La fiscal pide tres años de cárcel al jefe de la oficina de Puigdemont por un viaje a Nueva Caledonia

Un viaje al referéndum de autodeterminación de la excolonia francesa de Nueva Caledonia puede costarle una pena de prisión a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de expresident de Carles Puigdemont. La Fiscalía le reclama tres años de cárcel por malversación al entender que Alay sufragó con dinero público “un viaje personal y ajeno a sus funciones” como responsable de la oficina.

En su escrito de acusación, la fiscal Teresa Duerto mantiene la misma tesis que la llevó a abrir unas diligencias y querellarse contra Alay hace casi dos años. El único gasto en cuestión son los 4.394,79 euros que costó el viaje de Alay al referéndum de Nueva Caledonia. Los interventores de la Generalitat autorizaron el viaje a propuesta de Alay, pero la fiscal considera que el responsable de la oficina “se excedió en sus funciones” al solicitar que se costeara con fondos públicos.

La fiscal recalca que la invitación que extendió a Alay el Frente de Liberación Nacional Canaco y Socialista de Nueva Caledonia para que asistiera a la isla en la semana previa al referéndum de autodeterminación celebrado el 4 de noviembre de 2018 era “a título personal” y no como jefe de la oficina de Puigdemont, por lo que considera que no se tendría que haber pagado con la tarjeta de la que por ley dispone Alay.

Reconoce la fiscal que Alay siguió los conductos reglamentarios internos para que el viaje se pagara con fondos públicos: pidió permiso a la secretaria general del departamento de la Presidencia, que autorizó el desplazamiento y aprobó el gasto. Pero lo hizo, según Duerto, “a sabiendas de que se trataba de un viaje personal” y de que “no existía razón alguna que justificara el pago” con cargo a la dotación presupuestaria que cada año reciben las oficinas de los expresidentes de la Generalitat.

Es más, para la fiscal los funcionarios e interventores de la Generalitat que autorizaron el gasto del viaje lo hicieron sin saber “que se estaban sufragando unos gastos personales con dinero público”. Esta afirmación de la fiscal choca con lo manifestado por los testigos en la instrucción del caso, quienes explicaron que el viaje podría haberse considerado irregular si se hubiera contratado a través de una agencia que no fuera la de la Generalitat o si no se hubieran presentado sus facturas, algo que no ocurrió.

Los testigos recordaron además que las oficinas de expresidentes tienen autonomía para gestionar su presupuesto, solo sujeto a controles formales. A ello se acoge también Alay, quien en su declaración ante la jueza alegó el gasto de más de 2.600 euros en ornamentos florales de la oficina de expresident de José Montilla para defender su viaje.

No han convencido a la Fiscalía los argumentos exculpatorios y Alay tendrá que sentarse en el banquillo de la Audiencia de Barcelona. En su escrito la fiscal señala a Alay como autor de un delito de malversación, si bien de forma alternativa plantea que sea condenado como cooperador necesario del mismo delito, es decir, no como el responsable material del delito sino como persona que ha ayudado al desembolso indebido de fondos públicos.

Además del delito de malversación, por el que pide tres años de cárcel, la Fiscalía acusa a Alay de un delito de prevaricación. En conjunto, le reclama 17 años de inhabilitación para cargo o empleo público y que indemnice a la Generalitat con 4.732,56 euros (el coste del viaje más intereses).

Al margen de esta causa, Alay está investigado en el caso Volhov de presunto desvío de fondos al procés, así como por la Audiencia Nacional por supuestamente formar parte de la cúpula de la plataforma anónima Tsunami Democràtic, que en 2019 convocó multitudinarias protestas contra la sentencia del Supremo. Alay fue exculpado del caso por acompañar a Puigdemont en su detención en Alemania.