El adelanto electoral dejará en el cajón el traspaso a Euskadi de la gestión de la Seguridad Social y otras negociaciones

El adelanto al 29 de noviembre de las elecciones generales, decidido ya por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entierra definitivamente las conversaciones abiertas entre los Gobiernos central y vasco para completar el Estatuto de 1979. En particular, ya no será posible una transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, es decir, del pago de las pensiones. También quedarán en un cajón otras materias de menor relevancia como los paradores de turismo o la regulación de las elecciones municipales.

A finales de 2023, un PNV entonces capitaneado por Andoni Ortuzar condicionó el apoyo a la investidura de Sánchez al cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, que este mes de octubre cumplirá 47 años. Desde entonces, Euskadi ha recibido un buen número de transferencias, dando continuidad al proceso iniciado en la legislatura anterior con Prisiones, por ejemplo, de cuyo traspaso se han cumplido ahora cinco años. En este tiempo se ha cedido el servicio de Cercanías de Renfe, ahora conocido como Lottu, la gestión de los permisos de trabajo para extranjeros, algunas nuevas funciones para la Ertzaintza, Salvamento Marítimo o la gestión del litoral. Se ha creado también un órgano bilateral en el que las instituciones vascas pueden coparticipar de la gestión de los aeropuertos de Aena, que son infraestructuras estatales.

Pero el compromiso de tener todo cerrado en 2025 no se cumplió. El año ya se cerró con tensiones entre los Gobiernos central y vasco que, finalmente, alcanzaron algunos acuerdos en enero de 2026 y pospusieron otros a Semana Santa. Nuevamente, llegada esa fecha, Sánchez se vio en La Moncloa con el lehendakari, Imanol Pradales, y desbloquearon algunos temas, aunque una vez más dejaron otros pendientes. Se iba a celebrar otra 'cumbre' bilateral en verano, antes de las vacaciones de agosto, pero la falta de avances hizo que se cancelara 'sine die'. Después del parón estival ha habido algunos contactos, pero no han cristalizado.

De todos los temas pendientes es la gestión de la Seguridad Social el más relevante. En puridad, el traspaso ya se ha iniciado con la cesión de algunas submaterias de menor relevancia, como las prestaciones no contributivas o el seguro escolar. La más relevante era la relativa a las prestaciones y subsidios de paro, las denominadas políticas pasivas de empleo gestionadas por el SEPE, el antiguo Inem. Estaba firmada e iba a entrar en vigor el 1 de enero de 2027, pero recientemente se ha decidido que no hay margen y se ha pospuesto hasta el 1 de julio de 2027. El Gobierno vasco ha asegurado que hay un acuerdo firmado y que un posible cambio político en Madrid no debería afectar.

Sin embargo, el bloque principal relacionado con la Seguridad Social eran las pensiones. Son 12.000 millones de presupuesto y una gran estructura de funcionarios y edificios, posiblemente la mayor que mantiene el Estado en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa junto con las Fuerzas de Seguridad del Estado y el Ejército. Es una materia nunca antes cedida a una comunidad autónoma y ha suscitado dudas por el carácter unitario del sistema. El Estatuto marca expresamente que el Gobierno vasco sólo sería un cajero, que no podría modificar la legislación o las cuantías, y que se mantendría la solidaridad interterritorial o 'caja única'.

El PNV también deseaba más capacidades en materia portuaria, aunque este debate es muy diferente. Euskadi ya recibió la transferencia de puertos hace cuatro décadas y gestiona todos los que no son de interés general, que son competencia exclusiva del Estado. De hecho, la oposición ha criticado duramente la gestión de la sociedad pública autonómica EKP, en particular de sus adjudicaciones de contratos.

Los de Bilbao y Pasaia, en cambio, siguen siendo parte de Puertos del Estado, pese a lo cual desde hace años las instituciones vascas participan en su gestión, sobre todo con el nombramiento de sus responsables, que han sido habitualmente cargos nacionalistas. El debate arrancó con la intención de que Pasaia fue desclasificado y transferido. El PNV sostenía que era para dotarle de más competitividad. Ahora, ante el 'no' de los socialistas a esa demanda, ha seguido con la petición de más atribuciones en materia portuaria. Sin embargo, tampoco aquí ha habido 'fumata blanca' y es improbable que la haya en los minutos de descuento de la legislatura.

Desde hace meses, en el PNV convivían dos discursos sobre Sánchez. Por un lado, Aitor Esteban pedía claramente un adelanto electoral. Por otro lado, el lehendakari y sus consejeros repetían hasta la saciedad que mientras quedara un Gobierno había que exprimirlo. Este mismo fin de semana lo ha manifestado, por última vez, la consejera Nerea Melgosa en 'Deia'. Ahora, fuentes del Ejecutivo vasco admiten que “no estaba el horno para muchos bollos” en materia estatutaria en los últimos meses y que ahora, habiendo una fecha de elecciones, “todo el mundo está ya a otra cosa”. “Esto nos coloca en una situación de final”, asumen.

Pradales había dicho por dos veces en septiembre que Sánchez podía haber pasado a la historia como el presidente que cumplió íntegramente el Estatuto de 1979. Pero no será así, al menos en esta legislatura. Igualmente, queda en agua de borrajas la “ventana de oportunidad” que veían tanto el PNV como EH Bildu para llevar a las Cortes Generales una reforma estatutaria. Sin embargo, ese proceso estaba en una fase mucho más incipiente porque ni siquiera hay una propuesta clara en Euskadi de qué se quiere hacer. La idea la lanzó el PNV con Iñigo Urkullu en 2012 y se ha ido estirando y estirando con el paso de las legislaturas. En los últimos años, fuera de las instituciones, PNV, EH Bildu y los socialistas han mantenido negociaciones, pero los plazos para presentar el resultado también se han ido incumpliendo. Además, antes de enviar cualquier idea a Madrid era precisa, en Vitoria, la tramitación completa y la aprobación en el Parlamento Vasco, un proceso de meses o años.