España enviará a Europa un compromiso más exigente de reducción de emisiones de CO2

El nuevo plan climático de España está listo. Este lunes se ha publicado en el BOE la declaración ambiental estratégica en la que aparecen sin modificar los objetivos mejorados de recorte de emisiones de gases, peso de las energías renovables o eficiencia energética presentados en el borrador de junio de 2023.

El Plan Integrado de Energía Clima (PNIEC) prevé para 2030 rebajar en un 32% las emisiones de CO2 respecto al volumen de 1990 –11 puntos más que en el plan anterior de 2021–. Para conseguir este objetivo, la nueva versión afirma –como ya fue adelantado hace más de un año– que el 81% de la electricidad se generará con fuentes renovables (7 puntos más) y que la dependencia energética de España se quedará en el 50%.

El borrador de este plan ya recibió el visto bueno de la Comisión Europea en agosto pasado y ahora espera el documento definitivo que debe ser aprobado en Consejo de Ministros para remitirse a Bruselas.

El principal objetivo de este plan es recortar la cantidad de gases de efecto invernadero que España inyecta a la atmósfera cada año, es decir, la causa principal del cambio climático. Es una hoja de ruta para que la economía española sea “neutra en carbono” en 2050. Esto significa que las emisiones sean tan bajas como para que el CO2 absorbido en sumideros como los bosques de una suma cero.

Aunque el PNIEC original solo es de 2021 ha tenido que revisarse al alza para cumplir con la nueva legislación climática de la Unión Europea que incrementó las exigencias de recorte de emisiones para el conjunto de la Unión.

Lo que sí recoge cierto cambio respecto al borrador son los parámetros socioeconómicos. En la declaración de impacto se dice que el PNIEC supondrá inversiones por valor de 308.000 millones de euros (hace un año se dio la cifra de 294.000) con un crecimiento del PIB del 3,2% para 2030. El plan calcula que pueden crearse 560.000 empleos (la anterior previsión era de medio millón).

Salvaguarda ambiental

Con todo, la declaración ambiental explica que los “promotores” del plan –la Oficina de Cambio Climático y la dirección de Planificación y Coordinación Energética– admiten que “existe un debate en la sociedad sobre el proceso, ritmo y naturaleza de esta transformación”.

Por eso, el estudio ambiental subraya que se debe “vigilar que los cambios de uso del suelo [para montar, por ejemplo, paneles solares] se producen de manera compatible con la conservación del medio ambiente” al tiempo que se compensan “beneficios y perjuicios en las poblaciones afectadas”. También que la implantación de las nuevas tecnologías energéticas debe “contribuir a un desarrollo rural, sostenible y justo para todos los habitantes, fomentando el autoabastecimiento energético de los pueblos y que se fomente ”la repoblación o mantenimiento de la población existente en zonas vulnerables al despoblamiento“.

El despliegue a toda velocidad de fuentes de energía renovables (como la fotovoltaica y la eólica) ha generado movimientos de oposición en distintas zonas. Por eso se insiste que este despliegue ha de buscar “reducir los niveles de pobreza energética, favorecer el desarrollo económico y social en áreas rurales, mantener la actividad económica y apoyar la transición justa para las poblaciones de las comarcas afectadas por el proceso de transición energética”.