La convocatoria de elecciones deja para la próxima legislatura la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha

La convocatoria de elecciones generales anunciada este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha provocado que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se encontraba en el Congreso de los Diputados tras haber presentado los grupos las enmiendas pertinentes, se quede pendiente en la Cámara baja para la próxima legislatura.

En todo caso, lo que sí decae son el casi el centenar de enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios en el Congreso, tal y como han confirmado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Estas mismas fuentes señalan que esta situación la contempla el artículo 207 del Reglamento del Congreso de los Diputados y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

El artículo 207 señala que “disuelto el Congreso o expirado su mandato, quedarán caducados todos los asuntos pendientes de examen y resolución por la Cámara, excepto aquellos de los que constitucionalmente tenga que conocer su Diputación Permanente”.

Al tratarse de una propuesta legislativa procedente de una asamblea autonómica, se aplica la práctica de trasladar a la Cámara siguiente la proposición pendiente, según publica el Congreso de los Diputados en su página web.

De este modo, se contempla el escenario de que “no será necesario” volver a presentar la propuesta de reforma, pero sí se retrotraerá “al momento de la calificación por la Mesa de la Cámara”.

Así, será la nueva Mesa del Congreso que se conforme tras los resultados de las elecciones del 29 de noviembre la que se encargue de calificar esta reforma, y tendrá potestad para decidir si se tramita o no, sometiéndose a un nuevo debate en el que el nuevo Congreso decidirá si la toma o no en consideración.

Asimismo, decaen las enmiendas presentadas, alrededor de un centenar, y no se podrán volver a presentar hasta que no se celebre la primera sesión del Congreso de los Diputados.

Una tramitación convulsa

Tras el pacto suscrito entre PP y PSOE en la región, aprobado en las Cortes castellanomanchegas, el proyecto de Estatuto recaló en el Congreso de los Diputados hace aproximadamente un año, en noviembre de 2025, cuando prácticamente la totalidad de la Cámara Baja dio su visto bueno y dio luz verde al texto, con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones.

Una vez tomado en consideración, en febrero culminó el plazo de presentación de enmiendas parciales y recibió casi un centenar de propuestas: 12 de Sumar, 19 del Grupo Mixto, 21 del Grupo Socialista, 11 del Partido Popular y 33 de Vox.

En este contexto, la polémica se suscitó cuando el PP, en sus enmiendas parciales, pidió establecer la horquilla de diputados de la Cámara regional entre 25 y 35, y no entre 25 y 55, como había pactado con los socialistas en Castilla-La Mancha.

Además, los 'populares' recogieron en sus iniciativas que el Estatuto incluyera valores como la dignidad o el libre desarrollo de cualquier persona residente en el territorio regional o reforzar políticas de vivienda introduciendo el respeto a la seguridad jurídica contra la ocupación ilegal.

De su lado, Vox, pese a rechazar de plano la tramitación del texto aduciendo que solo serviría para aumentar el gasto político en la región, planteó en sus enmiendas recuperar la limitación de mandatos del presidente de la Junta de Comunidades, además de su intención de suprimir organismos y estructuras administrativas innecesarias, la limitación del abuso del decreto-ley y de la delegación legislativa y el refuerzo del control parlamentario y la separación de poderes.

El Grupo Socialista ahormó una veintena de enmiendas, casi todas ellas de carácter técnico para matizar límites competenciales entre la autonomía y el Estado, pero con dos adiciones destacadas. La primera de ellas, para dar más protección al colectivo LGTBIQ+; y la segunda para poner en valor la importancia de la Universidad de Castilla-La Mancha en todo el territorio regional.

Sumar propuso blindar el derecho al aborto o que Castilla-La Mancha no tenga menos de 40 diputados. Por su parte, Podemos planteó vetar actividades económicas extractivistas; más memoria histórica y dignificación de fosas comunes; garantizar una prestación sanitaria universal y gratuita; o poder elegir hasta un centenar de parlamentarios en una posible combinación de circunscripción única con cinco provinciales.