del estatuto tiene un calado que va mucho más allá del número de escaños. La no aprobación del nuevo texto implicaría que decayesen reformas importantes, adecuadas al actual contexto socioeconómico de la comunidad autónoma y en algunos casos muy esperadas por diversos sectores castellanomanchegos. De ahí que, en las semanas posteriores a conocerse el cambio de postura del PP, se sucedieran las reacciones llamando a respetar el acuerdo alcanzado entre socialistas y populares.

Así, el presidente de la Confederación de Empresarios de Castilla-La Mancha (Cecam), Ángel Nicolás, aseguraba “no entender este cambio de tercio” del Partido Popular y pedía “respeto” en el Congreso de los Diputados para el acuerdo alcanzado desde la Comunidad Autónoma. Nicolás afirmó no saber “qué otros intereses puede haber” para que ese acuerdo no se respete y, sin entrar a valorar otras cuestiones “ni elucubrar” sobre lo que ha sucedido, incidió en que “aquí ha habido un acuerdo muy importante y muy serio”.

Por su parte, los dos sindicatos mayoritarios de la región también criticaron el cambio de postura de los 'populares', algo que fue calificado como “absoluto despropósito” por CCOO, mientras que UGT habló de que aprobar el Estatuto es “importantísimo”.

A las críticas por el viraje también se sumaron colectivos sociales castellanomanchegos. La Mesa del Tercer Sector llamó a “respetar” el acuerdo en su tramitación en las Cortes Generales para evitar “pasos atrás que supongan un menosprecio al diálogo y al esfuerzo realizado durante meses”. Ocho colectivos LGTBI también mostraron su preocupación por el parón para reformar el Estatuto de Castilla-La Mancha. “Secuestran derechos”, afirmaron en un comunicado conjunto, mostrando su “profunda preocupación ya que, de no prosperar el texto, también se cerrarían puertas a las reformas que espera el colectivo LGTBI.

El Defensor del Pueblo de Navarra, Patxi Vera, ha reclamado reconocer al euskera como lengua “propia de Navarra” en la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de comunidades autónomas, y ha lamentado que la comunidad foral sea la única comunidad que, “teniendo una lengua diferenciada del castellano, no la reconoce como propia en su norma de mayor rango”.

Patxi Vera ha comparecido este viernes en la Cámara foral en la ponencia que se está desarrollando para actualizar la LORAFNA. Allí ha defendido que Navarra debe sentirse “orgullosa” de haber mantenido una lengua “milenaria” y por ello ha pedido que se la reconozca. “El euskera es un patrimonio lingüístico que representa una riqueza cultural de nuestra comunidad y los poderes públicos tienen el deber constitucional de prestarle especial respeto y protección, según el artículo 3º de la Constitución Española”, ha apuntado. “El euskera es de todas y de todos, como lo son las Bardenas, la selva del Irati o el castillo de Olite, y no sólo de sus hablantes”, ha apostillado.

El Defensor del Pueblo ha sugerido incluir también en la ley del Amejoramiento el Himno y el Día de Navarra (3 de diciembre). “Son suficientemente representativos, están consolidados como aspectos que identifican claramente a la Comunidad foral y pueden concitar, si no la unanimidad, una mayoría muy amplia y transversal”, ha indicado, para exponer que “también en otras comunidades lo recogen así”.

Asimismo, ha comentado Vera que se podría considerar incorporar en el Amejoramiento varias instituciones de Navarra como el Consejo de Transparencia o el Tribunal Administrativo de Navarra. Estatutos de otras CCAA, ha dicho, incluyen alusión a otras instituciones y ha mencionado así que el de Castilla y León, por ejemplo, “denomina como instituciones básicas las Cortes, la Junta y el Presidente de la misma y se incluyen en un segundo punto las denominadas instituciones propias de la Comunidad, que son el Consejo Económico y Social, el Procurador del Común, que es el equivalente al Defensor del Pueblo, el Consejo Consultivo, el Consejo de Cuentas y las que se puedan determinar en el Estatuto”.

Patxi Vera ha mencionado también como cuestión adicional la relativa al lenguaje de género, que a su juicio debería actualizarse en el texto del Amejoramiento. Ha destacado “el hecho de que Navarra ya ha contado con mujeres al frente de todas sus instituciones (presidentas del Gobierno y del Parlamento, de la Cámara de Comptos, del Consejo de Navarra y Defensora del Pueblo, además de consejeras y parlamentarias)”. “No sé qué más haría falta para que, si se reforma la Lorafna, esta actualización sea, de forma inexcusable, con lenguaje inclusivo”, ha expuesto.

En su intervención, el defensor ha pedido el reconocimiento de los derechos de las personas que viven en la comunidad foral y ha enmarcado esa inclusión de derechos en la tendencia que han seguido todas aquellas Comunidades Autónomas que han modificado sus Estatutos de Autonomía en épocas posteriores a su origen, siete en total -Andalucía, Aragón, Islas Baleares, Islas Canarias, Castilla y León, Cataluña y la Comunidad Valenciana-.

“En un primer momento, cuando se aprobaron por primera vez, se puso el foco en el ámbito competencial y, cuando, posteriormente, se hace una revisión, en todos los casos, se ve la necesidad de ampliar ese foco hacia los derechos de la ciudadanía de esa comunidad, como un avance de compromiso social”, ha dicho el defensor.

Además, ha comentado que “en la comunidad foral conviven personas que todavía no han alcanzado el estatus de ciudadanos y ciudadanas”. Por ello, ha señalado que “el hecho de que no tengan su carta de ciudadanía y, por lo tanto, los derechos políticos, no significa que no deban contar con los derechos reconocidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás instrumentos europeos e internacionales de protección de los mismos ratificados por España, así como otros derechos de ámbito social”. En este contexto, ha indicado que la propia Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce 30 derechos para toda la humanidad “sin ninguna discriminación”.

Vera ha explicado que, con el fin de aportar un mayor detalle y conocimiento sobre esta materia, entregaba al Parlamento varios documentos que son el resultado de un trabajo realizado el pasado año, consistente en un estudio comparativo de los derechos recogidos en los estatutos de las siete autonomías y de la Constitución española.

Patxi Vera ha hecho también referencia a los conocidos como “derechos digitales”. Ha recordado, a este respecto, que, en 2021, se publicó la Carta de Derechos Digitales en España, concebida como una hoja de ruta para la acción de los poderes públicos que pretende servir de guía para futuros proyectos legislativos en este campo.

Una vez más... a vueltas con la representación. Ni quesos, ni cordero, ni miel de la Alcarria. De seguir así, lo típico en nuestra región va a ser el juego de trileros que, con la premisa de reducir, supuestamente gastos (pero entran aquí también cargos, burocracia, o la propia dimensión de la administración), a través de la supresión de la representación democrática.

Esta situación viene de corrientes neo liberales, principalmente estadounidenses, que ahondan en la capacidad individual del ciudadano y presentan a la administración o el gobierno como una némesis, un enemigo a enfrentar como ciudadanos. En España, comenzó a tener una gran aceptación tras el estallido de la Gran Recesión de 2008.

Precisamente esa crisis provocada por dejar hacer a la banca con escasa supervisión de los Estados, dio lugar a que a la crítica de la administración, dejando a los principales culpables, prácticamente yéndose de rositas. Así, corrieron los primeros memes basados en mentiras como que en España había el doble de políticos que en Alemania para la mitad de población.

Al llegar por primera vez el Partido Popular a la Junta de Comunidades, el gobierno Cospedal cogió esta bandera. Aunque incumplió promesas como el cierre de la televisión autonómica, tomó otras decisiones, que vendió de forma bastante populista ante la sociedad. Entre ellos, la venta de los Audis que formaban el parque móvil del gobierno regional, insistiendo mucho en el modelo A8 en el que viajaba Barreda; diferenciando el despilfarro de este, con su 'buen españolismo' al comprar nuevos coches que, no costaron mucho menos, pero; eran Citroën fabricados en Vigo. Huelga decir, que además eran nuevos y no tenían que poner sus posaderas donde antes las ponían los 'sociatas'.

La otra gran medida fue 'eliminar' (y esas comillas son de las que hablando se marcan con los dedos) el sueldo de las diputadas y diputados en las Cortes. Desde 2013 se dejaron de pagar salarios, pero, como es lógico, no se quedaron sin cobrar. Se subieron las asignaciones para los grupos parlamentarios y los costes de las dietas por asistencia, como por a ejemplo a los plenos.

Lo del salario, solo fue el primer paso. Si este cambio de cómo se perciben las remuneraciones, no parece suficientemente tramposo, se tomó otra medida al respecto, no menos grave. Para las elecciones de 2015 se diseñaron las Cortes de Castilla-La Mancha más pequeñas en 30 años de autonomía. Recorte de las diputadas y diputados de 49 a 33 escaños. De un plumazo, un supuesto ahorro de 16 sueldos. ¿Sueldos? Si no cobraban... El que suscribe solo va a señalar la ironía, ya que no tiene las explicaciones.

La decisión era estratégica y política. No es que el gobierno de Cospedal tuviese un gran apoyo social, pero por la derecha el PP no tenía contrincantes (lo de Vox es más reciente de lo que nos pensamos). Mientras que, a la izquierda, Podemos si podía rascar votos al PSOE. Lo que aquel gobierno hizo, fue intentar que esta situación le fuese favorable.

Castilla-La Mancha fue uno de los territorios en los que Podemos tuvo un menor impacto, aunque como en toda España, lo tuvo. La forma de limitar la posibilidad de su entrada, fue esta reducción de las Cortes. Cuanto más pequeño el órgano de representación, más votos son necesarios para entrar. Si los votos de 100.000 electores se reparten entre 100 escaños, 1.000 votantes tienen un diputado. Si son 200 escaños, la representación es de 1 por cada 500 votantes. Obviando otros factores, como la fórmula matemática empleada para decidir el reparto o las circunscripciones, que ahondan en esta situación; se puede ver claro cómo la reducción parlamentaria limita la representación de opciones políticas. Y, como ya es sabido, al PP no salió bien.

Maravillas del bipartidismo: con la vuelta del PSOE... esto no es importante. Page es un candidato potente y el miniparlamento le conviene. Consigue mayorías absolutas con poca dificultad.

Pero llega una necesidad: reformar un Estatuto de Autonomía que supere el de la Transición. Las comunidades autónomas han llegado a ser algo mucho mayor de aquello para lo que fueron pensadas, por lo que es normal que se redefinan sus moldes legales. Y como es lógico, en lo que está llamado a ser el fundamento de la autonomía se han de definir todas sus características; también las Cortes. Así, en el texto, aprobado por esas mismas Cortes que nos representan, ahora en debate para ser validado por el Congreso de los Diputados, se entra en este tema en su Titulo II Las instituciones de Castilla-La Mancha, Capítulo I, Las Cortes.

La circunscripción electoral es la provincia. Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 55 escaños. Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de 3 escaños (Artículo 24.3 del texto).

¡Ridículo! En este proceso electoral (carísimo, dicho sea de paso) en el que ha embarcado el PP a muchas y muchos españoles, se están dejando ver los sistemas de las diferentes comunidades autónomas. Con algo más del millón de habitantes, se ha visto una Asamblea de Extremadura que otorgaba 65 asientos y en las Cortes de Aragón 67. La resta es sencilla: 10 y 12 escaños más para representar a la mitad de población. Las siguientes elecciones, en Castilla y León, con una población más similar a la castellanomanchega, serán para elegir a 81 procuradores.

Saquen sus propias conclusiones. Aprobado por el PP de Paco Nuñez en Toledo, al llegar al último trámite en el Congreso de los Diputados, para su partido el problema es este triste órgano representativo. Las Cortes de Castilla-La Mancha tienen el tamaño del Parlamento de La Rioja. Pero, mientras que la población riojana es de algo más de 300.000 habitantes, la castellanomanchega es de más de 2 millones. Con menos de 100.000 habitantes, Soria elige 5 procuradores para las Cortes de Castilla y León. Son los mismos que Cuenca, en nuestra región, pero teniendo esta provincia el doble de habitantes que la de la meseta norte.

En la práctica, esto limita, por ejemplo, que movimientos anti despoblación como Teruel Existe, Por Ávila o Soria YA, puedan desarrollarse en Guadalajara, donde la mayor parte de sus extensión sigue desapareciendo, agonizando lentamente.

La representatividad de un escaño en la región está cerca de los 64.000 habitantes, mientras que en las otras comunidades autónomas citadas anteriormente, en La Rioja, la representación es de 1 por cada menos de 10.000, en Extremadura, 16.000; Aragón 20.000 y en Castilla y León no llega a 30.000. La más alta, de estas, es la mitad de la representatividad de sus habitantes en los órganos correspondientes, que en Castilla-La Mancha. Y esto no solo pasa en España. En conjunto, la media de representatividad de los parlamentos autonómicos es de unos 34.000 habitantes por representante. Mientras que si se hace la misma aproximación con los lander alemanes, la media estaría en unos 40.000. En ambos, las y los castellanomanchegos quedamos claramente infrarrepresentados.

¿Da igual? ¿Ahorra costes? No podemos pretender que nos represente y gestionen lo público dos personas que estén ultra preparadas, que manejen todo tipo de temas, que tomen las mejores decisiones y que cobren el SMI, e incluso, si no cobran mejor.

Tampoco, un sistema democrático que se basa en la representación, se debe permitir que se establezcan límites en pro de mayorías: la idea de la democracia no es que las mayorías hagan lo que quieran, si no que entre todos, cada uno con el peso que tenga, tomemos las decisiones que menos perjuicios ocasionen a todos.

Por tanto, es clave señalar que, quienes defiendan esta reducción, defienden reducir la democracia. Pero sobre todo, me gustaría saber, cómo no defienden esta misma idea en otras comunidades autónomas.

El Congreso aprobará este martes la toma en consideración de una ley que busca eliminar el recurso previo de inconstitucionalidad contra los estatutos de autonomía, que el PP reintrodujo en una ley en 2015 con el apoyo del PSOE y UPyD. Los socialistas en esta ocasión han aceptado debatir la ley aunque rechazan el fondo del asunto. La iniciativa del PNV también busca reducir las sanciones que introdujo el PP también en aquel año para los cargos públicos que incumplan las sentencias del tribunal de garantías.

La iniciativa ha salido adelante con los votos de la mayoría de investidura y el rechazo de la derecha y la extrema derecha. 175 a 171.

El texto es una iniciativa del PNV, presentada este martes por el diputado Mikel Legarda, que ha calificado la reforma introducida por el PP hace una década como un “auténtico veto político en manos de la oposición” con efectos perturbadores. “Supone el hecho de delegar en el Alto Tribunal la obligación de resolver entre los grupos parlamentarios los problemas políticos de fondo”, ha defendido desde la tribuna sobre la ley que pretende eliminar ese recurso. 

El recurso previo de inconstitucionalidad es una figura que permite al tribunal de garantías fallar sobre una reforma de un estatuto de autonomía antes de que sea refrendado por los ciudadanos de la comunidad autónoma en cuestión, lo que según los proponentes corre el riesgo de convertir al Tribunal Constitucional en una tercera cámara legislativa y caer “en la tentación de invadir la competencia del legislador”. 

La posibilidad de este recurso previo otorga, según los grupos que han apoyado la toma en consideración, una potestad a la minoría parlamentaria para frenar el procedimiento legislativo por el simple hecho de estar disconforme con lo aprobado. El recurso ya estuvo vigente hasta 1985 y, tal y como ha defendido Legarda en el Pleno, “su supresión en 1985 fue calificada generalmente por la doctrina como el restablecimiento de la normalidad en las relaciones entre los poderes del Estado, en el funcionamiento del sistema parlamentario español y en el diseño constitucional del Alto Tribunal”. 

La iniciativa también pretende reducir las multas que permiten al TC actuar contra autoridades y funcionarios que no acaten sus decisiones, mediante un abanico de medidas que va desde multas de 3.000 a 30.000 euros hasta la suspensión en el ejercicio de sus cargos.

En sustitución de ese régimen, los nacionalistas abogan por “imponer multas coercitivas de 600 a 3.000 euros a cualquier persona, investida o no de poder público, que incumpla los requerimientos del Tribunal dentro de los plazos señalados y reiterar estas multas hasta el total cumplimiento de los interesados, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad a que hubiera lugar”.

“Hoy llega de nuevo una iniciativa para desmontar toda la artillería legal que aprobó el Partido Popular de manera unilateral hace ya una década contra la Catalunya”, ha asegurado el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu para defender su apoyo a la iniciativa. Aunque no se ha quedado ahí: “A nosotros nos preocupa que lo pueda hacer [recurrir la norma] también después. Nunca ese tribunal debería poder revertir, impedir o revocar consensos amplios aprobados por los parlamentos. Eso va en contra de la soberanía parlamentaria, que exige un respeto”, ha dicho.

El texto ha contado también con el apoyo de Junts, que ha reprochado al PSOE que en varias ocasiones en legislaturas anteriores haya dado su apoyo a la toma en consideración de una norma similar pero la haya “guardado en un cajón” sin voluntad política para sacarla adelante. 

Precisamente los socialistas han recordado que se posicionaron en contra de la reforma que introdujo el PP para elevar las multas por incumplimientos, pero no así con la introducción del recurso previo, que apoyaron cuando se votó en el Congreso, junto a PP y UPyD. El diputado socialista, Artemi Rallo, ha defendido la posición de su partido en aquel momento, con el objetivo de “atemperar” y “mitigar” el “potencional conflicto social e institucional derivado de la declaración de inconstitucionalidad” de una reforma del Estatuto, como ocurrió con el catalán.

“No compartimos que se trate de un veto o un control político o que el TC se convierta en una tercera cámara”, ha dicho Rallo, que no obstante se ha mostrado abierto a debatir el texto y apoyar esa conversación con su voto a favor de la toma en consideración. 

Vox asegura que convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”

El diputado de Vox Ignacio de Hoces ha asegurado dentro de este debate que su partido convocará un referéndum para “ilegalizar a los partidos separatistas”. “Señorías del PNV, Junts y ERC. Dicen que van a celebrar más referéndum para separarse e España. Les aseguramos que la respuesta no va a ser tan timorata y débil como la del PP en 2017. El único referéndum que van a querer votar va a ser el que vamos a convocar para que los españoles decidan si quieren ilegalizar a los partidos separatistas que quieren acabar con la unidad territorial de España”, ha dicho.

Hoces ha arremetido contra el PP en plena bronca con Vox por las negociaciones para las investiduras en Extremadura y Aragón. “Sabemos que el señor Feijóo considera que Galicia y Catalunya son naciones sin Estado. Los españoles queremos saber si van a seguir coqueteando con el separatismo o se van a unir a Vox para asfixiar al separatismo”, ha sostenido. El diputado ultra ha reclamado al PP “modificar leyes para que partido que apenas cuentan con 1% puedan condicionar la política nacional” o “recuperar el delito de sedición y de referéndum ilegal”. 

Hoces ha pedido “aumentar penas por conspiración contra la unidad y el ultraje a los símbolos nacionales. Y necesitamos un tipo agravado de malversación cuando vaya contra la unidad nacional”.

Podemos Castilla-La Mancha ha asegurado que la ruptura del acuerdo PP-PSOE para sacar adelante un nuevo Estatuto de Autonomía en Castilla-La Mancha es una “oportunidad histórica” para, a través de las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados, alcanzar acuerdos “para garantizar” los derechos del colectivo LGTBIQA+ y Trans.

En un comunicado, la formación política ha asegurado que, una vez el PP ha quedado “fuera del tablero”, los derechos LGTBIQA+ y el cambio electoral “deben estar sí o sí”.

“Desde Podemos fuimos las primeras en advertir y denunciar que el pacto PP-PSOE excluía al colectivo y sus derechos, por lo que incluimos una enmienda de derechos de diversidad sexual y de género avanzada”, afirman desde la formación, que añade que a, a través de esa enmienda, las personas LGTBIQA+ serán “visibles” en el Estatuto y servirá para que puedan llevar “vidas libres, dignas, felices y seguras” en Castilla-La Mancha.

“Llegar a acuerdos” para las enmiendas

El coordinador autonómico de la formación, José Luis García Gascón, ha expresado que “garantizar los derechos LGTBIQA+, así como recuperar la democracia con el cambio del sistema electoral, son dos obligaciones que tenemos como sociedad y desde Podemos nos estamos dejando la piel para que ambas se incluyan en el nuevo Estatuto”. “Nuestras enmiendas ya están registradas y sólo falta llegar a acuerdos en la tramitación para que se incluyan en el texto definitivo”, ha añadido.

En el sentido de lo anterior, y sobre la enmienda concreta de los derechos LGTBIQA+, la coordinadora autonómica, Irene Arcalá, destaca que “nuestra enmienda es la única que reconoce una nueva competencia exclusiva de la Junta de Comunidades, la protección y el blindaje de los derechos LGTBIQA+ y trans, que se materializa en la modificación y/o incorporación de nuevos artículos al texto estatutario proclamando los derechos del colectivo LGTBIQA+ y la responsabilidad de los poderes públicos a la hora de regularlos, así como medidas específicas para asegurar la prevención, corrección y eliminación de toda forma de discriminación, violencia o acoso, asegurando el pleno respeto a la diversidad sexual y de género y la eliminación de cualquier forma de discriminación”.

Para terminar, desde Podemos Castilla-La Mancha insisten en que “la aprobación del Estatuto sin el PP no es solo una posibilidad real con la mayoría democrática, sino una obligación histórica y moral”.

La inesperada ruptura por parte del PP del consenso alcanzando con los socialistas para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha ha provocado la reacción de ocho asociaciones LGTBI de Castilla-La Mancha que han expresado este viernes su “profunda preocupación” ante la posibilidad de que sus derechos, inicialmente pactados para ser incluidos vía enmienda en el trámite ante el Congreso de los Diputados, queden fuera del texto final.

La reforma estatutaria se encuentra ahora en el Congreso, a la espera de que se debatan las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios, pero de entrada el PP plantea que si no se modifica, a la baja, el número de diputados que pueden tener las Cortes de Castilla-La Mancha, no darán su visto bueno. Y eso a pesar de haber fijado una posición conjunta con el PSOE antes de llevar la reforma a las Cortes Generales, con una horquilla entre 25 y 55 escaños. Ahora no quieren que el techo pase de 35 escaños.

El cambio de opinión de los 'populares' de Paco Núñez está siendo muy criticado por los socialistas - y se ha tendido ya la mano a seguir adelante, sin el PP, tanto desde IU como desde Movimiento Sumar- pero también por otros colectivos como los empresarios, los sindicatos o el Tercer Sector Social de la comunidad autónoma y ahora se suman las críticas de los colectivos LGTBI. Mientras, Vox dice ver el enfrentamiento “comiendo palomitas”, porque su postura es la no cambiar nada, y mucho menos si tiene que ver con los derechos LGTBI.

El 'tamaño' del Parlamento castellanomanchego parece haber bloqueado una reforma que, en la práctica, tiene un calado que va mucho más allá del número de escaños. En realidad es lo de menos porque tanto PP como PSOE se habían comprometido a que eso no se aplicaría en las próximas elecciones autonómicas previstas para 2027.

Lo cierto es que, de no prosperar el texto, decaerían reformas importantes, adecuadas al actual contexto socioeconómico de la comunidad autónoma y en algunos casos muy esperadas por diversos sectores castellanomanchegos. También se cerrarían puertas a las reformas que espera el colectivo LGTBI.

“El Estatuto fue aprobado en las Cortes regionales tras un acuerdo entre las principales fuerzas políticas de nuestra comunidad autónoma, PSOE y PP, y el voto en contra de la formación de Vox. Ese consenso representaba un compromiso institucional con la estabilidad y el avance de Castilla-La Mancha”, recuerdan desde las asociaciones LGTBI. Tras el optimismo inicial ahora se temen lo peor.

En el rifirrafe entre PP y PSOE, los socialistas recogieron el “órdago” de los 'populares' que les retaron a retirar 21 enmiendas al texto, entre ellas la que tiene que ver con los derechos LGTBI. El PSOE aceptó, siempre y cuando el PP retome el pacto.

Ese día, el número dos del PSOE autonómico dijo la mayoría de las enmiendas socialistas son “mínimos retoques jurídicos de los letrados”, en 18 de ellas, mientras que las otras tres están “pactadas” con el propio PP, las que hacen referencia a la UCLM y la comunidad LGTBI. “Nos piden retirar todas las enmiendas. Acepto el órdago. Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo”.

Hoy estas siete asociaciones preguntan: “¿Es que acaso ahora la enmienda LGTBI no la veían de consenso?”, plantean desde la Asociación WADO LGTBI de Castilla-La Mancha, ⁠Plural LGTBIQ+ Mancha Centro, Chrysallis Asociación de familias de Infancia y Juventud Trans*, Fundación Triángulo, Familias Transformando Castilla-La Mancha, ADISE LGTBIQ+, Asociación LGTBI Torrijos y comarca y Bolo-Bolo LGTBI+ Castilla-La Mancha.

“Nos preocupa que se plantee la retirada global de todas las enmiendas, equiparando modificaciones previamente consensuadas, como la relativa al colectivo LGTBI o la referente a la Universidad de Castilla-La Mancha, y otras enmiendas de carácter técnico por lo visto, con enmiendas de calado como la de las horquillas parlamentarias redactadas de carácter unilateral”.

Si existen discrepancias reales desde el PP sobre alguna enmienda concreta, deben explicarse. Y si no las hay, no se entiende que se cuestionen en bloque, y así haya sido demandado por la secretaria general de los populares

Las preguntas al PP y los “derechos secuestrados”

En un comunicado conjunto apelan directamente al Partido Popular y a su secretaria general Carolina Agudo, que fue la que explicó las razones de la ruptura: “Si existen discrepancias reales desde el PP sobre alguna enmienda concreta, deben explicarse. Y si no las hay, no se entiende que se cuestionen en bloque, y así haya sido demandado por la secretaria general de los populares”, señalan los colectivos LGTBI.

Su pregunta, dicen, es “sencilla y legítima: si determinadas enmiendas fueron pactadas previamente, ¿por qué ahora se cuestionan en su conjunto? ¿Existe un desacuerdo real con el contenido de la enmienda LGTBI una vez el texto ha llegado al Congreso? O, por el contrario, ¿se está utilizando el trámite parlamentario para impedir la aprobación definitiva del Estatuto?”.

A los siete colectivos les preocupa “especialmente” que los derechos del colectivo LGTBI “puedan verse afectados por dinámicas políticas ajenas a la realidad social de Castilla-La Mancha”. Se reivindican como parte de la sociedad civil castellanomanchega y critican que con esta posición “ la totalidad de los derechos de Castilla-La Mancha estén también secuestrados”.

Y es que, advierten, “en nuestra región ya hemos visto retrocesos en políticas de diversidad en algunos municipios como Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, en contextos de acuerdos entre PP y Vox”.

En nuestra región ya hemos visto retrocesos en políticas de diversidad en algunos municipios como Toledo, Talavera de la Reina o Guadalajara, en contextos de acuerdos entre PP y Vox

En Talavera de la Reina, en el pleno del mes de enero de este año, PP y Vox aprobaron una moción de éstos últimos para exigir la censura de los “contenidos ideológicos” en el sistema educativo, aludiendo a la Ley LGTBI. Y en Toledo va a hacer un año de la aprobación de una moción tránsfoba, sobre la no financiación a clubes deportivos en los que se permita la participación de personas trans haciendo referencia al aspecto biológico.

En ciudades como las ya mencionadas o Guadalajara, añaden, “se ha retrocedido en el número de acciones desde el ámbito municipal en visibilidad del colectivo LGTBI. Todo esto nos preocupa porque, asimismo, es público que Vox ha defendido la derogación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha en 2025. ¿Esta es la deriva de espacios que va a permitir el PP y con lo que va a negociar siendo uno de los partidos junto al PSOE y Ciudadanos que aprobaron por unanimidad la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha?”, preguntan.

Es público que Vox ha defendido la derogación de la Ley de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI de Castilla-La Mancha en 2025. ¿Esta es la deriva de espacios que va a permitir el PP y con lo que va a negociar siendo uno de los partidos junto al PSOE y Ciudadanos que aprobaron por unanimidad la Ley LGTBI de Castilla-La Mancha?

Creen “imprescindible que se despeje cualquier duda sobre el compromiso real con la enmienda LGTBI y con la garantía de derechos en el nuevo Estatuto” y afirman que “la ciudadanía merece claridad”.

En su opinión, “si existe un cambio de posición respecto a la enmienda LGTBI, debe explicarse de manera transparente. Y si no lo hay, no entendemos que su inclusión se diluya dentro de una confrontación política más amplia que nada tiene que ver con la garantía de derechos”.

El Estatuto de Autonomía es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública. La sociedad civil merece coherencia

Dicen que sus peticiones son sencillas y van desde el “respeto al consenso institucional alcanzado”, “claridad en las posiciones políticas” y “garantía expresa de que los derechos del colectivo LGTBI no quedarán en el aire”.

Recuerdan que el Estatuto de Autonomía “es una norma estructural para Castilla-La Mancha. No puede convertirse en un escenario de bloqueo donde se mezclen acuerdos previos con desacuerdos posteriores sin explicación pública. La sociedad civil merece coherencia”, zanjan.

La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha se está convirtiendo en una partida de cartas y un cúmulo de réplicas y contrarréplicas entre los dos partidos que se comprometieron a sacarla adelante.

La nueva jugada es que el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha dicho aceptar el “órdago” lanzado este martes por su homóloga en el PP regional, Carolina Agudo, a cuenta de las enmiendas parciales presentadas al proyecto de Estatuto de Autonomía en trámite en el Congreso de los Diputados. Los socialistas retan así a que los dos grupos parlamentarios en la Cámara Baja retiren cada uno sus propuestas de matiz incluidas en la tramitación.

En un mensaje en la red social X, Gutiérrez responde así a Carolina Agudo, quien este martes, apuntaba ante las críticas por la enmienda 'popular' que rompía el acuerdo previo, que el PSOE también había presentado muchas enmiendas parciales.

De estas enmiendas socialistas, apunta el número dos del PSOE autonómico, la mayoría son “mínimos retoques jurídicos de los letrados” en 18 de ellas, mientras que las otras tres están “pactadas” con el propio PP, las que hacen referencia a la UCLM y la comunidad LGTBI.

“Nos piden retirar todas las enmiendas. Acepto el órdago. Me comprometo solemnemente a retirar todas aquellas enmiendas que no estén de acuerdo si ellos retiran las suyas. Primero, claro está, que expliquen cuál de nuestras enmiendas les supone un problema. Y las retiramos al mismo tiempo que ellos. Hoy mismo”, ha enfatizado.

El PP no retirará sus enmiendas

No obstante, el PP lo ha rechazado. Carolina Agudo ha asegurado que existen “problemas más importantes” en la comunidad autónoma que la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha. En relación con a los mensajes en 'X' lanzados este miércoles por Gutiérrez, la dirigente 'popular' ha insistido en que en el debate sobre el Estatuto su partido “ya ha dicho todo lo que tenía que decir” y ha recordado que el texto “se está debatiendo en el Congreso”.

Asimismo, ha pedido al PSOE que abandone “esa senda del insulto al ataque al PP”, en alusión a las declaraciones de los socialistas tras la presentación de las enmiendas parciales de los 'populares'. Agudo también ha criticado que “ayer mismo incluso Sergio Gutiérrez anunciaba un cordón sanitario al PP”, una expresión que ha enmarcado en la escalada verbal entre ambas formaciones en torno a la reforma estatutaria.

En este contexto, ha dejado claro que las enmiendas presentadas por el PP no se retirarán “a petición del PSOE”, cerrando la puerta a aceptar lo planteado por los socialistas para retirar de forma conjunta las propuestas registradas por ambos grupos en la Cámara Baja.

¿Qué pasará con el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha? Dos semanas después de que se rompiera el acuerdo alcanzado entre socialistas y populares tras presentar el PP una enmienda en relación con el futuro número de diputados que debe tener el Parlamento de la comunidad autónoma, todavía no está claro qué sucederá con el texto.

Mientras la tramitación continúa en el Congreso de los Diputados, tras presentar los diversos grupos parlamentarios casi un centenar de enmiendas, los partidos se han pronunciado esta semana sobre el futuro del texto, en medio de una incertidumbre que no se acaba de despejar.

PSOE: “Si no es el Estatuto, será un pacto social”

El primero en hablar fue el secretario de Organización de los socialistas castellanomanchegos y diputado nacional, Sergio Gutiérrez, quien este lunes parecía dar por imposible un acuerdo que salvase el Estatuto de Autonomía y proponía un “pacto social, económico y político” basado en el “consenso” que suscitaba el acuerdo.

“Creo que es muy duro para el conjunto de los representantes de la región, que durante tantos años hemos trabajado en un consenso, que ese esfuerzo no se vea recompensado con un proyecto de futuro. Si no es el Estatuto, será un pacto social que nos comprometa con objetivos y con medidores claros de la Castilla-La Mancha que queremos para las próximas décadas”, afirmaba Gutiérrez.

El socialista pedía que la “traición” del PP no haga del Estatuto “un esfuerzo en balde”, sino que sirva para que quienes como el PSOE o las organizaciones sociales se han comprometido, “por encima de doctrinas políticas y partidarias a nivel nacional”, con “una Castilla-La Mancha mejor” puedan seguir trabajando en ello y, por supuesto, para seguir reivindicando, mientras el Estatuto se encuentra congelado en el Congreso de los Diputados, “que el PP rectifique y cumpla”, añadía.

Sobre el cambio de postura del PP, Gutiérrez afirmaba que, en el caso de que fuera una orden que provenga desde la dirección nacional del partido, Paco Núñez “sobraría” como líder del PP“, ya que no sería ”útil, ni un interlocutor fiable para nadie“.

Por eso, ha sugerido Gutiérrez, lo mejor que puede hacer Núñez para que el PP siga teniendo algo de utilidad es “dimitir e irse”.

El PP pide a los socialistas que retiren sus enmiendas

A estas declaraciones de Sergio Gutiérrez ha salido al paso este martes la secretaria general y portavoz parlamentaria del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carolina Agudo.

Según la versión de Agudo, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha sido el PSOE quien ha roto el consenso alcanzado previamente en las Cortes regionales tras presentar 21 enmiendas al texto del nuevo Estatuto de Autonomía.

Para Agudo, resulta “profundamente contradictorio” que el PSOE hable de ruptura del pacto cuando los socialistas han registrado un total de 21 enmiendas que modifican el contenido del Estatuto acordado entre ambas formaciones.

En este sentido, Agudo ha asegurado que el Partido Popular de Castilla-La Mancha ha demostrado “desde el primer momento” su voluntad de acuerdo y su compromiso con un Estatuto de Autonomía útil para la región, centrado en blindar cuestiones esenciales como el agua, una financiación justa, la lucha contra la despoblación, la igualdad entre hombres y mujeres y la protección frente a la violencia de género.

Sobre el cambio de postura que su partido ha tomado en relación con el número de diputados en las Cortes regionales, Agudo ha afirmado que ese hecho supone “una garantía clara y expresa” de que el nuevo Estatuto de Autonomía no será utilizado como “instrumento” para aumentar el número de diputados en las Cortes regionales, a pesar de que dicha reforma, que elevaría el número máximo de diputados desde los 33 actuales hasta 55, no entraría en vigor hasta 2031.

Podemos equipara al PP con Vox: “Son antidemocráticos”

Más allá de los partidos que acordaron en Castilla-La Mancha el Estatuto, otras formaciones políticas en la región se han posicionado en los últimos días ante el riesgo de que el texto no salga adelante.

Podemos fue de los primeros partidos en reaccionar al cambio de postura del PP, criticando con “dureza” las declaraciones de Paco Nuñez en las que afirmaba que “nunca quisieron subir el número de escaños”. Por ello, mediante un comunicado, acusaban a los 'populares' de “jugar con la democracia y con la ciudadanía castellanomanchega”.

En este sentido, el secretario de Organización de la formación morada en la región, Marcos Isabel, criticaba que el objetivo del PP “siempre ha sido mantener el golpe electoral de Cospedal porque son igual de antidemocráticos que VOX”, y ha añadido que “el presidente del PP miente cuando dice que a la sociedad civil no le importa el número de diputados, ya que lo que quiere la sociedad civil es más democracia y no el pucherazo de Cospedal que lo único que hace es abrir las puertas de las Cortes a la ultraderecha”.

No obstante, en Podemos todavía se muestran optimistas con el recorrido parlamentario del texto. “En el Congreso existe una mayoría democrática y plurinacional suficiente para sacar adelante el Estatuto”, aseguraban en el comunicado.

IU y Sumar piden “coordinación” para sacar adelante el Estatuto

Sobre el futuro del Estatuto castellanomanchego también se han pronunciado Movimiento Sumar CLM e IU CLM. Desplazados este martes al Congreso de los Diputados para explicar las enmiendas que estas formaciones han realizado al texto, sus líderes han aprovechado para dar su versión a los medios.

Así, Pedro Mellado, coordinador regional de Izquierda Unida de Castilla-La Mancha, mostraba su “preocupación” sobre el estado en que se encuentra la tramitación del Estatuto. “Tenemos una aspiración, y es que seamos capaces de coordinarnos desde grupos parlamentarios aquí en el Congreso” para aprobar el Estatuto “sin el apoyo ni del Partido Popular ni de Vox”.

En referencia a las declaraciones del socialista Sergio Gutiérrez, ha afirmado que la solución no pasa “por renunciar a la tramitación del Estatuto”, ya que eso supondría “mantener la ley electoral de Cospedal, que tanto preocupó a Emiliano García-Page, y que tanto denunció en su momento, y por otro lado supone asumir el proyecto político de Vox, que lo que quiere es que no haya un nuevo Estatuto”, ha añadido Mellado.

Por su parte, Jesús Plaza, coordinador de Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, se mostraba partidario de la ampliación del número de diputados en las Cortes regionales. “Castilla-La Mancha es la segunda comunidad de España más infrarrepresentada, con 33 diputados. Eso no se puede consentir”. Y ha añadido que “es absurdo” confiar en el PP. “No es un socio de fiar”, ha zanjado Plaza.

Por ello, desde ambas formaciones ofrecen al PSOE “una alternativa” en la cual los partidos de izquierda se puedan “coordinar” para sacar adelante el Estatuto y que así Castilla-La Mancha tenga “una herramienta legal para poder dar respuesta a los problemas de la ciudadanía”.

Vox sigue la polémica “comiendo palomitas”

Por último, desde Vox han asegurado que están siguiendo “comiendo palomitas” la polémica suscitada en torno a la reforma del Estatuto.

“Le podría decir que estoy comiendo palomitas viendo lo que ya anticipamos y lo que ya dijimos desde el minuto cero en el que salió la reforma del Estatuto, que lo único que les importaba era el mercadeo de los escaños y lo estamos viendo”, declaró este lunes el portavoz de su grupo parlamentario, Iván Sánchez.

El diputado declaró que “si tan importante y tan necesario” es esta reforma del estatuto, “pues que lo firmen, que lo saquen y ya está”, ha emplazado a socialistas y 'populares'.

El partido ultra considera innecesaria la reforma del Estatuto de Autonomía y votó en contra durante la votación del Congreso de los Diputados.

Un Estatuto más allá del número de diputados

El nuevo Estatuto no solo ampliaba el número máximo de diputados presentes en las Cortes de Castilla-La Mancha. También ponía al día las competencias adquiridas en los últimos años y se abre a otras nuevas.

Una de las más llamativas tiene que ver con el deseo de controlar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

Se habla también del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de las personas inmigrantes, explicitando que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con el Gobierno de España en todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas competencias.

Otras medidas que incluye el texto acordado van desde “el uso preferente de los recursos hídricos del territorio”, una Agencia Tributaria autonómica o legislar vía decreto

Antes del cambio de postura del PP, el Gobierno de Castilla-La Mancha tenía la esperanza de que el Estatuto estuviera listo en las Cortes Generales en la primavera de 2026. Ahora, todo queda en el aire,