El jefe de la oficina de Puigdemont alega el gasto en “ornamentos” de Montilla para defender su viaje a Nueva Caledonia

Espaldarazo a las tesis defensivas del director de la oficina del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, y la secretaria general de la conselleria de Presidencia, Meritxell Masó, investigados por pagar con dinero público un viaje del primero a Nueva Caledonia en 2018 y dos facturas correspondientes a peajes de un desplazamiento a la prisión de Lledoners (Barcelona) para visitar a los presos del 1-O. Dos testigos que han declarado ante la jueza este viernes han negado que los gastos fueran irregulares. Alay también ha aportado gastos de la oficina del expresident José Montilla para defender ambos pagos.

En su declaración ante la jueza, el director de la oficina de Puigdemont se ha escudado en los gastos de la oficina del expresident socialista José Montilla del año 2018, que incluyen 2.691,04 euros en concepto de “ornamento de oficina” y 2.079 euros en aparcamiento, para desmentir las tesis sobre presunta malversación de la que le acusa la fiscal Teresa Duerto. La defensa de Alay busca así evidenciar lo que a su juicio es un doble rasero de la Fiscalía a la hora de investigar, pues el Ministerio Público ha puesto el foco en dos gastos de la oficina de Puigdemont relacionados con el procés y la autodeterminación pero no en partidas superfluas de la oficina de Montilla que también están avaladas por la Intervención de la Generalitat.

En conjunto, en 2018 los gastos declarados y aprobados por el Parlament de la oficina de Puigdemont ascendieron a 13.711,85 euros, mientras que la oficina de Montilla destinó 48.295,61 euros a gastos, de los que 37.000 corresponden a seguridad. Según una respuesta parlamentaria del Govern a una pregunta de Ciudadanos, solo el alquiler de la oficina de Montilla supuso en 2018 otros 105.000 euros, mientras que la oficina que encabeza Alay ocupa un edificio público de la Generalitat.

El historiador ha respondido ante la jueza por el pago del viaje que efectuó al referéndum de Nueva Caledonia, en el que los electores rechazaron independizarse de Francia, y por 15 euros en peajes a la cárcel de Lledoners que pagó la oficina de la que Puigdemont dispone gracias a una ley catalana de 2003 que regula el régimen de los expresidentes de la Generalitat. Alay ha argumentado ante la jueza que acudió a ese viaje en representación del propio Puigdemont tras ser invitado por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista, y que la oficina pagó solo el viaje de avión, puesto que el alojamiento y manutención corrieron a cargo de sus anfitriones.

En su querella, la fiscal anticorrupción acusa a Alay de “abusar de su condición” de responsable de la oficina del expresident, “excederse” en sus funciones y pasar las facturas de su viaje a Nueva Caledonia y los peajes a la Generalitat “con el propósito de enriquecimiento ilícito”. En concreto, el viaje a Nueva Caledonia, entre vuelos, alojamiento y dietas, ascendió a 4.732,56 euros, mientras que el gasto en peajes para ir a Lledoners se limitó a 15,22 euros. La fiscal acusa a Alay y a Masó de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Además de la causa sobre estos dos gastos, Alay está investigado en el caso Voloh por el presunto desvío de fondos públicos para gastos de Puigdemont y era una de las personas que acompañaba a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018, procedimiento por el que lo investigó la Audiencia Nacional y del que acabó exculpado.

Alay, Masó y dos testigos, un interventor de la Generalitat y una responsable de régimen económico de la conselleria de Presidencia, han negado las tesis fiscales. Según fuentes jurídicas, el interventor ha indicado que lo único que encontró fue que las facturas de los peajes no concretaban que fuesen para un gasto de la oficina del expresident, tal y como pide la normativa contable. Alay subsanó el error abonando él mismo los 15 euros.

Del gasto más importante, los más de 4.700 euros para asistir de observador al referéndum de autodeterminación de Nueva Caledonia, ninguno de los dos testigos encontraron tacha alguna, según han relatado a la jueza. De hecho el procedimiento por el que la Generalitat abonó el gasto del viaje a Nueva Caledonia fue el mismo por el que también se aprobaron una decena de viajes de la oficina de Puigdemont en el mismo año que la Fiscalía no cuestiona.

Según los testigos, el viaje podría haber sido considerado irregular si se hubiera efectuado a través de una agencia no incluida en los acuerdos marcos de la Generalitat, no se hubiera justificado mediante facturas o lo disfrutara una persona ajena a la oficina del expresident. Pero no fue así. Los testigos han recordado además que las oficinas de expresidentes tienen autonomía para gestionar su presupuesto, solo sujeto a controles formales y no de oportunidad.

La fiscal también acusa a Masó de autorizar el desplazamiento de Alay y el gasto público “con pleno conocimiento de que aquella actividad no se hallaba entre las atribuidas al querellado ni se correspondía con ninguna de las necesidades personales, políticas o sociales que a través de la Oficina del expresidente se cubre, adoptando de ese modo una resolución manifiestamente arbitraria e injusta”.

Sin embargo tanto Masó como los testigos han explicado que sus funciones no eran evaluar si el gasto se ajustaba a las funciones de la oficina, pues esta función corresponde a la Intervención y al Parlament de Catalunya. Según ha explicado Masó y han corroborado los testigos, su función es un mero control formal para comprobar que las facturas que giran todas las oficinas de expresidents no exceden de las partidas presupuestarias asignadas, se han girado mediante el formulario correcto y corresponden a gastos efectuados por el personal de cada oficina.