El Arzobispado solo usará 18 de los 80 patios de institutos que el Gobierno de Ayuso obligó a ceder para peregrinos

La Comunidad de Madrid ha dado marcha atrás a un polémico anuncio, apenas una semana después de hacerlo público. Su presidenta, Isabel Díaz Ayuso, acaba de retractarse de su oferta inicial al Arzobispado para acoger a peregrinos en edificios públicos durante la visita del Papa: de los 80 que se confirmaron el martes pasado, el Gobierno regional ha eliminado la mayor parte de la lista y rebajado la cifra hasta las 18 escuelas, en su mayoría institutos. Serán 15 centros de Secundaria y tres colegios.

Así lo haan confirmado fuentes de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades citadas por Europa Press, que también aludieron a las críticas recientes que emanaban, principalmente, de los propios centros. En las últimas semanas, algunos colegios o institutos de entre los seleccionados han alzado la voz y denunciado la “injusticia” que, como reiteraron las familias del IES Cardenal Cisneros –una escuela pública del centro– en un comunicado, suponía el tomar esa decisión sin someterla antes a votación en un Consejo Escolar, el órgano público que representa a la comunidad educativa y los responsables de cada centro.

Esta misma escuela catalogó lo ocurrido como un “abuso de poder”, y su rechazo quedó latente en los días previos a la visita de León XIV. Antes de eso, ya habían trascendido informaciones que señalaban otras quejas comunes, como la del colegio Mejico en Ciudad Lineal –donde el AMPA denunció la anulación de una actividad extraescolar para alojar a peregrinos en el gimnasio– e incluso algunos polideportivos de Arganzuela.

“Dada la laicidad, amparada por nuestra Constitución, de los centros educativos públicos, hay entornos más adecuados para alojar a los peregrinos. La misma Diócesis no ha obligado a los colegios católicos sino que ha hecho un llamamiento a la voluntariedad, al que sólo han respondido cinco colegios de los agustinos, que nos conste”, indicaron en un comunicado los usuarios del instituto Cardenal Cisneros, reprobando públicamente la noticia. “Es una orden impuesta, sin opción a negarse, frente a la voluntariedad de los centros católicos privados o concertados”, consideran, intuyendo una “obligación” implícita.

Las mismas fuentes de la Consejería de Educación mencionadas por la agencia de noticias respondieron, sobre la acusación de no haber pasado por un Consejo Escolar, que a aquellos centros que comunicaron alguna actividad programada e incompatible con las fechas para las que se quería disponer del espacio se les informó de que “podría hacerla con normalidad”, sin la obligación de participar en el dispositivo municipal. Algo que entra en conflicto, directamente, con la experiencia relatada a Somos Madrid desde el colegio de Ciudad Lineal.