Desde ir al trabajo o a la escuela, recibir tratamiento médico u otros servicios, hasta visitar a familiares o amigos y tener una casa y un terreno para cultivar se han convertido en actividades complicadas y peligrosas para los más de 3 millones de palestinos que viven bajo la ocupación israelí en Cisjordania. Aunque esta realidad no es nueva, ha degenerado desde la formación del actual Gobierno a finales de 2022 y, especialmente, a partir del 7 de octubre de 2023 —cuando dio comienzo el genocidio en Gaza, a raíz del ataque del grupo Hamás de ese día—.

La ONG israelí B'Tselem ha reunido en un amplio informe todas las violaciones que sufren los palestinos en su día a día, en el marco de los que califica de “ataque combinado” contra los individuos y contra toda la sociedad, con el objetivo de eliminar “las condiciones materiales, sociales y políticas que hacen posible la existencia palestina” en el presente y también en el futuro.

“Las acciones de Israel en Cisjordania no son simplemente una serie de violaciones aisladas de derechos individuales y colectivos. Más bien, forman parte de un mecanismo integral de eliminación”, afirma la organización que ha documentado las violaciones desde hace años y ha recogido unos 2.000 testimonios de palestinos en su informe “El proyecto de la eliminación”.

Ese proyecto está reconfigurando Cisjordania (ocupada por Israel desde 1967), de modo que “el control y la presencia israelíes se vuelven continuos, arraigados y permanentes, mientras que la existencia palestina se torna fragmentada, vulnerable y dependiente”. Y ese proyecto se lleva a la práctica mediante varios “mecanismos de eliminación” que detalla el informe: violencia e intimidación; restricciones de movimiento; estrangulamiento económico; destrucción social y política, y limpieza étnica y apropiación territorial.

Las restricciones de movimiento y el estrangulamiento económico afecta a los vínculos sociales y a la posibilidad de los palestinos de ganarse la vida, lo cual debilita también las instituciones y la vida política, explica el informe. El daño a la vida política y social hace que los palestinos tengan menos recursos para defender sus derechos y mantener sus vínculos con la tierra. Todo ello, facilita el control israelí del territorio y la expulsión de los habitantes palestinos, lo cual destruye las comunidades, sus medios de vida y su memoria colectiva. La violencia está presente en todo el proceso, siendo la principal forma de coerción.

B'Tselem destaca que este proyecto no es nuevo, pero “se ha acelerado e intensificado” desde finales de 2022 —cuando se formó el actual Gobierno liderado por Benjamín Netanyahu, con algunos ministros abiertamente racistas— y aún más desde octubre de 2023. “Se ha otorgado autoridad, financiación estatal y poder político a actores comprometidos con la expansión de los asentamientos, el avance de la anexión y el desplazamiento de los palestinos; los recursos se canalizan hacia los asentamientos, al tiempo que la alianza entre las instituciones estatales, el Ejército, el movimiento de colonos y las milicias de colonos se ha vuelto más estrecha y evidente”.

La ONG señala el llamado “Plan decisivo” que el actual ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, presentó en 2017, cuando aún no estaba al frente de esa cartera y de un departamento clave en las decisiones relativas a la colonización de Cisjordania. “El plan ofrece a los palestinos tres opciones: vivir bajo la supremacía judía, renunciando a sus reivindicaciones políticas; marcharse o enfrentarse a una represión violenta si se resisten. Si bien el plan no ha sido adoptado formalmente en su totalidad como decisión gubernamental ni promulgado como ley, elementos centrales de su lógica se han traducido en los últimos años en políticas, asignaciones presupuestarias, delegación de poderes y prácticas implementadas sobre el terreno”, advierte B'Tselem.

El informe subraya que no se puede separar lo que ocurre en Cisjordania del genocidio en Gaza, en los pasados casi 3 años. “En Gaza, la lógica de eliminación ha alcanzado su expresión más extrema; en Cisjordania, se manifiesta de otras formas”, que vienen detalladas en el informe. “La normalización de la matanza masiva y la destrucción colosal que Israel ha perpetrado en la Franja de Gaza ha ampliado drásticamente los límites de la violencia que el régimen israelí considera legítima y ejerce contra los palestinos”.

Algunos de los métodos empleados en Gaza, que antes eran muy raros en Cisjordania, se están viendo con más frecuencia, como la destrucción de amplias áreas residenciales e infraestructura civil o el desplazamiento masivo de los palestinos. El número de víctimas mortales también ha aumentado en Cisjordania y en Jerusalén Este, ambos ocupados por Israel. Desde el 7 de octubre de 2023 hasta el 30 de junio de 2026, Israel ha matado a 1.087 palestinos, de los cuales, 242 eran niños, según datos del informe.

En ese periodo, además, “Israel ha ampliado el uso del sistema de encarcelamiento como medio de represión e intimidación dirigido tanto a individuos como al colectivo palestino en su conjunto”, afirma B'Tselem, que ya había denunciado anteriormente que los centros de detención y las prisiones israelíes se han convertido en “una red de campos de tortura” para los palestinos (32 de ellos, de la Cisjordania ocupada, han muerto en los pasados casi 3 años).

Asimismo, desde octubre de 2023, Israel ha detenido a cargos electos, activistas, académicos, estudiantes y periodistas; ha realizado incursiones en oficinas de organizaciones palestinas; ha restringido manifestaciones y protestas no violentas y ha ampliado la vigilancia y las detenciones relacionadas con publicaciones en redes sociales. “De este modo, el encarcelamiento no solo sirve para castigar a los individuos, sino también para disuadir a la población y restringir las posibilidades de acción colectiva”.

Aparte de la violencia y la represión ejercida por las autoridades, los colonos israelíes que habitan en los territorios ocupados de Cisjordania han aumentado sus ataques violentos contra comunidades palestinas, sus propiedades y su ganado. B'Tselem denuncia que hay milicias de colonos que reciben el apoyo del Estado y colonos que actúan dentro de los cuerpos de seguridad oficiales, y todos ellos forman parte de un “único sistema” de violencia contra los palestinos. “Civiles israelíes, colonos, han recibido armas, equipamiento, entrenamiento y financiación del Estado de Israel. Llevan a cabo la violencia para el 'proyecto de eliminación', aunque técnicamente lo que hacen es ilegal”, afirma Yuli Novak, directora ejecutiva de B'Tselem en un vídeo.

El presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), el jeque Mohamed bin Zayed, advirtió al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de que Hamás estaba planeando un ataque de gran envergadura una semana y media antes de los atentados del 7 de octubre, ha informado este martes en exclusiva el diario Haaretz.

La cabecera israelí, que reconstruye cómo se fraguó este intercambio entre ambos líderes tras una investigación basada en “decenas de fuentes en Israel y en todo el mundo, incluyendo altos funcionarios, así como grabaciones, documentos internos y correspondencia”, afirma que la conversación se produjo por vía telefónica, duró 45 minutos y que fue desoída por Netanyahu.

Bin Zayed concretó entonces, siempre según Haaretz, que el entonces líder de Hamás, Yahya Sinwar, estaba fraguando un ataque que provocaría un gran derramamiento de sangre, desestabilizaría la región de Oriente Medio y socavaría los Acuerdos de Abraham entre Israel y los países árabes.

También estuvo presente durante la llamada un asesor cercano de Bin Zayed, un palestino que había emigrado años atrás de Gaza a Abu Dabi y mantenía fuertes lazos con la Franja.

Según el asesor, el emir recalcó a Netanyahu la necesidad de prepararse para la amenaza: “Le dijo Israel debía estar preparado. Al mismo tiempo, recomendó buscar una solución de carácter económico para la Franja y apaciguar la situación en Cisjordania para evitar una escalada”.

Bin Zayed instó a Netanyahu a tomarse la situación “en serio”, pero “para su sorpresa, sin embargo, el primer ministro israelí reaccionó con relativa calma”, manifestó que “Hamás tenía la intención de operar en Cisjordania” y le aseguró a Bin Zayed que Israel estaba “preparado para cualquier escenario”, detalla el artículo de Haaretz.

La oficina del primer ministro israelí ha desmentido las informaciones y las ha calificado de “falsas” en un breve comunicado. “No se dio ninguna advertencia al primer ministro desde Emiratos Árabes Unidos antes del 7 de octubre”, afirma en la nota y añade que “si hubo alguna información relevante, se transmitió a través de canales de inteligencia entre los dos países”.

Negociaciones entre Israel y Hamás meses antes

La investigación profundiza también en que meses antes del 7 de octubre Netanyahu había autorizado a altos funcionarios israelíes negociar con Hamás para relajar el bloqueo económico sobre el enclave palestino a cambio de apaciguar las tensiones.

Una fuente de seguridad israelí involucrada en la preparación de esas conversaciones confirmó a Haaretz que “a finales de agosto de 2023, Netanyahu aprobó la liberación de 30 prisioneros, incluidos 20 que cumplían cadena perpetua”, pero la entrega fue pospuesta repetidamente y Sinwar acabó por impacientarse y romper el canal directo abierto con Israel.

En septiembre de 2023, Sinwar organizó una reunión privada con un exfuncionario de Fatah que servía de mediador y con el asesor de EAU y fue tajante: “Díganles a los israelíes que si no realizan progresos, les estoy preparando una gran sorpresa (...) Un terremoto”, recapituló el informante de Bin Zayed.

“La madre de todas las sorpresas”

“Transmíteles que estoy preparando la madre de todas las sorpresas. Una operación aterradora. Algo extraordinario (...) Comunícales a los israelíes lo que estoy diciendo palabra por palabra”, exigió Sinwar, también de acuerdo al asesor de EAU.

Así, a finales de septiembre, tuvo lugar esa conversación de 45 minutos, durante la cual Bin Zayed advirtió explícitamente a Netanyahu sobre las intenciones de Sinwar que, de acuerdo a un dirigente del Shin Bet que contribuyó a la investigación, no surtieron efecto en el mandatario israelí, aunque el servicio de seguridad interior supuestamente le recomendó atacar preventivamente a Hamás.

La publicación de esta exclusiva llega pocos días después de que Netanyahu desatara una fuerte polémica en Israel al acusar a altos mandos militares y de seguridad de decidir “deliberadamente” no despertarlo la madrugada del 7 de octubre de 2023, en unas declaraciones que la oposición y responsables de seguridad han calificado de “teoría de la conspiración” electoralista.

La disputa se enmarca en un pulso más amplio que Netanyahu mantiene desde hace meses con el poder judicial y la oposición sobre cómo investigar el 7 de octubre: en un debate parlamentario celebrado en noviembre de 2025, el primer ministro ya rechazó la creación de una comisión de investigación independiente y acusó a los medios de actuar en connivencia con un supuesto “Estado profundo” que luchaba por destronarlo.

La oposición israelí condena en bloque

Tras la publicación, la oposición israelí acusó en bloque a Netanyahu de ignorar las advertencias sobre un posible ataque.

El exjefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot, principal rival de Netanyahu en las elecciones de octubre, afirmó que existen “cada vez más indicios” de que el primer ministro condujo “ciegamente a Israel al fracaso” y anunció que promoverá una comisión estatal que determine qué sabía y cuándo lo sabía.

El ministro de Seguridad Nacional israelí, el colono y exconvicto Itamar Ben Gvir, pidió al primer ministro Benjamín Netanyahu que reconozca públicamente a las islas Malvinas, administradas por el Reino Unido desde 1833 y cuya soberanía continúa reclamando Argentina, como “territorio argentino ocupado”.

“Es hora de que el Estado de Israel reconozca públicamente que las islas Malvinas son territorio argentino ocupado, que los británicos le roban violentamente al pueblo argentino”, aseguró el ministro ultra en una publicación en la red social X.

Ben Gvir, que sin embargo considera el territorio palestino de Cisjordania como parte fundamental del Estado de Israel a pesar de ser considerado como territorio ocupado por la comunidad internacional, agregó que “los británicos no solo se conforman con ocupar el territorio, sino que también realizan allí perforaciones petroleras y le roban el dinero al pueblo argentino”.

No obstante, el Gobierno de Argentina anunció este lunes que presentará una denuncia penal contra varias subsidiarias de la petrolera israelí Navitas por operar sin autorización del país suramericano en las Malvinas.

Argentina alega que estas empresas “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte”, en “violación” de las leyes argentinas.

“Hago un llamamiento al primer ministro Benjamín Netanyahu a reconocer la soberanía de Argentina sobre las islas Malvinas y a imponer sanciones a Gran Bretaña mientras la ocupación continúe”, culminó la publicación del ministro radical israelí.

Desde que en 1833 fuerzas británicas ocuparan las islas Malvinas y desalojaran a sus habitantes y a las autoridades argentinas, el país suramericano nunca dejó de reclamar sus derechos soberanos sobre este archipiélago en el Atlántico sur, escenario de una guerra que en 1982 concluyó con la derrota y rendición argentina ante las fuerzas británicas.

Si bien las declaraciones de Ben Gvir llegan en un momento en el que se prevé que el Gobierno del Reino Unido anuncie restricciones a la compra de productos agrícolas procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania ocupada, según la prensa británica.

A partir del año próximo probablemente cambiará la forma en que Israel ha recibido el masivo apoyo militar que Estados Unidos le entrega desde hace más de medio siglo. En vez de ser un receptor de “ayuda” pasaría a ser formalmente un socio estratégico de Washington en Oriente Medio, con un acuerdo a 20 años.

El cambio, aparentemente formal, es de gran importancia. Cada año, el Congreso de EEUU discute públicamente cuántos fondos y para qué fines se adjudican a Israel. Si se aprueba el acuerdo para cofabricar armamentos, compartir inteligencia y realizar compras mutuas, estas operaciones se llevarán a cabo en circuitos opacos, lejos de toda fiscalización pública, entre los Gobiernos de Israel y EEUU.

La iniciativa ha generado alarma dentro y fuera del Congreso. Un acuerdo de este tipo será mucho más difícil de discutir públicamente y evitará la transparencia y rendición de cuentas y la supervisión de los legisladores. Pero el denominado lobby israelí (red de organizaciones, empresarios judío-americanos, periodistas, académicos y abogados que trabajan para que los políticos estadounidenses apoyen a Israel y combatan a sus adversarios) lucha para que se apruebe. La Heritage Foundation —autora del Project 2025, el plan de gobierno del segundo mandato de Trump– apoya la iniciativa.

El cambio de ayuda al socio estratégico es muy relevante debido a las crecientes críticas en EEUU a Israel por la política genocida, según diversos expertos internacionales, hacia los palestinos en Gaza; el intento de expulsar a su población y anexionar por la fuerza los territorios palestinos ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este; y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Si se aprueba el acuerdo para cofabricar armamentos, compartir inteligencia y realizar compras mutuas, estas operaciones se llevarán a cabo en circuitos opacos, lejos de toda fiscalización pública

Una encuesta del Pew Research Institute publicada en octubre de 2025 reveló que un tercio de la sociedad estadounidense consideraba que la Administración Trump daba demasiada ayuda militar a Israel y demasiada poca ayuda humanitaria a Gaza. La crítica en sectores cada vez más amplios de la sociedad estadounidense habrían influido tanto en la derrota del Partido Demócrata en las elecciones presidenciales de 2024, como en la actual oposición a la decisión del presidente Donald Trump de ir a la guerra contra Irán de la mano de Israel.

Nuevas generaciones de judíos-americanos, la mitad de los congresistas demócratas (según una votación en mayo pasado), algunos representantes republicanos y amplias partes de la sociedad cuestionan, por un lado, las políticas expansionistas y violentas de Israel para imponerse como potencia regional; la violación de normas internacionales en sus guerras contra los palestinos, Líbano, Siria e Irán; además de los ataques “quirúrgicos” en Yemen y Qatar.

Por otro lado, critican el inmenso gasto de fondos públicos en este aliado. Personalidades del Make America Great Again (MAGA), movimiento de base del presidente Donald Trump, denuncian que Israel ha empujado a EEUU a la costosa y fallida guerra contra Irán, que ha aumentado la inflación y los precios de bienes de consumo, y que podría llevar a una intervención militar por tierra.

Crece así la convicción de que los intereses de Israel acaban siendo contrarios a los de EEUU, que es arrastrado a intervenciones armadas, generar enemigos y apoyar gobiernos autoritarios. En el libro reciente Israel´s Lobby, el periodista Eli Clifton y el politólogo Ian Lustick de la Universidad de Pennsylvania explican cómo operan sus poderosos grupos de influencia –especialmente el Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC)—, por ejemplo, financiando con millones de dólares a congresistas si apoyan a Israel. Esta práctica, sin embargo, está siendo contraproducente para candidatos en las próximas elecciones legislativas de noviembre.

Daniel Levy, presidente del US Middle East Project considera que “sería prematuro concluir que el poder del lobby para distorsionar la política exterior de Estados Unidos está llegando a su fin”. “Si bien las maquinaciones de este grupo de presión han salido a la luz durante la guerra de Israel en Gaza, la financiación de campañas a favor de Israel en Estados Unidos opera a una escala mayor que nunca (a menudo promoviendo cuestiones totalmente ajenas a Israel para ocultar las verdaderas intenciones que hay detrás de su apoyo a los candidatos que favorece). Y aunque los votantes demócratas están dando la espalda a Israel en cifras sin precedentes, los aliados del lobby siguen conservando el poder, y millones de dólares, en las más altas esferas del partido”.

Crece la convicción de que los intereses de Israel acaban siendo contrarios a los de EEUU, que es arrastrado a intervenciones armadas, generar enemigos y apoyar gobiernos autoritarios

Clifton y Lustick detallan los esfuerzos extra –más dinero, contratación de consultores, compra de grandes medios de comunicación, financiamiento de think tanks proisraelíes— para combatir las críticas a Israel, especialmente usando los argumentos de identificarlas con antisemitismo y “terrorismo palestino”.

El objetivo, dicen los autores, es que EEUU continúe apoyando a un gobierno dirigido por un político acusado de crímenes de guerra y con ministros fanáticos que proponen la “supremacía de Israel” en su estrategia de controlar la región.

Aliados “excepcionales”

El lobby israelí, al igual que la Administración Trump, propagan que los dos países son “excepcionales” y no están sometidos al derecho internacional ni a normas entre Estados. Asimismo, proponen la dominación militar de los dos países sobre el resto del mundo o, al menos, en sus zonas de influencia.

Personalidades en la Administración Trump, como su cuñado Jared Kuchner y Mike Huckabee, el embajador estadounidense en Israel; sectores evangélicos nacionalistas cristianos y el mismo Gobierno israelí tienen ahora el objetivo de fortalecer la alianza estratégica entre los dos países más allá de Oriente Medio. Netanyahu explicó en diciembre de 2025 en Florida que los dos países libran una batalla por defender “los valores de la cultura judeocristiana” y la “civilización occidental” en el mundo.

Ambos gobiernos están apoyando a regímenes antidemocráticos en sus países, al tiempo que promueven en América Latina y Europa políticas étnico-autoritarias, ultraliberalismo económico sin normas y libre acceso a recursos minerales y pasos marítimos.

El lobby israelí, al igual que la Administración Trump, propagan que los dos países son “excepcionales” y no están sometidos al Derecho Internacional ni a normas entre Estados

Las relaciones del lobby con Trump no empezaron bien. Sus principales donantes desconfiaron durante su primera campaña electoral debido a la falta de definición sobre la cuestión palestina. Atraído por los inmensos fondos que podrían canalizar donantes judíos americanos, Trump abandonó la neutralidad en el conflicto israelí-palestino y atacó el acuerdo nuclear de 2015 de la Administración Obama con Irán.

Seis días antes de las elecciones que le dieron su primera presidencia, la campaña de Trump publicó un documento sobre la política hacia Oriente Medio que seguirían sus gobiernos: fortalecer la alianza militar con Israel, votar juntos en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cortar los fondos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, mudar la Embajada de Tel Aviv a Jerusalén (desafiando las resoluciones de Naciones Unidas) y promover causas judiciales contra estudiantes “antijudíos” en las universidades estadounidenses.

Trump retiró a su país del acuerdo con Irán que ponía su programa nuclear bajo control internacional; reconoció la soberanía de Israel sobre los territorios sirios ocupados de los Altos del Golán; presentó un plan de paz para Palestina sin reconocimiento de su Estado, rechazado por todos los actores implicados menos Israel, y lanzó los Acuerdos de Abraham para normalizar las relaciones entre Israel y el mundo árabe. Ahora, mientras cuestiona las alianzas con Europa, Japón y Corea del Sur, se dispone a sellar una alianza estratégica sin parangón con Israel.

Una ayuda militar con ventajas

Las ayudas militares de Washington a Israel comenzaron en 1948 y se formalizaron en 1962. En 1985, durante la Administración de Ronald Reagan, el Congreso aprobó que las ventas se transformaran en “subvenciones” (grants, en inglés) y la deuda acumulada por armas se “olvidase para siempre”. Entre 1948 y 2024, Israel recibió 300.000 millones de dólares en ayuda militar, equivalente a la cuarta parte de toda la asistencia en este ámbito que EEUU provee a diferentes países del mundo.

Israel se consolidó como aliado estratégico de EEUU y en el país militarmente más poderoso, con armas nucleares, en Oriente Medio. Washington garantizó que la ayuda que recibiesen otros países de la región nunca superase la proveída a su principal aliado

En 1999, se firmó el primero de los cinco Memorándum de Entendimiento entre los presidentes Bill Clinton y Ehud Barack. Le sucedieron los firmados por los presidentes George W. Bush y Barack Obama. Como explica un informe del International Crisis Group, la ayuda militar estadounidense a Israel es distinta de otras que ofrece Washington. Todas exigen a los países receptores que compren las armas a EEUU, pero Israel goza de una exención parcial orientada a invertir una parte de los fondos en su industria de defensa.

Israel se consolidó como aliado estratégico de EEUU y como el país militarmente más poderoso, con armas nucleares, en Oriente Medio. Washington garantizó que la ayuda que recibiesen otros países de la región, como Egipto, nunca superase la proveída a su principal aliado.

El memorando de 2016 con Obama para el período 2019-2028 destina 3.800 millones de dólares anuales en asistencia de seguridad. Además, desde el ataque del 7 de octubre de 2023, las Administraciones de Joe Biden y Trump hicieron contribuciones extras. Según el Cost of War Project (Brown University), Washington apoyó a Israel con 21.000 millones de dólares en los dos años siguientes al ataque de Hamás contra el sur de Israel.

Estrechar la alianza

A partir de la guerra de Israel con Irán en junio de 2025, el primer ministro Benjamin Netanyahu propuso cambiar la ayuda por un acuerdo a largo plazo. La idea, explica el think tank Crisis Group, fue renunciar al modelo actual porque para los contribuyentes estadounidenses entregar dinero a Israel es un anatema.

Netanyahu propuso que Israel se convierta en “una nueva Esparta”, pero no quiere perder el apoyo de EEUU, sino redefinirlo haciéndolo más profundo, entrelazado con las empresas digitales, crecientemente fusionadas con las de armas, más los dos servicios de Inteligencia. Y todo asegurado durante 20 años. Los dos países, que ya cooperan en proyectos de defensa antiaérea y “escudos” de ciudades, profundizarían en el uso de inteligencia artificial, ciberseguridad, sistemas autónomos (sin presencia humana) y defensa contra misiles.

Por otra parte, Israel quiere consolidar su posición ante EEUU porque le preocupan los acuerdos de seguridad que se están explorando en la región, como el reciente entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí. Este ambicioso proyecto encuentra la limitación de poder contar con Estados Unidos ante el declive global de este país, en particular su influencia en Oriente Medio, como explica Daniel Levy.

La fallida guerra contra Irán —y la forma en que Netanyahu convenció a Trump de llevarla a cabo— es una prueba de lo negativa que podría ser esta cooperación estratégica con Washington al servicio de Israel.

En julio pasado, la Cámara de Representantes aprobó la Iniciativa de Cooperación Tecnológica de Defensa con Israel, presentada por representantes del Partido Republicano y Demócrata. El Senado todavía no la ha votado, pero Netanyahu y sus aliados, incluyendo al presidente Trump, quieren que se apruebe antes de las elecciones israelíes de octubre próximo para poder presentarlo como un triunfo.

Funcionarios israelíes entrevistados por el Crisis Group consideran que el acuerdo estrecharía la cooperación en crisis en Oriente Medio y que Washington aprendería de la amplia experiencia de Israel en guerras de múltiples frentes. A la vez, Washington podría delegar esfuerzos militares en esa región y dedicarse a otros, especialmente en Asia.

Sin embargo, la fallida guerra contra Irán —y la forma en que Netanyahu convenció a Trump de llevarla a cabo— es una prueba de lo negativa que podría ser esta cooperación estratégica con Washington al servicio de Israel.

Por su parte, el Stimson Center de Washington evalúa que “las políticas e intereses divergentes de Israel y Estados Unidos son complejos y multifacéticos”. Un acuerdo a 20 años “no contempla tales discrepancias e ilustra con qué facilidad la asistencia de seguridad estadounidense puede percibirse como un derecho adquirido en lugar de como un instrumento de política exterior”.

El ministro de Defensa de Israel ha declarado que su Gobierno busca el apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, para aprobar planes para expulsar a los palestinos de la Franja de Gaza, una medida que la comunidad internacional ha rechazado anteriormente y que puede ser un crimen de guerra.

Israel Katz afirmó que, en última instancia, “no existe una solución real para Gaza sin la migración” de los alrededor de 2 millones de habitantes durante una conferencia organizada por el sitio de noticias israelí Ynet y el periódico Yedioth Ahronoth. El titular de Defensa señaló que el Gobierno israelí está “organizado y preparado para sacarlos por mar, por aire y por cualquier vía posible”.

A principios de 2025, el propio Trump dijo que Estados Unidos tomaría el control de la Franja de Gaza —lo que habría implicado expulsar a los palestinos del territorio—, pero posteriormente abandonó esa idea. El plan de paz de 20 puntos para Gaza elaborado por la Casa Blanca el año pasado no incluye la deportación de los palestinos, algo que sería ampliamente considerado como una limpieza étnica.

Sin embargo, Katz declaró el miércoles que, a su juicio, el apoyo de Estados Unidos al plan inclinaría la opinión de los países árabes a favor del reasentamiento forzoso de los gazatíes. Remarcó que el visto bueno de Trump era crucial para convencer a los países vecinos de que aceptaran a refugiados palestinos. “Todos los países dispuestos a acogerlos buscan el respaldo de Estados Unidos”, afirmó. Y agregó que el presidente Trump no canceló el plan de deportación, por el momento, sino que “lo ha congelado”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de The Guardian sobre si Trump seguía manteniendo conversaciones acerca de las propuestas de Israel para despoblar por la fuerza la Franja de Gaza.

Katz señaló en particular a Egipto, país que —según el ministro— había presionado a Washington para que se opusiera al traslado forzoso de la población palestina. “No se ha descartado”, aseguró. “Es un tema que se debate constantemente, incluso ahora, y creo que, a fin de cuentas, no existe otra solución que redunde en beneficio de todos”.

Las declaraciones del ministro de Defensa se producen en plena campaña electoral en Israel para las elecciones del 27 de octubre, que estarán muy reñidas y ante las que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y sus aliados de derecha buscan atraer a los votantes abogando por medidas más agresivas contra los palestinos.

Algunas de estas posturas han sido abiertamente incendiarias y crueles. El ministro de Seguridad Nacional, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, publicó en X imágenes de una prisión de mujeres y afirmó ser el responsable de las pésimas condiciones en las que se encuentran en ese centro. Cuando una reclusa le comunicó que no recibían atención médica, ni podían ducharse ni disponer de ropa limpia, Ben Gvir respondió: “Se acabó lo de las buenas condiciones en las cárceles. Esta es la situación actual y yo soy el responsable directo de todo. Estoy satisfecho con estas condiciones”.

El miércoles, Netanyahu visitó un puesto militar israelí situado cerca de la llamada Línea Amarilla en la Franja de Gaza, que delimita el territorio que ocupa Israel. El Ejecutivo ha manifestado que no se retirará de dicha línea hasta que Hamás se desarme, a pesar de las peticiones de una retirada gradual para facilitar el reciente acuerdo anunciado por Trump.

“Controlamos el territorio y nos mantendremos en esta línea”, afirmó Netanyahu esta semana. “Estamos haciendo todo lo posible para lograr nuestro objetivo: desarmar a Hamás y desmilitarizar Gaza. Gaza dejará de suponer una amenaza para Israel”. Hace unos meses, el primer ministro dijo que el ejército controlaría el 70% de la Franja y eso es aproximadamente lo que ocupa actualmente, pese a que representa casi un 20% más de lo estipulado por el acuerdo de alto el fuego de octubre de 2025, cuando las tropas se retiraron de la mitad del territorio palestino hasta la Línea Amarilla.

Texto traducido y actualizado por elDiario.es

Ratko Mladić, el infame carnicero de Bosnia, murió la semana pasada a los 84 años en su celda en La Haya, donde cumplía cadena perpetua por genocidio. Horas después, una oleada de conmemoraciones por el difunto general criminal de guerra recorrió las calles de Serbia y la República Srpska, la región serbia de Bosnia. ¿Cuándo un genocida se convierte en héroe?

“General, gloria eterna. Gracias”, rezaba una pancarta de los aficionados del Estrella Roja de Belgrado en un partido el jueves por la noche contra el Viktoria Plzen. El equipo publicó en sus redes la foto de la pancarta con los aficionados haciendo el saludo militar. Por todo el país han aparecido carteles y grafitis honrando al “héroe” e incluso algunos de sus seguidores han desfilado cantando su nombre en las mismas calles donde Mladic cometió los peores crímenes y enalteciendo el genocidio: “Cuchillo, alambre de púas, Srebrenica”.

Mladić lideró el largo y sangriento asedio de Sarajevo de 1.425 días, hasta entonces el más largo en la historia salvaje de la guerra moderna y que dejó más de 13.000 muertos. Poco después entró victorioso en la ciudad de Srebrenica. Sus soldados repartían chocolatinas a los niños y las cámaras le grabaron acariciando la cabeza de uno de esos niños, Izudin Alic. Paralelamente, las fuerzas de Mladić daban caza y asesinaban al padre de Alic y a otros 8.000 menores y adultos, la mayoría musulmanes, en la peor masacre cometida en suelo europeo desde el holocausto.

El general era la pata militar de un triángulo compuesto por Slobodan Milošević y Radovan Karadžić. Milošević, presidente de Serbia, había resucitado la idea de la Gran Serbia, una suerte de nacionalismo fascista expansionista, y Karadžić, presidente de la República Srpska, era su socio político en Bosnia. El primero murió mientras estaba siendo juzgado en La Haya y el segundo fue condenado y cumple condena por genocidio y otros crímenes de guerra.

Victimismo

Serbia demuestra que la justicia no es el fin del círculo. Los líderes criminales fueron juzgados y ya quedan pocos con vida, pero detrás de sus barbaridades hay algo mucho más amplio que pervive, el proyecto de la Gran Serbia y su nacionalismo irredentista. Su caso sirve de ejemplo para Israel, salvando todas las distancias. Si algún día Netanyahu y los suyos son condenados por genocidio y crímenes de guerra, nada cambiará en los territorios ocupados si las élites del país siguen manteniendo su ideología ultranacionalista e irredentista del Gran Israel.

En Serbia, el proyecto ultra fue derrotado —dejando decenas de miles de muertos a sus espaldas— y hoy trata de resucitarlo una nueva generación nacionalista y una clase política que lo usa con intereses electorales y que hace equilibrios imposibles para no apoyar abiertamente ante el resto del mundo crímenes de guerra.

En Israel, sin embargo, es esta ideología la que dirige la política del país desde hace décadas. Para muchos, desde su mismo nacimiento. Ya se lo explicaba David Ben Gurion, el que sería el primer jefe de gobierno del país, en una carta a su hijo, quien estaba decepcionado con el plan de partición de Palestina por insuficiente. “Mi hipótesis es que un Estado judío que ocupe solo una parte del territorio no es el final, sino el principio [...] La creación de un Estado, aunque solo sea en una parte del territorio, supone un poderoso impulso a nuestros esfuerzos históricos por liberar todo el país”, escribió. Netanyahu también ha mostrado abiertamente su adhesión al proyecto del Gran Israel, que evidentemente pasa por deshacerse de los palestinos y ocupar los países árabes vecinos.

Hace dos años estuve escribiendo varios reportajes desde Serbia. En la Plaza de la República, principal punto de encuentro de Belgrado, había aparecido un inmenso grafiti: “El único genocidio cometido en los Balcanes fue contra los serbios”. Justo encima había decenas de pintadas con el rostro de Mladic. El mensaje refleja el victimismo que sirve como uno de los pilares del proyecto de la Gran Serbia, impulsado por el famoso Memorando de la Academia Serbia de las Ciencias y las Artes que recogía en los años 80 toda una lista de agravios contra el pueblo serbio.

Un victimismo que se aplica también en el caso israelí, que alega que tiene que expandirse y ocupar al resto como única manera de garantizar su seguridad. Si uno cambia Israel por Serbia en el grafiti, queda el argumento que repite el Gobierno de Netanyahu cada vez que se le acusa de genocidio en Gaza.

“Bombardead hasta que estén al borde de la locura”

La idea del Gran Israel es un concepto que se remonta prácticamente a los orígenes del movimiento sionista, pero que el gobierno más radical de la historia del país ha reimpulsado con fuerza. Hace una interpretación geográfica expansionista del Israel bíblico y se basa en la supremacía étnica judía en el territorio, tal y como ha reflejado el Ejecutivo actual con su infame ley del Estado nación judío. Este fin de semana, Netanyahu repetía en televisión: “Este es el Estado nación del pueblo judío. Otros tienen derechos, pero ante todo este es nuestro Estado nación”.

Mientras tanto, se continúan cometiendo barbaridades en nombre de una ideología radical. Los conocidos crímenes de los francotiradores en Sarajevo no distan tanto de la caza de civiles en Gaza con francotiradores y con drones. Entre las órdenes infames de Mladic, varias han pasado a la historia: “Atacad a los barrios musulmanes; allí no viven muchos serbios. Bombardeadlos hasta que estén al borde de la locura”. Bombardear a todo un pueblo para doblegarlo, como en Gaza. Es precisamente su fanatismo lo que hoy ha convertido a Mladic en un héroe. El mismo fanatismo que hoy domina la política israelí.

“Como especialista en atrocidades masivas, creo que debemos tener cuidado con la forma en que intentamos comprender o explicar las acciones de los autores de estos crímenes. Los medios de comunicación retratan a Mladić como un monstruo, un loco y el ‘carnicero de Bosnia’. Pero creo que es importante señalar que no era un psicópata”, escribe Olivera Simic, una de las mayores expertas en derecho internacional y los Balcanes. “Caracterizarlo de esa manera minimiza su responsabilidad penal, así como las estructuras que hicieron posibles sus crímenes”.

“Comprender cómo personas como Mladić pudieron cometer estos crímenes es clave si queremos aprender a evitar que vuelvan a ocurrir en el futuro. Un aspecto importante de todo ello fue la enorme infraestructura militar que lo rodeaba. Él solo no podría haber cometido todas las atrocidades de la guerra. Contaba con un ejército de personas que respaldaban sus decisiones y actuaban siguiendo sus órdenes”, escribe Simic.

El mundo no ha aprendido la lección.

Tienes que escuchar…

A Tupac Shakur. Hace unos días, Marco Rubio (sí, Marco Rubio) tuvo el descaro de decir en una entrevista que su rapero favorito de todos los tiempos es Tupac. O Rubio no ha escuchado a Tupac o no tiene vergüenza, pero el rapero cantaba contra todo eso que el secretario de Estado representa.

Ahí os dejo un fragmento del tema Changes.

I see no changes can't a brother get a little peace [no veo ningún cambio, es que un hermano no puede tener un poco de paz?]

It's war on the streets & the war in the Middle East [hay guerra en las calles y guerra en Oriente Medio]

Instead of war on poverty they got a war on drugs [en lugar de guerra contra la pobreza tienen una guerra contra las drogas]

so the police can bother me [para que la policía pueda molestarme]

[...]

I'm tired of bein' poor & even worse I'm black [estoy harto de ser pobre y, lo que es peor, de ser negro.]

my stomach hurts so I'm lookin' for a purse to snatch [me duele el estómago, así que estoy buscando un bolso que robar]

Cops give a damn about a negro [a la policía le importa una mierda un negro]

pull the trigger kill a nigga he's a hero [aprieta el gatillo, mata a un negro y es un héroe]

Give the crack to the kids who the hell cares [dale crack a los críos, ¿a quién coño le importa?]

one less ugly mouth on the welfare [una boca fea menos que vive de la ayuda social]

Gracias por llegar hasta aquí.

Hasta la semana que viene

La misma mañana en que Colombia removía entre los escombros los cientos de muertos que dejó el terremoto en el departamento del Chocó, el 10 de agosto, el presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella rompía el consenso internacional al reconocer la soberanía de Israel sobre los Altos del Golán, el territorio sirio que ocupa desde la Guerra de los Seis Días de 1967 y que, pese al rechazo de la comunidad internacional, anexionó en los años ochenta.

Colombia se convertía así en el segundo país del mundo, después de Estados Unidos durante la primera Administración de Donald Trump, en reconocer la soberanía israelí sobre el territorio. Benjamín Netanyahu agradeció el gesto, mientras que una veintena de países árabes —entre ellos Egipto, Arabia Saudí, Qatar o Turquía— rechazaron la decisión del nuevo gobierno colombiano y recalcaron que viola “resoluciones de la legitimidad internacional” de la ONU.

El de Colombia ha sido el último episodio de un giro de varios países latinoamericanos que, con la llegada de la ultraderecha al poder en la región, han volteado su política exterior hacia Israel mientras buscan los favores y la simpatía de Estados Unidos.

“Este giro se explica por las nuevas narrativas de las nuevas derechas de la región —en algunos casos conservadoras, en otros casos radicales— que comparten elementos como, por ejemplo, priorizar las relaciones con Israel” para, según el experto en Relaciones Internacionales de la Universidad de Chile Gilberto Aranda, “lograr una buena sintonía” con Estados Unidos.

En Colombia había un consenso que duró muchos años sobre la necesidad de no hacer demasiadas declaraciones sobre la relación con Israel, pero no había compromisos tan explícitos como los que ha asumido De La Espriella

Sandra Borda — Profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes

A diferencia de Gustavo Petro, que impulsó una diplomacia de defensa de los derechos del pueblo palestino, De la Espriella se reunió incluso antes de asumir el cargo con el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, para “retomar” los vínculos entre ambos países.

Como nuevo presidente, restableció las relaciones diplomáticas con Israel, rotas por su predecesor en respuesta al genocidio en Gaza, nombró embajadores, eliminó los visados entre ambos países y trasladó la Embajada de Colombia de Tel Aviv a Jerusalén. En su agenda también hay nuevos acuerdos de cooperación con Israel en seguridad, tecnología, inversión y defensa y la reanudación de las exportaciones colombianas de carbón a Israel.

“En Colombia había un consenso que duró muchos años sobre la necesidad de no hacer demasiadas declaraciones sobre la relación con Israel, era una relación de cooperación militar, pero no había compromisos tan explícitos como los que ha asumido la administración de De La Espriella”, explica la profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de Los Andes Sandra Borda, quien recuerda que Petro, por su lado, también instaló una agenda de apoyo a la causa palestina.

Para ella, este giro se debe a razones tanto estratégicas, en materia de seguridad, como ideológicas. Sobre estas últimas, menciona que las nuevas ultraderechas “se gestaron al amparo del proyecto de Trump” y eso implica apoyar su política de alianzas con Israel.

Milei y “los amigos de Washington”

Colombia es, junto con Argentina, uno de los casos más evidentes del giro proisraelí en la región. Desde su llegada al poder en 2023, Milei ha convertido su alineamiento con Israel en uno de los ejes de su política exterior.

El presidente ultra expresó públicamente un apoyo prácticamente incondicional a Israel durante el genocidio en Gaza y presentó a Netanyahu como un aliado en la defensa de “la libertad” y contra el terrorismo.

“Hay países que con estos giros han tenido una atención preferente de Estados Unidos, como la Argentina de Milei, uno de los más beneficiados con la postura que ha tenido el presidente argentino”, señala Aranda.

Milei también anunció que trasladará su Embajada a Jerusalén en 2026 y, junto con el primer ministro israelí, impulsó un memorándum de cooperación contra el terrorismo y el antisemitismo, con una dimensión específica de colaboración en defensa y seguridad.

“Argentina ha tenido siempre un componente proisraelí muy importante porque hay una comunidad judía muy destacada y también es fuerte la presencia de argentinos en Israel”, apunta la investigadora del CIDOB Anna Ayuso.

El sociólogo y politólogo argentino Atilio Borón recuerda que, tras proclamarse ganador, Milei viajó a Estados Unidos y mantuvo estrechos contactos con la comunidad jasídica neoyorquina. “Milei ha viajado hasta ahora tres veces a Israel y 17 veces a los Estados Unidos, mientras no ha visitado a nueve de las 23 provincias de la Argentina”.

“Para Milei, añade, los amigos de Washington son los amigos de Argentina, y sus enemigos son los enemigos de este país”.

También Chile y Ecuador, pero con otros matices

Tres meses después de llegar al poder, el presidente chileno, José Antonio Kast, designó un nuevo embajador de Chile en Israel, tras dos años sin representación diplomática en el país. Cuando en agosto, Gabriel Zaliasnik presentó sus cartas credenciales al presidente Isaac Herzog en Jerusalén, habló explícitamente de “reactivar los vínculos institucionales, académicos, empresariales y científicos” entre ambos países.

Esto supone un vuelco en el tono respecto a la administración del izquierdista Gabriel Boric, que mantuvo una relación mucho más crítica con el Gobierno de Netanyahu y condenó reiteradamente sus operaciones en Gaza.

Este agosto, el Gobierno ultraderechista chileno también ha cerrado la embajada de Irán en Santiago, pero sin suspender las relaciones diplomáticas entre ambos países, que datan de 1942.

“El giro en Chile es de corte ideológico y de alineación con EEUU, no es por una tradición (proisraelí) en el país, como en Argentina, y está más vinculado a temas de seguridad y lucha contra el terrorismo”, dice Ayuso.

Ya sea en Colombia como en el Brasil de la época del ultra Jair Bolsonaro, añade Aranda, la victoria de la ultraderecha llegó precedida por el crecimiento de la población evangélica, “en versiones cercanas al relato veterotestamentario israelí”. Tanto De la Espriella como Bolsonaro han experimentado “un proceso de conversión (religiosa) personal”, al igual que Milei, que se ha acercado al judaísmo. Sin embargo, precisa, “en Chile hablamos más bien de una versión hiperconservadora donde el presidente es parte de lo que es la tradición ultracatólica del país”.

El giro en Chile es está más vinculado a temas de seguridad y lucha contra el terrorismo”

Anna Ayuso — Investigador del CIDOB

Chile alberga la comunidad palestina más numerosa del mundo fuera de los países árabes, con cerca de 500.000 personas, y reconoció a Palestina como un Estado “libre, independiente y soberano” en 2011, durante el primer Gobierno del conservador Sebastián Piñera.

Aunque en el país sudamericano también convive una comunidad judía “muy influyente”, dice Aranda, “la premisa histórica del país ha sido siempre no importar el conflicto desde Medio Oriente a Chile y equilibrar (posiciones)”.

En Ecuador, Noboa recibió el 5 de agosto al canciller israelí, algo que no sucedía desde hace más de cuatro décadas. El caso ecuatoriano es parecido al chileno en el sentido de que la apuesta de Noboa por cooperar con Israel está muy vinculada a la seguridad, una de las principales preocupaciones en el país, y a la lucha contra el crimen organizado, en la misma línea en que se inscribe ahora la política exterior de Donald Trump.

En Honduras, el nuevo presidente, Nasri Asfura, ha firmado este mes un acuerdo de cooperación en defensa.

El peso de EEUU

Los expertos coinciden en que el giro hacia Israel de los gobiernos ultraderechistas de América Latina busca también alinearse con la diplomacia estadounidense y sumarse a su bloque de aliados, encabezado por Israel.

“De la Espriella casi sobreactúa para demostrar su interés de mantenerse como aliado de EEUU porque, para lograr más legitimidad, busca logros tempranos que deriven de estas buenas relaciones con Washington”, dice Sandra Borda.

Borón asegura que, en Argentina, Estados Unidos e Israel ejercen una influencia “decisiva” en el Gobierno de Milei, “en materia económica, financiera, geopolítica y militar”. El embajador de EEUU, añade, “se entromete a diario” en los asuntos internos del país “ante la indiferencia” del Gobierno.

Por su parte, Chile busca generar las mejores relaciones posibles con Estados Unidos a través de políticas “que sean del agrado de Washington o que sigan sus pasos”, apunta Gilberto Aranda.

“Tanto desde el mundo árabe como desde Israel –añade– se advierte que hay un conjunto de países (en América Latina) que han decidido tomar una postura distinta”, por eso las elecciones de octubre en Brasil serán seguidas “con mucho interés” tanto por el mundo árabe como por el mundo israelí.

Cuando la polarización alcanza a la política exterior, concluye Borda, las decisiones en esta área “se convierten en una plataforma política y electoral” y, cuando llega un gobierno de signo distinto, “simplemente, las echa para atrás”.

El Likud, partido del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha comparado al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, con los líderes de Irán y Hizbulá en un gran cartel publicitario de precampaña que ha colocado en un edificio en el centro de Tel Aviv.

El cartelón muestra al regidor neoyorquino junto al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, el líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, y el líder de la milicia chií libanesa Hizbulá, Naim Qassem.

“Quieren que Netanyahu pierda... No les dejes ganar”, dice el póster, que incluye el emblema del partido.

Netanyahu ha entrado en precampaña para que su coalición de gobierno de extrema derecha siga en el poder. El parlamento fue disuelto en julio y las elecciones se celebrarán en octubre. Son las primeras tras los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023 y la posterior represión genocida israelí en la Franja.

Mamdani es absolutamente crítico con la guerra israelí contra Gaza desde que comenzó su campaña por la alcaldía, pero subió el tono contra Netanyahu el mes pasado: le llamó “criminal de guerra” y dijo que “debía estar en La Haya”, en referencia a la sede del Tribunal Penal Internacional.

El alcalde también ha reclamado que las autoridades estadounidenses ejecuten la orden de arresto internacional emitida por la Corte contra el líder israelí si acude a la reunión de asamblea general de la ONU de septiembre.

Netanyahu se defendió diciendo que Mamdani “fomenta el odio” y enfrenta a los distintos grupos religiosos presentes en Nueva York.

También dijo estar preocupado por que el apoyo de los dos partidos estadounidenses a Israel esté en riesgo a causa de dirigentes progresistas del Partido Demócrata como Mamdani. Las encuestas recientes señalan que Mamdani es más popular entre los judíos estadounidenses que Netanyahu.

El ataque a Mamdani llega después de que el primer ministro israelí describiese al Reino Unido como la “república islámica de Gran Bretaña” en una entrevista en un pódcast la semana pasada.

Tales alusiones, vertidas en un encuentro con la radio del ejército israelí, abundan en el habitual cliché islamófobo al respecto de la población musulmana del país, “la primera república islámica que tiene un arma nuclear”, según dijo Netanyahu en la misma entrevista.

El político israelí, cuya coalición de gobierno va rezagada en las encuestas, publicó el domingo una foto del cartel en sus redes sociales junto con un vídeo en de las declaraciones de Mamdani en las que le llamaba criminal de guerra.

El enfrentamiento entre ambos se produce en un momento de parón en las conversaciones sobre el alto el fuego en Gaza entre EEUU e Israel. El yerno y enviado de Donald Trump, Jared Kushner, se reunió el lunes con Netanyahu durante tres horas sin lograr avances, pues Israel se niega a retirar las tropas del enclave si Hamás no se desarma antes.

Mamdani aún no ha respondido públicamente a la maniobra electoral de Netanyahu.

Muchos medios de comunicación occidentales no se cansan de hablar de Gadi Eisenkot.

El exjefe del Ejército de Israel y líder del partido recién creado Yashar ha recibido una acogida muy favorable por parte de la prensa internacional, ahora que él y su partido lideran las encuestas de cara a las elecciones de octubre.

“¿Acogerá Israel al ”anti-Netanyahu“ que perdió a un hijo en Gaza?”, se preguntaba el Times de Londres.

“Perdió a su hijo en Gaza. Ahora va a por Netanyahu”, afirmaba el Daily Telegraph.

“Cómo el general más destacado de Netanyahu se convirtió en su rival más fuerte”, rezaba el titular de un extenso perfil de Eisenkot escrito por David Remnick en The New Yorker.

“¿Ofrece Gadi Eisenkot una nueva oportunidad a Israel?”, se preguntaba The Economist.

Es una pregunta razonable. Pero quizá los comentaristas británicos y estadounidenses no sean las personas adecuadas para responderla. ¿Por qué no se lo preguntamos a los palestinos de Gaza?

En el punto álgido del genocidio, entre octubre de 2023 y junio de 2024, Eisenkot formó parte del gabinete de guerra de Benjamin Netanyahu mientras Israel llevaba a cabo su bárbara campaña militar en Gaza. Durante ese periodo, los ataques aéreos israelíes arrasaron edificios de viviendas enteros, alcanzaron colegios, hospitales y campos de refugiados y mataron a más de 30 000 palestinos.

Eisenkot acabó dimitiendo del gabinete de guerra en 2024. Pero no fue por el terrible número de víctimas mortales. Se marchó por lo que consideraba fallos estratégicos del Gobierno. Incluso Remnick, de The New Yorker, en su retrato comprensivo, señaló cómo el general, que perdió a su propio hijo Gal, soldado, en los combates, “sigue mostrándose reacio a condenar a Netanyahu por la extraordinaria gravedad y duración de la guerra en Gaza”.

Y Eisenkot ya tiene un historial en lo que respecta a matar a palestinos de Gaza. Como jefe del Estado Mayor de Israel durante la conocida como la Gran Marcha del Retorno de 2018 y 2019, supervisó la respuesta armada a las manifestaciones masivas de palestinos contra el asedio de Gaza.

Soldados israelíes, en su mayoría francotiradores, mataron a más de 200 palestinos, entre ellos decenas de niños. “Las fuerzas de seguridad israelíes mataron y mutilaron a manifestantes palestinos que no representaban una amenaza inminente”, concluyó una comisión de investigación de la ONU, añadiendo que encontró “motivos razonables para creer que se disparó contra los manifestantes vulnerando su derecho a la vida”.

Si The Economist quiere saber si Eisenkot representa “una nueva oportunidad”, quizá también debería preguntárselo a los palestinos de Cisjordania ocupada.

Sí, puede que Eisenkot se oponga al plan de anexión del Gobierno de extrema derecha de Netanyahu, pero también se opone a la autodeterminación y a la creación de un Estado palestino. “Nunca he dicho 'dos Estados para dos pueblos'”, declaró con orgullo en una entrevista en junio. “Comprendo la profundidad de este conflicto religioso, nacional y social, y cualquiera que hable de ”paz ahora“ y de dos Estados no entiende el conflicto”.

“Creo firmemente en los asentamientos de Judea y Samaria”, prosiguió, utilizando el término bíblico para referirse a la Cisjordania ocupada.

Ahí queda el supuesto pragmatismo y liberalismo de Eisenkot. Rechaza abiertamente la solución de dos Estados y apoya con orgullo los asentamientos israelíes, unos asentamientos que la Corte Internacional de Justicia y múltiples resoluciones de la ONU consideran ilegales según el derecho internacional.

O quizá los periodistas deberían preguntar a los habitantes de los barrios del sur de Beirut, donde cientos de hombres, mujeres y niños perdieron la vida en la ofensiva israelí contra el Líbano de 2006, si Eisenkot supone un nuevo comienzo.

Como jefe del Mando del Norte de Israel, se vinculó estrechamente a lo que se conoció como la “Doctrina Dahiya”: una estrategia militar israelí de disuasión basada en la destrucción generalizada de infraestructuras civiles.

“Lo que ocurrió en el barrio de Dahiya, en Beirut, en 2006, ocurrirá en todos los pueblos desde los que se dispare contra Israel”, explicó Eisenkot a un periodista en 2008. “Ejerceremos una fuerza desproporcionada sobre ese pueblo y causaremos allí grandes daños y destrucción”.

El uso de fuerza desproporcionada contra objetivos civiles es, por supuesto, un crimen de guerra innegable.

Puede que Netanyahu sea un villano evidente, pero también puede ser un villano de cómic. El peligro con Eisenkot es que es un villano que proyecta la imagen de un “moderado”. Mientras que Netanyahu se ha convertido en un pararrayos, gracias a su arrogancia y beligerancia, y su acusación ante la Corte Penal Internacional (CPI) ha convertido a Israel en un paria internacional, Eisenkot da la impresión de ser una figura más sobria y razonable; un “soldado humilde”, por citar a Remnick.

El mero hecho de no ser Netanyahu haría que un primer ministro Eisenkot neutralizara a gran parte de las críticas de los liberales occidentales hacia Israel y restableciera la reputación del país en las capitales occidentales, al tiempo que permitiría al ejército israelí y a los colonos seguir aplicando las mismas políticas de expansión y destrucción tanto en Cisjordania como en Gaza.

Eisenkot tampoco es un caso único. La escena política israelí está llena de lobos con piel de cordero. En la oposición israelí hay otros generales “moderados” retirados como Eisenkot: Benny Gantz, que en su día se jactó de devolver partes de Gaza “a la Edad de Piedra”, y Yair Golan, quien afirmó tras el 7 de octubre que Israel debería impedir la entrada de ayuda humanitaria en Gaza y que la población de allí podría “morir de hambre”. “Es totalmente legítimo”, dijo.

Luego está Naftali Bennett, quien tiene un largo historial de vil racismo antiárabe, supervisó el año más mortífero de la historia para los palestinos de Cisjordania cuando fue primer ministro de Israel por última vez en 2022 y actualmente está amenazando tanto a Turquía como a Qatar.

La cuestión no es que todos estos políticos israelíes sean iguales. No lo son. De hecho, difieren en cuanto a tácticas, personalidades y coaliciones políticas.

La cuestión es que sustituir a Netanyahu por Eisenkot o por cualquier otro líder de la oposición israelí no supondría un cambio fundamental de rumbo en cuestiones clave como el genocidio, el apartheid y la ocupación; solo sería un cambio de imagen y de discurso. Para los palestinos y los libaneses, entre muchos otros pueblos de Oriente Medio, el resultado sería el mismo.

Así pues, cuando llegue octubre, es posible que el primer ministro más polémico de Israel sea finalmente destituido. Si eso ocurre, todos podemos y debemos celebrar el fin de la era Netanyahu y esperar que la Corte Pena Internacional consiga detenerlo.

Pero entonces conoceremos al nuevo jefe de Israel, que será igual que el antiguo jefe de Israel.

Que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no tenía intención alguna de cumplir el acuerdo alcanzado el pasado octubre con Hamás, que establecía un cese de hostilidades, era algo sobradamente conocido. Desde entonces, ha impedido la entrada de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza cada vez que lo ha considerado conveniente, obligando a la población palestina a continuos desplazamientos forzosos, a malvivir en precarias tiendas de campaña y a no poder satisfacer sus necesidades más básicas.

Igualmente, ha matado a más de 1.200 palestinos como resultado de sus sistemáticos y prácticamente diarios bombardeos e incursiones terrestres. Y, por supuesto sus fuerzas militares no solo no se han retirado hasta la Línea Amarilla –que ya suponía controlar físicamente más del 50% del territorio total de Gaza–, sino que han ampliado su despliegue hasta llegar al actual 70%.

Un comportamiento que nos deja de paso con la duda sobre la verdadera voluntad del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para cumplir su parte del acuerdo, aferrado al argumento de que las reiteradas violaciones israelíes han impedido su desarrollo.

Lo que resulta en todo caso llamativo es que el primer ministro israelí haya llegado al punto de mostrar públicamente su rechazo frontal al plan de 15 puntos que la aberrante Junta de Paz, creada y presidida por Donald Trump, dice haber alcanzado con Hamás el pasado julio para su desarme. El mismo que Trump había calificado como “un paso monumental” hacia la paz en la zona.

Como en tantas ocasiones anteriores, cabía esperar que se limitara a repetir su doble juego, alineándose formalmente con su principal aliado –el propio Trump dijo inicialmente que Netanyahu estaba muy feliz con el acuerdo–, al mismo tiempo que, en la práctica, se dedicaría a torpedearlo y a retrasar su implementación sobre el terreno.

Y si, rompiendo su habitual pauta de comportamiento con Washington, ha mostrado abiertamente su oposición a un plan que, en esencia, establece tanto el desarme completo de Hamás como la retirada militar israelí (no de toda la Franja, sino tan solo hasta la citada Línea Amarilla), es básicamente porque quien habló el pasado día 9 de agosto no era el primer ministro de Israel, sino el candidato a las elecciones del próximo 27 de octubre.

No por casualidad esas declaraciones se produjeron al día siguiente de la visita a Israel del almirante Brad Cooper, jefe del Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM). Una visita conminatoria que venía acompañada de las filtraciones sobre la aprobación del propio Netanyahu a los planes que sus mandos militares le habían presentado para llevar a cabo (como en Líbano) un proyecto piloto en tres puntos del sur de la Franja en los que un contingente militar internacional (todavía por constituir) sustituiría a las unidades israelíes (redesplegadas a otras posiciones, pero no retiradas de Gaza).

El candidato Netanyahu no solo se juega en las próximas elecciones todo el poder y los privilegios asociados a su cargo sino, mucho más vital personalmente, su libertad. Sin la protección fáctica que le proporciona la jefatura de gobierno sabe que, muy probablemente, acabará en la cárcel como resultado de las tres causas judiciales que el Tribunal Supremo sigue contra él.

En consecuencia, cabe suponer que está dispuesto a emplear todos los medios a su alcance para lograr la victoria en las urnas, incluso aunque eso incluya llevarle la contraria públicamente a quien en tantas ocasiones ha calificado como un amigo personal y el mejor amigo de Israel.

Al hacerlo sabe que pone al propio Trump en una situación muy complicada porque, también en clave electoral, al inquilino de la Casa Blanca se le agota el tiempo para salir del barrizal en el que se ha ido metiendo en Oriente Medio con una fracasada estrategia bélica contra Irán y sin autoridad real para imponer su dictado ni en Líbano ni en Palestina. Trump necesita imperiosamente romper la dinámica que ya vaticina una pérdida de la mayoría republicana en el Congreso de EEUU y, para ello, le urge presentar algún resultado positivo a sus potenciales votantes.

Pero, aun así, Netanyahu calcula que no puede actuar de otro modo. Por un lado, trata de evitar una rebelión dentro del gabinete ministerial –con personajes tan execrables como Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich apostando por medidas aún más radicales contra los palestinos– y de garantizarse su apoyo en la conformación de un nuevo gobierno tras las elecciones. Por otro, busca evitar que sus rivales –todos ellos tanto o más duros que él mismo en relación con los palestinos– puedan explotar cualquier mínima cesión ante Washington y, sobre todo, ante Hamás.

Por todo ello, mientras impide que los miembros del Comité Nacional Palestino para la Administración de Gaza (instancia tecnócrata palestina creada por la Junta de Paz) pueda pisar la Franja, solo cabe esperar que, como ya lleva haciendo desde hace años, siga apostando por la violencia como su principal arma electoral.

Sabe, en definitiva, que seguirá contando con el respaldo de Trump, la impotencia de la ONU y la pasividad y complicidad de muchos gobiernos que, olvidando tanto el Derecho Internacional como los derechos humanos y las más elementales normas éticas y morales, no están dispuestos a significarse por defender una causa que, en el fondo, consideran totalmente perdida.

Hace pocos días, Hamás afirmó que había aceptado un acuerdo presentado por Estados Unidos, destinado a poner fin completamente a la guerra de Israel en Gaza, incluyendo disposiciones para desarmar y entregar sus armas por etapas. Según el acuerdo, Israel debería retirar sus fuerzas con el paso del tiempo, pero Netanyahu ya ha dicho que no acepta el plan de 15 puntos presentado.

Desde la práctica de mediación en conflictos armados, esta propuesta sigue un patrón reconocible: la secuenciación recíproca condicionada, donde ninguna parte se mueve primero sin garantías verificables de que la otra cumplirá. Es un diseño técnicamente sensato —el desarme unilateral de Hamás sin retirada israelí sería un suicidio político y de seguridad para la organización, mientras que la retirada israelí sin desarme verificado sería inaceptable para el establishment de seguridad israelí—, pero estructuralmente frágil: basta que una parte incumpla o dilate su fase para que la otra tenga justificación legítima para congelar la suya. Los plazos de 200-300 días para la desmilitarización, combinados con retiradas “graduales hacia líneas designadas en sintonía con el progreso de la verificación”, dejan amplio margen de interpretación y disputa.

Esto se ha confirmado ya en la práctica: Netanyahu ha resumido su posición en tres ideas que contradicen abiertamente la lógica paralela del acuerdo. Primero, que el ejército “no realizará ninguna retirada hasta que Hamás esté verdaderamente desarmado”, invirtiendo la secuencia pactada de “en paralelo y por fases” hacia un esquema donde el desarme total es precondición, no proceso simultáneo. Esta no es simple ambigüedad textual, sino lo que en teoría de negociación se conoce como reinterpretación unilateral de mala fe, pues no se rechaza el acuerdo formalmente —lo cual tendría un costo diplomático claro—, sino que se vacía de contenido operativo mientras se mantiene la ficción de haberlo aceptado, trasladando el costo político de una eventual ruptura hacia Hamás o hacia la comunidad internacional.

El segundo elemento de esa posición —que los militares “seguirán frustrando las amenazas” contra ellos y los ciudadanos israelíes— es un ejemplo clásico de ambigüedad constructiva empleada en sentido inverso: en vez de servir para acercar posiciones, como sería su función legítima en diplomacia, aquí preserva unilateralmente un margen de acción discrecional que anula el compromiso explícito del acuerdo de “completar plenamente y sin demora” el cese de operaciones militares. Es una cláusula de autoexcepción encubierta, donde cualquier acción militar futura puede justificarse retroactivamente como respuesta a una amenaza indefinida, sin necesidad de establecer umbral, naturaleza o verificación independiente. En el terreno, esto se traduce en un patrón muy concreto: mientras se negocia formalmente el ritmo de la retirada, el ejército israelí ha ampliado unilateralmente el territorio bajo su control del 60% a un objetivo del 70%, desplazando bloques de hormigón y extendiendo las zonas de fuego libre. Es una negociación de facto que ocurre fuera del marco declarado, alterando la línea base sobre la que se mediría cualquier repliegue futuro, puesto que, si el punto de partida sigue expandiéndose después de la firma, cualquier eventual retirada parcial puede presentarse como concesión sustancial aunque solo devuelva una fracción de lo tomado unilateralmente tras el acuerdo, técnica de negociación posicional maximalista documentada en otras disputas territoriales prolongadas como Chipre o Nagorno Karabaj.

La tercera idea de Netanyahu —que “no se creará un Estado palestino, ni en Gaza ni en Judea y Samaria” mientras él esté en el poder— no es solo una declaración ideológica dirigida al electorado antes de las elecciones de octubre, sino una señal estratégica deliberada hacia la contraparte: elimina el horizonte político que el propio acuerdo de la Junta de Paz establece como condición para un “camino creíble hacia la autodeterminación”. Esto rompe el vínculo entre gesto de seguridad y gesto político que ha sostenido casi todo proceso de paz exitoso, y cambia radicalmente el cálculo racional de quien debe desarmarse: sin contrapartida política final, el desarme se percibe como rendición unilateral, no como parte legítima de una transición, incluso si se mantiene como discurso público bajo presión internacional. A esto se suma un problema de verificación que agrava todo lo anterior. La comprobación del desarme de Hamás depende de una comisión internacional cuya composición y estándares de prueba no están claramente definidos, en un contexto donde, como advierten muchos analistas, habrá milicias armadas ajenas a Hamás operando en Gaza y políticos israelíes de línea dura con incentivos para alegar incumplimientos “que pueden o no ser ciertos”. La legitimidad del proceso depende, en última instancia, de que esa verificación sea percibida como imparcial por ambas partes, algo que la experiencia en procesos de desarme postconflicto muestra que rara vez ocurre cuando una de las partes tiene interés político directo en declarar el fracaso del proceso.

El deterioro de la confianza no es solo teórico, sino que ya se refleja en cifras: más de 1.200 muertos durante los diez meses de alto el fuego, un promedio de un niño muerto al día según Unicef, restricciones activas a la entrada de materiales de reconstrucción —casas prefabricadas, tiendas de campaña, maquinaria para retirar escombros— que técnicos estiman podrían retrasar la reconstrucción de Gaza durante décadas. Este patrón de incumplimiento sostenido, unido a la reinterpretación unilateral de los términos del acuerdo, ha llevado a que ocho países —incluyendo socios tan alineados con Occidente como Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, junto a Qatar, Jordania, Indonesia, Pakistán, Turquía y Egipto— emitieran un comunicado conjunto de “más enérgica condena” advirtiendo que las violaciones israelíes “amenazan con hacer descarrilar” la segunda fase del plan. Esto añade una dimensión que trasciende el conflicto bilateral: la erosión de credibilidad ante los garantes regionales de los que depende toda la arquitectura de verificación y estabilización del acuerdo.

En síntesis, el marco negociado contiene elementos técnicamente correctos —fuerza internacional bajo mando unificado, comité nacional palestino como poseedor único de armas, vinculación formal de fases—, pero enfrenta los riesgos clásicos de todo acuerdo asimétrico y no simultáneo, como incentivos desiguales para el cumplimiento, actores con capacidad de veto que no firmaron el pacto, reinterpretación unilateral de sus cláusulas por la parte con mayor poder relativo, y un calendario electoral que compite con el calendario técnico del proceso. Sin mecanismos de garantía externa eficaces y automáticos —no discrecionales ni dependientes de la “decepción” de un mediador—, el riesgo real no es tanto un colapso declarado del acuerdo como su parálisis progresiva, un proceso que ni avanza ni se declara formalmente muerto, dejando a la población civil de Gaza en un limbo que las cifras y los hechos sobre el terreno ya confirman.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha rechazado este domingo el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y publicado por su Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, y reiteró que Israel no abandonará Gaza hasta que Hamás se desarme.

“Israel rechaza el documento de los 15 puntos. El Ejército de Defensa de Israel no llevará a cabo retirada alguna hasta que se produzca un desarme real de Hamás y seguirá frustrando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos. Y cuando digo desarmar a Hamás, me refiero a las armas pesadas, a las armas menos pesadas, a todas las armas. Y hablamos de un desarme real, no de un desarme ficticio”, ha sentenciado Netanyahu en un video mensaje enviado por su Oficina al inicio de la reunión de su gabinete.

“A diferencia de todos aquellos que nos sermonean, hacemos lo que hay que hacer por la seguridad de Israel, y podemos y sabemos defender nuestros intereses incluso frente a nuestros mejores amigos cuando es necesario”, ha agregado el primer ministro israelí respecto a la relación con Estados Unidos.

Netanyahu ha asegurado que “mientras sea primer ministro, no se establecerá un Estado palestino”, ni en Gaza en Cisjordania.

El plan de Trump sobre Gaza

Hace una semana, Donald Trump anunció un acuerdo que calificó de “HISTÓRICO” para el “DESARME COMPLETO” de Hamás. No es la primera vez que el presidente estadounidense hace un anuncio rimbombante de este tipo, con la promesa de acabar con el conflicto en Gaza y en toda la región: “Este es un paso monumental hacia una paz y seguridad duraderas”, aseguró en su red Truth Social.

Sin embargo, ese acuerdo “histórico” puede quedar reducido a un mero documento sin efectos sobre el terreno –como el plan de 20 puntos de Trump que el pasado mes de octubre cerró en falso la guerra de Gaza–, después de la negativa de Israel de aceptar lo acordado a lo largo de semanas de negociaciones en El Cairo entre el grupo palestino Hamás, los representantes de la Junta de Paz (liderada por el mismo Trump) y los mediadores (Egipto, Qatar y Turquía).

El plan de recuperación de Gaza se ha reducido drásticamente, pasando de un ambicioso proyecto para la reconstrucción de todo el territorio a un pequeño proyecto piloto en el sur de la Franja. Ni siquiera se espera que se concrete antes de fin de año el plan piloto previsto —que contempla un campamento temporal para una pequeña fracción de los dos millones de habitantes de Gaza, la gran mayoría desplazados, con una administración palestina, policía y una pequeña fuerza de seguridad internacional—.

Ahora que su innecesaria guerra en Irán no va demasiado bien, la Administración Trump ha abierto una guerra virtual contra la Corte Penal Internacional (CPI). Con una argumentación plagada de falacias, el secretario de Estado, Marco Rubio, prometió a mediados de julio “desmantelar” el tribunal al que considera una amenaza para la soberanía de Estados Unidos. El verdadero objetivo del Gobierno estadounidense es garantizar la impunidad de los que cometen crímenes de guerra, también cuando son cometidos en territorio de países miembros de la CPI.

En una columna de opinión publicada en The Wall Street Journal y en un vídeo que difundió por la red social X, Rubio imagina una distopía en la que oficiales estadounidenses, como policías o guardias fronterizos, son “llevados ante un tribunal internacional, juzgados por jueces de países aleatorios de todo el mundo, declarados culpables en virtud de leyes internacionales que ni aceptamos ni controlamos, y encarcelados a miles de millas de Estados Unidos”.

Pura ficción. La CPI no tiene jurisdicción para juzgar los delitos cometidos en Estados Unidos. Eso solo sería posible si Donald Trump empezara a desplegar en el extranjero a esos agentes de Policía o de la Guardia fronteriza.

El Gobierno de EEUU tampoco puede alegar que nunca dio su consentimiento a las leyes que aplica la CPI: son leyes que vienen de tratados como la Convención sobre el Genocidio o los Convenios y Protocolos de Ginebra, ratificados por Estados Unidos e incorporados a sus manuales militares. ¿De verdad es antiestadounidense prohibir el genocidio?

Rubio se queja de que su Gobierno no puede “controlar” el derecho internacional, pero lo cierto es que nadie debería poder hacerlo. La ley está pensada para que las personas la obedezcan, no para ser controlada por las personas. “No necesito el derecho internacional”, ha asegurado Trump, pero ningún líder decente debería aceptar esa premisa.

Detrás de la retórica

Irónicamente, Rubio arremetía contra el derecho internacional a la vez que lo invocaba hablando de la ilegalidad cometida por Irán al cobrar tasas a las embarcaciones que pasan por el estrecho de Ormuz (aunque el propio Trump amenazó con hacer lo mismo, antes de desdecirse). Un buen ejemplo de lo que piensa la Administración Trump sobre el derecho internacional: cuando conviene, utilizarlo como un arma; si se aplica contra EEUU, ignorarlo.

Según Rubio, la CPI está “manejada” por “gobiernos hostiles del Tercer Mundo, unidos por su enemistad hacia EEUU”. Toda una sorpresa para la práctica totalidad de los Gobiernos europeos que figuran entre los 125 miembros del tribunal de La Haya. Son los gobiernos más abusivos los que tratan de no adherirse a la CPI porque eso significaría exponer a sus nacionales a ser perseguidos y juzgados. Las atrocidades que esos gobiernos cometan dentro de sus propios países solo pueden ser investigadas con el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU, donde EEUU tiene derecho de veto.

Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo

Detrás de toda esta retórica, la verdadera objeción de la Administración Trump es el principio de jurisdicción territorial que faculta a la CPI para juzgar crímenes de guerra, entre otras atrocidades a gran escala, cometidas por un ciudadano de un país no miembro del tribunal internacional en el territorio de un miembro de la misma (ese sería el caso de crímenes cometidos por EEUU en otro país que sí forma parte de la CPI). Lo que quiere Trump es impunidad para cometer crímenes de guerra en cualquier parte del mundo.

Rubio habló sin parar sobre la forma en que la CPI representa una amenaza a la soberanía estadounidense, como si la Administración Trump tuviera el derecho soberano de cometer crímenes de guerra. Pero, ¿qué pasa entonces con la soberanía de las naciones que se adhirieron a la CPI para protegerse de los crímenes cometidos en su territorio? Al parecer, reconocer el derecho soberano de esas naciones es incompatible con la visión del mundo que tiene Trump, según la cual la ley se impone por la fuerza.

Trump no es el primero en mantener esa idea de la soberanía selectiva. Cuando la CPI se fundó en 1998, el Gobierno del entonces presidente Bill Clinton votó contra la jurisdicción territorial, perdiendo por una mayoría abrumadora: 120 votos a favor y siete en contra. EEUU cambió de opinión en marzo de 2023, cuando la CPI imputó al presidente ruso, Vladímir Putin, por el secuestro de niños ucranianos. De repente, al Gobierno estadounidense le encantaba el principio de la jurisdicción territorial.

El presidente Joe Biden consideró las acusaciones “justificadas” y el senador Lindsey Graham, de gran influencia en temas de política exterior, aplaudió la medida. El representante de Carolina del Sur por el Partido Republicano, fallecido recientemente, incluso se movió para lograr que el Senado aprobara una resolución unánime de apoyo a la CPI.

El idilio duró poco. En noviembre de 2024, cuando la CPI imputó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y a su entonces ministro de Defensa, Yoav Gallant, entró en juego la “excepción israelí” al derecho internacional y Joe Biden se indignó. La CPI estaba aplicando el principio de jurisdicción territorial: Israel no se había adherido al tribunal, pero Palestina sí y los crímenes israelíes se habían cometido en territorio palestino, en Gaza. Dos meses después, Trump regresaba a la presidencia de EEUU y sancionaba a varios jueces y fiscales de la CPI.

Salvo en la mente de autoridades estadounidenses que quieren actuar por encima de la ley, la jurisdicción territorial no tiene nada de extraordinario. Si asesinara a alguien en las calles de París, Tokio o Sao Paulo, el Gobierno de EEUU difícilmente podría oponerse a que las autoridades francesas, japonesas o brasileñas me procesaran. ¿Por qué sería inaceptable que esos países remitieran el caso a la CPI, en lugar de acusarme ellos mismos, si yo cometiera crímenes de guerra en su territorio?

Un principio clave

Más allá de Putin y de Netanyahu –quien ha apoyado la campaña de Rubio contra la CPI–, el principio de la jurisdicción territorial es clave para hacer justicia en algunas de las peores atrocidades del mundo actual. Es necesaria para enjuiciar a las autoridades de Ruanda (un país que no es miembro de la CPI) por las atrocidades a gran escala que su milicia M23 ha cometido en la vecina República Democrática del Congo (que sí es miembro). Es esencial para juzgar a funcionarios de Emiratos Árabes Unidos (tampoco es miembro de la CPI) por enviar armas y mercenarios a las genocidas Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, donde la CPI tiene jurisdicción en virtud de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU.

Pero lo que más preocupa a las autoridades de la Administración Trump es que la jurisdicción territorial se utilice en su contra. La CPI podría enjuiciar a los que autorizan ejecuciones sumarias de personas en embarcaciones sospechosas de traficar con drogas, cuando alguno de esos posibles crímenes contra la humanidad tenga lugar en aguas territoriales de Venezuela o de Colombia, dos países miembros de la Corte.

Rubio promete una carga frontal contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los Gobiernos que cooperan con el tribunal internacional

La CPI también podría procesar a los funcionarios del Gobierno de Trump –y de Biden– por complicidad en el genocidio de Gaza al seguir entregando armas y asistencia militar a Israel mientras se producían los hechos. Y Trump podría ser procesado por obstrucción a la justicia (en virtud del artículo 70 del Estatuto de Roma que rige la CPI) por sancionar a funcionarios de la CPI en represalia por el trabajo que desempeñan en el caso contra las autoridades israelíes. Una posibilidad que subrayé en mi anterior columna sobre el tema, citada por Rubio en su artículo de The Wall Street Journal.

Rubio promete una carga frontal contra la CPI, con nuevas sanciones a su personal y presiones a los Gobiernos que cooperan con el tribunal internacional. Su plan es poner al descubierto “los riesgos que implica para los estadounidenses”. Es poco probable que convenza a nadie. El verdadero riesgo es un posible juicio a las autoridades de la Administración Trump por crímenes de guerra cometidos en países miembros de la CPI. ¡Dios no lo quiera!

Texto traducido por Francisco de Zárate y editado por la redacción de elDiario.es.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho este domingo que ha hablado con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sobre su campaña para desmantelar la Corte Penal Internacional (CPI), antes de su viaje este próximo lunes a Washington, durante el que se reunirá con Donald Trump.

“Anoche hablé con el secretario de Estado Marco Rubio, y me reiteró la intención de Estados Unidos de actuar con firmeza contra esta organización (la CPI)”, ha explicado Netanyahu al inicio de la reunión de su Gabinete, según un comunicado de su Oficina.

En el texto, Netanyahu alega que esta corte global “pone en peligro la justicia en el mundo” y limita la seguridad de los países “a las decisiones de funcionarios corruptos en La Haya”, además de invitar a otros países a que sigan la iniciativa estadounidense.

Netanyahu viajará el lunes a Washington, por invitación del presidente Trump, donde acudirá al funeral del senador Lindsey Graham y charlará con el presidente “sobre todos los temas de la agenda, incluida la situación en Irán”, ha dicho el mandatario.

El encuentro entre Netanyahu y Trump, el primero cara a cara entre ambos líderes desde el inicio de la guerra conjunta contra Irán a finales de febrero, se produce en medio de una escalada de las hostilidades entre Washington y Teherán, con Tel Aviv en alerta.

En los últimos meses, la relación entre Netanyahu y Trump ha ido fluctuando desde una extrema cordialidad hasta ataques verbales por vía telefónica, como el que salió a la luz a principios de junio, cuando Trump le dijo que estaba “jodidamente loco” durante una llamada tras un bombardeo israelí en Líbano, de acuerdo con el medio estadounidense Axios.

Declaraciones contra el exfiscal Khan

Sobre la destitución el viernes del hasta entonces fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, por presunta conducta sexual indebida, Netanyahu ha insinuado que el depuesto fiscal emitió órdenes de arresto contra él y el exministro de Defensa Yoav Galant por presuntos crímenes de guerra, a fin de desviar la atención de sus propias fechorías.

“Hizo esto para desviar la atención, para congregar a su alrededor a todos los que odian a Israel y, en esencia, para crearse una coraza protectora. Esa coraza se ha abierto y también ha expuesto su verdadera motivación, y la injusticia y la profunda corrupción que existen no solo en la Fiscalía, sino en toda la Corte Penal Internacional en su conjunto”, ha apuntado el mandatario.

Bajo el liderazgo de Netanyahu, Israel ha arrasado la Franja de Gaza desde los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, desplazando a casi toda la población y matando a más de 73.300 personas (además de las 7.500 que siguen desaparecidas, según Sanidad), en una ofensiva calificada por una comisión independiente de la ONU y diferentes organizaciones de genocidio.

En su última semana de legislatura, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha afianzado la alianza con los partidos judíos ultraortodoxos que integran la coalición gobernante y que, en varias ocasiones, amenazaron con abandonarla y con provocar un adelanto electoral. Finalmente, las elecciones generales tendrán lugar el 27 de octubre, fecha límite fijada por la Justicia del país, y Netanyahu se convierte así en el único primer ministro que logra completar los cuatro años de gobierno en más de tres décadas.

La coalición que lo apoya dio la semana pasada el visto bueno a dos leyes en la Knéset (Parlamento israelí) que, en la práctica, mantienen fuera del Ejército a los jóvenes ultraortodoxos que se dedican al estudio de los textos religiosos judíos. Una de esas leyes no establece una exención militar explícita, pero establece un marco jurídico que permite mantener la actual exención de los ultraortodoxos o haredim, considerada ilegal por el Tribunal Supremo en 2024.

Ese privilegio levanta ampollas en amplios sectores de la sociedad israelí, sobre todo después del 7 de octubre de 2023, cuando Israel lanzó su ofensiva contra Gaza, donde mantiene hasta el día de hoy amplias operaciones militares, además de en Líbano, Siria y Cisjordania. De hecho, el Ejército reclama más efectivos –apuntan al menos a 12.000 soldados adicionales–. Según las cifras oficiales, entre 70.000 y 80.000 hombres ultraortodoxos de entre 18 y 24 años podrían ser llamados a filas, pero la mayoría de los que han sido llamados no se ha presentado.

La ley aprobada el pasado martes —suspendida cautelarmente al día siguiente por el Tribunal Supremo— congela durante siete meses los procedimientos penales abiertos contra quienes no han obedecido a las órdenes de reclutamiento y extiende esa protección a futuras convocatorias. También elimina la posibilidad de sancionar económicamente a los responsables de las yeshivás (los centros donde se estudia la Torá y el Talmud) que presenten declaraciones falsas sobre la situación militar de sus estudiantes. Además, otra ley aprobada a principios de la semana pasada reconoce el estudio de la Torá como un “valor fundamental del Estado”, lo cual lo equipara de alguna forma al servicio militar.

Los socios religiosos de Netanyahu

Para buena parte de la oposición, de la ciudadanía y la cúpula del Ejército, la norma consolida un sistema desigual, mientras que la mayoría de los analistas creen que la nueva legislación no puede entenderse únicamente como un asunto relacionado con el sistema de reclutamiento. Forma parte de un pacto político mucho más amplio entre Netanyahu y sus socios para garantizar la supervivencia de la coalición gobernante. Aunque el partido del primer ministro, el Likud, es el principal del Gobierno, los pequeños partidos ultraortodoxos tienen capacidad de presión y la han ejercido repetidamente.

Los dos partidos protagonistas de la polémica son Judaísmo Unido de la Torá y Shas. El primero representa principalmente a la comunidad ultraortodoxa askenazi y cuenta con siete diputados. Shas, el partido ultraortodoxo sefardí, tiene 11 escaños y mantiene una gran influencia dentro del bloque religioso. En los últimos meses, Shas ha amenazado varias veces con retirar el apoyo a Netanyahu si no se aprobaba una legislación que garantizara la continuidad de las exenciones del servicio militar. Recientemente, estuvo a punto de precipitar unas elecciones anticipadas que Netanyahu trataba de evitar a toda costa.

“Los partidos pequeños tienen un papel decisivo en Israel debido al sistema de coaliciones”, explica a elDiario.es Leonie Fleischmann, experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres. “Existen numerosos indicios de acuerdos entre Netanyahu y los partidos haredim para asegurar su apoyo de cara a las próximas elecciones”, explica.

La analista considera que el objetivo no es atraer el voto ultraortodoxo, sino asegurarse que ambas formaciones vuelvan a apoyar al Likud para formar gobierno en el futuro. “Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado”.

Pero la estrategia también entraña riesgos, advierte Fleischmann. Mientras que la ley puede reforzar la alianza de Netanyahu con sus socios religiosos, también puede alejar a sectores de la derecha nacionalista y de su propio partido que consideran que todos los ciudadanos deben tener las mismas obligaciones. “Es probable que otros partidos intenten utilizar esta ley para convencer a votantes del Likud de que cambien de opción”, señala.

Además, también ha habido oposición a este tipo de legislación dentro del Likud y de la coalición. “Puede ayudar a Netanyahu a mantenerse como primer ministro un poco más de tiempo, pero difícilmente fortalecerá su campaña electoral”, concluye la experta.

De la excepción a la desigualdad

El origen de la cuestión se remonta a los primeros años del Estado de Israel. Tras su creación en 1948, se permitió que un pequeño grupo de estudiantes religiosos quedara exento del servicio militar para reconstruir el mundo de las yeshivás, prácticamente destruido durante el Holocausto. Ese acuerdo inicial se convirtió en el sistema conocido como Torato Umanuto (“la Torá es su profesión”), según el cual determinados estudiantes podían aplazar su incorporación al ejército.

Con el paso de las décadas, aquella excepción dejó de afectar a unos pocos miles de estudiantes para convertirse en uno de los debates políticos más sensibles de Israel, puesto que la comunidad haredí representa aproximadamente el 13% de la población y recibe ayudas públicas para dedicarse al estudio de la religión.

El principal reto reciente llegó en 2024, cuando el Tribunal Supremo determinó que no se podía seguir aplicando la exención porque violaba el principio de igualdad nacional. El alto tribunal ordenó que los ultraortodoxos aptos debían ser llamados para hacer el servicio militar, obligatorio para todos los hombres y mujeres de 18 años judíos.

Si el bloque contrario a Netanyahu no consigue formar una mayoría suficiente, él podría volver a necesitar a los partidos ultraortodoxos para gobernar. Recuperar una legislación que proteja las exenciones es una forma de garantizar que permanezcan a su lado

Leonie Fleischmann — Experta en política israelí de la Universidad de St. George de Londres

Empezó entonces una batalla entre el sistema judicial, que defiende que no puede existir una excepción permanente; el Ejército, que reclama más soldados; los partidos ultraortodoxos, que exigen mantener el estatus privilegiado, y el Gobierno de Netanyahu, atrapado entre sus socios religiosos y la presión de otros miembros de la coalición y la propia sociedad.

En Mea Shearim, el tradicional barrio de población ultraortodoxa de Jerusalén, los pocos residentes que aceptan hablar con la prensa explican que el estudio religioso es una forma de servicio al país. “Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente”, explica un estudiante que pide que no se publique su nombre.

Para él, obligar a los jóvenes ultraortodoxos a ir a filas supone una amenaza para una forma de vida construida durante generaciones. Sin embargo, no toda la comunidad comparte la misma posición. En el Ejército, existen unidades pequeñas y adaptadas a las normas religiosas más estrictas, con separación de géneros y condiciones específicas para respetar los preceptos judíos.

Pero buena parte de la comunidad haredí sigue rechazando el servicio militar. “Prefiero no hablar de ellos. No merecen ni un segundo de mi tiempo”, responde otro vecino del barrio cuando se le pregunta por los haredim que sí deciden alistarse.

Nuevo choque institucional

La aprobación de la ley ha provocado un nuevo choque entre el Ejecutivo y el Tribunal Supremo. Partidos de la oposición, junto con organizaciones civiles israelíes, han presentado recursos ante el alto tribunal argumentando que la norma perpetúa una desigualdad incompatible con las decisiones anteriores del propio tribunal.

La respuesta del Supremo llegó en menos de 24 horas: ha congelado temporalmente la aplicación de la nueva ley y ordenado al Gobierno explicar por qué la norma no debería ser anulada. El tribunal ha señalado que los argumentos de los demandantes tienen peso considerable y, en los próximos días, llevará a cabo un análisis urgente de la legalidad de esta ley.

En 2024, el Tribunal Supremo ya dejó claro que era necesario determinar si el Gobierno podía dejar de aplicar la ley general de reclutamiento sin aprobar antes una nueva legislación que justificara esa excepción. Entonces recordó que la ley que permitía aplazar el servicio militar de los estudiantes de los textos religiosos había expirado en 2023 y que el Ejecutivo no podía mantener esa exención mediante una simple decisión gubernamental. Además, consideró que un asunto de tal magnitud no podía resolverse con una resolución gubernamental porque afectaba directamente al principio de igualdad.

Nosotros no estamos sentados sin hacer nada. Hay soldados que protegen el país con sus armas y luego nosotros que lo protegemos espiritualmente

Estudiante ultraortodoxo

Según explica a elDiario.es Barack Medina, profesor de Derecho en la Universidad Hebrea de Jerusalén y especialista en derecho constitucional israelí, la decisión del Tribunal Supremo se apoya en una interpretación amplia del derecho a la igualdad. “En este caso, la exención es consecuencia del poder político de ese colectivo y el tribunal ha establecido que el Ejecutivo tiene límites a la hora de conceder este tipo de privilegios”, explica Medina, que agrega que el Gobierno no puede excluir a un determinado grupo de una ley general que obliga a toda la población a hacer el servicio militar, excepto muy pocos que queden exentos —la objeción de conciencia es castigada—.

Para el experto, la resolución de este caso no debería ser especialmente compleja, ya que la sentencia coincide con la posición de una amplia mayoría de la sociedad israelí. “Incluso muchos diputados de los partidos que forman parte de la coalición gubernamental y que votaron a favor de la ley parecen respaldar en la práctica el criterio del tribunal”, concluye Medina.

El nuevo enfrentamiento ha elevado la tensión institucional, y algunos dirigentes ultraortodoxos han cuestionado abiertamente la autoridad del Tribunal Supremo. Incluso el ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, ha criticado la intervención del tribunal y ha defendido que el Gobierno y la policía no deberían acatar una orden que suspenda una ley aprobada por el Parlamento.

El Ejecutivo de Netanyahu se ha enfrentado al alto tribunal, a la fiscal general y a otros órganos judiciales desde su llegada al poder a finales de 2022 y ha impulsado numerosas medidas para tratar de restar prerrogativas a la Justicia y eliminar los mecanismos de supervisión del poder Ejecutivo por parte de otras instituciones del Estado.

La estrecha relación entre el primer ministro israelí, Bejamin Netanyahu, y el presidente ultraderechista de Argentina, Javier Milei, se escenificó este domingo en un vídeo difundido por la oficina del madatario israelí. En él, el embajador de Argentina en el estado judío reproduce un mensaje de voz de Milei en el que le agradece su “generosidad” y se refiere a él como “amigo”.

Seguidamente, Netanyahu graba su respuesta: “Javier, eres un amigo. Un buen amigo. Te apoyamos a ti y apoyamos a Argentina de muchas formas, mañana incluido. ¡Buena suerte!”.

El vídeo propagandístico comienza con un pase del embajador Axel Wahnish dirigido directo a la cabeza del primer ministro para que este remate y el diplomático se aparte, dejando que “marque” y celebrar: “¡Gol!”, exclama el embajador mientras Netanyahu sonríe a cámara.

La grabación se ha distribuido apenas un mes después de que Milei asistiera al Knesset, el parlamento israelí, en una sesión especial en la que ambos mandatarios escenificaron su entendimiento. La comunidad judía es especialmente importante en Argentina y siempre ha existido una relación cercana con Israel.

Israel celebrará elecciones legislativas el próximo 27 de octubre, la fecha límite fijada por ley, después de que el actual Parlamento complete el 17 de julio su mandato íntegro de cuatro años, informó este domingo la cámara en un comunicado.

El anuncio fue realizado por el presidente de la Comisión de Sla Knéset (Parlamento), el diputado del partido derechista Likud Ofir Katz, durante el debate del proyecto de ley de financiación de partidos que incorpora una disposición que fija el inicio del receso electoral para el próximo día 17.

De cumplirse el calendario, serán las primeras elecciones convocadas en la fecha establecida por ley en Israel en cerca de 40 años y las primeras en las que un Gobierno completa su mandato en más de medio siglo. Además, se celebrarán solo veinte días después del tercer aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023.

La asesora jurídica de la Knéset, Sagit Afik, señaló que la cámara “completará su mandato íntegro y no será disuelta”, por lo que no será necesario aprobar una ley de disolución, ya que los comicios se celebrarán en la fecha prevista por la legislación israelí.

La confirmación llega un mes después de que la oposición fracasara en su intento de impulsar elecciones anticipadas mediante la disolución de la Knéset.

La iniciativa fue entonces rechazada por 61 votos frente a 53, después de que los partidos ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá, socios de la coalición del primer ministro, Benjamín Netanyahu, retiraran su apoyo tras alcanzar un principio de acuerdo con el Gobierno sobre la controvertida ley del servicio militar para los ultraortodoxos.

En junio de 2024, el Tribunal Supremo de Israel dictaminó que el Ejército debía comenzar a reclutar a los judíos ultraortodoxos después de que expirara la norma temporal que les permitía quedar exentos del servicio militar obligatorio. La decisión llevó al Gobierno a promover un proyecto de ley para preservar buena parte de esas exenciones, aunque prevé incorporar al servicio a una parte de esta comunidad.

La cuestión del servicio militar de los ultraortodoxos se ha convertido en uno de los principales focos de tensión política en Israel, especialmente desde el inicio de la guerra en la Franja de Gaza, que ha incrementado las necesidades de personal del Ejército y obligado a ampliar el servicio obligatorio y a movilizar a decenas de miles de reservistas.

El mundo es un lugar peligroso. En las elecciones celebradas el 5 de noviembre de 2024 para elegir al presidente de los Estados Unidos de América, setenta y siete millones de votantes estadounidenses eligieron libremente a un hombre que había sido declarado culpable de treinta y cuatro delitos graves, considerado responsable de abusos sexuales, que durante su primer mandato le certificaron más de treinta mil mentiras, que durante un debate electoral acusó a los migrantes de comerse las mascotas de los norteamericanos, que fomentó una insurrección y que nunca ha admitido que perdió las elecciones del año 2020. Algunos ciudadanos que le votaron creen firmemente que es inocente de todos los cargos. Algunos otros estadounidenses que también le votaron lo consideran un mensajero de dios.

El mundo es un lugar peligroso. Los votantes de las últimas elecciones autonómicas celebradas en nuestro país han otorgado libremente el gobierno de sus autonomías a los líderes medievales que niegan el cambio climático, la violencia de género, los derechos de los migrantes y la prioritaria financiación de los servicios públicos promoviendo la privatización tanto de la sanidad como de la educación, estando, además, de acuerdo con los crímenes contra la humanidad cometidos por el dirigente mesiánico israelí Netanyahu en colaboración con el presidente de los Estados Unidos de América.

El mundo es un lugar peligroso. Pero este peligro no se debe a una maldición bíblica. Ni es consecuencia de una acumulación de desastres naturales ni de un discurrir agónico de la historia. Tampoco se debe a una conjura satánica promovida por el advenimiento del Anticristo. No es un castigo que el dios furioso del Antiguo Testamento nos ha impuesto como penitencia por los muchos pecados que hemos cometido. Las personas somos quienes convertimos el mundo en un lugar peligroso.

La rebelión de los imbéciles. “La ira de los imbéciles llena el mundo”. Esta es la frase recurrente que aparece en las primeras páginas del libro “Los grandes cementerios bajo la luna” que el escritor católico y francés George Bernanos publicara en París en el año 1938 para denunciar la brutal represión franquista durante la Guerra Civil. El mundo es un lugar peligroso porque según lo narrado por George Bernanos, el único esfuerzo del que los imbéciles son realmente incapaces es del esfuerzo de pensar por sí mismos. Prefieren destruir, e incluso matar, a tener que pensar.

Una pancarta desplegada en la Plaza Consistorial de Pamplona durante el Chupinazo de los Sanfermines que llamaba a “destruir Israel” ha enfadado al Ministerio de Exteriores del Gobierno de Benjamin Netanyahu, que a través de su cuenta oficial en la red social X ha protestado.

“500 años después de la Inquisición, llamadas a la destrucción del Estado judío en las calles de España. Qué vergüenza”, se ha quejado el Ministerio de Exteriores israelí.

Faltaban pocos minutos para que las campanas de la Iglesia de San Saturnino, situada a escasos metros del Ayuntamiento, anunciasen las 12:00 horas del mediodía que marcan el lanzamiento del Chupinazo con el que dan comienzo las fistas cuando miembros de EHKS, el denominado Movimiento Socialista, ha desplegado la pancarta con el mensaje en inglés de “Destroy Israel [Destruir Israel]”, acompañado de una bandera de Israel tachada.

Además de esta pancarta, desplegada en mitad de la plaza, también se han visto colgadas de balcones banderas palestinas y otras pancartas con lemas como: “Stop genocide [Parad el genocidio]” o “Zionist not welcome [Los sionistas no son bienvenidos]”, entre otras.