Duro discurso del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, en la apertura de la Asamblea Plenaria del episcopado, la última antes de la visita del papa León XIV. En sus palabras, Argüello arremetió contra el Gobierno, al acusarle de “intervenir” la vida civil, no respetar la división de poderes y controlar los medios. Y es que, para el arzobispo de Valladolid, el Ejecutivo socialista “tiene una mirada selectiva sobre las víctimas” de la pederastia, y “un deseo desmedido de intervenir en la sociedad civil”.

“El Estado es aconfesional, pero el Gobierno tiende a tomar posturas 'confesionales' en materia antropológica, definiendo el comienzo y el final de la vida, la definición del matrimonio y de la familia, y el significado de la sexualidad humana con criterios de fe ideológica, al margen de la ciencia y de las experiencias humanas más elementales. Tiene también una mirada confesional sobre la historia, y selectiva sobre las víctimas”, denunció el presidente de la CEE, quien lamentó la voluntad del Gobierno “de controlar las instituciones que aseguran la división de poderes en lo político y la libre concurrencia en lo económico, además de una doble vara de medir, según a quién afecten los asuntos de abuso de poder o de corrupción”, así como “asegurar el control sobre los medios de comunicación”.

Aunque Argüello renovó su “compromiso de colaboración respetuosa y crítica con el Gobierno y los gobiernos”, lamentó que pese a haber negociado “en estos meses de inmigración, de vivienda, de educación”, el “interés prioritario de este Gobierno, el único en el que ha querido forzar acuerdos, ha sido el asunto de los abusos a menores cometidos únicamente en el seno de la Iglesia y la resignificación del Valle de los Caídos (Cuelgamuros)”. “Es justo reconocer la leal colaboración actual en la preparación de la visita del Papa”, concedió. Un viaje que tendrá lugar los día 6 a 12 de junio.

Antes del mismo, los obispos necesitan solucionar un conflicto enquistado, el del Valle. “Quiero, desde aquí, invitar al Gobierno y a los monjes de la abadía del Valle de Cuelgamuros a alcanzar un acuerdo razonable y satisfactorio para ambas partes que, además, sea un testimonio de que es posible superar la polarización y encontrar vías de encuentro”, apuntó al final de su discurso Argüello, en una apelación al acuerdo inédita, pues la Conferencia Episcopal se había mantenido, hasta ahora, al margen, dejando la negociación primero al cardenal de Madrid, José Cobo, quien asumió el acuerdo alcanzado entre el ministro Bolaños y el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, tal y como adelantó en primicia elDiario.es hace ya un año.

Un acuerdo que conllevó la salida del prior Cantera y el aval eclesial a la resignificación de Cuelgamuros. Poco después, los monjes se bajaban del acuerdo y planteaban un recurso judicial, que está a la espera de ser admitido, rechazado, o retirado, con el consiguiente enfado del Ejecutivo, que llegó a plantearse regresar al 'punto de partida' (antes del acuerdo con el Vaticano), y expulsar a los monjes. Algo que nadie (ahora, sabemos, tampoco el presidente de los obispos) quiere que suceda. Según pudo saber elDiario.es, la retirada del recurso presentado por la Abadía ante el acuerdo Vaticano-Gobierno (respaldado por el arzobispo de Madrid), evitaría la salida de los monjes y mantendría sacralizado el complejo.

“¿Por qué han llegado a un acuerdo sobre la reparación integral de víctimas de abusos?”, se preguntó Argüello, destacando el trabajo llevado a cabo, desde hace años, por la CEE y CONFER, y anunciando un posible “decreto general sobre sanciones a clérigos causantes de delitos, además de lo que los posibles procedimientos penales pudieran establecer” (¿incluirá esto a Zornoza?). Tras admitir que la pederastia clerical “es un escándalo gravísimo ante el que es preciso cualquier exceso en el reconocimiento de una obligación espiritual y moral, aunque los delitos hayan prescrito o el victimario haya fallecido”, Argüello defendió el acuerdo para abrir la vía del Defensor del Pueblo.

Con todo, “nos preocupa la insistencia del Gobierno, al comentar el acuerdo, en no reconocer las reparaciones ya realizadas e insistir en que todo comienza ahora, así como en reducir toda la reparación a indemnización económica”. Argüello fue especialmente crítico con las palabras de Bolaños, que citó textualmente (‘El Gobierno decide y la Iglesia paga’), y recalcó que la Iglesia “ha escuchado y acogido a las víctimas, ha puesto en marcha caminos de reparación, de justicia restaurativa, y ha indemnizado, en muchos casos, sin necesidad de que ningún gobierno ni sentencia se lo haya impuesto”.

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El próximo sábado, día 18 de abril, la Archidiócesis de Toledo quiere convertir la ciudad en lo que ha llamado “epicentro del compromiso con la vida”. Se trata de una jornada antiabortista a la que denomina 'Fiesta por la Mujer y la Vida'. Tiene como objetivo principal la “defensa de la vida humana” y la recaudación de fondos para Proyecto Mater, una iniciativa toledana coordinada por Cáritas Diocesana para ayudar a mujeres “en riesgo de aborto o postaborto”.

No obstante, la Unión Popular de Estudiantes de la ciudad se ha movilizado para hacer frente a esta iniciativa y, ese mismo día, ha convocado una “contramanifestación” en la Puerta de Bisagra de la ciudad, a las 16.00 horas. Es una respuesta que coincide con la marcha antiabortista, con el objetivo concreto de responder a la jornada religiosa y que los y las jóvenes convocantes realizan bajo el lema 'Abortar es un derecho fundamental'.

El evento religioso, que cuenta además con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo, gobernado por PP y Vox, se desarrollará en cuatro puntos emblemáticos de la ciudad. Entre ellos está la mencionada Puerta de Bisagra, donde celebran una concentración a las 16.30 horas, es decir, poco antes de la convocatoria de la protesta estudiantil como respuesta a sus proclamas antiabortistas.

La Unión Popular de Estudiantes busca denunciar lo que consideran una “ofensiva” contra el derecho al aborto y criticar el “respaldo” institucional que recibe el evento religioso. Belén Garín, representante del colectivo estudiantil, precisa a este medio que la concentración religiosa “va en contra de derechos fundamentales”.

“Hemos convocado esta contramanifestación porque nos parece injustificable y muy alarmante que el Ayuntamiento, además, la responde y se destinen recursos públicos que atacan de manera directa a los derechos fundamentales de las mujeres, en vez de ofrecerlos para otras partidas necesarias”, argumenta.

Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad

Además, destaca el hecho de que se realice en una provincia donde, recuerdan, sigue sin garantizarse plenamente el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. Es una situación que, además, se produce en toda Castilla-La Mancha.

“Mientras se dificulta el acceso efectivo al aborto, se promocionan actos que cuestionan su legitimidad”, critica, y acusa a Proyecto Mater de formar parte de la red de organizaciones que buscan “presionar y señalar” a mujeres que desean interrumpir su embarazo.

El evento religioso ya tuvo su antecedente en marzo del año pasado también con el apoyo del Ayuntamiento de Toledo. Aunque hace diez años, el papa Francisco decretó, por primera vez en la historia, que se perdonase el “pecado mortal” del aborto, el arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves, ya presentó esa edición de 2025 resaltando que el derecho al aborto es “un ataque a la vida humana”.

Respaldó estas declaraciones la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Toledo, Ana Pérez, del PP, que hasta su llegada al cargo presidió la asociación antiabortista Red Madre, además de la vicealcaldesa de Vox, Inés Cañizares.

En busca del “blindaje” del acceso al aborto en la Constitución

Este debate local coincide además con el impulso del Gobierno central a la reforma constitucional para blindar el acceso al aborto en España. El Consejo de Ministros aprobó este martes en segunda vuelta el proyecto de reforma con el que pretende introducir en la Constitución la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio de la interrupción voluntaria del embarazo “en condiciones de igualdad real y efectiva”.

La propuesta, defendida por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, busca reforzar especialmente la prestación pública de este derecho ante las desigualdades territoriales existentes.

Según recordó el Ejecutivo, en comunidades como Castilla-La Mancha las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la sanidad pública no alcanzan el 1%. Una situación que el Gobierno considera incompatible con la garantía efectiva de este derecho.

Dos parroquias de Vitoria, la de San Joaquín y Santa Ana del barrio de Salburua y la de Nuestra Señora de las Nieves de Aranbizkarra, han abierto sus puertas en las últimas semanas para que puedan pernoctar, asearse y tener un techo en ellas tres decenas de los malienses que llevan meses a la intemperie en las calles cercanas a la comisaría de la Policía Nacional en Betoño ante el tapón burocrático que les impide obtener citas para regularizar su situación. La gran mayoría son musulmanes. La Diócesis de Vitoria señala que está siendo una “experiencia gratificante” para ambas partes.

Desde agosto de 2025 hay un volumen importante de personas procedentes de Malí, en su mayoría varones jóvenes, que llegan a Vitoria para buscar asilo, como antes ocurrió en Donostia. Sin embargo, la burocracia se ha convertido para ellos en un tapón y se han visto forzados a pernoctar en la calle, aunque la entidad Zehar-Errefuxiatuekin sostiene que el 98% tendrían derecho a protección en España. Aunque hay rotación y llegadas y salidas constantes, se ha estabilizado un grupo amplio conviviendo en soportales de Salburua próximos a la Policía Nacional. Tenían dificultades incluso para poder ducharse. La comida que recibían procedía, en buena medida, de la solidaridad vecinal. En invierno, con noches muy frías, la situación motivó denuncias de falta de respuesta institucional.

Desde la Iglesia confirman que han abierto las puertas de dos de los templos más próximos a la Policía Nacional, el de San Joaquín y Santa Ana, de la calle de Viena, y el de Nuestra Señora de las Nieves, de la calle de Valladolid. En la primera hay unas dos docenas de plazas y en la segunda otra docena, según las fuentes consultadas. Les ofrecen cama, ducha, aseo y servicios básicos, como enchufe o microondas, dicen desde el Obispado. Explican que incluso siendo una institución católica ofrecieron facilidades en tiempo de Ramadán, que finalizó el 19 de marzo. Aunque ya ha pasado el invierno y en los últimos días las temperaturas han sido altas, se prevén mínimas de incluso 4 grados en Vitoria en las próximas semanas.

Una voluntaria que lleva meses colaborando con los refugiados confirma la apertura de las dos iglesias, aunque insiste en que “hay un montón” aún en la calle y que son necesarios más pasos. “Vamos a seguir pico y pala, como siempre”, afirma. Destaca de este colectivo que “pese a sus situaciones de vulnerabilidad increíbles”, tanto en origen como por el proceso migratorio, “siempre ofrecen una sonrisa”. Su gran batalla actual es superar las nuevas dificultades que han encontrado para acceder a citas con la Policía Nacional. Esta voluntaria denuncia la existencia de “mafias” que acaparan los pocos turnos que se ofrecen y los revenden por cantidades muy elevadas, “de hasta 300 euros”.

En la zona, en paralelo, se ultiman las obras en la antigua Clínica Arana para que, a partir del verano, sea centro para refugiados. Tendrá finalmente 200 plazas y no 350, como se anunció. El recurso ha recibido numerosas críticas de PNV, PP o Vox, así como de movimientos vecinales. En algunos ámbitos se ha asociado con delincuencia e inseguridad y se han formulado comentarios xenófobos.

Durante una década entera el sonido del despertador fue para Marina Pereda el inicio de su gran batalla diaria. El conocido como “minuto heroico” es la primera de las prácticas consagradas a Dios que los miembros célibes del Opus Dei deben hacer al iniciar el día: levantarse nada más suena la alarma, rápido, sin rodeos, sin remolonear ni esperar un minuto más. Una exigencia espiritual que para las personas poco madrugadoras como ella, eran foco de ansiedad y culpa constantes. Después, vendría la ducha fría y, quizá, renunciar al azúcar del café con leche del desayuno. Si no era domingo, puede que fuera momento de colocarse el cilicio alrededor del muslo durante dos horas. Un sacrificio más. Por Dios.

Son algunas de las llamadas “mortificaciones” cotidianas que es habitual que los integrantes célibes del Opus Dei (Obra de Dios, en latín) se apliquen a sí mismos como forma de cumplir su misión divina, de hacerse “más santos y disciplinados” bajo la premisa de que un mayor sufrimiento físico o psicológico “santifica” al mundo. No es una teoría vacía, son algunas de las prácticas asentadas que Marina Pereda vio y vivió en primera persona durante los diez años que estuvo en la organización fundada en 1928 por José María Escrivá de Balaguer y que ahora cuenta en La Obra (Aguilar), publicado este jueves.

A través de su propia experiencia y con grandes dosis de ironía, Marina describe cómo funciona la orden desde dentro, convertida en 1982 por el papa Juan Pablo II –el mismo que canonizó a su fundador– en la única Prelatura Personal de la Iglesia Católica. “Me gustaría que sirviera para que alguien que no conoce lo pueda entender la estructura que hay detrás. No somos casos aislados”, apunta la autora, que equipara metafóricamente la institución con un inmenso decorado teatral con miembros obligados a interpretar un papel “aparentemente sencillo”, el de la “santidad en la vida cotidiana”, que puede acabar convirtiéndose en “una máscara asfixiante”.

Nacida en Miranda de Ebro (Burgos) en una familia numerosa de siete hermanos cuyos padres son miembros, Marina nunca vivió ajena a sus dinámicas y desde pronto comenzó a acudir al club de Vitoria en el que el Opus Dei organiza actividades periódicamente. “Los clubes son oficialmente asociaciones culturales, siempre segregadas por sexo, en las que se hace baile, teatro, cocina... En principio, actividades no religiosas, pero entre una y otra ya empiezan a proponerte una charla con el sacerdote, una confesión, te insisten en si rezas, en por qué no lo haces un poco más, en si pides milagros a Escrivá... Así se va normalizando”, explica Marina, que en 2025 fue una de las protagonistas del documental de HBO El minuto heroico, que expone las dinámicas internas del Opus Dei a través de 13 testimonios.

"Captación suena muy fuerte, pero es un clima constante. A veces tratan solo de intentar crear buena imagen"

Los clubes son junto a los colegios, las escuelas de formación o las fundaciones algunas de las puertas de entrada. Es común que a quienes son habituales les insistan con que logren que otras “amiguitas” acudan. “Captación suena muy fuerte, pero es un clima constante. A veces tratan solo de intentar crear buena imagen, intentar que vayan a algo de ocio o alguna actividad para padres como una charla con alguien de prestigio”, explica Marina. Estos clubes suelen ser la residencia de las numerarias, que son las que organizan las actividades, practican la abstinencia sexual y dedican su vida a la organización. Los supernumerarios pueden casarse y tener hijos.

El plan de Dios

A lo largo del libro, dividido en actos emulando una obra de teatro, Marina va explicando lo que define como el cuidadoso “engranaje de presiones” que influyó en que ella pidiera la admisión al Opus Dei con 14 años y medio. Ocurrió durante la Semana Santa de 2004, en un campamento con otras 40 niñas de entre 13 y 16 años “potenciales candidatas”. Marina ya había asistido antes a un retiro en el que debía pensar “qué me pedía Dios” y las numerarias y el sacerdote, con conversaciones y charlas a solas, ya habían ido guiando a la joven hacia la opción de ser numeraria, categoría considerada como “una entrega total y superior”.

La mujer, que hoy tiene 36 años, recuerda la carta que tuvo que escribir para solicitar la admisión como aspirante, pero en la práctica, desde aquel día, ya fue incorporando a su día a día las dinámicas y costumbres propias de una miembro. “Nos llamaban adscritas en el lenguaje de la organización, pero todas nos considerábamos ya numerarias”, señala. El agobio y la incomodidad siempre convivieron con la promesa de “salvación” y la creencia inculcada de estar aceptando “el plan de Dios”, hasta que con 16 años, durante su primera convivencia de 15 días para quienes habían pedido la admisión, trasladó sus dudas a la directora. “La respuesta no fue 'tranquila, eres muy joven, piénsatelo' sino que me intenta convencer de que podía ser agregada”, apunta.

En la práctica, las agregadas son como las numerarias, pero sin la obligación de tener que vivir en un centro con otras integrantes. Y es el estatus que Marina mantuvo hasta que dejó la institución en 2013, con 24 años. Todo el proceso estuvo marcado por una atmósfera en la que no podía echarse para atrás, según describe en el libro, que se cebó con ella, una niña muy religiosa y obediente. Si decía que no, sentía estar haciendo algo mal, siendo rebelde y soberbia, como ya le habían infundido. “La directora no tenía dudas de mi vocación al celibato y si me rendía ahora, estaría diciendo que 'no' a Dios, que es lo que había hecho el ángel caído”, cuenta.

No te dicen 'mira, estas son las opciones' o 'ya irás viendo' sino que insisten en que has sido llamada a esto y supuestamente tienes que ir entendiendo las normas a medida que las vas cumpliendo porque eso te va a ir acercando más a Dios

El modus operandi que ella experimentó y que ha contrastado con decenas de exmiembros, lo describe como un proceso de “manipulación constante”. “No te ponen una pistola en la cabeza, no hace falta, pero son presiones psicológicas”, apunta. Con el tiempo, se ha dado cuenta de que, desde el inicio, vivió un “condicionamiento de la libertad” y un “filtrado de la información” que le fue conduciendo a cada paso: “No te dicen 'mira, estas son las opciones' o 'ya irás viendo' sino que insisten en que has sido llamada a esto y supuestamente tienes que ir entendiendo las normas a medida que las vas cumpliendo porque eso te va a ir acercando más a Dios”.

Preguntado el Opus Dei sobre estas prácticas, la Oficina de Comunicación ha respondido que “respeta profundamente la experiencia de cada persona” y remite a los “canales de diálogo” abiertos en los últimos años para “escuchar” a exmiembros. “Sabemos que esta salida, en algunos casos, pudo ir acompañada de un proceso doloroso. Nos importa y lo sentimos profundamente”, traslada. Sobre la admisión como numeraria que Marina hizo con tan solo 14 años y medio, rechaza comentar públicamente “relatos individuales”, pero añade que “la vocación en el Opus Dei se vive siempre en libertad y, de igual manera, cualquier persona puede abandonarla cuando desee, sin presiones ni consecuencias”.

Además, la respuesta añade el enlace a una entrevista con Lidia Via, que trabaja como responsable de las actividades con jóvenes en la Asesoría Regional del Opus Dei en España. En el texto, Via asegura que el proceso de “discernimiento vocacional” es gradual y “largo” con varios hitos “para que solo las personas que lo quieran libremente puedan incorporarse” pasados “varios años”. La entrevista recalca que es a partir de los 16 años y medio cuando se puede pedir la admisión para después “continuar con el proceso de discernimiento” y reconoce que a los 14 años y medio, hay chicas y chicos “aspirantes” que “intuyen una llamada de Dios a pertenecer al Opus Dei como personas célibes”, pero que “no pueden hacerlo aún”. “En estos casos, la Obra recoge ese deseo y acompaña ese proceso conforme a su edad”.

Prohibido mirar a los chicos

A lo largo del libro, la exmiembro del Opus Dei detalla la influencia que cree que tuvieron los sacerdotes y directoras espirituales que tuvo durante el proceso, a los que define a estas figuras como “herramientas clave” dentro de una estructura que “permite” que tejan una “confianza” forzada con niñas y jóvenes y acaban convirtiéndose en sus “confidentes” vitales y espirituales. En un momento dado, Marina cuenta cómo les contaba “toda su intimidad” tras sus preguntas sobre sus amigas, su relación con su familia, sus rezos y mortificaciones o si le gustaba algún chico.

La de no relacionarse con hombres de su edad fue una de las primeras directrices. “Tenía prohibido mirar a los chicos o tenerles como amigos. Yo salía puntualmente de fiesta con mis amigas, pero me sentía muy extraña y poco a poco empiezas a incorporar elementos de distanciamiento social”, explica. También cuenta cómo debía consultar las películas y libros que quería ver o leer para evitar las tentaciones o ideas que pudieran poner en peligro su fe y su compromiso, aunque el cine siempre fue para ella una vía de escape, un lugar en el que imaginarse y reencontrarse con el mundo más allá de la organización.

A pesar de que su estatus de agregada no implicaba vivir en una residencia del Opus Dei, finalmente Marina se trasladó con casi 16 años a un Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Bilbao. No le convencía la idea, no quería alejarse de su Miranda natal ni de su casa, pero bajo el pretexto de que su vocación peligraba en su ciudad debido a las “malas influencias” del instituto público en el que estudiaba y a la inexistencia de centros de la organización allí, acabó accediendo. A cambio de vivir en el centro, trabajaba junto a las numerarias auxiliares –mujeres del Opus Dei dedicadas a las tareas domésticas– limpiando habitaciones y cocinando para una residencia de hombres adyacente. Después pasaría a dar clases de teatro y vigilar las salas de estudio de las niñas que acudían periódicamente al centro.

Ya casi diez años después de dejar el Opus Dei y tras la denuncia de 44 mujeres que ha motivado en Argentina una investigación por trata y servidumbre contra las máximas autoridades de la institución en el país, Marina aprovechó la Oficina de Escucha abierta por la organización –y a la que hace referencia en su respuesta a este medio– para pedir “una revisión” de su vida laboral y señalar que, durante el tiempo que trabajó, nunca firmó nada. Lo intentó en dos ocasiones, pero según su relato, las respuestas concluyeron que no hubo ninguna relación laboral y que “lo único” que la joven hizo en el centro fue “colaborar en tareas del hogar como cualquier grupo de amigas que viven juntas y se reparten los quehaceres”, describe.

Hubo muchas presiones para que no me fuera. Me mandaron hablar con unas y con otras, me decían que me diera un tiempo, me insistían en si estaba segura.

El “paso definitivo” en la organización lo dio el 5 de octubre de 2012 con un hito que denomina “fidelidad” y que, en la práctica, es un “compromiso de por vida” en el que se formaliza una especie de “matrimonio celestial”, como lo califica Marina con ironía y dosis de humor en el libro. Tenía casi 23 años y ya había terminado la carrera en la Universidad de Navarra. Durante este tiempo, trabajó en distintas labores para la organización, como en la limpieza de colegios mayores, por las que recibía un dinero que todas las numerarias y agregadas debían entregar a la directora de su centro. Después, esta les daba lo suficiente para sobrevivir ese mes y pagar el alquiler.

Quedaba poco más de un año para que Marina saliera de la organización. Lo hizo definitivamente en la Navidad de 2013 tras un duro proceso que afectó gravemente a su salud mental y tras encontrarse con un sacerdote que le recomendó acudir a una psicóloga. “Hubo muchas presiones para que no me fuera. Me mandaron hablar con unas y con otras, me decían que me diera un tiempo, me insistían en si estaba segura y me hicieron escalar puestos hasta la directora de la delegación. Cuando me volvió a preguntar si estaba segura, le dije que sí, que igual que cuando con 14 años pedí la admisión y entonces no me habían hecho tantas preguntas”.

Marina lo cuenta sin aparente enfado ni rencor, aún sigue lidiando con algunas de las “secuelas” que le ha dejado su paso por el Opus Dei y desde hace algunos años es voluntaria en AFISE, una asociación de apoyo a víctimas de sectas y grupos coercitivos. No ha incluido nombres de ninguna de las personas con las que se cruzó en este camino y que acabaron llevándola hacia dentro y huye de señalar a responsables individuales, pero si mira a una “estructura” que acabó convirtiéndola en algo que no era ella y a una sociedad que, cree, aún no han abierto los ojos del todo.

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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha ensalzado la “magnífica exposición” que “dentro de unos meses” abrirá sus puertas en la Catedral de Toledo para celebrar, “ni más ni menos, que 800 años” del inicio de la construcción del templo y que “será un argumento y un pretexto extraordinario para reencontrarse, mucha gente, con su catedral”, ha reseñado.

Así se ha pronunciado en torno al templo toledano, el acontecimiento cultural que, desde el próximo 25 de mayo y hasta el 14 de octubre, reunirá la esencia de ocho siglos de historia de la Catedral con más de 350 obras de arte para conmemorar dicha efeméride “por todo lo alto”.

“Una celebración que llega en un momento en el que lo espiritual está en auge”, ha subrayado García-Page en la inauguración de las XLI Jornadas Nacionales de la Confederación Nacional de Cabildos Catedrales y Colegiales de España, según ha trasladado la Junta de Castilla-La Mancha.

En el Seminario Conciliar de San Ildefonso, el presidente autonómico ha señalado a las catedrales como “símbolos” que “juegan un papel identitario”, muy especialmente en la capital regional, puesto que “Toledo no se reconocería sin su Catedral”, un templo capaz de “sintonizar con la forma de ser de un pueblo”.

Igualmente, ha considerado que las catedrales “forman parte de nuestro patrimonio y raíces culturales y establecen un modo de jerarquía que es esencial en el metabolismo de la Iglesia”.

A juicio de Emiliano García-Page “la fe puede terminar siendo una certeza para mucha gente que se agarre a la fe, porque es la certeza”, ha reflexionado “en un mundo en el que, ni si quiera lo que se ve, puede entenderse como real” y en el que “los cambios que se están operando” son “impredecibles”, por lo que ha valorado que la Iglesia contribuya a aportar “coherencia y trazabilidad” como “un valor de seguridad en un mundo que no sabemos cómo va a terminar de cambiar”.

En la apertura de estas jornadas, el jefe del Ejecutivo autonómico ha estado acompañado por arzobispo de Toledo, Francisco Cerro Chaves; el deán de la Catedral, Juan Pedro Sánchez Gamero; la presidenta de la Diputación Provincial de Toledo, Concepción Cedillo; y el presidente de esta organización, Manuel Montilla, entre otras autoridades.

“No puedo bajar la guardia. Hay partes que siguen siendo oscuras y que me ponen en alerta como víctima que lleva décadas luchando por un sitio en la sociedad, por el simple derecho a que se nos reconozca y se nos otorgue, de una vez por todas, nuestro estatus de víctima”. Como A. uno de los supervivientes de la pederastia clerical ya compensado por el plan PRIVA y que tiene intención de apelar ante el Defensor del Pueblo cuando a partir del 15 de abril se ponga en marcha el protocolo firmado la pasada semana entre obispos y Gobierno, muchas víctimas recelan, no sin razón, de la letra pequeña del acuerdo.

Un acuerdo que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, explicará en persona a las asociaciones de víctimas, quienes a su vez le plantearán las dudas de un nuevo sistema que, pese a estar firmado, “continúa dependiendo de la ‘buena voluntad’ de los obispos”, explica A.

Y es que, tal y como sostiene esta víctima, “tanto el Gobierno como el Defensor del Pueblo deben ser valientes, dar la cara y aclarar cada uno de nuestros miedos”, que no son pocos. “No podemos permitirnos más sombras ni medias verdades: para opacidad, indiferencia, falta de claridad y revictimización ya hemos tenido suficiente con la Conferencia Episcopal y la actitud de su presidente, el señor Argüello. Merecemos una transparencia y un respeto que estén a la altura del dolor que hemos cargado durante toda una vida”, constata.

Conocedor de esta realidad, el Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, ha convocado a las principales asociaciones de víctimas para explicarles los términos del acuerdo, escuchar sus reivindicaciones y colocarles en el lugar donde nunca debieron dejar de estar: el centro.

Desde Justice Initiative y la Asociación Infancia Robada, por su parte, consideran el encuentro con Bolaños la “antesala” de la puesta en funcionamiento de un protocolo “basado en un compromiso ineludible de las partes firmantes en reconocer y reparar a las víctimas y supervivientes de pederastia eclesiástica”.

En conversación con elDiario.es, sus representantes dan especial relevancia al consenso logrado, que les lleva a calificar el acuerdo y posterior protocolo como “hitos históricos”.

Aun así, y aunque muestran su “confianza plena” tanto en el Defensor del Pueblo como en el Ministerio de Justicia y en la Secretaría de Libertades Religiosas. Estas asociaciones muestran sus dudas por la ausencia de baremos. “No hay posible indemnización contemplando solo criterios. Los baremos son inexcusables”, apuntan, incidiendo en la importancia del compromiso en la indemnización, el reconocimiento y la reparación integral que, esperan, “puedan tener prolongación en otros ámbitos de la sociedad” más allá de la Iglesia.

En lo que sí coinciden todas las víctimas es en valorar la independencia de la decisión final que, en el caso de desacuerdo entre las partes, tendrá el Defensor del Pueblo. También, en lo “histórico” de que las víctimas tengan voz en la mesa, y en el reconocimiento explícito de que la reparación debe cubrir no solo el acto en sí, sino el daño a la dignidad, el sufrimiento emocional y la “pérdida de oportunidades” educativas o laborales.

“El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”

Entre los puntos oscuros del protocolo, varias víctimas lamentan que sólo se abra la ventana de un año (prorrogable a otro). Y, sobre todo, no terminan de fiarse de que la Iglesia cumpla con lo pactado, y se considere obligada a “pagar de más” si el Defensor así lo dictamina, frente a la valoración del plan PRIVA. “El protocolo dice explícitamente que el Ministerio y el Defensor del Pueblo no asumen responsabilidad alguna por la ejecución de las reparaciones ni pueden ser requeridos para pagarlas directamente”, cuestiona A., quien recuerda el ejemplo irlandés.

¿Y qué pasó en Irlanda? En 2002, las congregaciones irlandesas pactaron aportar fondos, pero cuando la magnitud de los abusos creció, muchas se negaron a aportar más o alegaron falta de fondos, obligando al Estado a cubrir el hueco.  Esto no sucederá en España, pues no existe en el protocolo la creación de un fondo de garantía estatal. “Corremos el riesgo de que las órdenes se declaren insolventes o se nieguen a pagar lo dictaminado por el Defensor”.

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Las procesiones de Semana Santa han regresado este Viernes Santo a Donostia tras medio siglo de ausencia. Miles de personas han acompañado a la comitiva católica en su recorrido por el centro de la ciudad en medio de gran expectación. También Balmaseda ha congregado a miles de personas en la que es la representación más relevante en Euskadi.

La capital de Gipuzkoa era la única de toda España que no tenía procesión ha dejado de ser ya una excepción al recuperar la liturgia de la mano de la rescatada Cofradía Jesús Nazareno, creada en 1927. Esta iniciativa, montada en tiempo récord, superó en pocas semanas los 450 inscritos que secundaron la llamada de un grupo de laicos donostiarras convencidos de que, “a pesar de la secularización”, existe en la sociedad “un renacido interés por la religiosidad popular”, informa Efe.

Varios miles de personas se han congregado en el exterior de la catedral del Buen Pastor, donde la salida del desfile procesionario ha sido anunciada previamente con el sonido de la carraca desde el campanario. Finalmente, pasadas las 20.30 horas, ha partido desde el templo el cortejo, abierto con la cruz de guía y el estandarte de la cofradía, que ha contado con la presencia del obispo, Fernando Prado.

La comisión organizadora ha conseguido recuperar tres pasos originales de la procesión que recorrió por última vez en la década de 1960 las calles de Donostia. Se trata de Jesús Nazareno, el Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad, que han sido restaurados y que, 59 años después, han vuelto a salir en andas a hombros de una veintena de porteadores. El hábito oficial lucido por los cofrades también se ha inspirado en el histórico y ha consistido en una túnica blanca y caperuz morado con la cruz de Jerusalén, mientras que los niños iban con vestimenta hebrea o túnicas blancas y portaban objetos como coronas de espino, lanzas o clavos.

El desfile, que discurría bajo el estruendo de los tambores y el sonido de los 'txistus', ha contado asimismo con la participación de numerosos ciudadanos que han portado cirios durante el recorrido. Los organizadores de la procesión han manifestado, en varias ocasiones, su firme decisión de mantener viva esta iniciativa en Donostia.

Entretanto, también por Viernes Santo, miles de personas han vuelto a abarrotar las calles de la localidad vizcaína de Balmaseda para ver el tradicional Vía Crucis viviente, el más popular de Euskadi, conocido por su realista representación de la muerte de Jesucristo. Se hace al aire libre a lo largo del municipio, informa Europa Press.

En la actualidad, son cerca de 700 vecinos del municipio quienes realizan esta representación, bajo la organización de la Asociación Vía Crucis de Balmaseda y con la colaboración de la Coral Kolitza. El joven Aitor Sollano ha encarnado este año a Jesucristo y ha recorrido la calles del municipio cargando con la cruz camino de su crucifixión. Su madre, Ana Sierra, ha interpretado a la Virgen María y el alcalde de Balmaseda, Alfonso San Vicente, ha representado a Poncio Pilato. Han asistido las autoridades.

De su lado, el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, ha llamado este Viernes Santo a “amar y actuar al estilo de Jesús” ante “este mundo lleno de guerra y de odio”. Elizalde ha presidido en la concatedral de María Inmaculada de Vitoria el oficio por “la muerte del señor”. Entrando en procesión por la nave principal, en completo silencio y con el templo sin luces, el prelado, vestido de rojo recordando la sangre de Jesús, se ha postrado durante unos minutos ante la cruz que preside el altar mayor, cubierta con un amplio velo en señal de luto. En todo el oficio no ha habido ningún canto ni se ha celebrado ningún sacramento.

En Castilla-La Mancha, esta tierra nuestra de secarrales y catedrales, el polvo de los caminos se confunde con el olor y humo del incienso, la religiosidad popular y la política. Religión y política han bailado un tango endemoniadamente complicado desde que Franco les puso banda sonora. No es para menos: durante el franquismo, las vírgenes no solo eran madres celestiales, sino reclutas de primera en la cruzada nacional, desfilando en procesiones con falangistas a los lados y el caudillo bendiciendo desde el balcón.

Eran los años en que una romería por la Virgen de la Caridad en Villarrobledo no era solo devoción, sino un mitin con crucifijo, y las cofradías de Toledo o Albacete servían para que el régimen se autoproclamara salvador de la patria católica. Aunque creo que aquello no era fe, admito que era un engranaje bien aceitado: la Iglesia aliada al Estado, y la plebe arrodillada a la vez, lo mismo ante el altar cómo ante la picota.

Luego llegó la Transición, se desinfló el globo. Adiós a las misas por los caídos y las rogativas obligatorias por aquella lluvia que nunca llegaba. Las devociones se quedaron huérfanas, pero cómo no eran tontas, mutaron a folklore regional, un ese pegamento identitario que ayudó a forjar Castilla-La Mancha como comunidad autónoma. Los socialistas de los ochenta, que no eran precisamente beatas, se apuntaban a las fiestas populares con la misma naturalidad con que uno se pone la corbata para acudir a una boda.

Y ahí llegaron las vírgenes alcaldesas perpetuas, ese invento tan manchego como montar al Quijote en un tractor. Fíjense en la Virgen de la Varga en Uceda, Guadalajara, que en 2021 recibió el bastón de mando como si fuera alcaldesa de toda la vida, o la de Rus en San Clemente, Cuenca, que lleva un cuarto de siglo en el cargo honorífico, procesionando con pompa mientras el pueblo la devuelve a su ermita como a una vecina pródiga. Chinchilla de Monte-Aragón hizo lo propio con la Virgen de las Nieves en 2015, y en Illana otra virgen se apuntó al club en 2016, para escándalo de los laicos que vieron en ello (con razón) un conflicto de intereses entre el ayuntamiento y el cielo.

Hoy, en este 2026 donde la fe ha menguado al 63 por ciento, diez puntos menos que hace unos años, la cosa es más sutil, un trueque de favores: el político gana votos posando con la túnica de nazareno, y la hermandad recibe subvenciones para restaurar la ermita. No hay ya nacionalcatolicismo rampante, sino una secularización a medias, con tensiones laicas que protestan por el bastón entregado a una escultura de madera. Es como si Castilla-La Mancha, con su mezcla de meseta árida y devociones arraigadas, se negara a soltar del todo el rosario: la política lo usa para parecer cercana, humana, de pueblo; la religiosidad popular, para sobrevivir en este mundo de selfies y descreídos.

Al final, no es hipocresía, es pragmatismo manchego: las vírgenes siguen reinando en los plenos municipales porque, en el fondo, todos sabemos que un alcalde mortal tropieza, pero una alcaldesa perpetua nunca dimite. Y en eso, queridos lectores, reside la auténtica eternidad de la Mancha.

La Archidiócesis de Madrid lanzó el 12 de marzo un aviso a todos sus fieles: “Necesitamos vuestra ayuda”. Y no era poca, pues hacían falta al menos 10.000 voluntarios que colaboraran con la Iglesia para dejarlo todo a punto antes de junio, cuando León XIV aterrizará en la capital y se rodeará durante cuatro días de creyentes, feligreses, instituciones y personalidades de la ciudad. Quedan poco menos de tres meses para la primera visita oficial de un Papa desde 2003, el año en el que Juan Pablo II viajó por última vez a Madrid. Su sucesor, Benedicto XVI, sí que llegó a hacerlo en 2011, pero fue para presidir la JMJ, una Jornada Mundial de la Juventud católica. En aquel caso no era un viaje oficial del Vaticano, sino más bien una parada algo colateral para su asistencia a otro evento. Pero ahora, después de dos décadas, las parroquias buscan casa para acoger a los peregrinos que viajen desde España u otros países para conocer al Papa.

De momento, sus organizadores se muestran optimistas. “Desde que hicimos el llamamiento, hace prácticamente una semana, hemos conseguido 1.500 voluntarios. Tarde o temprano, llegaremos al objetivo”, augura confiado Ángel Luis Caballero, cura en la Parroquia de la Parroquia de la Santísima Trinidad de Madrid, en Ciudad Lineal, y también el principal coordinador del Arzobispado para captar nuevos voluntarios y asegurar espacios –desde casas familiares hasta pequeñas iglesias, colegios o polideportivos– donde hospedar a los devotos que visiten la ciudad entre el 6 y el 9 de junio, durante la visita del Papa.

Un día, recibió una llamada del Arzobispado de Madrid solicitando su ayuda para vehicular los preparativos, que la Iglesia madrileña debe costear íntegramente. Este párroco tiene experiencia en actos institucionales, organización de eventos y ha coordinado otros voluntariados para la diócesis, por lo que parte de la dirección logística ha quedado en sus manos. Una de las primeras cosas que hicieron fue habilitar una página web para informar sobre la visita o actualizar novedades en tiempo real. En la pantalla principal aparece un contador con el número de días, horas y segundos que quedan hasta entonces. Pero el calendario del arzobispo empieza mucho antes.

¿Qué es lo que se necesita para recibir a un Papa? “El Santo Padre se alojará en la Nunciatura, que es una especie de embajada del Vaticano en Madrid”, explica Ángel Luis, indicando que para acoger al resto de asistentes que lo soliciten hay implicado todo un cartel de instituciones: desde las tres diócesis organizadoras (las de Madrid, Alcalá de Henares y Getafe) hasta administraciones locales, autonómicas o estatales. Para prepararlo y, sobre todo, atender al público en esos días necesitarán a profesionales de distintas áreas.

“Necesitamos, sobre todo, a gente con capacidad de liderazgo y empatía. Pero también hacen falta personas familiarizas con la logística, soportes informáticos, tecnologías de la información, mantenimiento, voluntarios que controlen los accesos y salidas de cada recinto... ”, enumera el sacerdote, cuyo equipo también deberá estar al tanto de otras cuestiones propias de la institución católicas: desde la organización del protocolo o la liturgia, la comunicación con los medios o el registro de acreditaciones. Por lo general, contactan con ellos a través de las comunidades religiosas que se esparcen por las parroquias de toda la región.

Algunos tienen una habitación libre y otros simplemente un lugar donde tirar sacos de dormir y pasar la noche bajo techo

Ángel Luis Caballero — Párroco y organizador de la visita junto a la archidiócesis de Madrid

La conversación se produce mientras la campaña apenas lleva más de una semana en marcha, así que reconoce que es difícil estimar aún cuántas personas han ofrecido sus casas particulares para vivir esos días con un peregrino o grupo de feligreses con el que compartir techo y comida. En 2025, el precio medio por persona en los hoteles de Madrid fue de 168 euros la noche, y, sin embargo, superaron el 60% de ocupación con 93.000 camas disponibles.

“Algunos tienen una habitación libre que pueden preparar, y otros solo algún hueco donde tirar sacos de dormir y pasar la noche a cubierto. Pero creo que la espera tan larga para volver a recibir a un Papa también despierta en la gente ese sentido de la generosidad”, reflexiona. De hecho, existe un cronograma que marcará el paso para que, en los próximos días, puedan tener seleccionados los espacios que se asignarán a cada peregrino. Previamente, las personas interesadas en pernoctar gratuitamente en la ciudad con motivo de recibir al Papa deberán enviar antes solicitudes a la Archidiócesis, que valorará cada caso en función del número de alojamientos que finalmente reúnan.

Hasta este 30 de marzo está abierto el plazo para que las parroquias o entidades religiosas que deseen participar puedan registrarse en una lista. Desde el pasado 17 de marzo es posible inscribirse como voluntario para ofrecer un alojamiento de acogida; y desde el 24 también pueden hacerlo quienes puedan colaborar en otras tareas para la organización.

El 6 de abril, recién concluida la Semana Santa –que se conmemora entre este domingo y el siguiente–, la idea es que ya puedan abrirse las solicitudes para asistir a las celebraciones donde participe León XIV o solicitar una casa de acogida como peregrino. Este término, peregrino, se ha usado tradicionalmente para referirse a un viaje a pie hacia lugares que se consideran sagrados por alguna razón religiosa, como ocurre en el Camino de Santiago y la catedral donde yace el apóstol con el mismo nombre. Sin embargo, en este caso aglutina a todos los que lleguen para participar en la visita sea por tierra, mar o aire.

Se espera que la mayoría provenga de otras zonas de España, aunque el párroco Ángel Luis también espera que acudan miembros de las diócesis vecinas de Francia o Portugal. Sobre el calendario exacto de eventos, aún no tienen nada claro. “Todavía tienen que confirmarlo desde Roma, pero nosotros ya hemos enviado una lista con propuestas y el propio León XIV también ha indicado algunas preferencias para la visita”, destaca, mencionando entre las ofertas que hace el Arzobispado madrileño varios encuentros con la sociedad eclesiástica y civil, jóvenes cristianos de la ciudad, asistir a centros de Cáritas y organizaciones que colaboran con la Iglesia y conocer a usuarios vulnerables, o incluso una reunión con personalidades de la cultura y el arte en Madrid.

Uno de los grandes logros para ellos, de conseguirlo, es lograr que el Papa presida la misa del Corpus Christi, una festividad católica que coincide con el viaje. Asimismo, Ángel Luis añade que otras instituciones además de la Iglesia han enviado sus propuestas; entre ellas el Congreso y el Senado, dos instituciones que conforman las Cortes Generales del Parlamento en España y han pedido a León XIV que visite y lance un discurso desde sus instalaciones. Entre las peticiones que hizo el propio Robert Prevost, nombre de pila del Papa, habla de una: presentar una ofrenda a la Virgen de la Almudena, la patrona de la archidiócesis. “El Papa no ha venido a hacer turismo, sino a encontrarse con los más necesitados y conocer la realidad de nuestra sociedad”, concluye el párroco, con un largo camino por delante hasta la fecha prometida.

“Tengo experiencia de eso, como sacerdote: chicas y chicos de 13 o 14 años que me han provocado. Ten en cuenta que hace unos años la edad de la libertad sexual era 14 años”. Quien habla es el exobispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, fallecido el pasado 25 de noviembre y jubilado meses antes, después de que se destapara un caso de abusos en su diócesis, y se conociera que el prelado (cuya tumba podría visitar León XIV en su próximo viaje a España) había ocultado los hechos. Quien lo escucha, y lo graba, es Ciro Molina, víctima de la pederastia clerical, y que ha llevado la grabación a Fiscalía para intentar retomar un caso que fue cerrado tras el fallecimiento del prelado.

La grabación, a la que han tenido acceso El País, La Ser y Religión Digital, data del 19 de julio de 2024, y demuestra cómo, pese a saber de la denuncia hace años, el obispo decidió mirar hacia otro lado. Él mismo lo admite ante la víctima, aunque no pide perdón, sino que la justifica en la ‘provocación’ de los menores, y en la homosexualidad del clero. “El 80% de los que han abusado de menores son homosexuales”, aduce Álvarez. Molina le responde. “Pero Bernardo, un homosexual se acuesta con uno de su edad o por lo menos con alguien que no sea menor. El que abusa de un niño no es porque sea homosexual. El que abusa de un niño lo hace porque tiene una patología”.

El superviviente, que sufrió violencia sexual siendo niño por parte del entonces párroco de Tejina, Carmelo Hernández, ha pedido formalmente a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que abra diligencias de investigación, que escuche la grabación en la que el difunto obispo se refiere a los hechos denunciados y que le brinde asesoramiento y amparo.

El escrito supone un salto cualitativo. Ciro no solo recuerda los abusos sufridos en su temprana edad y las denuncias canónicas presentadas, sino que aporta como elemento central una grabación de la reunión que mantuvo con monseñor Álvarez. En la misma, el prelado llega a señalar la responsabilidad de obispos anteriores.

En su petición, Ciro pide a la Fiscalía que escuche el audio, abra diligencias de investigación, valore los hechos, le asesore y defienda en el marco del proceso. La Fiscalía ya ha acusado recibo del escrito, lo que abre la puerta a una posible investigación penal sobre unos hechos que, aunque en principio podrían estar prescritos, adquieren relevancia en el contexto de la revisión general del tratamiento judicial de los abusos sexuales a menores y de las responsabilidades institucionales derivadas.

Paralelamente a la labor de denuncia pública, Ciro decidió llevar su caso a Roma, remitiendo la documentación y la grabación a la comisión pontificia Tutela Minorum, organismo vaticano encargado de la protección de menores y del seguimiento de los abusos del clero, del que el denunciante espera respuesta.

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La Iglesia católica avala éticamente los trasplantes de órganos de animales a humanos para salvar a pacientes en listas de espera, según el documento “Perspectivas sobre el xenotrasplante” hecho público hoy por la Academia para la Vida, y presentado en rueda de prensa en el Vaticano. Además, avala la investigación científica llevada a cabo en personas con muerte cerebral.

En texto, de 90 páginas, revisa los antiguos postulados católicos sobre la materia, que databan de 2001, para ofrecer nuevas respuestas ante los recientes avances en ingeniería genética, especialmente los relacionados con los ensayos clínicos con órganos provenientes del cerdo. Así, el documento vaticano declara que “la teología católica no presenta impedimentos, de carácter religioso o ritual, para el uso de ningún animal como fuente de órganos, tejidos o células para trasplante en seres humanos”.

“El sacrificio de animales –añade el texto– solo se justifica si es necesario para lograr un beneficio importante para los seres humanos, como es el caso del xenotrasplante en humanos, incluso cuando esto implica experimentos con animales y/o su modificación genética”.

Con todo, la institución dependiente de la Santa Sede subraya la responsabilidad de la humanidad en el cuidado de la creación, exigiendo que la modificación del genoma animal evite el sufrimiento innecesario y respete la biodiversidad.“ La intervención humana en la naturaleza debe ser intencional, proporcionada y sostenible”, destaca la Academia Pontificia para la Vida.

En el documento, el Vaticano examina las variables éticas sobre la creación de híbridos entre especies, asegurando que la identidad genética y biológica fundamental del paciente receptor no se vea alterada de ninguna manera por el procedimiento.

La reflexión teológica subraya que el uso de cerdos genéticamente modificados se justifica por el imperativo de salvar vidas y no amenaza la identidad biológica o espiritual del receptor, pero requiere el cumplimiento de condiciones éticas, como garantizar que los costos de estos ensayos experimentales no comprometan la equidad en la asignación de recursos sanitarios.

El dictamen de la Academia para la Vida reconoce también la “legitimidad” de la investigación científica llevada a cabo en personas con muerte cerebral, una etapa en la que, desde una perspectiva católica, “no existe objeción alguna a la realización de estudios en individuos fallecidos como paso previo a los ensayos clínicos”. Sin embargo, sí ve necesaria una mayor reflexión ética y cultural sobre este modelo.

El estudio, encargado a un grupo de trabajo internacional, advierte de la necesidad de un “consentimiento informado” riguroso, haciendo hincapié en que el paciente debe ser consciente del riesgo de transmisión de infecciones animales y del seguimiento médico obligatorio de por vida después de la cirugía.

Junto a ello, el documento analiza otros temas, desde la clonación al control de las barreras inmunológicas, pasando por los riesgos de infección, hasta la responsabilidad antropológica de la humanidad hacia la creación.

“Concluimos este documento con la sincera esperanza de que el esfuerzo dedicado a este estudio por quienes participaron en él –científicos, médicos, juristas, teólogos y bioeticistas– represente una contribución concreta al debate sobre el importante tema del xenotrasplante”, finaliza la Academia Pontificia para la Vida.

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La lluita per la integració de les dones dins de la Confraria de la Puríssima Sang del nostre Senyor Jesucrist de Sagunt se sent “desemparada” per l’arquebisbe de València, Enrique Benavent. Segons explica Blanca Ribelles, integrant de l’Assemblea de Dones per una Setmana Santa Inclusiva, després d’una nova votació en què els confrares han tornat a rebutjar la igualtat dins de la institució i que, a conseqüència d’això, el Govern haja anunciat que inicia els tràmits per a revocar la declaració de festa d’interés turístic nacional, “l’Arquebisbat encara no ha dit res i s’hauria de pronunciar; a Sevilla va ser l’Arquebisbat qui va pressionar, perquè la Setmana Santa és una celebració catòlica”.

Aquesta reclamació de l’Assemblea es recolza en precedents en què la jerarquia eclesiàstica sí que va intervindre per a posar fi a la discriminació per sexe. El cas més emblemàtic és el de Sevilla el 2011, quan l’arquebisbe Juan José Asenjo va promulgar un decret de compliment obligat que imposava la igualtat plena de drets en totes les confraries de l’arxidiòcesi. De manera similar, el 2017 a Zamora, el bisbat va haver d’intervindre d’ofici per a forçar l’entrada de dones en la Congregació de la Passió després d’anys de negatives internes en les urnes. Altres ciutats com Valladolid o Còrdova també han vist com les seues autoritats eclesiàstiques modificaven o unificaven els estatuts de les confraries més conservadores per a garantir que la condició de batejat prevalguera sobre el gènere.

Malgrat aquests antecedents i la gravetat de la situació a Sagunt, l’Arquebisbat de València no ha volgut fer cap mena de valoració sobre la polèmica fins al moment.

Responsabilitat dels confrares i via judicial

Ribelles ha manifestat que sent “llàstima” tant per la votació dels confrares que han tombat la iniciativa com per l’anunci de la pèrdua del títol turístic de la festa. “Però és responsabilitat seua, perquè no compleixen els requisits legals; no era el nostre objectiu, nosaltres l’única cosa que hem buscat és la integració”, ha assenyalat. Davant aquesta situació, la precipitació dels fets en dos dies consecutius i el fort protagonisme mediàtic, Blanca Ribelles ha afirmat que “ara hem de descansar i reflexionar sobre la fase següent de la nostra lluita, que jo entenc que exigeix anar als tribunals per a reivindicar la igualtat”.

No obstant això, els antecedents no preveuen una confiança completa amb l’assoliment d’aquesta reivindicació. Això és perquè el 2022 el Tribunal Suprem (TS) va estimar un recurs de la Confraria de l’Esclavitud del Santíssim Crist de La Laguna (Tenerife) contra la sentència que anul·lava una disposició dels seus estatuts en què s’excloïa les dones de participar en aquesta organització religiosa.

Sobre el suport social i polític al moviment a Sagunt, Ribelles explica que “la gent està dividida, hi ha de tot tant entre els homes com entre les dones”. Així mateix, ha subratllat que no faran cap mena de protesta en els actes destacats de la Passió: “Nosaltres respectem molt la Setmana Santa, no la volem boicotejar”. D’altra banda, també ha assenyalat que “l’Ajuntament no diu res com a institució”, no obstant això, sí que recorda que molts polítics els han donat suport individualment, entre ells el mateix alcalde de Sagunt, Darío Moreno (PSPV), encara que assegura que tenen un suport “transversal” de totes les ideologies i que no volen polititzar la lluita.

La Iglesia española no informó a la Santa Sede de su decisión de bloquear la firma del convenio regulador que permitirá las indemnizaciones a las víctimas de abusos, un rechazo que provocó que no estuviera suscrito antes del encuentro del Papa con los Reyes de España. Según han explicado a elDiario.es fuentes conocedoras del evento, el secretario de Estado, Pietro Parolin, aseguró “desconocer” que el acuerdo no se había rubricado, durante un encuentro mantenido en Roma con la delegación española. Varios obispos fueron informados de esta situación, tal y como ha podido confirmar este periódico.

La cuestión de los abusos, y la respuesta de la Iglesia a las víctimas, ha sido uno de los caballos de batalla de las relaciones Iglesia-Estado en los últimos meses, y fuente también de “incomprensiones” entre parte de la Iglesia española y la diplomacia de la Santa Sede. De hecho, y pese a que la Conferencia Episcopal Española (CEE) niega haber sido “forzada” por el Vaticano a llegar a un acuerdo para que las víctimas tuvieran voz, y voto, en la resolución de sus indemnizaciones, lo cierto es que, tal y como adelantó elDiario.es, la presión de Secretaría de Estado hizo posible que, el pasado 8 de enero, los obispos firmaran junto al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, un acuerdo que dotaría al Defensor del Pueblo de un mecanismo que, en caso de desacuerdo, podría arbitrar baremos de indemnizaciones que habrían de ser aceptadas por todas las partes.

En aquel momento, y tras la firma, Bolaños agradeció “al Vaticano su impulso imprescindible”, destacando el papel del cardenal Parolin, quien “ha impulsado la existencia de este acuerdo”. “Quiero agradecer a los dos papas y al cardenal Parolin su esfuerzo y trabajo (…). En los momentos de dificultad máxima, el Vaticano ha tomado partido”, añadió el ministro. Al día siguiente, 9 de enero, y tras una reunión con Secretaría de Estado, el cardenal Cobo anunciaba que León XIV visitaría España del 6 al 12 de junio.

De hecho, se esperaba que el itinerario definitivo de la visita papal, que ha de detallar la Santa Sede, hubiera sido publicado antes del encuentro de los Reyes con el Papa del pasado viernes, lo que no se produjo. La propia CEE organizó un briefing el pasado martes con medios de todo el mundo, donde se filtró la visita de León XIV a Montserrat, que no estaba anunciada en principio, así como otros detalles. El descontento de la Santa Sede podría llevar a que no se publicara el íter definitivo hasta después de Semana Santa.

Pese a los desacuerdos, todas las partes coinciden en que apenas restan “flecos” para la firma del convenio. El principal no es meramente el económico, sino la posibilidad de que las víctimas que ya han acudido al proceso de indemnización auspiciado por la Iglesia (el Plan PRIVA), y no estuvieran satisfechas, pudieran recurrir al modelo liderado por el Defensor del Pueblo, en una suerte de 'segunda instancia' jurídica para los casos no prescritos, algo a lo que, por el momento, se oponen los obispos.

Esta petición, una 'línea roja' para las asociaciones de víctimas, es lo que por el momento bloquea un acuerdo para cuya firma definitiva aún no hay fecha. Y, al menos oficialmente, no hay previstas reuniones esta semana, lo que impediría que el sistema pudiera implementarse antes de mediados de abril. La próxima semana es Semana Santa, y la siguiente, la de Pascua, es tradicionalmente una semana de 'vacaciones' para la Iglesia. Conscientes de ellos, las asociaciones de víctimas, reunidas este fin de semana online, acordaron, por unanimidad, ejercer presiones para tratar de arrancar de Iglesia y Gobierno el compromiso de una firma que no se dilate.

Las víctimas han asegurado a elDiario.es que “habrá movilizaciones si no se firma el acuerdo esta semana, o si por lo menos no se anuncia la firma esta semana”. De hecho, si esto no se produce, las asociaciones de víctimas han anunciado concentraciones de protesta ante las sedes de la Conferencia Episcopal española y la Nunciatura Apostólica. Algunas asociaciones, incluso, han instado al Papa a suspender su visita a España, al tiempo que exigen al Gobierno que apruebe sin demora el acuerdo, o que lo implemente “unilateralmente”.

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La lucha por la integración de las mujeres dentro de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo de Sagunt se siente “desamparada” por el arzobispo de València, Enrique Benavent. Según explica Blanca Ribelles, integrante de la Asamblea de Mujeres por una Semana Santa Inclusiva, tras una nueva votación en la que los cofrades han vuelto a rechazar la igualdad dentro de la institución y que, a consecuencia de ello, el Gobierno haya anunciado que inicia los trámites para revocar la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, “el Arzobispado todavía no ha dicho nada y se debería de pronunciar; en Sevilla fue el Arzobispado quien presionó porque la Semana Santa es una celebración católica”.

Esta reclamación de la Asamblea se apoya en precedentes donde la jerarquía eclesiástica sí intervino para poner fin a la discriminación por sexo. El caso más emblemático es el de Sevilla en 2011, cuando el arzobispo Juan José Asenjo promulgó un decreto de obligado cumplimiento que imponía la igualdad plena de derechos en todas las hermandades de la archidiócesis. De forma similar, en 2017 en Zamora, el obispado tuvo que intervenir de oficio para forzar la entrada de mujeres en la Congregación de la Pasión tras años de negativas internas en las urnas. Otras ciudades como Valladolid o Córdoba también han visto cómo sus autoridades eclesiásticas modificaban o unificaban los estatutos de las cofradías más conservadoras para garantizar que la condición de bautizado prevaleciera sobre el género.

Pese a estos antecedentes y la gravedad de la situación en Sagunt, el Arzobispado de València no ha querido hacer ningún tipo de valoración sobre la polémica hasta el momento.

Responsabilidad de los cofrades y vía judicial

Ribelles ha manifestado que siente “lástima” tanto por la votación de los cofrades que han tumbado la iniciativa como por el anuncio de la pérdida del título turístico de la fiesta. “Pero es responsabilidad suya, porque no están cumpliendo con los requisitos legales; no era nuestro objetivo, nosotros lo único que hemos buscado es la integración”, ha señalado. Ante esta situación, la precipitación de los hecho en dos días consecutivos y el fuerte protagonismo mediático, Blanca Ribelles ha afirmado que “ahora tenemos que descansar y reflexionar sobre la siguiente fase de nuestra lucha, que yo entiendo que pasa por ir a los tribunales para reivindicar la igualdad”.

No obstante los antecedentes no prevén una confianza completa con la consecución de esta reivindicación. Y es que en 2022 el Tribunal Supremo (TS) estimó un recurso de la Hermandad de la Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna (Tenerife) contra la sentencia que anulaba una disposición de sus estatutos en la que se excluía a las mujeres de participar en esa organización religiosa.

Sobre el apoyo social y político al movimiento en Sagunt, Ribelles explica que “la gente está dividida, hay de todo tanto entre los hombres como entre las mujeres”. Asimismo, ha subrayado que no van a realizar ningún tipo de protesta en los actos destacados de la Pasión: “Nosotros respetamos mucho la Semana Santa, no la queremos boicotear”. Por otro lado, también ha señalado que “el Ayuntamiento no dice nada como institución”, no obstante, sí recuerda que muchos políticos les han dado apoyo a nivel individual, entre ellos el propio alcalde de Sagunt, Darío Moreno (PSPV), aunque asegura que tienen un apoyo “transversal” de todas las ideologías y que no quieren politizar la lucha.

El Plan de Acción (2026-2029) del Gobierno vasco para gestionar la diversidad religiosa desde una “laicidad cooperativa” estará operativo esta primavera tras su aprobación en las “próximas semanas” en Consejo de Gobierno y recogerá 15 líneas de actuación a través de un Consejo Interreligioso que estará formado por ocho religiones: católica, budista, islam, evangélica, ortodoxa rumana, bahá’í, jesucristo de los santos de los últimos días y testigos de jehová. Así lo ha anunciado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa este lunes en una rueda de prensa en la que ha detallado que si bien la mayoría de la población vasca no cuenta con ninguna religión, un 42% de la población sí declara tener creencias religiosas. De ellas, un 34% cuenta con religión católica, el 4% musulmana, el 1,1% evangélica y el 1% ortodoxa.

“Ante esta fotografía actual, abogamos por un modelo de laicidad cooperativa, en el que la no confesionalidad se combina con formas de reconocimiento institucional y de colaboración con las confesiones. Desde esta perspectiva, la gestión pública de la diversidad religiosa se estructura en un marco que reconoce las comunidades religiosas como interlocutoras legítimas y contempla mecanismos estables de relación institucional. De esta interlocución nacen convenios de colaboración con comunidades religiosas asistencias técnicas en procesos urbanísticos o administrativos, cesión o uso compartido de espacios públicos, participación de representantes religiosos en órganos consultivos y desarrollo de guías o protocolos…”, ha detallado Melgosa.

En este sentido, ha adelantado que el Plan de Acción (2026-2029), del que no ha especificado su partida presupuestaria, cuenta con incluir peticiones y necesidades de los representantes de cada una de las religiones que forman parte del Consejo Interreligioso en cuestiones como el ámbito funerario, la ordenación urbanística de los centros de culto, el calendario de festividades o la creación de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos, entre otros.

“En cuanto al calendario de festividades, vamos a comenzar por significar estos días que son importantes por garantizar que se puedan celebrar y luego veremos con el tiempo que otros pasos hay que dar. No estamos diciendo que vayamos a cambiar el calendario, pero vamos a empezar a trabajar para ver cómo es esta diversidad religiosa, como por ejemplo, que la semana pasada fue el Ramadán. Vamos a trabajar en un contexto de coherencia y convivencia de unos con otros”, ha destacado Melgosa.

Preguntada por los lugares de culto y menús adaptados en centros públicos, como pueden ser los colegios u hospitales, ha detallado que las comunidades de diferentes sensibilidades religiosas han manifestado que “les gustaría contar con un espacio multiconfesional para que en el momento que consideren puedan realizar sus rezos de manera digna” y que los menús es algo que “se hace desde hace tiempo a petición de los propios padres y madres, así como de la comunidad educativa”. “Es un tema de convivencia y coherencia. Estamos hablando de una sociedad moderna como es Euskadi, con una multitud multirreligiosa y de un pluralismo democrático”, ha apuntado la consejera.

Entre las peticiones de las comunidades religiosas, desde el Gobierno vasco han hecho hincapié en impulsar una planificación autonómica en materia funeraria. “Lo que piden es poder enterrar dignamente a las personas conforme a su rito religioso y que no tengan que estar obligados a tener que repatriar el cuerpo para así cumplir con su rito. Piden que se pueda garantizar en todo el territorio que esos entierros dignos se lleven a cabo”, ha detallado, Melgosa tras explicar que muchas de las personas que viven con religiones diferentes a la católica piden también “poder enseñar su religión y aportar a la sociedad vasca”.

Desde el Gobierno vasco han adelantado algunas de las acciones del plan para los próximos cuatro años: impulsar una planificación autonómica en materia funeraria que permita abordar, con una visión de conjunto del territorio, cuestiones vinculadas a cementerios, servicios funerarios, emplazamientos y sanidad mortuoria, con el fin de garantizar el ejercicio de la libertad religiosa y la atención a la diversidad de prácticas y ritos de las distintas confesiones presentes en Euskadi; aprobar una norma específica que articule tanto la ordenación urbanística de los centros de culto como su encaje en el régimen de actividades clasificadas, los requisitos técnicos y materiales mínimos de funcionamiento, la fijación de un plazo de adaptación para los centros ya existentes y la relación competencial entre Gobierno vasco y ayuntamientos; disponer del calendario de festividades de cada una de las confesiones implantadas en el Euskadi; elaborar un plan para atajar los estereotipos y prejuicios existentes sobre las confesiones minoritarias en particular y la diversidad religiosa en general; impulsar acciones de diálogo interreligioso, en colaboración con los municipios que presenten una realidad de diversidad religiosa significativa, para facilitar que las comunidades religiosas muestren su vida y actividad en el espacio urbano; incorporar criterios de igualdad entre mujeres y hombres en la relación del Gobierno vasco con las entidades religiosas, especialmente en los procesos de subvención y en los espacios de representación institucional y, por último, garantizar la oferta de menús adaptados a las reglas alimentarias religiosas en centros públicos: centros de acogida, hospitales, centros residenciales, comedores sociales/centros de Atención diurna y centros penitenciarios.

El Consejo Interreligioso Vasco es un órgano consultivo creado en la ley de centros de culto y diversidad religiosa promulgada en 2023 por el Parlamento Vasco. En la Cámara, la propuesta solamente tuvo el respaldo de las fuerzas del Gobierno, PNV y PSE-EE, ya que concitó el rechazo de toda la oposición: EH Bildu, Podemos e IU en la izquierda y PP, Vox y Ciudadanos en la derecha.

Se trata de un órgano de carácter consultivo, que se concibe como un espacio estable de diálogo y colaboración entre las instituciones vascas (Gobierno vasco, diputaciones forales y ayuntamientos) y las diferentes confesiones religiosas presentes en Euskadi, en este caso las ocho citadas previamente, aunque también podrán formar parte otras religiones más minoritarias y entidades que promuevan el diálogo interreligioso. Además, permitirá dotar de una estructura estable a la interlocución institucional en aquellas iniciativas o decisiones que puedan afectar al ejercicio de la libertad religiosa y de culto, proporcionando un marco formal para el asesoramiento técnico y la participación en el diseño de políticas públicas relacionadas con la diversidad religiosa.

La Cofradía de la Purísima Sangre de Sagunt (València) ha vuelto a ser escenario de una decisión que fractura la opinión pública local y pone en jaque el estatus oficial de sus celebraciones. En una junta general extraordinaria marcada por la expectación, los cofrades han votado mayoritariamente en contra de la modificación de sus estatutos (267 'no' y 114 'sí'), impidiendo una vez más que las mujeres puedan participar en las procesiones en igualdad de condiciones que los hombres.

El principal argumento esgrimido por el sector que ha bloqueado el cambio es la preservación de una tradición que atesora más de 500 años de historia. Fundada en 1492, la Cofradía de la Sangre es una de las instituciones más antiguas de la Comunidad Valenciana, y sus defensores sostienen que la esencia de la fiesta reside en mantener intactos los usos y costumbres centenarios. Para este sector, la exclusividad masculina no es una forma de discriminación, sino un rasgo identitario de una hermandad que ha sobrevivido cinco siglos sin alterar su estructura interna.

El colectivo Semana Santa Inclusiva reivindica en Sagunt durante las últimas ediciones cambiar los estatutos de la cofradía para que en vez permitir el ingreso de todos los “varones”, que fueran todas las “personas” católicas –las bautizadas–, sin distinción entre hombres y mujeres.

Sin embargo, este nuevo “no” no es un hecho aislado, sino la reiteración de una postura que ya se manifestó en consultas anteriores, como la ocurrida en abril de 2022. A pesar de los intentos de apertura por parte de algunos sectores de la propia cofradía y de la creciente demanda social en Sagunt, la votación ha arrojado un resultado negativo que cierra, de nuevo, las puertas de la Mayoralía a las mujeres.

Consecuencias administrativas: ¿el fin de un título?

A diferencia de ocasiones previas, este inmovilismo conlleva ahora un riesgo administrativo sin precedentes. La persistencia en el veto por razón de sexo ha situado a la Semana Santa de Sagunt bajo la lupa del Gobierno de España. El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mantiene abierta una investigación para dirimir si estas prácticas vulneran de forma flagrante la Ley de Igualdad.

La consecuencia más grave sobre la mesa es la retirada del título de Fiesta de Interés Turístico Nacional. Al ser una distinción otorgada por el Estado, el incumplimiento de los valores constitucionales y de igualdad de género es motivo suficiente para revocar el reconocimiento. Perder este sello supondría un golpe histórico no solo al orgullo de la fiesta, sino a su capacidad de promoción internacional y acceso a fondos públicos.

Desde el gobierno local no han realizado declaraciones, pero sí han trasladado su preocupación por la posibilidad de que el ministerio revoque la declaración de Interés Turístico Nacional a una fiesta con gran arraigo en el municipio debido al incumplimiento del criterio de participación ciudadana.

Desde hace unos días, el Arzobispado de Madrid trabaja en unas obras para abrir un aparcamiento al inicio de la cuesta de Segovia, a la entrada del centro histórico. Lo hace gracias a que el Ayuntamiento le ha concedido permiso para colocar allí 23 plazas de parking en una parcela que llevaba décadas abandonada por una operación inmobiliaria que nunca se llevó a cabo.

El proyecto, al que ha tenido acceso Somos Madrid, incluye dedicar 468,92 metros cuadrados a un aparcamiento de superficie, con entrada desde la calle de Segovia, y destinar otros 530,50 m2 a un jardín privado situado justo debajo, en un nivel inferior.

La licencia fue concedida en septiembre del año pasado, después de un informe favorable de la Comisión Local de Patrimonio Histórico y de la Agencia de Actividades, que depende del área de Urbanismo. La única restricción que puso fue que la zona más cercana a la ronda de Segovia tuviera “una suave pendiente para que se adapte lo más posible a la del terreno natural”.

El Arzobispado se encuentra ahora excavando los terrenos y preparándolos para colocar una losa horizontal que soportará el aparcamiento. El pavimento será permeable, tipo pavicesped. Todo estará rodeado de muros de hormigón armado, que enlazarán con las instalaciones de la contigua parroquia de Santa María de la Cabeza.

En cuanto a los jardines, contarán con tres parterres, dos de ellos con adelfas y lavandas y el otro de grava grande de color blanco, sin plantas. El pavimento será de terrizo tipo albero.

La parcela ahora en obras formó parte en su día de un gran proyecto urbanístico que intentó la Iglesia hace más dos décadas, para intentar construir un Minivaticano en la Cornisa de Madrid, como se conoce esta zona. La operación fue descartada por el Ayuntamiento -entonces con Ruiz Gallardón como alcalde- después de intensas protestas vecinales y de sentencias judiciales en su contra.

Desde entonces, la parcela había permanecido sin uso. Hasta que durante el Gobierno de Manuela Carmena el Ayuntamiento propuso que se construyera allí una instalación deportiva temporal -un campo de fútbol 11- hasta que hubiera otra alternativa. El Arzobispado se negó en rotundo, informan fuentes de Más Madrid.

“La respuesta nos dejó en shock, una negativa rotunda. O le aprobábamos lo que querían o no había parcela”, explica José Luis Nieto, concejal de la formación ahora en la oposición. “Con Almeida ¡la banca siempre gana!, en este caso es la Iglesia. Hasta que el Arzobispado no ha conseguido su aparcamiento y su jardincito no ha parado”, se queja ahora.

Nieto destaca que la parcela se ha mantenido “en un estado lamentable hasta que Almeida le ha aprobado una nueva ordenación favorable a sus intereses: un aparcamiento y un jardín que lo disimula desde la calle y que, por supuesto, no será de uso público”. Y lamenta que el alcalde se haya “plegado, finalmente, a sus intereses. Nos están robando Madrid y siempre son los mismos”.

El Papa León XIV visitará el santuario de Montserrat en la mañana del 10 de junio. O, al menos, eso confirmó este mediodía el coordinador del equipo de Comunicación del viaje del Papa a España, Rafael Rubio, durante un masivo (y confuso) encuentro con más de un centenar de periodistas en la sede de la Conferencia Episcopal. Una confirmación que más bien supuso una filtración, pues como el mismo Rubio admitió la Santa Sede “todavía no ha confirmado” el itinerario oficial del primer viaje del Papa a España en 15 años. “Asumo mi error, pensaba que ya estaba confirmado”, dijo después, visiblemente azorado.

“Vamos a rebajar un poco las expectativas”, apuntó Rubio al comprobar cómo la sala de prensa de la CEE estaba repleta. Periodistas de medio mundo esperaban recibir todos los detalles del viaje de León XIV a nuestro país, algo que no podía producirse, pues hasta que la Santa Sede no publique el itinerario del viaje, todo está sujeto a cambios. Se espera que el anuncio oficial se dé esta semana, antes de que el Papa reciba a los reyes este viernes.

De hecho, y tras varias filtraciones conocidas en los últimos días, el Vaticano había trasladado su malestar, pidiendo expresamente que no se dieran más datos de los esenciales. Ya hubo algún problema cuando sí se hizo oficial el viaje (no el itinerario), y la Conferencia Episcopal adelantó que León XIV hablaría en el Congreso de los Diputados el próximo 8 de junio, sin que mediara invitación formal por parte de la Cámara Baja.

Y es que, en principio, lo único que está confirmado de manera oficial es que León XIV vendrá a España del 6 al 12 de junio. En la comparecencia se dieron algunos detalles más. El primero, que el Papa llegará a Madrid por la mañana, y que se irá a Barcelona el 9 por la mañana. En la ciudad Condal, permanecerá hasta el 11 por la mañana, y en Las Palmas y Tenerife se hallará del 11 de junio al mediodía al 12 por la tarde.

“Habrá una misa el domingo, día del Corpus, y hace poco nos dijeron que el Papa no celebraría la misa del Corpus el jueves en Roma”, apuntó. Aunque no lo dijo, todo parece indicar que esa misa se celebrará en el entorno de Cibeles, pues habrá “al menos dos eucaristías masivas, en la calle”. Una, en Madrid. Otra en Tenerife, “en el Puerto de Santa Cruz”.

Al tiempo, habrá vigilias y encuentros tanto en Madrid como en Barcelona o Las Palmas, en lugares cerrados, “estadios de fútbol o de otro deporte, pero siempre cubiertos”. Al coordinador se le escapó que en Barcelona hay dos actos confirmados, “uno en la Sagrada Familia, y otro en Montserrat”. Hasta la fecha, no había confirmación oficial de Montserrat. Ahora, sí. Lo que no se ha descartado oficialmente es que el Papa pueda hacer una visita a El Hierro.

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Nuevo fallo de la Justicia europea en favor de los derechos laborales de personas que trabajan en organizaciones pertenecientes a confesiones religiosas. En esta ocasión, el Tribunal de Justicia de la UE ha emitido una sentencia condenando el despido a una trabajadora de una asociación de la Iglesia católica alemana que asesora a mujeres embarazadas, por el simple hecho de haber abandonado la Iglesia.

Dicha asociación (Katholische Schwangerschaftsberatung) exige a sus empleados que respeten las directrices católicas en su ámbito de trabajo. Esto es: que el asesoramiento a las mujeres embarazadas tenga como objetivo proteger la vida del no nacido, no la confesión religiosa de sus trabajadores. De hecho, la organización emplea a personas no católicas para la misma función.

“Si bien los órganos jurisdiccionales nacionales deben, en principio, abstenerse de apreciar la legitimidad de la propia ética de la iglesia o de la organización de que se trate, corresponde a esos órganos jurisdiccionales, y no a la iglesia o a la organización en cuestión, determinar si un requisito profesional es, por la naturaleza de las actividades de que se trate o por el contexto en que estas se desarrollen, esencial, legítimo y justificado respecto de esa ética”, señala el Tribunal en una nota de prensa, en la que no considera justificado el despido aduciendo “un incumplimiento grave de las obligaciones de lealtad”.

Y es que, en Alemania, ser católico (o protestante) incluye el abono del ‘impuesto eclesiástico’, al contrario que en España, donde la decisión de marcar o no la ‘X’ en la casilla de la Iglesia es una decisión voluntaria del contribuyente, pertenezca o no a la Iglesia. Esto supone, en opinión del tribunal, un agravio comparativo con otros empleados no católicos y que, por ello, no pagan dicho impuesto.

La ex empleada impugnó su despido y, ahora, el Tribunal Supremo de lo Laboral, estima que el despido constituye “una diferencia de trato directamente basada en la religión”, que no casa con las normas de la UE sobre igualdad de trato. Y es que los requisitos confesionales “no son esenciales, legítimos y justificados respecto de la ética de la citada organización”.

Al tiempo, como se demuestra en la sentencia, la empleada, pese a dejar la Iglesia, “no se distanció ni se desvió de los preceptos y de los valores fundamentales de la Iglesia Católica”. Esto es: no incumplió las normas de trabajo. El fallo, con todo, no obliga a la readmisión de la mujer, que ha de decidir el Tribunal Superior de lo Laboral de Alemania.

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El Ararteko, la Defensoría del Pueblo vasca, ha detallado en un informe la “falta de reconocimiento” que han sufrido una treintena de víctimas de abusos sexuales por parte del religioso Patxi Exkiaga Lasa entre los años 1976 y 2012 en el colegio La Salle de Donostia por parte del centro. Tras un proceso de acompañamiento, escucha e interlocución, el Ararteko explica que las víctimas solicitaban apoyo institucional para que el Ararteko, dentro de sus competencias, “les acompañara e impulsara un proceso para conseguir un reconocimiento público del daño causado, el compromiso de investigación de los hechos y la reparación, tanto personal como moral y colectiva”. Algo que no ha sido posible por la negativa del centro que “limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”.

El caso de las víctimas de Patxi Ezkiaga Lasa se hace público tras una investigación de El País en la que se relatan casos de abusos sexuales cometidos entre los años 1976 y 1996, si bien señalan que Patxi Ezkiaga Lasa permaneció en La Salle Donostia hasta 2012, por lo que las víctimas se muestran convencidas de que los abusos continuaron hasta dicha fecha. Se trata de niñas vinculadas a la actividad del colegio La Salle Donostia, alumnas en su mayoría, pero también participantes en el grupo de gimnasia rítmica y las excursiones al monte y campamentos organizados por el colegio. El Ararteko ha podido comprobar y así lo refleja en su informe, que “algunas de las víctimas sufrieron abusos sexuales graves durante años, cuyas consecuencias físicas y psicológicas y secuelas hoy en día, personales y familiares, son evidentes y precisan de atención inmediata especializada”.

Patxi Ezkiaga Lasa, quien además de docente tuvo responsabilidades directivas, “violentaba a las chicas delante de la clase, traspasando su espacio íntimo y personal”. “Sentaba a alumnas en su regazo frente al resto de alumnos. Durante la clase iba tocando desde la cintura hacia el pecho de las alumnas. Paseaba con una varita durante las clases entre los pupitres y cuando podía abría el escote de las alumnas con la misma. Aprovechaba las exposiciones de las alumnas en la pizarra para apoyar la mano en el hombro y acariciar la cara mientras tanto”, recoge el informe que sostiene que “todas las víctimas coinciden en señalar que cada año escolar tenía unas alumnas favoritas”.

Las víctimas relatan varios espacios donde se producían los abusos y tocamientos públicos y donde elegía a esas “alumnas favoritas: el club de escritura, donde ”los sábados Patxi Ezkiaga reunía a alumnas con interés en la literatura en euskera y sobre las que tenía mucha ascendencia como mentor y realizaba tocamientos frente a las otras alumnas sentadas todas en una gran mesa redonda“; las salidas al monte los fines de semana y especialmente los campamentos en Belagua (Izaba, Navarra), donde relatan que ”subía a dormir a alumnas a la parte superior de la borda con la excusa de protegerlas de los monitores chicos“ y también relatan varias víctimas que conocen que se daban abusos en las tiendas de campaña de las chicas. Además, los abusos se producían en las clases de gimnasia rítmica, a las que acudía con frecuencia, a pesar de no ser el profesor, ”para mirar y, en ocasiones, acercarse a las alumnas con la excusa de corregir sus posiciones y así poder realizar tocamientos“. ”En los casos más graves, se cita el despacho e, incluso su habitación en la parte superior del colegio. En este caso, la víctima relata que en el camino se cruzaba en los ascensores con otros religiosos y docentes que nunca impidieron que subiese a su habitación a una niña de entre 13 y 17 años“, indica el documento del Ararteko.

Las alumnas tenían códigos de protección entre ellas, como nunca acudir solas a su despacho o hacer siempre gimnasia con sudadera. Sin embargo, el religioso se intentaba ganar a los padres, siendo “muy afable en el trato y precedido del prestigio conferido a su figura conseguía que las familias le abrieran las puertas de sus casas”. Por último, algunas víctimas señalan que, cuando reunieron el valor para detener sus tocamientos, las sancionaba socialmente con su invisibilización, pero cesaba en sus intentos de abuso.

El 20 de noviembre de 2025, tras el proceso de interlocución con las víctimas, las personas interlocutoras del Ararteko presentaron a representantes de La Salle el acuerdo de propuestas elaborado por el grupo de víctimas. Este documento se planteaba como un primer paso para abrir un diálogo, ya fuera en torno a las medidas de reparación colectiva acordadas por las víctimas o a cualquier otra iniciativa que la congregación quisiera incorporar al proceso. Una semana más tarde, La Salle envió su respuesta. En ella, limitaba cualquier forma de reparación a la vía individual PRIVA [Plan de Reparación Integral a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica en España] y, en su caso, a las ayudas terapéuticas subvencionadas, “sin plantear medidas adicionales ni mostrarse dispuesta a debatir sobre las propuestas de reparación colectiva presentadas por las víctimas”, sostiene el informe.

“Esta respuesta suponía, en la práctica, la negativa de la institución a iniciar este proceso de diálogo con las víctimas, facilitado por el Ararteko, para trabajar de manera colaborativa el conjunto de demandas de reparación colectiva planteadas por las víctimas o cualquiera de las que decidieran abordar y la negativa a asumir este proceso restaurativo facilitado por el Ararteko con participación de las víctimas como colectivo, más allá de encuentros individuales, a los que sí se mostraban dispuestos”, aseveran. A juicio del Ararteko, estos encuentros individuales “no cumplían las condiciones avanzadas en el proceso colectivo de facilitación”, además, con su negativa, el centro se negaba a “abrir un debate público y compartido sobre las responsabilidades institucionales por las omisiones del pasado y sobre las garantías de no repetición en clave comunitaria”, detalla.

Para las víctimas, la negativa a las medidas de reparación colectiva supuso un “nuevo impacto doloroso”, al percibir que la reparación quedaba relegaba a una “lógica individual, sin abordar el daño colectivo ni la dimensión ética y social de lo sucedido”. “En opinión de las víctimas que han acudido al Ararteko, que se definen como 'víctimas incómodas' al no haberse conformado con los contactos que ha tenido la congregación con ellas ni con la petición de disculpas privadas que en algunos casos les han trasladado, la respuesta ha sido insuficiente. Esta actitud esquiva, esta inactividad les resulta especialmente dolorosa. Algunas víctimas, además, se han sentido especialmente dolidas tras su denuncia al ponerse en contacto el colegio o personas vinculadas al mismo con sus progenitores, generando un nuevo daño a los familiares y a ellas mismas y no tratando directamente con ellas como personas adultas”, sostienen desde el Ararteko.

El Ararteko ha lamentado en su escrito la imposibilidad de articular mecanismos de respuesta desde la justicia penal por el tiempo transcurrido, la falta de datos, la culpabilización de las víctimas, el miedo o la vergüenza a la hora de relatar lo sucedido. “Fruto de la escucha a estas víctimas, así como a otros testigos y acompañantes de las mismas, el Ararteko ha podido percibir la gravedad de los abusos sexuales cometidos por Patxi Ezkiaga Lasa contra una gran cantidad de víctimas durante, al menos, tres décadas y la gravedad de los daños individuales y colectivos que las mismas y, en ocasiones, sus familias, han sufrido solas y en silencio durante décadas como resultado de un ecosistema de impunidad en el Colegio La Salle Donostia y el conjunto de la sociedad vasca, cuyas consecuencias han llegado hasta nuestros días. Impunidad colectiva que sigue generando un daño enorme a las víctimas”, recoge el documento.

En este sentido, el Ararteko comparte “el profundo sentimiento de injusticia de las víctimas, familiares, acompañantes y amigos, agravado por el hecho de que, hasta el reportaje de El País, durante décadas nadie se interesó por las víctimas ni les preguntó cómo estaban. No obstante, al Ararteko le consta que actualmente algunos docentes del colegio La Salle Donostia están acompañando personalmente a las víctimas en este proceso de denuncia”. Por último, el Ararteko ha podido comprobar que los abusos sexuales sufridos y la impunidad de estos “siguen teniendo consecuencias muy graves en las víctimas, con manifestaciones en el ámbito laboral (largas bajas laborales desde que salen los reportajes en El País y se revive el trauma), tratamientos psicológicos y psiquiátricos, intentos de suicidio e incluso una vida de exilio fuera de Euskadi en el caso de algunas víctimas”, concluye el informe.

Tras la publicación del informe del Ararteko, La Salle ha difundido un comunicado para “reiterar con absoluta claridad” su “condena de los hechos ocurridos”. “Se trata de conductas inaceptables que provocaron un daño profundo y un sufrimiento injusto en las víctimas. Como institución educativa y como comunidad, nos sentimos profundamente consternados por lo sucedido y expresamos nuevamente nuestra cercanía, respeto y solidaridad con todas las personas que lo padecieron”, sostienen en el comunicado.

En su escrito, piden “perdón” a las víctimas, pero también hacen referencia a las víctimas que “han expresado su decepción o malestar” tras la negativa del centro a participar en el proceso guiado por el Ararteko, sin embargo, no hacen referencia clara a las medidas que tomarán de ahora en adelante. “Sabemos que ninguna palabra puede reparar plenamente el dolor causado, pero creemos que reconocer el daño y pedir perdón es un paso imprescindible de responsabilidad moral e institucional. Por ello, La Salle quiere reiterar su petición de perdón a todas las víctimas por el sufrimiento vivido y por no haber sabido, en aquel momento, prevenir o detectar lo ocurrido. Somos conscientes de que algunas víctimas han expresado decepción o malestar ante determinadas decisiones o procesos. Escuchamos esas reacciones con respeto y con atención. Precisamente por ello, La Salle está reflexionando con responsabilidad sobre cómo seguir avanzando para encontrar el mejor camino de encuentro con las víctimas, reforzando los espacios de diálogo y explorando las fórmulas que puedan contribuir de manera más adecuada al reconocimiento y a la reparación. Nuestra voluntad es clara: tender puentes, no cerrarlos; escuchar, no ignorar; y seguir buscando caminos de encuentro que permitan avanzar en el reconocimiento del dolor causado”, concluyen.