El Pacto de Toledo ha cumplido 30 años. Emblema del acuerdo político, nació en 1995 y dio lugar unos años más tarde a una comisión permanente en el Congreso de los Diputados donde los partidos tratan de dejar a un lado sus diferencias, y el clima más combativo, para alcanzar grandes consensos sobre el sistema público de pensiones. Este lunes, en un seminario organizado por el Ministerio de la Seguridad Social en Santander, varios diputados han desvelado algunos entresijos e hitos en la historia de este órgano, por el que España es referencia internacional. “Es una de las cosas por la que más nos envidian otros países de la Unión Europea y el resto del mundo”, ha confesado Magdalena Valerio, de su etapa como exministra de Trabajo y Seguridad Social.

En un momento de enorme tensión y enfrentamiento político cada semana en el Congreso, es si cabe más extraordinaria la “isla” que supone tradicionalmente el Pacto de Toledo. Una comisión en la que es habitual el clima cordial entre las formaciones más antagónicas, de derecha a izquierda, pasando por partidos independentistas de distintas regiones, así como el trabajo en equipo entre los parlamentarios para sacar adelante una difícil misión: pactar una evaluación del sistema público de pensiones y unas recomendaciones cada cinco años. Las últimas tuvieron lugar a finales de 2020, con retraso y tras mucho trabajo y negociaciones, por lo que este 2025 ha llegado el momento de renovar esta tarea.

Magdalena Valerio, con su habitual estilo campechano, explicó a la audiencia del curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en Santander una de sus peticiones a los parlamentarios al entrar a presidir la Comisión. “Está genial discrepar, el pensamiento único es muy negativo”. Pero “sin insultarse, discrepar con respeto a la opinión de los otros grupos”, subrayó.

Huir del debate político “más bastardo”

Aunque no está blindado del todo, uno de los propósitos centrales del Pacto de Toledo es esquivar las pugnas partidistas y que las pensiones no se conviertan en un arma arrojadiza. “Había que sacar las pensiones del debate político en el sentido más bastardo del término”, ha explicado Emilio Olabarría, exdiputado y portavoz del PNV en el Pacto de Toledo, que fue uno de los participantes en el primer Pacto de Toledo. Por parte de los gobiernos, como elemento de “captación de votos”, y por parte de la oposición, como instrumento “de erosión”, a costa de la seguridad y la certidumbre de los pensionistas, ha afirmado el parlamentario vasco.

En 1993, se sentaron las bases para ese primer Pacto de Toledo del 95 que sacara las pensiones del debate “más cortoplacista”, con una Proposición no de ley (PNL) de Convergència i Unió, ha recordado Carles Campuzano, exdiputado, portavoz de CIU en el Pacto de Toledo y uno de sus miembros más reconocido por su larga trayectoria y su capacidad de trabajo y diálogo. La formación catalana había planteado la misma iniciativa en la legislatura anterior, pero no salió adelante. Campuzano ha contado “una leyenda” que explica este viraje y que señala a las elecciones de 1993, en las que parecía que ganaba el PP de José María Aznar, pero que “Felipe González salvó en el último minuto”.

La “leyenda” cuenta que precisamente fue en el debate electoral televisado de 1993 entre Felipe González y José María Aznar, “donde se ganó ese último minuto”, ha relatado Carles Campuzano, y en concreto en la discusión sobre pensiones en la que Felipe González trasladó el riesgo para los pensionistas de que gobernara el PP. Las recomendaciones del Pacto de Toledo salieron finalmente adelante en la última legislatura de González y sentaron las bases de una reforma ya del gobierno siguiente, del PP, tras el acuerdo político y social.

Magdalena Valerio ha recordado que el contexto del primer acuerdo era de “crisis económica”, con muchas dificultades, y ha destacado la relevancia del consenso político en el Pacto de Toledo, pero también del respaldo de los agentes sociales en el diálogo social, como “los pilares” para que las reformas de pensiones tengan más opciones de perdurar “en los años y décadas” siguientes. Hay un ejemplo viviente de lo contrario, han recordado Campuzano y Valerio, la reforma de pensiones unilateral del Partido Popular de 2013, cuando tenía mayoría absoluta, al margen del Pacto de Toledo y los agentes sociales, que pasó factura a los de Mariano Rajoy. El propio Gobierno del PP tuvo que dejar de aplicarla al final de su mandato con los pensionistas volcados en la calle contra las subidas del 0,25% y sin ningún apoyo político que la defendiera.

En el sentido contrario, Carles Campuzano ha destacado la reforma del ministro socialista Valeriano Gómez de 2011, “la más valiente” en su opinión, que retrasó la edad de jubilación más allá de los 65 años y que amplió el periodo de cómputo para calcular la pensión, entre otras medidas que endurecieron el sistema público. Con el respaldo del Pacto de Toledo y de los agentes sociales, Campuzano ha recordado el contexto de “plena crisis” financiera, “que parecía que el cielo se nos iba a caer encima” a diario, con la intervención europea de Grecia y Portugal, por ejemplo, la reforma “dio estabilidad y credibilidad de España ante las instituciones europeas”, ha considerado el exdiputado catalán.

Sin embargo, esta reforma y sus recortes, ante el reto también de afrontar el retiro de la numerosa generación del baby boom, es uno de los hitos que alejaron a algunos movimientos de pensionistas del Pacto de Toledo y de los sindicatos mayoritarios.

El “disgusto” de 2019 y la huida de la “catástrofe” en la prensa

Los años de la Gran Recesión, especialmente los más duros entre 2008 y 2014, fueron un gran golpe para el país, pero también una prueba “no teórica, sino absolutamente real”, que demostró “la solidez del sistema público de pensiones”, ha valorado Campuzano. Un sistema que ha vivido unido a los pronósticos de quiebra prácticamente desde sus orígenes, ha recordado la exministra Magdalena Valerio, según múltiples estudios económicos y titulares de prensa, que los años han ido desmintiendo, incluso en el contexto más complicado de la crisis financiera.

"Los medios de comunicación tienen una cierta tendencia a comprar el discurso más catastrofista sobre las pensiones

Los medios de comunicación han sido otro de los temas analizados por los exdiputados, que han considerado que aunque son una pieza fundamental para la democracia, también suponen un elemento de “presión” y una dificultad para alcanzar acuerdos en el Pacto de Toledo. “Los medios de comunicación tienen una cierta tendencia a comprar el discurso más catastrofista sobre las pensiones”, ha sostenido Carles Campuzano. “El mensaje es: catástrofe, quiebra, el sistema no tiene futuro, los jóvenes no van a cobrar pensión…”, ha resumido y coincidido Magdalena Valerio, especialmente en algunas cabeceras. Por ello, la exministra ha reconocido que como presidenta del Pacto de Toledo decidió que las reuniones fueran a puerta cerrada, y no en comisión, salvo excepciones, para facilitar las negociaciones y el acuerdo entre los grupos políticos al margen de los focos.

En un momento en que el Pacto de Toledo debe preparar sus nuevas recomendaciones, los exdiputados han recordado el “disgusto” de 2019, ha destacado Valerio. Otra prueba viviente de que la comisión no queda totalmente al margen de las luchas partidistas. En aquella ocasión, con el Pacto a punto de alcanzar el consenso, Unidos Podemos (en ese momento en masculino) y el PP dinamitaron el acuerdo ante la convocatoria de elecciones anticipadas. Un año después, con Podemos dentro del Gobierno y pese a la entrada de la extrema derecha de Vox en el Parlamento, con las mismas recomendaciones como base, se alcanzó finalmente el acuerdo, que contó con un amplísimo consenso en el Parlamento, con solo dos votos en contra de la CUP. Estas recomendaciones recuperaban la subida de las pensiones según el IPC y otras medidas que inclinaban la reforma del sistema público al refuerzo de los ingresos y no al recorte del gasto.

De su etapa como ministra, Magdalena Valerio ha destacado que este órgano era protagonista en todos sus viajes internacionales. “Ministros y ministras de países como Francia, Alemania, Estados Unidos, también de países árabes y latinoamericanos, querían reunirse conmigo para que les contase lo del Pacto de Toledo y el diálogo social”, ha sostenido Valerio, que ha defendido que “es mejor mantenerlo porque somos envidiados”.

La ministra de la Seguridad Social, Elma Saiz, ha emplazado este lunes a los partidos políticos a no azuzar “el miedo y la incertidumbre” sobre el sistema público de pensiones en una comparencia en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados. Saiz se ha referido al informe adicional que el Gobierno ha encargado para el próximo año, empujado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y Bruselas, sobre el que ha destacado varios elementos por los que en el Ministerio consideran que seguirá teniendo un resultado favorable, que no requiera de reformas adicionales por el momento.

Saiz ha explicado en detalle la cláusula de revisión del sistema de pensiones cada tres años, que el anterior ministro José Luis Escrivá pactó con Bruselas, y que incluye una regla de gasto para hacer un seguimiento de la sostenibilidad del sistema. Si la regla de gasto se desvía, se actúa un procedimiento para que el gobierno de turno tome medidas adicionales y, en caso de que no logre sacarlas adelante, hay previsto un aumento automático de las cotizaciones sociales del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI).

La ministra ha destacado que la AIReF ya realizó su primera evaluación del sistema, con un resultado positivo, en el que se cumplía la regla de gasto y por ello no se exigen medidas adicionales. Sobre las críticas de la AIReF a la propia regla de gasto, que consideró que no miden de manera adecuada la sostenibilidad a largo plazo, Elma Saiz se ha limitado a apuntar que “es comprensible que surjan ”dudas“, ”críticas o propuestas de mejora a la cláusula, las cuales el Gobierno está abierto a escuchar“.

En esta lógica de diálogo ha encuadrado Saíz los cambios que el Gobierno pretende incorporar al reglamento sobre la evaluación de la AIReF, también siguiendo su recomendación –y de la Comisión Europea– de “integrar y ajustar más las distintas reglas fiscales”, y no abordar de manera tan diferenciada la sostenibilidad de la Seguridad Social separada del resto de las finanzas públicas.

Mejores datos por los autónomos y mercado laboral

No obstante, la ministra sí ha dejado dos recados a la AIReF para el exmane adicional que tendrá lugar antes de junio de 2026. “Creemos, y así lo reconoce también la institución en su informe, que han sido conservadores en dos temas: el nuevo sistema de cotización para autónomos y la reforma del mercado de trabajo”, ha apuntado Elma Saiz sobre el impacto de ambas medidas en el aumento de los ingresos de la Seguridad Social.

Saiz considera que las mejoras de los ingresos que analizó la AIReF en su primera evaluación serán ampliados en este informe adicional del próximo año, una vez que ya se ha concluido con la primera regularización de las cuotas de los autónomos, con resultados que han superado las expectativas del Ministerio, ha destacado la ministra.

Por ejemplo, en un inicio el Ministerio estimó que la reforma tuviera un impacto neutro en las cuentas de la Seguridad Social y este primer ejercicio ya han dejado un saldo positivo de 62,5 millones de euros, ha cifrado la ministra.

Sobre las medidas en materia de empleo, Saiz ha destacado que la estimación de la AIReF “no tiene en cuenta algunos aspectos importantes como pueden ser los cambios en la calidad del empleo tanto por la vía de la composición sectorial, reflejada en un mayor crecimiento del empleo en sectores con alto valor añadido; como por la vía de la reducción de la temporalidad y el incremento de la duración de los contratos” y, aunque ha reconodido “diferencias técnicas” con la institución de Cristina Herrero, ha confiado en que “este número se revise al alza en futuras evaluaciones a medida que la AIReF vaya disponiendo de más datos para completar y actualizar sus análisis”.

Sobre la “polémica” sobre si las transferencias del Estado a la Seguridad Social deben computar como ingresos, algo que se ha eliminado del futuro reglamento, Elma Saiz ha considerado que la AIReF incluirá de nuevo las décimas que ya incorporó en su pasado examen, que fueron solo 3 del conjunto de 2,4 puntos totales, y ha destacado por eso la libertad e independencia de la institución al margen del criterio del Gobierno.

El PP pide “solucionar” los escasos planes privados

En la Comisión del Pacto de Toledo, seña del acuerdo político en materia de pensiones, también ha habido varios choques entre el PP y la ministra, así como la representante del Partido Socialista (PSOE). Por un lado, el PP le ha recriminado al gobierno que “juegue con las cifras” y la Falta de credibilidad de la nueva regla de gasto, por las críticas de la Airef y la propia Comisión Europea.

Además, el diputado del PP Miguel Ángel Paniagua ha criticado que el PSOE “haga bandera” de las pensiones, lo que en su opinión “hace peligrar de forma clara este acuerdo tan importante para España” (Pacto de Toledo) y ha lamentado que “se ataca constantentemente el PP, en algunos casos con mentiras y con insidias”.

El representante del PP ha considerado también que España retrocede en los planes privados de pensiones, como ha advertido el FMI, lo que en su opinión es una mala noticia. “La mayoría de españoles lo fían todo al sistema público y creo que es un riesgo que deberíamos solucionar”, ha afirmado el popular.

La ministra Elma Saiz ha defendido que “nadie se apropia de la dignidad de los pensionistas cuando se revalorizan sus pensiones”, pero que los ciudadanos “saben qué hacen unas fuerzas políticas y otras cuando se votan leyes de revalorización de sus pensiones”. Saiz ha señalado que el PP ha votado en contra, por ejemplo cuando tumbó el decreto ómnibus, o para erosionar al Gobierno o “porque tienen otro modelo distinto de fortalecer lo público”. En el mismo sentido se ha pronunciado la representante del PSOE, que ha criticado a la derecha del PP y VOX por alentar el miedo de los pensionsitas en favor de los fondos de pensiones privados.

“Un cambio de enfoque histórico”, “un carril muy diferente a hace cinco años”, “un punto de inflexión”. La izquierda parlamentaria ha mostrado este miércoles en el Congreso las primeras muestras de apoyo a la reforma de pensiones que el Gobierno acaba de pactar a nivel interno y con los sindicatos mayoritarios por suponer un cambio de perspectiva para garantizar las pensiones públicas a través de un refuerzo de los ingresos en lugar de con recortes en el gasto. La derecha por su parte ha rechazado la propuesta del Ejecutivo, que dicen que es insostenible, pese al visto bueno de Bruselas.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha acudido este miércoles al Pacto de Toledo para desgranar el acuerdo de pensiones alcanzado, que previsiblemente se aprobará mañana jueves en un Consejo de Ministros estraordinario. Escrivá ha detallado medidas como el aumento de las pensiones mínimas para los próximos cinco años, que según las estimaciones del Ministerio, subirán un 22% hasta 2027, cuando se situará en torno a los 1.180 euros al mes en catorce pagas.

Los portavoces parlamentarios de PSOE, Unidas Podemos, ERC y EH Bildu han felicitado al ministro por el texto alcanzado, tras mucha negociación en el seno del Gobierno entre las dos alas de la coalición, pero también con los sindicatos y la izquierda independentista catalana y vasca. Sus negociadores han impulsado para que salieran adelante medidas como el aumento de las pensiones más bajas y el llamado 'destope' de los salarios más altos, para poner fin a la exención de cotizar a los sueldos más elevados.

“Después de años de picar piedra hemos contribuido a demostrar la viabilidad del sistema público de pensiones y su capacidad de mejora”, ha destacado el diputado Jordi Salvador, de ERC. Aina Vidal, de Unidas Podemos, ha destacado que se ha demostrado “que se podían mantener las cuantías de las pensiones a futuro”, mientras que Iñaki Ruiz de Pinedo ha llamado a “tener perspetiva y mirar para atrás”, a los recortes de pensiones del PP y las subida del 0,25% para valorar la importancia de la legislación ahora a debate.

Las fuerzas de izquierdas han puesto en valor no solo la propuesta final del Gobierno, sin recortes en las pensiones a futuro, sino también la labor de negociación del equipo de José Luis Escrivá con la Comisión Europea para que avalara esta hoja de ruta.

El ministro ha explicado que el examen de Bruselas ha sido “especialmente riguroso” y “minucioso” con España, ya que nuestro país ha sido el primero de otros muchos que incluye la reforma de su sistema de pensiones en el Plan Europeo para la Recuperación y, además, introducía un cambio de paradigma al que la Comisión no estaba acostumbrada.

La derecha se desmarca

Por su parte, la derecha de PP, Ciudadanos y Vox han adelantado su rechazo a la propuesta del Ejecutivo de la mano de muchos argumentos de la patronal, como que supone un “impuestazo al empleo”, en palabras del parlamentario del PP, Tomás Cabezón, que ha replicado las del líder de los empresarios, Antonio Garamendi.

Además, los tres partidos han insistido en otra idea: no se creen los números del Gobierno y dicen que el sistema de pensiones será insostenible en los próximos años, para lo que se refieren a estudios recién publicados por gabinetes de estudios como Fedea y BBVA Research. Este último estima una destrucción de unos “200.000 empleos” como consecuencia de la norma, ha destacado el PP.

El ministro ha rechazado la rigurosidad de estos estudios, realizados en cuestión de días y sin conocer aún el detalle de la legislación, mientras que ha destacado la credibilidad de los meses de análisis detallado de la Seguridad Social, así como de la Comisión Europea.

José Luis Escrivá ha destacado además que los análisis y expertos que enarbola la derecha para atacar la propuesta del Ejecutivo están en su mayoría formados por especialistas que asesoraron al Gobierno de Rajoy en su reforma de grandes recortes de pensiones del 2013. La parlamentaria socialista Mercè Perea ha pedido no hacer “caso a los agoreros sin fundamento en nada” y ha subrayado la garantía de la viabilidad del sistema público para las próximas décadas, con los jóvenes como principales beneficiados.

Tramitación parlamentaria para permitir cambios

Para convencer a un espectro parlamentario más amplio, el ministro Escrivá además se ha abierto a tramitar el decreto en el Parlamento como un proyecto de ley. “Vamos a intentar que como proyecto de ley se pueda mejorar”, ha respondido a la petición de parlamentarios de Coalición Canaria, PNV y Junts, entre otros.

Desde el PNV, socio de investidura de la coalición progresista, han expresado inquietudes sobre algunos elementos de la norma, como la mayor cotización de los salarios altos y que los becarios coticen, pero han celebrado la mejora de las pensiones mínimas y las medidas para reducir la brecha de género. En Junts han lanzado una propuesta que ha sido bien recibida por el ministro, graduar más la “cuota de solidaridad” sobre los salarios más altos, para que sea más progresiva dentro de las personas con remuneraciones muy elevadas.

Diez años han pasado entre la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy y la que ha sido acordada en los últimos días por el Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos. Una década en la que el modelo de prestaciones para la jubilación no ha dejado de estar en el centro del debate político. Sobre la mesa, la eterna pregunta: qué pasará con las pensiones del 'baby boom'. El Gobierno de Pedro Sánchez ha apostado finalmente tras una larga negociación a múltiples bandas por un modelo que rompe con el marco hasta ahora vigente. En lugar de poner el foco en el recorte del gasto para hacerlas sostenibles, los socios han apostado por centrarse en mejorar los ingresos.

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha logrado desbloquear, tras más de un año de negociaciones y con algo más de dos meses de retraso frente al calendario previsto, una de las principales reformas de la legislatura, junto a la que afecta al mercado laboral. El acuerdo entre los socios y, presumiblemente con los sindicatos, permite sacar adelante uno de los compromisos fundamentales con la Comisión Europea para lograr el próximo pago de los fondos de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La reforma supone dar un golpe en el tablero respecto a las anteriores. En 2013, el Gobierno del PP impuso un nuevo modelo de pensiones basado en un gran recorte del gasto. En plena crisis financiera, el Ejecutivo sacó adelante solo una reforma que rompió con el Pacto de Toledo y que no contó con el apoyo social. Dos años antes, el PSOE ya había dado un primer paso en este sentido al elevar a 67 años la edad de jubilación o aumentar el periodo de cálculo para tener la pensión completa, pero con acuerdo político y social. Fátima Báñez, ministra de Trabajo y Seguridad Social con Rajoy, fue la responsable de la última reforma hasta la fecha. Hoy Báñez es la presidenta de la Fundación CEOE, patronal que ha anunciado su oposición frontal a la reforma.

Presionado por los recortes por parte de Bruselas en los años de políticas de austeridad, aquel texto conllevó dos grandes cambios para el sistema de pensiones que, en la práctica, suponían un deterioro. El primero, el ya desaparecido Índice de Revalorización de las Pensiones, el conocido como “0,25% de las pensiones”, que provocaba de facto una congelación de las mismas y condenaba a pérdidas de poder adquisitivo de los pensiones. Por otro lado, el factor de sostenibilidad, un nuevo método de cálculo que debía entrar en vigor hasta 2019 y que tenía en cuenta aspectos como la esperanza de vida.

Para sacarlo adelante, el Gobierno había dado la espalda al Pacto de Toledo, el foro en el que se acordó tratar a mediados de los noventa las reformas de las pensiones para dejarlo fuera de las disputas políticas. Sin embargo, la reforma de 2013 generó tal oposición que el Gobierno de Rajoy se dio de bruces con la realidad. “Los cambios, para tener impacto, deben ser acordados”, decían diputados en 2018 cuando se constató que una reforma sin el Pacto de Toledo tenía un recorrido limitado.

Presionado por la calle y por el Congreso, la realidad fue complicada para el Gobierno de Rajoy. La debilidad parlamentaria le llevó a tener que asumir una suspensión de su reforma cuando en 2018 tuvo que pactar con el PNV para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Se revalorizaron entonces las pensiones con el IPC, dejando en suspenso su índice del 0,25%. Además, se retrasaba hasta 2023 el factor de sostenibilidad. Apenas un lustro después de su aprobación unilateral, la reforma de 2013, en la práctica, decaía.

Al igual que lo hizo su Gobierno unas semanas después. La moción de censura de Pedro Sánchez dejaba al PP fuera del Ejecutivo y la pelota de las pensiones volvía al tejado del Pacto de Toledo. La correlación de fuerzas en el Congreso cambió con las elecciones de 2019 y aquella comisión parlamentaria recuperó protagonismo para tratar de buscar un consenso. El contexto había cambiado tras años de movilizaciones en las calles por parte de pensionistas y se hizo patente la necesidad de atender a la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas.

Finalmente, las distintas formaciones políticas, también el PP, acordaron un texto con 20 compromisos entre los que se encontraba la revalorización de las pensiones conforme al IPC, para evitar el empobrecimiento de los jubilados. El Pacto de Toledo dibujó con este texto una hoja de ruta a Escrivá que le ha llevado, no sin dificultades ni retrasos, al acuerdo firmado esta semana. Llegó la pandemia y el Gobierno estableció en el Plan de Recuperación el compromiso de la reforma de las pensiones para acceder a los fondos europeos para relanzar la economía. Lo hizo con una propuesta de aprobación en varias fases, que han dado como resultado dos bloques de cambios en el sistema de protección para la jubilación.

El primero de estos bloques se selló en 2021 con un acuerdo con amplio respaldo social, incluidos los sindicatos y los empresarios. Suponía, de facto, derogar la reforma del PP de 2013 que aunque estaba en suspenso, seguía en el ordenamiento jurídico. Se tumbó el índice de revalorización, pero también el factor de sostenibilidad, cuya entrada en vigor se había retrasado hasta este año. Se recuperaba además la idea de actualización de las prestaciones conforme al IPC. También se incorporaban medias como incentivos para quien retrasara su jubilación y nuevas penalizaciones para quienes la adelanten, sobre todo, para equiparar la penalización del conjunto a los jubilados con prestaciones máximas.

Tras este primer bloque se han ido realizando otros cambios legislativos ya contemplados en aquella hoja de ruta del Pacto de Toledo. Es el caso del fondo público de pensiones de empleo. El ministro Escrivá impulsó la creación de un macrofondo de promoción pública para incentivar que pymes y organismos públicos se adhirieran a este modelo de ahorro privado para la jubilación. Al mismo tiempo, el Gobierno ha ido reduciendo los controvertidos incentivos fiscales para las pensiones privadas individuales, lo que ha derivado en un desplome de estas aportaciones.

Pero tras este primer gran bloque, quedaba el más conflictivo, el que se ha acordado esta semana. Tenía una fecha de referencia: 31 de diciembre de 2022. Así lo establecía el calendario de compromisos con la Comisión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo comunitario ha mostrado flexibilidad para que se pudiera alcanzar un acuerdo. Este ha estado encallado reunión tras reunión hasta el acelerón de los últimos días, urgido por el presidente Pedro Sánchez tras la fuerte brecha que ha generado la reforma de la ley del 'solo sí es sí'.

Un giro de 180 grados

Si la primera parte de la reforma derogaba la del PP, esta daba un giro de 180 grados. La solución a la sostenibilidad de las pensiones ya no pasa por un recorte en los gastos sino con un aumento de los ingresos. Pero contiene aspectos que han provocado más de un quebradero de cabeza en la negociación. Una vez acordado el aumento de las pensiones conforme al IPC —este año, por ejemplo han subido un 8,5% tras la fuerte inflación de 2022—, había que lograr un método para cubrir el aumento del gasto.

Uno de los debates ha consistido en cuánto subir la cotización de los salarios altos y qué hacer con el periodo de cómputo. El consenso en el Gobierno ha llegado finalmente con un acuerdo con varios pilares. El primero es un aumento de las cotizaciones, enfocada sobre todo en las remuneraciones más altas, parte de las cuales ahora están exentas. La base máxima de cotización se aumentarán poco a poco con el IPC más 1,2 puntos porcentuales cada año. A cambio, habrá un aumento de la pensión máxima.

A ello se suma la segunda herramienta que establece el acuerdo: una cuota de “solidaridad”. Para los salarios muy altos, por encima de la base máxima (hoy 4.500 euros brutos al mes), se añade un 1% de aumento de las cotizaciones a partir de 2025, que se irá elevando hasta el 6% en 2045. También se incrementan los ingresos en cotizaciones, con un incremento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional.

El segundo pilar afecta al periodo de cómputo. Se mantendrán durante dos décadas con dos alternativas: el sistema actual de 25 años y uno nuevo de 29 años, pudiendo eliminar los dos peores. Con ello, se pretende ayudar a las carreras más precarias. Por último, un tercer pilar que se ha incorporado fruto de la negociación y que despliega varias medidas para combatir la brecha de género, como una senda de mejoras para las pensiones más bajas y mitigar más los vacíos en la carrera laboral de las mujeres de cara a la pensión.

La reforma del Gobierno ahora debe pasar varios pasos antes de aparecer en el BOE. Los sindicatos deben dar su visto bueno definitivo tras la valoración “positiva” que han mostrado este viernes. Además, el Consejo de Ministros deberá convertir el texto en un Real Decreto para que entre en vigor y pretende llevarlo de manera “inminente” al Pacto de Toledo. Llegará entonces el trámite parlamentario para su aprobación definitiva, para lo que deberán obtener el respaldo de sus socios parlamentarios. El Gobierno ya ha mantenido reuniones con EH Bildu y ERC esta semana y ha incorporado parte de sus reivindicaciones. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) no ha querido avanzar una posición hasta conocer “la letra pequeña del texto”, aunque se ha quejado de falta de negociación.

En una década, el viraje en materia de pensiones es evidente. En 2013, el objetivo fue contentar a Bruselas con un recorte en el gasto en pensiones —al que se unieron la reforma laboral o la subida del IVA— tras haber recibido el rescate millonario para sanear al sector financiero. En 2023, el Gobierno aspira a un nuevo pago del Plan de Recuperación europeo con un modelo de reforma basado en ingresar más para aumentar el gasto en las prestaciones más bajas y en cubrir de mejor manera a las carreras profesionales más precarias.

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha respondido este jueves sobre la última polémica sobre la posible ampliación del periodo de cómputo de la pensión. El responsable de las pensiones ha asegurado en la Comisión del Pacto de Toledo que la medida, que aún está por elaborar y negociar, tiene como objetivo dar respuesta a las nuevas realidades laborales, que no tienen los mejores años de cotización al final de su carrera o que tienen muchas lagunas. “Una de las opciones que hay que contemplar es la posibilidad de que para esas personas se extienda el periodo de cómputo para su beneficio”, ha explicado.

Escrivá ha comparecido en la comisión parlamentaria, a petición del PP, para dar cuenta del mecanismo de equidad intergeneracional que acaba de pactar con los sindicatos, sin los empresarios, y también para que aclarara sus intenciones sobre el periodo de cómputo. En el contrato de España con la Comisión Europea sobre los fondos europeos para la recuperación se recoge la “extensión” del periodo de años cotizaciones para la pensión, de manera general, pero el ministro ha insistido en que esta es simplemente una redacción esquemática “y posiblemente no muy afortunada” de la reforma que el Ejecutivo está planteando.

El responsable de la Seguridad Social ha explicado que la medida sobre el periodo de cómputo, que estará incluida en el segundo bloque de la reforma de pensiones, aún no está desarrollada, por lo que no ha querido adelantar mucho en qué podría consistir. Pero sí ha esbozado que la reforma irá enfocada a las “nuevas realidades laborales”, que ya no son tan lineales como hace años y no tienen sus mejores registros de cotización al final de sus carreras.

Escrivá ha insistido en que abordar este tema era una de las recomendaciones del Pacto de Toledo. “Cuando lo planteemos y presentemos los datos, que aún no lo hemos hecho, probablemente una de las opciones que hay que contemplar es la posibilidad de que para esas personas se extienda el periodo de cotización para su beneficio y/o que puedan excluir años, o un tratamiento diferente de las lagunas... Eso es estrictamente lo que estamos planteando en este tema. Y eso está escrito con mucho detalle en los documentos aprobados por el Consejo Europeo”, ha afirmado esta tarde.

El “colchón” para los baby boomers será de 42.000 millones

Sobre el mecanismo de equidad intergeneracional (MEI), que consiste en la cotización adicional de 0,6 puntos durante la próxima década para crear un “colchón” para las pensiones del baby boom, la principal novedad ha sido el ajuste sobre el dinero que se podrá reunir en este colchón. Pese a que el ministro afirmó en un primer momento que el fondo recaudaría unos 50.000 millones de euros al final del periodo, en 2032, este jueves ha rebajado considerablemente la cifra.

Lo “más razonable”, ha apuntado Escrivá, es considerar que se logrará sumar unos “42.000 millones de euros” en la llamada ''hucha de las pensiones', dada la historia de los últimos 20 años de rentabilidad del fondo de reserva, de una media del 3,5%. Por cada punto de rentabilidad adicional (o inferior) que se alcanzara, Escrivá ha afirmado que se añadirían (o rebajarían) unos 2.000 millones de euros.

El ministro ha defendido la medida frente al factor de sostenibilidad del PP que sustituye. Escrivá ha enfrentado los recortes que provocaría el factor del Gobierno de Rajoy, sobre todo para los más jóvenes, frente a lo que supone la aportación vía cotizaciones sociales que implica el MEI para la próxima década. Frente a contribuciones de 12 euros mensuales (dos para el trabajador y diez para la empresa), el factor de sostenibilidad provocaba la reducción creciente de las pensiones del futuro, con un recorte hasta del 20% para las personas que hoy tienen 18 años. Para una pensión media, el recorte sería de unos 300 euros mensuales.

Ante las críticas de la oposición por la falta de diálogo del ministro sobre este mecanismo con el resto de grupos políticos, José Luis Escrivá ha defendido que las alternativas al MEi “son los recortes”. “Cualquier alternativa lleva a recortes y nadie quiere cortes. Eso es lo que quiere el PP. No solo recortes, recortes masivos”, ha afirmado el responsable de la Seguridad Social.

Antonio Hidalgo tiene 50 años y está jubilado. Su trabajo en el Servicio 112 de Castilla-La Mancha como técnico en emergencias sanitarias en la provincia de Ciudad Real se vio truncado por un infarto. “Le dije al médico que quería trabajar y me dijo que no. Entonces comenzó una lucha por mis derechos que todavía no ha terminado”.

En plena reforma del sistema nacional de pensiones siente que a los jubilados y pensionistas los políticos “nos toman el pelo”. Vive en Puertollano donde la brecha de las pensiones es abismal. Desde las más altas derivadas de los contratos en Repsol o Fertiberia, a otras más bajas vinculadas a la minería, explica. “Los pensionistas se sienten cada vez peor tratados y se cansan. Mucha gente que cobra el máximo va a movilizarse solidariamente”, asegura.

El próximo día 16 de octubre, a las 12 horas, pensionistas de todo el país están llamados a una manifestación en Madrid, convocada por la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE, y por la Asociación Jubilación Anticipada sin penalizar con 40 o más años cotizados, ASJUBI40, en defensa del sistema público de pensiones.

La protesta se producirá primero ante el Congreso de los Diputados y después se llevará a cabo una marcha hasta la Puerta del Sol. Se cumplen ahora dos años desde la multitudinaria protesta de miles pensionistas como culminación de dos marchas que recorrieron el país de norte a sur.

Antonio Hidalgo es presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ciudad Real (AJYPE) que participará en la movilización. Castilla-La Mancha es una de las regiones de España más envejecida. Se espera que unos 60 autobuses, al margen de los desplazamientos particulares, se desplacen hasta la capital de España el próximo sábado.

“Todavía queda mucho por reivindicar porque en dos años no se ha conseguido casi nada. Es cierto que hemos pasado la pandemia, pero no han hecho nada por un colectivo que conforman diez millones de personas”, señala Hidalgo.

De las protestas contra la reforma de las pensiones excluye, sin embargo, una cuestión. “Nos parece bien que de la hucha de las pensiones se saquen parte de los gastos no propios, es decir, las pensiones no contributivas, las de invalidez, las de viudedad. Eso está bien, pero es que no es solo eso”.

Equiparar pensiones con salario mínimo y eliminar la brecha de género en las pensiones

Hidalgo ve con preocupación la subida en 15 euros del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). “A los pensionistas nos afecta, aunque parezca mentira, porque eso significa que subirán los productos de la compra. En España hay dos millones de pensionistas que cobran 500 euros y con la revisión del IPC el año que viene les subirán euro y medio. Hay algo que no cuadra”. Por eso, una de las reivindicaciones pasa por que las pensiones mínimas se equiparen al SMI.

A eso se suma la necesidad, dicen, de eliminar la brecha de género del sistema de pensiones. “¿Por qué una mujer que se queda viuda cobra menos pensión que un hombre? Esa brecha no debería existir. Pagan lo mismo de luz o de agua”.

Explica que la reforma de las pensiones que planea el Gobierno de España “contempla el incremento del IPC anual un 3,3% cada año durante un total de cinco. ¿Y qué hacemos dentro de cinco años? ¿Otra vez a pelear? No hombre no”, comenta.

Otra de las reclamaciones sobre la mesa es que no se penalice a aquellas personas que se quieran jubilar si ya tienen más de 40 años cotizados. “Las personas que hayan cotizado 45 años se podrán jubilar a los 65 años. ¿Quién cotiza 45 años hoy en día? Nosotros lo tenemos ya resuelto pero el que venga detrás, nuestros hijos y nietos no porque lo habitual es que empiecen a trabajar con 26 años, de media. ¿Se van a tener que jubilar por encima de los 70 años?”.

Tampoco, dice, se tiene en cuenta a aquellas profesiones como transportistas o albañiles. “Si se tienen que jubilar por encima de los 67 años… Es imposible. No pueden dejarles tirados”.

Las pensiones por invalidez del hombre, sin complemento de paternidad

Hidalgo dice no entender por qué los complementos en las pensiones por invalidez para aquellas personas con hijos no se aplican tanto a hombres como a mujeres. “Si los dos trabajan para mantener a los hijos… ¿Por qué el hombre no tiene derecho a un complemento del 10% que sí recibe la mujer por maternidad?”, se plantea.

Otra de las cuestiones que se ponen sobre la mesa es la necesidad de realizar “de forma urgente” una auditoria pública de las cuentas de la Seguridad Social. “Nadie sabe. Eso es un secreto de Estado. Se saca para pagar a los bancos y otras cosas, pero nadie sabe lo que hay. Lo único que sabemos es que el año pasado se produjeron dos reuniones del Pacto de Toledo y se fueron 16 millones de euros de la hucha de las pensiones”.

“En el Pacto de Toledo están los políticos y los sindicatos pero no las asociaciones”

El presidente de AJYPE tira de la Constitución Española. “Solicitamos que las pensiones y sus revalorizaciones se incluyan en los artículos 49 y 50 para evitar su manipulación política” y no tener que estar al albur de los sucesivos gobiernos en España. “¿Es que es más importante la deuda con los bancos extranjeros que el bienestar social del país? Ahí sí se pusieron de acuerdo para cambiar la Constitución, pero no para asegurar la pensión por la que muchos cobran solo 400 euros”, critica.

Y por este y el resto de motivos que les llevan a las movilizaciones, sugiere que el Pacto de Toledo “no es un pacto y no sirve para nada porque están los políticos y los sindicatos, pero no estamos los jubilados, las asociaciones. ¡Es que algunas tienen más socios que UGT o CCOO!”.

A corto plazo, recuerda este jubilado de Ciudad Real “cuando el Baby Boom comience a jubilarse, en particular los funcionarios que pueden hacerlo con 60 años, lo harán con pensiones grandes que tendrán que pagar las cotizaciones de los sueldos bajos de los que vienen por detrás. Ese será el problema. Es inviable”, advierte.

Decía Goethe que hablar es una necesidad y escuchar, un arte. José Luis Escrivá es de esos ministros que hablan infinitamente más de lo que escuchan. Tanto que apenas deja espacio a sus interlocutores. Tanto que en ocasiones parece que ni él mismo se escucha. O sí. Depende. Sus detractores sostienen que el ministro de Seguridad Social sabe siempre lo que dice, que nunca da puntada sin hilo y que tras lo que sostiene a menudo hay un motivo oculto. Más claro: le atribuyen razones espurias. Sus defensores creen que tiene notables cualidades técnicas, aunque ninguna habilidad política, y que es solo por eso por lo que no mide, no calibra y no atina con sus manifestaciones públicas. Dicho de otro modo: todo se circunscribe a un debate filosófico sobre el asunto y a su falta de experiencia en la esfera pública. 

En lo que sí coinciden unos y otros es en que rara vez piensa antes de hablar y en que no le adorna el don de la oportunidad. Y es que este lunes la ha vuelto a liar. De nuevo, con las pensiones, un asunto extremadamente sensible para el electorado progresista y respecto al que el Gobierno logró con los interlocutores sociales, en julio pasado, ​el primer gran pacto suscrito en diez años en el marco del diálogo social. 

Escrivá ha encendido las alarmas justo la semana en que el PP defenderá en el Congreso de los Diputados una enmienda a la totalidad a la reforma del sistema de pensiones, que fue avalada por CEOE, Cepyme, CCOO y UGT y cuyas recomendaciones apoyó también el partido de Pablo Casado en la comisión del Pacto de Toledo.

El caso es que el ministro ha defendido, en una entrevista con el diario ARA, un “cambio cultural” para trabajar más entre los 55 y los 75 años, desincentivar la jubilación anticipada y estimular la prolongación de la vida laboral más allá de la edad legal. Ahí es nada. ¡Trabajar hasta los 75! Esa fue la traducción inmediata de sus palabras, que coparon todos los titulares y las tertulias de la mañana. A eso le llaman, en el argot futbolístico, meter un gol en propia meta o, lo que es lo mismo, darle argumentos al contrario.

El Gobierno tuvo que salir raudo a acallar lo que entendió no era más que un “debate filosófico que no está en la agenda del Gobierno” y la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, a pedir “prudencia” a su colega del Consejo de Ministros. Lo mismo hicieron la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, y el portavoz parlamentario, Héctor Gómez, para sofocar el incendio provocado por el ministro de Seguridad Social. El embrollo obligó a Escrivá a escribir en su cuenta de Twitter que sus declaraciones se habían “sacado de contexto” y que en ningún caso había planteado la necesidad de trabajar hasta los 75.

No es la primera ocasión en que el ministro se ve obligado a rectificar sus posiciones o “reflexiones filosóficas” al respecto. Aún resuena en La Moncloa el eco de sus palabras al día siguiente de la firma del pacto suscrito en la mesa de diálogo social sobre pensiones para que los nacidos en la generación del baby boom (entre 1958 y 1977) trabajaran un poco más para no ver afectada su jubilación. En aquella ocasión tuvo que salir el mismo presidente del Gobierno a desautorizar su ocurrencia y él, admitir que no había tenido su mejor día. Eso sí,  igual que en esta ocasión, dijo que el problema fue que se le había entendido mal. Cuando a un responsable público se le entiende siempre mal solo hay dos razones: o que no se sabe expresar o que todo el mundo es imbécil. Y el mundo está lleno de gente que, sin tener la cualificación técnica de Escrivá, entiende perfectamente el significado de las palabras. 

Algo, por tanto, pasa con Escrivá, que no es tampoco el ministro más popular ni entre los agentes sociales ni entre los grupos parlamentarios. El PNV sin ir más lejos le advirtió hace semanas de que le caerían “dardos desde todas las esquinas” si no ordenaba ya el traspaso del ingreso mínimo al Ejecutivo vasco, tal y como se pactó durante la negociación para aprobar el real decreto que puso en marcha la ayuda. Y sindicatos y empresarios le acusan del retraso en la prórroga de los ERTE por dos ausencias consecutivas de su departamento en la mesa de negociación.

El Consejo de Ministros ha vuelto de las vacaciones de agosto con proyecto de ley bajo el brazo. El Ejecutivo ha aprobado este martes su legislación sobre el primer bloque de la reforma de pensiones que acordó con sindicatos y patronal. Se trata de la segunda vez que pasa por el Consejo, como corresponde, tras aprobar el anteproyecto a comienzos de julio. Ahora, el proyecto de ley va rumbo al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria, con el objetivo de que esté aprobado antes de terminar el año tal y como prometió el Gobierno en Bruselas.

“Tras una década de incertidumbre, recuperamos el consenso y el diálogo social en pensiones en el marco del Pacto de Toledo con este proyecto de ley”, ha destacado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez. “A partir de ahora, ningún pensionista tendrá que preocuparse por sus pensiones”, ha destacado Rodríguez por la vuelta a la revalorización según los precios, que mantendrá el poder adquisitivo de los jubilados. “Si el IPC es negativo, las pensiones se mantendrán como el año anterior”, ha añadido.

Las principales medidas de este primer paquete de la reforma podrían dividirse en dos grandes grupos. En primer lugar, la derogación de los aspectos clave de la legislación de pensiones del Gobierno del PP: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25%, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional”, que aún debe negociarse.

En segundo lugar, otro grupo de medidas pretende retrasar la edad efectiva a la que se jubila la población para acercarla a la legal. El Ministerio de la Seguridad Social y los agentes sociales han pactado una serie de incentivos para ello, como dificultar la jubilación forzosa por convenio, intentar retrasar al menos unos meses las jubilaciones anticipadas voluntarias mediante nuevos desincentivos y premiar más económicamente a aquellas personas que decidan trabajar más allá de la edad legal de jubilación, entre otros.

Se refuerzan también los ingresos de la Seguridad Social, con el compromiso de transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado por valor de unos 21.000 millones de euros. Además, el acuerdo de pensiones incluyó algunos compromisos de calado que deberán desarrollarse. Se estableció un plazo de “seis meses” para equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios y recoge también que “en tres meses” todos los becarios, cobren o no por sus prácticas, deben estar cotizando a la Seguridad Social.

Como novedad de la segunda vuelta de aprobación de la norma, el Gobierno ha incorporado que las pensiones de las Clases Pasivas (régimen de funcionarios a extinguir) se revaloricen al igual que el resto y también accedan a los incentivos por demorar la jubilación.

Alcanzar de nuevo el consenso político

El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, se enfrenta ahora a un nuevo reto. Volver a conseguir el consenso político en las Cortes, tras el logrado en noviembre sobre las recomendaciones del Pacto de Toledo, para aprobar definitivamente este primer paquete de medidas. El PP ya dejó ver antes del verano que no lo pondrá fácil, con críticas al acuerdo de pensiones con los agentes sociales, que Pablo Casado llegó a tachar de “gran error”.

La meta del Ejecutivo es que la legislación entre en vigor el 1 de enero de 2022, con algunas medidas de aplicación inmediata, como la revalorización de las pensiones según el IPC, y otras que irán desplegándose poco a poco, como la equiparación de las penalizaciones en la jubilación anticipada de los trabajadores con altos salarios.

Tras el consenso social alcanzado con los sindicatos y patronales, que costó meses, ahora el Gobierno afrontará el debate parlamentario del proyecto de ley con el resto de fuerzas políticas, tras el que el texto puede sufrir algunos cambios y ser “mejorado”, ha recordado la portavoz del Gobierno.

Hay cuestiones poco discutidas, ya que prácticamente se limitaron a llevar al papel recomendaciones expresas del Pacto de Toledo, como la garantía del poder adquisitivo de los pensionistas, pero hay otras más complejas (jubilación anticipada, mecanismo de equidad intergeneracional) que pueden dar lugar a más diferencias entre los partidos. Así quedó patente en la última comparecencia del ministro Escrivá en la comisión del Pacto de Toledo, en la que las fuerzas de la oposición, e incluso los socios de legislatura, advirtieron de varias diferencias con el acuerdo de pensiones.

La ministra Isabel Rodríguez ha confiado en alcanzar de nuevo el acuerdo político. Rodríguez ha recordado como principal valor el acuerdo en “el diálogo social, recuperado tras una década”. “Sreo que debe ser tenido en cuenta por los grupos parlamentarios”, ha destacado.

Se abren también nuevas negociaciones

Queda un importante fleco pendiente por atar en este primer bloque de pensiones: el “mecanismo de equidad intergeneracional”. El Ministerio de la Seguridad Social acordó con los sindicatos y los empresarios negociar este, que sustituirá al factor de sostenibilidad del Gobierno de Rajoy, para que se incluya en la regulación vía enmienda en la tramitación parlamentaria.

El plazo de tiempo para definir este elemento da de margen hasta el 15 de noviembre. De momento no ha comenzado la negociación de este mecanismo, ni hay apenas información sobre los planes del Gobierno al respecto.

El mecanismo estuvo marcado por la polémica al comienzo del verano por unas declaraciones del ministro José Luis Escrivá que apuntaban que podría suponer que los baby boomers tuvieran que elegir entre un “pequeño recorte” en su pensión o trabajar más antes de jubilarse. El responsable de la Seguridad Social rectificó y aseguró que solo se trataba de “reflexiones”.

Los sindicatos UGT y CCOO han destacado este martes que confían en que el Parlamento apruebe en los próximos meses el proyecto de ley y han recordado que ahora hay “tres procesos simultáneos” pendientes: la tramitación parlamentaria, el desarrollo de varios compromisos derivados de este primer pacto y continuar con la negociación del segundo bloque de la reforma de pensiones.

“Queda una segunda fase de negociación que va a ser igualmente importante”, ha destacado la secretaria de Política Institucional y Políticas Territoriales de UGT, Cristina Estévez. Esta segunda etapa “tiene que abordar una mejora de las pensiones mínimas, un incremento de las bases máximas de cotización, establecer mecanismos que nos permitan garantizar la sostenibilidad y suficiencia de nuestro sistema de pensiones, mejorando las mismas, y, por último, un nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, que tenga una definición adecuada y no restrictiva como creemos que es posible”, ha sostenido Carlos Bravo, secretario de Políticas públicas y Protección social de CCOO.

El Gobierno prevé aprobar en el Consejo de Ministros de este martes el proyecto de ley con las primeras medidas para la reforma del sistema público de pensiones, que será remitido al Congreso para iniciar su tramitación parlamentaria. Este primer bloque de cambios, fruto del acuerdo del Gobierno con los sindicatos y los empresarios en el diálogo social, ya fue aprobado como anteproyecto de ley por el Consejo de Ministros a principios de julio y ahora pasa su “segunda vuelta” antes de ser enviado al Parlamento, como exige el procedimiento.

La legislación suprime los aspectos centrales de la reforma de pensiones del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013: el índice de revalorización de las pensiones (IRP), que limitaba su subida anual a un 0,25%, y el llamado factor de sostenibilidad, que será reemplazado por un nuevo mecanismo de “equidad intergeneracional”, que aún debe negociarse. Las pensiones volverán a actualizarse anualmente según los precios, el IPC.

La otra línea fundamental de este primer bloque de medidas de la “reforma Escrivá” se basa en desplegar incentivos para retrasar la edad efectiva a la que se jubila la población, ya sea para retrasar aunque sea un par de meses las jubilaciones anticipadas voluntarias, así como premiando más económicamente a los trabajadores y trabajadoras que opten por seguir en sus puestos más allá de la edad legal de jubilación.

Además, el acuerdo de pensiones incluyó algunos compromisos de calado. Se estableció un plazo de “seis meses” para equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho y los matrimonios y recoge también que “en tres meses” todos los becarios, cobren o no por sus prácticas, deben estar cotizando a la Seguridad Social.

Negociación del mecanismo de equidad intergeneracional

Cuando el Gobierno apruebe en segunda vuelta la reforma de las pensiones, esta pasará a su siguiente fase: la tramitación parlamentaria. La legislación tiene que estar aprobada antes de terminar el año, según el compromiso adquirido por el Ejecutivo en Bruselas dentro del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia. La reforma de pensiones está estructurada en varias fases hasta finales de 2022, según el calendario prometido a la Comisión.

En paralelo a la tramitación parlamentaria, el Ministerio de la Seguridad Social acordó con los sindicatos y los empresarios negociar el “mecanismo de equidad intergeneracional” que sustituirá al factor de sostenibilidad. El plazo de tiempo fijado en el acuerdo social de pensiones da de margen hasta el 15 de noviembre para diseñar esta nueva herramienta, con la intención de incorporarlo al proyecto de ley del primer bloque de cambios mediante una enmienda en el proceso de tramitación parlamentaria.

De momento no ha comenzado la negociación de este mecanismo, que estuvo marcado por la polémica por unas declaraciones del ministro José Luis Escrivá que apuntaban que podría suponer que los baby boomers tuvieran que elegir entre un “pequeño recorte” en su pensión o trabajar más antes de jubilarse. El responsable de la Seguridad Social rectificó y aseguró que solo se trataba de “reflexiones”.

En caso de no alcanzarse un acuerdo en el marco del diálogo social sobre este elemento, el Ejecutivo regulará el mecanismo para que pueda estar definido en el momento de la entrada en vigor de la reforma.

Por su parte, el Pacto de Toledo se prevé que aborde a partir de septiembre el informe que envió el Ministerio de la Seguridad Social sobre la jubilación anticipada en las largas carreras de cotización. El Ministerio que dirige Escrivá se opone a despenalizar el retiro anticipado de los trabajadores con 40 años cotizados, una reclamación de colectivos como Asjubi40.

El primer bloque de la reforma de pensiones está en el horno, en el de la negociación con los agentes sociales, y el ministro responsable de ella ha desvelado esta tarde en qué punto. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha explicado este lunes en el Congreso sus planes para revalorizar las pensiones anualmente en base al IPC, modificar la jubilación anticipada voluntaria (con más penalizaciones en los casos de retiro más temprano y de pensiones más altas y menos en la mayoría de casos) y para aumentar el 'premio' por retrasar el retiro más allá de la edad legal de jubilación. Esta última medida incluye la propuesta de una compensación de pago único de hasta 12.000 euros por cada año que se retrase la jubilación.

José Luis Escrivá ha comparecido esta tarde en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para explicar a los partidos políticos cómo avanza la negociación sobre la reforma de las pensiones en el diálogo social, una reforma que ha comprometido también a Bruselas. El ministro ha subrayado que las medidas desgranadas no son decisiones ya tomadas, sino las propuestas del Gobierno y puntos todavía en discusión en la mesa de diálogo con patronal y sindicatos, con los ha confiado en llegar a un acuerdo pronto.

Este primer bloque de la reforma, dentro del calendario de cambios por fases hasta final de 2022, pretende mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y retrasar la edad efectiva a la que se retira la población (64,6 años) mediante incentivos, para que se acerque más a la edad legal de jubilación, de 66 años en 2021.

Nuevo índice de revalorización

El ministro ha vuelto a expresar que este acuerdo se cerrará “en breve” en el diálogo social. algo que lleva afirmando desde hace bastantes semanas. La intención del Ejecutivo es que la nueva fórmula de revalorización anual de las pensiones, que suceda al IRP del 0,25% de Mariano Rajoy, “sea algo sencillo y fácil de comprender, que esté basado en el IPC y que sea evaluado cada 5 años por el Pacto de Toledo”.

¿Cómo es la fórmula? La propuesta actual pasa por revalorizar las pensiones según el IPC del año anterior, pero –en caso de que haya deflación (IPC negativo)– las pensiones no bajarán y se ajustará esa ganancia de poder adquisitivo en la revalorización de los tres años siguientes. Este ajuste, que restaría esa ganacia de poder adquisitivo en los años próximos, no afectaría a las pensiones mínimas, ha dicho el ministro.

Nuevos desincentivos en la jubilación anticipada

La reforma de la jubilación anticipada voluntaria es más compleja e incluye varias medidas.

Por un lado, el Gobierno quiere desincentivar más la jubilación anticipada de las personas con pensiones más altas, como ya ha anunciado el ministro Escrivá en muchas ocasiones. ¿Cómo? Aplicando los coeficientes reductores en la cuantía de la pensión y no en la base de cotización, como sucede en la actualidad. Así, José Luis Escrivá pretende equiparar en la práctica los porcentajes reductores que afectan a los pensionistas con pensiones más altas con los que se aplican al resto de pensionistas. Esta equiparación, que endurecerá el retiro anticipado de los trabajadores con salarios más altos, la plantea de manera progresiva, para que se culmine en un margen temporal de seis años.

Esta medida, que el ministro considera que acaba con un sistema “inequitativo” y “regresivo”, cuenta de momento con la oposición de los agentes sociales, según fuentes del diálogo social. El motivo es que los trabajadores con salarios más altos ya sufren una reducción de su pensión respecto a lo que han cotizado al estar topada la pensión máxima, por lo que algunas voces entienden que se penalizaría doblemente a este colectivo.

Por otro lado, Escrivá pretende modificar los coeficientes reductores –que serían mensuales y no trimestrales como ahora– para penalizar más los retiros más prematuros. Es decir, el Gobierno propone aumentar las penalizaciones los dos primeros meses en los que una persona se pueden retirar de manera anticipada (dos años antes de la edad legal de jubilación y dos años menos un mes antes) y, por el contrario, reducir los coeficientes penalizadores a partir de entonces. ¿El objetivo? Limitar los retiros anticipados al menos unos meses, explican en la Seguridad Social, que aunque parezca muy poco, de manera agregada el Gobierno sí prevé que tenga importantes efectos.

Además, el nuevo esquema de incentivos se endurecería también en los últimos meses en los que un trabajador puede retirarse de manera anticipada, en concreto en los últimos tres meses anteriores a cumplir la edad legal de jubilación, con el objetivo de que el trabajador o trabajadora aguante hasta alcanzar la edad legal y no se retire de forma anticipada.

Hay que recordar que el esquema de coeficientes reductores varía en función del periodo cotizado por los trabajadores, de manera que se penaliza algo menos a los que más han contribuido al sistema con carreras laborales más largas. Un ejemplo práctico: el coeficiente reductor planteado por adelantar la pensión dos años sería del 21% en los casos de carreras de menos de 38 años y 6 meses cotizados, del 19% cuando las carreras sean de más de 38 años y 6 meses cotizados y menos de 41 años y 6 meses, del 17% en caso de carreras de más de 41 años y 6 meses cotizados y menos de 44 años y 6 meses, y por último del 13% para las personas con carreras de más de 44 años y medio cotizados.

Premiar más el retiro demorado

El ministro también ha explicado su intención de aumentar los incentivos al retraso voluntario de la jubilación más allá de la edad legal para hacerlo, de 66 años este 2021. Se trata de premiar más la que se conoce como jubilación demorada. Para ello, el Gobierno plantea varias opciones elegibles por el ciudadano, que en todo caso aumentan los incentivos actuales:

1) Un incremento porcentual de la cuantía de la pensión de un 4% por año de demora, frente al modelo actual que tiene incentivos entre un 2% y el 4%.

2) Recibir una cantidad única en el momento de la jubilación en lugar del aumento porcentual de la pensión. La cantidad propuesta por el Gobierno es de hasta 12.060,12 euros por año de retraso, que podrían recibir las personas con derecho a la pensión máxima y con una larga carrera de cotización (más de 44 años y medio). Esa cantidad a tanto alzado varía según lo cotizado por el trabajador. La cuantía mínima de este 'premio' único sería de 4.786,27 euros por año de retraso, en el caso de las pensiones más bajas y con carreras laborales inferiores.

3) Una combinación de la cantidad a tanto alzado en el momento de la jubilación más el incremento mensual de la pensión, que el ministro no ha concretado en cuantías.

Limitar la jubilación parcial

El Ejecutivo pretende también revisar la jubilación parcial, que permite reducir la jornada (y el salario) mientras se compatibiliza con parte de la pensión. Escrivá ha explicado que el Gobierno pretendía impedir la posibilidad de concentración de jornada, para evitar que la jubilación parcial se utilice como mecanismo de jubilación anticipada “encubierto”. Sin embargo, fruto del diálogo social ya ha flexibilizado este plantemiento y ahora propone que se permite la concentración de jornada “hasta 60%” en el primer año y que se está valorando “una posible acumulación completa al inicio de la jubilación parcial en aquellas actividades que impliquen situaciones peligrosas o comprometan la seguridad de terceros”.

Prohibir la jubilación forzosa

José Luis Escrivá ha defendido también la intención de prohibir la jubilación forzosa, por la que los convenios colectivos establecen cláusulas que posibilitan la extinción del contrato del trabajador por parte del empresario cuando cumple la edad legal de jubilación (y tiene acceso al 100% de su pensión). El ministro de la Seguridad Social ha subrayado que España es “una excepción en Europa” en este sentido y ha recordado que la OCDE llama a restringir “la jubilación obligatoria por parte de los empleadores”.

Escrivá ha apuntado que, fruto del diálogo social, la posición del Ejecutivo también se ha flexibilizado, con la nueva propuesta de prohibir de estas cláusulas de jubilación forzosa a edades “inferiores a los 68 años”. Además, ha afirmado que se valorarán políticas activas para incentivar la permanencia de los trabajadores de mayor edad en el mercado laboral y el establecimiento de un período transitorio “de un año” tras la finalización de los convenios que actualmente tienen estas cláusulas en vigor.

Nueva cotización de los autónomos

El último elemento de este primer bloque, ha añadido el ministro, es la reforma de cotización de los autónomos para que pase del actual sistema elegible a un sistema de cotización en función a sus ingresos reales. El ministro ha comunicado que se ha creado una mesa ampliada de negociación con los agentes sociales y las asociaciones más representativas de los autónomos (ATA, UATAE y UPTA) para abordar esta cuestión, que se concreta en situaciones “muy heterogéneas” entre los autónomos.

Escrivá ha afirmado que la intención es aprobar “una reforma gradual a partir de enero de 2022, con un periodo transitorio que está por determinar” de aplicación del nuevo sistema de cotización, que tendrá en cuenta tramos de ingresos. Por el momento, la propuesta del Ejecutivo es de 13 tramos de ingresos, que adaptan la contribución a la Seguridad Social a las ganancias de los trabajadores, como recomendó el Pacto de Toledo.

La previsión del Gobierno es que los trabajadores autónomos elijan provisionalmente su base de cotización en función de las previsiones de rendimientos, con la posibilidad de modificar su elección varias veces a lo largo del año.

La reforma de la jubilación anticipada para despenalizar aquellos casos de trabajadores con largas carreras laborales no llegará este año. Al menos, ese es el plan del ministro responsable de la reforma de pensiones, José Luis Escrivá. “Es algo que en nuestro calendario de trabajo está pensado más para el paquete de medidas de carreras profesionales y del periodo de cómputo, más pensando en el año que viene”, ha respondido esta semana el responsable de la Seguridad Social a preguntas de elDiario.es.

Es uno de los debates abiertos dentro de la reforma de pensiones que prepara el Gobierno, en fase de negociación con los sindicatos y los empresarios y que Escrivá espera aprobar por bloques hasta finales de 2022. El próximo paso que pretende dar el Ejecutivo es aprobar el nuevo índice de revalorización de las pensiones, que sustituya a la fórmula del 0,25% del Gobierno de Rajoy, junto con el fomento de la jubilación demorada (más allá de la edad legal de retiro) y el endurecimiento de la jubilación anticipada. Su hoja de ruta sitúa la aprobación de estas medidas en el último trimestre de este 2021.

Aunque es una materia que todavía está en fase de negociación, José Luis Escrivá ha expresado públicamente su intención de endurecer la jubilación anticipada voluntaria para penalizar más a los trabajadores de mayores salarios. El ministro considera que el actual sistema de coeficientes reductores es “regresivo”, por lo que planea una reforma que reduzca en mayor proporción las pensiones más altas cuando sus beneficiarios decidan retirarse antes de la edad legal.

En este rediseño inicial de la jubilación anticipada, Escrivá no planea incluir todavía la revisión de las penalizaciones en los casos de trabajadores con carreras laborales muy largas a sus espaldas, de 40 y más años. “No es el centro en estos momentos. Por cómo hemos organizado el trabajo, este tema lo hemos pospuesto, para analizar más información”, ha argumentado el ministro esta semana.

El calendario del Gobierno sitúa así este asunto para la última fase de la reforma de pensiones, en el último trimestre de 2022, según la hoja de ruta presentada por el ministro en el Senado. Así lo ha encuadrado el ministro, que ha sostenido que se incluirá en “el paquete de medidas de carreras profesionales y periodo de cómputo”, que es el de cierre.

Se enviará el estudio “en breve” al Pacto de Toledo

La revisión de las penalizaciones de la jubilación anticipada en aquellos casos de personas con carreras de cotización muy prolongadas es un deber pendiente. Desde hace años, los distintos grupos políticos coinciden en que hay situaciones “injustas” por las que trabajadores que han contribuido durante muchísimos años al sistema de la Seguridad Social, bastantes más que la media, ven reducidas sus pensiones como el resto cuando se jubilan unos años antes de la edad legal. A veces, la jubilación anticipada no es ni voluntaria propiamente dicha, sino vinculada a la expulsión del mercado laboral a edades avanzadas, como ocurrió especialmente en la pasada crisis económica.

Aunque los partidos políticos suscriben la necesidad de reformar este aspecto, no hay una propuesta concreta al respecto en las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo. Eso sí, la comisión parlamentaria emplazó al Gobierno en la recomendación 12 a que analizara “los costes financieros y la equidad” de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada, “poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma —voluntaria o forzada por las circunstancias—, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación” y que en “el plazo máximo de 3 meses” presentara “una respuesta” a este tema ante la Comisión a partir de este análisis.

El plazo expiró el pasado febrero, sin que el Ejecutivo haya presentado aún el informe. Así lo entienden fuentes del Pacto de Toledo y del diálogo social, al igual que colectivos como ASJUBI40, que urgen al Gobierno a entregar ya el estudio y su propuesta. ASJUBI40 es una de las asociaciones de afectados más destacadas, que defiende la supresión de los coeficientes reductores a las personas con 40 años o más cotizados una vez estas alcancen la edad legal de jubilación.

Desde la Seguridad Social consideran en cambio que están aún “en plazo” para entregar la documentación al Pacto de Toledo, como explicó esta semana el secretario de Estado de Seguridad Social, Israel Arroyo. En el Ministerio interpretan que el periodo de tres meses comienza a correr una vez concluya su análisis de la situación. “El estudio se está realizando, estamos en plazo. No querría avanzar nada, hasta que el Pacto de Toledo no lo conozca”, apuntó Arroyo, que calcula que será presentado “en breve” ante la comisión parlamentaria.

La reforma de las pensiones del Gobierno de coalición está en el horno del diálogo social, con la negociación abierta entre el ministerio que dirige José Luis Escrivá, los sindicatos y los empresarios. En paralelo, todavía sigue vivo el Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, donde esperan aún el estudio que la Seguridad Social tiene que presentar sobre la jubilación anticipada y sus efectos para las personas con largas carreras de cotización. La comisión parlamentaria dio tres meses al Ejecutivo para dar “una respuesta” a este tema, pero el plazo se cumplió en febrero y el Gobierno aún no la ha presentado.

El objetivo del estudio es resolver lo que el propio ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, los sindicatos y todos los grupos políticos del Pacto de Toledo han considerado “un problema” o “una situación intrínsecamente injusta”, en palabras de Escrivá. Se trata de las penalizaciones de la jubilación anticipada en los casos de personas que con carreras laborales especialmente largas, más frecuentes en el pasado, con 40 o más años de cotización.

Con la pasada crisis económica, muchas personas de avanzada edad fueron expulsadas del mercado laboral y acabaron jubilándose de manera anticipada. Sus pensiones quedaron penalizadas, fruto de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada, pese a que en muchos casos acumularon larguísimas carreras de cotización y habían contribuido durante muchos años a la Seguridad Social.

En asociaciones como ASJUBI40 reclaman que se eliminen las penalizaciones en aquellos casos en que la persona haya cotizado 40 o más años. Desde el colectivo insisten en que es “una injusticia” que se debe resolver lo antes posible, especialmente ahora que el Gobierno se propone endurecer la jubilación anticipada. “No es justo que se penalice a gente que ha cotizado 40, 45 o 47 años, como es mi caso. A los que más hemos aportado, porque nos hayamos jubilado unos años antes”, destaca Santiago Menchero, portavoz de ASJUBI40.

La asociación propone que los coeficientes reductores solo se apliquen en los años previos a la edad legal de jubilación, pero que a partir de entonces los jubilados con estas largas carreras laborales perciban el 100% de su pensión. En ASJUBI40 recuerdan que este problema se está demorando desde hace años mientras que todos los partidos aseguran estar a favor de acordar una solución al respecto. “También lo dicen las Comunidades Autónomas, pero luego el Gobierno no las aprueba”, critica Menchero.

El Gobierno considera que aún está en plazo

El Pacto de Toledo aprobó tras casi cinco años de reuniones sus 22 recomendaciones para reformar el sistema público de pensiones, que fueron respaldadas por una amplísima mayoría en el Pleno del Congreso el pasado 19 de noviembre. En la recomendación número 12, sobre la edad de jubilación, la comisión parlamentaria incluyó una tarea para el Gobierno: que analizara “los costes financieros y la equidad” de los coeficientes reductores que se aplican en la jubilación anticipada, “poniendo especial atención en la forma de acceso a la misma —voluntaria o forzada por las circunstancias—, los supuestos de carreras de cotización prolongadas y el sector de actividad en que se produzca la jubilación” y que en “el plazo máximo de 3 meses” presentara “una respuesta” a este tema ante la Comisión a partir de este análisis.

Fuentes del Pacto de Toledo indican a elDiario.es que aún no tienen noticia del informe ni de la solución que propone el Ministerio al respecto. La mesa de portavoces de la comisión se reunió la semana pasada y varios grupos reclamaron la comparecencia del ministro, que se espera para el próximo 12 de abril.

En el Ministerio que dirige José Luis Escrivá explican a este medio que están trabajando en ello y recuerdan que “es un tema complejo, que lleva su tiempo”. En cualquier caso, en la Seguridad Social consideran que aún están en plazo para responder al Pacto de Toledo, ya que aseguran que los tres meses no comienzan desde la aprobación de las 22 recomendaciones, sino desde que el Gobierno concluya su análisis de la situación. No es lo que afirmó el ministro cuando la comisión cerró sus conclusiones. “En tres meses tendremos una respuesta”, respondió Escrivá en esta entrevista con elDiario.es.

UGT urge al Ejecutivo a presentar ya una solución

El sindicato UGT también considera que el Gobierno ha excedido el plazo para dar una respuesta a esta cuestión. La Secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social de UGT, Mari Carmen Barrera, registró a comienzos de febrero varios escritos en el Congreso de los Diputados junto con ASJUBI40 y otros colectivos para que la presidenta del Pacto de Toledo, Madgalena Valerio, urgiera al Ejecutivo a que presentase su propuesta.

“Es necesario realizar una reforma legislativa que incorpore a la Ley General de la Seguridad Social una solución justa que repare la injusticia que vienen sufriendo los jubilados anticipados (pasados y presentes), procedentes de ERE, despidos y ceses colectivos no por voluntad ni libre demanda de los afectados, sino originados a iniciativa de las empresas”, reclamó el sindicato. “Hay que tener en cuenta que  el 81% de estas personas que se se prejubilan proceden del desempleo, por lo que ven recortada su pensión hasta el 40%”, añade UGT.

Santiago Menchero espera que el ministro Escrivá dé una respuesta pronto a este colectivo, tanto a los que ya se han jubilado como los que lo van a hacer en el futuro. A este segundo grupo le preocupan especialmente los planes del Ministerio para endurecer más el retiro anticipado, que espera aprobar en el último trimestre de 2021. “El ministro menciona este tema de penalizar más la jubilación anticipada en entrevistas y en sus intervenciones, pero no dice si va a afectar a la gente con menos años cotizados, a todos o a quién”, lamenta el portavoz de ASJUBI40.

El Congreso convalida, por los pelos, el decreto que regula el nuevo complemento de maternidad de las pensiones. Lo hace con escasa ventaja de votos y tras un debate parlamentario cargado de reproches al Gobierno. Críticas por la nueva fórmula de complemento, que muchos grupos atacan por “recortar” el plus de maternidad a las madres con más hijos y pensiones más altas, aunque beneficia a las de menores rentas, pero sobre todo por haber aprobado la medida mediante un real decreto-ley, solo tras negociar con los agentes sociales pero sin debate político y sin analizarla en la comisión del Pacto de Toledo.

Finalmente, el Pleno de la Cámara Baja ha dado luz verde al decreto por 168 votos a favor al decreto, que también recoge modificaciones para ampliar el acceso al ingreso mínimo vital entre otras medidas. La norma se tramitará como proyecto de ley, para que los grupos políticos puedan incluir modificaciones. En concreto, el balance final de votos ha sido 168 a favor, 164 votos en contra (entre los que se encuetran PP, Vox, PNV y Cuidadanos, entre los mayores partidos) y 16 abstenciones, ha enumerado la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet.

La mañana comenzaba con muchas dudas en el propio Ministerio de la Seguridad Social de que saliera adelante la primera de las reformas del sistema de pensiones que aprueba el Gobierno de coalición, lo que habría sido un importante golpe para José Luis Escrivá. El ministro llevó al Consejo de Ministros a comienzos de febrero este primer cambio para modificar el anterior complemento (del PP), que había sido invalidado por la justicia europea por ser discriminatorio con los hombres.

El Gobierno aprobó a través de un real decreto-ley un complemento fijo de 378 euros anuales por hijo y, además, se incluyeron en la norma cambios en el ingreso mínimo vital, se reconoció la COVID-19 como enfermedad profesional para el personal sanitario y sociosanitario, y se regula el acceso a la prestación de cese de actividad a los autónomos que tributan por módulos.

Reproches ante la falta de diálogo

Esta manera de legislar, a través de la vía urgente del real decreto ley –y por lo tanto sin acudir al debate parlamentario ordinario– ha sido el principal foco de críticas al Ejecutivo por parte de la mayoría de la oposición. “Este no es el camino”, ha criticado el diputado del PP Tomás Cabezón al defender el voto negativo del PP, que ha afeado al ministro que no negociara el nuevo complemento de maternidad de las pensiones con el resto de grupos parlamentarios y que no lo haya llevado a la Comisión del Pacto de Toledo para ser analizado.

El diputado del PP ha recordado que el Pacto de Toledo dio un “marco” de recomendaciones al Ejecutivo para acometer la reforma de las pensiones, pero “hay muchas formas de proceder en ese marco”, ha afirmado y ha criticado que el ministro “haga y deshaga a sus anchas”. De continuar con esta estrategia, ha insistido Tomás Cabezón, “se encontrará con algún susto” en la tramitación parlamentaria de la futura reforma de pensiones.

La misma advertencia lanzaban también al ministro desde grupos parlamentarios que sí apoyan habitualmente los decretos que está aprobando el Gobierno, como PNV (que ha votado no este miércoles), Junts per Catalunya (que votó sí) y ERC (que se abstuvo). El reproche general ha incidido en la necesidad de que el Ejecutivo someta a un mayor diálogo político –no solo social– las medidas sobre pensiones que pretenda aprobar a partir de ahora y, además, que no utilice los reales decretos ley como “rodillo” para aprobar medidas de temáticas muy diferentes.

Con estos macrodecretos, la oposición ha advertido de que se encuentra continuamente ante el “dilema moral” de tener que apoyar medidas que no comparten para que salgan adelante otras que consideran necesarias, en palabras de Jordi Salvador, diputado de ERC. “Se amparan en el real decreto ley para aplicar el rodillo en cuestiones que requieren debate sosegado y amplio. Estamos cansados de ir a toda prisa”, ha recriminado la diputada de Ciudadanos Sara Giménez.

Críticas al “recorte” para las familias numerosas

El propio complemento, la nueva fórmula diseñada por el Gobierno para combatir la brecha de género en las pensiones, también ha sido foco de críticas por varios partidos de la oposición. En concreto, porque perjudica en la cuantía que recibirán las mujeres de pensiones más altas y aquellas que tienen más hijos, respecto al anterior complemento. Al contrario, el nuevo diseño beneficia a las mujeres con pensiones más bajas y también a un colectivo que anteriormente no se beneficiaba del complemento: las madres que solo tienen un hijo y los hombres (en algunos casos).

José Luis Escrivá ha defendido en el Congreso la fórmula aprobada (de una cuantía fija, en lugar de aplicar un porcentaje de aumento en la pensión), que ha recordado que ha sido debatida con los sindicatos y empresarios. Según la estimación de la Seguridad Social, el balance general será beneficioso para la mayoría de pensionistas: “Tres de cada cuatro tendrán un complemento mayor que con el anterior” modelo, ha asegurado Escrivá.

El ministro ha destacado su carácter “redistributivo”, al beneficiar más a las mujeres con rentas más bajas, lo que en su opinión es “más justo”, algo en lo que han coincidido desde grupos parlamentarios como Unidas Podemos y la CUP, entre otros. José Luis Escrivá ha recordado que el acceso al complemento a las familias con un solo hijo, beneficiará a unas “30.000 mujeres al año”, que antes no podían percibirlo porque se exigía tener al menos dos hijos.

Sin embargo, este modelo no convence a algunos grupos, que consideran que se ataca el carácter contributivo del sistema de pensiones al penalizar a las madres con pensiones más altas, que son también las que más han contribuido con sus cotizaciones sociales a lo largo de su vida laboral. Desde el PP han destacado además que la medida se salda con “recortes” no solo sobre las pensiones muy altas, sino también sobre algunas pensiones medias de familias con más hijos. Por ejemplo, el diputado Tomás Cabezón ha sostenido que supondrá una merma de unos “400 euros anuales” en la prestación de mujeres con pensiones de unos 1.100 euros mensuales y tres hijos.

En Ciudadanos, Sara Giménez ha explicado que su partido ve con buenos ojos la ampliación del complemento a las familias con un solo hijo, pero se ha opuesto frontalmente a que el nuevo diseño suponga cualquier tipo de recorte. “Las mujeres que se esfuerzan y tienen más de dos hijos en ningún caso se tienen que ver penalizadas, ampliemos la partida presupuestaria”, ha emplazado la diputada. Dado que la regulación se tramitará como proyecto de ley, los grupos políticos han destacado la oportunidad de analizar posibles cambios en el nuevo complemento de las pensiones, junto al resto de medidas del decreto, como los cambios en el ingreso mínimo vital.

“¿25 o 35 años? ¡Qué no! ¡Qué nooo!”. El ministro José Luis Escrivá ha vuelto a referirse –a su pesar– a la polémica sobre la ampliación del periodo de cómputo de las pensiones a los 35 años, que analizó el Gobierno, pero que finalmente no fue enviada a Bruselas. Esta vez ha sido en el Congreso de los Diputados, ante el resto de partidos políticos, ya que varias formaciones le pedían explicaciones por este tema. El responsable de la Seguridad Social ha tachado el debate de “ruido” y “especulación”, pese a que llegó a estar plasmada en borradores del Ejecutivo y ha sido comentada públicamente por el propio vicepresidente Pablo Iglesias. Escrivá ha pedido a todos los grupos políticos “pasar página” y no caer a la “lucha partidista” en las pensiones, como en su opinión ha ocurrido en estas semanas.

El ministro ha comparecido esta tarde en la Comisión parlamentaria de Empleo y Seguridad Social, donde ha recibido numerosas preguntas sobre si el Gobierno está barajando la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones hasta los 35 años. José Luis Escrivá ha defendido en la Cámara Baja su discurso de los últimos días: que esa medida no ha sido defendida por él en ningún momento y que se ha intentado manipular el relato –en referencia velada a sus socios de Gobierno de Unidas Podemos– al dar peso a “trabajos intermedios” como si fueran propuestas reales.

Sus explicaciones contrastan con la documentación publicada por elDiario.es, que da cuenta de que la propuesta para ampliar el periodo de cómputo de las pensiones a los 35 años estaba presente hasta el último momento en borradores de la 'ficha' sobre pensiones que el Ejecutivo preparaba para enviar a Bruselas. Esta finalmente incluye nueve reformas en materia de pensiones, en la que se aborda la posible ampliación del periodo de cómputo aunque sin precisar un margen temporal.

Escrivá ha pedido a los grupos políticos que solo se centren en las medidas sobre pensiones que presente y comunique él mismo, que va trasladando cuando están avanzadas, y no en “ruido” ni “especulaciones”, en referencia a la polémica propuesta, que han comentado (y rechazado) públicamente tanto miembros del Gobierno de Unidas Podemos, como Pablo Iglesias, y la propia formación política.

El ministro ha sostenido que lo ocurrido “en las últimas semanas”, de debate público de esta medida, ha supuesto caer de nuevo en “la lucha partidista” y ha pedido a todos los partidos volver al “consenso” y la “tranquilidad” del Pacto de Toledo. “No generemos esto a la primera de cambio”, ha criticado el ministro, que ha insistido en que los pensionistas “no merecen” que se vuelva a hacer política con las pensiones.

Distancia con Unidas Podemos

La comparecencia ha dejado constancia de las diferencias de José Luis Escrivá con Unidas Podemos, partido de la coalición de Gobierno, en el debate sobre las pensiones públicas. Más allá de las críticas ya mencionadas al “ruido” sobre el tema de los 35 años y la “incertidumbre” generada en estas semanas, en clara alusión a sus socios en el Ejecutivo, el ministro ha rechazado prácticamente de pleno la intervención de la diputada 'morada' Isabel Franco.

Franco ha asegurado que en Unidas Podemos estaban “muy preocupadas” por las noticias de que su ministerio barajaba ampliar el periodo de cómputo de las pensiones a los 35 años, pero que recibían con “alivio” saber que nunca había barajado esta posibilidad. La diputada ha advertido al ministro que esta medida supondría sobrepasar una “línea roja” para la formación y la coalición de Gobierno, “no recortar el sistema público de pensiones”. En su opinión, la medida podría incluso ganarse “una huelga general” por parte de los sindicatos, ha afirmado.

El ministro ha pedido que “dejen trabajan a los agentes sociales” y ha asegurado que estos no tienen ningún problema con la negociación sobre pensiones que se debate en la mesa de diálogo social. “No traigamos estos elementos a colación, por favor. De verdad. Me produce tristeza”, ha respondido el ministro.

“El planteamiento que ha hecho responde a un enfoque sobre qué hay detrás de las recomendaciones, de lo que hemos acordado entre todos, que no se corresponde con lo que he explicado ni a la realidad que nos tenemos que enfrentar. Son otras realidades, siento decírselo así”, ha dirigido Escrivá directamente a la diputada de Unidas Podemos, Isabel Franco.

Desde el resto de grupos, destaca la insistencia del PP en que una ampliación del periodo de cálculo a los 35 años no estaría dentro de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que pusieron de acuerdo a la amplia mayoría del Congreso acerca de 22 recomendaciones para el futuro del sistema público de pensiones. Tampoco lo está, ha insistido el diputado del PP Tomás Cabezón, la creación de un mecanismo de “equidad intergeneracional”, que el Gobierno pretende que sustituya al factor de sostenibilidad del PP.

Escrivá ha defendido que el componente de pensiones enviado a Bruselas es “coherente” con el Pacto de Toledo. Este componente o ficha aborda la ampliación de este periodo de cómputo (sin cifra concreta), así como la posibilidad de exceptuar algunos años menos favorables para el trabajador y la adaptación a carreras laborales más inestables, lo que en su opinión cumple la recomendación de hacer más contributivo el sistema, entre otras.

Nueve reformas del sistema público de pensiones. Es lo que ha comunicado el Gobierno a Bruselas dentro de la 'ficha' sobre la reforma de pensiones relacionada con el Plan de Recuperación europeo por la pandemia, por el que España dispondrá de 72.000 millones de euros en los próximos tres años. La noticia ayer fue que el Ejecutivo no incluyó finalmente la ampliación del periodo de cómputo de la pensión a los 35 años, como figuraba en borradores previos, lo que había recabado el rechazo frontal de Unidas Podemos y de los sindicatos. El paquete de reformas finalmente trasladado a la Comisión incluye no obstante abordar la ampliación de este periodo de cómputo, con la posibilidad de excluir algunos años por parte del trabajadores, así como la revalorización de las pensiones según el IPC y otras medidas menos conocidas, como un nuevo factor de “equidad intergeneracional”.

El Gobierno sitúa un gran objetivo de su futura reforma de pensiones: preservar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones, preservando el poder adquisitivo de los pensionistas de manera que el sistema cumpla su función de proteger ante la pobreza y a la vez garantice la “equidad intergeneracional”. Es decir, que se guarde un equilibrio entre los pensionistas actuales y los jóvenes que lo serán en un futuro. 

El mensaje que traslada el España a Bruselas es de confianza en el sistema público de pensiones. El Ejecutivo indica que el gasto en pensiones, que aumentará sobre todo por el retiro de la generación del ‘baby boom’, es manejable con los cambios adecuados, que negociará con los agentes sociales una vez alcanzado el acuerdo político en las recomendaciones del Pacto de Toledo. Estos ajustes, que el ministro Escrivá pretende aprobar en dos fases a lo largo del año para que estén en vigor en 2022, son los siguientes. 

1) Sacar “gastos impropios” de la Seguridad Social

Es lo que se conoce también como la “separación de fuentes de financiación”, para que la Seguridad Social no asuma gastos no contributivos y permita acabar con el déficit que actualmente tiene. “La reforma consiste en la asunción por el Estado de partidas de gasto que en la actualidad son sufragadas a través de cotizaciones sociales limitando la capacidad del sistema de afrontar el volumen del gasto en pensiones”, recoge un documento sobre la reforma remitida a Bruselas al que ha tenido acceso elDiario.es. 

El traspaso de los llamados “gastos impropios” de la Seguridad Social ya ha sido iniciado en los Presupuestos Generales del Estado de 2021, de un total de 14.000 millones de euros, que se pretende completar en 2023, cuando se espera que se hayan trasladado 20.000 millones de euros. El Gobierno considera “clave” esta separación de fuentes para “rectificar la imagen distorsionada de desequilibrio del sistema percibida por los ciudadanos” y para “afrontar en buenas condiciones los desafíos de largo plazo” del sistema. 

2) Mantener el poder adquisitivo de las pensiones

Se comunica la derogación del índice de revalorización de pensiones aprobado en 2013 por el Gobierno de Rajoy, que provocaba las subidas anuales del 0,25%. El Gobierno recuerda que de mantenerse esta fórmula se estima una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas del 37% “acumulado en el tiempo de vida del pensionista”, lo que considera “un alarmante empobrecimiento” y advierte de que ningún país tiene un modelo similar. 

Así, el Ejecutivo opta por un nuevo mecanismo de revalorización que permita garantizar el poder adquisitivo  de las pensiones “mediante una fórmula que la vincula con el IPC y que simultáneamente evite la necesidad de reducciones nominales en el eventual caso de que se produjeran ganancias puntuales de poder adquisitivo, por inflación negativa, por ejemplo”. Esta fórmula está siendo objeto de negociación con los sindicatos y las patronales y el ministro Escrivá ha confiado en poder llegar a un acuerdo “en las próximas semanas”. 

3)  Acercar la edad efectiva de jubilación a la legal 

El Ejecutivo quiere conseguir que la edad a la que se retiran los ciudadanos (ahora de 64,6 años) se aproxime más a la edad legal de jubilación (66 años en 2021). Para ello, propone dos vías de actuación, que ya negocia el Ministerio de la Seguridad con los agentes sociales. Por un lado, “realizar cambios en el sistema de coeficientes reductores de la jubilación anticipada para eliminar distorsiones, incluyendo su carácter regresivo, y racionalizar el recurso a esta modalidad”. Es decir, endurecer la jubilación anticipada voluntaria, sobre todo a las pensiones más altas. 

En segundo lugar, “modificar la configuración de los incentivos de demora de la jubilación” para que sean más atractivos y utilizados. Escrivá apuesta por ampliar el beneficio por cada año que un ciudadano decida retrasar su retiro más allá de la edad legal para jubilarse. “Además, se establecerán beneficios para las empresas que mantengan a estos trabajadores mayores y se fomentará su capacitación permanente para mejorar su empleabilidad”, recoge el documento del paquete de medidas remitido a la Comisión. 

4) “Adecuar” las carreras de cotización

Es la reforma que insiste en la ampliación del periodo de años para calcular la pensión. El Gobierno retiró de su propuesta la mención expresa a la extensión a los 35 años, como estaba presente en borradores previos, como ha podido comprobar este medio. Pero insiste en abordar esta ampliación para hacer más contributivo el sistema. 

“Como tercera de las medidas que integran el bloque que tiene por objeto profundizar en la reforma de 2011, se planea ampliar y adecuar a la realidad actual de las carreras profesionales el periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión contemplando la posibilidad de elección de los años a integrar en la base reguladora por encima de los actuales de manera progresiva”, recoge el documento, que también plantea “una revisión del procedimiento de integración de lagunas en la carrera profesional”. 

La medida “pretende aumentar la progresividad y el carácter contributivo del sistema haciendo que la pensión de jubilación refleje en mayor medida la vida laboral de los trabajadores y reflejando la realidad de un mercado laboral en el que las interrupciones y las lagunas son cada vez menos excepcionales”, continúa el texto. 

La ampliación de los años que se tienen en cuenta para el cálculo de la pensión en general se estima que reduzcan de media la cuantía de las futuras pensiones, pero en ocasiones (y sobre todo si se permite exceptuar algunos años del cómputo) puede suponer mejoras en la pensión futura. Por ejemplo, a los trabajadores que se quedan en desempleo al final de su vida laboral y se ven muy penalizados en el cobro de la jubilación actualmente, como destaca el documento. 

“Esta reforma iría en paralelo con una revisión del procedimiento actual de integración de lagunas de cotización, que es inadecuado para las carreras más intermitentes, especialmente asociadas a la temporalidad”, añade el texto. 

5) Sustituir el factor de sostenibilidad por otro de “equidad intergeneracional” 

El Gobierno de coalición cumple con su compromiso de derogar el factor de sostenibilidad de la reforma unilateral de pensiones del PP de 2013 y retoma el reto de la reforma de 2011, pactada con los agentes sociales, que llamaba a explorar algún tipo de mecanismo que tuviera en cuenta la evolución de la esperanza de vida. 

Como adelantó Escrivá este fin de semana, el documento remitido a Bruselas apuesta por “un nuevo mecanismo que persiga la preservación de la equidad intergeneracional”, por el que “los parámetros fundamentales del sistema será objeto de revisión periódica en función de la evolución de la demografía y del equilibrio entre la población ocupada y la población pensionista”. 

Así, se tendrá en cuenta la evolución de la esperanza de vida, pero también otros “indicadores complementarios” que “liberen a las generaciones más jóvenes de un ajuste provocado por la llegada a la edad de jubilación” de los ‘baby boomers’. Escrivá confía en poder llevar al Parlamento este nuevo elemento, tras negociarlo con los agentes sociales, en el segundo semestre del año. 

6) Cotización de los autónomos por sus ingresos reales 

La implantación gradual de un nuevo sistema de cotización para los autónomos “basado en los rendimientos por la actividad económica desempeñada”, como ha recomendado el Pacto de Toledo. El Gobierno pretende “corregir la distorsión generada por la facultad de elección de la base de cotización” actual de los autónomos, por la que el 85% del colectivo cotiza por la base mínima y “que supone una merma de recursos para el sistema y un nivel bajo de acción protectora para los autónomos”. 

El Ejecutivo apunta que la reforma se pondrá en marcha “de forma gradual”. El Ministerio de la Seguridad Social ya mandó a los autónomos una primera propuesta al respecto en octubre, que dejaba a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior y suponía un aumento para los de mayores ingresos. Por el momento, su propuesta no afectada a los autónomos societarios. El ministro Escrivá respondió ayer que confía en que la reforma pueda estar vigente en 2022, aunque sea para un primer colectivo de autónomos. 

7) Modificación del complemento de maternidad 

Reconfigurar el actual complemento de maternidad de las pensiones aprobado por el Gobierno de Rajoy en 2016, que ha sido invalidado por el Tribunal de Justicia de la UE por resultar discriminatorio para los hombres. El Gobierno pretende que el nuevo complemento compense el coste del cuidado de los hijos por parte de los progenitores, sea cual sea su sexo, aunque ya se sabe que beneficiará sobre todo a las mujeres que son las que a día de hoy interrumpen más sus carreras laborales por este motivo. 

“El nuevo complemento parte del análisis de las trayectorias de cotización para identificar cuál de los dos progenitores se vio más perjudicado en su carrera contributiva por el nacimiento de cada uno de los hijos, previéndose que en caso de no existir un progenitor particularmente perjudicado se reconozca el complemento a la madre”, recoge el documento. 

8) Impulso de los sistemas complementarios de pensiones 

Se pretende revisar los sistemas complementarios de pensiones para “impulsar los planes de pensiones de empleo en el ámbito de la negociación colectiva, preferentemente el sectorial”. El Gobierno ya ha comenzado a hacerlo en los Presupuestos de 2021, así como reducir las ventajas fiscales de los planes individuales de pensiones, que también se notifica a Bruselas. 

“Se prevé la aprobación de un nuevo marco jurídico que impulse la promoción de los planes de pensiones de empleo mediante la creación de un fondo de promoción pública de libre adscripción que permita dar cobertura a colectivos de trabajadores sin planes de empleo en sus empresarios o autónomos, o integrar planes de empleo que así lo decidan”, plasma el texto. 

9) “Adecuar” la base máxima de cotización

El Ejecutivo recuerda el aumento, nacional e internacional, de la desigualdad, “que incluso se traduce en diferencias en esperanza de vida”. Esa desigualdad se ha plasmado también en los salarios en las últimas décadas, con un aumento de los sueldos más altos, que requiere de una “adecuación gradual de las bases de cotización máximas”. Es decir, su incremento para que los salarios más elevados contribuyan más a la Seguridad Social. En la actualidad, la base máxima de cotización está situada en los 4.070,10 euros. 

El Gobierno indica a Bruselas no obstante que esa adecuación de las bases máximas “deberá ser concurrente con una modificación de la pensión máxima para no afectar a la naturaleza contributiva del sistema”.

“Todo se desvanece, se salva el recuerdo” Albert Camus

Como los imperios o un conflicto social, el movimiento de pensionistas ha recorrido en el transcurso de tres años tres fases: ascenso, consolidación y declive. En Bizkaia, donde mayor auge y protagonismo logró, surge de forma espontánea en Barakaldo y en Bilbao el 15 de enero de 2018. Su mayor momento de gloria fue la manifestación del 17 de marzo de 2018, apoyada por todos los sindicatos y partidos (menos el PP). Según la policía municipal acudieron 115.000 personas. COESPE a nivel estatal, en Euskadi MPB y otras plataformas, contribuyeron incluso a la caída del gobierno de Rajoy en la moción de censura del 1 de junio de 2018. Al estabilizarse el conflicto disminuye de forma progresiva la participación en las movilizaciones. 

Se salió a la calle con una única reivindicación: sustituir la clausula del 0.25% por el IPC. A medida que disminuye la incidencia se amplían las demandas, emprendiendo una huída hacia adelante con programas maximalistas. El ocaso llega con la huelga general del 30 de enero de 2020 en Euskadi y Navarra. El posterior estado de alarma imposibilitó durante dos meses cualquier intento de movilización. Al reanudarse las acciones la participación resulta escasa y las consignas se plantean a la defensiva: rechazar los acuerdos del Pacto de Toledo y denunciar la tragedia de las residencias geriátricas. Tras unas 130 concentraciones semanales, en Bilbao y en Barakaldo se pasa de varios miles de asistentes a unos pocos cientos. 

A nivel general la trayectoria de Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) será similar, aunque con perfil menos preciso. También pasa por tres etapas: se forma el 10 de setiembre del 2016 con la unión de diversas asociaciones. Alcanza su principal éxito en la manifestación del 16 de octubre de 2019, colofón de la marcha de pensionistas a Madrid desde Rota y Bilbao. Miles de personas procedentes de todas las comunidades autónomas acudieron en más de un centenar de autobuses, con cientos de pancartas, ocupando las calles que rodean el Congreso de Diputados. La desintegración de la COESPE coincide en marzo de 2020 con el inicio del confinamiento. Una asamblea frustrada parte la organización en dos, intentando ahora reconciliarse desde la base, integrada por unas 300 plataformas territoriales.   

En horas bajas ambos movimientos, el vasco y el estatal, coinciden en la fobia al Pacto de Toledo. En uno y otro caso deberían centrarse en objetivos concretos, precisando cual es el mayor obstáculo para conseguirlos. Lograda la revalorización de las pensiones en base al IPC, la demanda más unitaria y justa pasa a ser la equiparación de las pensiones mínimas con el SMI. El Ministro José Luis Escrivá promovió la propuesta más negativa del Pacto de Toledo: impulsar los planes privados de empleo implica reconocer el empobrecimiento de las futuras pensiones. Sabiendo cuál es la meta a conseguir y la medida a combatir, toca pasar a la acción.   

La ofensiva tanto del MPB como de COESPE contra el Pacto de Toledo no se corresponde con su capacidad de movilización actual ni con la realidad. Las recomendaciones se aprobaron en el Congreso con solo dos votos en contra, los de la CUP. Esa es la legitimación institucional que tienen las protestas. Con el seguimiento que hoy logran las convocatorias, no se puede actuar como grupo de presión, aunque tengan eco en los medios de comunicación. Además, se constatan situaciones paradójicas. Un ejemplo: mientras EH Bildu se abstiene en la votación parlamentaria y de hecho asume los acuerdos del Pacto de Toledo apoyando las cuentas del Estado, el sector del movimiento de pensionistas controlado por la izquierda abertzale (MPB), rechaza esas mismas medidas. Y mientras se pierden energías y tiempo demonizando al Pacto de Toledo, las decisiones finales las tomará el Gobierno negociando con patronal y sindicatos.

El movimiento de pensionistas, un fenómeno mediático

Las reuniones espontáneas del 15 de enero de 2018 en Bilbao y Barakaldo agrupan a un centenar de personas, pasando desapercibidas. En breve las concentraciones semanales logran amplio eco en los medios de comunicación, convertidos en altavoz y soporte esencial de las movilizaciones. Las imágenes de Bilbao abrían informativos de televisión y ocupaban portadas de prensa. El protagonismo mediático se convirtió en un estímulo para quienes intervenían ante las cámaras, pudiendo tener cualquier participante su minuto de gloria.   

Una semana después de comenzar las concentraciones, el 23 de enero, El Correo informaba sobre lo acontecido en Barakaldo, resaltando el titular la fortaleza de la movilización. El texto dice: “Los mayores no se rinden. Cientos de personas participaron ayer en la segunda concentración celebrada en Barakaldo para reclamar una subida de las pensiones equiparable al coste de la vida. Al igual que el pasado lunes, la convocatoria se celebró en la Herriko Plaza ajena a sindicatos y grupos políticos”. Durante el acto se anunció que la Coordinadora Estatal estaba preparando una manifestación en todas las capitales para el 22 de febrero.

La primera noticia sobre las concentraciones de Bilbao la difunde Ecuador Etxea: “Este lunes 22 de enero, y por segunda semana consecutiva, cientos de personas mayores, jubiladas, pensionistas, viudas, se concentraron frente al Ayuntamiento de Bilbao, autoconvocándose a través de whatsapp para mostrar su rechazo ante el incremento fijado del 0,25% anual impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy, lo que les hace perder poder adquisitivo. Se tiene previsto realizar la próxima movilización para el lunes 29 de enero a las 12:00 h frente al Ayuntamiento de Bilbao”. El mayor alarde informativo lo consiguió en el otoño del 2019 la marcha de Bilbao a Madrid, pese a ser una iniciativa espontánea y abierta. El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia evitó asumirla para no tener que compartir el protagonismo. 

La agonía de las movilizaciones no ha supuesto pérdida de cobertura mediática. Mientras la prensa acuda a cualquier acto, por modesto que sea, se continuarán convocando actividades. La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica, junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias.  

Causas del declive del movimiento de pensionistas

Todos los conflictos tienen periodos de ascenso y caída, flujo y reflujo, sin que sus causas estén predeterminadas. Intervienen diversas variables, cambian las circunstancias, los errores suceden a los aciertos. La situación comienza a variar cuando el PNV reclama al PP dejar en suspenso el 0,25%, revalorizando las pensiones del 2018 y 2019 con el IPC, a cambio de apoyar los presupuestos. Es un logro de la lucha de los pensionistas, consolidado con la mediación del PNV. Pero al considerar inviable la pensión mínima de 1.080 euros, nada más aprobarse las cuentas del Estado deja de apoyar las movilizaciones. La ausencia del PNV conlleva el distanciamiento de las asociaciones más institucionalizadas y numerosas. Es el caso de Nagusiak Bizkaia, integrada por 138 asociaciones locales, con más de 50.000 miembros. Tres días después de aprobarse los presupuestos, en la manifestación del 26 de mayo de 2018, según el Ayuntamiento de Bilbao participaron 14.000 personas. Cifra muy inferior a las 115.000 personas de dos meses antes.

Al crearse el MPB la participación en las reuniones era voluntaria, sin estar sujeta a criterios de proporcionalidad ni representatividad. En una organización tan indefinida resultaba inevitable tomar las decisiones por consenso. En las comisiones de trabajo la colaboración también era voluntaria, excepto en la de comunicación, dedicada a supervisar todas las actividades. Nuevas incorporaciones rompieron el equilibrio entre plataformas y corrientes, siendo sustituida la unanimidad por el voto mayoritario. El sector abertzale, promovido por la asociación Pensionistak Martxan, se hizo con el control del MPB. El resto de asociaciones acudía a los plenos sin participar en las votaciones, a fin de reclamar la vuelta al consenso. Ya no había unidad, pero en las concentraciones se eludía la confrontación para evitar la desmovilización.  

El detonador de la ruptura definitiva será la huelga general del 30 de enero de 2020. Convocan ELA y LAB a petición del MPB. Las asociaciones que no asumen la huelga forman la agrupación Ados – Consenso, integrada por NAGUSIAK, AJPD, COESPE-Bizkaia y miembros de diversas plataformas, entre otras Barakaldo, Santurtzi y Muskiz. La actividad de esta agrupación ha sido escasa, dedicada sobre todo a marcar distancias respecto al MPB dirigido por la corriente de la izquierda abertzale. La convocatoria de esa huelga tampoco tuvo el apoyo de CCOO y UGT.  

Desde el 30 de enero el declive se convierte en agonía. Con el estado de alarma del 14 de marzo el confinamiento evita que se aprecie la caída. Las acciones vuelven el 18 de mayo en una protesta ante la Diputación Foral de Bizkaia relacionada con la tragedia de las residencias geriátricas. Participan, según El Correo, 40 personas. En adelante serán acciones testimoniales, conforme apunta la agencia Europa Press el 25 de mayo: “El Movimiento de Pensionistas ha regresado este lunes a sus concentraciones frente a los ayuntamientos de Euskadi, que en el caso de Bilbao ha sido secundada por más de medio centenar de participantes. En la cita, sus portavoces han apuntado que mantendrán ”este modelo“ de protestas ”simbólicas“ mientras dure la alerta sanitaria, descartando así ”movilizaciones masivas“ (sic). Con estas declaraciones el MPB deja de ser un referente en la defensa de las pensiones públicas, dedicándose a convocar acciones testimoniales sobre diversos acontecimientos sociales.  

Mirarse en espejo ajeno

El Estado español suele salir malparado en las comparaciones con otros países. No es el caso de las pensiones. Aquí, tanto en la crisis del 2008 como en la actual, el colectivo de pensionistas ha soportado la pérdida de poder adquisitivo mejor que cualquier otro, hasta el punto de convertirse en soporte económico de muchas familias. En Alemania, locomotora de Europa, ocurre lo contrario. Según publicaba El País el 28 de diciembre, en Alemania “los mayores se han empobrecido en los últimos 15 años a un ritmo mayor que el del resto de la sociedad”. “La población mayor de 65 años en riesgo de pobreza ha crecido de un 4,7% en 2005 hasta alcanzar el 15,7%” en esos 15 años. Los bancos de alimentos también aportan cifras significativas: “entre 2018 y 2019, la cifra de beneficiarios mayores creció en un 20%”.

Pero el relativo bienestar de nuestras pensiones va a empeorar en el futuro por los mismos motivos que en Alemania. El artículo de El País destaca tres causas que también se dan ahora aquí y que afectarán a las pensiones del futuro: aumento del empleo precario, dejar de cotizar por estar en paro y reforma de las pensiones. Más datos sobre Alemania: “en 2009 el 8% de las personas entre 65 y 69 años trabajaban, en 2019 esa cifra alcanzaba el 18%”. De modo que la pérdida de calidad de vida de las personas mayores en Alemania se repetirá aquí en unos años, salvo que los futuros pensionistas se movilicen junto con los actuales para evitarlo.

Crecen las amenazas, flaquean las fuerzas

El poder es el resultado del equilibrio de fuerzas entre diversos actores: gobierno, partidos, sindicatos, bancos, empresarios y presión ciudadana. Según las circunstancias, esos agentes políticos, económicos y sociales se sitúan en dos bandos: capital o trabajo. Tanto los salarios como las pensiones dependen de esa correlación de fuerzas. Por eso las medidas económicas obedecen a decisiones políticas. Un buen ejemplo es la polémica acerca del incremento del salario mínimo (SMI) que divide al Gobierno. La Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, dice: “Estamos discutiendo por 30 céntimos al día”. Frase profunda, pese a su aparente simpleza: sin reparto equitativo, cada céntimo que atesora el empresario arruina a la clase obrera. El último recurso es la acción directa, efectiva cuando es colectiva, testimonial siendo aislada. La desesperada acción del obrero en paro que atenta contra una empresa en Álava, es una forma primaria de lucha de clases. Lo mismo que los actos simbólicos en defensa de las pensiones.

La mediopatía, patología relacionada con la obsesión por posar ante las cámaras explica, junto a la motivación política, la pervivencia de las convocatorias

Aunque las asociaciones de pensionistas lancen dardos contra el Pacto de Toledo, la diana está en otro lado. Las mayores amenazas son, además del trabajo precario, los planes de pensiones privados, individuales en la banca, colectivos los de empleo. Por otro lado, el Ministro Escrivá propone ampliar el periodo para calcular las pensiones de 25 a 35 años. Los sindicatos UGT y CCOO hablan de movilizaciones, pasando por alto que consistiría en ampliar los acuerdos que ellos firmaron en 2011. Si ahora resulta negativo no era positivo hace una década. Esa medida planteada por Escrivá al margen de los acuerdos del Pacto de Toledo y de lo aprobado en el Congreso, tendría un impacto negativo del 5,5 % sobre las futuras pensiones. Oponerse a su aplicación generaría un renovado efecto movilizador, pero lo más probable es que ese intento quede en suspenso, pues pondría en peligro la continuidad del Gobierno de Coalición. 

No es previsible que las pensiones actuales empeoren. Las amenazas se ciernen sobre las pensiones del futuro. Sin embargo, actúan los pensionistas de hoy, no los de mañana. Aunque haya perdido capacidad de movilización, cabe hablar del movimiento de pensionistas, en referencia a las asociaciones que defienden las pensiones públicas. La recuperación requiere actuar en tres niveles: 1) Aunar fuerzas en todos los territorios para seguir actuando como grupo de presión. 2) La demanda más viable y realista es la mejora de las pensiones mínimas, equiparándolas con el SMI. 3) Es preciso que tomen conciencia de su situación y se movilicen los pensionistas del futuro, en particular la juventud. 

Hay que resistir, adecuando las demandas propias a las necesidades del conjunto de la sociedad. Las consecuencias de la pandemia van más allá de la grave situación sanitaria. Multitud de pequeñas empresas acogidas a ERTE cerrarán. Miles de trabajadores perderán su empleo. El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda para evitar la pobreza severa. Según un informe difundido el 8 de enero por Europa Press: “La pandemia obliga a demandar ayuda a los Servicios Sociales a familias que no lo habían necesitado antes”. El escudo social para que nadie quede atrás exige al movimiento de pensionistas tener en cuenta esa cruda realidad.

También hay que renovar la forma de actuar. Resulta alentador el surgimiento en Bizkaia del Colectivo Argitasuna (claridad). Su meta es fortalecer la equidad, referida al bienestar y a la justicia social. Se asienta sobre este principio: “Toca construir una nueva realidad mediante una mirada transformadora que habilite un proyecto compartido y active mecanismos para garantizar a la ciudadanía el acceso a los recursos necesarios para una vida digna”. 

El tercer aniversario del surgimiento del movimiento de pensionistas llega con celebraciones diferenciadas: 16 de enero concentración en Barakaldo apoyada por plataformas de Margen Izquierda y Zona Minera. El llamado movimiento de pensionistas de Euskal Herria lo celebra el día 18 y se concentra el 25 ante el Parlamento Vasco. El 30 de enero conmemorará “el primer aniversario de la exitosa movilización y huelga general” (sic). El 13 de febrero manifestaciones en las capitales del País Vasco y Navarra “junto a sindicatos y colectivos sociales”. 

Por más convocatorias que se lancen, el recuerdo más emotivo y simbólico seguirá siendo la imagen de Bilbao colapsado en la manifestación del 17 de marzo de 2018. Acontecimiento emblemático comparable con la manifestación proamnístia del 8 de julio de 1976. Según El País ese día “Cerca de 150.000 personas se manifiestan en Bilbao”. Otra gran movilización se celebró el 14 de julio de 1977. El País lo destacó con este titular: “Unas 200.000 personas se manifiestan en Bilbao contra una costa vasca nuclear.” Los tres casos representan hechos históricos irrepetibles que responden a situaciones excepcionales. Pretender revivirlos o imitarlos, cuando las circunstancias han cambiado, convierten el intento en farsa.   

Los partidos que integran la comisión del Pacto de Toledo acudieron a las negociaciones con posturas tan diferenciadas que no cabía imaginar un acuerdo final de amplio consenso. Tanto el resultado como el desarrollo de los debates difieren del incívico y crispado comportamiento habitual en el hemiciclo del Congreso. El trato dialogante que ha prevalecido algo tendrá que ver con el hecho de celebrar las sesiones a puerta cerrada, sin presión mediática. Así mismo cabe destacar que, pese a las diferencias iniciales y en contraste con lo habitual, lo pactado no conlleva un balance entre vencedores y vencidos. La imagen que destaca es la del consenso. 

Para llegar a entenderse basta una actitud favorable y plantear objetivos poco comprometidos. Ahora convenía adaptarse a la compleja situación con un acuerdo de mínimos que permita al Gobierno implantar reformas en una doble dirección: a) tranquilizar a los actuales pensionistas que llevan casi tres años movilizados, b) recortar de forma progresiva las pensiones futuras, utilizando dos instrumentos complementarios y compensatorios: las medidas establecidas en la reforma de pensiones del 2011 y los fondos de pensiones de empleo.    

En los debates participaron todos los grupos parlamentarios. Se hicieron concesiones y hubo renuncias, aunque solo queda constancia del voto negativo de Vox y de las abstenciones de ERC y EH Bildu. Justo es reconocer que buena parte del éxito de la comisión corresponde al talante cordial y dialogante de su presidenta, Magdalena Valerio. Para poder conocer los cambios de actitud de las formaciones políticas es preciso comparar los resultados con las posiciones iniciales. Ello requiere radiografiar la foto de familia del Pacto de Toledo. 

Acusar al mensajero

Sorprende la hostilidad desatada contra la comisión del Pacto de Toledo desde perspectivas opuestas. Mientras los economistas neoliberales ven en esos acuerdos una amenaza para los planes de pensiones privados, diversas asociaciones de pensionistas, entre las que aparecen las dos ramas de la COESPE, interpretan lo contrario, advirtiendo que está en peligro el sistema público de pensiones. Junto a los posicionamientos ideológicos dispares asombra el tono catastrofista de las conclusiones. El profesor José Antonio Herce, miembro del foro de expertos del Instituto BBVA de Pensiones, reitera en sus declaraciones públicas que la mayor parte de las recomendaciones del Pacto de Toledo desestabilizan el sistema de pensiones. En Canarias-Semanal.org, Conchita Ribera de COESPE declara: “los Pactos de Toledo se crearon para privatizar el sistema público de pensiones y entregar los cientos de miles de millones que mueven las pensiones a la banca, en un modelo similar al que aplicó Pinochet en Chile”.    

Esos juicios de valor tan descalificativos y categóricos no cuadran con el carácter consultivo de la comisión del Pacto de Toledo, simple eslabón de un largo proceso deliberativo. Mayor relevancia que sus recomendaciones alcanzan las disposiciones del Congreso de los Diputados, las cuentas del Estado, los compromisos con los agentes sociales (patronal y sindicatos) y en último término las decisiones del Gobierno. Además, en esta ocasión, el Pacto de Toledo no ha propuesto medidas negativas que no estuviesen en vigor, aunque la más novedosa, los planes de pensiones de empleo, requieran un desarrollo posterior. Por tanto, las reclamaciones deberían dirigirse a los organismos con capacidad legislativa y ejecutiva: Congreso y Gobierno.  

Ganancias y pérdidas en clave política  

El vencedor del Pacto de Toledo es el PSOE, personalizando el triunfo en el Ministro Escrivá. Consigue el aval para aplicar las reformas que antes propuso desde la presidencia de la AIReF. Este podría ser el decálogo de medidas esenciales: 1) Revalorizar las pensiones contributivas en base al IPC real. 2) Acercar la edad de jubilación efectiva a la oficial. 3) Elegir los 25 años de cotización más favorables para establecer la base reguladora. 4) Mantener los 15 años como período mínimo de cotización de la pensión contributiva. 5) Primar el aumento voluntario de la edad de jubilación. 6) Trasladar los gastos impropios de la Seguridad Social a los PGE. 7) Dejar de considerar deudas las trasferencias del Estado a la Seguridad Social. 8) Ajustar la cotización de los trabajadores autónomos a sus ingresos reales. 9) Reducir la aportación a planes privados de pensiones con derecho a desgravación fiscal. 10) Generalizar los planes de pensiones de empleo según el modelo de las EPSV del País Vasco. 

Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública

Gana el Gobierno, pese a no incluir el Pacto de Toledo propuestas programáticas esenciales del Gobierno de Coalición en materia de pensiones. Tales carencias pasan mayor factura política a Unidas Podemos que al PSOE. Entre los compromisos pendientes, no incluidos o sin plazo de aplicación, hay que citar: 1) El aumento del poder adquisitivo de las pensiones mínimas. Es una demanda prioritaria, junto con la reducción de la brecha de género y pensiones de viudedad. 2) Eliminar el Índice de Revalorización y el Factor de Sostenibilidad de la reforma del 2013. La reclaman hasta los sindicatos que avalaron la reforma del 2011. 3) Garantizar la sostenibilidad del Sistema Público de Pensiones. Este punto choca con los planes de pensiones de empleo.

Aunque el voto pensionista vaya sobre todo a las listas del PSOE, PP o PNV, los reproches se dirigen en particular hacia Unidas Podemos. Consciente de esa realidad, Meri Pita, delegada de UP en el Pacto de Toledo, al aprobarse el 19 de noviembre el acuerdo en el Congreso, además de reconocer que no se habían alcanzado todos los objetivos previstos, declaró que los militantes de UP: “Hoy están decepcionados con el texto”. “Comprendemos y encajamos esa decepción”. Resulta inevitable comparar esta actuación con la de febrero de 2019, cuando la actual Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, imposibilitó un acuerdo similar, con el agrado de las plataformas de pensionistas que rechazan el Pacto de Toledo. Recordemos el titular de El País: “El Pacto de Toledo descarrila ante el adelanto electoral y las exigencias de Podemos”.

La “decepción” que señala Meri Pita está motivada sobre todo por asumir UP los planes de pensiones de empleo. Implica aceptar la reducción de las pensiones públicas provocada por la reforma del 2011, impulsada por Rodríguez Zapatero con el respaldo de CCOO y UGT. Unidas Podemos justifica ese paso en falso: “En cuanto al régimen fiscal y jurídico de las aportaciones a los planes de pensiones, si bien las recomendaciones no recogen su eliminación, sí se contempla su reorganización para beneficiar a los planes de empleo que se acuerdan en la negociación colectiva frente a los individuales, y posibilitan que trabajadores de distintos niveles de renta tengan acceso a ellos”. Se trata de una disculpa poco convincente. Supone obviar el dilema de los planes de pensiones de empleo, vigentes desde 1983 en Euskadi: son productos financieros favorables a rentas salariales altas, tienen beneficios fiscales que se detraen de los ingresos públicos, adolecen de una inequidad que cronifica las desigualdades sociales. Unidas Podemos no estaba ante la disyuntiva de tener que elegir entre un SI o un NO sin condiciones. Pudo apoyar los acuerdos incluyendo un voto particular, dejando constancia de carencias y desacuerdos. Calló y defraudó.  

Manteniendo una actitud de enfrentamiento total con el Gobierno, el PP no tiene reparos en votar a favor de los acuerdos, pese a ser el gran perdedor. La reforma de pensiones impuesta por Rajoy en 2013 queda postergada, sin que el PP intente defenderla. No obstante, tanto el índice de revalorización (0,25%), como el factor de sostenibilidad (recortes) que podría entrar en vigor el 2023, oficialmente no están derogados. En la negociación, al igual que Ciudadanos, el PP ha intentado, sin lograrlo, mantener las aportaciones a los planes privados de pensiones, gestionados por la banca y aseguradoras. La decisión final corresponderá al Gobierno, que está siendo sometido a fuertes presiones para que no las reduzca.

La abstención de ERC y EH Bildu, más que en los aspectos negativos del acuerdo se basa en sus innegables carencias. Ciertamente, no queda resuelta la problemática del sistema público de pensiones. Sí se avanza en la demanda más urgente, la revalorización anual, mas sin progresar en otra reivindicación esencial: la mejora de las pensiones mínimas. Esas y otras medidas están relacionadas con los Presupuestos Generales del Estado, que ERC y EH Bildu apoyarán por razones políticas. Por tanto, la abstención en el Pacto de Toledo resulta testimonial, dado que la aprobación de las recomendaciones estaba garantizada sin necesidad de sus votos.

Oteando un horizonte incierto

Aunque todavía quedan trámites pendientes y medidas con plazo de aplicación de varios años, este periodo del Pacto de Toledo concluye con mejoras para las pensiones de hoy, desventajas para las de mañana. La juventud tendrá que defender el derecho a unas condiciones de vida dignas para evitar que la actual generación de pensionistas sea la última en lograr un empleo satisfactorio y una pensión suficiente. La historia y la experiencia prueban que la movilización ciudadana es necesaria para evitar retroceder a la situación de una sociedad empobrecida. 

La capacidad de incidir sobre acontecimientos políticos, decisiones económicas y cambios sociales, depende del equilibrio de fuerzas entre el control del dinero, la autoridad de quienes gobiernan y la presión de la calle. Los acuerdos del Pacto de Toledo son un ejemplo de esa contraposición de poderes. Los gobiernos toman decisiones mirando en dos direcciones: las gerencias de las grandes empresas y la opinión pública. En estos momentos la confrontación afecta al futuro de las pensiones. El pulso mantenido durante los tres últimos años ha dado resultados satisfactorios. Para continuar avanzando, para evitar retroceder, hay que seguir el camino emprendido, precisando los objetivos inmediatos y no equivocándose de enemigo.     

Alrededor de dos centenares de personas han respaldado este lunes una manifestación, convocada por Amona, Oneka, Pentsionistak Martxan y Sasoia, para rechazar las recomendaciones del Pacto de Toledo y reivindicar el sistema público y unas pensiones “dignas”.

La movilización ha partido a las 12.00 horas de la Plaza del Ayuntamiento, precedida por una pancarta con el lema 'Pensión mínima 1.080 €. Residencias y servicios sociales públicos y dignos. Revisión IPC'. Ha recorrido la calle Mercaderes y Chapitela hasta la plaza del Castillo para finalizar en el Paseo Sarasate frente al Parlamento de Navarra. A lo largo del recorrido se han podido escuchar consignas como 'Que esta crisis la pague el capital', 'Privatizar también es robar', 'No es un crisis, es capitalismo' o 'Las mujeres jubiladas nos sentimos estafadas'.

Una representante de los colectivos convocantes ha leído, antes de la manifestación, un comunicado en el que se ha censurado el “expolio por parte del Estado de los fondos de la Seguridad Social cargando a esta gastos que deberían ir con cargo a los Presupuestos Generales del Estado” como el pago de pensiones a funcionarios que “nunca han cotizado al sistema público de pensiones”, “bonificaciones a las cotizaciones de las empresas” o los permisos de maternidad y paternidad.

“Bajo esta apariencia de insuficiencia, los firmantes del Pacto de Toledo quieren hacernos creer que el sistema público es insostenible y plantean, bajo el nombre de planes de empresa, potenciar con fondos públicos un sistema privado de pensiones” con el objetivo de que el sistema público de pensiones acabe siendo “meramente asistencial para la mayoría de la población, aumentando la desigualdad social”, han afirmado los colectivos convocantes.

Al Gobierno de Navarra han pedido que “no nos tome más el pelo” y han considerado “un insulto” que se incluya en los Presupuestos Generales para 2021 “un estudio sobre lo que supondría complementar las pensiones hasta 1.080 euros, cuando ya se incluyó en el de 2020 y nada se ha hecho”. “Lo que nos hace pensar que su actuación se corresponde con la del Pacto de Toledo, negándose a establecer una pensión mínima digna”, han concluido.

Entre otras reivindicaciones, estas asociaciones de pensionistas han demandado un salario mínimo de 1.200 euros, la revalorización de las pensiones al menos al IPC, la derogación del factor de sostenibilidad, la jubilación a los 65 años y anticipada a los 60, y eliminar la penalización por jubilación anticipada a las personas con 40 o más años cotizados.

La promesa del Gobierno de reformar el sistema de pensiones se concretará en breve en la negociación para sacarla adelante. Tras el amplio acuerdo político alcanzado en el Congreso, con el aval a las 22 recomendaciones del Pacto de Toledo, el Ejecutivo ahora tiene que levantar sus cartas sobre qué quiere hacer realmente y cómo pretende modificar el sistema de pensiones. El siguiente paso consiste en debatir sus planes en el seno del diálogo social, con los sindicatos y las patronales mayoritarias, de las que el Gobierno quiere obtener también el respaldo para legislar. El ministro José Luis Escrivá ya ha ido adelantando sus intenciones, entre las que figuran una fórmula de revalorización según el IPC que impida que los pensionistas pierdan poder adquisitivo y el fomento del retraso de la jubilación mediante incentivos.

Aunque con prudencia, y sin desvelar la letra pequeña, el responsable de la Seguridad Social ha explicado en varias intervenciones y entrevistas algunos de sus planes para la futura reforma de las pensiones en España, que según el ministro garantizan la sostenibilidad del sistema de pensiones en España para hacer frente en los próximos años a retos como el aumento de jubilaciones de la generación del 'baby boom'. Uno de los retos también pasará por convencer a Unidas Podemos, socia del Gobierno, de algunas medidas que la formación no comparte, como el fomento de los planes complementarios de pensiones, endurecer la jubilación anticipada y un posible aumento del periodo de cálculo para la pensión.

A continuación, se resumen algunas de las modificaciones que ya ha avanzado Escrivá y que negociará con los agentes sociales:

Revalorización de las pensiones en base al IPC

La subida de las pensiones según el IPC ha sido una de las principales reclamaciones de los movimientos de pensionistas frente al vigente mecanismo de revalorización, que aprobó el Gobierno del PP sin consenso en 2013, y que se conoce popularmente como el del “0,25%”, ya que ante una situación de déficit del sistema como el actual provoca subidas anuales de esa cantidad. El PSOE y Unidas Podemos se comprometieron a recuperar el IPC como indicador para la revalorización de las pensiones y ahora llega el momento de plasmarlo en una ley. El Pacto de Toledo recoge esta medida, la revalorización “en base al IPC real”.

José Luis Escrivá ha afirmando que presentará una fórmula para ello por la que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo, pero las dudas están en cómo será exactamente este mecanismo. El ministro ha afirmado que es posible que se tome en consideración, en lugar del IPC año a año (que a veces puede ser positivo o negativo), el IPC en varios ejercicios, por un periodo no muy largo. “En períodos suficientemente acotados de tiempo”, afirmó en una entrevista en elDiario.es. La Comisión Europea ha advertido a España de que esta medida puede afectar a la “sostenibilidad presupuestaria a medio plazo”.

Sacar “gastos impropios” de la caja de la Seguridad Social

El Pacto de Toledo reconoce en sus recomendaciones la existencia de “gastos impropios” que han mermado las cuentas de la Seguridad Social durante años con partidas que no son contributivas y se han pagado con las cotizaciones sociales que aportan los trabajadores y las empresas. Los partidos han acordado que estas partidas deben pasar a sufragarse mediante los Presupuestos, para acabar con el déficit de la Seguridad Social antes de que termine 2023.

El Gobierno se ha comprometido a llevar a cabo este traspaso, que ha comenzado a plasmar ya en el proyecto de Presupuestos de 2021, con un traspaso de 14.000 millones de euros, que se seguirá aumentando en los próximos años. Escrivá ha cifrado el total de gastos impropios en unos 23.000 millones de euros en 2023.

Cotización de los autónomos según sus ingresos

Dentro de la reforma de las pensiones se suele incluir la modificación del sistema de cotización de los trabajadores autónomos para que pasen del sistema voluntario actual a uno en función de sus ingresos reales. En la actualidad, el 85% de los autónomos cotiza por la base mínima a la que tiene acceso, lo que provoca que cobren prestaciones limitadas, ya que se calculan según la cantidad por la que los trabajadores cotizan a la Seguridad Social.

El Ministerio ya ha comenzado la negociación de este nuevo sistema con los colectivos de autónomos, al que se opone sobre todo ATA, la organización dentro de la CEOE, que admite las rebajas en la cotización de los trabajadores que menos ganan, pero no el aumento de los que más ingresan. Con la intención de implementar el nuevo sistema en 2021, aún las conversaciones están en fase inicial. La propuesta inicial de Escrivá dejaría a la gran mayoría de los autónomos con el mismo nivel de cotización o inferior. Por el momento, el Ministerio no está incluyendo en los cambios a los autónomos societarios, algo sobre lo que se han posicionado en contra los líderes de CCOO y UATAE.

Incentivar la demora de la jubilación

El Gobierno pretende fomentar la prolongación voluntaria de la vida laboral de los trabajadores más allá de la edad de jubilación. El ministro ha destacado que los incentivos que existen en España actualmente son limitados y apenas se conoce. Por ejemplo, las bonificaciones anuales medias por retrasar la jubilación en España son del 3,2%, inferiores a muchos de nuestros vecinos europeos, como Francia (5%), Alemania (6%) y Reino Unido (10,4%), explicó el ministro Escrivá en el Congreso.

Los planes del ministro incluyen varias acciones: ampliar los incentivos que ya existen y publicitarlos para que la gente los conozca y, además, aprobar algunos nuevos. Entre las alternativas que se estudian figura un “cheque”, una cantidad a tanto alzado (que se paga de una sola vez), para aquellas personas que opten por retrasar la jubilación, como publicó El País. José Luis Escrivá ha afirmado que, según encuestas internas con las que está trabajando la Seguridad Social, muchas personas estarían dispuestas a prolongar sus carreras a cambio de esta opción de recibir todo el incentivo de golpe.

El Pacto de Toledo ha puesto un pero a este retraso voluntario de la jubilación: que el Gobierno vele para que no sea la opción a la que se acojan finalmente personas con pensiones muy bajas, para optar a ingresos suficientes en un futuro.

Endurecer la jubilación anticipada voluntaria

El ministro ha anunciado que pretende revisar los actuales desincentivos a la jubilación anticipada voluntaria, centrándose sobre todo en endurecer más las penalizaciones en las pensiones más altas. En cualquier caso, será de aplicación “muy gradual”, ha asegurado. Escrivá considera que el actual sistema es injusto ya que aunque formalmente el coeficiente de reducción anual es del 8%, “'de facto' para muchas personas es del 2 o 3%”, ha destacado. Esto es así porque la reducción se aplica sobre la base de cotización y no sobre la cuantía de pensión, de manera que hay personas con salarios altos a las que se le aplica el coeficiente reductor y no les afecta mucho porque está muy por encima de la pensión máxima.

Los sindicatos han mostrado sus recelos a esta opción y recuerdan que muchas personas se jubilan de manera anticipada aparentemente de forma voluntaria, pero en realidad es consecuencia de haberse quedado en paro al final de su vida laboral. Sobre reformar las penalizaciones para las pensiones altas, recuerdan que esas personas ya tienen una penalización cuando la pensión máxima está por debajo de salarios altos por los que han cotizado. La base máxima de cotización en el Régimen General está fijada en los 4.070 euros mensuales y la pensión máxima en los 2.683 euros mensuales.

Aviso a las prejubilaciones

Escrivá también ha puesto en el punto de mira las prejubilaciones pactadas entre empresas y sindicatos en procesos de reestructuración como los ERE. “Aquí tenemos que hablar con los agentes sociales, pero creo que todo el mundo estará de acuerdo en que tenemos que intentar otros métodos de política económica”, ha afirmado el responsable de la Seguridad Social, que considera que estas salidas anticipadas del mercado laboral, en las que trabajadores de avanzada edad dejan sus puestos con condiciones pactadas a la espera de una jubilación próxima, sobrecargan el sistema público de pensiones. Escrivá ha defendido que hay que buscar “alternativas” en la mesa de diálogo social, en una materia que está muy vinculada con las competencias del Ministerio de Trabajo, en manos de Yolanda Díaz.

Concesiones a las largas carreras de cotización

El Pacto de Toledo recomienda “valorar” medidas que, con carácter excepcional, permita a personas con carreras laborales muy largas “descartar algún año concreto del periodo de cálculo ordinario” para la pensión o que se permita “escoger el específico tramo de la carrera de cotización sobre el que va a aplicarse la fórmula de cálculo”. El ministro ha afirmado que el Gobierno tiene que hacer cálculos “muy finos” para presentar su propuesta.

“El Pacto de Toledo nos está recomendando que hagamos un análisis fino e intentemos buscar alguna solución para circunstancias particulares, que las hay, de mucha inequidad porque han cotizado muchísimo tiempo y tienen que esperar excesivamente para jubilarse”, ha sostenido Escrivá.

Trabajadores con gran discapacidad

El ministro anunció en el Senado que el Gobierno facilitará el acceso a las jubilaciones anticipadas a los trabajadores con una discapacidad alta, a partir del 45%. José Luis Escrivá aseguró dará “prioridad” a esta cuestión y tachó de “inaceptables” –por muy reducidas– las actuales cifras de personas que se acogen a esta opción de retiro anticipado. “Entre las prioridades normativas que vamos a tener va a ser abordar este problema, porque esto no es aceptable”, respondió a una pregunta del PNV.

¿Más años para el cálculo de la pensión?

En la actualidad, como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2011, cada año se amplía el periodo de cálculo que se tiene en cuenta para calcular la pensión. La legislación hará que en 2022 el periodo de referencia sea de 25 años. El ministro de la Seguridad Social se ha mostrado dispuesto a valorar una ampliación.

“A partir de ahí, existe la posibilidad de seguir ampliando ese período. Esto fundamentalmente lo que pretende es hacer más contributivo el sistema y más equitativo. Pero en esa búsqueda de equidad, si vamos ampliando el período más allá de 25 años, se hace más relevante identificar lo que llamamos 'huecos', es decir, situaciones en las cuales una persona no ha cotizado por distintas circunstancias y que, por tanto, pueda descartar en el cálculo de su pensión aquellos peores años que ha tenido. Es un mecanismo que estamos explorando, tenemos que ver cómo lo calibramos, que va aparejado a una visión de ampliación progresiva del período”, afirmó en elDiario.es.

Cambios en los planes de pensiones

El Gobierno se propone incentivar los planes de pensiones de empleo, para los que ya ha aumentado las desgravaciones fiscales en los Presupuestos de 2021, mientras que ha reducido las de los planes de pensiones individuales. El fomento de estos planes de pensiones colectivos contará además con la herramienta de un fondo público de pensiones, que el Ejecutivo se propone crear en el plazo de un año y que buscará facilitar la contratación de este complemento a la pensión pública, según ha expresado Escrivá, que se está planteando fórmulas de adscripción automática de los trabajadores. El ministro ha afirmado que el objetivo es que este tipo de planes alcance a la mitad de los trabajadores en España. En la actualidad, lo tienen “uno de cada seis trabajadores”, apuntó.

Las recomendaciones del Pacto de Toledo para reformar el sistema de pensiones han recibido este jueves el respaldo de una gran mayoría del Congreso de los Diputados, con el único voto en contra de la CUP. Aunque el portavoz de Vox ha anunciado su rechazo al acuerdo, como ocurrió en el seno de la comisión parlamentaria con su voto negativo, la formación de extrema derecha al final se ha abstenido. El Pleno de la Cámara avala así el informe de la Comisión, con medidas como la revalorización de las pensiones en base al IPC y la revisión de la jubilación anticipada, que funcionará como guía para que el Gobierno de coalición lleve a cabo la reforma del sistema público de pensiones, como ha expresado el ministro José Luis Escrivá. Tras confirmar este pacto político, el Ejecutivo pretende lograr otro acuerdo con los sindicatos y la patronal, para que la nueva legislación cuente también con el visto bueno del diálogo social.

Magdalena Valerio, exministra de Trabajo y actual presidenta del Pacto de Toledo, ha sido la encargada de presentar las recomendaciones en la Cámara. Valerio ha agradecido el trabajo de todos los portavoces de la Comisión para alcanzar este acuerdo “pese a sus discrepancias”, así como la labor del letrado Ignacio Gutiérrez y de Borja Suárez, director general de Ordenación de la Seguridad Social, entre otros actores que han facilitado el pacto entre las diferentes fuerzas políticas. El objetivo fundamental del texto, ha destacado, consiste en reunir medidas que garanticen el futuro de las pensiones sin “desnaturalizar o hacer irreconocible” el sistema público.

El amplio aval del Congreso a las 22 recomendaciones concluye con una negociación de casi cinco años en el seno del Pacto de Toledo, con un importante retraso, después de mucho tiempo de conversaciones infructuosas entre los diferentes partidos políticos. Finalmente, hace unas semanas la Comisión logró pactar un texto final de recomendaciones para llevar a votación, que ha obtenido este jueves los votos a favor de la mayoría de formaciones, incluida el PP, mientras que partidos independentistas, nacionalistas (ERC, EH Bildu, BNG y Foro Asturias) y Vox han optado por la abstención y, finalmente, la CUP se ha quedado como la única formación que ha votado en contra.

El PP ha destacado su voto a favor de las recomendaciones como una muestra de que “el Partido Popular es un partido de acuerdos”, ha subrayado el portavoz en el Pacto de Toledo, Tomás Cabezón. El parlamentario ha aprovechado este acuerdo para poner en valor el “diálogo” y criticar de paso la Ley Celaá, como una muestra de “imposición” por parte del Ejecutivo, ha apuntado.

Entre el resto de formaciones que han avalado el texto, varias han destacado las cesiones ligadas a sus votos a favor, porque las recomendaciones contemplan cuestiones que no les contentan por completo, pero entienden que son el mejor resultado posible. Ha sido el caso, por ejemplo, de Unidas Podemos, que en la pasada legislatura se desmarcó en el último momento de las recomentaciones del Pacto de Toledo. La diputada Meri Pita ha recordado que los movimientos de pensiones están “decepcionados” con el documento, pero ha justificado que este pacto era un paso indispensable para pasar a legislar las pensiones, uno de los acuerdos del Gobierno de coalición del que forman parte. Pita ha advertido que Unidas Podemos estará vigilante en esta tarea legislativa. “Hoy no termina nada”, ha afirmado, “la lucha continúa”.

Los partidos que se han abstenido han fundamentado su voto por las insuficiencias de las recomendaciones, sobre todo a la hora de reconocer unas pensiones mínimas más elevadas y “suficientes”, así como por lo que consideran que serán recortes a las pensiones en un futuro. Jordi Salvador, portavoz de ERC, ha afirmado que en su grupo se sienten “orgullosos de demostrar que el sistema es sostenible”, pero con base a esto mismo consideran que “no están justificadas las reformas a la baja” derivadas del acuerdo. En todo caso, los diputados de ERC, EH Bildu y BNG han destacado que el trabajo de la Comisión ha obtenido también algunas mejoras que han evitado su voto en contra, como la vuelta a relavorización de las pensiones según el IPC y el reconocimiento de los “gastos impropios” que ha pagado la Seguridad Social durante años y han debilitado sus cuentas.

Por su parte, el portavoz de Vox en el Pacto de Toledo, Pablo Sáez, ha justificado el rechazo del partido de extrema derecha a las recomendaciones (al final expresado mediante una abstención frente a su 'no' en la comisión hace unas semanas) porque asegura que las cuentas públicas en España son “insostenibles”. Así, Vox considera que el acuerdo del Pacto de Toledo es “un engaño a los españoles”, ya que asegura que el sistema de pensiones es sostenible y garantiza la viabilidad de las pensiones públicas en el tiempo. Sáez ha defendido, como medida para sufragar el sistema, la reducción “del gasto político”, lo que la portavoz del PSOE en el Pacto de Toledo ha calificado de “tomadura de pelo”, ha respondido Mercè Perea.

El parlamentario de la CUP Albert Botran ha defendido el voto en contra de la formación catalana, que han supuestos los dos únicos 'noes' al texto, porque el partido considera que “abre la puerta a reformas regresivas” del sistema de pensiones y no recomienda la derogación de las reformas del 2011 y 2013.

Los votos particulares no salen adelante

Más allá de esa propuesta de reducir el “gasto político”, los de Santiago Abascal no han aportado ninguna propuesta para la modificación del sistema de pensiones a través de votos particulares, como sí han hecho otros grupos políticos. El PP y Ciudadanos, por ejemplo, propusieron otra redacción para la recomendación 16, para impulsar más los planes privados individuales de pensiones y el grupo de Inés Arrimadas también pidió impulsar más la jubilación activa, por la que se puede trabajar y cobrar la pensión a la vez.

ERC y EH Bildu son los partidos que emitieron votos, para más de la mitad de recomendaciones hasta un total de 13, en los que proponían eliminar el impulso de los planes complementarios de pensiones, una auditoría del gasto del Fondo de Reserva (la llamada “hucha de las pensiones”), recomendaban que la edad de jubilación a los 67 años sea “voluntaria” y la eliminación de la base máxima de cotización, entre otras cuestiones.

También presentaron votos particulares Más País, Compromís, para la eliminación de penalizaciones a las personas jubiladas de forma anticipada que haya cotizado 40 años o más, y BNG, con medidas como la recuperación de la edad de jubilación a los 65 años y una pensión mínima al 60% del salario medio, entre otras. Como anunció la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ninguno de los votos particulares ha salido adelante en su votación. Varios partidos, como el PSOE y PNV, han argumentado su rechazo a los votos particulares por entender que debe primar el acuerdo sobre el texto pactado y trabajado entre todas las formaciones, sin destacar las diferentes posiciones de unos y otros, que ya han sido expresadas en el seno del Pacto.