El lehendakari, Imanol Pradales, ha “constatado” en las últimas fechas un “alejamiento” de Pedro Sánchez, con quien ha mantenido una muy cercana relación desde su llegada a Ajuria Enea en 2024. Ahora mismo, las probabilidades de que se celebre antes del parón vacacional la 'cumbre' bilateral que estaba anunciada para seguir cerrando acuerdos de transferencias pendientes del Estatuto de 1979 está completamente en el aire, dice la parte vasca.

“Las posiciones están bastante alejadas”, ha confirmado la consejera-portavoz del Gobierno vasco, María Ubarretxena, que es también la principal negociadora con el Estado. Políticamente, el PNV también ha empezado a distanciarse del Gobierno de España y formulado críticas a las investigaciones de corrupción e incluso planteado elecciones anticipadas, aunque Pradales estaba en la clave de que, mientras hubiera Gobierno, habría que seguir trabajando con él intensamente.

El PNV arañó a Sánchez el compromiso de completar el Estatuto en 2025 a cambio de su investidura en 2023. Sin embargo, ese plazo se superó sin haber cerrado todas las carpetas. Se dio uno nuevo, Semana Santa, pero Pradales y Sánchez dejaron todavía temas para verano cuando se vieron en marzo. Ahora llega ese 'deadline' e incluso habiendo renunciado la parte vasca a la más importante de las materias pendientes, el traspaso de la gestión de las pensiones de la Seguridad Social (13.000 millones de euros), en el resto de asuntos no hay tampoco acuerdos.

El pasado viernes, el Gobierno central envió una batería de respuestas a las últimas reclamaciones del Ejecutivo vasco. Y este lunes, en Madrid, la consejera mantuvo una reunión en el Ministerio de Política Territorial. En ambos casos, los avances no han satisfecho a la parte vasca, ha insistido Ubarretxena.

Ha ironizado Ubarretxena, preguntada por otros plazos ya incumplidos, que ella siempre es “la optimista del grupo”, pero ha concedido que esta vez ven “difícil” que en pocos días pueda cambiar de raíz el tono de las conversaciones. “Lo veo complicado. Esta vez es cuando más complicado lo veo”, ha admitido, aunque también ha indicado que la puerta no está cerrada y que seguirán trabajando en los días que faltan.

En junio Pradales ya avisó a Sánchez de que no le regalaría una fotografía de una reunión en La Moncloa si no había contenidos concretos para acordar. Y ahora mismo no los hay. Ahora se mantienen en esa tesis. Por el momento, no hay nada en agenda y los días hasta el parón estival son cada vez menos, incluyendo un festivo en Bizkaia y Gipuzkoa, San Ignacio.

¿Qué se está negociando? Por un lado, más materias de la Seguridad Social, un traspaso ya iniciado hace un año en otra cumbre de Pradales y Sánchez. Ya está cedida la gestión del Sepe, por ejemplo, pero se trabajaba ahora en más prestaciones y en la gestión de las mutuas, por ejemplo. Al parecer, siempre según la parte vasca, el Estado solamente plantea crear “grupos de trabajo” para seguir estudiando el tema y no ir cerrando ya compromisos. Y luego están los puertos de “interés general”, Pasaia y Bilbao, que son gestionados por el Estado pero ya con amplias capacidades por parte de las instituciones vascas. El PNV demandaba más competencias e incluso el traspaso del guipuzcoano, aunque aquí los socialistas siempre habían cerrado la puerta.

El Gobierno vasco aspira a alcanzar un acuerdo para seguir ganando en capacidades de gestión de la Seguridad Social ya este mismo mes de julio, cuando está previsto que se reúnan el lehendakari, Imanol Pradales, y el presidente, Pedro Sánchez. Sin embargo, todo apunta a que se volverá a posponer el punto más relevante de los pendientes, el traspaso de la capacidad de pago de las pensiones, que en 2025 supusieron un gasto superior a los 13.000 millones de euros, casi tanto como todo el presupuesto autonómico actual.

La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena, la comisionada por Pradales para negociar con el Estado las materias pendientes del Estatuto de 1979, se ha desplazado este miércoles a Madrid para mantener varios encuentros de alto nivel. Oficialmente, no ha querido hacer comentarios sobre los avances de las negociaciones. La intención es que “antes de agosto” Pradales y Sánchez celebren una nueva comisión bilateral para sellar los nuevos acuerdos, pero el lehendakari ya ha avisado de que si no hay agua en la piscina ambas partes pueden ahorrarse las molestias.

El traspaso de la Seguridad Social está contemplado en el Estatuto desde 1979. Se trata de una capacidad de gestión acotada, ya que el Estado retendría la potestad legislativa y no se rompería el principio de 'caja única' y solidaridad interterritorial. Así, Euskadi no podría abonar pensiones más elevadas, por ejemplo, más allá de que ofrezca complementos con cargo a sus propios presupuestos. Es un sistema idéntico al de la tramitación del IMV, una prestación estatal cuyo cajero es el Gobierno vasco.

Ya en 2025 se iniciaron los primeros acuerdos, tales como el traspaso de las políticas pasivas de empleo (las prestaciones y subsidios del SEPE, que cederá sus funciones a Lanbide en enero de 2027) o el pequeño pero simbólico acuerdo sobre los seguros escolares, la primera ocasión en que una comunidad autónoma asume funciones de la Tesorería General de la Seguridad Social, un adelanto de lo que luego puede ocurrir con las pensiones. Ahora, están más avanzadas las conversaciones sobre el denominado Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) y otros asuntos relativos a las “mutuas colaboradoras, prestaciones por incapacidad temporal o prestaciones familiares contributivas ligadas al nacimiento, los riesgos relaciones y los cuidados familiares”, según ha venido indicando estos días el Ejecutivo.

El PNV apoyó en 2023 la investidura de Sánchez a cambio del compromiso de cerrar todos los temas del Estatuto en 2025. No se cumplió. Sin embargo, el Gobierno de Pradales ha ido aceptando gestos intermedios en enero, en Semana Santa y seguramente ahora también en julio. Las fuentes consultadas dan por hecho de que la pelota se volverá a echar a rodar y que tocará seguir negociando la parte de las pensiones más allá del verano, dada su “complejidad”. La filosofía del Ejecutivo vasco, expresada en términos balompédicos, es que mientras haya un Gobierno en Madrid, sea cual sea su situación y estabilidad, es posible seguir jugando el partido.

De hecho, el PNV siempre ha cuidado de matizar que sus peticiones de elecciones anticipadas por las investigaciones de corrupción que rodean al PSOE y por la inestabilidad política general en España se refieren a 2027 o, al menos, a cuando se constate que no se podrán aprobar los presupuestos de ese año. Eso da más margen a Pradales a seguir arañando los temas pendientes.

El lehendakari, de hecho, quiere también que se concreten compromisos sobre seguridad (sobre el control de armas blancas, por ejemplo) o determinados acuerdos económicos “para que las diputaciones forales cuenten con recursos adicionales para ayudar a personas dependientes, personas mayores, menores o con discapacidad”. Asimismo, el PNV insiste con la competencia portuaria, que ya fue cedida al Gobierno vasco en 1982. Los nacionalistas desean el traspaso del puerto de Pasaia, una infraestructura de “interés general” y, por lo tanto, del Estado. También quieren ganar en capacidad de gestión en Bilbao. No obstante, desde hace años las instituciones vascas ya participan en la designación de los responsables de los puertos del Estado.

La bilateral de Sánchez y Pradales, de poderse hacer, será muy a finales de mes, según el Gobierno vasco. El equipo de Ubarretxena piensa aprovechar esas semanas para seguir yendo a Madrid a verse con secretarios de Estado, directores generales y, si fuere preciso, también con ministros.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha vuelto a proponer este viernes que el euskera sea considerado lengua “propia” de toda la comunidad foral, para lo que sea necesario modificar el artículo 9 de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías. Con todo, ha matizado que ello no conllevaría la eliminación de la actual zonificación lingüística.

Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. 

Chivite, que ha comparecido en la ponencia que se desarrolla en el Parlamento para la actualización de la LORAFNA, sí que ha considerado que la Administración Pública “debe tener capacidad de atender al ciudadano en su lengua” y por ello ha defendido que, “incluso fuera de las zonas vascófonas la Administración debe, en cierta medida, euskaldunizarse sobre todo en la atención directa al público”.

“El euskera es una lengua propia que la sociedad está normalizando, con la que convive, que está más presente, que avanza en la superación de una percepción de la lengua exclusivamente ligada a determinadas ideologías políticas y considero que esto es positivo”, ha aseverado la presidenta navarra, que ha asegurado que es “deseable socialmente que el mayor número posible de navarros/as conozcan el euskera”.

No obstante, Chivite ha indicado que no se puede negar la realidad sociolingüística de Navarra, “y es que, aun habiendo avanzado mucho en el conocimiento del euskera por la población navarra, en estos momentos no hay una amplia mayoría que conoce y habla el euskera, o no con un alto nivel”, ha apostillado.

“Por lo tanto, con determinadas propuestas que también se han planteado aquí por otros ponentes, que por supuesto respeto, aunque no comparto, podríamos crear una desigualdad de oportunidades que es justo lo que no queremos”, ha manifestado, para añadir: “Si eso pasa, de nuevo volvemos al rechazo social a una lengua, no por la lengua en sí, sino porque se entiende como una barrera que discrimina, en lugar de como un patrimonio propio que queremos preservar”.

Reforma de la LORAFNA

La presidenta del Gobierno navarro también se ha referido a una posible reforma de la ley del Amejoramiento del Fuero y se ha comprometido a impulsarla si se determina que existe un “amplio consenso social y político”.

Ha expuesto que “la Navarra de 2026 ha cambiado socialmente respecto a la Navarra de 1982”. “Siendo cierto que hay valores y principios que siguen vigentes, no es menos cierto que sería interesante abrir el debate de la reforma, cuando menos, para incorporar cuestiones que son hoy parte de nuestra realidad, que entendemos mejoran nuestra razón de ser, hacen de nuestra comunidad un espacio mejor económica y socialmente, también institucionalmente”, ha dicho.

Según ha indicado, “en el actual momento político es más que oportuno”. “Ante cualquier tentación centralizadora, de desmantelamiento del Estado de las Autonomías o de desmantelamiento del Estado del Bienestar, debemos blindar al máximo nivel las competencias, servicios y derechos que hacen de nuestra Comunidad foral una región puntera en lo económico y lo social”, ha apuntado, para incidir en que “cualquier modificación debería ser fruto del consenso”.

Sobre el hecho de que no existiera un referéndum en su momento, Chivite ha asegurado que ello “no resta un ápice de legitimidad a esta norma” que se ha “asumido y aplicado con normalidad”. “Es nuestro gran referente”, ha concluido.

Sumar, con un escaño, quiere que se abra ya la ponencia de reforma del Estatuto en el Parlamento Vasco. El único parlamentario, Jon Hernández, que es de IU, ha presentado este miércoles una proposición no de ley para reabrir la ponencia de autogobierno con el objetivo de abordar desde la “transparencia” el diseño de las bases políticas, jurídicas, institucionales y sociales de un nuevo pacto estatutario para Euskadi, informa Europa Press.

Hernández, que ha comparecido ante los medios de comunicación en el Parlamento Vasco, ha denunciado, en referencia a las conversaciones que en torno a esta reforma mantienen el PNV, EH Bildu y el PSE-EE, que “la ciudadanía desconoce por completo qué se está negociando, en qué términos y con qué calendario”. Por ese motivo, ha subrayado la necesidad de empezar a actuar con “transparencia”. Ha abogado por operar “desde la centralidad del Parlamento Vasco”.

“No se puede marear a la ciudadanía con un debate de esta trascendencia”, cree Sumar. Hernández considera que la ponencia de autogobierno debe reabrirse “antes del verano” para ordenar las posiciones de los grupos y recuperar la deliberación parlamentaria. Ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, habló de junio como referencia, pero no hay noticias sobre ello.

Los Gobiernos central y vasco han acordado este lunes la transferencia a Euskadi de nuevas materias pendientes del Estatuto de 1979. A falta de que se cierren los acuerdos más relevantes, los relativos a la gestión de las pensiones de la Seguridad Social, se traspasarán los seguros agrarios, con la que el Gobierno de Euskadi gestionará las subvenciones para que los agricultores contraten las pólizas para sus explotaciones, y también han ratificado una ampliación de la transferencia de Tráfico en lo relativo a la autorización de los centros de reconocimiento de aptitudes psicofísicas de los conductores.

Así lo ha explicado este lunes la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, en declaraciones a los periodistas, después de la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias que ha mantenido en Madrid con la secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez. “Estamos dos peldaños más cerca de culminar el Estatuto de Gernika”, ha celebrado tras una reunión en la que también han estado presentes el consejero de Hacienda y Finanzas, Noel d'Anjou, y la consejera de Alimentación, Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, Amaia Barredo.

En cuanto a la transferencia de seguros agrarios, la consejera vasca ha explicado que permitirá al Gobierno de Euskadi gestionar directamente las subvenciones para que los agricultores y ganadores contraten las pólizas para sus explotaciones. Ubarretxena ha cuantificado en 2.535 pólizas las que se suscribieron en el último ejercicio, que protegen una superficie total de 60.500 hectáreas con un coste aproximado de 2,8 millones de euros.

Por tanto, el Gobierno vasco comenzará a asumir este traspaso a partir del 1 de enero de 2028, que será la fecha en la que se empezará a hacer cargo de esas cantidades. “Lo haremos en contacto permanente con los profesionales del sector agrario y ganadero vasco, lo que va a garantizar una atención mucho más cercana y mucho más adaptada a sus propias necesidades”, ha apuntado. El ajuste estimado en el cupo por la asunción de estas funciones asciende a 17,3 millones de euros, tal como ha desgranado.

El otro pacto alcanzado este lunes tiene que ver con la ampliación de funciones en materia de Tráfico y seguridad vial, que se suman a las capacidades que ya desempeña el Gobierno vasco desde 1982. En concreto, a partir del 1 de enero de 2027, comenzará a gestionar la autorización, inspección y sanción de los centros donde se realizan los exámenes psicotécnicos para obtener o renovar el carné de conducir y los centros de sensibilización y de reeducación vial en los que se imparten los cursos para recuperar puntos. En cuanto a la financiación de estas funciones, se cubrirá a través de las tasas y derechos que Euskadi va a percibir por la gestión de los centros.

Ubarretxena ha recordado que queda algo menos de un mes y medio para la reunión bilateral a la que se comprometió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el lehendakari, Imanol Pradales. “Los plazos aprietan y el pacto obliga”, ha apostillado. Por ello, ha explicado que ahora mismo están inmersos en la negociación sobre algunas de las materias “de mayor calado” que quedan pendientes, como el ámbito de la Seguridad Social, la asunción de Fogasa o una mayor capacidad de gestión portuaria, aunque en este caso también es una transferencia ya realizada hace décadas.

En cuanto al traspaso de la Seguridad Social, Ubarretxena ha reconocido la “complejidad” que conlleva esta transferencia y ha sostenido que actualmente están centrados en la materia de control y tutela de las mutuas colaboradoras. “Uno de los aprendizajes más valiosos en estos dos años que llevamos negociando con el Estado es que la complejidad técnica y la administrativa siempre se supera cuando hay voluntad política y con mucho trabajo, tesón y esfuerzo por parte de los equipos negociadores”, ha sentenciado.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha defendido este jueves en el Parlamento de Navarra impulsar una modificación de la LORAFNA, el equivalente en la comunidad foral al Estatuto en el resto de autonomías, para que el euskera sea reconocida como lengua “propia” de Navarra.

En la actualidad, la LORAFNA reconoce, en su artículo 9, únicamente al castellano como “lengua oficial de Navarra”. En un segundo punto se añade que “el vascuence” tiene también “carácter de lengua oficial en las zonas vascoparlantes”, pero no en el conjunto de la comunidad foral. Y es que Navarra está dividida en tres zonas lingüísticas: zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. En la primera, el castellano y el euskera son lenguas cooficiales. En las dos últimas, de mayoría castellanoparlante, el castellano es la lengua oficial, aunque en la zona mixta, el euskera disfruta de un régimen especial para que se fomente y promueva su uso. La propuesta de Chivite no implicaría en todo caso una modificación de la zonificación lingüística.

“Hemos superado como sociedad una etapa en la que el euskera quizás tenía unas connotaciones más políticas que sociales”, ha defendido la presidenta Chivite para anunciar que en su comparecencia en la ponencia de estudio de la LORAFNA defenderá su modificación. Según ha añadido ese cambio se ha producido “gracias a un enfoque desde lo público que ha buscado socializar y acercar el euskera a través del aprendidaje independientemente del lugar en el que se viva y sin obligar ni imponer”.

Chivite se ha referido a una manifestación que se celebró el pasado fin de semana en Pamplona para pedir “condiciones verdaderas para vivir en euskera” y en la que se hablaba de “universalizar el conocimiento”. A este respecto, la presidenta ha afirmado que “precisamente eso, el conocimiento, es la clave para avanzar en la socialización de la lengua”. María Chivite ha defendido “la consideración de que el euskera debe entenderse desde la pluralidad, una clave relevante para conectar con el conjunto de la sociedad navarra, que también es plural y que se tiene que ver reconocida e incluida en el sentimiento de pertenencia de esta lengua que es propia a todos los navarros y las navarras”.

“Estamos en un momento en el que el euskera vive una posición de absoluta normalidad en el ámbito de la convivencia y esto seguramente es fruto de una evolución que tiene muchos factores”, ha afirmado Chivite. Uno de estos factores, según la presidenta navarra, es el papel que “la educación ha tenido y tiene en el ámbito del euskera”. “La extensión del modelo D al conjunto de la Comunidad y en especial a la zona no vascófona ha permitido hacer accesible el conocimiento de la lengua al conjunto de la ciudadanía, independientemente del lugar en el que viva. De hecho, desde el curso 2020/2021 hemos implantado unidades de modelo D en Mendigorría, en Larraga, en Lezkairu, Aibar o Falcés”, ha enmuerado, entre otros lugares.

También ha destacado “las ayudas económicas que se dan a los centros de Infantil y Primaria que desde el año 2015 han ido implantando el modelo D y que son centros especialmente pequeños, en el ámbito de lo rural, de las zonas mixta y no vascófona”.

María Chivite ha afirmado que esta aproximación “es la más adecuada” para que el euskera sea considerado por el conjunto de la sociedad navarra “como una lengua propia y no como un instrumento o una herramienta política”. “No hay fronteras cuando la educación pública se convierte en el vehículo transmisor. Yo creo que conseguimos que trascienda lo político para convertirse en parte de nuestro acervo y de nuestro conocimiento”, ha destacado.

Chivite ha señalado que “es este enfoque, el del conocimiento, desde la no politización, desde la no imposición, el que está siendo clave para que el euskera cuente con una aceptación social incluso en localidades donde históricamente no han tenido un contacto o un vínculo con esta lengua”. “Educación acerca el conocimiento, Educación preserva el patrimonio, y ese papel es nuclear para que el euskera cuente cada vez con más implantación y más conocImiento, y que cada vez más personas quieran apuntarse al conocimiento de esta lengua”, ha finalizado.

Varios de los partidos políticos de Castilla-La Mancha que no tienen escaño en el Parlamento regional han valorado la situación de la comunidad autónoma coincidiendo con el Día de la Región, este 31 de mayo.

Jesus Plaza Senabre, coordinador del Movimiento Sumar Castilla-La Mancha cree que hoy “no basta con celebrar lo que somos” sino reconocer que hay “problemas estructurales que no pueden seguir siendo normalizados”.

“Reivindicamos una región que no se conforme con resistir, sino que aspire a liderar un modelo de desarrollo justo, sostenible y centrado en las personas”, señala Plaza, apuntando hacia “desafíos” como el acceso a la vivienda “especialmente para jóvenes y familias trabajadoras”. En su opinión, “Castilla-La Mancha no puede convertirse en un territorio donde emanciparse sea un privilegio”. Reclama apostar por aumentar el parque público de vivienda, regular el precio del alquiler en zonas tensionadas y movilizar viviendas vacías mediante políticas valientes que pongan el derecho a la vivienda por encima de la especulación.

Después, dice, “la sanidad y la educación públicas, orgullo de nuestra región, necesitan un impulso urgente. Las listas de espera, los ratios de alumnos, la falta de profesionales en determinadas áreas y las desigualdades entre territorios requieren una respuesta decidida”. Señala también las “altas tasas de temporalidad y precariedad”. En su opinión falta un modelo productivo que genere empleo estable y de calidad, vinculado a la transición ecológica, la reindustrialización sostenible y el fortalecimiento del tejido productivo local.

También pone el foco en la despoblación y el abandono de amplias zonas rurales. “Es imprescindible garantizar el acceso a la sanidad, la educación, el transporte y la conectividad digital en todo el territorio” y reclama de forma “urgente” un plan integral de reequilibrio territorial que incluya incentivos reales para fijar población.

Finalmente se apunta la emergencia climática “que ya se siente en nuestra tierra con fenómenos extremos, sequías y presión sobre nuestros recursos hídricos” o la defensa del agua “como bien común, una gestión sostenible y solidaria”. También la apuesta por energías renovables respetuosas con el territorio, comenta, “deben situarse en el centro de la acción política”.

Desde Movimiento Sumar Castilla-La Mancha, dice Jesús Plaza, “tendemos la mano para avanzar en ese camino, pero también pedimos al Gobierno regional que esté a la altura de los desafíos”.

Podemos recuerda al PSOE su propuesta con IU sobre el Estatuto

Por su parte, el coordinador de Podemos, José Luis García Gascón ha señalado, por “su importancia democrática hoy”, la propuesta de enmienda conjunta con Izquierda Unida hecho pública la pasada semana “ofreciendo esta vía al PSOE para la aprobación del Estatuto de Autonomía en el Congreso evitando la hipoteca antidemocrática del PP y consiguiendo de verdad democracia y derechos para la región”.

“Además del aumento de representatividad con nuestra enmienda garantizamos el derecho a una vivienda digna, con medidas concretas como la obligatoriedad de un mínimo del 2% de presupuesto anual autonómico para políticas de vivienda”.

Desde la formación morada recuerdan también las modificaciones para incluir en el Estatuto las garantías de los derechos del colectivo LGTBIQA+ “con la obligación por parte de la Junta de impulsar y desarrollar las políticas públicas y medidas necesarias para la protección y garantía de los derechos y la igualdad de trato por ley” y “blindar el aborto en el mismo, garantizando el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo en centros sanitarios públicos de la región en la mejor de las condiciones de proximidad geográfica”.

“Son reclamaciones históricas y derechos impostergables para la ciudadanía en la región que no pueden quedarse fuera del Estatuto”, han reivindicado.

“Es el momento de cambiar la historia, hemos tendido la mano al PSOE para la aprobación del Estatuto en el Congreso y ya no hay excusas, porque se definirá si Castilla-La Mancha a partir del año que viene tiene democracia y no fascismo, tiene derechos y no agresiones, tiene esperanza para el futuro por venir, un día como hoy de celebración”.

Tanto Podemos como Movimiento Sumar han arropado este domingo a los movimientos sociales convocados por las plataformas ciudadanas 'Stop Ganadería Industrial' y 'Stop Biometano' de Castilla-La Mancha y que se han manfiestado en Cuenca. Ambos partidos han apoyado sus reivindicaciones.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido ha rechazado este domingo lo que califica de “exceso identitario” en España, refiriéndose a aquellas posiciones políticas que “buscan privilegios en unos casos o que buscan excluir, en otros”.

Lo decía durante su intervención en el acto institucional por el Día de la Región que se celebra en Cuenca. “Vivimos en una época donde se reivindican excesivamente las identidades. La nuestra [por Castilla-La Mancha] es positiva, es complementaria y abierta”.

Frente al “exceso identitario”, decía, surgen figuras como la del papa León XIV que visitará España en unos días y que ha elegido como lema 'Alcen las miradas, bajen las barreras. Bellido se sumaba a ese mensaje asegurando que “todos somos somos sujeros de derechos humanos y todos somos iguales”, rechazando el odio y tirando de cita la Byron que consideraba al odio como “la demencia del corazón”.

El presidente de las Cortes regional advertía en su intervención que son esas marcadas identidades excluyentes las que “llevaron en el pasado siglo a las mayores matanzas, guerras y genocidios, y que aún hoy, en este momento, provocan guerras como la de Ucrania, genocidios... o el de Palestina, en definitiva, masacres como las que se están produciendo en diferentes lugares del mundo”, ha lamentado.

“Castilla-La Mancha juega un papel decisivo para reivindicar y subrayar identidades positivas y los derechos”, insistía, para reivindicar el papel de la región en el conjunto del Estado. “Ha contribuido a la unidad de España”, seguraba y también “a la idea de complementar la autonomía con el nivel de la Administración central”.

Elogio de la política “presidida por la honradez y las buenas formas”

Las Cortes de Castilla-La Mancha, recordaba, celebran el Día de la Región con su propio lema: “Nuestra palabra, tus derechos”, aludiendo a la importancia de lo que se debate en el Parlamento regional. Ha reclamado “el elogio y dignificación de la política” que, sostiene, “debe estar presidida por la honradez y las buenas formas y el respeto”, pese a la discrepancia.

En su opinión, la política “debería servir para organizar la convivencia de la ciudadanía” pero, señalando al panorama nacional, ha mostrado su preocupación de que “se la pueda envilecer”.

Bellido ha apelado a los partidos políticos con representación nacional a que se centren en los problemas importantes que tiene la sociedad, a que busquen soluciones y “no debates vacíos, inocuos, estériles, donde parece que lo único que destaca es ver quién más se insulta”.

“La ley en la dictadura es el garrote, en democracia son servicios”

Ha anunciado que las Cortes regionales preparan una gran celebración del hecho de la Transición en España “para traer al momento actual la capacidad de ceder o de entendimiento”.

En este punto se refería al hecho de que hoy las encuestas nacionales reflejen que “muchos jóvenes prefieran una dictadura a una democracia y lo tenemos que lamentar” porque “no hay nada más sagrado que la libertad” y eso fue, decía, lo que trajo la democracia, además de derechos. “No es solo votar, la ley en la dictadura es el garrote, pero la ley en la democracia supone servicios”.

Ha hablado del problema de la vivienda, de “la presión sanitaria” o de la salud mental para reclamar que la implicación de todos los niveles de la Administración pública y en particular “una implicación seria del Gobierno de la nación”.

No ha eludido citar a la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, asegurando a que estas alturas “debía estar aprobado”.

En su opinión, “Castilla-La Mancha vive un momento especialmente dulce liderando solidaridad, progreso e igualdad” y cree que “somos región de moda en todos los rankings de progreso, con cosas que no estaban en guion”, presumía, como el interés empresarial por instalarse en la comunidad autónoma.

Celebramos este domingo 31 de Mayo el Día de Castilla-La Mancha, que coincide con la fecha en que en 1983 se constituyeron por vez primera las Cortes de Castilla-La Mancha, tras unas elecciones democráticas. Tal vez haya quien hubiese preferido, como en otras comunidades, haberlo ligado a una figura religiosa o una batalla medieval, pero que en una región con tanta historia hayamos escogido como referencia un episodio íntimamente ligado a la democracia resulta un hecho muy hermoso.

Permitidme por tanto que empiece este artículo reivindicando los vínculos entre la autonomía y el parlamento y entre la palabra y la ley. Ahí hemos situado precisamente el lema de la campaña con la que nos sumamos desde las Cortes regionales a este 43 aniversario de la trayectoria autonómica: 'Nuestra palabra, tus derechos'.

Una forma de subrayar que en el Parlamento debatimos con el objetivo prioritario de garantizar y ampliar los derechos de la ciudadanía, y que no perdemos de vista este propósito en nuestra labor legislativa, pero tampoco en nuestra labor institucional, que pretende ser ejemplarizante.

Echamos la vista atrás para celebrar aquel primer día de reunión de las Cortes y comprobamos que la Castilla-La Mancha de hoy no solo es una comunidad autónoma consolidada y con identidad propia, sino un territorio en el que se ha ganado mucho en prosperidad, calidad de vida, derechos y libertades. Por tanto, celebramos con el ánimo de seguir avanzando.

'Nuestra palabra, tus derechos' significa también que la labor que desempeñamos en la Cámara no es un mero teatro de ilusiones, donde a la palabra se la lleva el viento, sino que lo que se dice en un parlamento tiene una consideración, una trascendencia y una categoría mayores que lo que se dice en otros foros. Por supuesto que no quiero restar importancia a las consecuencias de lo que decimos en medios de comunicación o redes sociales, pero quiero destacar que lo que se dice (y se vota) en la Cámara exige un plus de responsabilidad y demanda unas formas exquisitas, con respeto a quien piensa diferente, pero sobre todo a la altura de la ciudadanía a la que representamos.

La palabra dicha en el Parlamento tiene un peso específico, una resonancia extraordinaria fuera de nuestras paredes y queda grabada como algo más que un mero testimonio en el Diario de Sesiones. De ahí que debamos ser conscientes de la importancia que tiene lo que decimos.

En un momento como este en el que prosperan la falta de entendimiento y la violencia verbal, este medio siglo nos debe animar a recuperar las buenas prácticas de la Transición: el diálogo como herramienta fundamental, la cortesía en el trato, la generosidad para ceder o el respeto a los pactos alcanzados

Celebramos este Día de la Región a punto de arrancar en Castilla-La Mancha un programa de reivindicación de medio siglo de democracia en nuestro país, el periodo más largo de prosperidad, convivencia pacífica e igualdad que hemos disfrutado en nuestra historia. Y lo hacemos con absoluta reverencia a quienes protagonizaron la Transición, superando sus enormes diferencias de partida para encontrarse en un punto en el que primaron ante todo el interés nacional y la construcción de un proyecto democrático, con la Constitución como pilar máximo. Todo esto no fue fácil, pero su ejemplo nos enseña que es posible otra manera de hacer política. En un momento como este en el que prosperan la falta de entendimiento y la violencia verbal, este medio siglo nos debe animar a recuperar las buenas prácticas de la Transición: el diálogo como herramienta fundamental, la cortesía en el trato, la generosidad para ceder o el respeto a los pactos alcanzados.

De aquel tiempo es fruto también nuestro Estatuto de Autonomía, del que nace nuestra propia comunidad autónoma. Junto con la Constitución y con la adhesión a la Unión Europea, de la que también acabamos de celebrar 40 años, han sido los tres motores que han situado a la España que venía de una dictadura en la vanguardia mundial en todos los planos: económico, social, cultural e incluso deportivo. Somos un país moderno, pero que ha crecido sobre todo en base a los valores democráticos y a unos esfuerzos de solidaridad entre personas y cooperación entre territorios que no debemos abandonar.

El Estatuto de Autonomía ha sido la herramienta más útil de la que hemos dispuesto en nuestra región durante todo este tiempo para avanzar en derechos, libertades y prosperidad. El salto es indiscutible y ya lo hemos destacado en numerosas ocasiones. Pero el paso del tiempo hace indispensable la actualización de esta magnífica herramienta. Y en esto mismo había coincidido la inmensa mayoría de la sociedad castellanomanchega y de su representación en la Cámara que presido y que aprobó hace un año, con amplia mayoría, una profunda reforma del Estatuto de Autonomía. Un texto que fue trasladado en otoño al Congreso para su tramitación, con una toma en consideración que a su vez recibió un apoyo tan amplio como prácticamente inédito en los tiempos que corren.

Por eso solo puedo lamentar como un terrible paso atrás que ahora la tramitación de este nuevo Estatuto haya quedado encallada en Madrid, cuando llegó fruto de un esforzado pacto de meses entre PSOE y PP y con el tejido social de la región. Esta parálisis resulta en sí misma una traición a la autonomía que justo ahora celebramos, en cuanto han sido las imposiciones desde Madrid de una de las partes las que han echado al traste un acuerdo adoptado desde y para nuestro territorio.

Se hace por eso imprescindible que desde Castilla-La Mancha defendamos este acuerdo aprobado con amplia mayoría en nuestra Cámara y que lo defendamos así, como está, como decidimos que fuera junto a la sociedad porque, de lo contrario, podríamos dar pie a que sea modificado en el Congreso por una imposición ajena y contra los intereses de nuestra región.

La importancia de aprobar el Estatuto tal y como salió de las Cortes regionales es imprescindible: en primer lugar, porque resulta trascendental esta reforma. Y también lo es porque nosotros y nosotras, más que nadie, tenemos la obligación de hacer valer la palabra dada. Aquí, más que nunca, nuestra palabra es la ley.

El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, el socialista Javier Remírez, ha propuesto este viernes reformar la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, para eliminar varias limitaciones para la convocatoria de elecciones anticipadas. La propuesta llega apenas una semana después de que se viviese la mayor crisis entre los socios del Gobierno de María Chivite por el blindaje a los conciertos educativos y de que se llegase a plantear la posibilidad de un adelanto electoral, para el que existían dudas jurídicas.

Y es que el Amejoramiento navarro recoge en su artículo 30 que la presidenta no puede disolver el Parlamento “durante el primer periodo de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura, ni cuando se encuentre en tramitación una moción de censura, ni tampoco antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución”. El Ejecutivo foral encargó un informe a los servicios jurídicos para saber cuándo se considera que finaliza la legislatura.

Ahora, el Ejecutivo plantea eliminar esas limitaciones para equiparse a las que existen para la convocatoria anticipada de unas elecciones generales, en las que únicamente se limita a la no existencia de una moción de censura en trámite, haber transcurrido menos de un año desde disolución, y haber consultado previamente al Consejo de Ministros.

El vicepresidente y portavoz, Javier Remírez, ha comparecido este viernes en la ponencia parlamentaria en la que se analiza una posible modificación del Estatuto navarro, que de producirse debería ser negociada entre los Gobiernos navarro y central. Posteriormente, el acuerdo tendría que ser ratificado en el Parlamento Foral y en el Congreso de los Diputados.

Durante su intervención también ha propuesto que no sea necesario ser parlamentario para presidir la comunidad foral. Para ello sería necesario cambiar el artículo 29, que señala que la persona que presida Navarra “será elegido por el Parlamento, de entre sus miembros, y nombrado por el Rey”. Remírez ha planteado eliminar este requisito recordando que para ser presidente del Gobierno de España únicamente se requiere ser español, mayor de edad, y disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, así como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por sentencia judicial firme.

Remírez también ha propuesto incluir en la LORAFNA los derechos sociales, incorporando el derecho a la salud, a una vivienda digna, a la educación infantil y a servicios sociales. También el derecho a una buena administración, a la protección de datos, al acceso a nuevas tecnologías y a la transparencia institucional. Igualmente, ha planteado reconocer el derecho a un medio ambiente equilibrado, al desarrollo sostenible o a la promoción de energías sostenibles.

Se ha mostrado partidario de igual forma de incorporar la igualdad entre hombres y mujeres para que “pase a configurarse como un principio general de toda actuación pública de las instituciones de la comunidad foral”.

El portavoz del Gobierno navarro ha defendido en todo caso que la eventual modificación del Estatuto se debe basar en “un espíritu de búsqueda de un consenso, si no unánime, sí inmensamente mayoritario, e igualmente con una vocación de permanencia”.

Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

El Consell Valencià de Cultura reclama a las Corts Valencianes que designe a los diputados que deben defender la reforma constitucional para recuperar el derecho civil valenciano. El órgano estatutario, que asesora a la Generalitat en materia cultural, ha emitido una declaración en la que pide a la Cámara, presidida por Vox con el respaldo del PP, que cumpla con el mandato de la Mesa del Congreso e inicie los trámites.

El órgano recuerda que aprobó por unanimidad en el Pleno de noviembre de 2024 la Declaració sobre la Recuperació del Dret Civil Valencià, en la que se sumaron “a los esfuerzos de quienes trabajan para la recuperación de este Dret Civil, en beneficio del reconocimiento del pueblo valenciano y de su identidad histórica”. El pasado octubre, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, solicitó la composición de la delegación valenciana de la Proposición de Reforma Constitucional, un trámite que deben iniciar las Corts Valencianes.

La propuesta de reforma fue solicitada el 18 de febrero de 2020 por las Corts Valencianes, cuando aún gobernaba una mayoría de izquierdas en el Parlamento y obtuvo el apoyo del PP. El órgano consultivo afea que “todavía no se ha atendido esta petición, estando paralizada la reforma constitucional que beneficiaría al pueblo valenciano. Es por ello, que apoyamos la reivindicación de recuperar el Dret Civil Valencià y solicitamos que, lo antes posible, se inicien los trámites requeridos por la Mesa del Congreso de España”, señala la resolución, aprobada el pasado 11 de mayo.

El PP, que abanderó esta cuestión con el gobierno de Francisco Camps, ha pasado desde que gobierna con Vox a una situación de parálisis total. El cambio en los conservadores ha sido radical: ha reducido las subvenciones a las entidades que defienden la recuperación de la norma y el autogobierno, y desde hace meses ignora medidas para avanzar en la recuperación.

En el contexto del 500 aniversario del Fuero Nuevo de Bizkaia y teniendo presente la legitimidad de los derechos históricos. Reflexiones personales expuestas hasta ahora en el ánimo de avanzar en el deseo de un nuevo Estatuto para Euskadi y la profundización en su autogobierno.

Mi compromiso tras ser elegido Lehendakari, recogido en el Programa de Gobierno, fue proponer la creación de una ponencia parlamentaria para que los grupos evaluasen el Autogobierno vasco y, desde el máximo consenso posible, sentasen las bases de su desarrollo futuro. La ponencia se constituyó el 27 de marzo de 2014.

Hasta entonces y, después hasta ahora, creo que podemos decir que en el ámbito político y social en Euskadi compartimos mayoritariamente:

El Autogobierno ha abierto la puerta a la institucionalización de Euskadi. Su ejercicio nos ha permitido alcanzar las cotas de bienestar, calidad de vida y confianza institucional más elevadas de nuestra historia. Ponemos en valor el Autogobierno vasco, un “bien jurídico” muy apreciado por muchas razones, entre las que cabe destacar tres:

Es el instrumento de nuestra convivencia democrática, de nuestra capacidad para entendernos en el seno de la comunidad, para entendernos también con otros pueblos y sociedades y para hacerlo con unas reglas básicas de respeto y lealtad.

El Autogobierno vasco es un bien histórico. La tendencia, en ocasiones, es desdeñar e, incluso, ignorar lo conseguido. Hoy, sin embargo, en un mundo incierto y competitivo, somos más conscientes de que hemos heredado un Autogobierno que nos permite, si lo cuidamos, mantenernos en pie como Pueblo.

Consciente de las limitaciones y del transcurso del tiempo, tengo en la más alta valoración lo que somos y lo que hemos construido con nuestro Autogobierno. Asumida esta realidad, tampoco podemos ignorar las deficiencias del desarrollo estatutario, que se concretan en la falta de culminación del proceso de transferencias y en una degradación de las mismas.

El Estatuto de Gernika, expresión actualizada de los derechos históricos, fue concebido por la sociedad vasca como nuestra propia Constitución. En estos años, se ha producido una degradación de la naturaleza del Estatuto. Estamos sufriendo una erosión y una devaluación práctica de la capacidad y rango jurídico y simbólico del Autogobierno vasco, provocada por la legislación invasiva y la jurisprudencia, que devalúan su capacidad real.

El devenir hasta ahora no ha respetado el espíritu inspirador del pacto estatutario de 1979 que asentaba los principios de “sujeto”, “bilateralidad”, “pacto” y “garantías”. No ha sido posible acordar y crear los instrumentos que garanticen el desarrollo pleno del Estatuto. Tampoco asegurar las garantías de cumplimiento que preservan el carácter pactado del mismo.

Hemos sufrido una mutación del pacto estatutario. Es necesaria una nueva convención. Es indispensable reconocer la realidad plurinacional del Estado y volver a otorgar al Autogobierno de Euskadi el rango deseado y expresado por la ciudadanía vasca.

Han sucedido muchísimas cosas desde que en 1979 aprobáramos el Estatuto de Gernika. Desde 1979 y, hasta hoy, los Tratados Constitutivos de la Unión Europea se han ido modificando, al hilo de la adhesión de nuevos países y de sucesivos procedimientos de reforma. Nadie cuestiona la ejecutividad del Derecho europeo. El desplazamiento geográfico de la geopolítica y las consecuencias derivadas de la ampliación de la Unión que han afectado a la distribución de sus Fondos.

Ha cambiado, pues, la “Constitución” (si así se pudiera interpretar) de la Unión Europea y, también, las propias Constituciones de los Estados miembro. El principio de subsidiariedad y el lema de “Unidos en la diversidad” son ejemplos ilustrativos. En estos años, la Constitución Española se ha modificado en dos ocasiones y el Estatuto de Gernika es el único de todo el Estado que no se ha actualizado.

Mientras tanto, el Estatuto, ley orgánica que “desarrolla directamente la Constitución”, sigue pendiente de ser cumplido en su totalidad. El Informe “La erosión silenciosa” presentado y entregado al Parlamento Vasco en septiembre de 2021 es clarificador. Es un informe que remití personalmente al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Se han promovido leyes de bases y recursos de inconstitucionalidad, reales decretos ley omnicomprensivos, decisiones informadas en Conferencias Sectoriales interpretando el Estado NO en base a la realidad plurinacional. El cumplimiento leal del Estatuto conlleva desterrar la tentación de la unilateralidad y buscar acuerdos bilaterales. Es lo que corresponde en cumplimiento de los acuerdos de amplia mayoría del Parlamento Vasco. No más. Tampoco menos.

Es necesario, después de 47 años, revertir la dinámica constante tendente a la armonización del proceso autonómico. Es más necesario en un Estado compuesto y complejo, que cuenta con sus singularidades y un Autogobierno reconocido. El propio texto estatutario que ratificó la sociedad vasca hace 47 años dice en su disposición transitoria segunda: “Una Comisión Mixta integrada por igual número de representantes del Gobierno Vasco y del Gobierno del Estado, reunida en el plazo máximo de un mes a partir de la constitución de aquél, establecerá las normas conforme a las que se transferirán a la Comunidad Autónoma las competencias que le corresponden en virtud del presente Estatuto y los medios personales y materiales necesarios para el pleno ejercicio de las mismas, llevando a cabo las oportunas transferencias”.

Un mes era lo que dispuso, como máximo, el propio Estatuto para que se pusiera en marcha el proceso de transferencias, que debería culminar con su cumplimiento íntegro. Es una comisión permanente entre el Gobierno vasco y el Gobierno español que nos permita garantizar el cumplimiento del Estatuto de Gernika en su integridad.

Afirmo que el Autogobierno vasco debe evaluarse y formularse no como un edificio de nueva planta a erigir en el aire y sin enganche con el marco existente, sino desde la realidad de lo construido durante los últimos 47 años. El Autogobierno vasco debe ser apuntalado, ampliando los poderes ya reconocidos, adaptándose a la realidad europea y ensanchando los límites de la construcción institucional y social ya consolidada.

Dicho lo cual, el futuro del Autogobierno vasco, siempre a mi entender, pasa por la recuperación del espíritu del pacto, el mutuo reconocimiento y la bilateralidad. Estamos abocados a negociar y a acordar, lo que, según la doctrina constitucional española, es imprescindible y nada puede sustituir. Son las reglas. Reclamamos el cumplimiento íntegro del Estatuto para poder ejercer y acceder, entre otros, a derechos y servicios que nos corresponden.

Nos corresponde valorar lo que tenemos y compartir los cambios que necesitamos en el marco del ordenamiento jurídico vigente.

Adecuar el Autogobierno a la nueva realidad de la convivencia.

Estos nexos pueden,y deben, facilitar la convergencia, ensanchar el acuerdo. Avancemos en un escenario para el acuerdo. Más acuerdo significa mejor pacto. Un acuerdo es más sólido cuanto más amplio es.

La grandeza de la democracia no se conforma con reflejar el derecho de la mayoría; suma, también, la consideración a la minoría, con el propósito de facilitar la integración. Un acuerdo mayoritario, en una norma básica de convivencia, garantiza su futuro. Un consenso más amplio lo refuerza. La clave es ensanchar el acuerdo.

Más acuerdo significa mejor pacto. El objetivo de una nueva etapa sería la asunción de Euskadi como realidad nacional con voluntad histórica de Autogobierno y de decisión; y la consideración del Estatuto como norma de rango cuasiconstitucional.

De ambas cuestiones derivan consecuencias jurídicas, políticas y relacionales; como propuesta a modo de Concierto Político:

Sobre esta base, el Nuevo Estatuto Político de Euskadi debe nacer con la ambición de responder a las necesidades de este nuevo tiempo y de una nueva generación. La singularidad de Euskadi se basa en el engarce jurídico, incluso jurídico-constitucional, que ampara y respeta nuestros derechos históricos, libertades originales preservadas mediante pacto. He sido -y sigo siendo- partidario de explotar al máximo esta singularidad jurídica, singularidad reflejada en la foralidad contemplada en Disposiciones varias por la propia Constitución española.

Estoy convencido de que por esta vía podemos avanzar en un mayor Autogobierno y desarrollar las políticas económicas, sociales y culturales que permitan afrontar con garantías nuestro futuro en el marco de una Europa en construcción. Por esta vía podemos encontrar ámbitos efectivos de coincidencia y confluencia con Navarra, como refleja el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución española vigentes en la medida que nos permite compartir, en el entorno foral, una misma tradición y vocación de Autogobierno.

Estoy convencido de que tenemos capacidad de alcanzar un nuevo pacto desde el mutuo reconocimiento y la bilateralidad efectiva. Creo en la unión desde la voluntad democrática y la libre adhesión, no creo en la unidad desde la imposición y la unilateralidad. Como Nación Foral que somos, nuestros derechos históricos, amparados y respetados, pueden dar de sí tanto cuanto pueda alcanzar nuestra capacidad de lograr pactos institucionales, adoptar decisiones políticas que sean refrendadas por la ciudadanía y respetadas, así como desarrolladas por los órganos compartidos que se articulen.

Por esta vía, podemos encontrar el cauce para avanzar en el Autogobierno, alcanzar el reconocimiento como nación y seguir construyendo Euskadi en una Europa más fuerte y abierta. Nuestro punto de partida es el Estatuto de Gernika en su integridad, incluida su Disposición Adicional, y otras, tal como fue refrendado por la ciudadanía vasca.

Este punto de partida representa una exigencia democrática básica. El conjunto de la ciudadanía vasca refrendó el pacto, por lo que su modificación debe pasar por un nuevo refrendo social. La necesidad de afrontar una nueva etapa con altura de miras. Tras casi 47 años, NO se cumple el Estatuto de Gernika y NO se asume la realidad plurinacional del Estado.

Es tiempo de poner en valor y cumplir el pacto alcanzado en el pasado y labrar un nuevo acuerdo de futuro. Es tiempo de demostrar, con hechos, que merece la pena apostar por la concordia y la convivencia.

El concepto troncales el “Autogobierno efectivo y garantizado”. La actualización de los derechos históricos puede establecer un mecanismo que obligue a las instituciones vascas y del Estado a actuar bajo un principio de bilateralidad y concertación. Es posible una relectura más ambiciosa de la disposición adicional primera de la Constitución y de la disposición derogatoria que considera definitivamente derogada la ley de abolición foral de 25 de octubre de 1839.

Aquella abolición de los Fueros, completada en 1876, supuso el cuestionamiento de nuestros Derechos Históricos y la consagración de la “unidad impuesta”, frente al modelo de “unión voluntaria en pie de igualdad” que, durante siglos,había garantizado la convivencia. La disposición adicional y la derogatoria de la Constitución de 1978 contienen, de manera implícita, un potencial que no ha sido desarrollado en plenitud.

La actualización de nuestros derechos históricos puede propiciar el pleno reconocimiento de la personalidad política de nuestro Pueblo y un conjunto de poderes, singular y único, que permita el desarrollo de las aspiraciones colectivas. Nos encontramos en un punto de inflexión, un contexto de discontinuidad histórica, ese momento en el que se debería ir decidiendo el futuro próximo.

En este escenario es necesario profundizar, actualizar y expandir el Autogobierno. En esta perspectiva son criterios básicos y compartidos:

Planteo, en este ámbito del Autogobierno, una hoja de ruta de país, con tres ejes para un trabajo compartido:

El Gobierno español y las fuerzas políticas de ámbito estatal, así como las instituciones y fuerzas políticas de las comunidades históricas tenemos un mismo reto. Ese reto se puede condensar, entre otras, principalmente en una palabra: plurinacionalidad. Esto es, reconocimiento de la plurinacionalidad del Estado español.

Comparto una consideración añadida en relación con la plurinacionalidad. Hablemos de una “democracia plurinacional”. Europa funciona con un modelo de “democracia plurinacional”. Nuestro referente, Europa, es un ejemplo en su funcionamiento de “democracia plurinacional”, el marco para la convivencia armónica de realidades nacionales diversas.

La diversidad del Estado es una realidad: distintas lenguas; tradición foral o derecho civil vasco; distintos sistemas de financiación o mecanismos de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. En la práctica un Estado compuesto, plurinacional de hecho, aunque no de derecho.

La pregunta es: ¿por qué en un Estado sólo puede haber una nación? Esta es una visión excluyente. Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se autoperciban, en virtud también de sistemas de Autogobierno singulares y reconocidos.

La Constitución de 1978 diferenció entre nacionalidades y regiones, estableció distintos niveles competenciales; aceptó la bilateralidad en las relaciones financieras y tributarias de Euskadi y Navarra; o introdujo el reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales. A pesar de ello, son muchas las voces constituyentes que reconocen que aquel proceso no fue bien cerrado.

En este punto, la propuesta, para Euskadi y para el Estado en su conjunto, de una Convención Constitucional encuentra pleno sentido. Se trata de una invitación a modernizar y mejorar el funcionamiento del marco institucional por la vía del pacto. Es una propuesta constructiva y abierta, formulada el año 2018 y que debería encontrar un escenario propicio para su desarrollo.

La Convención Constitucional es una metodología de trabajo, con acreditados precedentes internacionales. No preestablece un resultado final. Propone un procedimiento orientado a la búsqueda del consenso en ámbitos de especial trascendencia política, como es el debate del modelo territorial del Estado.

Planteo, en resumen, una hoja de ruta de país con tres ejes: cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika; proyecto de nuevo estatus de Autogobierno; y Convención Constitucional que permita acordar el significado y alcance del carácter plurinacional del Estado, así como el desarrollo de la disposición adicional primera, en el caso de Euskadi.

No sé qué temor puede generar este debate. La propia Constitución subrayó la diferencialidad. Así, reservó la denominación de “nacionalidad” para las comunidades históricas que contábamos con un modelo de autogobierno previo a la Constitución de 1978 y teníamos una voluntad mayoritaria de autogobierno nacional. Es una voluntad que en Euskadi seguimos expresando de forma mayoritaria.

El lehendakari Iñigo Urkullu en el cargo entre 2012 y 2024, defiende como imprescindible que Euskadi cuente con un nuevo Estatuto. En una carta que publica en su integridad elDiario.es/Euskadi en el marco de quinto centenario del Fuero Viejo de Bizkaia y estando abiertas las conversaciones para la reforma estatutaria, Urkullu abogar porque se reconozca el “carácter nacional de Euskadi”, por “actualizar el catálogo de competencias”, por “profundizar” en la relación con otros territorios, incluida la “confluencia con Navarra”, y en que España asuma su realidad “plurinacional”.

La carta arranca con la constatación de que, a su llegada a Ajuria Enea, se activó una ponencia parlamentaria para la búsqueda de un acuerdo estatutario. Los trabajos nunca cristalizaron. Ahora, los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, mantienen conversaciones extraparlamentarias y no públicas para trabajar en una posible propuesta nueva. El lehendakari, Imanol Pradales, aludió a junio de 2026 como referencia para evaluar los avances, aunque en los últimos meses lo poco que ha trascendido es que, metafóricamente, el agua en la piscina no era abundante.

Cualquier propuesta debe pasar primero toda la tramitación en el Parlamento Vasco, también el filtro del Congreso de los Diputados y, finalmente, una consulta popular. El denominado 'plan Ibarretxe', el intento más serio de superar el Estatuto, se quedó en el segundo paso. Urkullu, en una reflexión que asegura que es estrictamente “personal”, plantea “avanzar en la gestación de consensos para un nuevo estatus de autogobierno” a pesar de lo ajustado de los plazos, con un año para las elecciones generales. “Los meses hasta el final de la legislatura no son tiempo propicio para lograr un acuerdo, pero sí son un tiempo para prepararlo”, defiende.

El lehendakari -el título es vitalicio- pone en valor lo que representó el Estatuto de 1979 como “instrumento” de “convivencia” y de “desarrollo”. “Fue concebido por la sociedad vasca como nuestra propia Constitución”, defiende. Sin embargo, afea al Estado que no haya “respetado” el “espíritu inspirador” de esa ley de leyes vasca. “Hemos sufrido una mutación del pacto estatutario”, arguye Urkullu, que denuncia que hay materias que “siguen pendientes” de ser cumplidas -ahora mismo se negocia, por ejemplo, la transferencia de la gestión de la Seguridad Social- y que en otros ámbitos ha habido una “erosión” del autogobierno, una “dinámica constante” por parte del Estado a través de normativa básica.

Urkullu evoca la necesidad de “recuperación del espíritu del pacto” y del “mutuo reconocimiento”, de la “bilateralidad”. En línea con sus propuestas en las tres legislaturas como lehendakari, define a Euskadi como “nación foral” y sostiene que la actual Constitución y Estatuto recogen disposiciones suficientes para “actualizar” los “derechos históricos” de origen foral. También plantea exportar el modelo bilateral de Concierto Económico a un Concierto Político, a un “sistema de garantías eficaz que impida la vulneración del autogobierno”. Y añade: “Por esta vía podemos encontrar ámbitos efectivos de coincidencia y confluencia con Navarra, como refleja el Estatuto de Autonomía y la propia Constitución española vigentes en la medida que nos permite compartir, en el entorno foral, una misma tradición y vocación de autogobierno”.

Urkullu mira también a España. Cree que se puede “realizar, desde Euskadi, una aportación sustantiva al debate sobre el modelo territorial del Estado”. “La diversidad del Estado es una realidad: distintas lenguas; tradición foral o derecho civil vasco; distintos sistemas de financiación o mecanismos de relación entre el Estado y las comunidades autónomas. En la práctica un Estado compuesto, plurinacional, de hecho, aunque no de derecho. La pregunta es: ¿por qué en un Estado sólo puede haber una nación? Esto es una visión excluyente. Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se autoperciban, en virtud también de sistemas de Autogobierno singulares y reconocidos”, defiende.

Su propuesta, “para Euskadi y para el Estado en su conjunto”, es una fórmula que llama “Convención Constitucional”. Ya la lanzó estando en el cargo e implica reinterpretar las posibilidades del marco vigente sin necesidad de abrir el melón de reformarlo. “Se trata de una invitación a modernizar y mejorar el funcionamiento del marco institucional por la vía del pacto. Es una propuesta constructiva y abierta, formulada el año 2018 y que debería encontrar un escenario propicio para su desarrollo”, estima Urkullu.

Urkullu abandonó la Presidencia vasca en el verano de 2024 con la toma de posesión del nuevo candidato del PNV, Imanol Pradales. Desde entonces, ha priorizado la puesta en marcha de fundación europeísta y atlantista, eAtlantic. También participa en actos públicos, como el homenaje por el aniversario del bombardeo de Durango en la Guerra Civil o los recientes homenajes al que fuera primer lehendakari en democracia, Carlos Garaikoetxea.

Una delegación del PSOE de La Rioja, con el Secretario General Javier García al frente, ha mantenido una reunión de trabajo con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. En este encuentro se han abordado asuntos del máximo interés para La Rioja, como la trascendencia de las políticas europeas y de los fondos europeos, el futuro presupuesto de la Unión y el ‘efecto frontera’.

Javier García ha trasladado, además, a Ribera cuestiones como “la enorme importancia del sector primario para La Rioja”. El Secretario General del PSOE también ha compartido con Teresa Ribera “que La Rioja es una comunidad profundamente europeísta y que comparte todos y cada uno de los valores fundacionales de la Unión”.

Además, han podido comprobar los “efectos extraordinariamente positivos que los fondos europeos han tenido en nuestra tierra, fondos impulsados por el presidente Pedro Sánchez en Bruselas y que han sido cruciales para mantener el crecimiento en los momentos más delicados de la pandemia y en los años posteriores”. Y fondos “que el PP intentó boicotear”.

Así, Javier García ha recordado que a La Rioja “se le han asignado ya 555 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, fondos que, además, se captaron en su inmensa mayoría en el mandato anterior, con un gobierno regional del Partido Socialista”. Todo esto afecta a “un amplio abanico de actuaciones, como las infraestructuras, la movilidad sostenible, la industrialización, el modelo energético, la cohesión territorial, la digitalización, el comercio, la cultura o el fortalecimiento del estado del bienestar”.

El líder de los socialistas riojanos ha destacado, dentro de esos 555 millones asignados, actuaciones como “los 32,7 millones para la variante de Rincón de Soto, los 33,8 millones para la economía social y los cuidados o los más de 48 millones de euros para los planes de sostenibilidad turística”.

Y si hablamos de regadíos, García ha recordado que a La Rioja han llegado “37,5 millones de euros que benefician a más de 13.600 hectáreas que verán mejorada su eficiencia y sostenibilidad”. A todo esto “debemos añadir fondos para impulsar el entorno rural, la rehabilitación de edificios públicos o el fomento del autoconsumo”.

Marco financiero plurianual y ‘efecto frontera’ Javier García y Teresa Ribera han abordado, además, las prioridades del próximo marco financiero plurianual de la Unión, que se extenderá de 2028 a 2034. García le ha trasladado a Ribera “que las regiones no pierdan protagonismo en este marco financiero, evitando la recentralización de los fondos europeos”. Y es que hay corrientes en Bruselas “que proponen que los fondos europeos los gestionen directamente los Estados miembros, restando peso a las regiones”.

García le ha expuesto a Ribera que “nosotros, desde el PSOE de La Rioja, defendemos el Principio de Subsidiariedad”. Lo que queremos es que el nuevo Marco Financiero “mantenga la gestión regionalizada de los fondos de Cohesión y que estos no se vean recortados por las nuevas prioridades de Defensa o Seguridad europea”.

Y otra cuestión que se ha abordado en esta reunión es el ‘efecto frontera’ que La Rioja padece con respecto a País Vasco y Navarra, ya que Teresa Ribera tiene la cartera de Competencia en la Comisión. Javier García ha recordado que “este asunto tiene que abordarse desde las instituciones europeas”. Aquí, “tendríamos que trabajar como comunidad autónoma para que Europa reconozca una realidad singular para La Rioja en términos similares a los que recoge nuestro Estatuto de Autonomía”. El objetivo “debe ser que se autorice un régimen de excepciones en el ámbito del régimen de ayudas de Estado con el fin de poder impulsar nuestro desarrollo económico e industrial”. En definitiva, “lograr que la Comisión Europea autorice excepciones en las Ayudas de Estado para La Rioja”.

Comité de las regiones

La delegación socialista, además, ha visitado el Comité de las regiones y ha mantenido una serie de sesiones de trabajo con diferentes personalidades. Destaca la reunión con Jordi Harrison, Secretario General del Grupo del Partido Socialista Europeo en el Comité Europeo de las Regiones, y con Carmen Donate, integrante del Comité Económico y Social Europeo.

La agenda del PSOE de La Rioja continúa mañana en Bruselas con encuentros almás alto nivel con el gabinete del Comisario Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, Christophe Hansen. También, Javier García mantendrá una reunión con Iratxe García, presidenta del grupo parlamentario de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, y con el eurodiputado riojano, César Luena.

En realidade quería tratar sobre a ansia de poder e control que manifesta o actual xefe de goberno autonómico no ámbito que lle corresponde. Pero atopo serias dificuldades para poder defender o título que tiña pensado, que era o de poder absoluto. Non se pode utilizar porque non reflicte a realidade. O presidente da Xunta goza dun ámbito de exercicio do seu poder realmente cativo comparado coas posibilidades a desenvolver no marco do Estatuto de Galiza, e, o que é pior, por vontade propria, xa que as posibilidades que oferece o Estatuto de Autonomía van moito máis alá das que actualmente delimitan o poder autonómico: o exercido e o potencialmente desexábel.

Goberna naquelas competencias exclusivas que están inalteradas desde hai 16 anos. Nen Núñez Feixóo nen Rueda ampliaron a extensión do poder exercido para un campo máis amplo do que a autonomía contemplaba, case cando empezou o século XXI, e, non obstante, o mundo cambiou bastante, as circunstancias económico-políticas tamén, e as reivindicacións dos cidadáns, así mesmo.

Así, por exemplo, e sen ansia de ser exhaustiva, poderíamos citar algunhas que, sendo notabelmente funcionais para un goberno que se prece, non forman parte do cadro actual de obrigas do Executivo galego. Citaremos as seguintes: ordenación do litoral na súa totalidade; salvamento mariño e loita contra a contaminación marítima no que corresponde aos vertidos; control, inspección e vixilancia pesqueira, ISM (Instituto Social de la Marina) cun número de afiliados en só tres provincias galegas que representan o 27% do total do Estado; portos dos chamados de interese xeral que son Ferrol-San Cibrao, A Coruña, Vilagarcía, Marín-Pontevedra, Vigo; xestión e réxime económico da Seguridade Social; función de inspección laboral; organismos de investigación mariña na Galiza; transferencia de competencias en materia de investigación científica; servizos de meteoroloxía; planificación, construción de obras hidráulicas en Miño-Sil no territorio galego; formación ocupacional tanto de persoas paradas como activas; emprego e fundo de garantía salarial, xestión da oferta e demanda de emprego; xestión dos laboratorios públicos de referencia; xestión da inmigración...

Dicíamos que non citaríamos de forma exhaustiva e o que citamos son única e exclusivamente aquelas competencias que atinxen á pesca ou, mellor dito, á actividade pesqueira que no seu sentido económico total abranxe non só as actividades directamente produtivas senón aquelas imprescindíbeis de coidado, conservación, mantemento e reparación dos recursos naturais, así como control doutras actividades que inflúen directa ou indirectamente nas condicións en que se desenvolve a pesca. Quedarían polo tanto sen lembrar outras competencias longamente citadas por ausentes e que constitúen unha reivindicación clásica do nacionalismo e daqueles actores na vida económica galega que pretenden máis eficacia e a eliminación de varios chanzos de burocracia para lograr un fluído devir da vida económica. Así, poderíamos lembrar o traspaso da AP-9, infraestruturas viarias e ferroviarias no territorio galego, policía autonómica, tráfico e circulación e seguridade viaria; demarcación xudicial de Galiza, ou a cultura e a lingua galegas... Así, en cada un dos campos en que está falto de completude o traspaso das competencias que contempla o Estatuto.

De aí que teñamos que nos referir sen moita vontade inicial ao aspecto de perspectiva de goberno dun país entendido como un pequeno concello con competencias limitadas e das que sempre haberá a posibilidade de eludir responsabilidades en busca dun titular cun rango superior. Ese sería, ao noso entender, o cualificativo dunha mentalidade de goberno de intento de control total e permanencia garantizada sobre unhas competencias limitadas das que sempre hai maneira de eludir responsabilidades enfocando cara a un externo/superior. Dese modo sempre se pode practicar a táctica de balóns fóra e pasar como alumno mediano.

A observación do paquete competencial incompleto -mesmo no ámbito estatutario- dá a entender que o interese político do goberno de quenda nestas últimas décadas é de contar co menor número de responsabilidades con encargo de xestión diaria para non ter que se responsabilizar diante dos seus propios concidadáns e votantes da marcha cotiá das cousas da vida. Se o réxime aeroportuario en chan galego goza dunha marcha irracional de xestión -en moitas ocasións dependente dunha mirada centrípeta-, a “culpa” é do goberno central, xa que aquí non hai competencias. Se a autovía Lugo-Santiago tarda en ser aberta máis tempo que a construción da catedral de Gaudí, é cousa do goberno central; se as acreditacións para o profesorado das universidades galegas pasa pola Aneca (goberno central) é por culpa do goberno central. Isto do goberno central dá moito xogo neste momento de enfrontamento co Goberno español de coalición, mais en tempos do PP sucedía exactamente igual e ningún dos agora carpideiros (ou queixosos) tiña a ocorrencia de citar o goberno central como responsábel. Nunca se fixo unha planificación no interior do goberno actual de saber co que contabamos, o que desexamos acadar, con que medios fiscais contamos (que plan de financiamento específico propoñemos) e como se debería executar nun período de tempo gobernativo medio: é dicer, máis alá dun período eleitoral, non para o curto prazo senón para crear tecido político/gobernativo dun país que teña conta de si mesmo.

Este componente de falta de capacidade e de vontade de se facer cargo do propio, como fan os adultos de calquera país, explicaría ao noso ver esa ansia de poder nun exercicio controlador até a extenuación do que existe, e ausente do importante que non se alcanza, non por imposíbel senón por incomparecencia, non personación ou simplemente falta de arroallo.

Casos como o veto á proposta do BNG para vicevaledor do pobo cun argumento de patio de gardería (non nos gusta o candidato, dixo o PP), o da muda do director do IGE, a inxerencia na elección de reitora na USC, o capricho de dividir recursos do sistema universitario galego con criterios localistas, a intromisión en política municipal, con mocións de censura incluídas, a división da prensa entre “nosos” e “inimigos” comprando vontades con cartos públicos, son só síntomas dun modelo de facer política que non vai contribuír -mesmo por razóns antipedagóxicas- a mellorar o país. O control absoluto ficou reducido a control miserábel dunha realidade empequenecida á mantenta.

El Gobierno vasco trabajará “pico y pala”, aunque de forma discreta, en la negociación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez para completar la transferencia de la gestión económica de la Seguridad Seguridad, consciente de “la complejidad” de la materia. Según han informado a Europa Press fuentes del Ejecutivo de Imanol Pradales, la consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, Maria Ubarretxena, ha activado “todas las negociaciones” para acordar el traspaso de nuevas competencias previstas en el Estatuto de Autonomía.

La intención es cerrar estos traspasos para cuando se celebre la nueva reunión de la comisión bilateral de cooperación, que presiden el lehendakari y el presidente del Gobierno y que está prevista para el próximo mes de julio. Se habían prometido para 2025 y luego para Semana Santa.

Ubarretxena ha estado en Madrid en las últimas horas para mantener sendos encuentros con el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, y con la nueva secretaria de Estado de Política Territorial, Miryam Álvarez, sustituta del ahora ministro Arcadi España. El Gobierno vasco no ha querido revelar el contenido de estas reuniones, y ha asegurado que son conscientes de que el tema de la Seguridad Social es “muy complejo y delicado”, por lo que irán “quemando etapas y trabajando de manera interna”, sin proyección exterior. “Vamos a trabajar con perfil discreto, para ir avanzando de manera discreta. Vamos a seguir pico y pala hasta la siguiente comisión bilateral”, ha asegurado.

Este mismo mes está prevista otra cita con el Ministerio de Trabajo, de Yolanda Díaz, para hablar del traspaso a Euskadi del Fogasa (Fondo de Garantía Salarial), después de que se retrasara la reunión y la consejera vasca acusara a los de Sumar de hacerse los “remolones”.

El traspaso de la Seguridad Social ya está en marcha con los acuerdos de comienzos de año en materia de prestaciones familiares no contributivas, de protección por desempleo y seguro escolar, pero quedan pendientes las prestaciones contributivas (pensiones) y el Fogasa, organismo encargado del pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores de empresas en concurso o insolventes. Euskadi solamente ejercerá la gestión de estas materias, ya que la regulación y fijación de cuantías seguirá en manos del Estado.

Podemos Castilla-La Mancha cree que en el Congreso de los Diputados existe una “mayoría democrática con la que es posible y necesario aprobar” el nuevo Estatuto de Autonomía de la región.

En un comunicado difundido este martes, Irene Arcalá, coordinadora autonómica de la formación, ha asegurado que ha tendido la mano “para que la reforma salga adelante” y lo haga “salvando la democracia” de Castilla-La Mancha y con la participación de aquellos partidos a los que “el golpe electoral de Cospedal” dejó fuera de las Cortes Autonómicas.

En este sentido, afirma que “el actual sistema electoral está hecho por Cospedal para que gobierne la derecha y pone la alfombra roja para que gobierne VOX”. También se ha mostrado tajante: “Solo hay dos opciones: democracia o fascismo, y la opción de la democracia depende de aprobar una enmienda que amplíe la propuesta que el PSOE pactó con el PP”.

Por su parte, el también coordinador de Podemos en Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, ha alertado del “peligro de que el PSOE de Castilla-La Mancha vuelva a caer en la trampa de PP y VOX con el Estatuto, tratando de aprobarlo con quienes quieren eliminar la democracia y los derechos y ya han traicionado al PSOE dos veces y recortado progresivamente el Estatuto en cada concesión socialista”.

Prepara con IU una enmienda electoral conjunta

Sobre la enmienda electoral conjunta que la formación está preparando de forma conjunta con Izquierda Unida para presentar al PSOE, Podemos ha asegurado que pretende dar al PSOE “una alternativa conjunta para buscar un acuerdo que saque adelante el Estatuto y lo haga salvando la democracia consiguiendo representación electoral”. “Esta propuesta permitirá articular una mayoría en el Congreso de los Diputados que haga posible aprobar el Estatuto dejando de lado la amenaza fascista de PP-VOX”, han zanjado desde la formación morada en la región.

El secretario general del PSOE en la región, Sergio Gutiérrez, ha mostrado su “profunda preocupación y desacuerdo” ante la decisión adoptada por el Partido Popular en el Congreso de los Diputados de “dinamitar el consenso político y social que habíamos sido capaces de forjar” en las Cortes de Castilla-La Mancha.

En un escrito dirigido al secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, Gutiérrez ha recordado que las Cortes de Castilla-La Mancha “representan la voluntad popular” de los castellano-manchegos, razón por la cual lo acordado en su seno “no es un mero pacto entre partidos, sino la expresión institucional de esa voluntad colectiva”.

“Cuando se trabaja en la construcción de un acuerdo, es legítimo que cada formación política plantee sus líneas rojas”, ha esgrimido el dirigente socialista. Sin embargo, cuando esos acuerdos “se alcanzan, se firman y se refrendan por los parlamentos, romperlos no es solo una deslealtad política: es un desprecio a las reglas del juego democrático y a los ciudadanos que las sostienen”, ha añadido Gutiérrez.

La carta incide en el cambio de postura del 'número dos' de los populares, ya que “meses antes en Cuenca, defendía el acuerdo del Estatuto como la mejor expresión del espíritu de la Transición y justificaba el aumento del número de diputados por la evidente infrarrepresentación de nuestra comunidad”, asegura.

Reclama “el mismo respeto” que cualquier otra CCAA

“Lo que resulta aún más incomprensible”, continúa Gutiérrez, “es que esas mismas exigencias planteadas por Vox en Extremadura —como la reducción a 33 del número de diputados— fueran rechazadas por el Partido Popular en su acuerdo de gobierno en dicha comunidad”.

Por todo ello, el dirigente socialista pregunta a Tellado “¿por qué para el Partido Popular Extremadura, con cerca de un millón de habitantes menos, tiene derecho a contar con el doble de representantes que Castilla-La Mancha? ¿Por qué el voto de un extremeño parece valer el triple que el de un castellano-manchego para su formación política? ¿Y por qué las condiciones que rechazaron en Extremadura son precisamente las que hoy utilizan para bloquear el Estatuto de Castilla-La Mancha, texto fundamental para el desarrollo institucional de nuestra región?”

Gutiérrez culmina su escrito “exigiendo” la retirada de la enmienda presentada y “reclamando” para Castilla-La Mancha “el mismo respeto que el Partido Popular dispensa a cualquier otra comunidad autónoma”.

Carolina Agudo, PP: “Quieren tener más cargos”

La secretaria general del PP en Castilla-La Mancha, Carolina Agudo, ha preguntado a los socialistas de la región si “de verdad están dispuestos a echar por tierra el Estatuto de Castilla-La Mancha sólo porque quieren más políticos”.

Una pregunta que la 'número dos' del PP lanzaba en la carta que ha escrito al secretario de Organización del PSOE, Sergio Gutiérrez, y que responde a otra misiva que este remitía esta mañana al secretario general del PP, Miguel Tellado, exigiéndole “la retirada de la enmienda presentada” al texto del Estatuto y reclamándole para la región “el mismo respeto que el Partido Popular dispensa a cualquier otra Comunidad Autónoma”.

A Agudo le parece “incomprensible” que Sergio Gutiérrez envíe una carta al secretario general del PP partiendo de una premisa “absolutamente falsa y retorcida, mintiendo desde el primer párrafo”, aunque ha subrayado que no le “sorprende especialmente” porque es la “forma habitual de proceder” del 'número dos' del PSOE: “la de manipular e intentar engañar a los ciudadanos”.

“No sólo miente usted cuando nos acusa de dinamitar el consenso político y social en las Cortes de Castilla-La Mancha, sino que, muy al contrario, son usted y su partido, el PSOE, los que quieren dilapidar ese acuerdo anteponiendo sus intereses partidistas al bienestar y la calidad de vida de los castellanomanchegos”, subraya la dirigente 'popular'.

“Es obvio -asegura- que los socialistas quieren más políticos” en Castilla-La Mancha, “quieren tener más cargos, más prebendas partidistas, más coches oficiales”, pero el Partido Popular, --dice-- lo que quiere para Castilla-La Mancha “son más profesionales sanitarios, más profesores, mejores hospitales y colegios, más y mejores infraestructuras y unos servicios públicos de la máxima calidad”.

“Nuestra prioridad es Castilla-La Mancha; la suya aumentar el número de cargos políticos. Por tanto, cuando se pregunta por la falta de respeto a los ciudadanos de la región, mírense ustedes al espejo y tendrán una respuesta firme y contundente”, añade Agudo.

No hablan de hospitales; no hablan de colegios; no proponen ningún acuerdo para mejorar la vida de los castellanomanchegos, hoy en los peores indicadores del país después de 40 años de socialismo en la región

Carolina Agudo — Secretaria general del PP en Castilla-La Mancha

En su carta a Tellado -censura la dirigente del PP- “sólo hablan (los socialistas) de tener más diputados y esa parece su única inquietud”. “No hablan de hospitales; no hablan de colegios; no proponen ningún acuerdo para mejorar la vida de los castellanomanchegos, hoy en los peores indicadores del país después de 40 años de socialismo en la región”.

Los 'populares' aseguran, además, ver “con sorpresa” cómo los socialistas pretenden “saltarse las instituciones” y “no respetar los procedimientos constitucionales”, negando al Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, su derecho a debatir sobre el Estatuto de Castilla-La Mancha y enmendarlo en lo que legítima y democráticamente consideren conveniente.

Ha lamentado igualmente que Gutiérrez hable de una sola enmienda de las 11 presentadas por el Partido Popular, cuando “la realidad es que el Estatuto de Castilla-La Mancha ha recibido 97 enmiendas, 21 de ellas del PSOE, sin olvidar que la que tanto preocupa al PSOE, ya se presentó el 24 de octubre de 2024 en las Cortes regionales”.

Es decir, añade Agudo, “no es una novedad”. “Es nuestra posición de siempre, conocida sobradamente por los socialistas, sobre la que ahora quieren polemizar, una vez más, por sus intereses puramente partidistas”.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado este lunes que se niega a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha sea como el Estatuto de Bayona, “un estatuto impuesto, cercenado por las Cortes Generales y manipulado”.

“Lo que no se permitiría para Cataluña, para Andalucía, para el País Vasco o para cualquier comunidad autónoma, no se debe permitir para Castilla-La Mancha”, ha apostillado Bellido en Toledo durante la inauguración de las XVII Jornadas de Derecho Parlamentario celebradas en las Cortes de Castilla-La Mancha.

Su posición personal --ha abundado-- es que el Estatuto de Castilla-La Mancha debe ser aprobado con las correcciones que los constitucionalistas establezcan para ajustar las cuestiones competenciales oportunas y para respetar evidentemente el marco estatal en su totalidad.

“Nosotros no hemos querido provocar en ningún caso” y “nadie espera en la Comisión Constitucional ni en el Congreso de los Diputados que el Estatuto de Castilla-La Mancha suponga cercenar las competencias del Estado como sí ha ocurrido en otros estatutos”.

Dicho esto, y “salvando estas cuestiones que evidentemente son técnicas y que deben ser muy pulcras”, ha apuntado que “ha de respetarse lo que se aprobó en el Parlamento Autonómico de Castilla-La Mancha y sobre todo lo que fue confeccionado con la participación de los principales poderes sociales y representativos de Castilla-La Mancha, además de los partidos políticos”.

Por eso, ha confiado en que “en algún momento podamos tener un magnífico Estatuto de Autonomía a la altura del resto de comunidades autónomas y aprobado por amplísimo consenso”. “Si hemos sido capaces de darle trámite y de iniciar el debate, debemos ser capaces de concluirlo satisfactoriamente y sin traicionar lo que en Castilla-La Mancha es un deseo y es la voluntad mayoritaria del pueblo de esta tierra”, ha apuntado el presidente de las Cortes regionales.

Durante su intervención, Bellido ha dicho que es “la quinta, pero más sustancial” reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha y cuenta de origen con el 90% de consenso entre los representantes de la sociedad de Castilla-La Mancha. “No solamente es que haya un gran consenso político, sino también un enorme consenso social”.

“Es el Estatuto de la sociedad de Castilla-La Mancha”

“Se puede decir sin exagerar que es el Estatuto de Castilla-La Mancha de la sociedad de Castilla-La Mancha, el que desea la sociedad de Castilla-La Mancha”, ha subrayado.

Entre sus principales novedades, ha citado, aparece un blindaje de servicios públicos muy ligados a los servicios esenciales y al mundo rural, “una defensa de nuestros recursos hídricos”, y también por medidas ligadas a la accesibilidad y a la extensión de nuevos derechos, como la protección de las víctimas de violencia machista o aportaciones muy novedosas en el marco constitucional, como la primera referencia a la inteligencia artificial.

Ha rememorado que el asunto que ahora mismo impide que este Estatuto de Autonomía haya sido aprobado y que permanezca en este preciso instante congelado en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados es el número de diputados para 2031. En el mismo se aumenta el número de diputados para situarlo en torno “a 50 y tantos”, muchos menos que por ejemplo en Castilla y León, en Aragón o en Extremadura.

“Todos los partidos políticos han asumido que en Extremadura, por ejemplo, se hayan elegido 66 diputados”, que es el doble de los actuales de Castilla-La Mancha. “Esto mismo ocurre con Aragón, que también ha elegido 67 diputados, con 1.400.000 habitantes”, mientras en Castilla-La Mancha, con 2.100.000, “tenemos 33”, ha dicho.

Dicho todo esto, ha querido hacer hincapié en que el Parlamento de Castilla-La Mancha es “con mucha diferencia” el Parlamento “más infrarrepresentado de todo el país” y además “se hizo por una decisión unilateral”, ha criticado.

“Era razonable que una decisión unilateral haya sido revertida por una decisión colegiada, compartida, pero bueno, parece que lamentablemente esto no va a ocurrir, salvo que al final del ciclo electoral de 2026 haya una rectificación por parte de quien aquí votó una cosa, aquí aportó una cosa y ahora en Madrid dice la contraria”, en referencia al Partido Popular de la región.