Los 10 suspensos de la ONU a España en memoria histórica

Son 20 páginas las que ha necesitado Pablo de Greiff, relator especial de la ONU, para resumir su análisis sobre las medidas adoptadas por el Gobierno español frente a las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Y la conclusión principal es que España hace poco (y en ocasiones, mal) por la búsqueda de la verdad y la justicia sobre estos hechos, y por la reparación a las víctimas.

La sentencia es contundente: “No se estableció nunca una política de Estado en materia de verdad, no existe información oficial, ni mecanismos de escalrecimiento de la verdad. El modelo vigente de ”privatización“ de las exhumaciones, que delega esa responsabilidad a las víctimas y asociaciones, alimenta la indiferencia de las insituciones estatales...”. Además, De Greiff critica duramente las “interpretaciones restrictivas de la Ley de Amnistía” que “no sólo niegan el acceso a la justicia sono que también impiden cualquier tipo de investigación”.

El relator especial del Consejo de Derechos Humanos sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, realizó una visita oficial a España del 21 de enero al 3 de febrero de este año. En esas semanas se reunió con numerosas asociaciones de víctimas e instituciones relacionadas con la memoria histórica, además de varios miembros del Gobierno. Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, José Manuel García-Margallo.

De sus contactos con el Ejecutivo de Mariano Rajoy, De Greiff destaca que el enfoque 'oficial' es maximalista. “Varios representantes enmarcaron las discusiones en el siguiente esquema: 'O todos concluimos que ya estamos todos reconciliados o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”, explica el relator. Su opinión es absolutamente contraria, ya que se basa en la fortaleza y estabilidad de la democracia española. Por el contrario, cree que “los vacíos en la respuesta institucional al tema [...] de la Guerra Civil continúan siendo objeto de diferencias más profundas de lo que podrían ser”.“Resulta especialmente sorprendente observar que no se haya hecho más en favor de los derechos de tantas víctimas”, concluye el especialista de la ONU.

1. Remoción de símbolos franquistas

De Greiff considera positiva la Ley de Memoria Histórica de 2007 que obliga a quitar todos los símbolos y monumentos que exalten el franquismo. Asegura que el Gobierno le informó de que la mayoría de ellos ya se había retirado. Sin embargo, destaca que posee información de la existencia de calles y edificios, placas conmemorativas e insignias que ensalzan a altos cargos y funcionarios franquistas.

2. Valle de los Caídos

2. Valle de los Caídos“El sitio constituye en sí mismo la exaltación del franquismo”, observa el relator, que critica la falta de información. “Nada da cuenta de que fue construido con el trabajo forzoso de miles de presos políticos bajo condiciones inhumanas” o sobre “los cuerpos de las casi 34.000 personas que ahí están inhumadas”, afirma. “Nada explica quién fue José Antonio Primo de Rivera ni por qué fue inhumado en el centro de la Basílica”, ni por qué Franco “fue inhumado allí sin ser víctima de la Guerra Civil”. De Greiff recomienda “resignificar” el lugar como guardián de la memoria y sugiere la retirada del cuerpo de Francisco Franco. “Difícilmente podrá pensarse como un lugar en favor de la paz y la reconciliación [...] mientras siga en el centro del monumento la tumba con flores del dictador”.

3. Educación deficiente

El informe destaca que las reformas educativas de 1990 y 2006 mejoraron el enfoque sobre esta parte de la historia española en los curriculums escolares, pero asegura que algunos manuales aún hacen referencias globales, “manteniendo la idea de una responsabilidad simétrica”. De Greiff considera que la mayoría de los españoles han sido educados en la idea de que la Guerra Civil fue “un conflicto entre dos Españas” y en la que se reforzaba la política del “borrón y cuenta nueva” en lugar de destacar los abusos y la violencia del régimen.

4. Policías, militares y jueces poco formados

4. Policías, militares y jueces poco formadosLa ONU considera que los miembros de la Policía, la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas no reciben suficiente formación sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el franquismo ni sobre la responsabilidad que pudieron tener esos cuerpos en la comisión de esos delitos. También asegura que los jueces no reciben formación de temas específicos de derechos humanos, ni de la obligación del Estado en la persecución de delitos internacionales como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad o los crímenes de guerra.

5. Falta de información

“No existen censos oficiales de víctimas, ni datos o estimaciones oficiales sobre el número total de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura”, enumera el informe. Además, destaca temas “subexplorados” como el de los trabajos forzosos de presos, muertes en bombardeos, represión, niños robados, o la participación o complicidad de empresas privadas en la violación de los derechos humanos. El relator considera que la Ley de Memoria de 2007 no soluciona en absoluto este problema, e insta al Gobierno a establecer una institución “independiente pero oficial” de búsqueda exhaustiva de información, como la Comisión de la Verdad que impulsan varias asociaciones.

6. Acceso restringido a los documentos

Lo del Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca está muy bien, según el informe. El problema es que en la práctica no se permite el acceso libre a numerosos archivos, y que muchos de ellos permanecen clasificados “invocando riesgos a la seguridad nacional” y “sin criterios claros”. De Greiff lamenta que la ley de Transparencia del Gobierno de Mariano Rajoy no haya abordado los vacíos legales que generan este problema.

7. Exhumaciones 'privatizadas'

El relator expresa su “preocupación porque el Estado no haya hecho más para gestionar las exhumaciones e identificación del los restos” y critica que esta tarea se haya dejado en manos de familiares y asociaciones. De Greiff destaca que el Gobierno negó “la legitimidad de este reclamo”, sino que en general despachó el tema refiriéndose al mapa de fosas y las subvenciones para exhumaciones. “Desde 2011 –puntualiza el relator– el presupuesto para la ley de Memoria, incluyendo las exhumaciones, ha sido anulado”. Asegura que el desentendimiento del Estado en este asunto provoca que no participen autoridades judiciales y que no existan registros oficiales sobre lo que encierran ñas 2.382 fosas que contendrían más de 45.000 restos de personas.

8. El obstáculo de la Ley de Amnistía

8. El obstáculo de la Ley de AmnistíaAquí es donde se observan mayores déficits, y la Ley de Amnistía se erige como el principal obstáculo en la búsqueda de justicia, ya que los casos se archivan “sin que los jueces siquiera conozcan los hechos”. Pablo De Greiff entiende que la norma en sí misma no impide la apertura de causas, sino que son las “interpretaciones restrictivas” –tanto de esta ley como de los principios de no retroactividad o de seguridad jurídica, o de la aplicación de la norma más favorable o la prescripción de los delitos– las que dificultan la investigación de los delitos.

De Greiff recuerda que estos efectos de la Ley de Amnistía son incompatibles con los compromisos internacionales que ha suscrito España, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado meses antes de aprobar la ley. Además, asegura que conceder los beneficios de la ley de Amnistía requiere al menos una investigación de los hechos, “pues de otra manera no hay responsabilidad alguna que se pueda suspender o extinguir”.

9. Jurisdicción universal

Naciones Unidas reconoce que España ha sido pionera en la aplicación de la jurisdicción universal, y cita sobre todo los casos de las causas contra el dictador chileno Augusto Pinochet y el militar argentino Adolfo Scilingo por crímenes de lesa humanidad. La ONU ve “con precupación” las reformas de 2009 y 2014 que “limitan significativamente” que los juzgados españoles puedan investigar crímenes internacionales graves, y asegura que “sigue atentamente” los procesos en marcha “como la resistencia de algunos jueces de cerrar las causas” invoando estándares internacionales.

Además, De Greiff recuerda al Gobierno español que tiene la obligación de colaborar con la justicia argentina en la causa en la que se investigan crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura. En cuanto a la solicitud de extradición de exagentes de seguridad acusados de torturas, el relator es taxativo: “sólo podrá denegarse la extradición de los acusados si la justicia española inicia las investigaciones y juzga a los responsables”.

10. Víctimas 'de segunda'

“Muchas organizaciones y víctimas han expresado que se siguen sintiendo como 'víctimas de segunda categoría”, describe el informe. Un sentimiento alimentado, analiza “por medidas más ambiciosas en favor del reconocimiento y reparación otorgadas a [...] víctimas del terrorismo”. El relator recomienda al Gobierno español que aproveche los debates del Anteproyecto de Ley Orgánica del Estatuto de la Víctima como oportunidad para incluir “todas las categorías de víctimas”.