El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Padrón (A Coruña) ha acordado iniciar la investigación judicial de las torturas sufridas por Manuel Reboiras el 28 de septiembre de 1975, en un contexto de crímenes contra la humanidad, la que supone la primera querella contra crímenes del franquismo admitida a trámite por los juzgados de Galicia.

Este primer caso admitido a trámite en Galicia se suma a otras seis querellas con las que ha ocurrido lo propio en diferentes juzgados en España, según informa la Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua) en un comunicado este jueves, recogido por Europa Press.

Esta denuncia parte de Manuel Reboiras —hermano del histórico dirigente de la Unión do Povo Galego (UPG) asesinado a tiros por la policía franquista el 11 de agosto de 1975—, quien se querelló en octubre de 2024 por las torturas sufridas durante dos detenciones. Una el 28 de septiembre de 1975 en Padrón y una segunda el 18 de junio de 1976 en el monte O Castro (Vigo).

De tal forma, este juzgado de Padrón ha requerido información documental para ello al Archivo Histórico Nacional, al Centro Documental de la Memoria Histórica y a la Dirección General de Policía.

El auto de la admisión a trámite es consecuencia de la estimación de un recurso de reforma interpuesto por Fiscalía y revocación del auto del mismo Juzgado de fecha 12 de diciembre de 2024 que acordó el sobreseimiento y el archivo de la causa por prescripción.

Ceaqua celebra esta nueva admisión, pero recuerda que, tras más de 115 querellas, “sigue siendo un hecho excepcional”. Por ello, insta a los poderes públicos y a los partidos políticos a “adoptar todas las medidas necesarias para que este hecho excepcional se convierta en un hecho habitual”.

“Una vez más y en este sentido debemos recordar que el Estado español está lejos de revertir las políticas de impunidad imperantes que impiden, con carácter general, y a día de hoy, la investigación judicial de los crímenes franquistas”. “Es más, durante este año en el que se conmemora el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y en el que el Gobierno ha programado por ello más de 100 actos, desde Ceaqua queremos interpelar, una vez más, al Gobierno de coalición y a los grupos parlamentarios que conforman el poder legislativo para recordarles que su inacción forma parte de las políticas de impunidad mantenidas por el Estado español”, incide.

La noticia ha trascendido el mismo día en el que el pleno del ayuntamiento de Santiago de Compostela decidía conceder una distinción a Moncho Reboiras, nacido en Dodro pero vinculado con la capital gallega a través de la asociación cultural O Galo, el movimiento estudiantil y la lucha sindical antifranquista. La alcaldesa, la nacionalista Goretti Sanmartín, subrayó su carácter como “última víctima mortal del franquismo” en Galicia.

La madre de José Antonio del Valle cantaba siempre. Solía pasearse por la casa familiar de Elda (Alicante) tarareando letras y melodías ante la mirada de sus ocho hijos. Pero cuando uno de ellos murió, dejó de hacerlo. “No volvió a cantar nunca”, recuerda José Antonio, hermano de Teófilo del Valle, el joven trabajador del calzado que murió a manos de la Policía Armada en febrero de 1976. Por estos hechos el exministro Rodolfo Martín Villa y el policía Daniel Aroca del Rey han sido llamados a declarar como investigados por una jueza de Elda en lo que supone un hecho insólito que nunca antes se había produciado en España.

“A mí me ha dado mucha alegría porque por primera vez la Justicia llega hasta este punto con una querella sobre lo que pasó en la Transición”, sostiene José Antonio. Si nada cambia, en noviembre Martín Villa y Aroca del Rey declararán ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Elda de forma telemática. José Antonio, hermano mayor de Teófilo, fue quien interpuso la querella en abril de 2024, pero no habla de Código Penal ni de años de cárcel: “Lo que busco es que se reconozca la verdad oficialmente, reivindico el buen nombre de Teófilo y una reparación moral de la familia, que hemos vivido este dolor durante décadas en silencio”.

José Antonio recuerda cómo tras los hechos “las autoridades intentaron desacreditar” a su hermano con expresiones como que era un hombre “de vida irregular” o que “al parecer pertenecía a una banda de traficantes de droga”, según el literal que el Gobierno civil de Alicante publicó en los periódicos tras su muerte. Teófilo tenía 20 años cuando murió en el contexto de las movilizaciones del sector del calzado alicantino de aquellos meses, pero a su familia nadie les informó de nada, asegura José Antonio a sus 77 años: “Mi padre estuvo peleando por saber qué había pasado pero se encontró todas las puertas cerradas”.

En 2023 con el apoyo de Manuel de Juan, director del documental Las tres muertes de Teófilo del Valle, se descubrió que en su momento la investigación “demostró que los seis disparos que mataron al joven habían salido del arma de Aroca del Rey”, según la familia. El policía fue juzgado por un tribunal militar y posteriormente absuelto al considerarse que había “obrado en cumplimiento de su deber”. La querella que presentó José Antonio con el apoyo de Acció Ciutadana contra la Impunidad del Franquisme se dirigía a toda la cadena de mando, pero solo Martín Villa y el expolicía están vivos.

La acusación apunta directamente al exvicepresidente del Gobierno con Leopoldo Calvo-Sotelo como han hecho otras muchas querellas que no han prosperado en nuestro país. Martín Villa, que tiene 90 años, ocupó diversos cargos durante el franquismo –fue gobernador civil de Barcelona– y posteriormente escaló hasta ser ministro de Relaciones Sindicales y de Interior una vez Franco había fallecido. La querella por la muerte de Teófilo le considera “responsable directo” por “ser la cabeza del aparato del Gobierno en la toma de decisiones” en un momento en el que, según los historiadores, “se importaron los métodos violentos del franquismo”.

“Fue mi tío pero podía haber sido otro”

La cartera de Relaciones Sindicales la ocupaba el exministro cuando Teófilo fue alcanzado por las balas de la Policía Armada, pero también cuando cinco obreros murieron en la tarde del 3 de marzo de 1976 en Vitoria. Uno de ellos fue el tío de Nerea, Pedro María Martínez, víctima del desalojo a tiros que la Policía Armada hizo en una iglesia previamente gaseada en la que se celebraba asamblea en el marco de los paros convocados por los trabajadores. “Mi tío tenía 27 años, aquello rompió completamente a la familia. A mí siempre se me ha transmitido lo que pasó y, sobre todo, por qué”, esgrime la también vicepresidenta de la Fundación Memorial 3 de marzo.

Mi tío tenía 27 años, aquello rompió completamente a la familia. A mí siempre se me ha transmitido lo que pasó y, sobre todo, por qué

Nerea Martínez — Sobrina de víctima y vicepresidenta de la Fundación Memorial 3 de marzo

“Fue mi tío pero podría haber sido cualquier otro. Habían pasado 100 días de la muerte del dictador y había un movimiento obrero y social potentísimo que estaba pidiendo un cambio de régimen real. Por eso la represión fue tan brutal”, sostiene Nerea, que muestra incredulidad sobre que Martín Villa vaya a responder ante la Justicia. “Yo tengo pocas esperanzas porque no sé si hay una verdadera voluntad”. Lo que sí tiene claro es lo que supondría verlo: “Aunque sea por otro caso y no el nuestro, todos forman parte de un mismo contexto. Todos los casos son uno de muchos. Que se siente en el banquillo sería una pequeña parte de la reparación que el Estado español nos debe”.

Durante años, víctimas de los excesos de las fuerzas policiales que acabaron con la vida de decenas de personas en la Transición han intentado sin éxito que sus casos sean reabiertos –varios de ellos fueron juzgados en su momento por el orden militar–, pero la tónica general ha sido el archivo de las querellas. Los tribunales han tirado de los mismos argumentos que suelen usar para cerrarle la puerta a los crímenes del franquismo y que el Tribunal Constitucional ha hecho suyos: la ley de Amnistía, la irretroactividad de la ley o la prescripción de los delitos. En algunos casos, la negativa se ha justificado en que fue cosa juzgada.

Por eso, las víctimas del 3 de marzo están pidiendo la anulación del juicio que se hizo en su momento en base a la Ley de Memoria Democrática, que declara nulas las resoluciones emitidas por tribunales franquistas. “En nuestro caso se reconocieron los homicidios pero se sobreseyó porque decían que no se podía saber qué policías dispararon”, explica Andoni Txasko, que debido a la brutal paliza que le propinó la policía el 4 de marzo, horas después de la masacre, se ha quedado con un 2% de visión. “Con Martín Villa lo hemos intentado infinidad de veces, creemos que es autor de delitos de lesa humanidad, pero las ventanas parecían cerradas a cal y canto hasta ahora”, añade.

Se reconocieron los homicidios pero se sobreseyó porque decían que no se podía saber qué policías dispararon. Con Martín Villa lo hemos intentado infinidad de veces, pero las ventanas parecían cerradas a cal y canto hasta ahora

Andoni Txasco

Sí las encontraron abiertas en Argentina, donde la jueza María Servini de Cubría mantiene imputado al exministro por 12 crímenes cometidos entre 1976 y 1978, entre los que están los cinco obreros de Vitoria, según la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua). En 2021 el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires llegó a procesar a Martín Villa por cuatro de los homicidios al considerar que “ocupó una posición preponderante en esa estructura organizada de poder” a través de la cual “se propagaron las órdenes”, pero hace más de dos años su procesamiento fue anulado por la Cámara Federal.

“Si nos vamos a casa ya hemos perdido”

Entre los cuatro casos por los que fue procesado estaba el de los Sanfermines de 1978, que dejó más de 150 personas heridas –11 de ellas de bala– y un muerto: Germán Rodríguez Saíz, que murió de un tiro en la frente cerca de la plaza de toros de Pampona, en la que la policía había intervenido contra una protesta por la amnistía. “Yo no conozco a la familia de Teófilo del Valle, pero sí estoy en contacto con otras familias de la época. Nos une el verdugo, quien nos quitó a nuestros familiares y se mantiene absolutamente impune”, dice su hermano Fermín. En aquel momento Martín Villa era ministro de Interior durante el Gobierno de Adolfo Suárez.

Fermín recuerda que su padre inició acciones legales “a los pocos días” de los hechos, pero todos los sumarios que se abrieron a raíz de lo ocurrido fueron archivados sin encontrar culpables. La familia y la asociación Sanfermines 78 Gogoan! han intentado sin éxito que el caso se reabra, pero en 2020 el Juzgado de Instrucción nº 5 de Pamplona archivó la querella interpuesta al entender la jueza que los hechos ya se juzgaron.

Yo no conozco a la familia de Teófilo del Valle, pero sí estoy en contacto con tras familias de la época. Nos une el verdugo, quien nos quitó a nuestros familiares y se mantiene absolutamente impune

Fermín Rodríguez Sáiz — Hermano de la víctima mortal de los Sanfermines de 1978

“La Justicia miró para otro lado y se sobreseyó a falta de más pruebas. Ahora las hemos presentado y aun así se niegan”, opina Fermín, que pide la desclasificación de toda la documentación relativa al caso. “La asociación y yo buscamos la verdad cada día desde hace 47 años”. El hombre reconoce que la noticia de la imputación de Martín Villa le pilló “por sorpresa”, pero “fue muy gratificante”, describe dejando a un lado la desesperanza. “Siempre hay quien dice que no lo vamos a conseguir, pero hace cinco años si alguien nos llega a decir que iban a llamar a declarar a Martín Villa en España le hubiéramos tratado de loco. Si lo dejamos y nos vamos a casa ya hemos perdido”.

Con la vía penal cerrada en España, las asociaciones de víctimas de ambos casos han comenzado a tramitar solicitudes de reparación al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que contempla esta figura como forma de reconocer a las víctimas del franquismo. Con ello buscan que el Estado “acepte su responsabilidad” en los hechos que ocurrieron una vez había fallecido el dictador pero antes de la promulgación de la Constitución en lo que las asociaciones llaman “un franquismo sin Franco”.

De momento, está previsto que dentro de cinco meses Martín Villa se siente ante la jueza. Será la segunda ocasión que el exministro declara por muertes ocurridas durante la Transición –la primera en España– después de que lo hiciera ante Servini por videoconferencia en 2020. Hace menos de un año el expolítico reclamó el archivo de la querella argentina, pero la jueza se negó argumentando que los hechos pueden ser constitutivos de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles. El que fuera también jefe del Sindicato Español Universitario, el falangista SEU, ha recibido el apoyo de los expresidentes Felipe González, Aznar, Zapatero y Rajoy y otros tantos líderes sindicales y políticos y que escribieron cartas a Servini destacando que Martín Villa “contribuyó a afianzar el nacimiento de la democracia”.

La primera vez que un acusado de crímenes durante el franquismo o la Transición anterior a la democracia se sentó en un banquillo lo hizo para responder ante la Justicia de un país situado a más de 10.000 kilómetros de España. En plena pandemia de coronavirus, el exministro Rodolfo Martín Villa declaró ante la jueza argentina María Servini por videoconferencia desde el consulado de Argentina en Madrid, en el marco de la única investigación penal contra el franquismo que permanecía viva. Hasta ahora. Este lunes el alto cargo de la dictadura ha sido llamado a declarar como investigado por una jueza en lo que supone la primera imputación de un responsable de la dictadura en nuestro país.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Elda (Alicante) le ha citado junto a Daniel Aroca del Rey por la muerte en 1976 de Teófilo del Valle a manos de la Policía Armada. Martín Villa, que sigue imputado en la llamada Querella Argentina, era entonces ministro de Relaciones Sindicales en el gobierno de Carlos Arias Navarro mientras que Aroca fue el presunto autor de los seis disparos que acabaron con la vida del trabajador de 20 años durante las movilizaciones del sector del calzado alicantino que se dieron en febrero de aquel año.

El hermano mayor de Teófilo, José Antonio del Valle, interpuso la querella en abril de 2024 en la que les acusaba a ambos de un delito de asesinato en concurso de un delito de crímenes de lesa humanidad. Unos meses más tarde, el juzgado la admitió a trámite y ordenó incoar diligencias y ahora la jueza Yolanda Julia Candela ha acordado la declaración de ambos acusados en calidad de investigados por un delito contra la integridad moral por autoridad o funcionario, según la providencia a la que ha accedido elDiario.es.

Nunca antes un proceso penal por crímenes durante el franquismo había llegado en España hasta este punto y, si nada cambia, Martín Villa y Aroca del Rey se convertirán el próximo mes de noviembre en las primeras personas en declarar como investigados ante un juzgado para responder de sus posibles responsabilidades.

Martín Villa no es cualquiera: fue jefe del Sindicato Español Universitario, el falangista SEU, ocupó cargos relevantes durante la dictadura franquista, entre ellos gobernador civil de Barcelona, y –fallecido el dictador– llegó a ministro desde los primeros compases de la Transición, llegando incluso a dirigir a la policía como titular de Interior en un momento en el que, según han evidenciado los historiadores, los métodos franquistas seguían vivos en la represión de huelgas y manifestaciones.

Una brecha en la impunidad

La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) –a la que pertenece Acció Ciutadana contra la Impunidad del Franquisme, impulsora de la querella– ha celebrado la “gran trascendencia” de una resolución “que supone un claro avance en la lucha contra la impunidad” tras las más de un centenar de querellas presentadas por crímenes del franquismo que han acabado en un cajón.

El archivo o la no admisión a trámite han sido el punto y final de las causas, lo que ha dado lugar a un contexto de impunidad de los crímenes franquistas perpetrados durante 40 años por los que nadie ha sido juzgado, a pesar de las reiteradas llamadas de atención de la Organización de las Naciones Unidas.

Otra brecha en este muro se abrió en septiembre de 2023, cuando Julio Pachecho y Rosa María García se convirtieron en el primer represaliado –y testigo– en ser escuchados por una jueza en España, pero esta acabó archivando el caso siguiendo el modus operandi habitual y apoyándose en la sentencia del Tribunal Constitucional que dio carpetazo a la investigación de los crímenes pese a la actual Ley de Memoria Democrática. El fallo, que contó con dos votos particulares, se basó en la irretroactividad de la ley, el principio de legalidad y la prescripción de los delitos para cerrar la puerta a la vía judicial.

En esta ocasión “no sabemos qué interpretación ha hecho la jueza” para acabar citando a declarar a Martín Villa y a Aroca del Rey, puesto que “no entra al fondo del asunto” en la providencia, explica Aràdia Ruiz, abogada de la familia de Teófilo, que resalta la “importancia” de que “por primera vez en la historia un victimario de la dictadura sea llamado a declarar como investigado”. La querella se presentó contra “toda la cadena de mando que acabó desembocando en el asesinato” del trabajador, pero los otros tres señalados ya han fallecido.

Jacinto Lara, abogado de Ceaqua, destaca lo “excepcional y extraordinario” de la imputación y aunque celebra que “algo se está moviendo gracias al empuje de las víctimas y las asociaciones y movimientos memorialistas” prefiere ser cauto: “No sabemos qué recorrido judicial va a tener porque estamos en la fase de instrucción y aunque esto es importantísimo, el modelo de impunidad del Estado español no se ha revertido y sigue estando sostenido por los tres poderes”, sostiene Lara, que lamenta que este caso “sea excepcional” a pesar de que “en cualquier proceso penal lo habitual es citar a los querellados y no lo que ocurre con los crímenes del franquismo”.

Los crímenes que lo señalan

No es, ni mucho menos, la primera vez que una querella apunta a Martín Villa como responsable de un delito de homicidio en un contexto de crímenes contra la humanidad. Han sido “al menos una decena” las denuncias que lo han señalado, según Lara, pero ninguna otra ha prosperado en España. Donde sí permanece imputado es ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de Buenos Aires, que anuló su procesamiento hace más de dos años, pero sigue manteniendo su acusación contra él por 12 crímenes cometidos entre 1976 y 1978.

Cinco de ellos fueron los obreros que cayeron muertos por disparos de la Policía Armada en Vitoria el 3 de marzo de 1976, cuando Martín Villa era ministro de Relaciones Sindicales. La querella suma otro caso más ese mismo año, el asesinato de María Norma Mencaha a manos del grupo ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey, y otros cinco crímenes ocurridos en 1977, un momento en el que el exministro era titular de Gobernación y de Interior. Por último, la jueza María Servini investiga a Martín Villa por los sucesos de los Sanfermines de 1978, en los que el estudiante Germán Rodríguez recibió un disparo en la cabeza.

Para Ceaqua, todos estos hechos “demuestran” que ninguno de los casos “es aislado”, tampoco el de Teófilo del Valle que una jueza española ha aceptado investigar. “Son crímenes de lesa humanidad que se producen en un contexto político de muertes violentas”, sostiene Aràdia Ruiz, que insiste en que, en primer lugar, lo que busca la familia del trabajador alicantino es “establecer una verdad judicial” tras 40 años de silencio en los que el relato oficial vinculaba su muerte a “un accidente”. Sus padres, de hecho, fallecieron sin saber la verdad. Para Jacinto Lara, la “responsabilidad” de Martín Villa “es inmediata” porque fue “el superior de quienes actuaron en la represión de estos trabajadores”. Y eso intentarán demostrar en el juzgado.

Siempre se encontraron cerradas las puertas de los tribunales españoles. La Ley de Amnistía de 1977 o la prescripción de los delitos denunciados, que la judicatura española no considera crímenes de lesa humanidad, suponen un revés continuo para las miles de personas que demandan verdad, justicia y reparación. A todas ellas les une lo mismo: ser víctimas del franquismo.

El 14 de abril de 2010, varias comenzaron a andar un tortuoso camino cargado de esperanza y lucha al iniciar lo que pronto se convertiría en una macroquerella. La jueza argentina María Romilda Servini es la encargada de esclarecer miles de casos entre desapariciones forzadas, trabajo esclavo, bebés robados, torturas y asesinatos producidos en España desde 1936 y 1978.

En esta década y media de instrucción judicial, marcada por la nula colaboración por parte del Estado español ante los requerimientos internacionales de la magistrada, la investigación ha dejado grandes hitos por el camino. Más allá de las acusaciones a figuras como el torturador Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño, o antiguos ministros durante la Transición, como Rodolfo Martín Villa, uno de los grandes avances que han supuesto las indagaciones ha sido la escucha de las víctimas que, por primera vez, han sido reconfortadas en unos juzgados. Por delante todavía quedan años de resistencia al olvido con la firme determinación de que solo la muerte, cercana en muchas de ellas, será lo único capaz de hacerles decaer.

Jacinto Lara, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua), recuerda que en aquel 2010 el juez Baltasar Garzón ya había sido imputado por prevaricación al intentar investigar los crímenes del franquismo de la primera etapa, hasta los años 50. “Fuimos a Argentina porque en su propia constitución recogen la aplicación del principio de justicia universal. Aun así no fue fácil iniciar la querella, pero lo conseguimos”, comenta.

15 años después son miles las denuncias integradas en esta macrocausa. “A pesar de las capacidades limitadas del juzgado, se han abierto diferentes líneas de investigación en muchos ámbitos”, añade el letrado. Así, el acopio de pruebas testimoniales, periciales, documentales y comisiones rogatorias exigidas por Servini y que prácticamente nunca ha cumplido el Estado español han sido la tónica judicial durante la instrucción, que todavía continúa.

Grandes hitos de la macrocausa

Según el abogado de Ceaqua, la dificultad no estriba únicamente en el periodo tan largo que se investiga de la historia de España, sino su particularidad cuantitativa, pues “son miles de personas que reclaman una investigación judicial en objeto a los hechos que cada uno denuncia”. En este sentido, Lara destaca diversos momentos de la querella argentina que “ponen al Estado español frente a un espejo francamente incómodo, ya que discuten su modelo de impunidad”.

Lara indica 2013 como el año en que dos personajes imputados por torturas por la jueza Servini: Billy el Niño, ya fallecido, y Jesús Muñecas Aguilar. Además, en 2014 terminaron imputadas otras 20 personas. “Se han emitido numerosas órdenes de extradición pero siempre neutralizadas por el Estado español, que se ha convertido en el principal valedor de estos presuntos criminales imputados por hechos tan sumamente graves como crímenes contra la humanidad”, desarrolla el letrado.

La querella argentina también ha servido para que el antiguo ministro de Relaciones Sindicales durante la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria y ministro del Interior durante los altercados de San Fermines 78, Rodolfo Martín Villa, declarara ante Servini. De hecho, la jueza validó la petición del letrado de la familia de Gustau Muñoz, asesinado de un balazo de la Policía el 11 de septiembre de 1978 en Barcelona, de incluirle en la macrocausa. La magistrada entiende que, a pesar de la muerte de Franco, en España seguían operando los mismos resortes dictatoriales ante la nula depuración de los estamentos políticos y policiales.

Desapariciones, trabajos forzados y robo de bebés

Entre los casos de desaparición forzada que la jueza argentina investiga está el de la familia de Paqui Maqueda. Sus antecesores republicanos sufrieron persecución, torturas, trabajos forzados y asesinatos. A sus 60 años, recuerda a su bisabuelo, Juan Rodríguez Tirado, asesinado en aplicación de bando de guerra tras la ocupación de Carmona, un pueblo sevillano. “No sabemos dónde está su cuerpo”, expresa con vehemencia.

Tenía cuatro hijos. El mayor de ellos, Enrique, huyó para defender Madrid del avance sublevado. Tras volver a Carmona le detuvieron y le obligaron a trabajar en el llamado Canal de los Presos. “Mi tío fue un preso esclavo del franquismo”, explica esta portavoz de la querella argentina en Andalucía.

Pascual, hermano de Enrique, terminó acribillado a tiros por falangistas. “Oficialmente, dicen que se intentó escapar después de que lo detuvieran. Tampoco sabemos a ciencia cierta dónde puede estar su cuerpo”, añade. Otro hijo de su bisabuelo, José, terminó en campos de concentración franquistas tras ser obligado a alistarse con las tropas alzadas y pasarse al bando republicano.

El calvario que Maqueda puso en conocimiento de Servini en 2013 no queda ahí. “Pensamos que en 1963 a mi madre le pudieron quitar a su primer hijo en un supuesto caso de robo de bebés. Pensarían que éramos una familia de rojos que no íbamos a reclamar”, opina la también presidenta de la Asociación Nuestra Memoria de Sevilla. “Me escuchó, pero me da mucha rabia tener que cruzar 10.000 kilómetros para que se haga justicia. Los crímenes se cometieron en España, las víctimas eran de España, los verdugos también, y aquí deberían investigarse y juzgarse”, sostiene esta familiar de tantas víctimas.

Bebés desaparecidos

No solo Maqueda piensa que ocurrieron este tipo de sustracciones. Soledad Luque, portavoz del área de bebés robados de Ceaqua, afirma que esta desaparición forzada de menores se originó de manera sistemática y se prolongó durante mucho tiempo. “Nos consta que al final de la Guerra ya había órdenes que legalizaban y legitimaban la separación de los niños de sus padres”, sostiene.

Sin embargo, continúa, “no terminó ahí. A partir de entonces, ya no era ni siquiera necesario ese cuerpo legal que legitimaba el robo, sino que se realizaba con cierta habitualidad en clínicas y maternidades”, añade Luque. Las mujeres víctimas ya no solo eran las presas, sino aquellas madres solteras, con muchos hijos, muy pobres, prostitutas o simplemente ingenuas. “Ni siquiera se hacía por dinero. Hay casos en los que los bebés eran regalados a las familias. Se trataba de un conjunto represivo cuyo paraguas era la impunidad y todos los preceptos del nacional-catolicismo, donde el Estado y la Iglesia suponían un tándem perfecto para este crimen”, desarrolla.

Apenas existen cifras sobre estos hechos. Luque subraya que hasta 1953, unos 30.000 niños fueron tutelados por el Estado, entre los que se incluían también huérfanos de guerra e incluso menores secuestrados en el extranjero a españoles exiliados. El siguiente dato que manejan procede de la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024. “Entre 2011 y 2023 se abrieron unas 2.200 diligencias de investigación por casos de bebés robados, y algunas más de 500 se judicializaron. En realidad, no sabemos todavía cuántas denuncias se han interpuesto”, se queja.

Ahora en Argentina son decenas las denuncias por sustracción de bebés cometidas durante el franquismo y la democracia que se investigan como posibles casos de desaparición forzada desde la primera interpuesta por estos motivos en 2013. “Los tribunales españoles no entienden la desaparición forzada como un crimen susceptible de ser considerado de lesa humanidad, y no los investigan porque han prescrito”, se queja, al igual que hacen las demás fuentes consultadas.

Torturas en la DGS

Sobre la mesa de Servini también reposan cientos de expedientes de personas torturadas al final del franquismo e inicio de la democracia. Jesús Rodríguez Barrio tiene 71 años, fue uno de los fundadores de la Asociación La Comuna de presos y represaliados por la dictadura franquista y estuvo detenido en tres ocasiones: en 1972, 1974 y 1975. También pasó por la prisión de Carabanchel dos veces. “El mismo Billy el Niño me detuvo en persona cuando ya militaba en la Liga Comunista Revolucionaria. Intenté escapar, pero disparó, y me paré”, rememora.

Sus repetidos pasos por la Dirección General de Seguridad, situada en la Real Casa de Correos de Madrid, hoy sede el Gobierno regional en la Puerta del Sol, le hicieron ver cómo la policía del régimen se las gastaba con jóvenes como él. “Antes de preguntarte nada ya te habían golpeado. Te destruían, te humillaban. Ni siquiera buscaban información, lo hacían para reducir a la nada al detenido para que una vez saliese de allí no fuera capaz de hacer absolutamente nada”, describe Jesús. Él declaró ante Servini en enero de 2014 desde el consulado argentino de Madrid. Es una de los cientos de personas que busca allá la justicia que le niegan en su país.

Crímenes franquistas sin Franco

La jueza argentina también investiga lo sucedido el 8 de julio de 1978 en Pamplona. Entonces, disparos de la Policía mataron a Germán Rodríguez. Tenía 23 años. Fermín, su hermano, incide en que en 1982 los tribunales españoles dieron carpetazo al asunto. No hubo ningún detenido por aquella muerte. Se sumó a la querella argentina en 2014 y cinco años después testificó ante Servini: “Era la primera vez que en más de 40 años me podía explicar delante de un juez. Siento cierto alivio de que se investigue lo sucedido, pero personalmente me parece una vergüenza que se haga a 10.000 kilómetros de distancia de donde ocurrieron los hechos”.

Desde su punto de vista, España tan solo tendría que cumplir los tratados internacionales que ha suscrito en materia de derecho internacional y Derechos Humanos. “La democracia española tiene una asignatura pendiente con la justicia, porque las víctimas del franquismo y la transición no podemos acceder a ella”, agrega Fermín.

Lara, el abogado de Ceaqua, apunta que “la querella argentina puede parecer que languidece, pero está muy viva y Servini ha demostrado ser una jueza independiente”, en referencia al Gobierno presidido por el ultraderechista Milei. Asimismo, denuncia que la actual Ley de Memoria Democrática española no habilita a los tribunales a investigar estos crímenes. “No podemos permitir que 50 años después de la muerte de Franco nos sigamos encontrando en esta situación. Tienen que reaccionar desde el Estado Español, y una muy buena forma de hacerlo sería acceder a las comisiones rogatorias de Servini”, concluye.

Patricia Canet, cuyo tío abuelo, Juan Canet, fue asesinado con 24 años en 1941, ha presentado una querella, que se suma a las más de 115 interpuestas por crímenes contra la humanidad durante la dictadura franquista: “A mi tío abuelo lo mataron por venganza. Ante la imposibilidad de actuar contra otro miembro de la familia, le asesinaron a él. Mi abuelo estaba en la guerra y el otro hermano había huido a Francia cuando estalló la contienda”, ha expuesto.

Así lo ha manifestado en la rueda de prensa que ha ofrecido en la que ha estado acompañada por Aràdia Ruiz, abogada de la Cooperativa El Rogle; y Lucila Aragó, en representación de la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAQUA). En el acto también se encontraba la diputada del PSPV Mercedes Caballero, y la de Compromís, Isaura Navarro.

En concreto, Canet, también presidenta de la Asociación de Familiares de la Fosa 146 del cementerio de Paterna, ha indicado que ha presentado la querella en los juzgados de Paterna por el asesinato y desaparición forzada de su tío abuelo. Es una de las 2.238 personas que fueron enterradas en las fosas comunes del cementerio de Paterna.

La querella, redactada por Aràdia Ruiz, se suma a las más de 115 presentadas en todo el Estado que exigen la investigación judicial de crímenes franquistas y que hasta la fecha continúan impunes. Cuenta con el apoyo de Aminista Internacional València, Plataforma d'Associacions Familiars de Víctimes del Franquisme de les Fosses Comunes de Paterna, la Coordinadora d'Associacions de Memòria Democràtica i Acció Ciutadana contra la impunitat del franquisme.

Patricia ha contado que su tío abuelo no tenía afiliación política, social ni sindical. Era un agricultor de Cullera (Valencia), de familia humilde, que después de la guerra fue a prisión, “a un juzgado sin garantías y con delitos totalmente inventados y fue asesinado y hecho desaparecer en 1941”, el 13 de octubre, ha explicado.

Ha indicado que fue una “cruel venganza vecinal” porque “un fascista entró en su casa al grito de 'Alguien en esta casa tiene que morir'”. “Normalmente --ha añadido-- se denuncia la desaparición de personas vinculadas a partidos, asociaciones o con una ideología pero, en este caso, fue una venganza”.

En el juicio sumarísimo, su tío abuelo fue acusado de “adhesión a la rebelión” y de participar en el asesinato de un cura de Cullera. “Pero es mentira, porque en todos los expedientes de todos los familiares con los que he podido hablar se acusa a los fusilados de asesinar a un cura. Sabemos que los juicios no tenían ninguna garantía y menos las acusaciones”, ha aseverado.

Juan tenía dos hermanos y una hermana, uno de los cuales era el abuelo de Patricia, un sargento republicano. Su hermana “estaba esclavizada por la ideología franquista del hogar”, ha dicho, para agregar que este contexto es “importante” porque es una historia “totalmente indisoluble” del asesinato. “Mi abuelo --ha explicado-- volvió de la guerra y nunca se diagnosticó nada al respecto pero creo que volvió con un trauma porque pocas veces lo vi feliz o sonriente. Era una persona muy reprimida y silenciada”.

La fosa en la que supuestamente se encontraba su cuerpo junto al de otras 12 personas más se exhumó pero no se le halló. Solo se encontraron tres cuerpos de los 13 que debía haber, “y esto agrava más la situación de desaparición”, ha indicado Patricia.

Canet ha manifestado que quiere “seguir la ola de querellas que se están dando”. “Quiero añadir mi granito de arena y que, poco a poco, cada vez se dé un paso más para conseguir justicia y se llegue al puerto esperado, de momento utópico, para declarar los asesinatos del franquismo como crímenes contra la humanidad”, ha reivindicado.

En este sentido, Patricia Canet ha destacado “un posible aspecto a favor” para que la querella avance. “Hay una fiscal de Memoria Democrática que es proclive a participar y unirse a estas demandas”, ha afirmado, aunque es consciente de que “la última voluntad para que esto prospere es la interpretación del juez o la jueza”. “Suelen respaldarse en la ley de amnistía del 77 o en la ley de enjuiciamiento criminal, por la que los crímenes prescriben a los 20 años, para echar atrás las querellas por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura”, ha lamentado.

Por su parte, Aràdia Ruiz ha indicado que desde 2018, desde la Cooperativa, se sumaron a la campaña de apoyo a la querella argentina para luchar contra la impunidad de crímenes del franquismo y empezaron a interponer querellas también. Ha indicado que Juan es una “víctima más” por crímenes contra la humanidad en concurso con desaparición forzada. La letrada ha señalado que en la querella rebaten los argumentos que hasta ahora mantiene la judicatura española justificando la no admisión a trámite de los escritos.

Al respecto, la abogada ha explicado que rebaten los argumentos desde el derecho internacional de derechos humanos y las recomendaciones de la ONU de que se investiguen los crímenes franquistas.

Nombres y apellidos

Ha manifestado que el objetivo no es sentar a nadie en el banquillo, sino que “se haga un relato de la verdad judicial y se digan nombres y apellidos de quienes deberían estar en el banquillo. Con la legislación sería posible pero no quieren”, ha lamentado.

Entre los argumentos esgrimidos en la querella, la letrada ha aludido a que cuando tuvieron lugar los crímenes, pese a lo que dice la judicatura, el estado español estaba adherido al derecho internacional y a los Convenios de la Haya, con lo que “sí había una ley que tipificaba esos crímenes de lesa humanidad”.

Así, ha explicado que al tratarse de crímenes de lesa humanidad, “nunca prescriben”, “pero el problema es que la judicatura dice que no fueron así, sino crímenes aislados”, ha lamentado.

La abogada ha indicado que el discurso judicial es desesperanzador pero “están pasando cosas en los últimos años” y “parece que el muro de la impunidad se comienza a abrir por el caso, por ejemplo, de Carolina, una familiar de un fusilado en Paterna a la que un juzgado citó a declarar”. Luego se anuló la declaración porque se estaba pendiente de una documentación y esta decisión se ha recurrido. “Tiene sentido seguir interponiendo querellas”, ha subrayado.

Por su parte, Mercedes Caballero ha manifestado que “verdad justicia y reparación son objetivos para los que necesitan de vuestras querellas. Incluso con las querellas desestimadas son pasos hacia delante porque pone en la agenda pública un tema sobre el que mucha gente no quiere hablar”, ha destacado.

Así mismo, Isaura Navarro ha comentado: “Tenemos un problema muy serio por cómo se hizo la transición y porque hasta 2006 no tuvimos ley de memoria, que en realidad era un panfleto diciendo que eso estuvo mal y poco más. Estamos en esta batalla entre las dos Españas no reconciliadas y se debería haber hecho un trabajo en democracia para lograr justicia. Es una situación muy complicada y el futuro pinta muy negro”, ha criticado.

Sus palabras tienen ese tono característico de las personas de convicciones firmes. Con 67 años, medio siglo después de su primera detención, Carlos Serrano se ha convertido en el último querellante contra los crímenes del franquismo a través de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (Ceaqua). Militante en la Liga Comunista, fue detenido dos veces por su actividad opositora al régimen. Le torturaron. Le amenazaron. Le encarcelaron. Ahora, dice, solo quiere conseguir la justicia que nunca tuvo.

Hace cinco décadas, Serrano vivía en el madrileño barrio de Lucero junto a sus padres, su abuela y su hermano. Siempre gozó de cierta conciencia de izquierdas y antifranquista. Sostiene que, aunque con excepciones, en aquel tiempo era algo que se heredaba. “La familia de mi padre había sufrido una represión exagerada por parte del régimen. Incluso uno de mis tíos tuvo que vivir con un nombre que no era el suyo para que no le apresaran y otro murió en Mauthausen”, cuenta. Tenía 15 años cuando comenzaron las primeras escaramuzas para él. En el instituto integró los llamados comités de curso. Estudiaba en el Cervantes, en Embajadores. Era 1970 y todavía quedaban cuatro años para su primera detención.

Se matriculó en Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), aunque nunca acabaría la carrera tras diversas encarcelaciones los dos primeros cursos. “Era 1974 y la sociedad bullía. Recuerdo que en aquellos tiempos la Policía respetaba mucho más la jurisdicción universitaria que ahora, así que aprovechábamos para organizarnos entre clase y clase a sabiendas de que era difícil que pudiera entrar en las facultades”, rememora. Ese año empezó a militar en la Liga Comunista (LC), una organización trotskista y escisión de la Liga Comunista Revolucionaria.

17 años, primera detención

Serrano sostiene la foto de carnet que durante unos meses le identificó como estudiante de la UAM. Todavía tiene la marca del sello de la universidad. Mientras la guarda en una pequeña cajita de plástico, cuenta su primera detención por parte de la policía franquista. “Era el 4 de mayo de 1975, yo tenía todavía 17 años. Habíamos organizado un salto”, dice. La idea era que, tras escuchar una consigna pactada, decenas de estudiantes como él interrumpieran el tráfico por unos momentos en la plaza de la Cebada, en el centro de la capital, para gritar soflamas contra la dictadura y lanzar pasquines al aire.

“Antes de llegar a la plaza ya nos pilló la Policía, a mí y a tantos otros compañeros. En la esquina con la calle Toledo me esposaron y me metieron en un coche”, continúa. En ese momento también le quitaron una cadena de hierro que llevaba consigo por si hiciera falta defenderse de la Policía, sostiene el propio Serrano. “Ya ves tú lo que podría haber hecho con ella, si tenía 17 añitos”, ironiza.

La pesadilla no había hecho nada más que comenzar. Aquella mañana hubo hasta medio centenar de detenidos, conducidos todos a la Puerta del Sol, sede en aquel tiempo de la Dirección General de Seguridad (DGS). “Los calabozos estaban llenísimos y a mí me metieron con otro chaval que no conocía. Al principio pensaba que podía ser algún compinche de la Policía para hacerme cantar, y él creía lo mismo de mí”, dice. Pronto se dieron cuenta de que conocían a gente en común y las sospechas se esfumaron.

Los interrogatorios no fueron fáciles. “Me torturaron y amenazaron. Además, estaba totalmente incomunicado. Mi familia no sabía nada de lo que me estaba pasando, ni por supuesto tenía acceso a un abogado. Aun siendo menor, recibí el mismo maltrato que mis compañeros”, recuerda. Le terminaron acusando de manifestación ilegal, asociación ilícita y tenencia de propaganda ilegal. Por todo ello, fue condenado a una multa de 100.000 pesetas, lo que equivalía a justo un mes de prisión.

Viviendo un mes en Carabanchel: “el Cadenitas”

No tuvo ni la opción de pagarla. “Directamente me llevaron a Carabanchel, superé el periodo sanitario de tres días sin poder estar en contacto con otros presos y me integré en la tercera galería, con los demás presos políticos, después de estar tan solo dos días en el reformatorio, donde me correspondía por mi edad”, dice mientras enseña un informe realizado por la Brigada Político-Social franquista sobre el movimiento estudiantil, en el que aparece su nombre.

Todavía se emociona un poco al recordarlo: “Yo aluciné, nunca me hubiera imaginado que la gente pudiera vivir así”, enfatiza. Le llamaron “el Cadenitas”, por tener 17 años y la cadena que le requisaron durante el salto. “Vi que los presos se organizaban en comunas, que hasta podían cocinar un poco en las celdas y tenían su propia biblioteca. Esas condiciones habían sido resultado de las luchas, plantes y huelgas de hambre que los presos políticos habían llevado a cabo con anterioridad”, ilustra.

Cuando salió ya era verano, decidió retirarse un poco de la circulación en Madrid para irse a su pueblo. “Al salir de la cárcel estás quemado. Tienes que ir con mucho cuidado para no facilitar el arresto de otros compañeros, porque seguro que nos continuaban siguiendo, por eso decidí desaparecer unos meses”, expresa. En septiembre volvió. Sus ansias de lucha y libertad no le dejaron rehuir la militancia, así que se integró de nuevo en la LC, así como en la militancia vecinal.

Nueva detención en su casa

Al mismo tiempo que señala sus huellas dactilares, inmortalizadas en la ficha policial que le realizaron, remarca que el régimen apenas le dejó respirar. “El 25 de octubre del mismo 1975, un día antes de que cumpliera los 18 años, me volvieron a detener”, desarrolla. Esta vez el arresto fue diferente. La Policía se presentó con subfusiles en su casa de Lucero. “Mi padre lo intentó evitar, pero no pudo hacer nada. Yo creo que vieron una casa tan pequeña y de clase trabajadora, porque ahí vivía junto a mis padres, mi hermano y mi abuela, con camas por todos los lados, que apenas la registraron”, señala.

Sus huesos dieron de nuevo en la DGS. Serrano tenía miedo, más que hacía unos meses. “Esta vez no sabía de qué me podían acusar. Además, en ese tiempo no paraban de producirse atentados y, aunque yo siempre me he opuesto a la lucha armada, desconocía si me iban a meter algún marrón de esos”, en sus propias palabras. Aquella incertidumbre, confiesa, fue más difícil de sobrellevar que las torturas que recibió, otra vez.

Terminó acusado de pertenecer a la Platajunta. La Platajunta fue una coordinadora en la que se integraron la Junta Democrática de España y la Plataforma de Convergencia Democrática, dos organismos en los que se agruparon fuerzas políticas opositoras a la dictadura. “Decían que había puesto carteles en la UAM llamando a la subversión para derrocar al régimen”, añade el fotógrafo de profesión. Volver a Carabanchel se convirtió en un alivio.

Al menos ya habían pasado las peores torturas y en la prisión podría estar con algunos de sus compañeros. Se enfrentó a una multa de 200.000 pesetas, así que le esperaban dos meses más de encarcelamiento. “Todavía seguía asustado porque la investigación estaba abierta, así que no sabía si me acusarían de algo más”, agrega.

Franco murió con Serrano entre rejas. El 25 de noviembre de 1975, el rey Juan Carlos dictaminó un indulto. Este joven estudiante y vecino de Lucero salió en libertad tres días más tarde. No volvió a su casa y fue de trabajo precario en trabajo precario. Se llegó a matricular del segundo curso de Económicas, pero tras la detención dejó de acudir a clase. “A mí siempre me gustó mucho el periodismo, así que con el tiempo y de forma autodidacta me convertí en fotógrafo, y de eso he vivido hasta ahora que me he jubilado”, explica.

Una querella por los Derechos Humanos

Ahora tiene 67 años y quiere que se haga justicia. A través de Ceaqua, Serrano ha interpuesto una querella en los tribunales madrileños para que se investigue su detención y las torturas que recibió. “Solo queremos la justicia que se nos ha negado desde hace décadas”, reitera este también integrante de la asociación de presos y represaliados por el franquismo La Comuna. “La impunidad tiene que terminar en este país”, sentencia el ahora querellante.

Serrano opina que “la Transición fue una estafa para que los mismos que estaban gobernando anteriormente siguieran en el poder, y eso queda patente en las depuraciones que no existieron ni en la judicatura, ni la oligarquía bancaria y empresarial, el ejército o la Policía”. Fue durante la Transición, concretamente en 1977, cuando se aprobó la Ley de Amnistía que casi medio siglo después sigue lastrando la investigación de los crímenes del franquismo.

Charo Arroyo, portavoz de Ceaqua, recalca que desde la organización ya han presentado más de un centenar de querellas por todo el territorio español, todas sin éxito. “A ver si acabamos cayendo en un juzgado que asuma la legislación internacional de Derechos Humanos y al menos investigue lo denunciado”, desea esta activista por la memoria.

Algo de esperanza todavía cobijan, sobre todo después de que los tribunales tomaran declaración a Julio Pacheco, también arrestado por la policía franquista y torturado en la DGS. “Archivaron el caso, pero fue la primera vez que un represaliado pudo relatar lo que sufrió en los tribunales españoles”, concluye Arroyo.

Ana Messuti, una de las abogadas de la denominada 'querella argentina', la única causa en el mundo que investiga en Buenos Aires los crímenes del franquismo, ha fallecido este sábado en Madrid como consecuencia de una enfermedad. h

Incansable defensora de los derechos humanos, Messuti fue miembro del equipo jurídico que impulsaría la querella en 2010 a la vista de que las puertas estaban cerradas en España. Promovida por diversos colectivos y familiares de víctimas de la guerra civil y la dictadura, la querella acabó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nº1 de Buenos Aires, donde la jueza María Servini de Cubría abrió el proceso todavía vivo 4591/2010 por delitos de “genocidio” y crímenes contra la humanidad cometidos en España desde 1936 a 1977.

Entre los denunciantes se encontraba Ascensión Mendieta, la hija de Timoteo, sindicalista fusilado en 1939, a la que Messuti ayudaría a recuerar los restos de su padre. Ascensión se convirtió en rostro de quienes todavía hoy buscan a sus desaparecidos y pudo enterrar a Timoteo en julio de 2017 tras haber viajado a Buenos Aires a declarar. “El entierro de Timoteo ha significado un primer logro tanto jurídico como social, e incluso internacional”, diría Messuti en su momento.

La muerte de la abogada ha conmocionado y entristecido a quienes en colectivos o a título individual están involucrados en la defensa de la memoria histórica y buscan que los crímenes franquistas sean juzgados, como ella tenía el convencimiento que debía ser. “En algún momento se vencerá la impunidad del franquismo”, sostenía Messuti, para la que era clave que las víctimas pudieran ser escuchadas:  “El no escuchar es otra forma de muerte [...] En la voluntad de las víctimas de ser escuchadas hay un sentimiento del derecho, una conciencia jurídica”, defendió en un acto celebrado en Madrid.

Organizaciones memorialistas y en defensa de los derechos humanos han destacado el trabajo llevado a cabo durante décadas por Ana Messuti, que se erigió “en la oficina de víctimas el franquismo que no existe”, ya que “abrió su puerta a decenas y decenas de víctimas que no tenían otro sitio dónde ir” y elaboró “miles y miles de folios” para que se investigaran presuntos crímenes del franquismo, ha afirmado Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

“Hizo más que todo un Estado por reparar a las victimas de la dictadura franquista, ¡jamás de olvidaremos!” ha publicado este domingo en X (antes Twitter) la asociación.

La jueza María Servini de Cubría ha rechazado la petición del exministro Rodolfo Martín Villa de archivar la querella que investiga en Argentina los crímenes del franquismo, la única en el mundo abierta actualmente. Martín Villa, cuyo procesamiento fue anulado hace dos años pero sigue imputado por 12 crímenes, había reclamado el pasado julio un escrito solicitando la extinción del proceso, pero el Juzgado Criminal y Correccional Federal 1 de la República Argentina ha desestimado la petición, según ha informado la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA).

Martín Villa argumentaba en su escrito que los hechos investigados están prescritos y reclamaba, en todo caso, su sobreseimiento, es decir, pedía ser desimputado y exculpado al considerarse inocente de los crímenes y no haber sido juzgado en lo que su defensa considera “un plazo razonable”.

Según consta en la resolución del juzgado al que ha tenido acceso elDiario.es, la Fiscalía del país se opuso a tal reclamación, al igual que ha hecho ahora la propia jueza. Argumenta Servini que los hechos investigados “han sido catalogados como crímenes de lesa humanidad” y, por tanto, “son imprescriptibles”. De ahí, además, que la jurisdicción universal “constituya una herramienta” que permita que sean investigados desde Argentina a pesar de que fueron ocurridos en España, añade la jueza.

“Son numerosos los tratados y normas internacionales que, basados en los principios derivados del derecho consuetudinario internacional, señalan que los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a ningún tipo de prescripción”, explica.

El escrito descarta, además, que la instrucción “haya atentado contra el derecho de defensa” de Martín Villa o haya violado su derecho “a ser oído en un plazo razonable o juzgado sin dilaciones indebidas”, como aseguraba su defensa. Los tiempos del proceso, cree Servini, se explican por la “gran complejidad” del caso, algo que “justifica holgadamente su plazo de duración”: es una investigación “con gran cantidad de víctimas y familiares y una constante y continua incorporación de nuevas querellas”, detalla Servini.

Martín Villa, ministro de UCD tras la muerte de Franco, fue procesado por María Servini en 2021 por cuatro homicidios que consideraba producidos en un contexto de crímenes contra la humanidad, en 1976 y 1978. La jueza consideraba que había base suficiente para mandarle a juicio, pero tras un recurso de su defensa, la decisión fue revocada dos meses después y confirmada en 2022 por la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina, que anuló su procesamiento tras los recursos de los impulsores de la querella.

El caso volvió así a la casilla de salida, lo que implica que el exministro sigue estando investigado por el juzgado por 12 homicidios ocurridos durante la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976, varios casos de 1977 en ciudades como Madrid, Pamplona o Bilbao y uno más asesinado en los sucesos de los Sanfermines de Pamplona en julio de 1978. En los tres momentos Martín Villa fue ministro de Relaciones Sindicales y Gobernación, ministro de la Gobernación y del Interior respectivamente.

Asociaciones memorialistas y de víctimas del franquismo han vuelto estos días a Buenos Aires para comparecer ante la jueza María Servini e insistir en un objetivo: el procesamiento e interrogatorio de Rodolfo Martín Villa. Después de que los tribunales argentinos revocaran el procesamiento del exministro y antiguo alto cargo franquista, las víctimas vuelven a testificar ante la magistrada que le imputó en 2014 para solicitar la reapertura del caso: “Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho Rosa García Alcón, una de las portavoces de Ceaqua y La Comuna.

La conocida como 'querella argentina' consiguió en Buenos Aires lo que ninguna iniciativa judicial había estado cerca de lograr en España: la imputación de una veintena de exministros franquistas, militares, policías y jueces del régimen para responder por los crímenes y la represión de la dictadura. Fue en octubre de 2014, hace casi una década, y la investigación de la jueza argentina María Servini apuntó a “hechos atroces de lesa humanidad”, término usado para referirse, entre otros episodios de asesinatos, torturas y represión, a la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich, el proceso de Burgos de 1970 o los sucesos de Vitoria en marzo de 1976.

Las órdenes de extradición nunca tuvieron éxito. En marzo de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy denegó las peticiones que hacía la magistrada porteña. Previamente, la Audiencia Nacional había rechazado, entre otras, la extradición de Antonio González Pacheco, alias 'Billy el Niño'. Nadie fue extraditado y Rodolfo Martín Villa declaró, finalmente, desde el consulado argentino en Madrid en septiembre de 2020 para negar que la Transición española fuera asimilable a un genocidio. Fue en 2022 cuando los tribunales argentinos dieron la razón al exministro del Interior y anularon su procesamiento. En la actualidad solo una causa judicial abierta en Madrid investiga posibles torturas policiales durante la dictadura a un represaliado.

Las asociaciones y víctimas españolas, coordinadas por Ceaqua, han viajado de nuevo a Buenos Aires para volver a comparecer ante la jueza Servini e intentar que vuelva a poner en marcha el procesamiento de Martín Villa y otras 12 personas más, cuyas identidades no han especificado. Han presentado, además de las testificales, un informe para reforzar su acusación de delito de lesa humanidad contra los antiguos altos mandos del franquismo querellados.

Rosa García Alcón, de las asociación La Comuna, ha explicado el objetivo de este nuevo impulso a la acción judicial: “Que se procese de nuevo a Martín Villa. Exigimos que se nos dé justicia. Ya. Ahora. No se puede estar mareando más la perdiz. Pedimos justicia con mayúsculas y la queremos ahora”, ha dicho.

“La única lucha que se pierde es la que se abandona”

Eduardo Fachal, abogado del equipo jurídico que impulsa la querella, entiende que todos los hechos denunciados están “debidamente probados” y ha recordado que, en su declaración desde Madrid en 2020, Martín Villa usó “las mismas palabras que usó Videla acá” para referirse a los abusos policiales de la transición. “Errores o excesos de la Policía, no delitos de lesa humanidad. Lo mismo que decían los militares en los juicios que se celebraron en Argentina”, ha explicado.

Los testigos y las periciales que presentan estos días ante la jueza Servini, considera este abogado, “refuerzan ese dictamen que hemos presentado”. Considera que, a día de hoy, la jueza “tiene una mayor cantidad de elementos de prueba para volver a procesar a Martín Villa. Ese es uno de nuestros objetivos, como también la citación, captura y extradición de otros imputados”.

“Ha quedado claro que son delitos de lesa humanidad”, ha dicho el abogado Fachal. Preguntado sobre si considera que la situación política de Argentina, con Javier Milei al frente, puede afectar negativamente al desarrollo de la causa, ha afirmado que después de 35 años en ejercicio “he llegado a la conclusión de que no es independiente”. Citando a las Madres de Plaza de Mayo, ha zanjado: “La única lucha que se pierde es la que se abandona. Vamos a seguir luchando”.

Preguntas al Gobierno español

Asociaciones y víctimas han acudido a Buenos Aires acompañada de dos eurodiputados: Ana Miranda (BNG) y Miguel Urbán (Anticapitalistas). Miranda, la primera en intervenir, ha prometido su “apoyo” para que la causa “siga viva y tengamos incidencia política a nivel internacional”. Tanto Miranda como Urbán ha criticado que las víctimas tengan que acudir a Argentina para buscar justicia: “El Estado español no ha sido capaz de dar una respuesta a la memoria de las víctimas”, ha dicho la eurodiputada del BNG. “Esta causa es de conjunto de la sociedad española por tener una democracia que no siga tutelada bajo la impunidad de los crímenes del franquismo”, ha dicho Urbán.

Urbán ha explicado que su padre, torturado por el policía conocido como 'Billy el Niño', forma parte de la querella, pero no ha podido volar a Buenos Aires por problemas de salud. El político ha apuntado al Gobierno español de coalición: “Queremos que Servini vuelva a hacer esta petición y saber si el Gobierno de PSOE y Sumar se van a sumar a Rajoy negando estas extradiciones o si van a apostar por la Justicia y van a permitir que vengan a Argentina a ser juzgadas”, ha dicho.

Por primera vez un tribunal escucha las historias de las víctimas desaparecidas en Villadangos del Páramo. Aunque para eso haya que desplazarse ante un tribunal en Argentina como ha hecho la periodista Olga Rodríguez, que declaraba hace unos días en Buenos Aires como nieta y bisnieta de represaliados por el franquismo: es la primera vez que un tribunal escucha las historias de los desaparecidos en la fosa de Villadangos del Páramo (León).

Hace algunos años se fueron encontrando las familias de las víctimas de la asesinadas y desaparecidas en Villadangos del Páramo. Familiares que llevaban años o décadas buscando, intentando localizar la ubicación de la fosa para poder exhumarla. El hecho de que haya tenido que pasar tanto tiempo para que en España se pudiera obtener algo de verdad y reparación y se pudiera exhumar también ha sido un castigo añadido para las familias de las víctimas, porque en muchos casos, esposas, hijos e hijas o madres se han ido muriendo sin obtener un mensaje mínimo de de reparación. Y esta unión de tantas familias y familiares de las víctimas de Villadangos del Páramo finalmente desembocó en la posibilidad de exhumar parte de la fosa el pasado febrero de 2022 a través de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.

“Como indican a menudo los propios impulsores de esta querella argentina contra los crímenes del franquismo”, dice Rodríguez, “en el simple hecho de la escucha por parte de la justicia en un tribunal hay ya un reconocimiento, una voluntad de reconocimiento a las familias de las víctimas. Y esto es algo muy importante en sí mismo. Y las familias de la fosa de Villadangos del Páramo lo hemos podido experimentar ahora”.

Pilar González, sobrina de Isidro y Epifanio González, el primero ejecutado en Puente Castro y el segundo asesinado y desaparecido en Villadangos del Páramo, explica: “Desde Madrid estuve pensando todo el rato en la declaración mientras esta se producía. Espero que Olga sintiera nuestro apoyo desde aquí. Mis tíos Isidro y Epifanio -víctimas del franquismo- nunca habrían imaginado que su asesinato llegaría antes un juzgado argentino que a la justicia española. Agradecemos inmensamente que al menos en Argentina les hayan dado esta oportunidad de ser nombrados, de ser recordados a través de esta declaración. Siento como si de alguna manera y desde tan lejos le han sacado un poco de esa fosa común donde Epifanio sigue estando”.

“Mi declaración fue enmarcada en ese asesinato colectivo que termina en esa gran fosa común en Villadangos del Páramo de las personas desaparecidas” relata la periodista. Allí, en esa fosa exhumada en parte el año pasado y de la que estamos todavía a la espera de las identificaciones. Lo que intenté trasladar fue esta historia colectiva“, explica Rodríguez: ”Mi bisabuelo Santos Francisco Díaz, fue arrestado en Mansilla de las Mulas en agosto de 1936, junto con decenas de hombres y mujeres más de ese pueblo y de otros de alrededor, como Palanquinos, y fue trasladado al campo de concentración de San Marcos, en León, donde numerosos testimonios hablan de cómo los presos eran torturados y maltratados. Estos arrestos aparecen en la causa judicial abierta en 1936 por el régimen franquista y que se encuentra en el Archivo del Ferrol y que va a ser aportada a los tribunales argentinos“.

Rodríguez explica que “a lo largo de más de 600 páginas se pueden leer los arrestos y las acusaciones contra estas personas que fueron detenidas en un lugar donde no hubo frente de batalla o frente de guerra, porque el golpe de Estado triunfó prácticamente de inmediato y donde lo que ocurrió fue que hubo arrestos y persecuciones y castigos a personas acusadas de intentar impedir el golpe de Estado, como aparece en la propia causa judicial contra ellas, o de tener determinadas ideas políticas. En muchos casos simplemente basta con que se acuse a alguien de ser rojo o marxista. Son algunas de las denominaciones que aparecen para que la causa contra ellos siga adelante”.

“Es el caso de Santos Francisco Díaz, mi bisabuelo, o de Epifanio González o de otros. ¿Qué les pasó a estas personas?”; se pregunta Rodríguez: “En varios casos son personas que fueron desaparecidas, que fueron sacadas del campo de concentración de San Marcos y trasladadas a algún pueblo cercano, nunca su propio pueblo, para ser asesinadas allí. Por ejemplo, mi bisabuelo Santos Francisco Díaz fue asesinado en Villadangos del Páramo y sepultado en alguna fosa común. Entre los documentos que se aportará a estos tribunales tras mi declaración están las actas de defunción elaboradas por el juez de Paz local de Villadangos del Páramo y firmadas tanto por él como por otras personas de ese pueblo, donde se hacía una descripción detallada de los cadáveres de los asesinados entre agosto y noviembre de 1936. Esa descripción detallada, en algunos casos sirvió para identificar a las víctimas por sus familiares en 1936 y. Y en otros casos, bueno, esos cadáveres tenían incluso documentos que los podían identificar. Es decir, no es solo una declaración lo que se hizo en Buenos Aires, sino que también se aportarán algunos documentos existentes. La declaración giró mucho en torno a estas víctimas de la gran Fosa o de las fosas de Villadangos del Páramo. Parte de una de las fosas fue exhumada en febrero de 2022, y estamos a la espera de las identificaciones”.

Pura Francisco, la madre de Olga Rodríguez, nieta de Santos Francisco (asesinado y desaparecido en Villadangos del Páramo) e hija de Antonio Francisco, arrestado en el campo de concentración de Celorio y represaliado por el franquismo, explica: “La aspiración a la justicia que tanto mi abuela, como mi padre y los demás hijos e hijas de mi abuelo merecían, tenia que haberse producido hace tiempo y por supuesto en España. Sin embargo, que nuestros queridísimos familiares merezcan la atención de jueces en un país como Argentina es un gran consuelo para quienes seguimos reclamando verdad , justicia y reparación. Por ello estarán siempre en nuestro corazón”

“En el transcurso de esta espera ha muerto la hermana de una de las víctimas cuyos restos posiblemente hayan sido exhumados, pero que todavía no han podido ser identificados”, prosigue Rodríguez: “A lo largo de estos años, un montón de familias, somos decenas y decenas de personas de tres generaciones diferentes, nos unimos para poder encontrar esa fosa y para poder exhumarla. Y lo hemos conseguido en parte, pero solo se han podido exhumar los restos de 12 cuerpos porque sobre la fosa se han construido nuevos panteones y lamentablemente no se nos ha permitido exhumar esa parte, aunque desde un punto de vista técnico habría sido posible hacerlo. Todo este proceso de unión de familias y de compartir colectivamente esta búsqueda y de ir accediendo a nuevas informaciones, ha sido muy reparadora. Y este paso añadido, el de poder declarar y contar las historias de todas estas víctimas, de todas estas personas asesinadas y desaparecidas en Villadangos del Páramo”.

La periodista Olga Rodríguez explica que se sintió “muy acompañada mientras declaraba sobre todas las familias que conformamos, como decimos, una gran familia de memoria, que tienen historias terribles como la del maestro Toral, que fue detenido delante de sus alumnos; como la del cartero Federico Sacristán, como la de tantos otros y otras”.

Susanna Toral, nieta del maestro Tomás Toral, detenido delante de sus alumnos, asesinado y sepultado en la fosa de Villadangos del Páramo, explica: “El 8 de junio hizo 20 años que mi padre murió. El mismo día una jueza en Argentina escuchaba la historia de los asesinados en la fosa de Villadangos del Páramo. Casualidades de la vida. Para mí que por primera vez se escuche en un tribunal lo ocurrido demuestra el reconocimiento de un crimen y muestra cómo la verdad se abre paso, como lo hace el agua: no se puede parar. Confío en que pronto estos crímenes se puedan reconocer en nuestro país. No se pueden cerrar las heridas si no se airean, si no se hablan, se reconocen y se sacan a la luz. Es indispensable”. 

“Cuando matan y desaparecen a mi bisabuelo”, explica Rodríguez, “mi bisabuela se queda primero en un limbo porque al ser un desaparecido, no hay una confirmación de la defunción y por lo tanto un montón de mujeres de desaparecidos se quedaron sin la posibilidad de heredar las propiedades, si es que hubieran. Mi bisabuela se quedó con siete hijos, el mayor de 17 años, el menor de 11 meses. Los hijos adolescentes con posibilidad de trabajar tuvieron que abandonar la escuela y ponerse a trabajar para poder sacar adelante a la familia, lo cual de por sí ya fue un castigo añadido, una consecuencia, un daño añadido”.

El mayor de 17 años, Antonio Francisco, abuelo de Rodríguez, “decidió huir por temor a ser arrestado. También cruzó Asturias y luchó en el frente republicano hasta que cae Asturias y es arrestado y maltratado en el campo de concentración de la localidad asturiana de Celorio. Él relataba cómo habían arrojado desde ahí algunos cadáveres de presos al mar por los acantilados. Sufrieron las inclemencias de la lluvia, de la humedad, del frío. Muchos presos enfermaron, fueron maltratados. Mi abuelo fue sometido a un fusilamiento simulado. Todas estas historias, más la represión posterior durante la dictadura, atravesaron a mi familia y a tantas familias. Mi familia sufrió consecuencias económicas, sociológicas y emocionales a causa de estas represalias del asesinato y desaparición de mi bisabuelo y del maltrato y persecución contra mi abuelo. Y esto atravesó a mi madre y de alguna manera llegó hasta nuestra generación, la de los nietos y bisnietos, porque crecimos en el silencio y con la doctrina de que de eso no se podía hablar. Era como algo que parecía que nunca hubiera ocurrido”.

Durante la declaración de Olga Rodríguez ante el tribunal argentino, decenas de familiares de las víctimas de esa fosa situada en Villadangos del Páramo le pidieron que transmitiera “el sentimiento de reparación que han tenido al saber que, por primera vez, al fin en un tribunal, alguien iba a escuchar nuestra historia, la historia de nuestras familias, la historia de nuestros padres, abuelos, abuela, bisabuelos, bisabuela, tíos, etcétera, las nietas y nietos y sobrinos y sobrinas seguimos esperando una verdad y una reparación porque nos consideramos atravesados por lo ocurrido y porque realmente hay consecuencias que llegan hasta nosotros. Consecuencias económicas, sociológicas y emocionales”.

Los promotores de la llamada Querella Argentina continúan en su pelea por sentar en el banquillo al exministro Rodolfo Martín Villa por crímenes contra la humanidad cometidos durante la Transición. La Cámara Federal de Casación Penal se ha reunido este jueves por videoconferencia para escuchar a las partes en el marco del recurso que interpusieron los querellantes contra la decisión que tomó el diciembre pasado. Entonces, el tribunal revocó el procesamiento del exministro que había puesto en marcha la jueza María Servini por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978.

Martín Villa recurrió en su momento el procesamiento y Casación le dio la razón, a lo que los promotores de la querella, agrupados en la Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua), respondieron también recurriendo. Ocho meses después, los letrados de los querellantes y la defensa del exministro han intervenido para exponer sus argumentos.

Los primeros reclaman su procesamiento al considerar que el fallo emitido por el tribunal que lo rechazó es “arbitrario” porque “exige un plus de fundamentación que está sobradamente probado en el expediente”, ha afirmado en la vista el abogado Eduardo Fachal. Los querellantes coinciden con la calificación que inicialmente hizo la magistrada Servini revocada después por Casación y que atribuyó a Martín Villa cuatro delitos de homicidio agravado en un contexto de crímenes contra la humanidad.

Fueron los asesinatos de Pedro María Martínez Ocio, Romualdo Barroso Chaparro, Francisco Aznar Clemente, asesinados durante la masacre de Vitoria el 3 de marzo de 1976 a consecuencia del ataque de la Policía Armada, que gaseó y disparó a manifestantes, matando en total a cinco personas. Y el de Germán Rodríguez Saíz, asesinado en los sucesos de los Sanfermines de Pamplona en julio de 1978, cuando las fuerzas de seguridad cargaron tras el despliegue de una pancarta en favor de la amnistía total. Rodríguez Saíz recibió un tiro en la frente.

Tanto su hermano Fermín Rodríguez, como Andoni Txasko, miembro de la asociación Víctimas 3 de marzo, han estado presentes en la vista como querellantes. “Que Martín Villa sea procesado es algo que estamos persiguiendo desde siempre y ha sido imposible en el estado español. El objetivo es romper en Argentina toda la impunidad que existe aquí, pero es una vergüenza que haya que recurrir al exterior habiendo pruebas”, sostiene el segundo, que al día siguiente de los sucesos de Vitoria, en la misma zona, recibió una paliza por parte de agentes del orden público y perdió casi la totalidad de la visión.

“Ataque generalizado y sistemático”

Los letrados impulsores de la querella han defendido que durante aquellos años hubo un “ataque generalizado y sistemático dirigido contra la población civil, dándose el elemento político derivado de una política del Estado”, en palabras del también abogado Luis María Calcagno. Los querellantes defienden, como lo hizo Servini, que Martín Villa, como ministro de Relaciones Sindicales primero y de Gobernación después, ocupó “una posición preponderante en esa estructura organizada de poder a través de la cual se propagaron las órdenes hacia quienes resultaron los ejecutores directos de los delitos”.

Sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal decidió frenar el procesamiento asegurando que no puede afirmarse que fueran delitos de lesa humanidad y apelando a la “falta de mérito”. “Esto significa que el tribunal declara que se requiere profundizar en la investigación”, explica Jacinto Lara, abogado de CeAqua.

Por su parte, el letrado que defiende a Martín Villa, Fernando Goldaracena, ha reclamado que el auto por el que se detiene el procesamiento sea firme y ha asegurado que “no existe ninguna prueba que acredite ese supuesto plan sistemático de ataque a la población civil” ni tampoco “la supuesta autoría inmediata que le endilgan” al exministro “por su supuesta posición en el Gobierno”.

Ahora, una vez celebrada la audiencia de este jueves, el tribunal deberá decidir en unos meses mediante resolución escrita si procesa o no al exministro por los crímenes referidos. “Sería la primera vez que se enjuicie a alguien por crímenes franquistas, a diferencia de lo que ocurre en España, donde nos archivan todas las querella que se presentan. Su procesamiento generaría un hecho judicial extraordinario en relación con los crímenes franquistas y un impulso procesal determinante”, apunta Lara.

En todo caso, aunque Martín Villa no sea finalmente procesado en este proceso, continuará imputado en la querella argentina por un total de 12 homicidios perpetrados durante la Transición sobre los que Servini ha decretado “falta de mérito”. Es decir, considera que hace falta más investigación.

El exministro Rodolfo Martín Villa ha reconocido este lunes que pudo “ser responsable político y penal” de los presuntos homicidios y torturas cometidos en los años 70 –lo que llevó a su procesamiento en Argentina por delitos de lesa humanidad–, pero ha descartado que existiera un “plan sistemático, deliberado y generalizado” que consistiera en la eliminación del contrincante político.

“Hubiera sido posible que en un rapto de locura hubiera podido ser el autor material. Lo que no era posible es que yo formara parte de algunos gobiernos, en concreto de la Transición, que urdieron un plan de aterrorizar a los españoles partidarios de un Gobierno democrático”, ha sostenido.

A su juicio, “decir” que los dirigentes de los primeros gobiernos de la democracia se dedicaban a eliminar a “las personas más representativas de aquella etapa” es una “mentira que tiene las patas muy cortas”. “No tiene sentido que se use en la querella esa palabra cuando, si la Transición tuvo un enemigo, fue el terrorismo”, ha añadido.

Sobre la ley de Memoria Histórica, Martín Villa se ha mostrado contrario a la creación de una Fiscalía para investigar los crímenes de la Guerra Civil y del franquismo, incluyendo los que tuvieron lugar hasta la entrada en vigor de la Constitución. “Si hay un artículo en la Ley de la Memoria Democrática que dice que hay que actuar contra las violaciones de crímenes de lesa humanidad ocurridos en la Guerra Civil, en la Dictadura hasta la Constitución, está diciendo que no ha habido Transición”, ha defendido el otrora titular de Interior en un desayuno informativo, su primera intervención después de que la Justicia argentina revocase su procesamiento el pasado mes de diciembre al entender que no existían “pruebas directas o indirectas, indiciarias, variadas y/o unívocas compatibles” de los delitos de lesa humanidad que se le atribuían.

Martín Villa considera que ese mecanismo jurídico, el de la Fiscalía de Sala que se incluye en la nueva ley, “no es demasiado entendible”.

“La música y en cierto modo la letra de la ley en ese aspecto, solo en ese aspecto, se parece mucho a la imputación de la querella argentina del plan sistemático generalizado y deliberado para aterrorizar españoles y procurar la eliminación de esos españoles que pretendían, en gobiernos democráticos, la eliminación de esos personajes más representativos”, ha comparado. “Se parece mucho, a lo mejor es una visión mía parcial, pero la lectura me lleva a esa similitud”.

“Cuando los historiadores se dedican a la historia contemporánea es muy difícil que no caigan en interpretaciones de carácter político”, había dicho también sobre la memoria al inicio de su discurso. “Ello prueba que esto de la memoria de lo próximo no tiene una sola versión y que, por lo tanto, es imposible esto de las leyes de memoria”.

Aunque crítico con la ley de memoria, Martín Villa sí ha considerado acertado “sacar a la gente de las fosas”, uno de los aspectos clave de la nueva ley, que pretende dar impulso a miles de exhumaciones.

Finalmente, Martín Villa, que ha dicho que considera todo lo que ha rodeado el asunto de la querella argentina como un “espectáculo kafkiano”, y ha asegurado que no ha “perdido ni un minuto de sueño” con las decisiones judiciales en Argentina y que seguirá abordando con “tranquilidad” las posibles decisiones a futuro. 

“Nos parece una provocación”

A las puertas del recinto donde se realizaba el acto, integrantes de Ceaqua, la asociación que impulsa la querella argentina, se han manifestado pidiendo justicia para las víctimas de los crímenes del franquismo y han repartido información sobre el proceso judicial en el país sudamericano, el único en el que se investigan los delitos cometidos en la Guerra Civil y la dictadura. Sus voces resonaban en la calle de Sevilla, en el centro de la capital: “Ni olvido, ni perdón. Justicia y reparación”.

“Nos parece que hacer un homenaje, porque esto es un acto de homenaje o de desagravio a Martín Villa, nos parece una ofensa y una provocación”, ha criticado Luis Suárez, portavoz de Ceaqua, que ha estado repartiendo hojas informativas a los asistentes que iban llegando. “Hay que tener en cuenta que es una señor que está procesado en la querella argentina por crímenes de lesa humanidad, homicidios cometidos durante la Transición, mientras él era el responsable político de las fuerzas de seguridad”. Suárez también ha explicado que el objetivo de su acto de este lunes ha sido que la gente también cuente con “otra versión” de lo que se iba a decir unos minutos después. 

“Ahí está Martín Villa, que fue ministro de Gobernación y del Interior cuando las matanzas de Vitoria en el año 76 y es un heredero más de Franco. Nosotros pensamos que esto tiene que cambiar y esto tiene que juzgarse”, ha explicado Juana León, una de las manifestantes.

La Coordinadora estatal de apoyo a la Querella Argentina contra crímenes del franquismo (CeAqua) está estudiando un posible recurso al archivo por parte de la Justicia argentina de la causa contra el exministro Rodolfo Martín Villa por la muerte de varias personas entre 1976 y 1978, durante la Transición. “Nuestro equipo jurídico está estudiando en estos momentos el contenido de la misma y la viabilidad en cuanto a la interposición del citado recurso”, señalan desde CeAqua en un comunicado al que ha tenido acceso elDiario.es.

La Justicia argentina rechazó el pasado día 23 de diciembre procesar a Martín Villa al revocar la decisión de la jueza María Servini, que le había procesado en la llamada “querella argentina”. La Sala 2 de la Cámara Criminal y Correccional Federal, o Cámara de Apelaciones, tomó esta decisión al declarar la “falta de mérito” para procesar al exministro y dictó el sobreseimiento de la causa.

En su resolución, adoptada por unanimidad, los jueces manifestaban “el desacierto de la calificación jurídica efectuada por la magistrada al considerar al imputado como autor mediato por el dominio de un aparato de poder organizado”, un argumento que esgrimió Servini para procesarle por cuatro muertes ocasionadas por disparos policiales en la Transición. Según la sala, no está demostrado que las citadas muertes, ocurridas entre marzo de 1976 —en el desalojo policial de una iglesia en Vitoria— y julio de 1978 —en una intervención policial en Pamplona en las fiestas de San Fermín— constituyan crímenes de lesa humanidad.

Disconformidad con la decisión judicial

Desde CeAqua muestran su disconformidad con el contenido de la Resolución dictada y aseguran que durante la tramitación de la causa “se ha acreditado de forma indubitada la autoría mediata de Rodolfo Martín Villa en los homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad que fueron objeto de denuncia y por los que fue procesado”.

La jueza Servini les atribuyó esa calificación jurídica para actuar en nombre de la Justicia universal, porque de otro modo no hubiera podido hacerlo, ya que se trata de hechos ocurridos en España y hace más de cuarenta años. En relación con las muertes de Vitoria, la jueza Servini consideró responsable penal a Martín Villa —entonces ministro de Relaciones Sindicales, sin competencia sobre la Policía—, junto con Adolfo Suárez y Alfonso Osorio, ambos fallecidos.

La Cámara de Apelaciones sin embargo consideró que no se trata de delitos de lesa humanidad y recuerda que ya en 2017, cuando este mismo tribunal revocó dos veces la orden de detención internacional dictada contra Martín Villa en 2014, señalaron que Servini no había acreditado que se tratase de crímenes contra la humanidad. Según Martín Villa, en ese momento el fiscal ni pidió la orden detención para el exministro ni tampoco su procesamiento tras prestar declaración voluntariamente desde el Consulado argentino.

A Antonio Narváez, como a muchas otras víctimas del franquismo, se le acabó el tiempo. Falleció hace casi un año de COVID, el pasado octubre, con 87 años y el deseo pendiente de encontrar a sus padres, ambos represaliados por el franquismo en Marchena (Sevilla). Llegó a declarar en la denominada Querella Argentina. A la única jueza del mundo que investiga los crímenes del franquismo le contó que tenía tres años cuando aquello ocurrió, que era de noche cuando sacaron a su madre de casa para fusilarla mientras su hermano y él dormían y que nunca más supieron de ella. A su padre le habían matado un mes antes. Ambos siguen desaparecidos.

Antonio ya no podrá verles salir de la fosa bajo tierra en la que están, un propósito al que dedicó toda su vida, y por eso son ahora sus hijas las que continúan la búsqueda: María Teresa, Eva María y María Concepción Narváez Valencia no pueden ocultar la pena cuando hablan de él. Hoy son su voz, sus declaraciones a los medios y un día serán, confían, las manos que acojan los restos de sus abuelos para enterrarlos como Antonio siempre soñó. Por eso el pasado jueves se dirigieron al Congreso de los Diputados con la foto de su padre en la mano como parte de las 327.000 firmas con las que Amnistía Internacional pide una Ley de Memoria Democrática más ambiciosa.

“Lo hemos hecho en su representación, es como si hubiera venido él con nosotras”, señala por teléfono Conchi poco después de bajar del tren en el que han vuelto de Madrid a Sevilla, donde viven. La decisión de seguir con la pelea la tenían “en mente” desde hace tiempo porque “sabíamos que mi padre era mayor”, pero “no te lo planteas hasta que no llega el momento”. Cuando Amnistía Internacional llamó a casa de sus padres para invitar a Antonio al acto, su madre les contó a los investigadores que el 26 de octubre de 2020 había fallecido, así que las tres hermanas se ofrecieron a asistir.

María Teresa, Eva María y María Concepción quieren “llegar hasta el final”, hasta dar con el paradero de sus abuelos y “darles un entierro digno, como el de cualquier otra persona”, y que “se sepa la verdad” de lo que pasó, que era “el afán” de su padre. Enrique Narváez Borrego y Concepción Hernández García tenían 32 años cuando las tropas franquistas acabaron con su vida tras el golpe de Estado. A él lo mataron el 17 de julio de 1936 de un tiro por la espalda; a ella se la llevaron un mes después. De su padre le dijeron que había sido enterrado en una fosa común, pero de su madre nadie le dijo nada. Aquello marcó su vida: “Era muy pequeño, pero nunca olvidó esa escena, se le quedó clavada”, recuerda Conchi.

Hablar ante la jueza, un día “inolvidable”

Tanto a él como a su hermano, que entonces tenía cinco años, les crió su abuela, que apenas sacaba el tema, recordaba Antonio en varias entrevistas en medios de comunicación que le hicieron en los últimos años. Vivió con la angustia de no saber qué había pasado con sus padres ni dónde estaban. Conchi explica que “se cree que están en Marchena”: su abuelo “en la fosa común del cementerio” y su abuela “parece, por algunos indicios que también, aunque no está tan claro”. Antonio dejó hecha una prueba de ADN para que en el caso de que se encuentren los restos, puedan ser cotejados.

“A ver si puedo juntarlos a los dos”, anhelaba hablando con elDiario.es hace ya seis años. Estaba a punto de asistir a uno de los momentos más importantes de su vida, la declaración que hizo en el marco de la Querella Argentina ante la jueza argentina María Servini, instructora de la única causa en el mundo que investiga los crímenes del franquismo. Estaba, decía poco antes de entrar al Juzgado de Instrucción nº 8 del Prado de San Sebastián, en Sevilla, “nervioso” porque por primera vez su testimonio iba a ser escuchado: “No se puede hacer una idea del estado de nervios que tengo, pesa mucho afrontar estas cosas casi 80 años después”, le decía al periodista.

Tiempo después, en un vídeo grabado por Amnistía Internacional, contó que había “sentido una emoción como hacía mucho. Porque parece que no, pero poder expresarme con libertad sobre lo que pasó en mi casa... Para mí fue un día inolvidable”. En España, la puerta de la justicia está cerrada para las víctimas del franquismo. Eso a pesar de las reclamaciones que varios organismos internacionales; el último, el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, le han hecho a España para que revise los obstáculos que lo impiden, entre ellos la Ley de Amnistía o la prescripción de los delitos.

Tanto Amnistía Internacional como las organizaciones memorialistas y los socios del Gobierno, incluido Unidas Podemos, piden que la Ley de Memoria Democrática, que ha iniciado su trámite en el Congreso, sea más ambiciosa en este sentido y se abra a revisar estas trabas. El PSOE, sin embargo, no parece dispuesto a ceder en este asunto y defiende que la norma se mueve en el marco “de la justicia restaurativa”, garantiza el derecho a la investigación y al acceso a la verdad judicial de las víctimas, según explicaba esta misma semana el secretario de Estado de Memoria Democrática en esta entrevista.

Víctimas, familiares y abogados personados en la querella argentina contra los crímenes del franquismo llevan años buscando justicia. Ahora, tras el auto de procesamiento contra el exministro Rodolfo Martín Villa por parte de la justicia argentina conocido el pasado sábado, han manifestado públicamente satisfacción y a la vez han hecho un llamamiento para que “los tres poderes del Estado español dejen de obstaculizar la investigación judicial”.

El letrado Eduardo Fachal, por la parte querellante argentina, destacaba este martes que el auto contra Martín Villa “establece, literalmente, que toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando bajo la dirección de la nueva dirigencia política a cargo del proceso de transición”.

Tendremos que redoblar el esfuerzo porque sabemos que el Estado español no ha colaborado hasta el momento

Eduardo Fachal, abogado de la querella argentina

“La jueza lo procesa por cuatro homicidios pero deja claro que va a seguir investigando todo el proceso de transición. Nosotros por tanto tenemos que continuar trabajando y tendremos que redoblar el esfuerzo, porque sabemos que el Estado español no ha colaborado hasta el momento. Lo más probable es que las comisiones rogatorias solicitadas por la jueza [Servini] sean rechazadas por la judicatura española”, añadía.

En el mismo sentido se ha expresado el abogado español Jacinto Lara: “Este auto indica que esto es un problema actual de nuestra democracia, que no da respuesta a las demandas de tutela efectiva y que pone al Estado español frente a un espejo”. 

Lara ha recordado que “desde el Comité de Derechos Humanos de la ONU, desde el Consejo de Europa, incluso desde el Parlamento europeo se ha denunciado el modelo de impunidad del Estado español” y ha subrayado que “está en manos de los tres poderes del Estado español revertir este modelo de impunidad incompatible con un Estado de derecho y democrático”.

La Fiscalía General del Estado español tiene una oportunidad más que evidente para modificar la conducta mantenida hasta ahora.

Jacinto Lara, abogado de la querella argentina

Los letrados de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) consideran que el auto interpela a los juzgados españoles, a la Fiscalía General del Estado y también al Gobierno actual. “La Fiscalía tiene una oportunidad más que evidente para modificar la conducta mantenida hasta ahora e informar para que se cumplan las comisiones rogatorias. El Gobierno español también es interpelado, para que introduzca en su proyecto de Ley de Memoria las enmiendas necesarias para dar respuesta adecuada a la justicia”, indica Jacinto Lara.

En ese sentido, solicitan que “el poder judicial, jueces, magistrados y el propio Tribunal Constitucional dicten resoluciones acordes con las obligaciones internacionales asumidas que permitan y posibiliten en el orden jurisdiccional penal la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas”.

Presentamos más de 80 querellas en juzgados territoriales en España y la respuesta sistemática de esos juzgados ha sido la inadmisión.

Lucía Aragó, querellante

Las peticiones de víctimas, familiares y organizaciones

Víctimas, familiares y abogados han hablado en rueda de prensa vía Internet ante medios de comunicación argentinos y españoles. Lucila Aragó, de la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano ha recordado que acudieron hace ya una década a la justicia argentina, “sabiendo que nos amparaba la justicia universal y que estamos ante crímenes de lesa humanidad”.

“Hemos continuado acumulando pruebas, no hemos cejado, hemos presentado más de ochenta querellas en juzgados territoriales en España, y la respuesta sistemática de esos juzgados ha sido la inadmisión. Se nos niega sistemáticamente la tutela judicial. Este procesamiento a Martín Villa deja claro que se pueden juzgar estos delitos como crímenes de lesa humanidad”, ha explicado Aragó.

Recibimos este procesamiento con mucha ilusión pero también con cierta cautela dadas las trabas puestas por el Estado español

Andoni Txasco — Víctima e integrante de la Asociación 3 de marzo

Tanto ella como otras víctimas han subrayado que la persecución de justicia para estos delitos implica la reivindicación de una sociedad más justa y con mayor calidad democrática.

Fermín Rodríguez, hermano de Germán Rodríguez, asesinado por la policía durante los Sanfermines de 1978 en Pamplona, ha destacado que el auto “deja claro que fue un acto organizado, planificado y por tanto premeditado”. “Que hayamos tenido que hacer esto en un juzgado a miles de kilómetros describe el estado de la judicatura española”, ha añadido.

Andoni Txasco, una de las víctimas –tiene solo un 2% de visión tras la paliza que le propinó la policía el 4 de marzo de 1976 en Vitoria, horas después de la masacre que acabó con la vida de cinco obreros y provocó heridas a 150 personas más–, ha dicho que “recibimos este procesamiento con mucha ilusión pero también con cierta cautela dadas las trabas puestas por el Gobierno y el Estado español para que se pueda avanzar en esta querella, trabas expuestas por la propia jueza [Servini]”.

El Estado español sigue sin juzgar ni deja juzgar los crímenes del franquismo

Víctimas y familiares

Txasco ha lamentado que el Estado español “sigue sin juzgar ni deja juzgar, da cobijo y amparo a los criminales franquistas que cometieron graves violaciones de derechos humanos”.

Manuel Ruiz, integrante de la asociación La Comuna y hermano de Arturo Ruiz, ha recordado que Arturo fue asesinado de dos tiros por la espalda en Madrid en enero de 1977 “por ultraderechistas que colaboraban con la policía o la Guardia Civil”. Ruiz subraya que, a pesar de que Martín Villa no haya sido procesado por la muerte de su hermano, “la jueza ha dejado abierta la puerta a que se siga investigando, lo que pide son más datos”.

“La complicidad de las bandas de extrema derecha con las fuerzas del Estado eran claras. El asesino de Arturo nunca fue detenido, primero porque no hubo intención fuerte por parte de la policía ni de la judicatura. Como consta en el auto, fue protegido por la Guardia Civil, pudo huir del lugar y el dinero que le enviaban familiares le llegaba a través de un agente que posteriormente tuvo un puesto importante en la Guardia Civil”, ha indicado.

“Aplicación de la Jurisdicción Universal”

Por lo demás, los abogados de la querella argentina subrayan que “desde una perspectiva jurídica el auto de procesamiento es un ejemplo de aplicación efectiva de la Jurisdicción Universal y, en consecuencia, de los principios y normas que integran el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Penal Internacional. En este sentido aborda la imposibilidad de aplicar la Ley de Amnistía, o cualquier otra norma de impunidad, a crímenes contra la humanidad, su imprescriptibilidad o cómo debe atenderse a la tipificación internacional de este tipo de crímenes sin tener en cuenta la fecha en la que se incorporaron al ordenamiento jurídico interno de los Estados”.

“Interpelamos al Estado español para que colabore con la causa criminal, para que adopte las medidas necesarias para el reconocimiento de la tutela judicial de estas personas. Nos concierne como sociedad en su conjunto, para que haya un reconocimiento total de los derechos humanos que asisten a estas personas”, han reiterado.

Durante sus intervenciones en la rueda de prensa buena parte de los letrados, víctimas y familiares han querido recordar al abogado Carlos Slepoy y a Chato Galante, ya fallecidos, “que siempre trabajaron por los derechos humanos y cuya labor fue esencial para llegar hasta aquí”.

Rosa García Alcón es una de las víctimas de la represión franquista personada en la querella argentina contra los crímenes del franquismo. Este miércoles, frente al Congreso de los Diputados, acompañada de otras víctimas y familiares, de abogados, de integrantes de Amnistía Internacional y de CEAQUA –la campaña estatal de apoyo a la querella argentina, que integra varias asociaciones– ha recordado cuán importante es para ella que se agilice el trámite de la Ley de Memoria:

“Fui detenida en agosto de 1975 por estar en una asociación de estudiantes universitarios y luchar contra el franquismo. Me llevaron a la Dirección General de Seguridad, donde me recibió Billy el Niño y otros policías. Allí estuve seis días muy duros, porque la tortura era sistemática”, recuerda en conversación con elDiario.es.

En 2018 Rosa fue una de las víctimas que interpuso una denuncia contra el torturador Billy el Niño en España:

“Pero no fue admitida, ni en primera instancia, ni en segunda instancia, ni siquiera el Tribunal Constitucional ha considerado nuestro recurso. Necesitamos una ley que nos permita tener derecho a la justicia como víctimas del franquismo, que garantice el acceso a la verdad y a la reparación, porque sin verdad, justicia y reparación esta será una democracia débil basada en el silencio, en la amnesia y en mentiras”.

“Algunos aspectos de la ley deben mejorar”

Por el camino se han quedado muchas víctimas del franquismo, ya fallecidas sin haber recibido el más mínimo reconocimiento. “La sociedad en su conjunto, las personas y su familiares que sufrieron graves violaciones de derechos humanos, llevan más de 40 años esperando el reconocimiento de su derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. No se deben consentir más demoras”, señalan desde CEAQUA y Amnistía Internacional en un comunicado conjunto.

“El Gobierno manifestó en reiteradas ocasiones la importancia y urgencia de la tramitación de esta ley. Sin embargo, a día de hoy, no se ha cumplido el compromiso”, añaden.

Ambas organizaciones cuentan con el respaldo de los partidos políticos que integran el Intergrupo de Memoria, y que este miércoles estuvieron presentes en el acto frente al Congreso para exigir la tramitación inmediata y para recordar que el Anteproyecto de ley necesita mejoras para cumplir con los estándares internacionales.

El texto está actualmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a la espera de la emisión de un informe que no termina de llegar. Han transcurrido ocho meses desde que la vicepresidenta Carmen Calvo anunciara en comparecencia pública el Anteproyecto.

“El CGPJ es un órgano consultivo que tiene que elaborar un informe preceptivo pero no vinculante y por tanto el Gobierno en ningún caso debe aceptar que se obstaculice la acción parlamentaria, puede exigir un plazo para su entrega. Los diferentes grupos están a la espera del registro de ese proyecto de ley en el Parlamento para mejorar sustancialmente ese texto, a través de enmiendas en las que se pedirá que la futura ley cumpla con los estándares internacionales en la materia”, ha señalado el abogado Jacinto Lara, de CEAQUA.

Garantizar verdad, justicia y reparación

Desde Amnistía Internacional se ha insistido en la urgencia y se ha recordado que de este texto depende también, de alguna forma, la reforma de otras leyes, como la Ley de Secretos Oficiales. La organización de derechos humanos señala además que valora positivamente algunos aspectos del Anteproyecto de la Ley de Memoria pero considera que hay otros que deberán mejorarse durante el debate parlamentario.

“En materia de verdad debería crearse una Comisión independiente como existe en otros países. En materia de justicia hemos visto cómo lamentablemente no se ha avanzado en las investigaciones judiciales y es muy importante que se reconozca que se cometieron crímenes de derecho internacional que son imprescriptibles, para garantizar la tutela judicial efectiva a las víctimas y familiares”, ha indicado Verónica Barroso, de Amnistía Internacional, en conversación con elDiario.es.

En la misma línea se pronuncia CEAQUA, que junto a Amnistía recuerda que Naciones Unidas ha instado en distintas ocasiones a España a considerar la creación de un mecanismo independiente, como podría ser una Comisión de la Verdad, “que permita esclarecer las violaciones de derechos humanos cometidas en el pasado, sin sustituir el derecho de las víctimas a obtener justicia”.

El Anteproyecto de ley del Gobierno no elimina los obstáculos a la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo

También reclaman que el Estado elimine los obstáculos actuales a la investigación de los crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo y recuerdan que el Anteproyecto “no aborda ni uno solo de esos obstáculos”. Además denuncian que el Anteproyecto “establece un derecho a la reparación parcial, al excluir expresamente la indemnización y toda forma de responsabilidad patrimonial respecto de aquellas personas a las que se les incautó su patrimonio, realizaron trabajos forzados o sufrieron condenas injustas”.

“No es posible avanzar como sociedad mientras los crímenes contra la humanidad perpetrados durante la Guerra Civil y el franquismo permanezcan impunes. Esta ley es el primer paso para conseguirlo”, terminan señalando en un comunicado conjunto.

A la concentración de estas organizaciones de derechos humanos frente al Congreso se han unido representantes del Intergrupo de Memoria del Parlamento: Unidas Podemos, Esquerra Republicana, Más País, Compromís, Junts per Catalunya, BNG, Galicia en Común y EH Bildu.

“Habrá disputa sobre la ley en el Congreso”

“Cada minuto que pasa sin las leyes es un minuto de injusticia más para las víctimas”, ha señalado el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens. “Es evidente que cuando esta ley llegue al Congreso habrá una disputa política importante. Los victimarios franquistas y sus herederos políticos querrían que las víctimas permanecieran calladas en las cunetas del olvido, pero las víctimas son actuales hasta que no se haga justicia, su eco nos va a perseguir hasta entonces para recordarnos el compromiso con la verdad, la justicia y la memoria. El tiempo transcurrido no deslegitima su reivindicación, al revés, la refuerza cada vez más. Son crímenes que no solo ofenden a las víctimas, sino a la humanidad entera”, ha añadido.

En la misma línea se han expresado los demás representantes políticos presentes. “La falta de memoria política y social necesita una ley que recoja una oportunidad para la justicia verdadera”, ha indicado Isabel Pozueta, de EH Bildu. “Este sistema del 78 se fundamenta en un silencio de cuarenta y dos años que no puede seguir más, hay que impulsar esta tramitación. Defendemos que impere la verdad, la justicia y la reparación”, han señalado desde JxCat.

Desde ERC lamentan que “parece que la ley va a ser totalmente insuficiente. Suenan las campanas de que no habrá una modificación de la Ley de Amnistía y se continuarán blindando los crímenes del franquismo”. También señalan que “hacer memoria histórica no puede ser cambiar a Franco de sitio, tiene que ser expulsar el franquismo de todos los resquicios del Estado español, solo así vamos a conseguir un futuro democrático para las catalanas y las españolas”. 

“Se presentarán enmiendas para su mejora”

Desde el BNG subrayan que “no es comprensible este retraso para ver realizada la demanda de verdad, justicia y reparación. Son 42 años esperando, demasiados años de paciencia para tanta ignominia, es preciso avanzar para que sea posible la dignidad para las víctimas y acabar con la impunidad de los victimarios”.

Carles Mulet, portavoz de Compromís en el Senado, ha recordado que su organización fue muy crítica con la Ley de Memoria de 2007, “insuficiente y llena de lagunas. Vemos también cómo el Anteproyecto es también insuficiente, y esperamos que se tramite para enmendarlo, porque consideramos que perpetúa la legitimidad y legalidad del régimen franquista, que no aborda el tema de la amnistía, que quedan impunes la mayoría de crímenes del franquismo. Esperamos que el PSOE no use una vez más los temas de memoria como arma electoral. Entendemos que esta paralización es de nuevo una instrumentalización para hacerlo coincidir con periodos electorales”.

Desde Galicia en Común Antón Gómez-Reino considera que “es importante que esta ley llegue y creemos que se puede mejorar durante el trámite parlamentario. Se han esperado 40 años de dictadura y 40 de democracia. Por eso tiene que ver la luz la nueva ley, para acabar con el pasado que todavía nos persigue, más aún en un momento como este en el que el discurso de odio y la extrema derecha están tratando de ocupar espacios”.

El Juzgado Nacional número 1 de Buenos Aires que investiga los crímenes de lesa humanidad y genocidio cometidos por la dictadura franquista cuenta desde este jueves con cinco nuevos testimonios que incorporar a la llamada 'querella argentina'. Cinco familias gallegas han solicitado este martes su adhesión al procedimiento en su condición de víctimas. Los denunciantes reclaman justicia por cuatro asesinatos y una condena a muerte, posteriormente conmutada por cadena perpétua.

La nueva documentación aportada ante el consulado de Argentina en Vigo representa a las siguientes personas: Celestino Carbia, alcalde de Valga fusilado en mayo de 1937 ; Bernardo Mato, maestro asesinado extrajudicialmente durante un interrogatorio del que fue liberado herido de muerte en septiembre de 1936; Carlos Abella, sindicalista de la CNT condenado a cadena perpetua; José Lijó, miembro del Comité de Defensa de la República fusilado en Santiago en enero de 1937 y José Sieira, simpatizante de la CNT fusilado junto al anterior.

Las nuevas querellas se suman a las ya presentadas por la familia de Alexandre Bóveda, Amancio Castaño y Ramiro Paz en enero de este año. Todas ellas cuentan con el apoyo de la Deputación de Pontevedra que, bajo la presidencia de la socialista Carmela Silva, ha puesto la institución al servicio de todas las personas afectadas que pretendan adherirse a la causa argentina. Las querellas contaron con el asesoramiento de Ceaqua y con el impulso de la Iniciativa Galega Pola Memoria e Histagra. El equipo penal lo puso la Comisión de Derechos Humanos del Grupo de Avogados Novos de Vigo.

Una manifestación ha recorrido este miércoles las calles de Vitoria en recuerdo de las víctimas de la matanza del 3 de marzo de 1976, en la que cinco personas murieron y más de cien resultaron heridas en la capital alavesa por disparos de la Policía Armada contra los participantes en una protesta laboral. La marcha ha estado precedida por los numerosos actos de recuerdo y homenaje que instituciones, sindicatos y partidos políticos han realizado a lo largo de la jornada en memoria de los damnificados por esta matanza, por la que ninguna persona ha sido condenada hasta el momento.

En un acto celebrado poco antes del inicio de la manifestación, se ha procedido, según informa Europa Press, a la lectura de un manifiesto en el que la asociación de víctimas del 3 de marzo ha reivindicado una “memoria integral” como herramienta para construir la convivencia. De esa forma, este colectivo ha denunciado las lecturas de la historia reciente como las que pretende “imponer” el Memorial de las Víctimas del Terrorismo, impulsado por el Gobierno central y ubicado en la capital alavesa, sobre el que han denunciado que “que deja fuera de su relato a miles de víctimas de vulneraciones de derechos humanos cometidas por los aparatos del Estado español”.

La marcha de este miércoles la han organizado la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y los sindicatos ELA, LAB, ESK y Steilas. Este año, la movilización se ha desarrollado con el lema 'Porque nos cuidaron, les cuidaremos'. En el transcurso de la marcha se han registrado algunos incidentes, como lanzamientos de botellas y algunas bengalas.

La manifestación se ha iniciado en el barrio de Zaramaga, frente a la iglesia de San Francisco de Asís, en cuyo interior se produjo la matanza del 3 de marzo de 1976, al disparar la Policía Armada contra las personas que aquel día participaban en una asamblea de trabajadores dentro del templo. La asamblea se enmarcaba en un contexto de movilizaciones obreras para denunciar las precarias condiciones de trabajo impuestas a los operarios que trabajaban en las principales fábricas de la capital alavesa.

“Resarcimiento moral, político, histórico y económico”

El PNV ha insistido este miércoles en su petición de que el Gobierno central reconozca la “lucha” de los trabajadores asesinados en Vitoria (Pedro María Martínez Ocio, Francisco Aznar Clemente, Romualdo Barroso Chaparro, José Castillo García y Bienvenido Pereda Moral) y ha reivindicado su derecho al “resarcimiento moral, político, histórico y económico”. Para ello, el diputado del PNV Mikel Legarda ha formulado una pregunta al Gobierno, para su respuesta por escrito, en la que recuerda que este 3 de marzo se cumplen 45 años de los sucesos. Tras señalar que “a día de hoy las víctimas mortales continúan sin ser reconocidas como víctimas de terrorismo por el Gobierno del Estado”, el diputado 'jeltzale' pregunta al Ejecutivo de Sánchez si “tiene intención de reconocer la lucha de los trabajadores fallecidos en la huelga y su derecho al resarcimiento moral, político, histórico y económico”.

Idoia Mendia (PSE-EE), vicelehendakari y consejera de Trabajo y Empleo, se ha trasladado hasta el barrio de Zaramaga para recordar a los fallecidos. “Los socialistas no faltamos nunca a esta cita. Hoy lo vuelvo a hacer, como miembro del Gobierno, vicelehendakari y consejera. En memoria de quienes murieron, en recuerdo de tanta gente que ha luchado pacíficamente por los derechos labores”, ha señalado en Twitter.

CCOO también ha querido rendir homenaje a “las víctimas de la represión policial” en el 45.º aniversario. “Reconocimiento a la movilización obrera en defensa de sus derechos laborales y de las libertades. Recuperación de una memoria obrera plural e integradora”, ha exigido la central. “Para que nunca se olvide la lucha de los trabajadores y trabajadoras. ¡¡¡Son ya 45 años y todavía sin que paguen sus culpables!!!”, ha lamentado en Twitter el secretario general de UGT en Euskadi, Raúl Arza Vélez.

EH Bildu sigue reclamando “verdad, justicia y reparación”. “Toca definir un espacio abierto, popular y dinámico, que sirva para dar cuenta de la verdad, para hacer justicia y para ofrecer reparación a las víctimas. ¡Explicar las razones por las que mantener la lucha y ayudar a entender todo lo que queda por conseguir!”, ha proclamado este miércoles Mikel Otero, parlamentario vasco de la coalición abertzale por Álava.

Miren Gorrotxategi, portavoz de la coalición Elkarrekin Podemos-IU en el Parlamento Vasco, también se ha desplazado hasta Zaramaga para pedir “justicia, verdad y reparación” y denunciar que aún no se hayan encontrado culpables de la matanza.

En cuanto al PP, la portavoz del grupo municipal de Vitoria, Leticia Comerón, ha querido recordar “los trágicos hechos ocurridos tal día como hoy hace 45 años en Vitoria y especialmente a los 5 asesinados”. “Mantengamos viva la memoria”, ha apelado. Por su parte, Carmelo Barrio, portavoz de PP+Cs en el Parlamento Vasco, ha enviado “un recuerdo emocionado a las víctimas inocentes de los graves sucesos de Vitoria”. “Cinco trabajadores fueron asesinados por defender derechos laborales. Siempre en la memoria”, ha escrito en un tuit.

“Cayó uno de un tiro a mi lado. Lo cogí y lo metí con otro chico en un [Seat] 850 que estaba aparcado en frente. Me puse de sangre como un cristo. No sé ni quién era el del 850. Nos metimos por dirección prohibida. Nos pararon a golpes un montón de 'grises' y eso que llevábamos un pañuelo blanco avisando de que teníamos un herido. Estaba muy nervioso. Al final nos dejaron pasar y llegamos al hospital de Santiago. Allí también había un autobús lleno de 'grises'. El padre de Romualdo [Barroso] me dijo que había ayudado a su hijo. Pero no puedo decir si era Romualdo. Me pegaron la paliza de turno, perdí el conocimiento y a las doce de la noche aparecí en el barrio de Txagorritxu, en casa de mi hermano”.

Quien habla es Paco Lekuona, veterano de CCOO. A sus 87 años recuerda el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, del que este miércoles se cumplen 45 años y que coincide con el anuncio de un memorial, “como si fuera ahora”. “¡Todavía tengo la mente clara!”, insiste al otro lado del teléfono. En aquella jornada, la Policía Armada franquista –solamente habían pasado tres meses desde la muerte del dictador– irrumpió con botes de humo y balazos en una asamblea de trabajadores en huelga que se celebraba en la iglesia de San Francisco del barrio obrero de Zaramaga. El templo estaba a rebosar y mucha gente se amontonaba fuera en una más de las movilizaciones laborales que se sucedían por la ciudad desde enero de ese año inicial de la Transición. La masacre se saldó con tres fallecidos esa jornada, Francisco Aznar (17 años), Pedro María Martínez Ocio (27 años) y el citado Romualdo Barroso, un joven extremeño de 19 años que residía en Errekaleor y falleció en el hospital. Días después murieron José Castillo y Bienvenido Pereda en Vitoria. En protestas en otros lugares la Policía mató a Vicente Antón (Basauri), Juan Gabriel Rodrigo (Tarragona) y Mario Marotta (Roma).

Lekuona ya había asistido por la mañana a otros encontronazos con la Policía Armada en la entonces conocida como Avenida del Generalísimo, ahora de Gasteiz. Estuvo en una asamblea en la iglesia de Los Ángeles –sí, los templos eran puntos de encuentro habituales de las movilizaciones obreras– y, “sobre las 10.30 horas, empezaron a llegar 'grises'”. Dejaron “heridos de bala” y, a falta de democracia para denunciar los excesos de las fuerzas del orden, el sindicalista buscó un notario que atestiguara lo ocurrido, José María Segura Zurbano, a quien conocía por un antiguo religioso, Félix Ormazabal, que luego sería diputado general de Álava y consejero vasco de Agricultura.

Si Lekuona estaba fuera de la iglesia de San Francisco, Vicente de Bustos, entonces “simpatizante” de UGT a sus 25 años y más tarde dirigente de la central en Álava, estaba en el interior. “Fue una actuación policial totalmente exagerada. Nos pilló a un gran número de personas dentro. Aquello... duró una eternidad. Estábamos tumbados en el suelo. Cuando salimos parecía que habían pasado horas y horas. Fue una masacre”, relata. Justamente así se hizo constar en la emisora policial: “Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia. Ha sido una masacre”.

Santi Bengoa era algo más joven (20 años) y militaba en CCOO desde la clandestinidad y pone contexto a lo que sucedía en Vitoria en aquel arranque de 1976. “En toda España había un nivel de movilización muy importante. Renfe y Correos estaban militarizados y estaba la huelga del transporte público de Sevilla, la de los mineros de Asturias y la del textil de Barcelona. En Vitoria todo empezó el 9 de enero en Forjas Alavesas [que ocupaba el actual solar del centro comercial El Boulevard] y luego vinieron Mevosa [Mercedes–Benz], Aranzabal, UGO, etcétera. Todo empujaba a la lucha. Las condiciones de trabajo... en Michelin teníamos 48 horas semanales y 15 días de vacaciones. La inflación estaba desbocada y perdíamos poder adquisitivo. Eso fue la espoleta inicial. Luego se incorporó también la exigencia de libertad. No teníamos el oxígeno necesario. Pero las fuerzas del régimen eran entonces las mismas”, explica. Y sigue: “El 2 de febrero hicimos la primera manifestación y fue duramente reprimida. La reunión posterior parecía una reunión de mutilados”. Bengoa estaba en otro punto de la ciudad en aquella tarde de tiros en Zaramaga, aunque no duda en definirlo como “un reguero de sangre”. La convulsión fue tal que “Vitoria quedó paralizada el 4 de marzo y Euskadi entera el 10 de marzo”.

En lo que sí coinciden De Bustos y Bengoa es en denunciar que la izquierda abertzale haya “capitalizado” la memoria del 3 de marzo en la actualidad, cuando aquella era una lucha obrera “unitaria” y en un contexto de predominio de fuerzas de oposición a la dictadura no nacionalistas y sí de izquierdas, según defienden. Zaramaga, como el resto de barrios obreros de Vitoria, se forjó con miles de trabajadores procedentes de Castilla y León, Galicia, Extremadura o Andalucía.

La “esperanza” viene de Argentina

Andoni Txasko es portavoz de la Asociación de Víctimas del 3 de Marzo y perdió un ojo en la jornada posterior. Sufre desde entonces “gran invalidez”. Afronta el cuadragésimo quinto aniversario tras haber conocido la noticia “positiva” de la puesta en marcha de un memorial específico para estos sucesos y que, además, se ubicará en la propia iglesia de San Francisco, que ya lleva más de un lustro sin culto y que solamente acogía una exposición de belenes navideños. “Nos parece muy positivo ese primer paso dado. Y sobre todo cuando las instituciones reconocen que tienen que participar las víctimas”, explica Txasko. El proyecto ha salido adelante después de que el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, haya cedido el templo al Gobierno vasco, a la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria.

La asociación, en todo caso, denuncia que hay otro memorial “excluyente” a punto de ser inaugurado en Vitoria, el que ocupa el antiguo Banco de España y que impulsa el Ministerio del Interior. Está consagrado a las víctimas del terrorismo, sean de ETA, del GAL o de otras organizaciones o del más reciente yihadismo. En Euskadi hay un tercer proyecto con sede en Bilbao. Es el Instituto de la Memoria (Gogora) del Gobierno autonómico y abarca el terrorismo, la Guerra Civil, la dictadura y las víctimas policiales. Txasko insiste en que estas víctimas merecen “verdad, justicia, reparación y garantía de no reparación” como todas las demás y lamenta que España “se empeña en aplicar la prescripción a crímenes de lesa humanidad”.

“La esperanza que nos queda es la querella argentina”, explica este portavoz y víctima sobre el proceso abierto por la magistrada María Romilda Servini de Cubría en aplicación del principio de jurisdicción universal. En 2020 tomó declaración a uno de los pocos altos cargos del régimen aún vivos, Rodolfo Martín Villa, que en 1976 era ministro de Relaciones Sindicales, y Txasko confía en que de ese interrogatorio salga algo en claro. “Estamos personados, porque en el Estado español hay una falta de Justicia. Impera el modelo de impunidad”, sentencia.

En su libro El perdón el filósofo V. Jankélévitch plasma unos versos sobre la ausencia de conciencia:  

La primavera no distingue

Entre nuestros jardines y el llano maldito

En el que perecieron a hierro y a fuego

Cuatro millones de ofendidos.

Y el tiempo brilla, brilla, ¡ay!, como si nada.

No tiene mala conciencia la bonita primavera;

En realidad, no tiene conciencia alguna: ni mala ni buena…

Esa falta de conciencia está instalada en demasiados lugares del Estado español. Las razones son numerosas. El franquismo impuso silencio, falsedad y omisión con el objetivo de ocultar sus crímenes de lesa humanidad, consistentes en la persecución sistemática -a través de asesinatos, desapariciones, torturas, esclavitud, encarcelamientos, ostracismo- a un sector de la población que tenía ideas políticas con las que la dictadura y sus defensores querían terminar. 

Ese silencio ha creado ignorancia sobre los hechos ocurridos durante décadas, a veces incluso en el propio seno de familias afectadas por los crímenes.  

Pero esa falta de conciencia no solo existe a causa de la ausencia de conocimiento. Hay quienes sí saben, pero no disponen de la suficiente cultura democrática y de derecho humanos como para entender que cuando se defiende la impunidad no solo no se castiga a los autores de crímenes de lesa humanidad, sino que se continúa causando daños a una categoría determinada de ciudadanos. 

La impunidad niega a los asesinados, a los desaparecidos, a los torturados, a los esclavizados, a los encarcelados, a los heridos, a los perseguidos, y también a sus familias, porque con ella se está diciendo que los hechos no ocurrieron, o que si ocurrieron fue porque tuvieron que ocurrir, por necesidad, porque no quedaba más remedio por el bien común. Es decir, se justifican. 

En España hay algo más de 114.000 personas desaparecidas por el franquismo. Aquella práctica de persecución sistemática se prolongó hasta después de morir Franco, puesto que su fallecimiento natural, en la cama y funeral con grandes honores, no terminó con las estructuras franquistas y sus dinámicas de la noche a la mañana. La represión prosiguió un tiempo con persecución, homicidios, torturas, cargas policiales violentas contra personas que reclamaban democracia y que, con su lucha, contribuyeron activamente a traerla. 

Nada de aquello fue investigado debidamente, no hubo juicios ni sentencias, ni verdad, porque se impuso un discurso oficial que apartaba a las víctimas. Vale, era una dictadura, era imposible. Vale, luego llegaron tiempos difíciles. ¿Y tras ello? Como señala Naciones Unidas, España mantiene un patrón de impunidad con el que debe terminar para impulsar activamente una investigación sobre estas graves violaciones de derechos humanos.  

Quienes reclaman justicia a un sistema jurídico que se la niega viven nuevamente la injusticia y son revictimizados. Esto lleva pasando en España muchos años. Tantos, que finalmente las víctimas optaron en 2010 por buscar fuera lo que su país les niega dentro. Así nació la querella argentina.  

“Conmueve, ante esa doble experiencia de injusticia, que las víctimas emprendan de nuevo el camino del derecho, del sistema jurídico, de los pasillos judiciales, en busca de justicia”, señala la abogada Ana Messuti en su libro Derecho como memoria y justicia. Y no es baladí esta afirmación. Hay en el esfuerzo de las víctimas un acto de defensa de los valores democráticos y de justicia ejemplar y digno, algo ausente en quienes se empeñan en negarla. 

Los querellantes de la causa argentina contra los crímenes del franquismo representan la vanguardia de los valores democráticos y de justicia. Su reivindicación mejora nuestro país. Si nadie hubiera luchado contra el golpe de Estado y en las décadas siguientes contra la dictadura, éste sería un país indigno. Reconocer a las víctimas es transmitir con un mensaje contundente que su sufrimiento deja de pasar desapercibido, que se lo conoce y reconoce para evitar que se repita en el futuro. 

En España hubo gente que cometió crímenes de lesa humanidad y fue defendida por el poder. En España muchas personas actuaron con prácticas represoras y nunca defendieron la democracia, pero el Estado les ha evitado juicios y les ha facilitado reconocimientos. En España hubo individuos que no movieron un dedo para evitar la represión, y han sido defendidos por la oficialidad. 

En España hubo también personas que lucharon siempre por la democracia, y hasta dieron su vida por ella. Se les ha castigado desde el Estado, negándoles en repetidas ocasiones justicia, reparación, visibilidad. Es tarde, pero aún se está a tiempo. En el año 2020 ya es hora de que los tres poderes den las gracias a las víctimas y faciliten la justicia y reparación que sistemáticamente les han negado.