La Fiscalía del Tribunal Supremo no impugnará la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) de amnistiar al exconseller de Interior Miquel Buch y al sargento de los Mossos d'Esquadra Lluís Escolà por el caso de la escolta del expresident Carles Puigdemont pese a que la Fiscalía de Catalunya había anunciado un recurso.

El recurso que finalmente no se presentará tenía pocos visos de prosperar, toda vez que el propio Tribunal Supremo ya había anticipado que la malversación de Buch y Escolà sí estaba incluida en la amnistía. El magistrado Pablo Llarena, en el auto por el que rechazó amnistiar a Puigdemont, argumentó que la ley de olvido penal del procés se podía aplicar “cuando el beneficio de carácter patrimonial redunde a favor de un tercero”. 

Sin mencionar explícitamente a Buch, el magistrado sí hizo referencia a su caso al avalar la amnistía concedida por el TSJC “a quien desviaba dinero público [Buch] por pagar a un tercero [Escolà] por la protección de otra persona también ajena a la defraudación [Puigdemont]”.

La competencia para decidir si se presenta un recurso ante el Supremo es de la Fiscalía del Alto Tribunal. La Fiscalía Superior de una comunidad autónoma solo puede anunciarlo ante su Tribunal Superior de Justicia. Los recursos de la Fiscalía ante el Supremo normalmente se trabajan en coordinación entre los representantes del Ministerio Público en el Alto Tribunal y la comunidad autónoma. Pero esta vez no ha sido así. 

Pese a saber el criterio fijado por la Fiscalía General del Estado (FGE) que avalaba amnistiar el procés, la Fiscalía Superior de Catalunya, dirigida por el fiscal superior, Francisco Bañeres, y el teniente fiscal, Pedro Ariche, anunció este miércoles ante el TSJC un recurso contra la decisión de amnistiar a Buch y Escolà.

La Fiscalía Superior de Catalunya comunicó por correo electrónico el pasado viernes a la Fiscalía General su intención de anunciar el recurso, pero, según fuentes jurídicas, no hizo ninguna llamada para abordar específicamente el asunto con los responsables del Ministerio Público en Madrid.

En suma, la Fiscalía Superior anunció una intención que sabía que tenía escaso recorrido porque carece de competencias para llevarla a cabo ante el Supremo. Además, desde el pasado 18 de junio se conoce el criterio, avalado por una mayoría de la cúpula fiscal pese al enfrentamiento promovido por los cuatro fiscales del procés del Supremo, de amnistiar todo el procés.

La divergencia de criterio entre la Fiscalía General y la catalana con la amnistía es palpable, si bien no ha llegado al nivel de tensión del enfrentamiento de los cuatro fiscales del procés con su superior, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Los fiscales catalanes ya dejaron entrever su oposición a la amnistía cuando solicitaron la medida para los colaboradores de Junqueras en el 1-O. El teniente fiscal Ariche la pidió “en estricta aplicación de los principios instrumentales de unidad de actuación y de dependencia jerárquica” con los que opera la Fiscalía. Aunque constató su desacuerdo con la amnistía, el teniente fiscal la pidió sin plantear un conflicto como el que lanzaron los cuatro fiscales del procés contra el fiscal general.

Primeros amnistiados del procés. La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia Catalunya (TSJC) ha decidido amnistiar al exconseller de Interior Miquel Buch y al mosso d'esquadra Lluís Escolà, sentenciados a cuatro años de cárcel por malversación por haber proporcionado una escolta al expresident Carles Puigdemont en Bélgica, así como a 16 manifestantes condenados por los disturbios contra la sentencia del procés o los aniversarios del 1-O.

La sección de apelaciones de la Sala Civil y Penal del TSJ catalán se ha reunido este martes para deliberar sobre la amnistía de ocho casos del procés. Se trata de ocho condenas a un total de 18 personas por parte de distintos tribunales de la Audiencia de Barcelona recurridas ante la sección de apelaciones del TSJC, que es la instancia superior que revisa las sentencias.

La sala de apelaciones del TSJC, conocida por su visión garantista del Derecho, se convierte en el primer órgano judicial que aplica la amnistía. La decisión permite confirmar lo que ya anticiparon algunos órganos judiciales durante la negociación de la norma: una división entre jueces que amnistiarán a los condenados del procés sin ruido y otros que maniobrarán, incluso con argumentos políticos, para intentar no aplicar la norma.

Según los cálculos de la Fiscalía, hay un total de 486 personas que se beneficiarán de la amnistía. Los casos más mediáticos del procés siguen a la espera del Tribunal Supremo, que debe decidir si retira la orden de detención contra Puigdemont, tal y como reclaman Fiscalía, Abogacía del Estado y defensa, en lo que supondría el pasaporte para que el expresident pudiera volver a España tras siete años sin riesgo de ser arrestado. 

En conjunto, había 18 potenciales candidatos a la amnistía pendientes de las deliberaciones de la sección presidida por la magistrada Àngels Vivas. La mayoría (16) eran jóvenes con penas que, en algunos casos, implicaban su ingreso en prisión por disturbios en distintas manifestaciones del procés.

También estaban pendientes de la sección de apelaciones del TSJC el exconseller Buch y el mosso Escolà, condenados a cuatro años y medio y cuatro años de cárcel por malversar fondos públicos con la escolta de Puigdemont en Waterloo. Ambos tenían un riesgo real de entrar en la cárcel en caso de no ser amnistiados.

En su sentencia, muy técnica, el tribunal argumenta que la actuación de Buch, que nombró asesor de la conselleria a Escolà para enmascarar que el sargento viajara a Waterloo para ser escolta de Puigdemont, se encuadra perfectamente dentro de la ley de amnistía. En concreto, en el artículo que exime de responsabilidad penal los actos de “protección o seguridad a los responsables” políticos del procés.

Los magistrados también argumentan por qué cabe amnistiar a Escolà pese a que cobró 52.712 euros de dinero público como asesor de la conselleria. Se trata de uno de los puntos más controvertidos de la ley de amnistía, que excluye del olvido penal del procés los actos de malversación con “propósito de enriquecimiento”, un extremo al que Vox se ha agarrado para pedir al Supremo que no aplique la amnistía a Puigdemont y a los exconsellers, tal y como también querían los cuatro fiscales del caso antes de ser relegados.

Aunque Escolà cobró como asesor de la conselleria mientras hacía funciones de escolta de Puigdemont, los magistrados argumentan que resultaría “una paradoja insalvable” amnistiar a Buch por dictar la orden que nombró al mosso asesor (y, por lo tanto, no tuvo “beneficio personal patrimonial”) y no hacerlo con quien llevó a cabo las funciones de escolta.

Escolà, ahondan los jueces, se limitó “a percibir la retribución correspondiente por los servicios prestados, pero exclusivamente dentro del ámbito objetivo que la ley determina”. La Fiscalía, que se había mostrado contraria a amnistiar a Buch y Escolà, puede recurrir la decisión del TSJC ante el Tribunal Supremo.

Primeros manifestantes amnistiados

Además de Buch y Escolà, también han quedado amnistiados los primeros 16 manifestantes condenados por disturbios o agresiones a agentes de la autoridad en distintas protestas del procés. Algunos de ellos habían sido condenados a penas menores pero otros tenían opciones reales de entrar en prisión en caso de confirmarse sus condenas. En su argumentación, el TSJC resalta que el delito de atentado a los agentes tiene un “encaje natural” en la ley de amnistía.

El primer manifestante amnistiado ha sido Víctor V., un joven condenado a tres años de cárcel por las protestas de Tsunami Democràtic coincidiendo con el partido de fútbol entre el FC Barcelona y el Real Madrid en el Camp Nou del 18 de diciembre de 2019. El joven fue sentenciado por lanzar objetos contra los Mossos d'Esquadra y agredir a varios agentes.

También han sido amnistiados tres vecinos de Granollers (Barcelona) condenados a tres años de cárcel por lanzar piedras a una furgoneta de los Mossos d'Esquadra durante la manifestación del tercer aniversario del 1-O, así como seis manifestantes sentenciados por agredir a agentes durante la investidura fallida de Puigdemont en 2018 o tres jóvenes condenados a penas de hasta siete años y medio de cárcel por disturbios contra la sentencia del procés.

En el caso de Oleksandr S., condenado a hasta siete años y medio, el alto tribunal catalán entiende que el delito de atentado a la autoridad y el de lesiones encajan en la ley de amnistía ya que, pese a que uno de los agentes sufrió heridas “particularmente graves” por la “pérdida moderada” del sentido del oído, no se le atribuyó el artículo del Código Penal que castiga la pérdida o inutilidad de un órgano o miembro principal (una de las exclusiones de la ley de olvido penal del procés).

Si bien el TSJC borra las responsabilidades penales de todos los casos, no ocurre lo mismo con las indemnizaciones a las que algunos manifestantes habían sido condenados a pagar a diversos mossos heridos en los disturbios. Se trata de sis condenados por los delitos de atentado a los agentes de la autoridad en concurso con los de lesiones. Los agentes podrán reclamar por la vía civil que los jóvenes que les lesionaron les abonen las indemnizaciones, que en algunos casos superan los 70.000 euros. Además, tal y como marca la ley de amnistía, el TSJC ha ordenado borrar los antecedentes de otros seis jóvenes absueltos de los disturbios en primera instancia.

'Lawfare'. Esta palabra inglesa, traducible por la Fundéu como “instrumentalización de la Justicia, judicialización de la política o persecución judicial” contra un grupo de personas por su ideología, ha protagonizado el último tramo de las negociaciones entre el PSOE y Junts y aparece mencionada en el acuerdo de este jueves.

Si bien el documento no contempla la inclusión automática de los casos que el independentismo considera 'lawfare' en la futura ley de amnistía –que se registrará en los próximos días–, el acuerdo de socialistas y posconvergentes sí habilita que este tipo de causas se aborden en comisiones de investigación en el Congreso.

“Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto 'lawfare' o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas”, reza el texto del acuerdo.

Tanto Junts como el PSOE han explicado que no se creará una comisión de investigación específica sobre el concepto 'lawfare', sino que el pacto hace referencia a las dos comisiones que los grupos ya pactaron en agosto al inicio de la legislatura. La primera versará sobre las maniobras de la policía política del PP contra el independentismo y la segunda sobre el espionaje con el programa Pegasus que el propio CNI reconoció haber llevado a cabo, con aval del Tribunal Supremo, sobre 18 dirigentes independentistas.

A la espera de ver el texto concreto de la ley de amnistía, el pacto es lo suficiente admisible para ambas partes, toda vez que Junts logra introducir la palabra 'lawfare' en el acuerdo y el PSOE, con la vía de la comisión de investigación, evita un enfrentamiento directo con los jueces y acusarles de actuar por motivos políticos contra el independentismo.

El pacto no ha gustado a todas las asociaciones judiciales, tanto las de corte conservador como progresista, que en un comunicado conjunto han cargado contra la mención a la 'lawfare' del acuerdo. “Estas expresiones, en cuanto traslucen alguna desconfianza en el funcionamiento del Poder Judicial, no son aceptables”, han lamentado.

En cualquier caso, aunque añada el paso de las comisiones de investigación, el acuerdo no varía que la aplicación final de la amnistía recae en los jueces. El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha definido este jueves las dos futuras iniciativas del Congreso como “comisiones de la verdad”.

El documentado pactado entre PSOE y Junts sí fija que la Ley de Amnistía “debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos”. Preguntado por la prensa, el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, ha remarcado que la amnistía se circunscribe “procés”, palabra que ha pronunciado en catalán. “Serán los jueces los que valoren si cubre a unos o a otros. En la negociación no se ha hablado de nombres en particular”, ha agregado.

¿Qué es 'lawfare' en el procés?

El caso internacional que sirve de ejemplo para explicar el 'lawfare' es el vivido por el presidente de Brasil, Lula da Silva. El Supremo de su país determinó que Lula había sido víctima de persecución judicial porque el magistrado Sergio Móro había sido juez y parte al encausar, investigar y condenarlo en el marco de la operación anticorrupción Lava Jato. El Alto Tribunal anuló la causa y devolvió la inocencia que Lula perdió por el objetivo judicial de desbancarlo de la política.

En el contencioso catalán, los independentistas siempre han defendido que son un caso de 'lawfare', ya que, alegan, el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional se arrogaron artificialmente la competencia para encausarles mediante el delito de rebelión, lo que permitió su encarcelamiento provisional y la suspensión de sus derechos políticos. La causa del procés, y así lo han denunciado los condenados ante el Tribunal de Estrasburgo, debería haberse juzgado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Además de la causa principal del Supremo, los independentistas extienden el 'lawfare' a más encausados. El caso más paradigmático es el del director de la oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, sobre quien la Justicia tiene el foco desde hace años y que ha sido uno de los nombres que ha protagonizado las negociaciones finales sobre la amnistía.

En su etapa al frente de la oficina de Puigdemont, Alay ha sido imputado cinco veces en varias causas. Fue exculpado de acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania, pero irá a juicio porque la Fiscalía lo acusa de pagar con dinero público un viaje oficial a Nueva Caledonia que la intervención de la Generalitat no cuestionó. También está investigado en la macrocausa Voloh por pedir información a un mosso y ahora por Tsunami Democràtic.

Este mismo martes, Alay alegó que su imputación por terrorismo en la causa de Tsunami es “persecución política”. En Junts vieron un movimiento de 'lawfare' en la decisión del juez Manuel García Castellón de investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en plenas negociaciones por la investidura, y añadir una línea de investigación que relacionaba las protestas con un muerto para complicar así la viabilidad de la amnistía.

Otros dos nombres que han marcado el final de la negociación y que Junts vincula al 'lawfare' son el exconseller de Interior Miquel Buch y el mosso d'esquadra que acompañó a Puigdemont en Bélgica Lluís Escolà. Ambos han sido condenados a cuatro años de cárcel por malversación por las labores de escolta del expresident que el agente realizó mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

Aunque los nombres de Alay y Buch sí generan consenso dentro del independentismo sobre que son 'lawfare', otros casos que Junts también reivindica como persecuciones judiciales no cuentan con el aval de ERC o Òmnium Cultural. Por ejemplo, la líder de Junts, Laura Borràs, alega que la Justicia la condenó por independentista, pero los republicanos y Òmnium consideran que se trató de un caso de corrupción.

La Audiencia de Barcelona ha condenado a cuatro años y medio de prisión al exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch y a cuatro años de cárcel al exsargento de los Mosssos d'Esquadra Lluís Escolà por las labores de escolta de Carles Puigdemont que el agente realizó en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

El caso de Buch era uno de los juicios pendientes del procés con una de las penas más altas sobre la mesa. La Fiscalía pedía seis años de cárcel para el exconseller y cuatro años y medio para el mosso por los delitos de prevaricación y malversación, lo que implica un alto riesgo de entrar en la cárcel si los recursos que presentarán las defensas no prosperan.

La sección 2ª de la Audiencia de Barcelona ha impuesto a los condenados penas duras por los delitos de malversación y prevaricación. El fallo judicial llega mientras, a nivel político, se negocia una amnistía para los cargos independentistas encausados por el procés.

Escolà fue uno de los Mossos que acompañó a Carles Puigdemont en su salida de España tras el fracaso del procés y la fallida declaración de independencia. Unos meses después, con los independentistas de nuevo en el Govern, fue contratado como asesor por Buch después de que el Gobierno le negara una escolta al expresident en el extranjero. Su defensa alegaba que su labor se limitó a confeccionar informes y que las visitas a Puigdemont las realizó en sus días libres.

Sin embargo, el tribunal ha concluido, en línea con la Fiscalía, que la contratación del exsargento como asesor solo buscaba enmascarar y sufragar con dinero público las labores de escolta del expresident en Bélgica y en sus viajes al extranjero. Escolà fue asesor de Interior 224 días, de los que 103 permaneció fuera de España y en otros 20 se desconoce su ubicación. En total, cobró 52.712 euros de fondos públicos, que ahora Buch y Escolà deberán devolver a la Generalitat a partes iguales.

La sentencia basa la condena en tres patas: la investigación de los Mossos d'Esquadra, a la que el tribunal da total credibilidad; los billetes de avión de Escolà para acudir a Bélgica y a otros países a los que Puigdemont viajó para dar conferencias; y los propios tuits del exsargento en los que admitía que estaba con el expresident en el extranjero.

El tribunal resalta que Escolà detalló en las redes hasta el número de días en los que llevaba prestando funciones de escolta de Puigdemont enmascaradas en su nombramiento como asesor de Interior. “41 semanas haciéndonos cargo del MHP. Mientras no se haga legal, se hará legítimamente”, tuiteó Escolà el 6 de agosto del tribunal, mensaje que el tribunal emplea como prueba para condenar a los dos acusados.

Según la sentencia, Buch nombró a Escolà como asesor en materia de seguridad “aun a sabiendas de que no desempeñaría” esas funciones sino que haría de escolta al expresident. Las imágenes de los actos en el extranjero en los que participó Puigdemont y en las que aparece también el exsargento “no dejan lugar a dudas”, remarca el tribunal, de que el mosso proporcionaba seguridad y protección al líder de Junts.

El nombramiento de Escolà “fue verificado” por Buch “de forma arbitraria, con una finalidad ajena a las funciones descritas” en el cargo de asesor, sostiene el tribunal. Su objetivo, en cambio, era “dar cobertura remuneratoria”, es decir, abonar con dinero público, la “función de protección y seguridad” que el exsargento prestó a Puigdemont.

La plaza de asesor, ahondan los jueces, era “innecesaria”, toda vez que tras su cese en marzo de 2019 el puesto quedó vacante durante un año. Aunque su nombramiento cumplió todos los requisitos formales, el tribunal cree que “la ausencia de actividad” como asesor de Escolà muestra que en realidad actuó como escolta de Puigdemont.

Además de las penas de cárcel, Buch ha sido condenados a nueve años y seis meses de inhabilitación especial para ocupar cargos públicos por el delito de prevaricación y a diez años y seis de inhabilitación absoluta por el delito de malversación. Por su lado, la inhabilitación de Escolà es de nueve años por prevaricación y diez años por malversación.

En declaraciones a la prensa, Buch ha anunciado que recurrirá la sentencia y la ha criticado por “injusta” y “muy bestia”. También se ha mostrado sorprendido por la “rapidez” con la que los magistrados han redactado la resolución (el juicio terminó a finales de julio).

Junts ve “venganza” en la condena

Junts per Catalunya ha rechazado enérgicamente la sentencia contra Buch y Escolà. La formación la considera una sentencia “injusta, completamente desmedida y que denota un claro ánimo de venganza”.

Además, el partido ha exhibido esta nueva condena para asegurar que “la represión no se detiene” y “la desjudicialización no existe”. Por esta razón, a su juicio, “es necesario que de una vez por todas acabe esta persecución permanente, sistemática y planificada contra el independentismo”, refiriéndose sin citarla a la amnistía.

“Si no han entendido por qué razón no renunciaremos nunca a la unilateralidad y a la independencia y por qué desconfiamos del Estado español, aquí tienen una de las muchas que tenemos acumuladas”, ha manifestado Puigdemont. “España está podrida en sus fundamentos”, ha apostillado.

Òmnium Cultural considera a ambos condenados como cargos a los que afecta la medida que el independentismo negocia con el PSOE de cara a la investidura de Pedro Sánchez.

En similares término se ha expresado ERC, que a través de su portavoz Marta Vilalta ha indicado que la condena de Buch y Escolà muestra “por qué es tan necesaria la amnistía”. “Por eso es tan relevante resolver el conflicto político con la autodeterminación. Por eso se tiene que acabar esta persecución política-judicial. Por eso queremos ser un nuevo Estado”, ha asegurado Vilalta en un mensaje en X, el antiguo Twitter.

¿Asesor de la conselleria de Interior o escolta en la sombra de Carles Puigdemont en Waterloo? Es la pregunta que tendrá que responder la sección 2ª de la Audiencia de Barcelona, que este jueves ha dejado visto para sentencia el juicio contra el exconseller de Interior de la Generalitat Miquel Buch y el sargento de los Mossos Lluís Escolà tras escuchar a los acusados. Ambos han trasladado al tribunal sus versiones exculpatorias.

Ha abierto la jornada el exconseller Buch, que ha negado que contratara como asesor a Escolà para enmascarar sus funciones de escolta del expresident en Bélgica. “En ningún caso su nombramiento tiene que ver con las funciones de seguridad del president Puigdemont”, ha dicho el exconseller al inicio de su declaración. 

Las fechas, al margen de si el tribunal considera que traspasaron la línea del Código Penal, abonan la sospecha de la Fiscalía: Escolà pasó 103 de los 224 días que estuvo en el cargo de asesor fuera de Catalunya. Él mismo dio cuenta en Twitter de que estaba acompañando a Puigdemont en Bélgica y en sus viajes por Europa.

No ha tenido reparos el exconseller en defender la labor de asesor de Escolà, pese a que los 14 informes sobre seguridad que el sargento proporcionó al entonces titular de Interior eran más bien pobres y llenos de generalidades, según la investigación de los Mossos. A Buch le daba igual que Escolà no acudiera cada día al departamento; le bastaba con despachar con él de vez en cuando o hablar por teléfono.

 “Los que estaban siempre conmigo eran mi jefe de gabinete y mi jefa de prensa. Las funciones de asesor no se basaban tanto en hacer muchos informes sino en estar disponible para explicarme en qué situaciones me podía encontrar”, ha alegado Buch.

“No me gusta leer”

Es más, el exconseller ha indicado que lo que apreciaba más de Escolà eran sus recomendaciones verbales dada su poca afición a la lectura: “No me gusta leer, algunos días tenía que leer un informe para un discurso, pero no me gusta leer”.

A preguntas del teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, Buch ha remarcado que Escolà no le detallaba dónde estaba mientras trabajó para él entre julio de 2018 y marzo de 2019 cobrando 52.712 euros. “Él me decía que se iba de viaje. No le puedo garantizar si se iba con el señor Puigdemont o con sus amigos”, ha defendido el exconseller.

Buch ha remarcado que lo que precisaba de Escolà era su “información”, no que estuviera siempre en el departamento. “El COVID nos ha demostrado que es posible”, ha agregado sobre el teletrabajo del sargento.

En su intervención ante el tribunal, Escolà ha conjuntado su versión con la de Buch. Ha negado que prestara funciones de escolta a Puigdemont en Waterloo después de acompañarlo en su marcha a Bélgica en 2017. Y ha enmarcado en el terreno personal sus viajes: “Fue un honor ayudar al president, y ya está”.

El sargento ha insistido en que acudió a ver el expresident pero no ejerciendo de policía, ya que no reunía ninguno de los requisitos para ser su escolta: “No tenía ni las condiciones físicas ni el equipo para hacerlo”. Sobre sus condiciones de trabajo en Barcelona, Escolà ha justificado sus varias jornadas de teletrabajo porque Buch nunca le dijo que tenía que acudir presencialmente al departamento.

Sobre sus informes, Escolà ha explicado su corta extensión porque lo que pretendía trasladar a Buch eran “conceptos muy básicos”. “Se necesitaba vocabulario técnico pero no muy complicado, solo para tener idea de lo que se estaba hablando”, ha añadido.

No han convencido los acusados al teniente fiscal Ariche, quien ha reafirmado sus peticiones de pena de seis y cuatro años de cárcel respectivamente para Buch y Escolà por malversación y prevaricación. En un duro informe, Ariche ha censurado la actuación de los acusados, pues ha considerado que ha provocado “un gran daño reputacional a los Mossos”. “El hacer política no puede ser un comodín para la impunidad”, ha zanjado.

Ataques a la investigación de Mossos

Las defensas, por su lado, han defendido que la contratación de Escolà fue un proceso “reglado, colegiado y público”, en palabras de la abogada de Buch, Judit Gené. La letrada ha insistido en que la intervención de la Generalitat no puso reparos a la misma y ha criticado la investigación de los Mossos sobre el exconseller por ser, a su juicio, tendenciosa y pensada de antemano para condenarle.

Isabel Elbal, letrada de Escolà, ha seguido la misma línea y ha acusado al jefe de investigación de los Mossos de centrarse en el “perfil” ideológico del sargento y no en los hechos, al contrario de lo que tendría que hacer una policía judicial.

En su turno de última palabra, Buch ha cargado sin frenos contra el intendente Toni Rodríguez, que pilotó la investigación y denunció presiones políticas de la conselleria para impedir sus avances. “Con estos informes cargados de subjetividad y mala fe me he sentido insultado”, ha proclamado Buch, para apostillar: “Los mossos que han dirigido la investigación no han hecho lo que tiene que hacer una policía, que es servir con objetividad”.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha negado este viernes que él instara al exconseller de Interior Miquel Buch a contratar como asesor a un agente de los Mossos d'Esquadra, Lluís Escolà, para hacerle de escolta tras su marcha a Bélgica. El dirigente independentista ha testificado por primera vez en un juicio en España y lo ha hecho por videoconferencia en una causa en la que la Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación, por supuestamente haber camuflado labores de escolta de ese agente con su nombramiento como cargo eventual de la conselleria.

Durante su comparecencia como testigo, Puigdemont también ha asegurado que ninguno de los mossos que le han acompañado en Bélgica estaban de servicio oficial y no hacían de escolta, ya que no llevaban arma, porra, chaleco antibalas ni la autorización oficial para hacerlo. 

Puigdemont se ha quejado de que el gobierno español “no cumpla” la ley que prevé que los expresidentes de la Generalitat tengan protección policial. Y ha explicado que él lo pidió formalmente el 22 de junio de 2018 y tres días después se reunió con los recién nombrados consejeros Miquel Buch y Damià Calvet en Berlín. Sin embargo, ha dicho que en esa reunión se trataron temas políticos y no se habló de Escolà. De hecho, ha admitido que se reunió con Buch varias veces, así como con otros políticos. En las reuniones con Buch, ha afirmado, sólo se habló de Escolà en términos personales, no por cuestiones políticas o administrativas de este mosso que había estado en el área de escoltas.

El abogado de Escolà y a la vez de Puigdemont, Gonzalo Boye, le ha preguntado si el hecho de que el Ministerio del Interior denegara la protección del expresidente de la Generalitat hizo que él instara a contratar al mosso como asesor de Buch por en realidad darle protección policial. Puigdemont lo ha negado rotundamente. También ha rechazado que por vía indirecta instara a dar una excedencia a Escolà por el mismo motivo. Sin embargo, considera que fue un “buen nombramiento por su experiencia en seguridad y pensé que podía prestar un buen servicio al conseller Buch”. “Nunca he pedido nada que no esté previsto por la ley, que todavía se incumple”, ha remachado. De hecho, ha dicho que a finales de octubre de 2017, cuando se marchó a Bélgica ayudado por Escolà y “otros amigos”, en ningún momento le pidió “eludir la acción de la justicia”, ya que en ese momento todavía no había ninguna orden judicial contra él.

Boye le ha preguntado a Puigdemont si durante su estancia en Bélgica ha sufrido algún incidente de seguridad, pero el tribunal no ha admitido la pregunta, ya que entiende que el expresidente negó que Escolà le hiciera de escolta en ningún momento. De Escolà, ha dicho Puigdemont que es un “buen amigo” que le merece toda la confianza, “un patriota que si está en este juicio es porque ha prestado un servicio muy grande al país”. “Me ha acompañado y le he visto sufrir mucho y sacrificar su vida privada cuando las autoridades españolas descuidaban su responsabilidad de hacer cumplir la ley y darme protección”, ha asegurado.

El juicio arrancó el miércoles con la comparecencia del intendente de los Mossos que lideró las pesquisas, Toni Rodríguez, purgado posteriormente por la conselleria de ERC. Este constató la “confianza” que existía entre Puigdemont y su presunto escolta.

En la sesión de este viernes, además de Puigdemont, también ha declarado el jefe de los escoltas de la Generalitat hasta enero de 2018, encargado organizar los dispositivos de seguridad de las figuras del Govern. Este inspector ha explicado que los escoltas deben comunicar a sus superiores los trayectos que realizan las personas protegidas, a excepción de los actos estrictamente privados. Respecto a Escolà, ha dicho que era un policía reconocido. El 29 de octubre del 2017 Escolà le llamó para pedirle vacaciones y, como tenía muchas horas acumuladas, se las concedió. Dos días antes Escolà ayudó a Puigdemont a huir a Bélgica, lo que no comunicó a sus superiores y que hizo que otros escoltas estuvieran esperando fuera de la casa de Puigdemont sin saber que estaba vacía.

En todo caso, el inspector ha dicho que los problemas de espalda de Escolà hacían que desde la época del presidente Jordi Pujol no hiciera de escolta personal, porque no podía hacer la formación física necesaria, sino que supervisaba los dispositivo. Ha explicado asimismo que Escolà hablaba varios idiomas y eso facilitaba su trabajo en dispositivos de seguridad con personalidades internacionales.

La defensa de Buch ha citado también a declarar a otro asesor del exconseller entre marzo y septiembre del 2020. Le contrataron para realizar el mismo trabajo que Escolà, pero la llegada de la pandemia alteró las necesidades del departamento. Este eventual era detective privado y Buch también lo quería para que le asesorara en materia de seguridad. Por último, entregó varios informes sobre los métodos de desescalada del confinamiento en países como Polonia, Inglaterra o Italia.

El testigo ha explicado que él trabajaba poco en el departamento y lo hacía con su propio móvil y ordenador portátil. Esto no le supuso ninguna dificultad, ha explicado, y muy a menudo hablaba con Buch por teléfono, haciéndole informes verbales, manuscritos o por correo electrónico. Estos documentos no tenían ningún número de registro o sello de entrada porque eran documentos internos de trabajo sin ningún otro destinatario. El asesor ha dicho que no tenía ninguna obligación de ir físicamente al Departamento y que nunca fichaba. Ahora bien, también debía estar permanentemente a disposición del conseller, incluidos fines de semana y vacaciones.

Las crisis se acumulan esta última semana en los Mossos d’Esquadra. El mismo día en que han tenido que suspender unas convocatorias a inspector por posibles irregularidades, y poco después de airearse la batalla interna entre los dos máximos responsables del cuerpo, ahora se ha conocido también que el exjefe de la División de Investigación Criminal, Toni Rodríguez, ha presentado una denuncia contra su cese en la que denuncia que le apartaron por negarse a facilitar información sobre investigaciones que afectaban a políticos. 

En la última renovación de la cúpula de los Mossos, la que llevó a la destitución del major Josep Lluís Trapero, Rodríguez fue enviado a Rubí como jefe de la comisaría local, lo que fue visto dentro del cuerpo como una evidente degradación. El entonces jefe de Investigación asegura en la denuncia, que ha adelantado El País, que le apartaron del cargo sin justificación profesional. Y ha acusado al actual número 2 de la polícia catalana, Eduard Sallent, de haberle pedido copias de diligencias sobre investigaciones en marcha, como la que afectaba al mismo conseller de Interior, Miquel Buch, un caso que ya entonces estaba judicializado (la fiscalía le pide seis años de cárcel por pagar el escolta de Puigdemont). 

Según el relato de Rodríguez, su negativa a facilitar los datos de la investigación provocó tensiones en la cúpula del cuerpo. Y a ello se le añadió otro controvertido episodio que atañe a políticos: el de las filtraciones en la causa sobre presunta malversación de la actual líder de Junts Laura Borràs. La filtración provocó que la jueza retirase la investigación de manos de los Mossos. 

Rodríguez, que había pedido no ser destinado a Rubí, reclama ahora en la denuncia ser restituido en el cargo. 

El destinatario de sus acusaciones, Eduard Sallent, ha sido precisamente uno de los protagonistas en la batalla interna vivida en la cúpula policial estos días. El comandante jefe de los Mossos, Josep Maria Estela, pidió su cabeza como condición para seguir al frente de la policía. Con todo, y ante el ruido por el enfrentamiento, finalmente acabó mandando una carta a todos los agentes del cuerpo en los que trataba de atajar la crisis al asegurar que todo el equipo trabaja “junto”. 

Tras desvelar elDiario.es las investigaciones de corrupción que tenían en marcha Trapero y su equipo y que se vieron comprometidas con la renovación de la cúpula, los partidos de la oposición acusaron al conseller de Interior, el republicano Joan Ignasi Elena, de haber llevado a cabo una purga en la policía. Este lo consideró “insinuaciones” con el objetivo de manchar la profesionalidad del cuerpo y atribuyó los cambios a la “movilidad” habitual en los Mossos.

El extitular de Interior Miquel Buch será el nuevo presidente de la empresa pública Infraestructures.cat en sustitución de Joan Jaume Oms, según publica este martes el diario Ara y han confirmado a la agencia ACN fuentes cercanas al exconseller. Infraestructures.cat es una empresa pública que depende del Departamento de Economía y Hacienda, encabezado por el consejero propuesto por Junts per Catalunya Jaume Giró.

Precisamente, este lunes, se hizo público que la Fiscalía pide a Buch seis años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos para nombrar asesor un agente de los Mossos que hacía de escolta a Carles Puigdemont. El Ministerio Público también solicita 4,5 años de cárcel para el policía en cuestión, Carles Escolà, que también fue asesor en sistemas de seguridad.

Buch fue cesado el pasado verano como conseller de Interior por el entonces president, Quim Torra, en la crisis de gobierno del verano después de que se pusiera en duda la actuación de los Mossos en protestas como la posterior a la sentencia del 1-O. Su sustituto fue Miquel Sàmper, que ocupó el cargo hasta el nombramiento del nuevo Govern. En aquella crisis de Gobierno también fueron cesados ​​la consejera de Empresa, Ángeles Chacón, y la consejera de Cultura, Mariàngela Villalonga.

Antes de ser conseller, Buch ocupó la alcaldía de Premià de Mar y también fue presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), cargos que abandonó poco antes de las elecciones del 21 de diciembre del 2017.

Contundente petición de cárcel contra el exconseller de Interior Miquel Buch y exsargento de los Mosssos d'Esquadra Lluís Escolà por las labores de escolta de Carles Puigdemont que el agente en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Buch por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos y cuatro años y medio de cárcel para el agente de la policía autonómica.

En su escrito de acusación, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, pide además de las penas de prisión 27 años de inhabilitación para Buch, que ha abandonado la primera línea política, para ocupar cargos públicos y 23 para Escolà, lo que le impediría seguir en los Mossos en caso de condena. También reclama el fiscal que ambos acusados depositen una fianza de 70.282,01 euros, correspondientes al salario que percibió Escolà como asesor durante casi diez meses.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. Lo hizo, según el fiscal, sin comunicarlo a sus superiores jerárquicos y mediante un “dispositivo clandestino”, lo que le valió la apertura de un expediente disciplinario. La investigación de Asuntos Internos de los Mossos provocó que Escolà fuera trasladado a la comisaría de Martorell de forma provisional y concluyó con una falta grave y la pérdida definitiva de su puesto en el área de escoltas.

Sin embargo Escolà no prestó “ni un solo día de servicio”, remarca el fiscal, en la comisaría de Martorell: encadenó permisos y vacaciones desde el 30 de octubre, después de escoltar a Puigdemont en su salida de España, hasta el 12 de marzo, y a partir de esa fecha hasta el 20 de julio de 2018 permaneció de baja médica por “contingencias comunes”. En ese mismo periodo Escolà estuvo prestando labores de custodia y seguridad a Puigdemont “en aras a la relación mutua de confianza que mantenían”, destaca el fiscal. Todo ello se encuentra documentado en imágenes de medios de comunicación o en las redes sociales del propio Escolà.

Enumera el fiscal en su escrito todos los países que Escolà visitó junto a Puigdemont: en Bruselas y Lovaina (Bélgica) estuvo el 6 y el 21 de diciembre de 2017, y el 25 de enero y el 6 de febrero de 2018; en Cophenague (Dinamarca), el 22 de enero de 2018; y en Hamburgo el 13 de julio –cuando se encontraba de baja médica– inmediatamente después de que Alemania rechazara la extradición por rebelión de Puigdemont.

El núcleo central de la acusación es el nombramiento de Escolà como asesor de la conselleria de Interior una vez los independentistas acordaron formar el Govern de Quim Torra en mayo de 2018. Según el fiscal, Escolà fue nombrado el 30 de julio de 2018 “asesor en materia de seguridad” de la conselleria de Buch como un camuflaje de sus funciones como escolta de Puigdemont. Un acto, en palabras del teniente fiscal Ariche, de “mera arbitrariedad”, ya que Puigdemont ya no era autoridad pública al estar suspendido de esa condición por su procesamiento en la causa del procés del Tribunal Supremo.

El mismo día que fue nombrado asesor de Interior, Escolà puso fin a su baja médica y viajó a París para acompañar a Puigdemont en su regreso a Bélgica desde Alemania. Pese a que Escolà ya prestaba funciones de escolta, Buch insistió al Ministerio del Interior para que asumiera el servicio de protección al expresident.

Según la investigación del propio departamento de Interior, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. “Los trabajos, normalmente entre dos y cuatro páginas, se encuentran plagados de generalidades, por corresponderse con la recopilación de otros textos fácilmente obtenibles en redes de acceso público”, apostilla el fiscal.

En cambio en las mismas fechas Escolà realizó “numerosos viajes” fuera de España para prestar labores de protección a Puigdemont: el 16 de agosto lo acompañó a Escocia; el 31 de agosto a Bruselas; el 8 de septiembre a Zurich; el 25 de septiembre a Munich; el 2 de octubre a Amsterdam; el 10 de octubre a las Islas Feroe; el 13 de octubre a Londres; el 20 de diciembre a Ginebra; y el 28 de enero de 2019 a Dublín. En varias ocasiones también viajó a Bruselas para permanecer Waterloo, legando incluso a pernoctar varias noches en la casa del expresident.

En total, de 224 días en los que permaneció como asesor de la conselleria en 103 estuvo fuera de Catalunya, en 20 se desconoce su ubicación y en 101 permaneció en la comunidad, agrega el fiscal. La suma del dinero público malversado por la “torticera conducta” de Escolà y Buch asciende, según la Fiscalía en base a los cálculos de Interior, a 52.712,26 euros.

Novedades en la investigación de la agresión racista de los Mossos d'Esquadra a un joven. Dos jefes de los seis agentes han rectificado su declaración inicial ante Asuntos Internos, en la que dijeron no poder reconocer a ninguno de los investigados en la grabación de los hechos, y ahora sí han identificado a los mossos que participaron en la agresión.

En un informe, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos d'Esquadra indica al juez de Manresa que investiga la agresión que los dos sargentos se presentaron “voluntariamente” ante la DAI para “ampliar” su declaración de septiembre de 2019, cuando fueron incapaces de reconocer las voces de los agentes investigados. Todos ellos pertenecen a las ARRO, la unidad de apoyo en funciones de orden público de los Mossos.

En su primera declaración, el primer sargento, subjefe de las ARRO de la Catalunya Central y jefe de una de las unidades que participaron en la detención de la víctima, justificó no reconocer a ninguno de los agresores porque solo tenía “trato ocasional” con los agentes. El otro sargento tampoco señaló a ningún mosso porque, según argumentó, no tenía “trato diario” con los investigados al ser sus labores de “gestión operativa”.

Las nuevas declaraciones de los agentes se produjeron el 30 de junio y el 2 de julio pasados, tres semanas después de que el joven agredido, representado por SOS Racisme, hiciera pública la grabación, y en plena tormenta política sobre el caso.

Los dos sargentos señalan a uno de los agentes investigados como el mosso que profirió los insultos más graves –“negro de mierda, hijo de puta”; “soy racista no, lo siguiente”– a la víctima. Ambos mandos también identifican al mosso que en la grabación insta a la víctima a irse “un poco más abajo porque aquí ya tenemos suficiente mierda”.

Además, el primer sargento reconoce en la grabación al agente que aseguró haber disparado al joven y después le espetó: “Porque he fallado. Si no, te reviento las costillas”. Los dos mandos reconocen en el audio al cabo de la unidad, que, al igual que los otros cuatro agentes investigados, si bien no profiere amenazas directas al joven no frena los insultos de sus compañeros.

Los seis mossos que se escuchan en la grabación que realizó la víctima permanecen investigados por un presunto delito de lesiones y otro contra la integridad moral por los insultos y amenazas proferidas a un joven de raza negra en localidad de Sant Feliu Saserra en enero de 2019 durante un desahucio. Están investigados porque ellos mismos firmaron la minuta de detención y denunciaron por tráfico de drogas a la víctima, acusación que el juez rechazó de plano.

Hasta las revelaciones de los dos mandos todavía no se sabía qué mosso había proferido cada uno de los insultos y amenazas racistas y cuántos habían presenciado la agresión sin frenarla: los agentes investigados se habían acogido a su derecho a no declarar y en su primera declaración, sus superiores, a requerimiento del juez, habían alegado que no podían identificar las voces del audio.

Los seis agentes investigados, que han sido trasladados de destino por la conselleria de Interior pero no han sido suspendidos de empleo ni de sueldo, han pedido el archivo del caso y la anulación de la rueda de reconocimiento para que la víctima pueda identificarlos, petición a la que se oponen SOS Racisme y la Fiscalía y que está pendiente de resolución por parte del juez.

Las revelaciones de los dos sargentos se produjeron en un contexto de polémica política por la agresión racista debido a la negativa de la conselleria de Interior a suspender de empleo y sueldo a los agentes investigados. El conseller de Interior, Miquel Buch, afirmó que esperaría a que el caso estuviera sentenciado para echar del cuerpo tanto a los participantes de la agresión como a sus “encubridores”, algo insuficiente para la oposición del Parlament. El reglamento de régimen interno de los Mossos permite suspender de empleo y sueldo a los agentes antes de ir a juicio.

La semana en que prestaron declaración ante la DAI, la CUP presentó una propuesta de resolución en el Parlament para instar a Interior a suspender de empleo y sueldo a los seis investigado. La Cámara lo aprobó el 3 de julio, el día después de que los dos sargentos terminaran de identificar a sus subordinados.

Interior ignoró el mandato del Parlament y adujo que solo dos agentes habrían propinado insultos racistas y que los otros cuatro no –aunque tampoco los impidieron–, por lo que, a criterio de la conselleria, “no se puede poner una medida de máximos a todos los agentes por razones políticas o de imagen pública”.

Consultado por elDiario.es, un portavoz de la conselleria de Interior ha asegurado que el departamento desconoce las revelaciones ante la DAI de los sargentos. Preguntado por si una vez que sus superiores les han identificado la conselleria suspenderá de empleo y sueldo a los agentes, tal y como le reclamó el Parlament, el portavoz no ha contestado.

La reactivación de los plazos judiciales ha dado un nuevo impulso a las dos causas judiciales derivadas del procés que permanecían varadas en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). El alto tribunal ha decidido, por un lado, enviar a juicio al actual conseller de Exteriores, Bernat Solé, por haber impulsado el referéndum del 1-O en su etapa como alcalde de Agramunt (Lleida), y por el otro ha citado como imputado al titular de Interior, Miquel Buch, por el caso del escolta del expresident Carles Puigdemont en Bélgica pagado con dinero público.

El nuevo conseller de Exteriores, que sustituyó a Alfred Bosch tras las denuncias de acoso sexual de su jefe de gabinete, se enfrenta a una petición de pena de la Fiscalía de un año y medio de inhabilitación y multa de 24.000 euros por un presunto delito de desobediencia el 1-O al permitir el referéndum en su municipio y ceder una escuela para la votación, en contra de lo ordenado por el Tribunal Constitucional.

En un auto, la magistrada Mercedes Armas abre juicio oral contra Solé y da diez días al conseller para que formule su escrito de defensa antes de fijar la fecha de la vista. Según el fiscal, Solé fue quien tomó la decisión de esconder las urnas “por temor a que fueran descubiertas por la policía encargada de impedir el acto”, volverlas a colocar en la escuela y esconderlas en varias ocasiones, cada vez que eran avisados por observadores colocados en puntos exteriores a la población.

Un poco menos avanzada está la causa de Buch, cuya declaración como imputado prevista para finales de marzo se suspendió por la pandemia. Ahora la magistrada lo cita nuevamente para el 16 de junio a comparecer como investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, delito castigado con penas de prisión, por permitir que un sargento de los Mossos –que declarará como imputado el 18 de junio– realizara labores de escolta de Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

La Justicia tendrá que determinar si, como cree la Fiscalía, el sargento Lluís Escolà fue nombrado por Buch asesor de Interior para enmascarar sus labores de escolta del expresident en Bélgica. El exsargento percibió un el sueldo de 52.712,26 euros entre julio de 2018 y marzo de 2019.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. Un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra incorporado a la causa avala las tesis fiscales de que el nombramiento de Escolà como asesor fue una tapadera para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos.

Según la investigación del propio departamento de Interior, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Ninguno ocupa más de cinco páginas y están basados en generalidades e incluso copias de estudios anteriores, destaca el fiscal.

Además, en su etapa como asesor de Interior, Escolà tuiteó que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, en agosto y dos meses después, publicó en la misma red social la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.

La Fiscalía salva a Mas de otra causa

Por otro lado, la Fiscalía Superior de Catalunya ha descartado que Artur Mas burlara la pena de inhabilitación que le impuso el TSJC por la consulta del 9-N al seguir cobrando la pensión mensual que le corresponde por su condición de expresident de la Generalitat.

En un informe remitido al TSJC, el ministerio público sostiene que, de acuerdo con una interpretación restrictiva de la pena, no se puede extender a la pensión que cobraba Mas el concepto de “honores anexos” al cargo público por el que fue inhabilitado. La Fiscalía responde así al requerimiento del presidente del TSJC, que le pidió que se pronunciara sobre la pensión compensatoria que Mas cobró por su condición de expresidente, antes de dar por liquidada la condena de trece meses de inhabilitación que se le impuso por organizar el 9-N.

El conseller de Interior, Miquel Buch, y el exsargento de los Mosssos d'Esquadra Lluís Escolà tendrán que declarar como imputados por permitir que el agente de la policía autonómica realizara labores de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

En un auto, la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) acuerda, tal y como pedía la Fiscalía, citar como imputados a Buch y Escolà para los próximos 25 y 26 de marzo en una investigación abierta por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, delito castigado con penas de prisión.

La Justicia tendrá que determinar si, como cree la Fiscalía, Escolà fue nombrado por Buch asesor de Interior para enmascarar sus labores de escolta del expresident en Bélgica. El exsargento percibió un el sueldo de 52.712,26 euros entre julio de 2018 y marzo de 2019.

El caso ha llegado al TSJC después de una investigación propia de la Fiscalía. Entre las diligencias realizadas por el Ministerio Público destaca un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que avala las tesis fiscales de que el nombramiento de Escolà como asesor fue una tapadera para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. El exsargento de los Mossos, antes de incorporarse como asesor de Interior, estuvo de vacaciones y encadenó permisos y bajas médicas entre noviembre de 2017 y julio de 2018, cuando fue nombrado asesor. Debido a su prolongada inactividad como sargento de los Mossos, la policía autonómica le abrió un expediente, que terminó con su traslado forzoso desde el área de escoltas a una comisaría de Martorell, sin imponerle sanciones económicas.

Según la investigación del propio departamento de Interior, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. Sobre su contenido, el teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, destacó en su querella que los informes “versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar”, desde el análisis del estado del terrorismo en Europa al uso de nuevas tecnologías o “la figura del sereno”.

Todos los informes no ocupan más de cuatro páginas y están “plagados de generalidades y no permiten extraer conclusión alguna que mejore la actividad del departamento de Interior”. Incluso uno de ellos, de solo folio y medio, es “una copia indisimulada” de un trabajo previo que ya había realizado el departamento. Asimismo, la Fiscalía destacó que Escolà fue nombrado asesor pese a “carecer de los mínimos conocimientos” para el ejercicio del cargo debido a su titulación de bachillerato y el curso básico de escoltas.

Además, la propia conselleria de Interior ha certificado que Escolà no fichaba en su oficina de Barcelona porque, según su versión, los asesores nombrados a dedo “no están sujetas al control horario”, y que por el mismo motivo el exsargento “no percibió ninguna retribución en concepto de dietas, asistencias o indemnizaciones”.

Ariche cuenta con otros indicios contra Escolà en forma de tuits que el propio exsargento escribió en su etapa como asesor de Interior. En los mensajes Escolà detalló que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, tal y como escribió el exsargento de los Mossos el 6 de agosto. Dos meses después, Escolà tuiteó la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha admitido la querella de la Fiscalía y ha abierto una investigación contra el conseller de Interior, Miquel Buch, y el exsargento de los Mosssos Lluís Escolà, por haber autorizado que este último realizara labores de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público como asesor del departamento.

En un auto, la Sala Civil y Penal del TSJC nombra a la magistrada Mercedes Armas como instructora de un caso en el que se investigarán los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, castigado con penas de cárcel, por el sueldo de 52.712,26 euros que Escolà percibió entre julio de 2018 y marzo de 2019 mientras era asesor de Interior, cargo en el que la Fiscalía cree que fue nombrado para enmascarar sus labores de escolta del expresident en Bélgica.

En su resolución, los magistrados concluyen que en la querella de la Fiscalía se incluyen “indicios suficientes” para investigar ambos delitos “con independencia” del resultado final de las pesquisas, que cuentan ya con varias diligencias realizadas por la Fiscalía. Por ejemplo, un informe de la División de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra que avala las tesis fiscales, estas son, que el cargo de asesor de Escolà, nombrado por Buch, fue una tapadera para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. El exsargento de los Mossos, antes de incorporarse como asesor de Interior, estuvo de vacaciones y encadenó permisos y bajas médicas entre noviembre de 2017 y julio de 2018, cuando fue nombrado asesor. Debido a su prolongada inactividad como sargento de los Mossos, la policía autonómica le abrió un expediente, que terminó con su traslado forzoso desde el área de escoltas a una comisaría de Martorell, sin imponerle sanciones económicas.

La querella del teniente fiscal de Catalunya, Pedro Ariche, incluye varios indicios contra Escolà. Los más claros son los tuits del propio Escolà en su etapa como asesor de Interior en los que detalló que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, tal y como escribió el exsargento de los Mossos el 6 de agosto. Dos meses después, Escolà tuiteó la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.

Según información del propio departamento, los resultados de Escolà como asesor de Interior fueron más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. Sobre su contenido, el teniente fiscal destaca que los informes “versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar”, desde el análisis del estado del terrorismo en Europa al uso de nuevas tecnologías o “la figura del sereno”.

Todos los informes no ocupan más de cuatro páginas y están “plagados de generalidades y no permiten extraer conclusión alguna que mejore la actividad del departamento de Interior”. Incluso uno de ellos, de solo folio y medio, es “una copia indisimulada” de un trabajo previo que ya había realizado el departamento. Asimismo, la Fiscalía destaca que Escolà fue nombrado asesor pese a “carecer de los mínimos conocimientos” para el ejercicio del cargo debido a su titulación de bachillerato y el curso básico de escoltas.

Además, la propia conselleria de Interior ha certificado que Escolà no fichaba en su oficina de Barcelona porque, según su versión, los asesores nombrados a dedo “no están sujetas al control horario”, y que por el mismo motivo el exsargento “no percibió ninguna retribución en concepto de dietas, asistencias o indemnizaciones”.

Los Mossos creen que el “peor escenario” de cara al partido del miércoles entre el Barça y el Madrid sería una invasión del campo, pero consideran que es una “situación extrema” que no contemplan como “probable” pero sí “posible”. El conseller de Interior, Miquel Buch, ha asegurado este viernes que la policía catalana garantizará que se juegue el próximo clásico “con normalidad” y ha criticado que se aplazara el partido el pasado 26 de octubre, cuando la Liga de Futbol Profesional optó por suspenderlo ante las protestas en la capital catalana por la sentencia del procés.

Tras varias semanas sin hacer ninguna convocatoria, Tsunami Democràtic ha convocado para el miércoles una protesta en los aledaños del Camp Nou a partir de las 16 h, cuatro horas antes del inicio del partido. La intención es aprovechar el seguimiento masivo que tiene el clásico en todo el mundo para volver a poner en el centro de atención las reivindicaciones del independentismo. 

Buch ha calificado el partido de “alto riesgo” debido al tipo de encuentro, a lo que hay que sumarle la alerta terrorista (en el nivel 4 sobre 5) y la convocatoria de Tsunami Democràtic. Según el conseller de Interior, el aplazamiento del partido el pasado octubre fue una “decisión equivocada” y sostiene que el partido se podría haber celebrado con normalidad. 

Unos 1.000 agentes de los Mossos se desplegarán por los aledaños del Camp Nou, donde establecerán un cordón de seguridad desde la mañana, en un dispositivo en el que no se ha contemplado la colaboración de la Policía Nacional ni la Guardia Civil. Según la policía catalana, el despliegue diseñado supone unos centenares más de agentes que un dispositivo normal para un partido de este tipo. 

“El cuerpo de Mossos garantizará la celebración del partido, el acceso de los seguidores, los equipos y los árbitros y velarán por la seguridad tanto en el interior como en el exterior”, ha señalado el conseller.

El comisario responsable del dispositivo, Eduard Sallent, ha precisado que la seguridad dentro del estadio correrá a cargo de la vigilancia privada del Fútbol Club Barcelona y los Mossos solo intervendrían en el interior en caso de una invasión de campo “especialmente grave”.

“Se está trabajando en distintos escenarios de lo que pueda pasar a lo largo del partido para poder tener una respuesta rápida y adecuada si pasa alguna cosa dentro”, ha añadido Sallent, que ha recomendado a todos los aficionados que se desplacen al estadio con más tiempo del habitual y que utilicen el transporte público.

Tsunami Democràtic pretende que los manifestantes se repartan por cuatro puntos distintos en los aledaños del Camp Nou y ya hay varios autobuses organizados que saldrán de distintos puntos de Catalunya. Desde esta organización sostienen que más de 25.000 personas se han apuntado ya a participar en la movilización del miércoles.

En una comunicación de este viernes a través de su canal de Telegram, Tsunami Democràtic ha insistido en que su intención no es “bloquear o suspender el partido” sino todo lo contrario, “que lo vea todo el mundo”. “Tsunami Democràtic está preparado para hacer visible en el campo y en la gradería la situación de excepcionalidad que sufre Catalunya”, remachan.

El conseller del Interior, Miquel Buch, ha enviado este martes una carta al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska en la que le traslada su “preocupación” por los seguimientos de agentes de la Policía Nacional al president de la Generalitat revelados por eldiario.es. El Govern había avanzado este mediodía que se dirigiría al Gobierno central por carta para pedirle explicaciones sobre este incidente.

En la misiva Buch confirma las informaciones publicadas por este diario y reclama al ministro buscar la manera de que estas actuaciones “no se repitan” en el futuro. El responsable político de los Mossos lamenta además que la policía catalana, encargada del servicio de escolta a Torra, no fueran informada de la presencia de agentes si se trataba de un operativo.

Tras explicarle las circunstancias en las que los Mossos detectaron hasta dos coches con personas que se identificaron como agentes de la Policía Nacional, el conseller escribe: “Convendrá conmigo que estas circunstancias de coincidencia espacio-temporal de dos equipos de profesionales del CNP en las proximidades del President de la Generalitat son, cuanto menos, inhabituales si son consecuencia de una mera coincidencia”.

Seguidamente califica de “sorprendente” el seguimiento si este formaba parte “de un dispositivo previsto por responsables del CNP, dado que los responsables de los responsables de Mossos no disponían de información alguna sobre este eventual dispositivo”.

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La Fiscalía Superior de Catalunya se ha querellado contra el conseller de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y un exsargento de los Mosssos y exasesor del departamento, Lluís Escolà, por presuntamente haber autorizado que este último realizara labores de escolta de Carles Puigdemont en Bélgica mientras percibía un salario público. La querella ha sido interpuesta después de una denuncia de Ciudadanos y está pendiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) estudie su admisión a trámite. Se acusa a ambos querellados de los delitos de malversación, castigado con penas de cárcel, y prevaricación.

En su querella, el teniente fiscal Pedro Ariche expone que el nombramiento de Escolà en julio de 2018 como asesor en sistemas de seguridad de la conselleria de Interior “respondía únicamente” al objetivo de procurar un servicio de escolta “permanente” a Puigdemont. Es decir, que el cargo de asesor a dedo creado para Escolà fue una tapadera –“un acto de arbitrariedad”, en palabras del teniente fiscal– para proporcionar un escolta a Puigdemont con cargo a fondos públicos. Escolà fue cesado en marzo de 2019 y percibió un sueldo de 52.712,26 euros, cantidad que Artiche considera “quebrantada” del erario público.

La querella detalla varios indicios que sustentan la tesis del fiscal. Los más claros son los tuits del propio Escolà en su etapa como asesor de Interior en los que detalló que se encontraba en Waterloo (Bélgica) “cuidando” a Puigdemont, tal y como escribió el exsargento de los Mossos el 6 de agosto. Dos meses después, Escolà tuiteó la lista de países que había compartido con Puigdemont tras 45 semanas con el expresident –Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Alemania Dinamarca, Escocia y Suecia–, a los que el 11 de octubre añadió Suiza y las Islas Feroe.

“Adiós Feroe, un placer”, terció Escolà el 14 de octubre de 2018, misma fecha en que Puigdemont abandonó estas islas tras reunirse con grupos independentistas de este territorio. “Buenos días desde Waterloo”, tuiteó Escolà el 4 de noviembre. El contador particular de Escolà aumentó a 58 semanas con Puigdemont el 15 de diciembre. “Nunca caminarás solo, vivirlo en directo no tiene precio”, tuiteó, lo que para el fiscal es una clara referencia al expresident.

Informes de menos de cuatro páginas

La munición del teniente fiscal no se queda en los tuits de Escolà. Ariche, tras recabar la información de la propia conselleria, constata que su etapa como asesor de Interior arrojó resultados más bien pobres. Escolà presentó varios informes al conseller, si bien solo dos por correo electrónico, pero no existe registro de entrada de los documentos en el gabinete del conseller. Todos ellos, salvo uno, no están ni firmados por Escolà. Sobre su contenido, el teniente fiscal destaca que los informes “versan sobre una miscelánea de temas absolutamente variada y dispar”, desde el análisis del estado del terrorismo en Europa al uso de nuevas tecnologías o “la figura del sereno”.

Todos los informes, abunda el teniente fiscal Ariche, no ocupan más de cuatro páginas y están “plagados de generalidades y no permiten extraer conclusión alguna que mejore la actividad del departamento de Interior”. Incluso uno de ellos, de solo folio y medio, es “una copia indisimulada” de un trabajo previo que ya había realizado el departamento. Asimismo, la Fiscalía destaca que Escolà fue nombrado asesor pese a “carecer de los mínimos conocimientos” para el ejercicio del cargo debido a su titulación de bachillerato y el curso básico de escoltas.

Además, la propia conselleria de Interior ha certificado que Escolà no fichaba en su oficina de Barcelona porque, según su versión, los asesores nombrados a dedo “no están sujetas al control horario”, y que por el mismo motivo el exsargento “no percibió ninguna retribución en concepto de dietas, asistencias o indemnizaciones”.

Escolà fue uno de los mossos que, fuera de servicio, condujo a Puigdemont hasta Bélgica por carretera en su huida el 28 de octubre de 2017, un día después de la DUI. El exsargento de los Mossos, antes de incorporarse como asesor de Interior, estuvo de vacaciones y encadenando permisos y bajas médicas entre noviembre de 2017 y julio de 2018, cuando fue nombrado asesor. Debido a su prolongada inactividad como sargento de los Mossos, la policía autonómica le abrió un expediente, que terminó con su traslado forzoso desde el área de escoltas a una comisaría de Martorell, sin imponerle sanciones económicas.

En declaraciones a los medios tras conocer la querella, Buch ha afirmado este martes que “en ningún caso” nombró a Escolà como asesor para hacer de escolta de Puigdemont, y ha expresado la “tranquilidad absoluta” por el trabajo que realiza su departamento. “No, en ningún caso. No está en mis competencias hacer esto”, ha sostenido Buch.

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha celebrado que este lunes “en Catalunya se garantizaran una vez más todos los derechos”, en referencia a las manifestaciones contra el rey Felipe VI y el acceso de los asistentes a la gala de los premios de la fundación princesa de Girona. Buch ha reconocido que hubo “problemas” y “dificultades” en la entrada de algunos de los asistentes a los premios. El conseller los ha atribuido a la negativa de algunos invitados a acceder al recinto del palacio de congresos de Catalunya mediante los autobuses que habilitó la organización del evento.

“No hubo ningún incidente grave”, ha destacado Buch, para a renglón seguido matizar: “Es cierto que hubo dificultades para acceder al recinto por la voluntad [de algunos asistentes] de no usar los autobuses de la organización que sí utilizaron la mayoría de asistentes”. Decenas de invitados al evento, como el concejal del PP de Barcelona, Josep Bou, fueron increpados e insultados por los manifestantes independentistas cuando intentaron acceder al palacio de congresos a pie por la Diagonal.

La fundación princesa de Girona fletó un total de 14 autocares para los asistentes que quisieran. Cada año la fundación organiza autocares sobre todo para los asistentes de fuera, según fuentes de la entidad. En esta ocasión, la misma mañana del lunes ampliaron el número de vehículos en previsión de las protestas y avisaron por correo a todos los asistentes de que podían usarlos si querían.

“Se garantizaron los derechos de las personas que quisieron acceder al acto”, ha insistido Buch. También, ha concretado, de aquellas personas “que no siguieron las recomendaciones de la organización” de los premios, que fletó una decena de autobuses para acceder al recinto de los premios. “No me toca a mí –ha proseguido Buch– decir de quién es la culpa o la responsabilidad. Los accesos se garantizaron y la organización puso autobuses. A partir de aquí, si las personas invitadas, por la razón que sea, no utilizaron estas herramientas, el acceso se volvió complejo”.

Respecto a las protestas convocadas para el sábado en jornada de reflexión, Buch se ha mostrado convencido de que no derivarán en ocupaciones de colegios para frustrar el voto el domingo. “Los catalanes y catalanas han pedido ejercer sus derechos de forma cívica y en ningún caso impedirán la votación”, ha zanjado.

Un viejo dicho de la política catalana reza que al conseller de Interior le piden la dimisión cuando todavía no ha tomado posesión del cargo. La cartera más complicada de todo gobierno, la que se encarga de la policía y de mantener el orden público, es la que ocupa desde mayo de 2018 Miquel Buch (Premià de Mar, Barcelona, 1975). Además de ser el máximo responsable de los Mossos d'Esquadra tras su etapa más convulsa –de la que el cuerpo todavía se está recuperando–, Buch tiene que lidiar con Quim Torra, un president a ratos activista que ha señalado a la Policía catalana en varias ocasiones durante su mandato.

Antes de ser nombrado conseller, Buch había desarrollado toda su carrera política en el ámbito municipal. Militante de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) desde 1996, se estrenó en 2000 como concejal de la oposición en Premià de Mar, una localidad de 28.000 habitantes de la comarca del Maresme a media hora en tren de Barcelona. En 2003 entró en el gobierno como teniente de alcalde de servicios a las personas, deportes y gente mayor. Y desde 2007 a 2017 fue el primer edil del municipio. Casado y con tres hijos, Buch reveló en 2013 que sufría una esclerosis múltiple desde hacía 17 años.

“Buch es un convergente de los de toda la vida, que le gusta la vida en el pueblo, charlar con la gente y comprar un 'tortell' [roscón] para la familia los domingos”, describe una fuente que trató con frecuencia a Buch en su etapa como alcalde. “Podía ser encantador y amable, pero otras veces tenía un pronto...”, relata un antiguo concejal de la oposición de Premià, que no ve a Buch “especialmente de derechas”, sino más bien “sin una gran carga ideológica, pero con ganas de mandar”.

Ya como alcalde, Buch fue aupado a la presidencia de la Associació Catalana de Municipis (ACM), tradicionalmente vinculada al nacionalismo catalán. Y junto a la Associació de Municipis per la Independència, la ACM fue la encargada de promover el procés entre los alcaldes, primero en la votación del 9-N y, en especial, en el referéndum del 1-O. Pocas horas después de aprobarse en el Parlament las polémicas leyes de desconexión, Buch y su homóloga de la AMI, Neus Lloveras, enviaron cartas a los 948 ayuntamientos catalanes para que los primeros ediles cedieran los locales municipales para la votación.

La promoción del referéndum le valió a Buch un puesto en el gabinete de Quim Torra, así como una investigación de la Fiscalía primero y una querella por desobediencia después. La causa terminó archivada después de que, ya como conseller de Interior, Buch rebajara las cartas que envió a los alcaldes a una “escenificación” y una “propuesta política” a los ediles de apoyo al referéndum. Ante el juez negó que diera orden alguna para impulsar la votación a los más de 700 ayuntamientos asociados a las entidades municipalistas independentistas. No era lo mismo que dijo en público en el otoño soberanista de 2017.

Las fechas previas al 1-O ya fueron intensas para Buch, pero lo vivido desde que está al frente de Interior puede considerarse un terremoto con réplicas constantes. La de mayor intensidad la han generado los altercados y los ataques nunca vistos, según los propios mandos, a los Mossos d'Esquadra y a la Policía Nacional por parte de grupos radicales, que se han saldado con unos 250 agentes heridos, misma cifra en el lado de los manifestantes.

Si de noche y de madrugada los Mossos hacían frente a los encapuchados, por la mañana era el turno de Torra y su núcleo de confianza, muy pendientes siempre de las redes sociales, donde proliferaron los vídeos de actuaciones policiales contudentes. Buch ha tenido que hacer equilibrios toda la semana para frenar la vertiente más activista del president contra los Mossos, que ya se había mostrado en el pasado cuando Quim Torra impuso el cambio en el jefe de orden público de la policía catalana tras las cargas en Girona y Terrassa del día de la Constitución de 2018. La última crisis había sido hace menos de un mes, con la salida de la jefa de prensa de Interior y del director general de los Mossos, Andreu Martínez, que dio un paso al lado tras intentar sin éxito una tregua entre Torra y los mandos.

En esta semana de crisis tras la sentencia, conseller de Interior y president han emitido mensajes distintos –para algunos, contradictorios. Buch ha defendido a los Mossos, no se ha cansado de pedir “confianza” en la policía e incluso ha advertido de que en los vídeos de cargas contundentes que circulan por las redes “muchas veces se ve solo el final de una intervención policial y da una sensación 'X', pero no se ve la parte inicial”.

Solo diez minutos después de este aviso, en la rueda de prensa del Govern de los martes, Torra anunciaba la creación de una comisión en el Parlament para investigar “excesos” policiales e instaba en público al conseller a depurar “responsabilidades” en los Mossos por la actuación policial. Hasta entonces Buch se había limitado a dar la respuesta clásica en estos casos, esto es, que los Mossos revisan todas y cada una de sus actuaciones y que cuando termine el análisis de las imágenes se tomarán las medidas oportunas. Lo ha seguido haciendo tras las palabras de Torra.

La distancia entre el president y la policía se evidenció una vez más en la reunión de la cúpula de los Mossos este jueves, donde los mandos expresaron su malestar con el poco respaldo institucional que creen que han tenido en esta crisis. Hay también incredulidad por hechos como que Quim Torra abandone una reunión del comité de crisis sobre los disturbios para irse a una de las marchas por la libertad organizadas por la ANC y Òmnium, como ocurrió el pasado miércoles 16 de octubre.

Los mandos no entienden que las primeras autoridades catalanas, tanto del Govern como del Parlament, no les hayan dado apoyo públicamente y hayan cuestionado su labor sin conocer todos los detalles del operativo. De las pocas excepciones, coincidieron los mandos, fue Buch, a quien agradecieron el apoyo público del conseller a los Mossos mientras parte del independentismo exigía su dimisión. El cortafuegos Buch sigue en el cargo tras su semana más crítica.

La última causa abierta en un juzgado de Barcelona por el presunto desvío de fondos públicos al proceso soberanista tiene entre sus nueve investigados a Josep Montané Bombardó, jefe de gabinete del conseller de Interior, Miquel Buch, desde el pasado 3 de octubre, han revelado a eldiario.es fuentes próximas a la investigación. Montané fue jefe de prensa de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), organismo en el centro de las pesquisas, mientras Buch fue su presidente.

Las diligencias 889/2019 del Juzgado de Instrucción número 16 de Barcelona persiguen supuestos delitos de malversación de caudales públicos, fraude y exacción ilegal. El pasado lunes se registraron dos agencias de viajes y la sede de la ACM sin que el titular del juzgado, Jaime Conejo, ordenara detención alguna. La Policía ha denominado a la operación Arconte, “gobernante” en griego. El juez ha declarado la causa secreta.

Fuentes próximas al operativo informaron de que el registro de las agencias estaba vinculado a viajes al exterior de alcaldes y otros cargos catalanes con cargo a las arcas municipales y que se produjeron fuera de su agenda institucional. Entre ellos estaría el desplazamiento a Bélgica de 167 alcaldes para visitar al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y por el que la ACM pagó más de 60.000 euros. Además se investigan irregularidades en la concesión de contratos desde distintas administraciones a empresas privadas, precisan las fuentes consultadas.

Josep Montané Bombardó ocupó varios cargos de asesor en la Generalitat después de presidir la ACM y el Boletín Oficial de la Generalitat Catalana recoge su nombramiento como jefe del gabinete de Buch el pasado día 3. Las fuentes consultadas confirman que no aparecen indicios en la investigación contra el actual conseller de Interior. Antes de jefe de gabinete, Montané trabajó como asesor en la Conselleria. Sustituye al frente del gabinete de Buch a Pere Ferrer, ahora al frente de los Mossos d'Esquadra tras la dimisión de su anterior director general, Andreu Martínez.

La mayoría de las personas investigadas en la Operación Arconte tienen o han tenido un cargo en la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas. Entre ellos, el que fuera alcalde de Sallent y miembro de la Ejecutiva del PdeCAT David Saldoni de Tena, quien tuvo que dejar el cargo de presidente de la ACM tras no revalidar su cargo al frente del Ayuntamiento

Otras cuatro personas al que el Juzgado considera investigadas tienen o han tenido cargos en la AMC. En la actualidad continúan trabajando para la asociación Mireia H.S, responsable de Relaciones Institucionales; Albert G.E, jefe de los servicios jurídicos; y Jaume V. T, gerente. La investigada Elisabet R.L aparece como jefa de los servicios económicos en años pasados.

Los otros tres investigados pertenecen a la empresa privada. Dos de ellos son administradores de la Consultora de Suministres y Serveis de Catalunya, sociedad que se presenta como dedicada a la intermediación. Se trata de Ramón Ll. C y José R. V. R. El último es Marc P.E, consejero delegado y director general de la Compañía de Aigües de Catalunya.

Pese a tratarse de una operación anticorrupción, la Operación Arconte es fruto de una investigación de la Comisaría General de Información de la Policía y en ella ha colaborado la Brigada Provincial de Información de Barcelona. Habituada a combatir el terrorismo, la Policía justifica que la CGI actúe en este caso porque los presuntos delitos fueron detectados en el transcurso de su investigación del fenómeno secesionista.

Mientras el president de la Generalitat hacía unas breves declaraciones a las cámaras desde las marchas contra la sentencia, mostrando su satisfacción por “compartir este momento con el pueblo”, a sus espaldas varias de las personas que pasaban caminando conferían gritos de “Buch dimisión”. La imagen era elocuente sobre el momento de enormes contradicciones internas en el que el independentismo se ha instalado desde hace dos años y que, tras las condenas de sus dirigentes, se ha convertido en casi ingestionable.

El Govern ha vivido uno de sus momentos más complicados desde su formación este miércoles, en la resaca de la segunda noche de protestas. Tras el bloqueo del Prat, el lunes, este martes el centro de Barcelona se convirtió en una batalla campal entre manifestantes y fuerzas policiales, entre ellas, las comandadas por el Govern. Por esta razón el cargo del conseller de Interior, Miquel Buch, ha pendido de un hilo durante toda la mañana, aunque finalmente los máximos responsables del Govern han decidido, por el momento, sostenerlo.

Esta decisión ha sido tomada el miércoles por la mañana pero, dada la velocidad de los acontecimientos, nadie descarta que no pueda cambiarse en las siguientes horas. Sobre todo después de la escalada de los disturbios, que por la noche han derivado en barricadas y quema de coches en el centro de Barcelona. El grado de los desórdenes, finalmente, ha obligado a Torra a enviar un mensaje institucional en el que reclamaba sin matices el fin de la alteración del orden. “Se tiene que parar ahora mismo”, ha dicho. “El movimiento independentista no es ni ha sido violento. Siempre hemos condenado y condenamos la violencia”, ha zanjado.

Casi 16 horas antes, el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident Pere Aragonès, la consellera portavoz, Meritxell Budó y propio conseller de Interior se habían reunido desde primera hora en el Palau, en un gabinete de crisis del que Buch no sabía si saldría conservando la cartera. Los responsables políticos habían hecho balance de la noche del martes. Las barricadas, lanzamientos de objetos y contenedores quemados eran perturbadores, pero no menos lo eran las imágenes de la contundencia policial, con agentes que habían incurrido en prácticas irregulares y contrarias a la seguridad de los manifestantes.

Desde que un manifestante perdiera un ojo en El Prat, algo que se achaca a una pelota de goma disparada por la Policía Nacional, el nombre de Buch está en la picota. El conseller ya había chocado en los meses anteriores con Torra, partidario de una práctica “blanda” para contener las manifestaciones que en la cúpula de los Mossos recuerda demasiado a octubre de 2017. Todas las contradicciones en las que está instalado el Govern acaban chocando contra el departament de Interior y los mandos de los Mossos, que además deben lidiar ahora con una complicada coordinación con la Policía Nacional, cuya presencia en Catalunya se incrementa casi a diario.

Fuentes de los partidos explican que comenzar ahora el relevo del conseller del Interior sería, en la práctica, dejar la silla vacía, algo que debe ser la última opción dado el momento álgido de las protestas en la calle. Así que el Govern se ha conjurado para evitar a toda costa la aplicación el 155 y una crisis de gobierno a menos de un mes de las generales. Pero preservar el Ejecutivo no acaba, ni mucho menos, con los problemas del independentismo. En la Cámara, los tres partidos, JxCat, ERC y la CUP, están siendo incapaces de consensuar una respuesta política a la sentencia, tal y como todos ellos se habían comprometido.

Sin respuesta parlamentaria a la sentencia

Con una temperatura ambiental que aumenta día a día en la calle, los grupos trataron este martes de consensuar una resolución conjunta para ser aprobada este jueves, día en el que está previsto una sesión para que Torra se dirija al pleno. El texto de la moción conjunta, explican fuentes de los partidos, llegó a estar casi cerrado, pero en el último momento las diferencias sobre su contenido se hicieron irreconciliables. Finalmente Tora acudirá y hablará, pero no se votará ninguna iniciativa este jueves en el Parlament, una situación que convertir a las palabras del president en la única reacción a las condenas de los 12 líderes independentistas.

El principal problema que han encontrado los grupos para pactar una resolución que satisfaga a JxCat, ERC y la CUP son las limitaciones que el Tribunal Constitucional ha impuesto a los miembros de la Mesa. Advertidos de que podrían enfrentarse a penas si aceptara debatir alguna iniciativa que contenga expresiones sobre el derecho a la autodeterminación, desde ERC tratan de buscar fórmulas para no pisar una línea que la CUP quiere cruzar ampliamente.

Desde el grupo de JxCat aseguran que están dispuestos a aceptar vías intermedias para los plenos que están por venir, cuando el límite impuesto por el Tribunal Constitucional a la Mesa podría hacerse cada vez más difícil de esquivar. Sin embargo, a los postconvergentes la comparecencia de Torra ya les valía esta semana, al menos para cumplir el expediente sin sumar un nuevo problema a la ya complicada gestión de los disturbios callejeros.

Presión y distancia hacia Buch

Por si el escenario catalán no tuviera ya suficiente tensión, la fecha electoral comienza a asomarse por el horizonte y los partidos han entrado ya en lógica de campaña. Esto explica, en buena parte, la soledad en la que ha quedado Buch, un conseller del que todo el mundo quiere mostrarse distante, incluyendo los suyos. Este miércoles en JxCat, las voces que pedían dejar caer al titular de Interior se sucedían y, por la tarde, la dirección del PDeCAT se veía obligada a enviar un mensaje a sus agrupaciones locales advirtiéndoles de que sus cargos no podían “pedir o apoyar” la dimisión.

Desde ERC también jugaban a dos barajas. Mientras por la mañana Aragonès había mostrado su cara más institucional al asegurar que el Govern “está con los Mossos”, unas pocas horas después su formación reclamaba depurar responsabilidades por las “acciones injustificadas”. Los republicanos saben que Buch acabará cayendo, quizás antes de las elecciones, por lo que tratan de poner tierra de por medio para que la caída no les salpique. Además, presionar el eslabón de Interior es tocar el centro de la contradicción de sus rivales de JxCat, una formación en constante crisis interna y que tiene más problemas que ninguna otra para compatibilizar la gestión en el Govern con la movilización en la calle.