El Tribunal Constitucional ha hecho pública su sentencia de más de 200 páginas en la que rechaza el recurso del expresident Quim Torra contra su condena por desobediencia. Una condena de inhabilitación por negarse a retirar símbolos independentistas de la fachada de edificios públicos en la campaña electoral de 2019 que le costó el sillón de diputado en el Parlament y, en última instancia, el puesto de president de la Generalitat de Cataluña. Dos de los magistrados del pleno han emitido votos particulares en los que cuestionan que un juez del tribunal no fuera apartado y, también, que las consecuencias de su condena son desproporcionadas.

Tal y como ya hizo público el tribunal de garantías la semana pasada la inmensa mayoría de los miembros del pleno avalan la condena de Quim Torra. Año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia que el Tribunal Supremo confirmó en septiembre de 2020 por negarse a retirar pancartas y lazos amarillos - simbología independentistas - de edificios públicos durante la campaña de las generales de 2019, tal y como había exigido la Junta Electoral Central. Una condena que le privó de su escaño en el Parlament así como de la presidencia de la Generalitat.

La mayoría del pleno del Constitucional rechaza sus argumentos. Por ejemplo, afirman que la condena no ataca su derecho a la libertad ideológica o libertad de expresión. “No ha sido condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos que estaban sujetos a su responsabilidad de gestión”, le reprocha el pleno. Su decisión de no retirar los lazos cuando lo ordenó la Junta Electoral, sigue el Constitucional, “no estaba amparada en el ejercicio legítimo de los derechos fundamentales invocados” por su defensa.

También rechazan los magistrados que la actitud de Torra pueda equipararse a la de cualquier otro ciudadano que quisiera expresar apoyo a los presos independentistas durante una campaña electoral. “No se puede colocar en el mismo plano axiológico a un cargo público que a un ciudadano. El recurrente asumía la máxima responsabilidad de una administración pública como la Generalitat y, como tal, estaba sometido al principio de legalidad”, zanja el Constitucional.

La decisión ha contado con el voto particular de dos magistrados: el vicepresidente Juan Antonio Xiol y el recién incorporado Juan Ramón Sáez, los dos considerados del sector progresista del tribunal de garantías. El escrito de Xiol, apoyado por Sáez, cuestiona el alcance de las consecuencias que tuvo la condena de inhabilitación con la pérdida del escaño y la presidencia. Tal y como sostuvo durante las deliberaciones, Xiol entiende que sus compañeros tendrían que haber examinado si el artículo del Código Penal que establece “la privación definitiva del empleo o cargo” de quien sea condenado a inhabilitación“ es constitucional.

Según su opinión, esa consecuencia tajante puede no ser proporcional si se examina en relación con el derecho de acceso a los cargos públicos que recoge la Constitución en su artículo 23.2. Habla también de una “ausencia de regulación legal” para medir estos efectos, la ausencia de aplicar una “rehabilitación” a los que pierdan el cargo público representativo una vez cumplida la condena. Cuando un cargo público es condenado a inhabilitación especial, razona, “el efecto de la pérdida del cargo público es ineludible sin posibilidad de ponderación alguna por parte del aplicador jurídico”.

El presidente del tribunal

Ramón Sáez, magistrado también del sector progresista y una de las últimas incorporaciones al pleno, también se ha adherido a este argumento y ha planteado algunos más. Por ejemplo, cuestiona el antiguo magistrado de la Audiencia Nacional que Torra fuese juzgado y condenado, entre otros, por Jesús María Barrientos, presidente del Tribunal Superior de Cataluña que firmó su condena por inhabilitación. Barrientos participó en la admisión a trámite de la querella que desembocó en la condena y, además, abandonó un acto en el Colegio de Abogados de Barcelona en febrero de 2018 cuando Roger Torrent, presidente del Parlament, habló de “presos políticos”.

Para Sáez, es “razonable y legítima la duda sobre la posición institucional” de Quim Torra sobre Barrientos en este proceso. El objetivo no es analizar si es un juez imparcial, sino también la imagen que proyecta de la Justicia ante los ciudadanos: “Si está en condiciones de presentarse y ofrecer una imagen adecuada para generar la confianza de las partes y de la sociedad respecto a su posición como tercero”, razona este magistrado.

El incidente de recusación de Torra contra Barrientos y otro magistrado fue rechazado a finales de 2019 por parte del propio TSJC. Los jueces avalaron a su compañero y aseguraron que no tenía ninguna razón para apartarse del proceso: “Ninguno de los comportamientos públicos en forma de manifestaciones o conductas o incluso resoluciones del magistrado señor Barrientos revela una pérdida de imparcialidad objetiva o subjetiva por su parte, sea por razón de ostentar un interés en la causa o de profesar una enemistad manifiesta hacia el acusado”, dijo el tribunal superior catalán.

El Tribunal Constitucional ha decidido rechazar el recurso del expresident catalán, Quim Torra, contra su condena de año y medio de inhabilitación por desobediencia. Los magistrados desestiman las alegaciones de Torra contra su condena por negarse a quitar lazos amarillos de la fachada del edificio de la Generalitat de Cataluña en plena campaña electoral en marzo de 2019, una vez se lo había ordenado la Junta Electoral Central. La sentencia no ha sido unánime: los magistrados Juan Antonio Xiol y el recién incorporado Juan Ramón Sáez han anunciado votos particulares.

La sentencia, que se conocerá en los próximos días, asegura que Torra “no fue condenado por sus ideas, opiniones o manifestaciones, sino por el incumplimiento de unos requerimientos derivados de un uso inadecuado de los edificios públicos, que deben estar al servicio de los intereses generales, no de un grupo más o menos concreto o numeroso de personas, con exclusión del resto”. La exhibición de los lazos amarillos, símbolo del independentismo catalán, “infringía el deber de neutralidad y objetividad que, en todo momento, debe ser respetado por los poderes públicos, pero especialmente durante el periodo electoral, como garantía de la limpieza del proceso democrático, y de la igualdad en las elecciones”.

El pleno del Tribunal Constitucional asegura en un comunicado difundido este miércoles que la conducta de Torra, que se negó en un principio a retirar los lazos amarillos, “no podía estar amparada en el ejercicio de derechos subjetivos, porque en su condición de Presidente de la Generalitat de Cataluña, y máximo responsable de la gestión de los edificios públicos, su conducta venía determinada por lo dispuesto en el ordenamiento jurídico”.

El Tribunal Supremo ratificó en septiembre de 2020 la condena de desobediencia que le había impuesto previamente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Los jueces acusaron a Torra de desobedecer a la Junta Electoral de forma “contumaz y obstinada” y mantener la simbología independentista en edificios públicos en plena campaña electoral. Una sentencia que desencadenó un terremoto político en Cataluña: los jueces ejecutaron de manera casi inmediata la sentencia y Pere Aragonès fue proclamado su sustituto.

La Junta Electoral Central (JEC) enfoca hacia Laura Borràs. El órgano electoral ha pedido a la presidenta del Parlament que justifique la decisión de la Cámara de no retirar el escaño al diputado CUP Pau Juvillà hasta que el Tribunal Supremo confirme la pena de seis meses de inhabilitación por desoír la orden de retirar cuatro lazos amarillos.

La JEC tenía sobre su mesa este miércoles la petición de PP, Ciudadanos y VOX para retirar de forma inmediata el escaño de Juvillà. Así lo hizo, de hecho, la JEC hace un año, cuando aceptó el recurso de la derecha y la extrema derecha y dejó sin escaño al expresident Quim Torra. En esa ocasión la JEC no pidió el parecer del Parlament, sino que revocó el acuerdo de la Junta Electoral de Barcelona, partidaria de inhabilitar a Torra solo cuando el Supremo hubiera confirmado su sentencia por los lazos.

Ahora la JEC evita dejar de inmediato sin acta de diputado a Pau Juvillà y en cambio acuerda dar diez días a Borràs para que le comunique “las decisiones, resoluciones o cualesquiera otras medidas” que el Parlament ha tomado en relación con el acta del parlamentario de la CUP. El ente tmbién concede a Borràs la opción de presentar alegaciones antes de tomar una decisión sobre el escaño del 'cupaire'.

La posición del Parlament sobre el escaño de Juvillà es pública y notoria: la Cámara catalana, con el apoyo de independentistas, PSC y 'comuns', consideró la semana pasada que debía primar el reglamento del Parlament y que Juvillà no debía dejar su escaño hasta que hubiera una sentencia firme del Supremo.

El Parlament intenta así blindar el escaño de Juvillà ante una decisión de la Junta Electoral que obligue a la Cámara catalana y a Borràs a ejecutar la retirada de su acta de diputado. Si la JEC finalmente deja vacante el escaño de Juvillà, Borràs se verá más expuesta a una nueva acción penal por desobediencia en caso de negarse. Su antecesor, el republicano Roger Torrent, quiso evitar a toda costa la querella de la Fiscalía y declaró vacante el escaño de Torra, lo que le valió agrios reproches de Junts per Catalunya.

A la espera de la respuesta de Borràs, si la JEC aplica en Juvillà la doctrina que impuso a Torra se volverá a constatar el conflicto un ente autónomo formado por ocho magistrados del Supremo y cinco vocales escogidos por los partidos políticos, y el Parlament votado por los catalanes debido a dos interpretaciones opuestas sobre cuándo debe privarse a un diputado de su condición.

Para la JEC, en el caso de Torra –análogo al de Juvillà– primó el artículo 6.2 de la Ley Electoral (LOREG), que considera inelegibles a los condenados a penas de inhabilitación por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra las Instituciones del Estado o contra a Administración Pública. En este último supuesto se enmarca la desobediencia de Juvillà. En cambio para el Parlament la interpretación de la JEC es expansiva y debe priorizarse el derecho a la representación política de Juvillà hasta que el Supremo lo inhabilite de forma definitiva con una sentencia firme.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha condenado a medio año de inhabilitación por un delito de desobediencia al diputado de la CUP Pau Juvillà por desoír la orden para retirar cuatro lazos amarillos de la ventana de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida en 2019, cuando era concejal en la localidad. El caso se inició a partir de una denuncia de Ciudadanos ante la Junta Electoral de Lleida.

La sentencia impone además al diputado una multa de 1.080 euros. Ahora Juvillà se expone a que la Junta Electoral, en aplicación de la doctrina impuesta al expresident de la Generalitat Quim Torra, inhabilite al diputado pese a que tiene la opción de recurrir la sentencia del TSJC ante el Tribunal Supremo.

La Sala Civil y Penal del TSJC concluye que Juvillà mantuvo una conducta “inobediente” y de “contumaz, persistente y abiertamente opuesta” a las dos órdenes que recibió de la Junta Electoral de Lleida para que retirara los lazos amarillos de las ventanas de los despachos de la CUP. Como muestra, el tribunal recuerda que el propio Juvillà escribió un artículo en el periódico La Mañana en el que reivindicaba la “desobediencia” a los requerimientos de la JEC. 

No acepta la Sala ninguno de los argumentos de defensa de Juvillà, entre ellos algunos novedosos respecto al caso del expresident Torra. La defensa alegó que la CUP presentaba a las elecciones generales de abril de 2019 y que por lo tanto Juvillà no estaba obligado a mantener la neutralidad exigida a las instituciones en campaña electoral, y consideró irregular además que el requerimiento de la Junta Electoral de Lleida fuera dirigido al concejal en vez de al Ayuntamiento, que como institución era quien estaba obligado a mantener la neutralidad. 

Los jueces descartan todos los argumentos de la defensa debido al carácter “inequívocamente partidista” de los lazos amarillos y al hecho de que, pese a que Juvillà formaba parte de un grupo que no se presentaba a las elecciones, los símbolos estaban exhibidos en un “espacio público” como era la ventana del consistorio. 

Este uso de los espacios públicos, abunda la Sala, le fue reconocido a Juvillà “por su condición de autoridad de la Administración Local y para el ejercicio de sus funciones públicas, y no como ciudadano y militante de un partido político”, por lo que tampoco cabe alegar que colgar lazos amarillos estaba protegido por su derecho fundamental a la libertad ideológica.    

Los jueces afean además a la defensa de Juvillà el argumento de que la orden de retirar los lazos debía dirigirse al Ayuntamiento, que tildan de “pretexto infundado” y “alegación alambicada tras la que se esconde un designio político relacionado con la confrontación” que en aquella época mantenía la CUP con el PSC, partido que entonces gobernaba en Lleida, y sus socios de Ciudadanos.

El caso queda en manos de la Junta y de Borràs

En un comunicado, la CUP ha valorado que la inhabilitación de Juvillà por mantener los lazos amarillos durante un período electoral supone “un ataque a la libertad de expresión y a los derechos políticos fundamentales a ojos de cualquier persona con valores democráticos”.

El diputado ha emplazado a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, a “ejercer y defender la soberanía del Parlament” mientras recurre la sentencia, en una velada referencia a la inhabilitación a la que ahora se expone. “Trabajaremos política y judicialmente para mantener el escaño hasta donde sea posible”, ha dicho Juvillà, que ha anunciado que recurrirá la sentencia ante el Tribunal Supremo.

La inhabilitación previa a la sentencia firme del caso de Juvillà se asemeja al caso del expresident de la Generalitat, Quim Torra. La Junta Electoral Central, a instancias del PP y Ciudadanos, dejó sin escaño del Parlament a Torra después de su condena en primera instancia ante el TSJC por no retirar lazos amarillos, lo que previsiblemente se repetirá con el diputado de la CUP. El episodio de la retirada del escaño de Torra provocó un agrio enfrentamiento entre Junts y ERC. Los posconvergentes acusaron al entonces presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, de no defender al Parlament por acatar la retirada del escaño de Torra.

Tras ser interpelada por la CUP, Borràs ha asegurado que no retirará el acta de Juvillà antes de que el Tribunal Supremo confirme la condena y sea por tanto una sentencia firme. La jefa de la Cámara ha asegurado que “defenderá los derechos de todos los diputados” y no retirará el escaño ni siquiera si la Junta Electoral instase de forma inmediata a hacerlo, como ya ocurrió en el caso de Quim Torra.

“Hasta que no haya una sentencia firme que se deba ejecutar, Pau Juvillà es un diputado de este Parlament, y esta presidenta no puede, ni tiene intención, que retirarle su escaño”, ha asegurado Borràs. “es un nueva injusticia por parte de la justicia española, que ha querido apartar a un representante político elegido por la ciudadanía de Catalunya”, ha indicado.

Por su lado, el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha criticado la sentencia y ha lamentado que haya una condena de “seis meses de inhabilitación por solidarizarse ante la represión”. “Esta sentencia es un nuevo ataque a la libertad de expresión, a la democracia y al país entero”, ha afirmado el president de la Generalitat antes de expresar “todo el apoyo” a Juvillà y añadir: “En pie contra la persecución judicial al independentismo”.

“No es conveniente cultivar más respeto a la ley que a lo justo”. Con estas palabras en favor de la desobediencia civil del filósofo estadounidense Henry Thoreau ha cerrado su juicio el diputado de la CUP Pau Juvillà, acusado de desobedecer la orden para retirar cuatro lazos amarillos de la ventana de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida en 2019. El parlamentario ha defendido que retirar los símbolos en favor de la libertad de los presos del procés lesionaba sus ideas políticas.

Consciente de la dificultad de combatir el precedente de la condena al expresident Quim Torra, la defensa de Juvillà, ejercida por el letrado Carles López, ha centrado su tesis en destacar las diferencias entre los lazos amarillos exhibidos en el Palau de la Generalitat y los de la ventana del despacho de la CUP en La Paeria de Lleida.

López ha recalcado que Juvillà formaba parte de un grupo político que no se presentaba a las elecciones generales de abril de 2019 y que por lo tanto no estaba obligado a mantener la neutralidad exigida a las instituciones en campaña electoral. Y al ser un partido político y no una institución, ha agregado la defensa, los lazos eran un ejercicio legítimo de su liberad ideológica.

Según el abogado, la Junta Electoral “confundió” las obligaciones en periodo electoral de las instituciones y de los partidos políticos, ya que obligó a un partido a retirar su propia ideología para garantizar la neutralidad de la institución. El grupo de la CUP de Lleida, ha insistido el abogado, no es un poder público “obligado” a garantizar la neutralidad, ya que es un extremo que solo afecta a las instituciones. “Lo que no se puede pretender es obligar a un partido político a que, para garantizar la neutralidad institucional, retire la simbología que le identifica”, ha aseverado el letrado.

No han convencido los argumentos de la defensa a la Fiscalía, que ha confirmado la petición de pena de multa de 1.440 euros y una inhabilitación de ocho meses para ocupar un cargo público por un delito de desobediencia, lo que en caso de condena privaría a Juvillà de su escaño. El fiscal José Joaquín Pérez de Gregorio ha considerado “perfectamente acreditado” que Juvillà incumplió por dos veces la orden de la Junta Electoral de Lleida para retirar los lazos. Y ha remachado que los supuestos del caso de Juvillà son los mismos que en la condena de Torra.

El juicio, celebrado en la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), ha durado menos de dos horas y ha quedado visto para sentencia este mismo lunes. En su declaración como acusado, Juvillà ha defendido no retirar los lazos para no “autocensurar” las ideas de la CUP y no “lesionar” su libertad ideológica.

El fiscal ha preguntado por el tuit y el artículo de prensa en los que Juvillà justificó haber desoído a la Junta Electoral (“Reivindiquemos nuestra desobediencia”, fue el título de su opinión), a lo que Juvillà ha recordado que todas las decisiones de la CUP se toman conjuntamente en asamblea. “Mantuvimos los lazos amarillos por compromiso en la defensa de las libertades”, ha recalcado el parlamentario.

La defensa también ha vinculado la orden de la JEC para retirar los lazos, dictada a instancias de Ciudadanos, con el pacto que el partido mantenía en aquel momento con el PSC para gobernar Lleida. El letrado ha recordado que la denuncia de Ciudadanos pedía a la Diputación de Lleida y a las delegaciones de la Generalitat retirar igualmente los lazos, pero que en el caso del consistorio no se lo pedía al Ayuntamiento ni a los grupos municipales.

Juvillà ha vinculado esta diferencia en las denuncias con el hecho de que Ciudadanos quería ahorrar el “coste político” de retirar los lazos al entonces alcalde y socio Àngel Ros. En su declaración como testigo, en cambio, la concejala de Ciudadanos en Lleida, Ángeles Ribes, ha negado que su denuncia tuviera “connotación política”.

También han testificado los dos mossos que retiraron los cuatro lazos de la ventana, quienes han explicado que, tras recibir la orden judicial, entraron en el despacho de la CUP el 13 de abril con las llaves que les dio la Guardia Urbana de Lleida en el Ayuntamiento y que no encontraron resistencia alguna. Y el entonces presidente del grupo municipal de la CUP, Francesc Gabarell, ha defendido que la asamblea municipal de los anticapitalistas decidió no retirar los lazos “porque se pedía retirar algo que no es malo y que iba en contra” de la ideología del partido.

Antes de celebrarse el juicio, Juvillà, que es también el secretario tercero de la actual Mesa del Parlament, ha recibido el apoyo de parlamentarios de la CUP como Xavier Pellicer y de dirigentes de ERC y Junts, como Oriol Junqueras y Laurà Borras, así como de las entidades soberanistas Òmnium Cultural y la ANC en una concentración frente al Palacio de Justicia de Barcelona.

Cuatro lazos amarillos volverán este lunes a una sala de vistas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) juzga al diputado de la CUP y secretario tercero de la Mesa del Parlament, Pau Juvillà, por desobedecer la orden de retirar los símbolos en favor de la libertad de los presos del procés en su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Lleida.

El caso guarda semejanzas –aunque también alguna diferencia– con el juicio que acabó con la etapa de Quim Torra al frente de la presidencia de la Generalitat. La coincidencia más relevante es la que se produciría en caso de condena por el TSJC. Aunque Juvillà tenga derecho a recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo y su condena no sea firme, la Junta Electoral le privará del escaño si sigue la doctrina que aplicó al expresident.

El antecedente con el escaño del expresident es uno de los episodios más tormentosos de la pasada legislatura. Provocó la enésima bronca entre Junts y ERC, pero es una de las que todavía se recuerdan. Los posconvergentes responsabilizaron al entonces presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent, de escudarse en los servicios jurídicos de la Cámara y de no dar una respuesta política a la retirada del escaño.

Ahora las tornas han cambiado y será la dirigente de Junts Laura Borràs, como presidenta del Parlament, la encargada de ejecutar una eventual retirada del escaño de Juvillà. Fuentes anticapitalistas aseguran que no han tratado el asunto con Borràs y descartan anticipar cualquier escenario ante la eventual retirada del escaño de Juvillà, además de recalcar que solo contemplan la absolución. En cualquier caso, abundan las mismas fuentes, se intentará una gestión de la crisis distinta al episodio de Torra.

El juicio del lunes se sustentará rápido. Además de la declaración de Juvillà, comparecerán como testigos los dos mossos d'esquadra que retiraron los lazos de la ventana, la concejal de Ciudadanos en Lleida que denunció los símbolos soberanistas ante la Junta Electoral y otro concejal de la CUP en La Paeria. Fuera del Palacio de Justicia de Barcelona los anticapitalistas han convocado para el lunes un acto político y musical, que se celebrará horas antes del decisivo debate de tramitación presupuestaria en el Parlament.

Horas antes de sentarse en el banquillo, la CUP celebra este domingo en Lleida un acto de apoyo a Juvillà que contará con intervenciones de Torra; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la diputada de ERC Meritxell Serret y los representantes anticapitalistas Eulàlia Reguant y Benet Salellas. Y esta semana políticos como el president de la Generalitat, Pere Aragonès, o el expresident Carles Puigdemont han firmado un manifiesto en el que se pide la “absolución” del diputado de la CUP.

La Fiscalía pide para Juvillà una multa de 1.440 euros y una inhabilitación de ocho meses para ocupar un cargo público por un delito de desobediencia. Argumenta el Ministerio Público que Juvillà incumplió por dos veces el requerimiento de la Junta Electoral de Lleida –a instancia de Ciudadanos– para sacar los cuatro lazos amarillos de la ventana de su despacho en el consistorio durante la precampaña electoral de las elecciones generales de abril de 2019. Finalmente el 13 de abril los Mossos d'Esquadra retiraron los cuatro lazos.

La defensa de Juvillà, que ejerce el letrado Carles López, alega que la retirada de lazos vulneró el derecho a la libertad ideológica y de expresión. Son dos aspectos que el TSJC ya descartó en su condena a Torra.

El argumento novedoso de defensa respecto al caso de Torra es que la CUP, alega López, no se presentaba a las elecciones generales de abril de 2019, por lo que la orden de retirada de lazos al grupo municipal “restringía su actividad política cotidiana y era ajena” a los comicios. Y a diferencia de la institución pública, agrega la defensa, un grupo municipal no está obligado a mantener la neutralidad política en periodo electoral sino que puede exhibir libremente los símbolos políticos que considere.

La agresión a una mujer que retiraba lazos amarillos en el Parque de la Ciutadella en agosto de 2018 está más cerca de llegar a juicio. La Fiscalía acusa a un hombre de golpear y dar varios puñetazos a la mujer, de origen ruso, por motivos ideológicos, y pide para él dos años y nueve meses de prisión.

En su escrito, el coordinador del servicio de delitos de odio y discriminación de la Fiscalía de Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, acusa al agresor de actuar “guiado por su animadversión a los postulados no independentistas” que atribuyó a la víctima así como a su origen y nacionalidad rusa.

Los hechos se remontan al 25 de agosto de 2018, cuando la mujer, cuando volvía de hacer la compra con su marido y sus hijos, empezó a quitar algunos lazos de la verja del parque. El acusado, relata el fiscal, empezó a increpar a la mujer y a “ponerse agresivo”. La víctima dijo en ruso a sus hijos que se marcharan a casa, a lo que el hombre replicó preguntándole “¿eres rusa?” elevando el tono.

Al contestar la mujer que era tanto rusa como “de aquí”, el acusado golpeó a la víctima en el lado derecho de la cara “de forma totalmente inopinada”, remarca el fiscal, para a renglón seguido, cuando la mujer ya estaba en el suelo, “propinarle puñetazos en la cara y en otras partes del cuerpo mientras ella trataba de protegerse, situación que conmocionó a los niños que lloraban y gritaban llamando a su madre”.

A consecuencia de los golpes propinados por el acusado, la víctima sufrió heridas físicas en la cara que tardaron en curar ocho días no invalidantes, además de ansiedad y temor a salir a la calle. Además de las penas de prisión por un delito de lesiones y uno contra los derechos fundamentales por motivos discriminatorios en concurso con otro contra la integridad moral, el fiscal reclama para el acusado una indemnización de 4.300 euros a la víctima.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha fijado los plazos de la primera inhabilitación de Quim Torra para ocupar cargos públicos, que vencerá en enero de 2022. Los jueces han acordado rebajar la inhabilitación en casi tres meses al descontar de los 18 meses de condena por los lazos los casi noventa días que estuvo suspendido como diputado del Parlament antes de la sentencia definitiva del Supremo.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC dirime así los límites de la ejecución de la condena a un año y medio de inhabilitación que se impuso a Torra por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos de los edificios públicos.

La Fiscalía y Vox ya habían aceptado que Quim Torra cobrara la pensión que le corresponde por su cargo en el ejecutivo catalán y pudiera disponer de la oficina de expresident. La mayoría del tribunal acuerda mantener su pensión como exjefe del ejecutivo catalán, una decisión contra la que se ha posicionado el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en un voto particular.

Al contrario que sus compañeros de Sala, Barrientos argumenta que la inhabilitación de Torra como president “comporta necesaria y legalmente, sin necesidad de debate alguno en plenario” la pérdida de todos los derechos –incluidos los económicos– y también de los tratamientos y honores como expresident. Según Barrientos, Torra no debería percibir la pensión que le corresponde como expresident hasta que se haya extinguido la pena de inhabilitación impuesta.

Sin embargo la mayoría del tribunal acuerda que Torra pueda disponer ya de las prerrogativas –sueldo, oficina con secretaría y gabinete y coche oficial a costa del erario público– de expresident al entender que la condena de inhabilitación “no puede extenderse” más allá del cargo de president que ocupaba.

Respecto al tiempo que debía durar la inhabilitación para ocupar cargos públicos a la que fue condenado, la Fiscalía se oponía a restar a los 18 meses de la sentencia la mitad de los casi ocho meses en los que Torra se quedó sin escaño antes de ser condenado en firme por decisión de la Junta Electoral Central (JEC), tal y como pedía la defensa.

El TSJC, esta vez sí por unanimidad, atiende en parte la petición de la defensa y acuerda que se resten de los 18 meses de inhabilitación uno de cada tres días de los ocho meses que estuvo suspendido como diputado del Parlament –unos 80 días–, lo que fija el horizonte del fin de la inhabilitación en enero de 2022.

No obstante, casi con toda seguridad Torra sumará una nueva condena por inhabilitación ya que está otra vez imputado por desobediencia por no retirar por segunda vez la pancarta de apoyo a los presos independentistas. En caso de resultar nuevamente sentenciado, Torra sumaría más meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Sobre el pago de la multa de 30.000 euros a la que fue condenado, el TJSC señala que la defensa de Torra “no dispone todavía de elementos suficientes para plantear al tribunal ninguna de las fórmulas legales previstas para su cumplimento”.

Ni 24 horas ha tardado el expresident de la Generalitat, Quim Torra, en recurrir la sentencia del Tribunal Supremo que le ha apartado de las instituciones. Torra ha pedido al Tribunal Constitucional suspender de forma cautelar su inhabilitación como president en vigor desde este lunes para enmendar el “fraude constitucional” que, a su juicio, cometió el Supremo al condenarle.

En un extenso recurso, de más de 400 páginas, la defensa de Torra, que ejercen los letrados Gonzalo Boye e Isabel Elbal, solicita al Tribunal Constitucional que suspenda cautelarmente las sentencias del Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que condenaron a Torra “así como cualesquiera actos de ejecución ya consumados”, es decir, la inhabilitación de Torra como president de este lunes.

Solicita además Torra que el Constitucional “comunique de manera urgente” la suspensión de su condena a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, a la Sala de lo Civil y Penal del TSJC, a la Junta Electoral Central (JEC), al vicepresident, Pere Aragonès, y al secretario del Governy al presidente del Parlament de Catalunya.

En suma, el expresident busca revertir con la misma celeridad la inhabilitación ejecutada este lunes en menos de dos horas por parte del TSJC, que exhortó al Govern a publicar un decreto en el que, como marca el Estatut, Aragonès asume la presidencia de forma interina hasta las nuevas elecciones. Este martes todavía no se habían publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el decreto de cese de Torra ni en el Diario Oficial de la Generalitat (DOGC) el de nombramiento de Aragonès como president interino.

Es improbable que el Constitucional acceda a las peticiones del expresident, que pese al contenido de su recurso de amparo este lunes acató su inhabilitación y se despidió políticamente de la presidencia con una llamada a convertir las próximas urnas en un plebiscito sobre la independencia.

Torra fue condenado a un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de descolgar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de abril de 2019. El expresident entiende que la condena vulnera varios derechos fundamentales, como la libertad de expresión o el derecho a un juicio justo, y por ello ha recurrido al Constitucional. Si el tribunal de garantías no le da la razón, acudirá a la Justicia europea.

Argumenta el expresident que el Tribunal Supremo y el TSJC cometieron un “fraude constitucional” al condenarle. Dicho fraude consistió, a criterio de Torra, en el ejercicio de la acción penal con el objetivo de “corregir la acción política” de su presidencia así como para “derrocar al Gobierno de la Generalitat por razón de las manifestaciones políticas de su presidente en ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión”.

El expresident añade que el “derrocamiento” del Govern es más “lesivo y desproporcionado” debido al “momento particularmente incierto sobre la evolución en un futuro inmediato de la pandemia de Covid-19”, por lo que reclama su restitución inmediata para evitar la pérdida de la finalidad de su recurso y “el daño irreparable continuado” que, según Torra, “se viene produciendo” contra él y contra “los ciudadanos de Catalunya que lo eligieron como diputado en las pasadas elecciones al Parlament”.

El Tribunal Supremo ha confirmado la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra. El Alto Tribunal ha ratificado por unanimidad la condena de un año y medio de inhabilitación y multa de 30.000 euros por un delito de desobediencia que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) impuso a Torra por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la precampaña de las generales de 2019. Torra se convierte así en el primer president de la Generalitat inhabilitado en el ejercicio del cargo.

Además de acabar con la presidencia de Torra, el Supremo también ha sentenciado la legislatura catalana. Dada la negativa del president a adelantar las elecciones antes de ser inhabilitado y a la incapacidad de la mayoría independentista para escoger otro candidato, la sentencia del Supremo aboca a Catalunya a otro periodo de interinidad política y a unas nuevas elecciones anticipadas, que previsiblemente se celebrarán en febrero o marzo del próximo año.

La sentencia del Supremo es firme y en menos de dos horas ha sido ejecutada por el TSJC. En un auto, el TSJC ha hecho efectiva la inhabilitación de Torra y le ha advertido para que “se abstenga del ejercer o llevar a cabo actuaciones propias de los empleos y cargos públicos para los que ha sido inhabilitado, en particular del cargo de president”, además de apremiarle a pagar la multa a la que ha sido condenado.

En su resolución, el TSJC también manda un oficio a la vicepresidencia de la Generalitat para que, tal y como marca el Estatut, Pere Aragonès sea nombrado mediante decreto president interino. En los próximos días además se abrirá un trámite parlamentario para encontrar a un nuevo candidato a la presidencia (algo que no ocurrirá porque ningún eventual candidato dispone de mayoría, por lo que se repetirán las elecciones).

La sentencia del Supremo acoge en su totalidad los argumentos del TSJC y descarta las alegaciones de Torra, que consideraba que la condena por desobediencia vulneraba la libertad ideológica y de expresión. Sostenía además el president que los jueces del caso no imparciales por unas declaraciones que hizo el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, sobre la conveniencia de no desobedecer las órdenes de la JEC y porque tres de los magistrados del Supremo también habían formado parte del tribunal del procés.

El Supremo destaca, usando las mismas palabras que empleó el TSJC en su sentencia, que Torra mantuvo una “contundente, reiterada, contumaz y obstinada resistencia a acatar un mandato investido de autoridad y dictado conforme a la legalidad”. Es más, para el Supremo la condición de abogado de Torra le otorga “conocimientos jurídicos superiores a la medida”, lo que unido a los distintos informes de los servicios jurídicos de la Generalitat sobre la necesidad de retirar la pancarta hace que el president fuera plenamente consciente de la “obligación de acatar los mandatos de la JEC”.

El tribunal subraya que la orden de la JEC no vulneró los derechos a la libertad ideológica y de expresión de Torra ya que el juicio no versó sobre las “manifestaciones o actos que reflejan la identidad política” del president sino sobre “la desobediencia de las órdenes reiteradas de un órgano constitucional cuya función es garantizar la transparencia y limpieza de los procesos electorales que exige la neutralidad de los poderes y administraciones públicas”.

Recuerda el Supremo que Torra admitió incluso durante el juicio que había desobedecido la orden de retirar la pancarta y los lazos, por lo que a criterio del tribunal no se ha vulnerado su presunción de inocencia. El president alegaba que desoyó las resoluciones de la JEC porque eran “órdenes ilegales”, pero el Supremo lo descarta. Los magistrados concluyen que fueron acuerdos “dictados con arreglo a Derecho” y con un mandato “claro y perfectamente comprensible, tanto en el fondo como en los plazos establecidos” para retirar la pancarta, que Torra terminó descolgando, pero una semana más tarde de lo ordenado por la JEC.

Torra impuso “su voluntad” al mandato de una “autoridad superior” y por eso ha sido condenado, abunda el Supremo, que niega que la pena sea “desproporcionada e innecesaria” y rechaza las alegaciones de su sobre supuesto trato discriminatorio respecto a otros políticos sancionados por el árbitro electoral, como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Respecto a la competencia de la JEC que negaba Torra, el Supremo resuelve que el ente electoral sí era el órgano que debía ordenar la retirada de la pancarta. La ley electoral, detalla el tribunal, otorga a la JEC competencias resolver las quejas y recursos, como el que Ciudadanos presentó ante el órgano electoral en contra de la exhibición de lazos amarillos en edificios públicos. La sentencia del propio Supremo que invocaba Torra para cuestionar la competencia de la JEC no es aplicable al caso de los lazos porque, argumenta el tribunal, versaba sobre la capacidad sancionadora del ente electoral y no sobre su potestad para emitir órdenes a otras autoridades.

Asimismo, el Supremo destaca que Torra no cuestionó la competencia de la JEC en sus alegaciones ante el órgano electoral. Por todo ello el Supremo reprocha a Torra que buscara crear una “aparente controversia jurídica” alrededor de las competencias de la JEC para “camuflar su contumaz rechazo” a cumplir con la orden de descolgar la pancarta.

“La exigencia de neutralidad de la Administración se agudiza en los períodos electorales”, apostilla el Supremo, una situación que busca que el ciudadano “pueda con absoluta libertad, sin interferencias de ningún poder público, decidir los términos y el alcance de su participación política”. A criterio del Supremo, Torra hizo lo contrario, lo que le obliga a dejar la política.

A pocos días de saber si el Tribunal Supremo le obliga a dejar la presidencia de la Generalitat, Quim Torra ha comparecido por segundo vez como imputado por no retirar lazos amarillos y una pancarta a favor de los presos independentistas de la Generalitat. La sesión ha sido de las más breves que se recuerdan en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC): el president, tras apuntar que querría acabar rápido con el trámite para retomar la gestión de la pandemia, se ha acogido a su derecho a no declarar a ninguna de las partes –tampoco a su defensa. La comparecencia ha durado tres minutos.

Según fuentes presentes en la declaración, Torra ha dirigido un breve mensaje al magistrado instructor del caso, Carlos Ramos, a modo de explicación de su negativa a declarar, en el que ha afirmado que el tribunal “ya tiene una decisión tomada” sobre su causa, que a su juicio no es otra que la condena. Torra también ha explicado al juez que él es independentista y ha alegado que la segunda causa de los lazos “forma parte de la represión” contra el independentismo.

Los orígenes de este nuevo caso se remontan al 20 de septiembre de 2019. En aquella fecha, los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJC ordenaron a Torra retirar en 48 horas la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los “presos políticos y exiliados”. Lo hicieron al aceptar la medida cautelar solicitada Impulso Ciudadano, la entidad liderada por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo y que ejerce la acusación popular en la causa. Al igual que ocurrió en el caso de los lazos, Torra amagó con negarse a retirar la pancarta, que siete días después terminaría igualmente descolgada del balcón del Palau.

A diferencia de su primera causa, en esta ocasión la orden sí provino de un tribunal y no de la Junta Electoral, a quien el president no reconocía la posición de autoridad para ordenarle retirar una pancarta. La defensa ha perdido una baza ya que ahora la orden sí provino de un órgano superior jerárquico para dar órdenes a Torra.

Sin embargo, según fuentes de la defensa de Torra, la sala Contenciosa Administrativa del TSJC no era competente para ordenar la retirada de la pancarta al tratarse de un asunto de libertad de expresión. En los próximos días la defensa pedirá una batería de diligencias en este sentido, como la incorporación de todo el expediente administrativo que ahora consideran incompleto.

Además del episodio con la pancarta del mes de septiembre, a la causa también se incorporará lo ocurrido en enero de este año después de que la JEC ordenara la inhabilitación exprés de Torra como diputado pese a que el Supremo todavía no había recibido su recurso, lo que provocó que en la Generalitat se volviera a colgar por unos días la misma pancarta cuya retirada había ordenado el TSJC.

La comparecencia de Torra sirve para encarar la recta final de la investigación del caso, que al igual que el anterior no supone una causa compleja de instruir habida cuenta de que se trata de discernir si el president cumplió o no con una orden para retirar una pancarta. Los precedentes no acompañan a Torra, ya que en la primera causa el magistrado instructor tardó apenas un mes en sentar a Torra en el banquillo después de declarar como imputado.

Con todo, en función de lo que tarde el Supremo en inhabilitar a Torra, y por lo tanto en hacer que pierda su aforamiento, la segunda causa de los lazos dejaría el TSJC para pasar a un juzgado ordinario. De ser así, el president se sentaría en uno de los funcionales banquillos de los juzgados penales de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, como todo ciudadano común que va a juicio como acusado.

El Tribunal Supremo ha celebrado este jueves la vista que puede poner punto y final a la legislatura catalana. El Alto Tribunal ha revisado la inhabilitación del president de la Generalitat, Quim Torra, por desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) que le obligaba a retirar las pancartas de apoyo a los presos del procés de los edificios públicos durante la campaña electoral de las generales de abril de 2019. El propio Torra, a la salida de la sesión, ha reiterado que no será él quien adelante las elecciones antes del fallo judicial que, en pocos días, le puede obligar a dejar la Generalitat. “No seré yo quien lleve el país a una carrera electoral irresponsable que paralizaría Catalunya en plena pandemia”, ha sentenciado el president.

En el plano judicial, la vista ha empezado con las alegaciones de la defensa de Torra –el president no podía intervenir ante el tribunal–, que ha pedido a los magistrados revocar la “aberrante” condena por los lazos que impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) para no vulnerar la libertad de expresión del president. En su intervención, el abogado Gonzalo Boye ha defendido que la pancarta a favor de los presos y con lazos amarillos se enmarca dentro de la libertad de expresión del president y de su inviolabilidad parlamentaria, ya que trasladaba al balcón de la Generalitat unas palabras que había pronunciado en el pleno del Parlament. “Hacer una crítica en una pancarta es un acto político”, ha enfatizado Boye, que ha afirmado que a Torra se le “discrimina” por formar parte de una minoría nacional.

El letrado ha comparado el caso de la pancarta con la acusación de “terrorista” al padre de Pablo Iglesias que realizó la exportavoz parlamentaria del PP Cayetana Álvarez de Toledo. A criterio de Boye, las “gravísimas, durísimas y feroces” críticas de Álvarez de Toledo están amparadas por la libertad de expresión, al igual que la pancarta de los presos. En este caso además la defensa alega que Torra se limitó a trasladar a una pancarta las palabras –“libertad presos políticos y exiliados”– que había pronunciado en el Parlament en su discurso de investidura. “Es como si lo hubiera puesto en una chapa en su chaqueta”, ha apostillado Boye.

La defensa ha cuestionado además la imparcialidad del tribunal del TSJC que lo condenó porque su presidente, Jesús María Barrientos, afirmó antes de abrirse la causa que las órdenes de la JEC debían cumplirse. Cabe recordar que por el TSJC ya descartó que Barrientos hubiera perdido la imparcialidad para juzgar el caso. Tampoco ve imparciales la defensa a tres de los magistrados del Supremo que resolverán el caso –Andrés Martínez Arrieta, Antonio del Moral y Juan Ramón Berdugo– porque formaron parte del tribunal del procés. Asimismo, Boye ha insistido que la JEC no era una autoridad “superior” a Torra, requisito necesario para condenar por desobediencia.

La Fiscalía ha replicado las alegaciones de Torra en una intervención muy técnica, pero que no se ha ahorrado críticas a la defensa del president. A criterio de la fiscal Pilar Fernández Valcarce la defensa del president “estira y adapta las normas su conveniencia”, lo que a su juicio “es legitimo pero no asumible”. Fernández Valcarce ha intentado desmontar ladrillo a ladrillo la defensa edificada por Boye para reclamar la absolución de Torra.

La fiscal ha advertido al tribunal de que las alegaciones de Torra en referencia a la libertad de expresión y al carácter de autoridad superior de la JEC omiten que el contexto electoral en el que ocurrió el episodio de la pancarta. “Las decisiones de la JEC no son contra manifestaciones políticas sino en el marco de un proceso electoral que se rige por la neutralidad y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG)”, ha recordado Fernández Valcarce, que ha defendido que durante la campaña electoral la JEC sí es una autoridad superior al president aunque no lo sea jerárquicamente el resto del año.

En cuanto a las cuestiones prejudiciales sobre la imparcialidad de los jueces del TSJC o la desproporción de condenar penalmente por no retirar una pancarta que la defensa del president ha pedido al Supremo elevar a la Justicia europea –lo que alargaría por lo menos seis meses la emisión de la sentencia y la eventual inhabilitación de Torra– la fiscal ha pedido descartarlas al vincularlas con una estrategia de la defensa para dilatar la resolución de la causa. Por su lado, la abogada de la acusación popular de Vox, Marta Castro, ha afeado a la defensa de Torra convertir la vista en una sesión de “marketing político”.

La vista de este jueves revisa la condena que el TSJC impuso el 19 de diciembre del año pasado a Torra por un delito de desobediencia por no retirar símbolos que la JEC consideraba partidistas, como los lazos amarillos, en período electoral. Al no ser firme, la sentencia no se ha ejecutado todavía y será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la inhabilitación, aunque la sala notificará su resolución hasta dentro de unos días.

Torra, que ha seguido la sesión entre el público del salón de plenos del Supremo, ha llegado al Alto Tribunal acompañado del vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los portavoces en el Congreso de los Diputados de JxCat y ERC, Laura Borràs y Gabriel Rufián; diputados como Antoni Castellà (Demòcrates), Sergi Miquel (PDeCAT) y Albert Botran (CUP), y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Mauri y Elisenda Paluzie, respectivamente.

En el plano político, el paseo conjunto de los líderes independentistas ha sido el único punto de unión entre Torra y el resto de partidos. Como constató el debate de política general de este miércoles, el president se resiste a convocar elecciones frente a las peticiones de ERC y la CUP para consensuar una estrategia de cara a su inhabilitación,

Torra, en una declaración institucional en la sede de la Generalitat en Madrid tras la vista, se ha reafirmado en su rechazo a adelantar los comicios y ha culpado únicamente a los magistrados del Supremo de “paralizar” el Govern en plena pandemia en caso de resultar inhabilitado. Según Torra, su condena penal no es personal sino “un castigo a un país entero en medio de una pandemia”.

En una dura intervención más propia de un mitin de campaña que de las vísperas a una nueva reunión de la mesa de diálogo con el Gobierno, Torra ha cargado contra los jueces –“si el Estado me inhabilita solo habrá un culpable y no seré yo”–, y también ha acusado al Estado de “no amar a Catalunya sino quererla solo como esclava”.

Un emisario de José Luís Rodríguez Zapatero se puso en contacto con Carles Puigdemont unas semanas después de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia del Gobierno. El objetivo del expresidente, que según el mensajero actuaba con autorización de Sánchez, era abrir una vía de diálogo sobre Catalunya, para lo que pidieron a Puigdemont que nombrara a alguien de su confianza para verse con Zapatero. Así lo explica el propio expresident de la Generalitat en el segundo volumen de su libro de vivencias, La lucha en el exilio (Plaza y Janés), escrito junto al periodista Xevi Xirgo, y que saldrá a la venta el próximo 10 de septiembre.

Tal y como ya ocurría en el primer volumen, Me explico, los autores han optado por ocultar algunas partes del texto para no comprometer a sus protagonistas. En este caso, el nombre de la persona que contacta con Puigdemont en nombre de Zapatero aparece tachado, por lo que no se desvela su identidad. En el mismo capítulo sin embargo da otros detalles, como que el elegido por el expresident para ser su enlace fue Ramon Tremosa, nombrado la semana pasada conseller de Empresa.

Otro de los detalles que explica es que el emisario, hablando de parte de Sánchez y Zapatero, reclamó a Puigdemont el 29 de agosto de 2018 que lanzara un mensaje al independentismo para tratar de rebajar la tensión por los lazos amarillos, un asunto que había generado algunos enfrentamientos durante el verano. Una petición que el líder de JxCat aceptó, por lo que emitió un vídeo en el que llamaba a sus acólitos a “no caer en provocaciones” y evitar escalar el conflicto en las calles.

Reproducimos a continuación el capítulo de La lucha en el exilio:

Miércoles, 29 de agosto

Hoy ha hecho público un mensaje a través de las redes sociales. Es un vídeo registrado en su despacho de Waterloo en el que hace un llamamiento a la calma y pide «no escalar un conflicto» a raíz de la polémica existente desde hace días en Cataluña con los lazos amarillos, el símbolo de apoyo a los políticos independentistas que se encuentran en prisión preventiva. 

Durante los últimos días se han producido incidentes en varios municipios catalanes, sobre todo por la insistencia de Ciudadanos en avivar el conflicto. Hoy mismo Albert Rivera e Inés Arrimadas han ido a Alella, en el Maresme, y se han dedicado a arrancar lazos amarillos que había en las calles. Los máximos dirigentes de Ciudadanos en España y en Cataluña han asegurado ante las televisiones, convenientemente avisadas de la acción, de que «no habrá convivencia en Cataluña hasta que haya neutralidad en el espacio público. Aunque algunos no quieran reconocerlo, en Cataluña se está demostrando que hay fractura social». 

El vídeo del president no es casual ni obedece solo al deseo de que no haya una escalada del conflicto. Responde, también, a la voluntad del nuevo gobierno español encabezado por el socialista Pedro Sánchez, que hace dos meses ganó la moción de censura contra Mariano Rajoy, de desescalar el conflicto. 

El mes pasado, cuando el president todavía estaba en Alemania, le llamó XXXXXXXXXXXXXX. Se habían visto antes. Habían coincidido en una cena en la Casa dels Canonges en 2017 a la que también asistieron XXXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXX y XXXXXXXXXX. Puigdemont tiene buen recuerdo de aquella cena. 

La llamada de XXXXXXXXXX que recibió el mes pasado fue muy importante. Hacía días que XXXXXXXXXXXX quería ponerse en contacto con él, pero no podía porque el número de teléfono del president que tenía era antiguo y Puigdemont lo había dado de baja. Desde entonces, ha tenido que cambiar de teléfono en un par de ocasiones. Finalmente XXXXXXXXXXX se puso en contacto con Ramon Tremosa para que hiciese de puente con el president. 

«Que me mande un mensaje identificándose, para que yo sepa que es él, y entonces me pondré al teléfono», le dijo Puigdemont a Tremosa. 

—Te llamo por encargo del presidente Zapatero —le dijo XXXXXXXXX cuando por fin pudieron hablar—. Ya sabes que Zapatero y yo somos amigos, que tenemos una buena relación personal. 

Puigdemont lo recordaba porque él mismo se lo comentó en aquella cena. 

—Yo no soy socialista, soy XXXXXXXX, pero tengo mucha confianza en Zapatero y creo que es una persona que puede ayudar en estos momentos. Tengo autorización para decirte en su nombre que él a su vez tiene autorización de Pedro Sánchez para iniciar un contacto. Ambos creen que es necesario establecer un diálogo con Cataluña. Saben que será muy difícil, pero que habrá que intentarlo. Y tú, aquí, eres la persona clave —le dice. 

–Es evidente que estoy de acuerdo, es necesario dialogar. Nosotros llevamos meses diciéndolo. Sin embargo, creo que debería estar también ERC. No creo que sin ellos podamos hacer nada. ERC debe estar presente —contesta Puigdemont. 

—Sí, sí, claro. Por descontado... 

—Traslada, pues, si quieres, mi disponibilidad a abrir un canal confidencial –le dice el president. 

Pocos días después, XXXXXXXXXXX le volvió a llamar:

–Mensaje recibido. Están de acuerdo. Ahora Pedro Sánchez está de viaje unos días en Sudamérica, pero Zapatero me dice que nombres a una persona de tu estricta confianza para que se pueda reunir con él y conmigo donde tú digas, en Barcelona, en Madrid o donde tú decidas. 

—La persona de contacto es Ramon Tremosa. Él ya está avisado. Llámalo cuando quieras. 

«Pensé que, si se veían en Madrid, nadie sospecharía de él, mientras que si veían a Zapatero por Barcelona, se levantaría la liebre.» 

Sin embargo, hace un par de días, en plena crisis por los lazos amarillos, XXXXXXXXXXX volvió a llamarle: 

 –Oye, eso está en marcha. Pero ahora te llamo de parte de Zapatero, que ha hablado con Sánchez y me dice que están muy preocupados por el tema de los lazos amarillos. Me piden si puedes transmitir algún mensaje para calmar los ánimos. 

XXXXXXXXXXX fue todavía más allá y le contó que el expresidente español tenía previsto visitar a los líderes independentistas, que los vería a todos –primero a los Jordis— y, a la salida de la visita, haría unas declaraciones donde no mencionaría la independencia y hablaría solo de los derechos humanos y de las personas. 

—Hombre, pues estaría muy bien. 

–A cambio, tú deberías hacer algo, un mensaje a los catalanes por el asunto de los lazos amarillos, para intentar que no vaya a más – le pidió XXXXXXXXXXX quien incluso llegó a pasarle una propuesta de texto. 

A Puigdemont no le gustó y le hizo una contrapropuesta: 

–¿Qué te parece si redacto yo una propuesta y te la mando? Pocas horas después de recibir el texto, le dio el visto bueno: 

—He hablado con Zapatero, que ha hecho llegar el texto a Sánchez, y dicen que adelante. 

El vídeo de Puigdemont es contundente: «Hago un llamamiento a no escalar un conflicto sobre los lazos amarillos. Tenemos que hacer frente con serenidad a los que han diseñado una escalada de confrontación, no caer en provocaciones que solo alimentan actitudes radicales que dificultan el necesario diálogo entre las partes. Todas las expresiones tienen cabida en las calles de Cataluña, pero no debemos hacer ninguna concesión a la violencia y la censura. Todos los que tenemos responsabilidad debemos implicarnos sin ambigüedades ni vacilaciones en la condena de todo acto de violencia que persiga coartar la libertad de expresión de los demás». 

Es un mensaje pactado entre Puigdemont y la Moncloa. El president solo informará de la negociación al expresident Artur Mas y al president Quim Torra. A nadie más. 

Mientras no interpone su anunciada querella, el president de la Generalitat, Quim Torra, ha empleado el 'caso Betancor' para intentar retrasar su inhabilitación. En un escrito, la defensa del president ha pedido al Tribunal Supremo que no acepte la petición de la Fiscalía para confirmar por la vía rápida –sin celebrar una vista– la pena que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar lazos amarillos de la Generalitat.

En su escrito, Torra argumenta que su condena por desobediencia obedece a una “confabulación” y a una “auténtica suerte de conspiración” entre Ciudadanos y el exmiembro de la Junta Electoral Central (JEC) Andrés Betancor, que cobró como asesor del partido mientras fue vocal de la JEC, para apartarlo del cargo y “neutralizarlo” políticamente. Tal y como reveló eldiario.es, Betancor compaginó ambos puestos entre 2017 y 2019, y junto al resto de vocales de la JEC acordó la orden a Torra para retirar los lazos, que el president acató fuera de plazo y que le llevó ante la Justicia.

“¿A alguien le sigue cabiendo alguna duda, después de descubrirse la confabulación existente entre, al menos, uno de los miembros de la Junta Electoral Central y el partido político Ciudadanos para perjudicar a mi representado y al partido y opción política que él representa?”, sostiene Gonzalo Boye, abogado de Torra, en su recurso.

Para Torra, “llama prodigiosamente la atención” que la Fiscalía obvie en su escrito que dos miembros de la Junta “no guardaban absolutamente ninguna apariencia de imparcialidad y, al menos, uno de sus miembros estaba a sueldo” de Ciudadanos, formación que presentó la denuncia que dio pie al proceso contra el presidente catalán. La defensa de Quim Torra afirma que la JEC “actuó contaminada por convicciones políticas” y por “motivaciones espurias”, en una “estrategia política tendente a neutralizar políticamente” al presidente catalán.

La defensa vuelve a insistir al Supremo que, antes de resolver sobre el asunto de los lazos, eleve una batería de cuestiones prejudiciales a la Justicia europea sobre la supuesta parcialidad de los jueces que han instruido o juzgado la causa contra el presidente catalán y la posible vulneración de derechos fundamentales de Torra. Cabe recordar que el TJSC ya rechazó que los jueces del caso de Torra no fueran imparciales.

De atender el Supremo ambas cuestiones planteadas por Torra, el president lograría que fueran los 'tempos' políticos y no los judiciales los que marcaran el fin de la legislatura catalana. Torra quiere anunciar la fecha de las elecciones catalanas después de aprobar los presupuestos este mes de marzo, pero una inhabilitación por la vía rápida antes de la validación de las cuentas –como plantea la Fiscalía– dejaría a la Generalitat sin president, trastocando los planes de Torra.

El escrito de Torra denuncia un “plan urdido” por Betancor y critica que la “desvergüenza” del vocal debió ser valorada por el juez instructor y por el tribunal que juzgó el caso. El letrado insiste, como ya alegara en el juicio por desobediencia, que la Junta Electoral Central “no era competente” para emitir los requerimientos a Torra para que retirara los símbolos de apoyo a los políticos presos, teniendo en cuenta que el presidente de la Generalitat era “un tercero ajeno a la organización del proceso electoral”.

“La orden era abiertamente ilegal y no debía acatarse”, mantiene la defensa, que cree además que los requerimientos de la Junta a Torra vulneraban “derechos fundamentales” del presidente de la Generalitat y de terceros y “generaban indefensión”. El escrito hace también hincapié en la “distinta reacción” ante hechos semejantes atribuidos a Pedro Sánchez, que la Junta Electoral Central “ha ventilado con una sanción económica, sin atribuirles relevancia penal”.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha recurrido este martes la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que le condenó a 18 meses de inhabilitación por un delito de desobediencia al desoír la orden de la Junta Electoral Central (JEC) de descolgar los lazos amarillos de los edificios públicos. Además de pedir su absolución, el president ha solicitado a los magistrados de la Sala de lo Penal del Alto Tribunal que dejen en suspenso los “efectos asociados” de la sentencia del TSJC. En otras palabras: que le permitan volver a ser diputado en el Parlament hasta que no confirmen la condena que le impuso el TSJC.

Si el Alto Tribunal no acoge esta medida cautelar, la defensa de Torra argumenta que se vulnerarían varios derechos del president, como el derecho a la tutela judicial, a la presunción de inocencia, a la doble instancia penal y al juez ordinario predeterminado por ley. La petición de Torra implica solicitar a los magistrados de la Sala de lo Penal que corrijan el rechazo de los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativa a suspender la retirada del escaño de Torra ordenada por la JEC, y cuyo acatamiento por parte del presidente del Parlament, Roger Torrent, provocó la crisis entre JxCat y ERC que ha puesto fin a la legislatura catalana.

Después de quedarse sin escaño, Torra anunció que tras aprobar los presupuestos catalanes –algo previsto para mediados de marzo– convocaría elecciones. Para hacerlo debe seguir siendo president y por lo tanto es necesario que por entonces el Tribunal Supremo no haya confirmado la condena por los lazos. De ser así Torra estaría inhabilitado por completo y por tanto no podría ejercer la competencia del president de la Generalitat para convocar elecciones.

El Supremo puede tardar entre tres y cinco meses en emitir la sentencia definitiva sobre el caso, por lo que en principio Torra puede mantener su apuesta política para convocar elecciones antes de que el Alto Tribunal fije su futuro penal y político. Los plazos además podrían alargarse, ya que en su recurso de casación, al que ha tenido acceso este diario, Torra sostiene que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea “tendrá que pronunciarse, por mucho que se pretenda tapar el sol con las manos”, respecto a las cuestiones prejudiciales sobre la imparcialidad de los jueces del TSJC que le condenaron en primera instancia y que fueron denegadas al final de su juicio en Barcelona.

En este sentido, Torra añade que la Sala de lo Penal del Supremo está “obligada” a plantear dichas cuestiones prejudiciales ante el TJUE. El president pidió elevar ante la Justicia europea sus dudas sobre la imparcialidad de los magistrados del TSJC que instruyeron el caso y lo juzgaron, empezando por su president, Jesús María Barrientos. Sin embargo, el TSJC lo descartó.

En su recurso de casación, Torra sostiene que la sentencia del TSJC persigue apartarle “ilegal e ilegítimamente” del cargo. A criterio del president, toda la causa judicial por los lazos, desde la primera orden de la JEC para retirarlos a la sentencia del TSJC, adolece de “una clara intencionalidad política que, a su vez, tiene serios visos de constituir una palmaria persecución política”. Ni los magistrados de la JEC ni del TSJC, apostilla Torra, “han guardado la más mínima apariencia de imparcialidad”.

Nueva causa penal contra el president de la Generalitat, Quim Torra. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha decidido abrir una investigación por un presunto delito de desobediencia cometido por el president al negarse a retirar una pancarta a favor de los presos del procés. Es el segundo caso por el mismo motivo contra Torra, ya condenado en primera instancia por su rechazo a quitar los lazos amarillos de la Generalitat durante la precampaña electoral de marzo de 2019.

Los orígenes de este nuevo caso se remontan al pasado 20 de septiembre. En aquella fecha, los magistrados de lo Contencioso Administrativo del TSJC ordenaron a Torra retirar en 48 horas la pancarta del balcón de la Generalitat en favor de los “presos políticos y exiliados”. Lo hicieron al aceptar la medida cautelar solicitada Impulso Ciudadano, la entidad liderada por el exdiputado de Ciudadanos José Domingo.

Tras repasar cómo Torra rechazó en un primer momento quitar la pancarta, que igualmente fue retirada siete días después de la orden, los magistrados de lo Contencioso decidieron enviar el comportamiento del president a la Sala Civil y Penal del tribunal superior catalán, la competente para investigar y juzgar a aforados como Torra, por si los hechos tienen “relevancia penal”.

Los magistrados de la Sala Civil y Penal han concluido este lunes que el comportamiento de Torra debe investigarse y han designado al juez Carlos Ramos instructor del caso. “De la documentación remitida” por los magistrados de lo Contencioso, indican los togados de la Sala Civil y Penal, “se desprende que existen indicios suficientes para admitir a trámite” el caso.

La documentación incluye el tira y afloja que mantuvieron Torra y los magistrados de lo Contencioso tras la orden del día 20 de septiembre de 2019 para retirar la pancarta. El president fue requerido personalmente el día 23 para retirar la pancarta en 48 horas, pero hizo caso omiso a la orden: una letrada de la administración de justicia certificó el 27 de septiembre al mediodía que la pancarta seguía en la fachada de la Generalitat.

Fue entonces, el mismo día 27, cuando el TSJC ordenó a los Mossos d'Esquadra retirar la pancarta. En menos de una hora los agentes se presentaron en el Palau de la Generalitat y requirieron a dos trabajadores de mantenimiento para que descolgaran la pancarta. A las 15:30h. del día 27 ya no lucía ningún lazo amarillo ni mensaje en favor de los presos en la fachada del Palau de la Generalitat, pero pocas horas después los activistas independentistas Antonio Baños, Lluís Llach, Teresa Casals y Sílvia Bel salieron al balcón para colocar una nueva pancarta, esta vez con el lema “libertad de opinión y expresión” y, en pequeño, “artículo 19 de la declaración universal de los derechos humanos”, sin ningún símbolo más. Ni ningún lazo amarillo, tal y como habían ordenado los jueces.

Las alegaciones de Torra fueron desestimadas. El presdient enmarcó la pancarta “en el ejercicio de la libertad de expresión”, por lo que, a su juicio, debía quedar fuera de los tribunales. El abogado del Govern acusó a los jueces de “vulnerar” el derecho a la libertad de expresión del president. En el auto por el que confirmaron la decisión de retirar la pancarta, los magistrados de lo Contencioso resaltaron que Torra tiene derecho a la libertad de expresión “en todos los foros y en todos los formatos a su alcance, en el Parlament y en los medios públicos y privados de comunicación”, pero que en la fachada de la Generalitat debía prevalecer “la neutralidad institucional” porque las instituciones, a diferencia de los ciudadanos, “no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión”.

El Tribunal Supremo ha mantenido la inhabilitación exprés como diputado del president de la Generalitat, Quim Torra, ordenada por la Junta Electoral Central (JEC). Los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo descartan así la petición tanto de la defensa de Torra como de la Fiscalía, que habían pedido dejar sin efecto la inhabilitación del president hasta que se resolviera el fondo del caso.

Los magistrados rechazaron hace dos semanas la medida cautelarísima de suspender la inhabilitación dictada por la JEC el pasado 3 de enero, y ahora han decidido lo mismo pero como medida cautelar antes de resolver el fondo del asunto. Torra y la mayoría independentista del Parlament han apostado por mantener por ahora el escaño del president, en la antesala de un nuevo choque entre las instituciones autonómicas y estatales.

Todavía no hay fecha para comprobar el blindaje de la Cámara a Torra y si el president vota pese a estar inhabilitado por la JEC. El Parlament no ha convocado el primer pleno del nuevo año, y por lo tanto el president no ha votado estando suspendido su escaño. Estaba previsto celebrar un pleno esta semana, pero debido al temporal se ha aplazado. La Cámara, de momento, ha paralizado la entrega a Ferran Mascarell de la credencial de Torra como diputado después de que la Junta Electoral declarara vacante el escaño del president.

El Ministerio Público pidió dejar en suspenso la inhabilitación de Torra al entender que, si se ejecuta ya se podría generar “un conflicto institucional/constitucional en el seno del Parlament de Cataluña o entre esta institución y la administración electoral”. Los jueces descartan este argumento ya que entienden que acceder a ello supondría la “inaplicación práctica” de la norma a la que se agarró la JEC para condenar a Torra, “de cuya regularidad constitucional no se duda y a los que todos los poderes públicos están vinculados”.

Pese a avanzar que lo ven constitucional, los magistrados indican que la posible inconstitucionalidad del artículo de la ley electoral que permite apartar a cargos públicos sin condena firme, mencionada tanto por Torra como por el fiscal, deberá examinarse cuando estudien el fondo del recurso. Indican los togados que lo harán en un “plazo razonable”, sin concretar si serán semanas o meses.

La Fiscalía, en línea con la defensa del president, cuestionó además que la JEC fuera competente para ordenar la inhabilitación exprés de Torra. Los magistrados admiten que la competencia de la JEC es una “cuestión controvertida” y que por ello no puede afectar a la decisión sobre medida cautelar sino a la resolución completa del caso. “La misma cita cruzada de precedentes jurisprudenciales, en apoyo de tesis claramente contradictorias, demuestra que se afecta al fondo del recurso”, agregan los magistrados.

Lo que sí que rechazan con toda claridad los magistrados son las acusaciones contra la JEC por supuesta parcialidad en contra de Torra que la defensa del president vertió en su recurso. Las “quejas reiterativas” sobre la JEC de Torra “son claramente inconsistentes y sólo pueden excusarse en una visión benévola de extralimitaciones en el ejercicio del derecho de defensa”, zanjan los togados.

En paralelo al procedimiento en la Sala de lo Contencioso, la inhabilitación definitiva como diputado y president de Torra se dirimirá en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El president tiene de plazo hasta el 3 de febrero para recurrir la sentencia en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que le condenó a 18 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la pasada precampaña de las generales de marzo de 2019.

El Supremo recuerda que debe recurrir el pleno

Por otro lado, el Tribunal Supremo ha recordado al Parlament que el órgano que tiene competencia para recurrir el acuerdo de la JEC pasado 3 de enero es el pleno y no la Mesa. El Alto Tribunal contesta así a la intención de la Mesa de presentar un recurso contra esta decisión de la JEC, tal y como acordó, con el voto favorable de JxCat, ERC y PSC, el pasado 14 de enero, mismo día que ratificó la condición de Torra como diputado y rechazó dejar su escaño vacante.

Ahora, la Sala ha otorgado un plazo de 15 días para subsanar esta cuestión, al considerar que al tratarse de una asamblea legislativa corresponde al pleno del Parlament adoptar el acuerdo para recurrir. Además, la resolución recuerda que aún está pendiente que el presidente del Parlament, Roger Torrent, aporte el poder para pleitos en su calidad de presidente de la cámara y no como ha hecho en su propio nombre.

La Fiscalía del Tribunal Supremo no se opone a la petición del president de la Generalitat, Quim Torra, para suspender su inhabilitación exprés ordenada por la Junta Electoral Central (JEC) sin esperar a que su condena por no descolgar los lazos amarillos fuera firme. En un escrito, el Ministerio Público cuestiona además que la JEC fuera competente para retirar el escaño a Torra, en línea con las alegaciones del president.

El Ministerio Público ha avalado la suspensión de la inhabilitación de Torra en el marco del procedimiento que el president mantiene en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Los magistrados rechazaron la medida cautelarísima de suspender la inhabilitación dictada por la JEC el pasado 3 de enero, y ahora deberán decidir sobre la misma cuestión pero como medida cautelar antes de resolver el fondo del asunto.

El fiscal Pedro Crespo considera “innegable” que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) “no atribuye ni reconoce en ningún momento” a la JEC “facultades o competencia alguna para anular las credenciales de los diputados que ya están ejerciendo su mandato y declarar vacantes sus escaños”, salvo en el caso de los europarlamentarios. Recuerda además el fiscal que la incompetencia de la JEC para dejar sin escaño a Torra ya fue puesta de manifiesto por los seis vocales del ente que firmaron un voto particular en contra de inhabilitar ya al president.

Así, el fiscal concluye que las alegaciones del president –y de los vocales discrepantes de la JEC– sobre la falta de competencia del ente electoral son acertadas, ya que a su juicio, sería el Parlament el competente para determinar “la existencia y efectos” de la supuesta inelegibilidad de Torra como diputado.

En paralelo, la inhabilitación definitiva como diputado y president de Torra se dirimirá en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal. El president tiene de plazo hasta el 3 de febrero para recurrir la sentencia en primera instancia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que le condenó a 18 meses de inhabilitación por no retirar los lazos amarillos de la Generalitat en la pasada precampaña de las generales de marzo de 2019.

El Ministerio Público pide dejar en suspenso la inhabilitación de Torra al entender que, si se ejecuta ya se podría generar “un conflicto institucional/constitucional en el seno del Parlament de Cataluña o entre esta institución y la administración electoral”. El fiscal Pedro Crespo resalta la “probable controversia parlamentaria” y la “eventual secuela jurisdiccional constitucional” sobre los derechos políticos de Torra si, como decidió la JEC, se inhabilita ya a Torra pese a no estar condenado en firme.

Ambos riesgos, resalta el fiscal, se pueden evitar suspendiendo el acuerdo de la JEC que inhabilitó a Torra. “La suspensión se ajusta sin duda al propósito legal de evitar una dificultad grave en forma de perturbación del funcionamiento ordinario de la institución afectada [en este caso el Parlament]”, resalta el fiscal. En suma, para evitar males mayores y conflictos institucionales y constitucionales, la Fiscalía aboga por esperar a que sea la Justicia penal la que, con una sentencia en firme, expulse de la política al president.

El Tribunal Supremo ha rechazado por unanimidad suspender la inhabilitación exprés como diputado de Quim Torra ordenada por la Junta Electoral Central (JEC). En un auto los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo rechazan la medida cautelarísima solicitada por el president y confirman la decisión de la JEC de retirarle el escaño. A nivel político, la decisión judicial añade incertidumbre sobre el futuro de Torra en la presidencia, que ahora queda en manos del Parlament.

El Alto Tribunal ha rechazado la petición de medida cautelarísima solicitada por Torra al no apreciar las razones de especial urgencia que se requieren para una suspensión de ese tipo, que se hace sin escuchar a la administración cuyo acuerdo se recurre, en este caso la Junta Electoral Central, ni a la Fiscalía. El recurso se tramitará ahora de forma ordinaria y la JEC tendrá cinco días para presentar alegaciones.

Añade, además, que las alegaciones sobre el carácter arbitrario e ilegal o radicalmente nulo de la decisión de la JEC, son cuestiones que afectarían al fondo del recurso o en su caso a la resolución normal de esta pieza de suspensión, pero no justifican en ningún caso la adopción de una medida cautelarísima.

La JEC retiró el pasado viernes el acta de diputado a Torra sin esperar a que el Tribunal Supremo resolviera el recurso del president a la condena de un año y medio de inhabilitación impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por no retirar lazos amarillos. El ente administrativo precisó que la inhabilitación exprés de Torra como diputado no comportaba de forma automática su fin como president, y que correspondía al Parlament valorar sus efectos.

En este sentido, tanto la Junta Electoral de Barcelona como el letrado mayor del Parlament consideraron, al contrario que la JEC, que la inhabilitación como diputado de Torra sí suponía su cese como president. Por su lado, Torra pidió suspender la inhabilitación ordenada por la JEC hasta que la Sala de lo Penal no resolviera el recurso de la condena por los lazos tanto ante la Sala de lo Contencioso del Alto Tribunal como ante el propio ente electoral.

La Junta Electoral Central ha decidido inhabilitar a Quim Torra y “dejar sin efecto” su credencial como diputado en el Parlament, condición indispensable para ser elegido president de la Generalitat, según fija el Estatut. La decisión se ha adoptado después de más de cuatro horas de debate y con la JEC dividida. Los votos de siete vocales han servido para impulsar la decisión. Otros seis vocales han anunciado la emisión de un voto particular en el sentido opuesto a la decisión adoptada por la mayoría.  

En su escrito la JEC señala que queda sin efecto la credencial de diputado de Joaquim Torra con efectos en el momento en el que se notifique el acuerdo. Dicho en otras palabras, Torra dejaría de ser diputado de manera prácticamente inmediata, algo con lo que el Parlament ya ha anunciado que no está de acuerdo. El Estatut de Catalunya señala que al presidente de la Generalitat se le elige entre el grupo de diputados con asiento en el Parlament –sin especificar qué ocurre tras su elección–. Si Torra perdiera esa condición de parlamentario, estaría en discusión su puesto como jefe del Govern.

Torra ha reaccionado convocando una reunión de su Consell Executiu con carácter extraordinario para la tarde noche de este viernes. Tras esta reunión, el president de la Generalitat ha pedido a Roger Torrent, presidente del Parlament, un pleno de urgencia para este sábado con el objetivo de volver a reclamar la confianza de los diputados. “Mientras el Parlament no diga lo contrario, continuaré siendo diputado y president de Catalunya”, ha declarado el president, quien también ha calificado la decisión de la JEC de “golpe de Estado”.

Por su parte, ERC ha convocado a su Ejecutiva este sábado a primera hora con el fin de “valorar las consecuencias en el calendario político inmediato”. Todas estas citas coincidirán en el mismo día en el que se llevará a cabo el Pleno de investidura de Pedro Sánchez, que arrancará a las nueve de la mañana.

Año y medio de inhabilitación

La decisión de la Junta Electoral Central anula el acuerdo previo adoptado por la Junta Electoral de Barcelona que había decidido no inhabilitar al líder independentistas al entender que para ello tendría que pesar sobre él una condena firme. Quim Torra ha sido condenado a año y medio de inhabilitación por su negativa a retirar lazos amarillos de la fachada de la Generalitat durante la campaña electoral del 28A. La sentencia fue dictada por Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y contra ella aún cabe recurso en el Tribunal Supremo. 

La Junta Electoral Central se ha apoyado en una reforma penal pensada para evitar que personas con procesos judiciales en marcha por su relación con ETA pudieran presentarse a procesos electorales. El acuerdo de la máxima autoridad electoral es recurrible ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo, aunque el recurso no suspende el carácter ejecutivo del acuerdo.

Fuentes de la defensa de Quim Torra aseguran a eldiario.es que recurrirán al Supremo ante quien solicitarán medidas cautelares para que no se ejecute a decisión adoptada por la JEC. En el entorno de Torra se considera que su cese como diputado no tiene porque llevar aparejada la salida de la presidencia. El Estatut aclara que para ser elegido presidente hay que ser diputado pero no dice nada de quien pierde esa condición a mitad de mandato.

El PSOE cuestiona la decisión de la Junta

El Partido Socialista también ha pedido al Tribunal Supremo que se pronuncie al respecto y ha cuestionado la decisión de la JEC –tanto sobre Torra como sobre Junqueras–. “Tenemos serias dudas de que la Junta Electoral Central sea competente para adoptar estos acuerdos”, ha declarado la número dos del PSOE, Adriana Lastra, este mismo viernes.

La petición de inhabilitación fue impulsada por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. En las filas de Pablo Casado ya celebran como un éxito la decisión que puede abocar a Catalunya a un adelanto electoral obligado en cuestión de meses. Si se consuma el adiós de Torra, el Parlament tiene dos meses para nombrar a un nuevo president o ir a elecciones.

La portavoz del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo ha sido una de las primeras en reaccionar a la noticia. Lo ha hecho desde su cuenta de Twitter para decir: “El desobediente Torra, inhabilitado gracias al PP”. Pablo Casado, también desde twitter, ha asegurado que el presidente de la Generalitat “debe cesar inmediatamente”.

La Junta Electoral está integrada por ocho vocales propuestos por el Consejo General del Poder Judicial, cuyo nombramiento procede de un sorteo entre magistrados del Tribunal Supremo. El órgano se completa con otro cinco vocales que proponen los partidos y que deben ser catedráticos de Derecho o Ciencias Políticas en activo.