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El Gobierno vasco culpa a los sindicatos del retraso en la nueva contrata de ambulancias y descarta hacerlas públicas

Rueda de prensa de ESK

Iker Rioja Andueza

Vitoria —

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Pasadas 24 horas de que se conociera que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (conocido por sus siglas OARC y dependiente del Gobierno vasco) ha tumbado la nueva licitación del servicio de ambulancias de Osakidetza, con un valor máximo de unos 1.359 millones, el Departamento de Salud ha pedido “tranquilidad” porque la paralización de la nueva contrata no afectará al servicio actual. El Gobierno dice también que la resolución negativa es simplemente una cuestión “de forma” y que “a la mayor brevedad” presentará unos nuevos pliegos con una memoria que justifique debidamente la imposibilidad de prestar el servicio con recursos propios, como le afea el OARC.

Este tribunal administrativo ha estimado al menos los recursos de ESK y LAB contra esta contrata, que es doble. Por un lado, se licita el servicio urgente (las ambulancias de color amarillo) y, por otro, el programado (las blancas y azules). Las UVI móviles sí que son públicas en términos generales. Se da la circunstancia de que esta licitación era especialmente relevante porque venía a regularizar el sector tras varios años de provisionalidad. En noviembre de 2024, se rescindieron de antemano los contratos con la empresa catalana Grup La Pau por un cúmulo de irregularidades y, salvo en Gipuzkoa, las ambulancias están operadas bajo contratos excepcionales, sin concurso ni plazos definidos.

El plan de Salud era contar con el servicio nuevo regularizado el 1 de enero de 2027. Ya era muy difícil porque los recursos al OARC habían motivado una paralización cautelar del concurso, presentado en verano. Ahora, directamente, ha quedado anulado. El Ejecutivo expone que “reelaborará a la mayor brevedad” los documentos precisos para retomar el concurso. Pero ya no hay plazos. El Gobierno, aunque ha sido señalado por un organismo interno como responsable de no haber tramitado el expediente conforme al ordenamiento jurídico, señala textualmente a los “recursos sindicales” como motivo del retraso que se producirá.

Ahora bien, Salud recalca que, entretanto, “el servicio funciona con normalidad”. “Desde el Departamento de Salud se traslada un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía: el servicio de ambulancias es esencial, sigue activo todos los días y la asistencia sanitaria está garantizada en todo momento. La revisión administrativa afecta a la futura contratación, no a la continuidad inmediata de la atención”, subrayan desde el Gobierno. Insisten, además, en que el OARC no ha cuestionado ni el modelo de servicio privatizado como tampoco avalado su publificación. Incluso se felicitan porque ha desestimado otras pretensiones de los sindicatos, aunque el resultado es el mismo: no hay contrato.

Salud defiende, en todo caso, que su propuesta de nueva contrata incorporaba importantes mejoras. “El pliego incluía, por primera vez, criterios que las propias asociaciones de pacientes habían diseñado durante el proceso de concurso”, aduce. Añade, igualmente, que preveía mejoras laborales para los alrededor de 1.600 trabajadores de estas contratas.

De su lado, el sindicato ESK ha ofrecido una rueda de prensa en Vitoria para felicitarse por la estimación de su recurso. Patxi Nicolau y otros dos portavoces de la central han señalado que esta resolución del OARC es un punto de inflexión, porque hay muchos concursos en que se externalizan servicios públicos en los que tampoco se aportan memorias detalladas. Igualmente, han emplazado al consejero Alberto Martínez, del PNV, a que camine hacia la publificación del servicio y no repita el concurso. En este sentido, le han demandado la “misma voluntad” que hizo posible la “integración” del centro Onkologikoa de Donostia. En Navarra, con la coalición Geroa Bai al frente de Salud, se ha publificado el servicio.

ESK, eso sí, avisa de que estirar la situación de provisionalidad puede tener consecuencias. Remarcan que los vehículos heredados de Grup La Pau en Álava y en Bizkaia ya presentaban problemas hace dos años y que la ley impide a las ambulancias estirar su vida útil más allá de los diez años. Apuntan a que, posiblemente, haya que tirar de alquileres en algún momento e incrementar aún más el gasto público externalizado.

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