Era abril de 2019 cuando en el pleno de San Millán de la Cogolla aprobaba la reforma del Estatuto de Autonomía de La Rioja. Una norma que supuso la mayor actualización del estatuto desde su aprobación y que todavía sigue bloqueada en la fase de tramitación ante las Cortes Generales en Madrid. Con estas recién disueltas por la convocatoria de elecciones anticipadas, termina una legislatura en la que no se ha dado ningún paso hacia su aprobación.

La disolución de las cortes generales provoca que todas las leyes en tramitación caducan, por lo que tendrían que volver a presentarse en la próxima legislatura. No ocurre lo mismo con las iniciativas legislativas populares ni con las proposiciones de ley que remiten los parlamentos autonómicos, que habitualmente son estatutos, como en el caso de La Rioja. Estas proposiciones de ley, que se tratan por orden de presentación el primer martes de cada mes que hay pleno, se quedan en estado latente pendientes de la formación de un nuevo parlamento nacional para continuar el trámite.

No obstante, no es una cuestión de tiempo porque a la reforma del Estatuto de Autonomía riojano ya le hubiera tocado llegar al Congreso de los Diputados y de hecho asuntos de otras autonomías presentados más tarde, la han adelantado. Sin embargo, la Cámara Baja solicitó formalmente al Parlamento de La Rioja la designación de una delegación de hasta un máximo de tres diputados autonómicos, tal y como recoge el artículo 87.2 de la Constitución, para defender la reforma en el pleno de admisión a trámite y hasta el momento la presidenta no la ha designado.

Desde el Parlamento justifican que “se están intentando que puedan tomar parte los grupos representados en el arco parlamentario para favorecer el máximo consenso”. Es decir, el Parlamento de La Rioja quiere que en esa delegación haya un representante de cada uno de los cuatro partidos políticos que forman ahora la cámara autonómica a pesar de que la Constitución recoge que deben ser máximo tres y que el objetivo de la delegación es defender la reforma ante el Congreso, algo sobre lo que Vox (uno de esos cuatro grupos políticos) ya votó en contra en 2021.

En 2019, sin embargo, sí se designó esa delegación, que compusieron entonces Jesús Ángel Garrido por el PP, Raúl Díal por el PSOE y Pablo Baena por Ciudadanos, que defendieron la reforma en un pleno que la convocatoria de elecciones anticipadas y la pandemia retrasaron a 2021. Entonces fue tomada en consideración con 262 votos a favor, 23 abstenciones y los 52 votos de Vox en contra.

Tras este pleno, comienza el trámite en el Congreso que contempla la presentación de en enmiendas, la ponencia e incluso podría volver a remitirse al Parlamento regional para la subsación de errores. Entonces, en 2021, se llegaron a registrar 39 enmiendas pero en mayo de 2023 concluyó la legislatura y el proceso tuvo que reiniciarse de nuevo, pero en esta legislatura no se ha avanzado.

Ante esta situación, la reforma del estatuto de autonomía sigue encallada. En la refoma destacaban aspectos como la supresión de los aforamientos políticos, la capacidad legislativa de urgencia a traveés de Decretos-Leyes y la defensa explícita del tejido socioeconómico riojano frente al efecto frontera con las comunidades vecinas con regímenes fiscales especiales. Más de siete años después de aprobarse por unanimidad de los cuatro grupos políticos que conformaban entonces el Parlamento de La Rioja, termina una legislatura sin que ese mismo órgano de pasos hacia delante para su aprobación.

El lehendakari, Imanol Pradales, del PNV, ha asegurado que si Pedro Sánchez puede exprimir la legislatura para aprobar decretos con medidas sobre Vivienda también lo puede hacer para cumplir los acuerdos pendientes y completar el Estatuto de 1979. Los nacionalistas apoyaron la investidura en 2023 a cambio de cerrar las transferencias en 2025, el plazo no se cumplió y aún en 2026 quedan materias en el aire, principalmente la gestión de las pensiones de la Seguridad Social pero también los paradores de turismo o la organización de elecciones municipales.

En el Parlamento Vasco, que celebra este viernes una sesión de control al Gobierno, el PNV ha preparado una autopregunta para que Pradales pueda recordar a Sánchez que “no se ha cumplido todo lo acordado”. Voces internas del entorno del lehendakari reaccionaron al adelanto electoral, con cita con las urnas fijada para el 29 de noviembre, como la constatación de que las negociaciones abiertas quedarían en papel mojado. Sin embargo, ahora ha cambiado la estrategia para insistir en que “todavía hay tiempo”.

“De repente, elecciones. Parece que todo se pone patas arriba. Pero con el decreto de la Vivienda ha pisado el acelerador. Si quieren, pueden. Pedimos que muestren la misma voluntad con la agenda del autogobierno. Todavía hay tiempo [...]. Me gustaría ver esa misma velocidad y valentía en el cumplimiento íntegro del Estatuto”, ha señalado Pradales, que vio cómo a finales de julio se cancelaba una 'cumbre' con Sánchez precisamente por la falta de entendimiento con las materias pendientes. Al margen del Estatuto, el lehendakari ha pedido también que se atiendan otras cuestiones como los acuerdos para incrementar la potencia eléctrica industrial.

Pradales no ha negado que se han dado catorce acuerdos en la legislatura. “Hemos avanzado”, ha señalado. En concreto, se ha cedido la gestión de las Cercanías de Renfe, ahora llamadas Lottu, la gestión de Costas o Salvamento Marítimo, entre otros puntos. Igualmente, la transferencia de la Seguridad Social técnicamente ya está iniciada con acuerdos sobre prestaciones no contributivas, seguros escolares o las políticas de paro, aunque en este caso se ha retrasado la entrada en vigor hasta mediados de 2027.

Pradales ha aprovechado también su turno para hacer oposición a la oposición y ha reclamado a EH Bildu que “muestre determinación” en las Cortes Generales y ayude al PNV en la exigencia de las transferencias pendientes. Ha deslizado que la coalición abertzale apoya “a ciegas” y con “entusiasmo” todas las medidas que lanza el PSOE y que sería deseable que fuera “de la mano” del PNV en defensa del autogobierno.

El secretario de Organización del PSOE de Castilla La Mancha y diputado nacional por Toledo, Sergio Gutiérrez, ha adelantado que su formación ha pedido un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para solicitar la retirada de la reforma del Estatuto de las Cortes regionales, que se tramitaba en el Congreso de los Diputados, tras la disolución de esta cámara por la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

“El tiempo para llegar a un acuerdo caducaba en esta legislatura. El acuerdo era con el PSOE y con el PP. El acuerdo aquí y el acuerdo allí. Lo traicionó el PP, y lo que no nos podemos arriesgar es que, en unas próximas Cortes generales, manoseen con el Estatuto, con el pacto que hemos hecho aquí en Castilla-La Mancha”, ha indicado en declaraciones a CMM Radio.

El dirigente socialista ha dicho que hay “miedo” a los “pactos ocultos” del presidente del PP regional, Paco Núñez tanto con Miguel Tellado, para poder volver a ser el candidato, ya sea en materia de agua o en derechos sociales, como con Vox.

Según ha dicho, esos posibles acuerdos pueden propiciar una mayoría de PP y Vox en el Congreso. “Vamos a intentar que no sea así, y que termine dándoles la oportunidad de blindar el trasvase del Tajo-Segura en el Estatuto, de recortar las menciones en igualdad, de recortar o de suprimir el Consejo de Diálogo Social”, ha dicho.

PP y Vox ponen el foco en la ampliación de diputados

Tras conocer esta decisión del PSOE, el PP ha asegurado que la causa de que el nuevo Estatuto se “haya malogrado” es del “ansia” del PSOE de tener más diputados.

“Su objetivo -el del PSOE- era aumentar los diputados y ya dijimos que para eso no contase con el PP”, ha asegurado el vicesecretario regional de Comunicación del PP, Santiago Serrano, a pesar de que el aumento de diputados en las Cortes regionales estaba previsto en el acuerdo que cerraron ambos partidos el año pasado.

Por su parte, Vox ha celebrado la decisión del PSOE y asume que “este paso atrás” es una “victoria política” suya. Al igual que también ha puesto el foco de la reforma estatutaria exclusivamente en el aumento de los diputados.

“En Vox nos alegramos de la retirada de esta reforma innecesaria, partidista y hecha a la medida de los intereses del PSOE. Los castellanomanchegos no necesitan más diputados; necesitan más médicos en sus centros de salud, más policías en sus calles, acceso a la vivienda para los jóvenes y ayudas reales para nuestros agricultores”, ha aseverado el presidente del Grupo Parlamentario Vox, David Moreno.

No obstante, más allá del ruido mediático que se ha generado con la ampliación del tamaño del Parlamento de Castilla-La Mancha, la reforma estatutaria contemplaba más modificaciones de un texto que ya tiene 44 años -aunque ha sido reformado tres veces en este tiempo-.

Por ejemplo, el nuevo Estatuto pone al día las competencias adquiridas en los últimos años y se abre a otras nuevas. Una de las más llamativas tiene que ver con el deseo de controlar las instalaciones de producción, distribución y transporte de energía, cuando el transporte no salga de su territorio y su aprovechamiento no afecte a otra comunidad autónoma.

Se habla también del régimen de acogida e integración económica, social y cultural de las personas inmigrantes, explicitando que la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha colaborará con el Gobierno de España en todo lo relativo a políticas de inmigración, en el ámbito de sus respectivas competencias.

El adelanto al 29 de noviembre de las elecciones generales, decidido ya por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entierra definitivamente las conversaciones abiertas entre los Gobiernos central y vasco para completar el Estatuto de 1979. En particular, ya no será posible una transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, es decir, del pago de las pensiones. También quedarán en un cajón otras materias de menor relevancia como los paradores de turismo o la regulación de las elecciones municipales.

A finales de 2023, un PNV entonces capitaneado por Andoni Ortuzar condicionó el apoyo a la investidura de Sánchez al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que este mes de octubre cumplirá 47 años. Desde entonces, Euskadi ha recibido un buen número de transferencias, dando continuidad al proceso iniciado en la legislatura anterior con Prisiones, por ejemplo, de cuyo traspaso se han cumplido ahora cinco años. En este tiempo se ha cedido el servicio de Cercanías de Renfe, ahora conocido como Lottu, la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros, algunas nuevas funciones para la Ertzaintza, Salvamento Marítimo o la gestión del litoral. Se ha creado también un órgano bilateral en el que las instituciones vascas pueden coparticipar de la gestión de los aeropuertos de Aena, que son infraestructuras estatales.

Pero el compromiso de tener todo cerrado en 2025 no se cumplió. El año ya se cerró con tensiones entre los Gobiernos central y vasco que, finalmente, alcanzaron algunos acuerdos en enero de 2026 y pospusieron otros a Semana Santa. Nuevamente, llegada esa fecha, Sánchez se vio en La Moncloa con el lehendakari, Imanol Pradales, y desbloquearon algunos temas, aunque una vez más dejaron otros pendientes. Se iba a celebrar otra 'cumbre' bilateral en verano, antes de las vacaciones de agosto, pero la falta de avances hizo que se cancelara 'sine die'. Después del parón estival ha habido algunos contactos, pero no han cristalizado.

De todos los temas pendientes es la gestión de la Seguridad Social el más relevante. En puridad, el traspaso ya se ha iniciado con la cesión de algunas submaterias de menor relevancia, como las prestaciones no contributivas o el seguro escolar. La más relevante era la relativa a las prestaciones y subsidios de paro, las denominadas políticas pasivas de empleo gestionadas por el SEPE, el antiguo Inem. Estaba firmada e iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero recientemente se ha decidido que no hay margen y se ha pospuesto hasta el 1 de julio de 2027. El Gobierno vasco ha asegurado que hay un acuerdo firmado y que un posible cambio político en Madrid no debería afectar.

Sin embargo, el bloque principal relacionado con la Seguridad Social eran las pensiones. Son 12.000 millones de presupuesto y una gran estructura de funcionarios y edificios, posiblemente la mayor que mantiene el Estado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército. Es una materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma y ha suscitado dudas por el carácter unitario del sistema. El Estatuto marca expresamente que el Gobierno vasco sólo sería un cajero, que no podría modificar la legislación o las cuantías, y que se mantendría la solidaridad interterritorial o 'caja única'.

El PNV también deseaba más capacidades en materia portuaria, aunque este debate es muy diferente. Euskadi ya recibió la transferencia de puertos hace cuatro décadas y gestiona todos los que no son de interés general, que son competencia exclusiva del Estado. De hecho, la oposición ha criticado duramente la gestión de la sociedad pública autonómica EKP, en particular de sus adjudicaciones de contratos.

Los de Bilbao y Pasaia, en cambio, siguen siendo parte de Puertos del Estado, pese a lo cual desde hace años las instituciones vascas participan en su gestión, sobre todo con el nombramiento de sus responsables, que han sido habitualmente cargos nacionalistas. El debate arrancó con la intención de que Pasaia fue desclasificado y transferido. El PNV sostenía que era para dotarle de más competitividad. Ahora, ante el 'no' de los socialistas a esa demanda, ha seguido con la petición de más atribuciones en materia portuaria. Sin embargo, tampoco aquí ha habido 'fumata blanca' y es improbable que la haya en los minutos de descuento de la legislatura.

Desde hace meses, en el PNV convivían dos discursos sobre Sánchez. Por un lado, Aitor Esteban pedía claramente un adelanto electoral. Por otro lado, el lehendakari y sus consejeros repetían hasta la saciedad que mientras quedara un Gobierno había que exprimirlo. Este mismo fin de semana lo ha manifestado, por última vez, la consejera Nerea Melgosa en 'Deia'. Ahora, fuentes del Ejecutivo vasco admiten que “no estaba el horno para muchos bollos” en materia estatutaria en los últimos meses y que ahora, habiendo una fecha de elecciones, “todo el mundo está ya a otra cosa”. “Esto nos coloca en una situación de final”, asumen.

Pradales había dicho por dos veces en septiembre que Sánchez podía haber pasado a la historia como el presidente que cumplió íntegramente el Estatuto de 1979. Pero no será así, al menos en esta legislatura. Igualmente, queda en agua de borrajas la “ventana de oportunidad” que veían tanto el PNV como EH Bildu para llevar a las Cortes Generales una reforma estatutaria. Sin embargo, ese proceso estaba en una fase mucho más incipiente porque ni siquiera hay una propuesta clara en Euskadi de qué se quiere hacer. La idea la lanzó el PNV con Iñigo Urkullu en 2012 y se ha ido estirando y estirando con el paso de las legislaturas. En los últimos años, fuera de las instituciones, PNV, EH Bildu y los socialistas han mantenido negociaciones, pero los plazos para presentar el resultado también se han ido incumpliendo. Además, antes de enviar cualquier idea a Madrid era precisa, en Vitoria, la tramitación completa y la aprobación en el Parlamento Vasco, un proceso de meses o años.

La convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se encontraba en el Congreso de los Diputados tras haber presentado los grupos las enmiendas pertinentes, se quede pendiente en la Cámara baja para la próxima legislatura.

En todo caso, lo que sí decae son el casi el centenar de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Estas mismas fuentes señalan que esta situación la contempla el artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El artículo 207 señala que “disuelto el Congreso o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”.

Al tratarse de una propuesta legislativa procedente de una asamblea autonómica, se aplica la práctica de trasladar a la Cámara siguiente la proposición pendiente, según publica el Congreso de los Diputados en su página web.

De este modo, se contempla el escenario de que “no será necesario” volver a presentar la propuesta de reforma, pero sí se retrotraerá “al momento de la calificación por la Mesa de la Cámara”.

Así, será la nueva Mesa del Congreso que se conforme tras los resultados de las elecciones del 29 de noviembre la que se encargue de calificar esta reforma, y tendrá potestad para decidir si se tramita o no, sometiéndose a un nuevo debate en el que el nuevo Congreso decidirá si la toma o no en consideración.

Asimismo, decaen las enmiendas presentadas, alrededor de un centenar, y no se podrán volver a presentar hasta que no se celebre la primera sesión del Congreso de los Diputados.

Una tramitación convulsa

Tras el pacto suscrito entre PP y PSOE en la región, aprobado en las Cortes castellanomanchegas, el proyecto de Estatuto recaló en el Congreso de los Diputados hace aproximadamente un año, en noviembre de 2025, cuando prácticamente la totalidad de la Cámara Baja dio su visto bueno y dio luz verde al texto, con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones.

Una vez tomado en consideración, en febrero culminó el plazo de presentación de enmiendas parciales y recibió casi un centenar de propuestas: 12 de Sumar, 19 del Grupo Mixto, 21 del Grupo Socialista, 11 del Partido Popular y 33 de Vox.

En este contexto, la polémica se suscitó cuando el PP, en sus enmiendas parciales, pidió establecer la horquilla de diputados de la Cámara regional entre 25 y 35, y no entre 25 y 55, como había pactado con los socialistas en Castilla-La Mancha.

Además, los 'populares' recogieron en sus iniciativas que el Estatuto incluyera valores como la dignidad o el libre desarrollo de cualquier persona residente en el territorio regional o reforzar políticas de vivienda introduciendo el respeto a la seguridad jurídica contra la ocupación ilegal.

De su lado, Vox, pese a rechazar de plano la tramitación del texto aduciendo que solo serviría para aumentar el gasto político en la región, planteó en sus enmiendas recuperar la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Comunidades, además de su intención de suprimir organismos y estructuras administrativas innecesarias, la limitación del abuso del decreto-ley y de la delegación legislativa y el refuerzo del control parlamentario y la separación de poderes.

El Grupo Socialista ahormó una veintena de enmiendas, casi todas ellas de carácter técnico para matizar límites competenciales entre la autonomía y el Estado, pero con dos adiciones destacadas. La primera de ellas, para dar más protección al colectivo LGTBIQ+; y la segunda para poner en valor la importancia de la Universidad de Castilla-La Mancha en todo el territorio regional.

Sumar propuso blindar el derecho al aborto o que Castilla-La Mancha no tenga menos de 40 diputados. Por su parte, Podemos planteó vetar actividades económicas extractivistas; más memoria histórica y dignificación de fosas comunes; garantizar una prestación sanitaria universal y gratuita; o poder elegir hasta un centenar de parlamentarios en una posible combinación de circunscripción única con cinco provinciales.

El Gobierno vasco dice ahora que todavía “no se ha tomado la decisión” de retrasar el traspaso de la gestión de las políticas pasivas de empleo, es decir, los subsidios y prestaciones de paro hasta ahora en manos del SEPE, el antiguo INEM. Teóricamente, dependería de un acuerdo en una comisión mixta entre los Ejecutivos central y vasco. Pero es una realidad y una decisión ya adoptada.

Fuentes del Gobierno dieron por hecho ya la pasada semana que será imposible que Euskadi asuma estas funciones el 1 de enero de 2027, como estaba comprometido. Ha habido muchos problemas con la gestión del personal del SEPE, con vacantes y traslados previos a su incorporación como funcionarios autonómicos, algo ya ocurrido de alguna forma también hace cinco años con las Prisiones. Faltarían unos 300 funcionarios para poder mantener abiertas todas las oficinas actuales y prestar un servicio de calidad. De hecho, ahora ya hay municipios donde el SEPE no tiene recursos para hacerlo.

Es más, en la misma rueda de prensa en la que Ubarretxena ha indicado que la decisión no es definitiva, el vicelehendakari y responsable directo del servicio, Mikel Torres, ha asumido que “no es tan importante” la fecha como que el cambio se haga bien. Ubarretxena es de la parte del PNV del bipartito vasco y Torres del PSE-EE.

“Es una prestación muy delicada”, ha dicho Torres sobre el fondo del asunto. Y ha reconocido que “conlleva mucho personal” y que las cifras de la plantilla dispuesta a ser transferida han llegado hace muy poco, “a finales de julio”, con lo que no hay tiempo material para hacer las contrataciones. Ha asumido también que hay “personas que no han querido ser transferidas” y que son necesarios “refuerzos” para poder prestar el servicio.

En puridad, la decisión ya está tomada, según confirman las fuentes consultadas. La han adoptado en una comisión de seguimiento el área de Economía, Trabajo y Empleo del Gobierno vasco, del PSE-EE, y el Ministerio de Trabajo, de Sumar. Faltaría simplemente la ratificación oficial del retraso, de como poco seis meses.

Acto seguido, Ubarretxena ha querido despejar la hipótesis de que la posible llegada de un nuevo Gobierno a España, diferente al que firmó la transferencia estatutaria, condicione este traspaso tras los retrasos que va a acumular. Ha indicado que ya es “legalmente válido” aunque no se haya hecho efectivo porque está firmado. “Lo importante es que el traspaso [jurídicamente] se hizo”, ha insistido.

Este sobresalto, del que no ha habido ninguna comunicación oficial por parte de un Gobierno que tiene en el desarrollo del Estatuto una de sus banderas, coincide con las negociaciones para la asunción también de la gestión de la Seguridad Social, incluidas las pensiones. Es una materia todavía más compleja que el SEPE.

Se da la circunstancia de que, hace una década, ya fue tortuosa la transferencia de la otra parte del SEPE, las denominadas políticas activas de empleo. En aquella ocasión se cedió la formación, colocación y atención de parados, es decir, todo salvo los pagos de prestaciones. Fue el origen del actual Lanbide, al que luego se le agregaron las prestaciones sociales autonómicas, fundamentalmente la renta de garantía de ingresos o RGI.

Más autonomía para los puertos

Otro debate estatutarios es la demanda del PNV de gestionar el puerto de Pasaia. Euskadi ya recibió hace cuatro décadas la transferencia portuaria y gestiona todos salvo los considerados de interés general, cuya competencia es estatal, según la Constitución y el Estatuto. Son Pasaia y también el de Bilbao. No obstante, el Ejecutivo autonómico ya incide en su gestión nombrando a sus responsables, por ejemplo.

Sus socios socialistas han rechazado la idea inicial de desclasificar el puerto de Pasaia para que pueda ser de gestión autonómica y ahora la portavoz Ubarretxena indica que el objetivo es lograr “más autonomía” para que gane en competitividad, por lo que se abre a buscar otras fórmulas aunque no renuncien a sus máximos. Ha mencionado que grandes instalaciones europeas como Amberes, Rotterdam o Hamburgo son de gestión local y ha pedido explorar esa vía. Ha ironizado Ubarretxena que “mientras haya partido”, es decir, mientras haya legislatura en España, van a continuar “jugando” para arrancar acuerdos a Pedro Sánchez, también en este tema. A su lado, el socialista Torres ha tirado de ironía: “Con diálogo, todo lleva a buen puerto, nunca mejor dicho”. Los socios han terminado la rueda de prensa con sonrisas.

Todo esto, sin embargo, ocurre fuera de plazo. El PNV apoyó la investidura de Sánchez en 2023 a cambio de cerrar la carpeta estatutaria en 2025 y ya ha pasado casi un año con varios flecos pendientes. De hecho, en julio se suspendió una cumbre con Sánchez y el lehendakari, Imanol Pradales, y no se ha dado una nueva fecha. Ubarretxena insiste en que llevan el proceso con “discreción”.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, se ha mostrado pesimista con que el nuevo Estatuto de Autonomía de la región, que se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados, se pueda aprobar en este curso político que acaba de arrancar.

Así lo ha señalado en una entrevista concedida a CMM, en la que Bellido ha lamentado que, habiendo un acuerdo entre PSOE y PP sobre el Estatuto, “cuando este texto ha llegado a Madrid y el PP nacional ha dicho que esto no se va a aprobar, el PP de Castilla-La Mancha se ha vuelto a arrodillar”.

La reforma del Estatuto salió adelante en mayo de 2025 con los votos favorables de los grupos Socialista y Popular en las Cortes Regionales y su tramitación como Ley Orgánica fue tomada en consideración en noviembre en Madrid con una amplia mayoría de la Cámara Baja. Ha sido después, durante la fase de alegaciones, cuando el proceso ha quedado estancado, sin ningún avance en lo que va de año, después de que el Grupo Parlamentario Popular presentase una enmienda al texto de reforma relacionada con el futuro número de diputados que debe tener el Parlamento de la comunidad autónoma.

“Yo le pido que hay una oportunidad para aprobarlo, que rectifique y cumpla con la palabra dada. Si no se hace, evidentemente el Estatuto no se podrá aprobar en este momento y no quedará más remedio que retirarlo”, ha solicitado Bellido al PP regional.

El presidente de las Cortes regionales ha calificado esta situación como “desesperante” y asegura sentirse “traicionado”, ya que este Estatuto, en su opinión, “no surge de la nada”, sino del “trabajo conjunto entre PP y PSOE, en el que participó toda la sociedad de Castilla-La Mancha, llegó al Congreso de los Diputados y en la tramitación se aprobó por más del 80% de los diputados, lo cual es algo inédito en este Parlamento nacional”. “Y cuando se trata de la aprobación definitiva, se bajan del carro con pretextos y excusas que no se las cree nadie. Me siento traicionado y me gustaría que el PP y Paco Núñez rectificasen y atendiesen a lo que han aprobado en Castilla-La Mancha”, ha concluido Bellido.

El Debate de la Región, en la primera quincena de octubre

Pablo Bellido también ha explicado que el último Debate sobre el Estado de la Región de esta legislatura se celebrará “probablemente” en la primera quincena de octubre, aunque ha afirmado que todavía no hay fecha concreta escogida.

Además, ha añadido que espera que esta cita, que ha calificado como “el debate más importante de cada curso político”, “sea muy provechosa”.

El proyecto de estatuto del Consejo Regional de Asturias y León, elaborado durante la guerra civil, se encuentra en el Archivo General Militar de Ávila. El historiador y profesor del instituto de secundaria de La Fresneda (Siero) Pablo Martínez Corral ha sido el artífice de su localización; un hallazgo que ha sido calificado como “excepcional” por el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Este lunes ambos han mantenido un encuentro en el estand del Principado en la Feria Internacional de Muestras de Asturias, que se celebra en Gijón/Xixón, dedicado en esta edición al 45 aniversario del Estatuto de Autonomía de Asturias.

El presidente asturiano ha anunciado el interés del Principado por conservar las actas y documentos vinculados con el proyecto de estatuto que fueron incautados al Consejo Regional de Asturias y León y, por ello, va a solicitar su devolución para que quede en custodia en el Archivo Histórico de Asturias, con el fin de que puedan estar a disposición de especialistas e historiadores.

Una identidad “cargada de historia”

Barbón se ha mostrado especialmente satisfecho por la importancia de este hallazgo y ha subrayado “la clara vocación social” de un documento que sentaba las bases para administrar un territorio formado por las provincias de Asturias, León, Zamora y Salamanca, una vez finalizada la contienda y restablecida la legalidad constitucional republicana.

“Este documento supone un paso más para demostrar por qué la identidad asturiana es una identidad cargada de historia de la que tenemos que sentirnos profundamente orgullosos”, ha añadido.

La gobernanza

“Ahora sabemos que, en el año 1937, en plena guerra civil, el Consejo Regional de Asturias y León no solo se contentaba con gobernar la Asturias de la época y parte de León, sino que, además, reflexionaba sobre cómo iba a ser la gobernanza del día después”, ha afirmado el presidente asturiano.

Barbón ha hecho un repaso al avance de la región gracias a todas las infraestructuras que se han puesto en marcha a raíz de la entrada en funcionamiento del Estatuto de Autonomía.

Las infraestructuras

“Si no hubiera sido por la autonomía, no existirían infraestructuras como el hospital de Cangas del Narcea, ni tampoco 215 consultorios médico-sanitarios, ni el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), no habría gratuidad universitaria o la red autonómica pública y gratuita de escuelas de 0 a 3 años no sería una realidad”, ha enumerado.

El presidente asturiano ha explicado que el estatuto encontrado en Ávila, que aglutinaba a los antiguos reinos de Asturias y León, ya estaba “pensando en la reorganización autonómica” y en la victoria “de la legalidad constitucional”.

La figura de Belarmino Tomás

El historiador Pablo Martínez Corral, que forma parte del grupo de investigación 'La Trókola', ha llamado la atención sobre la importancia de que salga a la luz una parte de la historia de Asturias que “había quedado sepultada”.

Tanto Barbón como Martínez Corral han ensalzado la figura del presidente del Consejo Interprovincial de Asturias y León, Belarmino Tomás.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha aprovechado el 44 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía para recordar “el gran acuerdo” que lo hizo posible y para hacer un llamamiento a quien “está impidiendo” que salga adelante en el Congreso “la profunda reforma que fue consensuada y aprobada en el Parlamento autonómico”. Una alusión indirecta, sin mencionarlo, al Partido Popular.

“Ojalá se pueda aprobar el Estatuto que necesitamos, ojalá que no se vea decepcionado ni defraudado por algún interés electoral”, ha reflexionado Bellido en un mensaje institucional con motivo del aniversario, donde pide que esta posición de bloqueo fruto de la alteración de lo pactado inicialmente sea “reconsiderada” por parte de quien “está impidiendo aprobar lo que aprobamos los diputados y diputadas que representamos a la sociedad de esta región, y que lo hicimos porque así lo deseaban los representantes de las entidades sociales”.

44 años del Estatuto de Autonomía

Bellido recuerda que este 10 de agosto se cumplen 44 años de la aprobación del Estatuto de Autonomía que dio comienzo a la comunidad autónoma, tras “un gran acuerdo entre la Unión de Centro Democrático y el Partido Socialista, es decir, del centro derecha y el centro izquierda de España” de aquel momento: “Una noticia formidable porque se aprobó el Estatuto que necesitaba en ese momento la sociedad”.

Aludiendo a aquel hito histórico, la segunda autoridad regional recuerda que ahora se encuentra en tramitación en el Congreso de los Diputados la reforma del Estatuto, que lo convierte en la práctica en un texto “renovado íntegramente ”y que “también ha llegado fruto de un gran acuerdo, esta vez no solamente del Partido Socialista y el Partido Popular, sino con la sociedad de Castilla-La Mancha representada por sus agentes sociales, sus organizaciones, sus entidades y, en definitiva, por el conjunto de la sociedad castellanomanchega”.

La reforma salió adelante en mayo de 2025 con los votos favorables de los grupos Socialista y Popular en las Cortes Regionales y su tramitación como Ley Orgánica fue tomada en consideración en noviembre en Madrid con una amplia mayoría de la Cámara Baja. Ha sido después, durante la fase de alegaciones, cuando el proceso ha quedado estancado, sin ningún avance en lo que va de año.

Bellido insiste en el llamamiento “a quien hoy impide” que este nuevo Estatuto de Autonomía se apruebe para que “reconsidere su posición y respete lo acordado en nuestra región por toda la sociedad: tenemos que seguir reivindicando la necesidad de grandes acuerdos para que avance Castilla-La Mancha y para que los hombres y mujeres que vivimos en esta tierra podamos seguir mejorando nuestra calidad de vida”.

El 94,2% de los ciudadanos vascos apuesta por mantener o ampliar el autogobierno vasco, ya que identifica este sistema con el “bienestar colectivo”. El 66,3%, de hecho, considera “prioritario” un nuevo Estatuto, según los datos de la Encuesta Ituna. El estudio ha sido elaborado por los investigadores Jon Garro y Asier Blas para el Centro Ituna de Documentación e Investigación del Concierto Económico y las Haciendas Forales (de la EHU), con la colaboración del Departamento de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, informa Europa Press.

La encuesta, realizada en función de las respuestas a 1.200 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años residentes en Euskadi entre el 26 de enero y el 23 de febrero, refleja que el 94,2% de los ciudadanos es partidario de mantener o ampliar el autogobierno. En concreto, el 38,8% se conforma con el nivel vigente, el 34,9% apuesta por ampliarlo y el 20,5% optaría por la independencia, mientras que el 4,6% prefiere reducirlo. Además, un 66,3% de los encuestados considera muy o bastante prioritario aprobar un nuevo Estatuto, frente a un 30,1% que no lo considera tan apremiante.

Los entrevistados identifican el autogobierno con el “bienestar colectivo”. El 53,9% lo señala como la razón principal para defender el Concierto Económico y el 47,6% dice lo mismo del autogobierno en su conjunto. Entre las conclusiones del estudio, se indica que el Concierto “conserva una legitimidad social elevada y estructural”, ya que un 89,1% le atribuyen mucha o bastante importancia para la capacidad de decisión de Euskadi y un 82,2% respalda su continuidad.

En caso de que el Estado derogara el Concierto, un 51,1% de los encuestados apoyaría la independencia, frente al 20,5% que ya la han elegido como opción preferente. Sin embargo, entre los menores de 30 años solo un 46,3% conoce mucho o algo el funcionamiento del Concierto Económico, frente al 58,8% del conjunto de la población. La encuesta atribuye a este desconocimiento que este grupo de edad sea el más conforme con el nivel actual de autogobierno, con un 47,9% de satisfacción, la cifra más alta de toda la muestra.

En cuanto al traspaso de competencias pendientes como la de Seguridad Social, un 64,4% es favorable a que el Gobierno vasco gestione de forma descentralizada sus cotizaciones y prestaciones, mientras que solo un 13,9% se posiciona en contra. Por otro lado, el estudio refleja que el Ejecutivo autonómico encabeza los niveles de confianza entre las administraciones públicas con una nota de 6,25 sobre 10, seguido de cerca por las diputaciones forales con un 6,21 y los ayuntamientos con un 6,16. Sin embargo, instituciones como la Unión Europea suspenden con un 4,96 y el Gobierno de España con un 4,77.

Presidente de la Fundación Blas Infante desde abril de 2024, una tarea que hasta entonces había desarrollado su madre María de los Ángeles, Javier Delmás Infante es el tercer nieto que tuvo el que desde 1983 es reconocido como padre de la patria andaluza.

Como máximo responsable de la institución encargada de preservar el legado histórico y político de su abuelo, reivindica la vigencia de su figura, no quiere entrar en qué le parece la presencia de Vox en el Gobierno andaluz y no se atreve a imaginar qué diría si viese el actual panorama político en Andalucía.

Se cumplen 90 años del fusilamiento de Blas Infante, ¿estamos en un momento en el que hay que defender más que nunca su legado?

Yo creo que sí, todo lo que sea ampliar el mensaje y sobre todo el legado en general de Blas Infante en sus diversos ámbitos me parece fundamental, sobre todo porque creo que no ha llegado a calar en la inmensa mayoría de las capas de la población andaluza. Tanto él como su mensaje siguen siendo más bien desconocidos para la inmensa mayoría del pueblo andaluz.

¿Y por qué cree que no ha llegado a calar?

No digo que no haya llegado a calar, digo que se desconoce ampliamente, entre otras cosas porque desde que se rescata su figura allá por los años de la Transición, Blas Infante es una persona que pasa de largo en la educación de los niños andaluces. No quiero decir que se le trate con poco respeto, no es eso, sino que en lo que ha sido la obra y el mensaje de Blas Infante no se ha profundizado nunca para que llegue a calar en esos diversos ámbitos de la población.

En su intervención hace un mes en el acto en el Parlamento andaluz por el 141 aniversario de su nacimiento, defendió que el pensamiento de Blas Infante es un bálsamo frente a extremismos y exclusiones, ¿ese mensaje iba destinado a algún partido en concreto?

Con eso quería decir que Blas Infante fue sobre todo una persona regeneracionista, integradora y solidaria con el resto de los pueblos de España. Su mensaje es de solidaridad y respeto hacia sus propios antagonistas, algo absolutamente fundamental para él. Quería que, por encima de todo, Andalucía fuese solidaria, no excluyente y muy respetuosa, como era él incluso con quien no estuviese de acuerdo.

La verdad es que hiere mucho cuando vemos ciertos desaires hacia la obra y la persona de Blas Infante

Lo digo porque parecía un dardo dirigido a Vox...

Mire, yo soy muy respetuoso con los que estén en las antípodas de ese pensamiento tan integrador y tan solidario de Blas Infante, terriblemente respetuoso. Yo solamente pido que se le respete a él, porque se presume que somos todos demócratas, ¿no? Estamos hablando de una persona a la que fusilan con 51 años y que deja cuatro niños huérfanos, al menos se le debe un respeto. En las componendas entre las diversas fuerzas políticas para hacer viable esta legislatura no voy a entrar, porque no tengo ningún vínculo político con ningún partido ni nada. Y tengo que decir que no es el primer año que Vox no aparece en ningún homenaje a Blas Infante, ni se deja ver en un acto de respeto hacia su figura. Yo, como tercer nieto por edad de los ocho que tuvo Blas Infante y que nací en su propia casa, lo que puedo decir es que mi familia ha sufrido muchísimo, y la verdad es que hiere mucho cuando vemos ciertos desaires hacia su obra y hacia su persona.

En ese mismo discurso, usted recordó que Infante rechazó cualquier forma de racismo, de superioridad o de desprecio al diferente, ¿cree que Infante estaría en contra del concepto de prioridad nacional que defiende Vox?

Ya le digo yo que sí, que mi abuelo habría estado en contra y no habría entrado nunca dentro de sus prioridades políticas, eso es seguro. El objetivo de mi abuelo, por encima de todo, era la recuperación de Andalucía y potenciar las ansias de autonomismo, no olvidemos que fue impulsor del primer anteproyecto de autonomía que se pensaba validar en septiembre de 1936, que por el golpe de Estado del 18 de julio y toda la ilegalización del proyecto andalucista evidentemente no se pudo llevar a cabo, además de por su propio asesinato. En ese proyecto autonomista veía la solución para salvaguardar los poderes de Andalucía y potenciar su autogestión. Él consideraba que, desde su autonomía, Andalucía estaría mucho más capacitada y preparada para resolver sus propios problemas, porque no ha sido precisamente de las regiones españolas que han sido más favorecidas desde los gobiernos centrales desde tiempo inmemorial.

Vox ha vuelto a faltar al homenaje a Blas Infante, pero esta vez no ha lanzado mensajes ridiculizando su figura...

Cuando hablo de la falta de respeto a su figura lo hago desde el sentimiento que yo tengo como nieto y efectivamente eso me duele. Si ellos de alguna manera le quieren hacer daño a algún miembro de la familia de Blas Infante, pues ya lo tienen, evidentemente lo consiguen. Hombre, le tildan de separatista, cuando siempre mantuvo que Andalucía no se podría separar nunca de España porque era la esencia de España. Y después que si era musulmán, cuando mi abuelo es que era profundamente respetuoso con cualquier opción religiosa, eso no quiere decir que fuera islamista ni muchísimo menos. ¡Pero si hasta era protector de las monjas de clausura del convento Santa María de los Reyes de Sevilla! Si quieren atacar y decir que Blas Infante lo que quería era poco menos que convertir a Andalucía en una parte más del islam, pues se equivocan rotundamente.

En este sentido, ¿qué le parece que su propio hermano afirme que tiene un Corán de vuestro abuelo que presenta como prueba de que se habría convertido al islam?

Pues mire, para empezar yo soy tremendamente respetuoso con lo que cada miembro de la familia Infante pueda pensar de él. Yo asumo lo que mi abuelo planteaba sobre la época de Al-Ándalus, donde están los vestigios más importantes de la brillantez de Andalucía y ahí ha quedado el deslumbramiento de la Alhambra de Granada, la Giralda de Sevilla o la Mezquita de Córdoba. Mientras que en Andalucía se cultivaban las tierras, había bibliotecas y se fomentaba el ámbito cultural, en otras partes del Estado español estaban todavía al margen de estas manifestaciones culturales. Y además, simplemente digo que el aspecto islamista de Blas Infante no es lo que más define su figura, como ocurre con la cuestión masónica.

¿En qué sentido?

Pues en que se han registrado los propios archivos masones y no hay constancia de ningún tipo de que Blas Infante perteneciera a la masonería. Pues hay algún miembro de la familia Infante que es que parece ser que la cuestión fundamental de Blas Infante es que era masón. Mire usted, no, no era masón, estoy dispuesto afirmarlo con toda la rotundidad posible: que vengan y que me demuestren lo contrario. Pues en la misma línea pasa con la cuestión islámica, con todos mis respetos para el islam y los musulmanes Blas Infante no era musulmán, ya se lo puedo asegurar.

Muchas de estas controversias sobre la figura de Infante las ha alimentado precisamente Vox, que también niega el Estatuto de Autonomía y hasta la propia autonomía en sí. ¿Qué sensación le genera como presidente de la Fundación Blas Infante que ahora forme parte del Gobierno de Andalucía?

Pues me parece contradictorio, pero vuelvo a repetir que estoy muy al margen de los pactos entre fuerzas políticas. La Fundación Blas Infante nace en 1983 por iniciativa del presidente Rafael Escuredo, de mi madre, María Ángeles, y algún que otro patrono destacado, que ven la conveniencia de constituirla con carácter privado para la difusión de la vida y obra de Infante y para fomentar la cultura andaluza. Por eso, debido a su carácter privado y no político, desde la Fundación no podemos entrar en los arreglos entre las fuerzas políticas que han pactado esta legislatura.

Yo entiendo que ser andalucista, al modo que al menos lo entendía mi abuelo, es un gran compromiso personal de conocer la historia, la grandeza de Andalucía y saber profundamente en qué consiste todo esto

¿Y a nivel personal tampoco se pronuncia?

No, no, es algo que he aprendido en los 40 años que he estado junto a mi madre. Y además quiero recordar que poco antes del 18 de julio a mi abuelo le plantaron por delante un manifiesto para ilegalizar Falange Española y se negó a firmarlo. Pues lo mismo le digo: yo no tengo ninguna cercanía hacia ninguna fuerza política ni nada, lo único que pido es que se respete en lo posible la figura y obra de Blas Infante. Si se va a opinar, hay que tener un conocimiento profundo de lo que se dice antes de hacerlo público, porque por ejemplo andar por ahí pregonando sobre la islamización de Infante es un absoluto infundio.

Continuando en el terreno político, y tras los resultados obtenidos por Adelante Andalucía en las pasadas elecciones, ¿cree que el andalucismo vive un buen momento?

Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Para mí, el andalucismo tiene tres momentos muy decisivos. El primero es bajo el impulso del propio Blas Infante, allá por el primer tercio del siglo XX, y luego hay un segundo impulso en los años de la Transición, cuando se recupera su figura y gran parte del pueblo tiene conocimiento, entre otras cosas, de los símbolos andaluces, por cierto, impulsados por Blas Infante. Finalmente, ahora parece que de nuevo resurge. Pero el andalucismo no es solamente querer a la verde y blanca y tener conocimiento de en qué consiste el escudo de Andalucía o saber cantar el himno. Yo entiendo que ser andalucista, al modo que al menos lo entendía mi abuelo, es un gran compromiso personal de conocer la historia, la grandeza de Andalucía y saber profundamente en qué consiste todo esto.

Desde ese punto de vista, ¿le han alegrado los resultados de Adelante Andalucía como señal de una cierta revitalización del andalucismo?

Pues le voy a ser muy claro: me ha alegrado, me ha parecido bien, y eso que yo no les he votado.

¿El andalucismo tiene que ser político por encima de todo?

Si se entiende como potenciar todas las posibilidades que parten de esta tierra, que están más bien adormecidas, y darle prioridad a la identificación de las propias cuestiones singulares de Andalucía, evidentemente que sí.

Blas Infante fundamentalmente era una persona que estaba muy herida por la miseria tremenda que veía

Al margen de Vox, ¿ahora todos los partidos políticos reivindican la figura de Blas Infante y se declaran más andalucistas que nadie?

La figura de Blas Infante sigue siendo en parte desconocida, pero a medida que se conoce se ve que tanto su mensaje como su obra es sumamente actual porque, entre otras cosas, fue un adelantado a su tiempo. La figura de Blas Infante engancha, lo que pasa es que hay que conocerla y a medida que se va conociendo va resultando más atractiva. Por eso no me extraña en absoluto que la reivindiquen varias fuerzas políticas, y aprovecho para darle las gracias a todas las que muestran ese respeto permanente.

¿Considera entonces que su figura encajaría bien en el panorama político actual?

En diversos aspectos, sí, como evidentemente en todo lo que sea apoyarse en el Estatuto de Autonomía para el avance permanentemente de Andalucía. Pero su figura hay que contextualizarla en el momento en que deja escrita su obra, esa Andalucía del primer tercio del siglo XX que, por fortuna para los andaluces, poco tiene que ver con la de hoy, empezando por las asistencias sociales y educativas, por ejemplo. Blas Infante fundamentalmente era una persona que estaba muy herida por la miseria tremenda que veía, porque si un día un padre de familia no trabajaba, ese día su familia sencillamente no tenía ni siquiera para comer, y a eso se unía el analfabetismo que había.

¿Y qué diría Blas Infante del panorama político actual?

Me va a perdonar, pero eso sí que no lo sé. Yo soy profundamente respetuoso con la figura de mi abuelo y no me atrevo a plantearme no solamente qué diría del panorama político actual, sino de la gestión de Andalucía y del estado en general de Andalucía. Sinceramente, no me atrevo, porque además familiarmente la figura de mi abuelo se me viene muy encima y ni tengo su capacidad intelectual ni soy lo generoso que era, soy incapaz de realizar mínimamente lo que mi abuelo se empeñó en llevar a cabo.

Los Gobiernos central y vasco han decidido “de común acuerdo” no celebrar finalmente la 'cumbre' bilateral que el presidente, Pedro Sánchez, y el lehendakari, Imanol Pradales, tenían prevista para este mes de julio. La falta de avances para seguir logrando acuerdos en materia estatutaria, y eso que se había dejado de lado la espinosa negociación del traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, ha terminado por hacer innecesaria esta reunión de la comisión bilateral de cooperación. Ahora, el Ejecutivo autonómico habla, sin mayores concreciones, de “después del verano”.

En las últimas semanas, la buena relación que mantenían Sánchez y Pradales se ha enrarecido y, de hecho, ahora han “compartido” que darse un tiempo era la mejor opción. Ya en junio, el lehendakari pidió al presidente del Gobierno concreciones en los compromisos pendientes. A la vez, su partido, el PNV, ha demandado elecciones generales anticipadas en un contexto de investigaciones de corrupción.

El PNV recibió de Sánchez como contraprestación al apoyo de la investidura de 2023 el compromiso de ver completado el Estatuto en 2025. Aunque en este tiempo se han cerrado relevantes acuerdos —desde la gestión de Cercanías o del Sepe hasta los permisos de trabajo o Costas—, a finales del pasado año no se logró cumplir con el calendario. Algunos temas se rubricaron en enero, pero se dejaron otras materias para Semana Santa. En aquella última reunión en La Moncloa fue cuando se habló de “antes de agosto” como nueva referencia, pero ya hace semanas este periódico expuso que, por ejemplo, el acuerdo con las pensiones iba a ser imposible. Tampoco lo ha sido con otras materias relacionadas con la Seguridad Social o en las discusiones sobre el deseo del PNV de disponer de más capacidades en los puertos de “interés general”, los de Pasaia y Bilbao.

“El Gobierno vasco y el Gobierno español han decidido de común acuerdo celebrar tras el período estival la comisión bilateral de cooperación presidida por el lehendakari Pradales y el presidente Sánchez. Ambos Gobiernos se emplazan a seguir trabajando para que la próxima convocatoria del órgano bilateral redunde en una agenda con contenido político que se materialice en nuevos acuerdos”, han expuesto fuentes del equipo de Pradales. Y añaden: “El Gobierno vasco reafirma su voluntad y compromiso de mantener una actitud propositiva y de diálogo con el objetivo de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y en el desarrollo de una agenda bilateral que redunde en el interés y el bienestar de Euskadi”.

La decisión ha llegado tras una nueva reunión en Madrid de la consejera responsable de las negociaciones, María Ubarretxena. “Se celebrará tras el verano, siempre que se den las condiciones para ello”, ha explicado a los medios de comunicación tras ese encuentro. Ubarretxena ha insistido en que la parte vasca se mantendrá “firme” en los “principios”, aunque también serán “pragmáticos”. “Reafirmamos nuestra voluntad y compromiso de manener una actitud propositiva y de diálogo con el objetivo de lograr el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika y el desarrollo de una agenda bilateral que redunde en el interés y en el bienestar de Euskadi”, ha indicado.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha “constatado” en las últimas fechas un “alejamiento” de Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una muy cercana relación desde su llegada a Ajuria Enea en 2024. Ahora mismo, las probabilidades de que se celebre antes del parón vacacional la 'cumbre' bilateral que estaba anunciada para seguir cerrando acuerdos de transferencias pendientes del Estatuto de 1979 está completamente en el aire, dice la parte vasca.

“Las posiciones están bastante alejadas”, ha confirmado la consejera-portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que es también la principal negociadora con el Estado. Políticamente, el PNV también ha empezado a distanciarse del Gobierno de España y formulado críticas a las investigaciones de corrupción e incluso planteado elecciones anticipadas, aunque Pradales estaba en la clave de que, mientras hubiera Gobierno, habría que seguir trabajando con él intensamente.

El PNV arañó a Sánchez el compromiso de completar el Estatuto en 2025 a cambio de su investidura en 2023. Sin embargo, ese plazo se superó sin haber cerrado todas las carpetas. Se dio uno nuevo, Semana Santa, pero Pradales y Sánchez dejaron todavía temas para verano cuando se vieron en marzo. Ahora llega ese 'deadline' e incluso habiendo renunciado la parte vasca a la más importante de las materias pendientes, el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social (13.000 millones de euros), en el resto de asuntos no hay tampoco acuerdos.

El pasado viernes, el Gobierno central envió una batería de respuestas a las últimas reclamaciones del Ejecutivo vasco. Y este lunes, en Madrid, la consejera mantuvo una reunión en el Ministerio de Política Territorial. En ambos casos, los avances no han satisfecho a la parte vasca, ha insistido Ubarretxena.

Ha ironizado Ubarretxena, preguntada por otros plazos ya incumplidos, que ella siempre es “la optimista del grupo”, pero ha concedido que esta vez ven “difícil” que en pocos días pueda cambiar de raíz el tono de las conversaciones. “Lo veo complicado. Esta vez es cuando más complicado lo veo”, ha admitido, aunque también ha indicado que la puerta no está cerrada y que seguirán trabajando en los días que faltan.

En junio Pradales ya avisó a Sánchez de que no le regalaría una fotografía de una reunión en La Moncloa si no había contenidos concretos para acordar. Y ahora mismo no los hay. Ahora se mantienen en esa tesis. Por el momento, no hay nada en agenda y los días hasta el parón estival son cada vez menos, incluyendo un festivo en Bizkaia y Gipuzkoa, San Ignacio.

¿Qué se está negociando? Por un lado, más materias de la Seguridad Social, un traspaso ya iniciado hace un año en otra cumbre de Pradales y Sánchez. Ya está cedida la gestión del Sepe, por ejemplo, pero se trabajaba ahora en más prestaciones y en la gestión de las mutuas, por ejemplo. Al parecer, siempre según la parte vasca, el Estado solamente plantea crear “grupos de trabajo” para seguir estudiando el tema y no ir cerrando ya compromisos. Y luego están los puertos de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son gestionados por el Estado pero ya con amplias capacidades por parte de las instituciones vascas. El PNV demandaba más competencias e incluso el traspaso del guipuzcoano, aunque aquí los socialistas siempre habían cerrado la puerta.

El Gobierno vasco aspira a alcanzar un acuerdo para seguir ganando en capacidades de gestión de la Seguridad Social ya este mismo mes de julio, cuando está previsto que se reúnan el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, todo apunta a que se volverá a posponer el punto más relevante de los pendientes, el traspaso de la capacidad de pago de las pensiones, que en 2025 supusieron un gasto superior a los 13.000 millones de euros, casi tanto como todo el presupuesto autonómico actual.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, la comisionada por Pradales para negociar con el Estado las materias pendientes del Estatuto de 1979, se ha desplazado este miércoles a Madrid para mantener varios encuentros de alto nivel. Oficialmente, no ha querido hacer comentarios sobre los avances de las negociaciones. La intención es que “antes de agosto” Pradales y Sánchez celebren una nueva comisión bilateral para sellar los nuevos acuerdos, pero el lehendakari ya ha avisado de que si no hay agua en la piscina ambas partes pueden ahorrarse las molestias.

El traspaso de la Seguridad Social está contemplado en el Estatuto desde 1979. Se trata de una capacidad de gestión acotada, ya que el Estado retendría la potestad legislativa y no se rompería el principio de 'caja única' y solidaridad interterritorial. Así, Euskadi no podría abonar pensiones más elevadas, por ejemplo, más allá de que ofrezca complementos con cargo a sus propios presupuestos. Es un sistema idéntico al de la tramitación del IMV, una prestación estatal cuyo cajero es el Gobierno vasco.

Ya en 2025 se iniciaron los primeros acuerdos, tales como el traspaso de las políticas pasivas de empleo (las prestaciones y subsidios del SEPE, que cederá sus funciones a Lanbide en enero de 2027) o el pequeño pero simbólico acuerdo sobre los seguros escolares, la primera ocasión en que una comunidad autónoma asume funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, un adelanto de lo que luego puede ocurrir con las pensiones. Ahora, están más avanzadas las conversaciones sobre el denominado Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y otros asuntos relativos a las “mutuas colaboradoras, prestaciones por incapacidad temporal o prestaciones familiares contributivas ligadas al nacimiento, los riesgos relaciones y los cuidados familiares”, según ha venido indicando estos días el Ejecutivo.

El PNV apoyó en 2023 la investidura de Sánchez a cambio del compromiso de cerrar todos los temas del Estatuto en 2025. No se cumplió. Sin embargo, el Gobierno de Pradales ha ido aceptando gestos intermedios en enero, en Semana Santa y seguramente ahora también en julio. Las fuentes consultadas dan por hecho de que la pelota se volverá a echar a rodar y que tocará seguir negociando la parte de las pensiones más allá del verano, dada su “complejidad”. La filosofía del Ejecutivo vasco, expresada en términos balompédicos, es que mientras haya un Gobierno en Madrid, sea cual sea su situación y estabilidad, es posible seguir jugando el partido.

De hecho, el PNV siempre ha cuidado de matizar que sus peticiones de elecciones anticipadas por las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE y por la inestabilidad política general en España se refieren a 2027 o, al menos, a cuando se constate que no se podrán aprobar los presupuestos de ese año. Eso da más margen a Pradales a seguir arañando los temas pendientes.

El lehendakari, de hecho, quiere también que se concreten compromisos sobre seguridad (sobre el control de armas blancas, por ejemplo) o determinados acuerdos económicos “para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”. Asimismo, el PNV insiste con la competencia portuaria, que ya fue cedida al Gobierno vasco en 1982. Los nacionalistas desean el traspaso del puerto de Pasaia, una infraestructura de “interés general” y, por lo tanto, del Estado. También quieren ganar en capacidad de gestión en Bilbao. No obstante, desde hace años las instituciones vascas ya participan en la designación de los responsables de los puertos del Estado.

La bilateral de Sánchez y Pradales, de poderse hacer, será muy a finales de mes, según el Gobierno vasco. El equipo de Ubarretxena piensa aprovechar esas semanas para seguir yendo a Madrid a verse con secretarios de Estado, directores generales y, si fuere preciso, también con ministros.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha vuelto a proponer este viernes que el euskera sea considerado lengua “propia” de toda la comunidad foral, para lo que sea necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías. Con todo, ha matizado que ello no conllevaría la eliminación de la actual zonificación lingüística.

Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. 

Chivite, que ha comparecido en la ponencia que se desarrolla en el Parlamento para la actualización de la LORAFNA, sí que ha considerado que la Administración Pública “debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua” y por ello ha defendido que, “incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público”.

“El euskera es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo”, ha aseverado la presidenta navarra, que ha asegurado que es “deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera”.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, “y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”, ha apostillado.

“Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos”, ha manifestado, para añadir: “Si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar”.

Reforma de la LORAFNA

La presidenta del Gobierno navarro también se ha referido a una posible reforma de la ley del Amejoramiento del Fuero y se ha comprometido a impulsarla si se determina que existe un “amplio consenso social y político”.

Ha expuesto que “la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982”. “Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente”, ha dicho.

Según ha indicado, “en el actual momento político es más que oportuno”. “Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social”, ha apuntado, para incidir en que “cualquier modificación debería ser fruto del consenso”.

Sobre el hecho de que no existiera un referéndum en su momento, Chivite ha asegurado que ello “no resta un ápice de legitimidad a esta norma” que se ha “asumido y aplicado con normalidad”. “Es nuestro gran referente”, ha concluido.

Sumar, con un escaño, quiere que se abra ya la ponencia de reforma del Estatuto en el Parlamento Vasco. El único parlamentario, Jon Hernández, que es de IU, ha presentado este miércoles una proposición no de ley para reabrir la ponencia de autogobierno con el objetivo de abordar desde la “transparencia” el diseño de las bases políticas, jurídicas, institucionales y sociales de un nuevo pacto estatutario para Euskadi, informa Europa Press.

Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado, en referencia a las conversaciones que en torno a esta reforma mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, que “la ciudadanía desconoce por completo qué se está negociando, en qué términos y con qué calendario”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de empezar a actuar con “transparencia”. Ha abogado por operar “desde la centralidad del Parlamento Vasco”.

“No se puede marear a la ciudadanía con un debate de esta trascendencia”, cree Sumar. Hernández considera que la ponencia de autogobierno debe reabrirse “antes del verano” para ordenar las posiciones de los grupos y recuperar la deliberación parlamentaria. Ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, habló de junio como referencia, pero no hay noticias sobre ello.

Los Gobiernos central y vasco han acordado este lunes la transferencia a Euskadi de nuevas materias pendientes del Estatuto de 1979. A falta de que se cierren los acuerdos más relevantes, los relativos a la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, se traspasarán los seguros agrarios, con la que el Gobierno de Euskadi gestionará las subvenciones para que los agricultores contraten las pólizas para sus explotaciones, y también han ratificado una ampliación de la transferencia de Tráfico en lo relativo a la autorización de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en declaraciones a los periodistas, después de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que ha mantenido en Madrid con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. “Estamos dos peldaños más cerca de culminar el Estatuto de Gernika”, ha celebrado tras una reunión en la que también han estado presentes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

En cuanto a la transferencia de seguros agrarios, la consejera vasca ha explicado que permitirá al Gobierno de Euskadi gestionar directamente las subvenciones para que los agricultores y ganadores contraten las pólizas para sus explotaciones. Ubarretxena ha cuantificado en 2.535 pólizas las que se suscribieron en el último ejercicio, que protegen una superficie total de 60.500 hectáreas con un coste aproximado de 2,8 millones de euros.

Por tanto, el Gobierno vasco comenzará a asumir este traspaso a partir del 1 de enero de 2028, que será la fecha en la que se empezará a hacer cargo de esas cantidades. “Lo haremos en contacto permanente con los profesionales del sector agrario y ganadero vasco, lo que va a garantizar una atención mucho más cercana y mucho más adaptada a sus propias necesidades”, ha apuntado. El ajuste estimado en el cupo por la asunción de estas funciones asciende a 17,3 millones de euros, tal como ha desgranado.

El otro pacto alcanzado este lunes tiene que ver con la ampliación de funciones en materia de Tráfico y seguridad vial, que se suman a las capacidades que ya desempeña el Gobierno vasco desde 1982. En concreto, a partir del 1 de enero de 2027, comenzará a gestionar la autorización, inspección y sanción de los centros donde se realizan los exámenes psicotécnicos para obtener o renovar el carné de conducir y los centros de sensibilización y de reeducación vial en los que se imparten los cursos para recuperar puntos. En cuanto a la financiación de estas funciones, se cubrirá a través de las tasas y derechos que Euskadi va a percibir por la gestión de los centros.

Ubarretxena ha recordado que queda algo menos de un mes y medio para la reunión bilateral a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el lehendakari, Imanol Pradales. “Los plazos aprietan y el pacto obliga”, ha apostillado. Por ello, ha explicado que ahora mismo están inmersos en la negociación sobre algunas de las materias “de mayor calado” que quedan pendientes, como el ámbito de la Seguridad Social, la asunción de Fogasa o una mayor capacidad de gestión portuaria, aunque en este caso también es una transferencia ya realizada hace décadas.

En cuanto al traspaso de la Seguridad Social, Ubarretxena ha reconocido la “complejidad” que conlleva esta transferencia y ha sostenido que actualmente están centrados en la materia de control y tutela de las mutuas colaboradoras. “Uno de los aprendizajes más valiosos en estos dos años que llevamos negociando con el Estado es que la complejidad técnica y la administrativa siempre se supera cuando hay voluntad política y con mucho trabajo, tesón y esfuerzo por parte de los equipos negociadores”, ha sentenciado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves en el Parlamento de Navarra impulsar una modificación de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías, para que el euskera sea reconocida como lengua “propia” de Navarra.

En la actualidad, la LORAFNA reconoce, en su artículo 9, únicamente al castellano como “lengua oficial de Navarra”. En un segundo punto se añade que “el vascuence” tiene también “carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes”, pero no en el conjunto de la comunidad foral. Y es que Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. La propuesta de Chivite no implicaría en todo caso una modificación de la zonificación lingüística.

“Hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales”, ha defendido la presidenta Chivite para anunciar que en su comparecencia en la ponencia de estudio de la LORAFNA defenderá su modificación. Según ha añadido ese cambio se ha producido “gracias a un enfoque desde lo público que ha buscado socializar y acercar el euskera a través del aprendidaje independientemente del lugar en el que se viva y sin obligar ni imponer”.

Chivite se ha referido a una manifestación que se celebró el pasado fin de semana en Pamplona para pedir “condiciones verdaderas para vivir en euskera” y en la que se hablaba de “universalizar el conocimiento”. A este respecto, la presidenta ha afirmado que “precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua”. María Chivite ha defendido “la consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad, una clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que es propia a todos los navarros y las navarras”.

“Estamos en un momento en el que el euskera vive una posición de absoluta normalidad en el ámbito de la convivencia y esto seguramente es fruto de una evolución que tiene muchos factores”, ha afirmado Chivite. Uno de estos factores, según la presidenta navarra, es el papel que “la educación ha tenido y tiene en el ámbito del euskera”. “La extensión del modelo D al conjunto de la Comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva. De hecho, desde el curso 2020/2021 hemos implantado unidades de modelo D en Mendigorría, en Larraga, en Lezkairu, Aibar o Falcés”, ha enmuerado, entre otros lugares.

También ha destacado “las ayudas económicas que se dan a los centros de Infantil y Primaria que desde el año 2015 han ido implantando el modelo D y que son centros especialmente pequeños, en el ámbito de lo rural, de las zonas mixta y no vascófona”.

María Chivite ha afirmado que esta aproximación “es la más adecuada” para que el euskera sea considerado por el conjunto de la sociedad navarra “como una lengua propia y no como un instrumento o una herramienta política”. “No hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento”, ha destacado.

Chivite ha señalado que “es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua”. “Educación acerca el conocimiento, Educación preserva el patrimonio, y ese papel es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación y más conocImiento, y que cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de esta lengua”, ha finalizado.

Varios de los partidos políticos de Castilla-La Mancha que no tienen escaño en el Parlamento regional han valorado la situación de la comunidad autónoma coincidiendo con el Día de la Región, este 31 de mayo.

Jesus Plaza Senabre, coordinador del Movimiento Sumar Castilla-La Mancha cree que hoy “no basta con celebrar lo que somos” sino reconocer que hay “problemas estructurales que no pueden seguir siendo normalizados”.

“Reivindicamos una región que no se conforme con resistir, sino que aspire a liderar un modelo de desarrollo justo, sostenible y centrado en las personas”, señala Plaza, apuntando hacia “desafíos” como el acceso a la vivienda “especialmente para jóvenes y familias trabajadoras”. En su opinión, “Castilla-La Mancha no puede convertirse en un territorio donde emanciparse sea un privilegio”. Reclama apostar por aumentar el parque público de vivienda, regular el precio del alquiler en zonas tensionadas y movilizar viviendas vacías mediante políticas valientes que pongan el derecho a la vivienda por encima de la especulación.

Después, dice, “la sanidad y la educación públicas, orgullo de nuestra región, necesitan un impulso urgente. Las listas de espera, los ratios de alumnos, la falta de profesionales en determinadas áreas y las desigualdades entre territorios requieren una respuesta decidida”. Señala también las “altas tasas de temporalidad y precariedad”. En su opinión falta un modelo productivo que genere empleo estable y de calidad, vinculado a la transición ecológica, la reindustrialización sostenible y el fortalecimiento del tejido productivo local.

También pone el foco en la despoblación y el abandono de amplias zonas rurales. “Es imprescindible garantizar el acceso a la sanidad, la educación, el transporte y la conectividad digital en todo el territorio” y reclama de forma “urgente” un plan integral de reequilibrio territorial que incluya incentivos reales para fijar población.

Finalmente se apunta la emergencia climática “que ya se siente en nuestra tierra con fenómenos extremos, sequías y presión sobre nuestros recursos hídricos” o la defensa del agua “como bien común, una gestión sostenible y solidaria”. También la apuesta por energías renovables respetuosas con el territorio, comenta, “deben situarse en el centro de la acción política”.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, dice Jesús Plaza, “tendemos la mano para avanzar en ese camino, pero también pedimos al Gobierno regional que esté a la altura de los desafíos”.

Podemos recuerda al PSOE su propuesta con IU sobre el Estatuto

Por su parte, el coordinador de Podemos, José Luis García Gascón ha señalado, por “su importancia democrática hoy”, la propuesta de enmienda conjunta con Izquierda Unida hecho pública la pasada semana “ofreciendo esta vía al PSOE para la aprobación del Estatuto de Autonomía en el Congreso evitando la hipoteca antidemocrática del PP y consiguiendo de verdad democracia y derechos para la región”.

“Además del aumento de representatividad con nuestra enmienda garantizamos el derecho a una vivienda digna, con medidas concretas como la obligatoriedad de un mínimo del 2% de presupuesto anual autonómico para políticas de vivienda”.

Desde la formación morada recuerdan también las modificaciones para incluir en el Estatuto las garantías de los derechos del colectivo LGTBIQA+ “con la obligación por parte de la Junta de impulsar y desarrollar las políticas públicas y medidas necesarias para la protección y garantía de los derechos y la igualdad de trato por ley” y “blindar el aborto en el mismo, garantizando el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en centros sanitarios públicos de la región en la mejor de las condiciones de proximidad geográfica”.

“Son reclamaciones históricas y derechos impostergables para la ciudadanía en la región que no pueden quedarse fuera del Estatuto”, han reivindicado.

“Es el momento de cambiar la historia, hemos tendido la mano al PSOE para la aprobación del Estatuto en el Congreso y ya no hay excusas, porque se definirá si Castilla-La Mancha a partir del año que viene tiene democracia y no fascismo, tiene derechos y no agresiones, tiene esperanza para el futuro por venir, un día como hoy de celebración”.

Tanto Podemos como Movimiento Sumar han arropado este domingo a los movimientos sociales convocados por las plataformas ciudadanas 'Stop Ganadería Industrial' y 'Stop Biometano' de Castilla-La Mancha y que se han manfiestado en Cuenca. Ambos partidos han apoyado sus reivindicaciones.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha rechazado este domingo lo que califica de “exceso identitario” en España, refiriéndose a aquellas posiciones políticas que “buscan privilegios en unos casos o que buscan excluir, en otros”.

Lo decía durante su intervención en el acto institucional por el Día de la Región que se celebra en Cuenca. “Vivimos en una época donde se reivindican excesivamente las identidades. La nuestra [por Castilla-La Mancha] es positiva, es complementaria y abierta”.

Frente al “exceso identitario”, decía, surgen figuras como la del papa León XIV que visitará España en unos días y que ha elegido como lema 'Alcen las miradas, bajen las barreras. Bellido se sumaba a ese mensaje asegurando que “todos somos somos sujeros de derechos humanos y todos somos iguales”, rechazando el odio y tirando de cita la Byron que consideraba al odio como “la demencia del corazón”.

El presidente de las Cortes regional advertía en su intervención que son esas marcadas identidades excluyentes las que “llevaron en el pasado siglo a las mayores matanzas, guerras y genocidios, y que aún hoy, en este momento, provocan guerras como la de Ucrania, genocidios... o el de Palestina, en definitiva, masacres como las que se están produciendo en diferentes lugares del mundo”, ha lamentado.

“Castilla-La Mancha juega un papel decisivo para reivindicar y subrayar identidades positivas y los derechos”, insistía, para reivindicar el papel de la región en el conjunto del Estado. “Ha contribuido a la unidad de España”, seguraba y también “a la idea de complementar la autonomía con el nivel de la Administración central”.

Elogio de la política “presidida por la honradez y las buenas formas”

Las Cortes de Castilla-La Mancha, recordaba, celebran el Día de la Región con su propio lema: “Nuestra palabra, tus derechos”, aludiendo a la importancia de lo que se debate en el Parlamento regional. Ha reclamado “el elogio y dignificación de la política” que, sostiene, “debe estar presidida por la honradez y las buenas formas y el respeto”, pese a la discrepancia.

En su opinión, la política “debería servir para organizar la convivencia de la ciudadanía” pero, señalando al panorama nacional, ha mostrado su preocupación de que “se la pueda envilecer”.

Bellido ha apelado a los partidos políticos con representación nacional a que se centren en los problemas importantes que tiene la sociedad, a que busquen soluciones y “no debates vacíos, inocuos, estériles, donde parece que lo único que destaca es ver quién más se insulta”.

“La ley en la dictadura es el garrote, en democracia son servicios”

Ha anunciado que las Cortes regionales preparan una gran celebración del hecho de la Transición en España “para traer al momento actual la capacidad de ceder o de entendimiento”.

En este punto se refería al hecho de que hoy las encuestas nacionales reflejen que “muchos jóvenes prefieran una dictadura a una democracia y lo tenemos que lamentar” porque “no hay nada más sagrado que la libertad” y eso fue, decía, lo que trajo la democracia, además de derechos. “No es solo votar, la ley en la dictadura es el garrote, pero la ley en la democracia supone servicios”.

Ha hablado del problema de la vivienda, de “la presión sanitaria” o de la salud mental para reclamar que la implicación de todos los niveles de la Administración pública y en particular “una implicación seria del Gobierno de la nación”.

No ha eludido citar a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, asegurando a que estas alturas “debía estar aprobado”.

En su opinión, “Castilla-La Mancha vive un momento especialmente dulce liderando solidaridad, progreso e igualdad” y cree que “somos región de moda en todos los rankings de progreso, con cosas que no estaban en guion”, presumía, como el interés empresarial por instalarse en la comunidad autónoma.