El 30 de agosto de 2017, un grupo de activistas del ámbito del nacionalismo –entre los que se encontraba el actual diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego– ocuparon de forma simbólica el Pazo de Meirás para reclamar su devolución al pueblo gallego. La Fundación Francisco Franco, que en aquel momento gestionaba las visitas al recinto, y los herederos del dictador pidieron un total de 250 años de cárcel para los 19 de Meirás, como pasaron a ser conocidos. Al día siguiente de la movilización, la única hija del general, Carmen Franco, dirigió una carta a la Xunta para exigir mejoras en la seguridad ante el riesgo de “asalto” y “terrorismo”. Un documento que muestra cómo percibía la historia de un inmueble cuya propiedad legítima estaba a punto de empezar a disputarse en los tribunales.

La misiva –a la que ha tenido acceso elDiario.es– tenía como destinatario al secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, y arrancaba así: “Ante el allanamiento de morada y ocupación del Pazo de Meirás del 30 de Agosto del presente año, quiero manifestar que considero a la Xunta responsable subsidiaria de esta acción y de otras que pudieran acontecer en un futuro”.

“En el acuerdo inicial suscrito entre las partes”, continuaba, “se pactó que PROSEGUR organizase las visitas y se ampliase la cobertura del seguro del Pazo con los posibles daños que pudieran derivarse de las mismas”. Aquel acuerdo, firmado en febrero de 2011 y renovado un año después, supuso que la Xunta pagase un total de 44.200 euros (más IVA) para costear la vigilancia y el servicio de guía durante los cuatro días al mes en los que los Franco estaban obligados a abrir el pazo a las visitas por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). El gobierno bipartito PSdeG-BNG había declarado BIC el recinto en diciembre de 2008, pero la familia recurrió y no fue hasta 2010 cuando el Tribunal Supremo archivó sus demandas.

“He de recordarle que en su momento me opuse a la declaración BIC de la que fue la residencia de verano de mi padre mientras fue Jefe del Estado, dado que el interés cultural de las iniciales torres de Meirás dadas su antigüedad (finales del siglo XIX) y tamaño, era ridícula en comparación con otros pazos en Galicia, no declarados BIC, y muchos de ellos en un completo abandono”. El argumento de la hijísima coincidía casi punto por punto con el utilizado una década antes por Alberto Núñez Feijóo, quien debutaba como líder de la oposición tras suceder a Manuel Fraga al frente del PP gallego.

Feijóo se había puesto del lado de los Franco cuando impidieron la entrada de los técnicos de la Xunta en su residencia de verano, paso previo para su declaración como bien protegido, ya que, para él, Meirás no era un pazo, sino “una torre”. La entonces conselleira, la nacionalista Ánxela Bugallo, no ahorró el sarcasmo al saberlo y propuso contratar a Feijóo como técnico de patrimonio. El mismo Feijóo que, cuatro años después –y ya como presidente– pagaría los gastos derivados de la primera apertura del recinto seis meses después de que fuese considerado BIC.

El misterioso incendio de 1978

Pero volvamos a 2017 y a la carta, porque llega la parte en la que su autora dulcifica el expolio: “Mi madre compró terrenos adyacentes y muchos de los elementos que, tanto en el interior como en el exterior del pazo, conforman dicho conjunto. Y tras amueblarlo y decorarlo, una gran parte se perdió en el incendio que se produjo en el 1978, del que tenemos más que sospechas fue un acto de terrorismo”.

Como cualquier joyero de la época sabía, el concepto de “compra” de La Collares, como se conocía a la esposa de Franco, era realmente laxo. El portal España en Libertad del Ministerio de Memoria Democrática relata lo sucedido de una forma muy diferente. “Mediante técnicas represivas y coactivas se desposeyó a los legítimos propietarios de las fincas colindantes, de los derechos de explotación de estas y se efectuaron apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Algunas de esas piezas –como las esculturas de los profetas del Pórtico de la Gloria– han vuelto a su lugar de origen tras una larga lucha judicial. Otras, continúan esperando.

El incendio del 78 merece un capítulo aparte que, todavía hoy, invita a la fabulación. Los Franco insisten en la tesis del atentado, la explicación oficial habló de cortocircuito y los colectivos memorialistas creen que fue una operación diseñada para llevarse objetos de valor del Pazo antes de que la naciente democracia pusiese los pies en su interior, una urgencia que el tiempo demostraría injustificada.

Dos meses después del fuego –que estuvo precedido por el ir y venir de camiones militares–, Carmencita fue interceptada en Barajas, rumbo a Suiza, con dos kilos de oro y diamantes en monedas, broches y joyas en el bolso. Y poco después, un comprador anónimo adquiría en una subasta en Los Ángeles una versión de La marquesa de Santa Cruz, el cuadro de Goya que Franco quiso regalar a Hitler en su famoso encuentro en Hendaya, pero que trajo de vuelta. El comprador resultó ser el dictador filipino Ferdinand Marcos. Su esposa Imelda, asociada para la posteridad con la acumulación de zapatos, era una gran amiga de Carmen. Que La marquesa estuviese en Meirás y que se la llevasen aprovechando la confusión provocada por las llamas sigue siendo algo imposible de comprobar.

Teléfono estropeado

Sucediese lo que sucediese en aquel incendio, la reparación de sus daños sigue siendo uno de los motivos que los Franco esgrimen para reclamar una indemnización por renunciar a su residencia de verano. La duquesa lo reivindicaba así en 2017: “Dado el cariño que profeso al Pazo y a esta tierra, llevé a cabo su rehabilitación completa y nuevo acondicionamiento, labor que nunca se me ha reconocido, muy al contrario, ya que la Xunta ha venido dificultando, con cancelación unilateral del convenio, ampliaciones de visitas, recortes y multas, el disfrute del mismo”.

La cancelación del convenio remite a 2013, cuando el gobierno gallego dejó de pagar la gestión de las visitas. La ampliación, a que la enorme demanda llevase a ampliar en unas cuantas fechas los días de apertura; eso sí, respetando siempre el mes de agosto para no alterar “el disfrute del mismo”.

Con la multa, Carmen Franco se refiere a la sanción impuesta por la Consellería de Cultura tras el enésimo obstáculo de los herederos al acceso de público: el teléfono de reservas había dejado de funcionar desde febrero. En marzo, la hijísima culpó a la compañía por dar la línea de baja y facilitó un nuevo número. Pero el expediente ya estaba en marcha y concluyó con una multa de 4.500 euros sobre un máximo posible de 6.000.

Justo a continuación, la carta confirma algo que se había conocido semanas antes y que, de alguna manera, había detonado la ocupación simbólica y la indignación en buena parte de la sociedad gallega: “No dispongo de una infraestructura que me permita organizar aquello a lo que la declaración de BIC me obliga, por lo que he encomendado dichas tareas a la Fundación que lleva y defiende el legado de mi padre, que sí puede organizar y gestionar dichas visitas eficientemente”.

En febrero, el presidente de la Fundación Francisco Franco, Gonzalo Fernández de la Mora, había enviado una solicitud de entrevista personal a Núñez Feijóo. “La Fundación Nacional Francisco Franco, de común acuerdo con la Duquesa de Franco, está evaluando la posibilidad de dar al Pazo de Meirás un destino cultural. Por ello le proponemos mantener una reunión con Ud., en la fecha que mejor pudiera convenirle, para presentarle las líneas generales del proyecto, y recabar el posible apoyo de la Junta que Ud. preside para el mismo”.

No hay constancia de que existiese ese encuentro entre el presidente gallego y el hijo del que fue ministro franquista y uno de los fundadores de Alianza Popular, pero sí de que, unos meses despues, la fundación pasase a gestionar las visitas a Meirás. Lo hizo dándole esa pátina que ellos consideraban “cultural” pero que en realidad era una exaltación del “ideario fascista” –como denunció por unanimidad el pleno de la Deputación de A Coruña–, en la que no faltaban alusiones a un supuesto “genocidio de católicos” por parte de la República. Ante ese hecho “tan desafortunado”, Benito Portela, el alcalde de Sada –la localidad en la que se levanta el Pazo– solicitaba que se cediese al ayuntamiento la gestión de las visitas. Un mes después de su propuesta, los 19 de Meirás llevaban a cabo su acción.

“Revanchismo al amparo del dinero público”

“Al amparo de una interpretación obviamente falsa de la Ley de Memoria Histórica han proliferado una multitud de grupos revanchistas de izquierda al amparo del dinero público, ansiosos de titulares y protagonismos, que llevan meses anunciando a todos los vientos acciones ilegales contra mi propiedad del Pazo de Meirás”. Se acabaron los preámbulos y Carmen Franco, por fin, se soltaba el pelo. “Ante estos anuncios de violencia, la Xunta, que es responsable de la declaración de BIC, y por tanto, de las medidas de protección del valor histórico-cultural de dicho bien, no ha tomado medida alguna para prevenir la acción violenta de asalto y allanamiento de morada citada”. Mirando al futuro, se ponía catastrófica: “Esta acción, que obviamente no será la última ante la lenidad demostrada por la Xunta, hubiera podido ser evitada con facilidad si la Xunta hubiera cumplido con sus deberes legales, además de los más elementales criterios de prudencia, para la prevención de los delitos anunciados”.

Los últimos párrafos de la carta cumplen a la perfección el esquema clásico expongo/solicito, así que se cierra con las demandas: “Por la presente exijo que la Xunta tome las medidas pertinentes para que las exigencias unilaterales a las que me obliga en tanto que propietaria de un BIC no tengan las repercusiones de extrema gravedad que acaban de producirse, y que a todas luces se repetirán salvo que la Xunta tome las medidas mínimas de prevención”.

(Breve inciso, de nuevo para resaltar coincidencias: horas después de la protesta de los activistas, Fernández de la Mora volvió a solicitar una reunión personal a Feijóo, en los mismos términos que la anterior, para “transmitirle nuestra preocupación y estudiar las medidas a tomar para evitar futuros asaltos, que pudieran tener consecuencias irreparables”).

“El mínimo absoluto exigible, dados los antecedentes de asalto y terrorismo, es que la Xunta, en tanto que responsable de la declaración de bien de interés cultural del Pazo, que ha sufrido daños en el patrimonio histórico que lo integra, realice las gestiones conducentes a la identificación y depuración de responsabilidades de los asaltantes, y en su caso, se persone ejercitando las acciones penales y civiles derivadas de los hechos ocurridos el pasado 30 de agosto. Adicionalmente, exijo que la Xunta asegure los potenciales daños que pudieran generarse como consecuencia de las visitas a las que estoy obligada, y provea de forma inmediata un servicio de seguridad adecuado a la amenaza. Atentamente, Carmen Franco Polo. Duquesa de Franco”. Al pie, su firma y, también manuscríto, el número de su DNI.

Post-scriptum

Carmen Franco: la hija del dictador y autora de la carta falleció cuatro meses después de escribirla, el 29 de diciembre. Su muerte dejó sin efecto la multa de 4.500 euros que le impuso la Xunta por incumplir la apertura del Pazo.

Los 19 de Meirás: En diciembre de 2022, la Audiencia de A Coruña archivó la causa contra los activistas. Consideró que ni hubo allanamiento –pues la protesta fue en horario de visitas– ni tampoco delito de odio. Los encausados lo celebraron como “una victoria del pueblo gallego”.

Alberto Núñez Feijóo: En 2020 celebró como “un triunfo” la sentencia del juzgado de A Coruña que ordenaba a los Franco devolver el Pazo. Posteriormente, defendió un plan de usos para el recinto que evitase centrarse en los años de la dictadura, una idea que ha recogido su sucesor, Alfonso Rueda. Tras la sentencia del Supremo, Feijóo ha guardado un silencio absoluto sobre Meirás.

Benito Portela: desde la devolución inicial del Pazo a dominio público, es el Concello de Sada el que gestiona las visitas a Meirás, tal y como había solicitado a la Xunta cuando lo hacía la Fundación Francisco Franco. Portela, militante de Anova, continúa como alcalde al frente de la formación municipalista SadaMaioría.

Pazo de Meirás: El Tribunal Supremo confirmó en marzo que el recinto pertenece al Estado tras rechazar el último recurso de los Franco contra la sentencia inicial de 2020. Basándose en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, el fallo recoge que la familia ejerció la posesión de “buena fe”. Los herederos del dictador se apoyan en ese razonamiento para reclamar una indemnización que puede rondar el millón de euros y a la que se oponen tanto el Gobierno como la Xunta de Galicia. El coste de las obras de reforma tras el incendio de 1978 es, precisamente, uno de sus principales argumentos para exigir compensación económica.

Fundación Francisco Franco: Este martes, 14 de abril, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, firmó la resolución que pone fin al procedimiento administrativo para extinguirla y trasladó el expediente a la Justicia para que un juez o una jueza tomen la decisión final.

Entre los años 2011 y 2012, la Xunta de Galicia, bajo la presidencia de Alberto Núñez Feijóo, sufragó con 44.200 euros (sin IVA) los gastos de seguridad privada y del servicio de guías contratados para los cuatro días de cada mes en los que el Pazo de Meirás se abría al público, tal y como obligaba su condición de Bien de Interés Cultural (BIC). Los acuerdos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, fueron firmados entre la Consellería de Cultura y la hija del dictador, Carmen Franco. Feijóo aseguró entonces que el convenio no conllevaría “ningún pago ni compensación” para la familia. Hoy, Cultura asegura que se trató de “una partida puntual y no se volvió a destinar”.

El pazo había sido declarado BIC por el gobierno bipartito (PSdeG-BNG) el 30 de diciembre de 2008, cuando dirigía Cultura la nacionalista Ánxela Bugallo. Los Franco intentaron torpedear aquel proceso con la colaboración de un Feijóo que acababa de estrenarse como líder de la oposición. Después de que los herederos del dictador impidiesen a los técnicos de la Xunta acceder al inmueble para realizar la evaluación previa a la declaración como BIC, el líder del PP gallego aseguraba que no se les podía obligar a abrir Meirás a las visitas porque “no es un pazo” sino “una torre”.

Ese mismo Feijóo fue el que, en febrero de 2011 –ya como presidente gallego– alcanzó un acuerdo con la familia para garantizar la apertura al público. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo rechazase el recurso de los Franco contra la declaración de BIC.

En el convenio se consideraba “especialmente interesante” llevar a cabo “una acción didáctica e informativa más allá de las obligaciones de apertura para sus titulares”. Una apertura que, “dada la singularidad” del pazo, “puede provocar riesgos en la seguridad”. “El hecho de que fuese residencia del anterior jefe de Estado puede convertirlo en blanco de actos violentos o molestos que lleguen a poner en peligro su integridad”, rezaba el documento.

Así, la Consellería y los todavía propietarios del Pazo mostraban su “voluntad de establecer vías de colaboración en el ámbito de la protección y promoción de este bien cultural”, en un reparto de papeles que dejaba a la Xunta “la financiación de los gastos derivados de la adopción de medidas de vigilancia y seguridad que se estimen necesarias, así como los derivados del seguro que cubra la reposicion de los daños que puedan causarse a consecuencia del programa de visitas guiadas gratuitas y la presentación de las mismas”. Los Franco, por su parte, simplemente se comprometían a abrir el pazo cuatro días al mes –algo que acabarían incumpliendo– y a mantener “en las debidas condiciones de conservación y buen estado” sus dependencias y el terreno incluido en su recinto.

El coste para las arcas públicas no debería superar “en ningún caso” los 18.000 euros, una aportacion que “sólo cubre el coste” de la actividad subvencionada y “no supone ningún ánimo de lucro ni beneficio” para ninguna de las partes. Sin embargo, en junio –menos de tres meses después del inicio de las visitas–, Cultura redactó un informe para justificar una addenda al convenio.

La expectación ante la apertura desbordó la demanda, prevista para cuatro grupos de hasta 15 personas en cada jornada, así que se optó por añadir cinco días más de visita entre el 15 de junio y el 15 de septiembre –ninguno en agosto, cuando la familia seguía veraneando en el Pazo– e incrementar un turno en esas nuevas fechas. En total, eso suponía 5.000 euros más: 1.770 para seguridad, 1.274 para el servicio de guía, 236 para la “gestión” de las visitas y 1.720 de la póliza del seguro.

En febrero de 2012, el convenio se renovó, partiendo ya de una asignación inicial de 21.200 euros. No consta, entre la documentación a la que ha tenido acceso elDiario.es, que en ese año hubiese que aumentar los días previstos de visita. 11.448 euros se destinarían a la seguridad y los 9.752 restantes a la gestión y la guía.

Un portavoz de la Consellería de Cultura asegura a elDiario.es que aquella “fue una partida puntual y no se volvió a destinar”. Preguntados por si ese montante se tendrá en cuenta frente a la demanda de compensación económica de los Franco, recordó que esa cuestión “atañe al Gobierno central como titular del inmueble” y que la Xunta “ya manifestamos nuestra intención de adherirnos a la acción judicial de la Abogacía del Estado para evitar el pago de la indemnización”.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, insiste en que el futuro plan de usos del pazo de Meirás no debe tener sólo en cuenta las décadas en las que fue propiedad de la familia Franco y símbolo del poder de la dictadura, sino también “la larga historia” del recinto, “especialmente la condesa de Pardo Bazán, pero no sólo eso”. “Lo que no se puede pretender es que se refleje sólo una parte”, manifestó.

En su comparecencia tras la reunión del Consello de la Xunta, Rueda señaló las críticas de quienes están en contra “de que se intente abarcar todo” y defendió la necesidad de “encontrar un equilibrio en el que creo que estará la virtud”.

La reunión del gobierno gallego del lunes pasado estudió el informe en el que basará su petición de asumir la gestión del pazo de Meirás, después de que el Tribunal Supremo confirmase la propiedad pública del inmueble. El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, respondió recordando el “poco interés” del PP en “la recuperación de este tipo de símbolos”, aunque no dudó en felicitar a Rueda “por sumarse a la celebración”. Para Blanco, la recuperación del pazo para el patrimonio público es “un símbolo claro de que existe una memoria democrática”.

El ejecutivo autonómico se ha negado a hacer público. En respuesta a la solicitud de este diario para conocer su contenido, la Consellería de Cultura señala que se trata de un documento de trabajo “que sienta las bases para seguir avanzando en el futuro” y que refleja los siguientes pasos que va a dar el Gobierno gallego. Será “una vez finalizado el trabajo técnico” cuando “se dará más información”.

Ángel Víctor Torres atiende a elDiario.es telefónicamente mientras espera un avión para volver a Madrid. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática se muestra satisfecho con la sentencia del Supremo que confirma la devolución del Pazo de Meirás a la ciudadanía, tras décadas de expolio franquista. Por delante, queda la guerra para evitar que la familia del dictador pueda obtener una compensación económica como contraprestación a los años en los que mantuvieron la propiedad en sus manos.

Ángel Víctor Torres está dispuesto a dar la batalla y a plantear ante los tribunales que a los herederos del dictador habrá que descontarles todos los años de alquileres impagados por el uso de un palacio que nunca fue de su propiedad.

El Supremo ha confirmado la devolución de Meirás para los ciudadanos pero esa sentencia incluye dos cuestiones polémicas: que la familia Franco ocupó el pazo de buena fe y que tienen derecho a ser indemnizados ¿Es una victoria a medias?

No compartimos la obligación de la indemnización a los Franco por abandonar el Pazo de Meirás y no compartimos esa afirmación de que se ocupó de esa manera. El pazo se ocupó durante una dictadura y quienes hicieron uso y disfrute de esa propiedad lo hicieron cuando tenía que ser una propiedad pública.

Estos días se está diciendo que hay posibilidades de impedir esa indemnización a los Franco, pero jurídicamente ese derecho está consolidado. ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?

Lo primero que se establece es una tesis de cantidad, se habló de una cifra de 800.000 euros que ellos tampoco aceptan y con la que nosotros no estamos de acuerdo. Ante posible indemnización de mejora del espacio y realización de obras habrá que acreditar si eso fue así. Tendrán que presentar facturas, trabajos realizados. Nosotros vamos a defender que no hay derecho a la indemnización porque también ha habido un uso y un disfrute no abonado durante décadas. El Supremo no cuantifica el derecho a la indemnización, por lo tanto vamos a pleitear para que sea la menor cantidad posible.

¿Pedirá el Gobierno que de esa cantidad se calcule los posibles alquileres impagados por todos los años en los que la propiedad fue ocupada sin contraprestación económica?

Por supuesto. Pondremos en conocimiento todos los años que se ha utilizado ese inmueble sin una contraprestación ante un bien público. El fallo del Supremo nos alegra porque la base fundamental es que esto pasa a ser un bien público y ahora estamos ante un coletazo de esa cuestión, que no compartimos pero que podemos pelear todavía en los órganos judiciales.

La Xunta ya les está pidiendo la transferencia del Pazo para asumir su gestión, pero en el informe elaborado por el Gobierno gallego para refrendar esa petición se han olvidado de mencionar que Meirás está declarado como lugar de memoria y el PP siempre ha insistido en que pretenden recordar el paso de los Franco pero también centrar el lugar en el recuerdo de la escritora Emilia Pardo Bazán. ¿Con planteamientos ambiguos tiene el Gobierno gallego alguna posibilidad de convencerles para impulsar esa transferencia?

En este momento ese inmueble está en manos de Patrimonio Nacional. La voluntad que nosotros tenemos para ese inmueble es que sea un lugar que recuerde todo lo que ocurrió durante todos los años de la dictadura. Por tanto, lugar de memoria, museo, apertura a la sociedad gallega, pero tenemos que hablar con el resto de instituciones y espero que esto no sea un motivo de polémica.

¿Usted comprende a la gente que al conocer esta sentencia piensa en las familias desahuciadas a las que nadie les paga nada cuando les echan de una propiedad, a aquellos que creen que los Franco son unos ocupas, pero con privilegios?

Lo entiendo absolutamente porque además estamos hablando de los herederos de un general militar que se enriqueció y enriqueció a su familia a través de un golpe militar, en un proceso y en un periodo de una absoluta corrupción, tanto del caudillo como de su entorno.

Sería bueno que se compartiera la necesidad de defender la democracia e ir contra la dictadura y contra cualquier atisbo de la misma.

¿Cuál es su plan para el Pazo?

Queremos que sea un inmueble público, abierto y que muestre la historia, en la que lógicamente también cabe la referencia a las letras y la literatura, pero sin ninguna duda de que sea un símbolo de lo que nunca se debe repetir.

El pasado noviembre se presentó el proyecto ganador para resignificar Cuelgamuros. Teniendo en cuenta que el PP y Vox se oponen, ¿cómo pretenden garantizar la viabilidad de ese proyecto?

Nosotros aspiramos a empezar las obras en la presente legislatura. Asombra pensar que teniendo en cuenta lo que eso es hoy, no sea resignificado como un lugar de memoria. Si es por Vox y por un PP influenciado por Vox dejarían el valle de Cuelgamuros en su actual estado y seguiría siendo un lugar de encuentro de los nostálgicos de la dictadura.

Conseguir sacar de ahí los restos de Primo de Rivera primero y de Franco después fue una victoria de la democracia y de la justicia. No cabe que ningún dictador esté ocupando un espacio público levantado con manos inocentes de muchos republicanos que perdieron la vida construyendo un mausoleo de una persona que no quería pasar a la eternidad sola. Eso debe conocerlo la gente, visitarlo y debe ser como se ha hecho con los memoriales de Buenos Aires, Santiago de Chile o los campos de concentración alemanes. Debe ser un lugar para aprender y que nunca más vuelva a pasar.

Estamos cumpliendo cincuenta años del golpe militar en Argentina. ¿Lo han hecho mejor los argentinos que nosotros a la hora de juzgar su propia historia?

Cierto que es una dictadura más fresca, en el sentido de que está más cerca. Los que la sufrieron y la sobrevivieron te la pueden contar.

Nosotros hicimos un proceso de transición democrática con un miedo, que era regresar a lo tenebroso de la dictadura, y tuvimos un golpe de Estado, que se frustró por suerte. Hubo sacrificios que tuvieron que hacerse por todos los lados, especialmente más por la parte que sufrió la represión y creo que el gran éxito de España fue que después de la muerte de Franco no hemos tenido más contiendas, ni guerras. Y espero poder decir lo siguiente durante mucho tiempo: aquí nunca ha gobernado la extrema derecha después de aquello. En Argentina es lamentable que el actual presidente diga que lo que ocurrió en 1976 fue un conflicto entre la guerrilla y el Ejército. No, fue un alzamiento militar de la Junta contra la República Argentina.

A usted le encargan un ministerio con las atribuciones de Memoria Histórica y mientras desarrolla su labor ve que una formación como Vox no para de crecer. ¿Eso cómo se vive desde su piel?

Diciéndole que estamos haciendo el máximo de los esfuerzos. Creo que nunca como ahora hemos tenido tantas muestras didácticas, entradas en los centros educativos, más exhumaciones que nunca, reuniones con las comunidades autónomas... La ultraderecha no es un fenómeno exclusivo de nuestro país. Hay una ola reaccionaria, pero también tengo que decir que ante eso tenemos un gobierno progresista que resiste, que se enfrenta, que da la cara y no se achica.

Esta misma semana hemos aprobado un Real Decreto por solo dos votos que lo que hace no es más que corregir un error histórico para que más personas que defendieron la democracia, como García Caparrós y otros, tengan derechos a las indemnizaciones que no pudieron obtener hasta ahora. Y han votado en contra, el PP, que gobierna la comunidad andaluza, ha votado en contra y yo no lo entiendo. Me parece una paradoja y una insensatez; que representantes elegidos por la democracia y con sufragio universal no honren a las personas que dieron su vida para que ellos estén en los parlamentos.

¿Qué le diría usted a Feijóo sobre sus tentaciones de bailar con la extrema derecha?

Se equivoca y la sociedad española se lo hará ver por abrazar tesis cercanas al fascismo por un rédito electoral. Él sabrá.

El Gobierno prometió expulsar a los monjes benedictinos de Cuelgamuros, pero finalmente parece que se van a quedar a pesar de la resignificación del valle. ¿Qué papel tendrán estos religiosos en el nuevo espacio memorial?

La voluntad del Gobierno es que no debían estar ahí, llegamos a un acuerdo con el Vaticano y el prior dejó de estar, que era el que se oponía a las exhumaciones de Franco y Primo de Rivera. Hemos llegado a un acuerdo con la Santa Sede para poder caminar y tener esa resignificación.

Su ministerio está inmerso en una auditoria de bienes expoliados por el franquismo. ¿En qué punto está esa auditoría?

Estamos avanzando bastante. No es un trabajo fácil porque hay peticiones importantes de partidos políticos, particulares, organizaciones sindicales y es un corpus muy elevado que exige comprobaciones históricas y seguridad jurídica.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado noviembre un decreto para regular la creación del catálogo de símbolos franquistas que deberían ser retirados. ¿Se ha avanzado en ese catálogo?

Se ha avanzado, hemos aprobado nuevas inclusiones muy recientemente dentro de ese catálogo y espero poder presentar muy pronto un primer avance de ese listado.

El pasado viernes el Gobierno pidió perdón y reconoció a medio centenar de mujeres que pasaron por el Patronato de Protección de la Mujer, ¿se contemplan vías de reparación económica para estas víctimas también?

Hablaremos de todas las vías de reparación posibles y de hecho uno de los compromisos que adquirí con ellas es la creación de una subcomisión que aborde lo que sucedió en ese patronato.

El Constitucional está estudiando el recurso contra la negativa de Isabel Díaz Ayuso para colocar una placa en la sede de la Dirección General de Seguridad franquista, en la puerta del Sol. Mi pregunta es, ¿la intención del Gobierno es colocar esa placa aunque Ayuso se niegue?

De facto eso ya está conseguido, el expediente está terminado. Esto no está al albur de lo que diga un presidente, esto es historia y esto lleva rigor técnico y jurídico. Estamos convencidos de que ganaremos en la justicia y estoy convencido de que esa placa será instalada.

Cuando, en 2017, Alberto Núñez Feijóo daba la orden al PP gallego de votar en contra de que el Parlamento de Galicia reclamase al Congreso la “recuperación para lo público” del Pazo de Meirás, a su lado se sentaba, tanto en la Cámara autonómica como en el Consello de la Xunta, Alfonso Rueda, el actual presidente gallego. En estos casi nueve años la postura ha virado desde esa negativa a reclamar que la gestión del inmueble pase a manos del Gobierno gallego, una vez que el Tribunal Supremo ha confirmado que los descendientes del dictador Francisco Franco no son los propietarios. Rueda acaba de reiterar esa voluntad de la Xunta de hacerse cargo de la emblemática fortaleza ubicada en Sada (A Coruña). Y en ese contexto, colectivos memorialistas e historiadores avisan de que lo que debe actuar como eje de los futuros contenidos de Meirás es la memoria de las víctimas franquistas y de que la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán no debe servir para atenuarlo.

Carlos Babío, presidente de la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica (CRMH) de A Coruña y uno de los impulsores de la recuperación de Meirás, sigue recelando de las intenciones de la Xunta: “Lo que quiere hacer es utilizarlo [el pazo] como un elemento que explique una posición de la sociedad con respecto a la igualdad o el feminismo. Eso es lo que no se puede hacer porque el pazo vuelve al espacio público por la memoria histórica, no por Pardo Bazán, que ya tiene su casa museo en A Coruña”. Coincide con este punto de vista el alcalde de Sada, Benito Portela, que considera que en el plan de usos “tienen cabida los dos”, pero “tiene que ir básicamente destinado a la memoria democrática”. “Es evidente que, si a día de hoy es patrimonio público, es porque fue epicentro del gobierno de la dictadura franquista”, sostiene.

La histórica sentencia de septiembre de 2020 en la que el Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña condenaba a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás dio paso a un enfrentamiento entre la Xunta y el Gobierno central. Feijóo, que entonces presidía el Gobierno gallego, seguía refiriéndose a Franco como “el general” y tenía una propuesta que se parapetaba tras la figura de Emilia Pardo Bazán para defender unos usos centrados en ella y que pasabar por hacer del lugar “un faro de la igualdad”. Tras una reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en enero de 2021, declaró: “Que la cuestión de Emilia Pardo Bazán quede relegada por la cuestión del veraneo del general no nos parece razonable”. Con “veraneo” despachaba los 82 años que el pazo pasó en manos de Franco y de sus descendientes tras un proceso en el que los vecinos de Sada se vieron obligados a pagarle la propiedad simulando aportaciones voluntarias y espontáneas.

La postura del Gobierno central era la de centrarse en la memoria histórica. De hecho, en septiembre de 2025, puso en marcha el proceso para declarar Meirás, junto con la Illa de San Simón, Lugares de la Memoria Democrática, una figura que implica darles una función conmemorativa y reparadora. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, no hizo ninguna mención a que este trámite está en marcha cuando, este lunes, reiteró la aspiración del Gobierno gallego de asumir la gestión del pazo, que era la petición que Feijóo le trasladó a Sánchez en aquella reunión de principios de 2021. El actual jefe del Gobierno autonómico manifestó que su idea para el futuro es “hacer honor a toda la trayectoria” del inmueble, “vinculado a Pardo Bazán y también a la memoria histórica”.

Rueda añadió que se va a abrir un proceso participativo para que aporten sus sugerencias para el plan de usos “personas y colectivos de diferentes sensibilidades y visiones, con el fin de alcanzar un documento plural y sólido”. Todas estas ideas, además de la reclamación al Estado de que asuma las obras necesarias para abrir todo el edificio al público, están incluidas en un informe que revisó el lunes el Consello de la Xunta para remitírselo al Gobierno central, pero cuyo contenido se niega a hacer público la Consellería de Cultura.

Carlos Babío reaccionó a las declaraciones del presidente gallego insistiendo en que “nadie intenta expulsar a Pardo Bazán de Meirás”, ya que el lugar no se explica sin ella, que fue su propietaria hasta su muerte en 1921. Pero las movilizaciones que durante años reclamaron que el inmueble fuese público partían de la denuncia del expolio franquista, recuerda. Ahora considera que se puede empezar “desde ya” a actuar sobre el espacio para que sea un lugar de memoria y “resignificarlo desde el punto de vista democrático”.

Para el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) Emilio Grandío la declaración de intenciones de la Xunta incluyendo tanto a la escritora como la memoria histórica es un punto de partida en el que no ve “nada negativo, en principio”. “Otra cosa es cómo se va a concretar. Es evidente que hay que abordar el tema del franquismo y también el de Pardo Bazán, pero ¿quién se va a encargar de eso y para qué?”, dijo, en conversación con este diario. El experto pide empezar ya a trabajar sobre contenidos y reflexiona que “sería peor que no hubiese esta declaración de intenciones porque las alternativas son todas en este momento y en este contexto”.

Un trabajo sin avances en cinco años

El asunto del plan de usos para Meirás está sobre la mesa desde hace más de cinco años, con la primera sentencia que obligaba a los Franco a entregar el pazo al Estado. Carlos Babío recuerda que en 2021 se firmó ya un protocolo que recogía que se podía ir avanzando en el plan de usos mientras se esperaba a la sentencia definitiva. Pero, protesta, no hubo en este tiempo reuniones de la comisión interadministrativa ni se llegó a constituir formalmente la comisión técnica. “Nosotros ya denunciamos que se estaba perdiendo el tiempo”, se queja y reclama que ahora empiecen los trabajos y que tengan en cuenta a las entidades memorialistas.

Babío se muestra crítico también con la reacción de Gobierno central y gallego por la indemnización a los herederos del dictador. Recuerda que la “buena fe” que las sentencias les atribuyen figuraba en un informe encargado por la Xunta de Feijóo, que se aportó a la causa. “El mal se hizo hace mucho tiempo”, zanja y asegura que la vía que queda abierta ahora es que la Abogacía del Estado dé “ la batalla documento a documento” cuando los Franco presenten la propuesta de liquidación del estado posesorio, es decir, cuando entreguen su cálculo de cuánto dinero deben recibir.

La Xunta rechaza hacer público el informe tratado en el Consello de esta semana y en el que va a basar su petición de asumir la gestión del pazo de Meirás, una que vez que el Tribunal Supremo ha confirmado que el inmueble es una propiedad pública y no de los herederos del dictador Francisco Franco. En respuesta a la solicitud de este diario para conocer su contenido, la Consellería de Cultura señala que se trata de un documento de trabajo “que sienta las bases para seguir avanzando en el futuro” y que refleja los siguientes pasos que va a dar el Gobierno gallego. Una vez finalizado el trabajo técnico, se dará más información, asegura.

El presidente gallego, Alfonso Rueda, informó en su comparecencia posterior a la reunión del Consello de que se había analizado un documento en el que se le traslada al Gobierno central el respaldo de la Xunta a las medidas que adopte la Abogacía del Estado para batallar con el fin de reducir la indemnización a la familia Franco. Además, reclama obras para que se pueda abrir al público todo el edificio -en la actualidad es visitable solo una parte- y pide para Galicia la gestión del inmueble, bien con una figura de cesión de uso o con una transferencia de titularidad.

Rueda añadió que se van a poner en marcha los trabajos para la propuesta del plan de usos de la Xunta, partiendo de la elaborada en 2020 y buscando convertirlo en un lugar “útil para el ecosistema de la creación cultural”. Defendió que deben tener cabida tanto la figura de la escritora Emilia Pardo Bazán, propietaria del pazo hasta 1921, como “el proceso por el que se convirtió en propiedad del dictador” en 1938, es decir, una colecta forzosa promovida por empresarios que respaldaban el golpe fascista, reunidos en torno a la Junta Provincial Pro Pazo Caudillo.

El presidente gallego, que no hizo mención al proceso iniciado por el Gobierno central para declarar Meirás Lugar de la Memoria Democrática -tampoco había referencias en la nota de prensa distribuida posteriormente-, afirmó que la intención de la Xunta con su propuesta de plan de usos es “hacer honor a toda la trayectoria” del inmueble, también a la memoria histórica y que los contenidos lo reflejen “todo”.

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha replicado a la petición de la Xunta de gestionar el Pazo de Meirás recordando que “el PP tuvo poco interés en la recuperación de este tipo de símbolos”. “Felicito a Rueda por sumarse a la celebración, porque el PP miró para otro lado”, manifestó, según recoge Europa Press.

En cuanto a los posibles usos de la edificación, Blanco insistió en que en este momento el proceso está “en la primera fase”. “A partir de ahí plantearemos el propio uso”, añadió. Asimismo, sobre la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado repitió en que es “un auténtico éxito judicial, jurídico y político”. “Es un símbolo claro de que existe una memoria democrática”, recalcó.

También reiteró que, sobre la indemnización a la que tienen derecho los herederos de Francisco Franco cuando devuelvan el inmueble, según consta en dicho fallo, el Gobierno central va a “luchar para que las indemnizaciones sean lo más mínimas posible”.

El Consello de la Xunta aprobó ayer lunes un informe para remitir al Gobierno central en el que pide gestionar Meirás y estudiar la fórmula que sea más adecuada entre una cesión de uso o una transferencia de la titularidad.

La iniciativa tiene que ser de la Abogacía del Estado, pero si la decisión es discutir la indemnización que van a recibir los nietos de Franco por los gastos del pazo de Meirás, la Xunta lo respalda y lo ve “positivo”. Así se ha pronunciado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en respuesta a una pregunta sobre las declaraciones en la Cadena Ser del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, que aseguró que el Estado dará la batalla: “No puede ser que tengamos de indemnizar a los Franco”.

“Todos nos felicitamos por la sentencia de la semana pasada”, dijo Rueda, que recalcó que las administraciones fueron “de la mano” en el proceso. Pero una parte de esa decisión judicial provocó críticas: la de compensar a los nietos de Franco por los gastos de estos años. Ese pago, sin embargo, se establecía y se argumentaba en un informe encargado por la Xunta, entonces encabezada por Alberto Núñez Feijóo -y en la que Rueda era conselleiro de Presidencia-, pese a la postura contraria del Concello de Sada -donde se encuentra el inmueble-.

El presidente gallego aseguró este lunes tiene la intención de seguir con la actitud de colaboración, si el Gobierno central da la batalla en lo que se refiere a la indemnización. Después de la sentencia del Tribunal Supremo, la cuantía del pago a los Franco está por determinar. Este aspecto se concretará en el juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña, que se tendrá que ocupar de la ejecución de la sentencia. Varias fuentes apuntan a que la cantidad podría rondar el millón de euros, basándose en un cálculo que hicieron los descendientes del dictador sobre las facturas y reparaciones que afrontaron entre el momento en el que murió Francisco Franco, en noviembre de 1975, y la fecha en la que el Estado presentó la denuncia, en julio de 2019.

Rueda manifestó, tras conocerse la decisión del Supremo, que respetaría las disposiciones de la Justicia: “Si hay consecuencia indemnizatoria, habrá que acatarla nos guste o no”. Este lunes, en respuesta a una pregunta sobre si fue un error que el informe encargado por la Xunta recogiese esos argumentos a favor del pago, Rueda evitó contestar directamente: “El informe tenía muchos argumentos y seguro que muchos sirvieron para que la sentencia tuviera un sentido favorable”. El documento consideraba que los descendientes del dictador ocuparon el pazo “de buena fe”.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha celebrado la sentencia del Tribunal Supremo que confirma que el Pazo de Meirás pertenece al Estado y cree que ahora es momento de que el Gobierno “proceda a la transferencia de ese bien” a Galicia para “poder utilizarlo como centro vinculado a la recuperación de la memoria histórica del país”. “Si el PP no tiene interés, habrá próximamente un Gobierno gallego que lo va a hacer”, ha aseverado a preguntas de los medios este viernes en una rueda de prensa en Santiago.

Así, Rego ha expuesto que en la sentencia del Supremo hay “un elemento positivo y otro negativo”. A favor, “que se confirme que el Pazo de Meirás fue robado por Franco”. “Es una noticia positiva que confirma que teníamos razón los que durante mucho tiempo peleamos para que este patrimonio fuese devuelto a la sociedad gallega”, ha festejado. Por el contrario, ha lamentado que haya que indemnizar a los herederos de Franco, una circunstancia que, en su opinión, “tiene responsabilidades políticas”, apuntando al expresidente de la Xunta y actual líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

“En su día encargó un informe que recogía esto y que fue utilizado para establecer esta sentencia. Hay una responsabilidad muy directa del PP, que nunca se preocupó porque los Franco devolviesen lo robado”, ha criticado.

El Tribunal Supremo confirma la sentencia dictada en su día por la Audiencia Provincial de A Coruña que ordena a los nietos de Franco devolver el Pazo de Meirás (Sada, A Coruña) al Estado. El fallo, adoptado por unanimidad, desestima todos los recursos presentados contra la misma por ambas partes y así ratifica además que la familia del dictador deberá ser indemnizada. Los recurrentes asumirán las costas de sus respectivos recursos por infracción procesal y de casación.

Los Franco argumentaron ante el Supremo su derecho a la propiedad del inmueble por usucapión -también denominada prescripción adquisitiva- tras el fallecimiento del dictador. Según la usucapión, los moradores de una vivienda tienen derecho a su propiedad transcurridos 30 años. El Supremo entiende que los descendientes de Franco “no pudieron poseer Meirás en concepto de dueños” por lo menos hasta la década de los 90 del siglo XX. Antes, el pazo estuvo destinado al servicio de la jefatura de Estado, por lo que desestima el recurso.

Hace lo mismo con el presentado por la Administración del Estado, al que se adhirieron Xunta de Galicia, Deputación da Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada. Este cuestionaba que los Franco tuvieran derecho a indemnización por los gastos realizados en la finca durante la etapa en la que fueron poseedores de la misma. El Supremo lo desestima con el argumento de que la demanda inicial del Estado, y el informe jurídico del Parlamento de Galicia, indicaba expresamente que “no se discutía que los Franco hubiesen actuado de buena fe [...] y deberían ser indemnizados en los términos previstos para estos casos en el Código Civil”. “No se puede modificar posteriormente para negar la buena fe y el derecho a la indemnización previamente reconocidos”, añade el tribunal

El fallo histórico de 2020

La del 2 de septiembre de 2020 ha quedado marcada como una jornada histórica: aquel día se hizo pública la sentencia del Juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña que condenaba a los Franco a entregar al Estado el Pazo de Meirás, que el dictador había utilizado como residencia de verano desde 1938, aún en plena guerra civil. El recurso de los herederos llevó el asunto a la Audiencia Provincial de A Coruña, que en febrero de 2021 ratificó que el inmueble debe ser de propiedad pública, aunque abrió la puerta a pagar a los herederos del dictador por los gastos de la conservación desde la muerte de este, en 1975, y razonaba que en ellos no había habido mala fe.

Mientras el litigio se trasladaba al Tribunal Supremo, otros frentes acabaron en fracaso para los Franco: en junio del año pasado la Justicia ordenó a los Franco que devolviesen a Santiago dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la catedral que estaban, precisamente, en Meirás. Las figuras expoliadas regresaron a la capital gallega unos meses después y ahora están expuestas al público en el Museo do Pobo Galego.

Después de que el Pazo de Meirás pasase a manos del Estado se retomaron las visitas, aunque muy limitadas, a la espera del pronunciamiento judicial definitivo. En los años anteriores, la familia Franco había dificultado la apertura al público, pese a la obligación de permitir su entrada en un espacio que es bien de interés cultural (BIC). Tras la sentencia de 2020, las administraciones públicas plantearon unos planes para el futuro del espacio que diferían: de una recuperación centrada en la figura de su primera propietaria, la escritora Emilia Pardo Bazán, que abanderaba el entonces presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a unos usos relacionados con la memoria histórica, defendidos por el Gobierno central.

En este tiempo, el Gobierno ha iniciado el proceso para declarar el inmueble, junto con la Illa de San Simón -convertida en un campo de concentración durante la dictadura-, Lugar de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) con la incoación de los expedientes justificaba que Meirás fue “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”. El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. La superficie de la finca se amplió ganando terreno a los vecinos, sus legítimos propietarios, “mediante técnicas represivas y coactivas”. A eso se suman las “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”.

Lo decía el periodista –gallego– Xabier Fortes cuando explicaba por qué eligieron el Pazo de Meirás para emitir el programa especial de TVE sobre la dictadura en la víspera del 50 aniversario de la muerte de Franco. No sólo era la residencia de verano de su familia y uno de los principales símbolos de su poder: también se ha convertido en el “emblema de las usurpaciones” perpetradas por el franquismo; sobre todo, después de lograr su devolución al patrimonio público tras dos sentencias judiciales que, sin embargo, no son firmes. Desde marzo de 2021, el caso está en el Supremo, el mismo alto tribunal que este verano ordenó devolver al ayuntamiento de Santiago las dos estatuas del Pórtico de la Gloria expoliadas por capricho de Carmen Polo y que permanecían en la capilla del Pazo. El consistorio esperaba a este simbólico 20-N para anunciar que ya tienen destino definitivo: podrán visitarse, a partir del 11 de diciembre, en el Museo do Pobo Galego.

La histórica sentencia del juzgado de primera instancia número 1 de A Coruña estableció en 2020 que el Pazo de Meirás pertenecía a Patrimonio y no a los Franco. La magistrada consideraba “una simulación” la supuesta operación de compraventa con la que la familia adquiría a título particular lo que había sido una “donación” –basada en las amenazas y lejos de tener el carácter “voluntario” del que presumía el régime– al jefe del Estado. En su fallo, dejaba claro que no era más que una “ficción” creada “solo con el objeto de poner el bien a su nombre”.

La sentencia de la Audiencia Provincial confirmaba el fondo de la cuestión, aunque añadía un pequeño matiz: abría la puerta a una posible indemnización por los supuestos “gastos de mantenimiento” que habrían pagado los Franco desde 1975. Los herederos del dictador no se rindieron y presentaron en marzo de 2021 un recurso de casación ante el Tribunal Supremo en el que alegaban que su ocupación del edificio fue “pública y pacífica”.

Justo dos años después, la Sala Primera lo admitía a trámite, al igual que los elevados por las administraciones implicadas –Estado, Xunta, Deputación de A Coruña y ayuntamientos de A Coruña y Sada– quienes, entre otros aspectos, se oponían a cualquier pago a los herederos. Consideraban que la Audiencia entraba en “contradicciones” al admitir, simultáneamente, la ilegalidad de la posesión y la supuesta “buena fe” alegada por los Franco.

Mientras el alto tribunal deshoja la margarita, el Gobierno ha dado los primeros pasos para declarar el Pazo como Lugar de Memoria Democrática, una demanda que le habían trasladado una treintena de entidades. Incluían en su petición a la isla de San Simón, campo de concentración franquista, ante la “desidia” e incluso la “beligerancia” de la Xunta hacia la memoria histórica. El ejecutivo se comprometió con ambos espacios y hace apenas un mes les sumó la ciudad de Ferrol, apellidada del Caudillo durante la dictadura. Para el ministro Ángel Víctor Torres existen “razones históricas desde el siglo XIX, de la lucha por las libertades, por la democracia” para esta distinción.

Las esculturas pacientes

La parálisis judicial mantiene la mayor parte del Pazo de Meirás preventivamente vedada a las visitas. De hecho, La noche en 24h tuvo que emitir su histórico directo –el primero realizado en el edificio– desde el hall de entrada. La capilla, en un acceso lateral, es otra de las contadas estancias que los visitantes pueden, al menos, contemplar desde la puerta. Allí se acumulan sin demasiado orden objetos que la convierten en una especie de gran trastero del expolio, con parte de los casi 600 objetos que, en primera instancia, la Justicia también ha ordenado devolver a los Franco.

En la capilla ocupan un lugar preferente dos de los símbolos de la rapiña: las dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago atribuidas al Maestro Mateo y que tras dos reveses iniciales –“de auténtica vergüenza”, según el asesor jurídico del consistorio– el mismo Supremo ordenó devolver a la capital gallega.

El consistorio compostelano inició la batalla judicial con Martiño Noriega (Compostela Aberta) como alcalde y, tras un mandato del socialista Sánchez Bugallo, recibió la buena noticia con el bastón de mando en manos de una nacionalista, Goretti Sanmartín, la misma que desde la vicepresidencia de la Deputación había impulsado el estudio jurídico que estableció las bases para recuperar el Pazo.

Noriega recuerda la primera sentencia, la del juzgado de primera instancia número 41 de Madrid, como un auténtico “atraco”. La “hostilidad” con la que los recibieron estaba encabezada por la jueza Adelaida Medrano, nieta de uno de los firmantes del “parte de la Victoria” de 1939 y que tuvo al primo de Franco o a Carrero Blanco como testigos de la boda de sus padres. Medrano dio por completo la razón a los herederos del dictador y el recurso a la Audiencia Provincial, donde no faltó cierto esperpento, no gozó de mejor suerte.

Su rechazo a las demandas del ayuntamiento se basó en un único punto: que los bienes reivindicados no estaban “adecuadamente identificados”. El motivo era que, según la documentación, una de las estatuas estaba rota –“La que identifica como 'fig. 2' presenta una fractura que la divide en dos fragmentos”– pero la Audiencia no fue capaz de apreciarlo. “La habían pegado, pero mirabas las fotos y veías la grieta”, señalaba el asesor jurídico del consistorio, Xaquín Monteagudo. Y eso, tan sencillo, fue lo que hizo la Sala de lo Civil del Supremo: “Del examen de las fotografías, se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente diagonal”. Caso cerrado.

Los Franco, esta vez, bajaron los brazos. Días después anunciaban su intención de cumplir la sentencia de forma “voluntaria” y se ponían a disposición del ayuntamiento para el traslado de las esculturas. Sanmartín, tras anunciar que les cobraría los portes, lo celebraba como “un día grande” para la ciudad y prometía recuperarlas “de la forma más rápida posible, pero también con todas las garantías jurídicas y patrimoniales”. Este 20-N finalizaba la espera: la regidora anunciaba a través de un vídeo en las redes sociales que las estatuas regresarán a la capital gallega el próximo 11 de diciembre para exhibirse en el Museo do Pobo Galego. Un acto “de justicia histórica” al que invitó a sumarse a toda la ciudadanía.

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, ha instado este miércoles al Gobierno a abrir el Pazo de Meirás al asegurar que “es menos accesible” que cuando estaba en manos de la familia Franco.

Así lo ha trasladado el conselleiro de Cultura durante una respuesta a la diputada del PSdeG Paloma Castro —recogida por Europa Press—, quien ha emplazado a la Xunta a comprometerse a colaborar de forma activa en los procedimientos abiertos por el Gobierno de España para declarar el Pazo de Meirás y la Illa de San Simón como Lugares de Memoria, en el marco ed la Ley 20/2022 de Memoria Democrática.

En su respuesta, el conselleiro ha asegurado que “por supuesto” que la Xunta va a “colaborar con lealtad con el Gobierno” y ha sostenido que le gustaría también que el Ejecutivo estatal trabajase con “la misma lealtad”.

Así, ha sostenido, entre otras cuestiones, que la Xunta, que tiene la gestión de uso de la Illa de San Simón, se enteró que estaba iba a ser declarada como Lugar de la Memoria por un anuncio hecho por el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, en un acto en Lugo. “Sin ni siquiera un trámite ni consultas previas”, ha dicho.

Por su parte, Paloma Castro ha sostenido que la Xunta tiene la obligación legal de emitir un informe sobre la idoneidad de estos espacios, en especial en el caso de la Illa de San Simón, donde se cometieron crímenes de lesa humanidad, y ha lamentado la “desidia y pasividad” del Gobierno gallego en materia de memoria democrática.

El conselleiro ha aprovechado la intervención para asegurar que en Galicia el Gobierno tiene varias cuestiones que puede hacer con “relativa facilidad” como es abrir el Pazo de Meirás que, según ha dicho, “curiosamente es menos accesible” que cuando estaba en manos de la Familia Franco. “Simplemente consiguiendo abrir a toda la ciudadanía el Pazo de Meirás se hace un gesto de restauración y de memoria increíble”, ha apuntado.

Uno fue, simultáneamente, centro de poder y expresión de la rapiña de Franco; el otro, un campo de concentración rodeado de mar por el que pasaron 5.600 presos de la dictadura. Los dos, el Pazo de Meirás y la isla de San Simón —y su vecina de San Antón, en la que vivían los guardianes—, han iniciado el último tramo del camino para ser declarados Lugares de Memoria Democrática. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy y mañana la incoación de unos expedientes que deben estar finalizados en menos de doce meses. Mientras, ambos serán inscritos ya, de forma provisional, en el inventario de Lugares, donde se han ganado un lugar propio por “su singular relevancia histórica y simbólica, en el contexto de la Guerra Civil y la dictadura”.

La fecha elegida para la publicación en el BOE del caso de Meirás no es casual. Este martes se cumplen cinco años de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña que dictaminó que el Pazo era propiedad del Estado y declaró nula y sin efecto la “donación personal” de Franco a su familia, esa “chapuza fraudulenta” a la que se refería sobre el terreno el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, quien visitó la finca situada en el concello coruñés de Sada.

Que las torres de Meirás —como las bautizó su constructora, la escritora Emilia Pardo Bazán— continuasen en manos de la familia Franco cuarenta y cinco años después de la muerte del dictador era, según el expediente, un reflejo de “las carencias del proceso democrático español para enfrentar su pasado dictatorial”. De hecho, no fue hasta noviembre de 2024 cuando el juzgado de primera instancia número 70 de Madrid otorgó a la Administración General del Estado la totalidad de los cientos de bienes reclamados, entre objetos y patrimonio documental, que permanecían en el Pazo y los Franco consideraban suyos.

Meirás, como residencia estival del dictador entre 1938 y 1975, fue “símbolo referencial de la dictadura franquista, centro de poder y al mismo tiempo expresión de la rapiña de su nuevo propietario”, según señala el BOE. El 5 de diciembre 1938, tras la creación la denominada Junta Pro-Pazo del Caudillo, integrada por el gobernador civil y varios alcaldes de la provincia, que pretendía comprar y entregar la propiedad al jefe del Estado, Francisco Franco, se le hizo entrega de la finca al dictador. La superficie de la finca se amplió ganando terreno a los vecinos, sus legítimos propietarios, “mediante técnicas represivas y coactivas”. A eso se suman las “apropiaciones de recursos públicos y privados, desde estatuas románicas a pilas bautismales, tapices, etc”. Una muestra son las dos esculturas del Pórtico de la Gloria que los Franco deben devolver al Concello de Santiago tras la sentencia del Tribunal Supremo.

Tras “la movilización de la sociedad civil y la actuación de las instituciones públicas gallegas y la Administración General del Estado”, el proceso judicial que permitió recuperar las torres para el patrimonio estatal “evidenció el fraude de su apropiación”. “Hoy, el Pazo de Meirás representa no solo un espacio de memoria, sino también una victoria de la justicia, la legalidad y los valores democráticos frente a la impunidad del franquismo. La actuación de las instituciones ha supuesto un triunfo de los valores democráticos”, concluye el BOE.

Puro “teatro” para los memorialistas

Coincidiendo con esta visita, unas 150 personas, convocadas por la Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), junto con otra veintena de entidades, se han concentrado a las puertas del inmueble y han coreado lemas —que se podían leer en las pancartas— como 'O Pazo de Meirás é do pobo galego' (El Pazo de Meirás es del pueblo gallego) o 'Franquismo Nunca Máis'.

Según recoge Europa Press, su presidente, Carlos Babío, ha calificado como una “obra de teatro” la visita institucional y ha denunciado que no se les facilitase información sobre el procedimiento, pese a ser, ha reiterado, los que plantearon esta propuesta. También ha reprochado que se actuase “de oficio, sin comunicar nada” a los colectivos que propusieron la solicitud y que “lucharon” por este objetivo en los últimos años.

Babío, para quien el acto de este martes “no es más que propaganda, un intento de disfrazar como resolución lo que en realidad es solo un inicio de procedimiento, sin compromisos reales ni garantías para la preservación de la memoria”, ha defendido la labor reivindicativa realizada por las entidades memorialistas: “Al Estado no le quedó otro remedio que atender porque no se aguantaba más el expolio de Meirás”.

“La única comunicación en este proceso para declarar Meirás como Memoria Democrática como proponientes fue que tradujésemos la información del gallego al castellano”, ha denunciado.

Mañana, San Simón

Siguiendo la costa atlántica unos 150 kilómetros al sur de Meirás encontramos las islas de San Simón y San Antón, en la ría de Vigo aunque pertenecientes al concello de Redondela. En ellas, el franquismo instaló un campo de concentración, prácticamente desde el inicio de la Guerra Civil.

Desde octubre de 1936 hasta su cierre, el 15 de marzo de 1943, los sublevados contra la República conviertieron San Simón en una colonia penitenciara, inicialmente, para presos de la provincia pontevedresa y el resto de Galicia. Sin embargo, en febrero de 1939 arrancó la que se considera la etapa “más funesta” de la prisión, cuando se inició la llegada masiva de presos de edades muy avanzadas procedentes de toda la geografía española, sobre todo de Asturias.

En esos escasos seis años y medio, esta isla de 85 metros de largo por 250 de ancho recibió a más de 5.600 reclusos. 517, casi uno de cada diez, murieron dentro de sus muros, pero muchos otros fueron paseados y fusilados, algunos en San Antón, el islote de poco más de una hectárea donde tenían su vivienda los guardias. Todavía en enero pasado, un diputado del PP en el Parlamento gallego relativizaba el infierno vivido allí: “Que nosotros tengamos constancia tampoco sabemos que hubiese muertes en la isla de San Simón”, aseguraba en la Cámara José Luis Ferro, quien —tras las críticas de los historiadores y ser declarado persona non grata por el Concello de Redondela— no tardó demasiado en pedir disculpas y asegurar que todo había sido “un malentendido”.

Los socialistas, por su parte, esperan que la declaración como Lugar de la Memoria haga que la Xunta abandone “actitudes de negación o banalización de la memoria” que suponen “una fala de respeto a las víctimas y sus familias”. Así lo dijo el pasado jueves en Lugo el líder del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro —presente este martes en Meirás— cuando avanzó la intención del Gobierno de poner en marcha los reconocimientos durante esta semana.

Los socialistas señalan entre esas actitudes, la autorización de fiestas pirata o clases de bachata en la Isla de San Simón. No son los únicos casos. El antiguo campo de concentración llegó a acoger fines de semana de yoga patrocinados por la administración autonómica e incluso estuvo a punto de ser marco de una celebración de samaín, la versión gallega de la noche de Halloween. La indignación de familiares de represaliados y partidos de izquierda hizo que se suspendiese, aunque los organizadores culparon al aviso de borrasca.

El Ayuntamiento de Santiago ha exigido a la familia Franco que se haga cargo del traslado de las estatuas atribuidas al Maestro Mateo hasta Compostela. Así lo ha anunciado en una rueda de prensa este lunes la alcaldesa, Goretti Sanmartín, quien ha advertido de que, en caso de que la respuesta sea negativa, “se reclamarán las cantidades del traslado”.

En una comparecencia ante los medios, Sanmartín ha explicado que el Ayuntamiento respondió a un burofax de la familia Franco para demandar que se responsabilice del traslado, ya que, según ha indicado, los servicios jurídicos entienden que esa es la interpretación de la sentencia y que deben restituir las esculturas.

La alcaldesa compostelana ha subrayado que, una vez que la familia Franco asumió la condena impuesta por el Tribunal Supremo para restituir las figuras, “el Ayuntamiento inició los contactos para disponer de lo necesario para su traslado y depósito en el lugar más adecuado”.

De este modo, se contactó con las direcciones responsables de Memoria, de Patrimonio y también con la Dirección Xeral de Patrimonio de la Xunta, que mostraron su “disposición para colaborar en una operación tan delicada”.

Museo do Pobo Galego

La regidora ha anunciado que, de manera provisional, se propone el Museo do Pobo Galego como sede para albergar sendas esculturas en su vuelta a Compostela. Según ha defendido, se trata de un espacio público, visitable y, sobre todo, “referente de la identidad colectiva del país”.

“Cuenta con las condiciones técnicas y museísticas adecuadas para cuidar de este bien patrimonial y, además, hay un elemento que yo creo que no es menor, y es que en este mismo museo está depositada otra pieza relacionada directamente con las estatuas”, ha recordado.

Así, se ha referido a una tercera estatua, la lauda sepulcral del siglo XIV, y que fue adquirida por el Ayuntamiento junto con las estatuas de los profetas. En esta línea, ha indicado que también se ha tenido en cuenta que estas figuras “vuelvan” al Ayuntamiento, al regresar a un inmueble de propiedad municipal.

Con todo, ha anunciado que el Patronato del Museo do Pobo Galego ya ha manifestado formalmente su disposición a acoger estas obras de arte. Consultada sobre el “recibimiento” que debe hacerse a estas figuras, la regidora se ha mostrado convencida de que “muchísima gente” querrá ver cómo “vuelven a casa unas estaturas que nunca debieron irse”.

Sobre el plazo de respuesta de la familia Franco, Sanmartín ha insistido en esta debería darse “a lo largo de este mes de julio”, un tiempo que ha calificado de “prudencial”. Según ha detallado, una de las posibilidades es que digan que sí se hacen cargo del traslado y, en caso de que no lo hagan, “será el propio Ayuntamiento quien lo haga, para después reclamar judicialmente esas cantidades a la familia”.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha condenado a la familia Franco a devolver al Ayuntamiento de Santiago las dos esculturas románicas atribuidas al Mestre Mateo, el creador del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago. La sentencia considera probado que las dos figuras de los profetas Abraham e Isaac son las mismas que el consistorio compostelano adquirió en 1948 y que, seis años después, el entonces alcalde la ciudad envió al Pazo de Meirás, la residencia de verano del dictador “sin adoptar acuerdo alguno” —según la demanda— y “por vía de hecho”, únicamente “movido por el deseo de complacer a la esposa del Jefe del Estado”.

La Audiencia Provincial de Madrid, como había hecho antes el juzgado de Primera Instancia, desestimó la demanda, en su caso por considerar que las esculturas reivindicadas por el consistorio “no estaban adecuadamente identificados”. Sin embargo, el Supremo ha estimado el recurso del Ayuntamiento, presentado en 2022, al considerar que se produjo “un error patente” en la valoración de la prueba. Para la Sala, la identificación de las estatuas “es clara y se desprende sin lugar a duda de los documentos aportados y del informe pericial emitido”.

Como la sentencia de la Audiencia consideraba que éste era el único requisito que la acción del Ayuntamiento no había cumplido —ya que afirmaba que no se habían identificado adecuadamente los bienes—, una vez constatado que los bienes reivindicados son los que efectivamente están en poder de los demandados, el Supremo consideró que la demanda en la que se ejercita la acción reivindicatoria debia ser estimada y las esculturas devueltas a quienes siempre se habían considerado sus legítimos propietarios.

La fractura que no aparecía

Las piezas en disputa, esculpidas entre los siglos XII y XIII y atribuidas al Mestre Mateo, son “dos estatuas sedentes, con largas barbas, que sostienen sendas cartelas desplegadas y visten el manto y túnica habituales en las figuras medievales”. Originalmente, formaban parte del Pórtico de la Gloria, la entrada occidental de la Catedral considerada una obra cumbre del arte mundial. En el siglo XVI, la ampliación del templo obligó a retirarlas. Reaparecieron en 1948, cuando el ayuntamiento se las compró al conde de Ximonde quien ponía como condición que no podrían abandonar la ciudad. El encaprichamiento de Carmen Polo y el ansia de contentarla del regidor romperían aquel compromiso.

Una de ellas, según el informe pericial, presentaba “una fractura que la divide en dos fragmentos”. La Audiencia Provincial no encontró esa fractura por ninguna parte y por eso argumentó que no se había podido demostrar que era la misma. Al Supremo, sin embargo, no le costó descubrirla. “Del examen de las fotografías (de dicho informe), se observa a simple vista que una de ellas tiene una fractura precisamente a media pierna y con dirección ligeramente diagonal”. Fue una de las pruebas que esgrimió el alto tribunal para concluir que las piezas que demandaba el ayuntamiento y las que poseen los Franco eran las mismas “sin posibilidad de duda”.

“Un día grande”

“Por fin se hace justicia respecto al expolio que la familia Franco perpetró con dos piezas del mestre Mateo que pertenecían al patrimonio público de la ciudad”. En declaraciones a elDiario.es, el exalcalde Martiño Noriega no ocultaba su alegría. Noriega lideraba el gobierno de Compostela Aberta que inició la demanda en 2017. “Ya en su momento advertimos, en la apelación del 2019, que la Audiencia Provincial de Madrid había omitido toda la documentación que demostraba la titularidad pública de las piezas. Me alegra comprobar que el Supremo rectifique la decisión inicial, avalando el magnífico trabajo técnico-jurídico de esos años”. “Hoy es un buen día para la capital de Galicia, Abraham e Isaac ya pueden volver a casa”, concluyó.

A la actual regidora, lo de “buen día” se le quedaba corto. “Es un día grande, un día muy importante para el Ayuntamiento de Santiago y para el conjunto de Galicia”. La nacionalista Goretti Sanmartín —que cogobierna con Compostela Aberta— recordó la “larga lucha” tras esta sentencia, en la que intervino “personal municipal, sobre todo de la asesoría jurídica”, pero también “una lucha en la que la sociedad civil y las personas que trabajan en memoria histórica denunciaron y dieron pruebas de cómo el patrimonio de los Franco fue conseguido con base en el expolio”.

Sanmartín sabe bien de lo que habla. Desde su puesto como vicepresidenta de la Deputación de A Coruña (2015-2019) encargó el informe jurídico que sentó las bases para que el Pazo de Meirás volviese al patrimonio público. Ahora, le toca el turno a Isaac y Abraham que permanecen en la capilla del edificio, en una de esas estancias que, de momento, los visitantes sólo pueden contemplar desde el exterior.

Por el campo de concentración de la isla de San Simón, en la ría de Vigo, pasaron unos 6.000 presos demócratas y republicanos entre 1936 y 1943. Los historiadores todavía no han precisado cuantos no salieron vivos, pero no fueron pocos: la disentería y el tifus eran habituales, más de un millar de internos se amontonaban al mismo tiempo en dos islotes, 250 metros de largo por 84 de ancho. La masificación alcanzó tal nivel que fondearon un barco en las cercanías, el Upo Mendi, y lo llenaron de reclusos. A otros los cruzaban a Cesantes, en el continente, donde partidas de falangistas los recogían para pasearlos. Fue uno de los nodos más temidos del universo concentracionario del primer franquismo. El PP relativizó los hechos este miércoles en el Parlamento de Galicia: “Que nosotros tengamos constancia tampoco sabemos que hubiese muertes en la isla de San Simón”.

El diputado conservador José Luis Ferro Iglesias redujo lo sucedido a “los abusos del director de la prisión en aquel momento” y recordó que este había sido “pasado a cuchillo” por “tratar mal a los presos”. Nada más. A Fernando Lago Búa, el carnicero de San Simón -“persona de referencia de la brutal represión de los sublevados en Galicia”, en palabras del historiador Emilio Grandío- y su primer responsable, lo fusilaron los propios alzados contra la República en enero de 1937. Lo acusaban de promover una oscura trama de extorsión a los internos, pero los detalles del caso y los implicados son aún objeto de discusión. San Simón, en todo caso, siguió funcionando como campo de concentración seis años más. Antonio Caeiro, director en del documental Aillados. A memoria dos presos de 1936 en San Simón (primera versión en 1988, último montaje en 2001), también encontró el rastro de fusilamientos: al menos seis, asturianos que habían sido juzgados en Camposancos (A Guarda), donde hubo otro campo franquista. De allí los trasladaron a San Simón. Los investigadores Gonzalo Amoedo y Roberto Gil Moure explicaban, en su libro Episodios de terror durante a Guerra Civl na provincia de Pontevedra (Xerais, 2007) que solo en 1941 murieron allí 250 personas.

Ferro Iglesias respondía a una pregunta en comisión del Partido Socialista que reclamaba el desarrollo en la comunidad de la Ley de Memoria Democrática. En virtud de la misma, el Gobierno central acaba de anunciar que declarará, el próximo mes de agosto, Lugares de la Memoria Democrática el Pazo de Meirás y la propia San Simón. El parlamentario popular aseguró que la Xunta no había recibido ninguna comunicación al respecto y fue entonces cuando rebajó la historia de San Simón a los abusos de su primer director y aseguró que con la “la documentación existente” no hubo muertos en la isla.

Sus declaraciones provocaron la indignación de la oposición. Paloma Castro Rey, la diputada socialista que había formulado la pregunta, lamentó el desconocimiento histórico de Ferro Iglesias y sus inexactitudes. Más vehemente, el nacionalista Luís Bará, muy activo en los colectivos gallegos que recuperan la memoria histórica, calificó de “ofensa como nunca se dijo en este Parlamento a los cientos de personas que murieron en la isla de San Simón, que fueron sacadas de allí para ser asesinadas, que fueron fusiladas”. Bará formó parte, entre 2005 y 2009, del Gobierno bipartito de PSdeG y BNG que convirtió San Simón en centro de referencia de la memoria histórica gallega. Al llegar Núñez Feijóo al poder de la comunidad en 2009, retiró la exposición permanente sobre los presos que había en el lugar y difuminó el relato de los años en que la isla fue campo de concentración.

La Xunta permitió, desde entonces, todo tipo de actividades en San Simón, gincanas, estancias de yoga o noches de Halloween incluidas. Las asociaciones memorialistas protestaron y reclamaron al Gobierno central su declaración como Lugar de la Memoria Democrática ahora concedida y una regulación de los usos más estricta y compatible con su ominoso pasado, algo que recoge la ley estatal vigente.

El Gobierno central ha atendido a la petición de los colectivos memorialistas para proteger de la desmemoria dos de los lugares relacionados con la dictadura franquista más emblemáticos de Galicia: el Pazo de Meirás, residencia veraniega de Franco, y la isla de San Simón, donde hubo un campo de concentración entre 1936 y 1943. Ambos emplazamientos serán, a partir de agosto, “Lugares de la Memoria Democrática”, una figura incluida en la Ley de Memoria Democrática que implica dotarlos de “una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”, además de establecer “un régimen de protección y usos compatibles”. El acto oficial de declaración será en agosto, según recoge el programa España en libertad. 50 años, que este martes ha presentado el presidente Pedro Sánchez.

La Iniciativa Galega pola Memoria, plataforma que agrupa asociaciones de toda la comunidad, había denunciado la desidia de la Xunta. Encargada de gestionar San Simón y parte del convenio interadministrativo que, por el momento, rige Meirás, se ha desentendido de cualquier actividad relacionada con la memoria histórica. “Más bien parece que su objetivo es que caigan en el olvido”, aseguraba el pasado julio a este periódico Matías da Torre, miembro de la Iniciativa. En San Simon incluso ha permitido la organización de ginakanas, noches de Samaín, fines de semana de yoga, búsquedas del tesoro o conciertos, lo que critican los activistas por “la falta de rigor y criterio”.

Meirás, que el Estado recuperó de la familia de Franco por la vía judicial en 2020, y San Simón cumplen claramente los requisitos de la ley para recibir la mencionada distinción. “Lugar de Memoria Democrática es aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva”, dice su artículo 49, “vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos”.

En cumplimiento de la ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectificación, publicamos esta nota enviada por el representante legal de Jaime Martínez Bordiu Franco a la redacción de elDiario.es

Ninguno de los miembros de la familia Martínez Bordiú Franco ha cometido actuación delictiva alguna sobre el Pazo de Meirás, siendo la realidad que no existe ningún pronunciamiento judicial firme que resuelva definitivamente quién ostenta la legítima propiedad del Pazo de Meirás, y tampoco existe ningún expediente abierto que impute la comisión de ningún delito o actuar ilícito a la familia Franco. 

A mayor abundamiento, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña ha reconocido que no existe prueba alguna de mala fe en la actuación de los herederos de la familia Martínez-Bordiú Franco, quienes en todo momento han actuado en su condición de dueños conforme unos títulos de propiedad del Pazo de Meiras respecto a los cuales no existía motivo alguno para duar de su legalidad“. 

“Supongo que saben que el Pazo sigue en juicio con la familia Franco y ése es el motivo por el que nos va a acompañar seguridad. El Pazo está rodeado de cámaras y nos van a ir viendo en todo momento”. Marta, la guía del Pazo de Meirás, aparece acompañada de un guarda cuando se abren las gigantescas puertas, traídas desde el Alcázar de Toledo hasta este punto del municipio coruñés de Sada: cada hoja pesa una tonelada y en ellas todavía se pueden ver los impactos de bala. No quiere generar falsas ilusiones entre la docena de personas reunidas a la entrada del recinto. Hasta que el Supremo resuelva el recurso de la familia sobre la propiedad, casi todo el interior del edificio es zona prohibida, y por eso la visita “va a ser prácticamente exterior”. En 2011, cuando el Pazo se abrió por primera vez al público, tres años después de ser declarado Bien de Interés Cultural, este cronista recuerda que pudo acceder a habitaciones, como el despacho del dictador, que hoy están vetadas. Entonces, no había ningún litigio en marcha y la Fundación Francisco Franco se encargaba a regañadientes de gestionar las visitas.

Si el anuncio de Marta provoca algún desengaño entre la expedición, no se nota. Nadie renuncia. Incluso un par de ciclistas ponen el pie en el asfalto para preguntar cómo se puede conocer el Pazo. Llevan prisa, así que vuelven a pedalear sin saber que habrían podido sumarse a nuestra ruta guiada. Ocho de los veinte inscritos -límite de plazas- no aparecerán. Una situación que se ha repetido varias veces este verano en el que la elevada demanda obligó a ampliar los dos recorridos de sábado y domingo también al viernes.

El grupo, donde se mezcla el acento local con el de los veraneantes habituales en esta zona de la costa coruñesa, pisa las piedras traídas -“una a una”- de la cercana playa de Mera, bajo la sombra de los gigantescos eucaliptos de la familia Pardo Bazán. Doña Emilia fue la gran impulsora de las Torres de Meirás, tras reconstruir una antigua fortaleza militar del siglo XIV. Allí se casó, con 16 años y allí quiso ser enterrada. Cuando lleguemos a la capilla veremos el sarcófago que encargó para un objetivo que sus descendientes nunca cumplieron. Pese a tener un origen tan claro, hoy es uno de los bienes que los Franco siguen reclamando como suyos.

Fue el dictador el que cambió el nombre de Torres a Pazo de Meirás, para tratar de dotarse de un abolengo del que carecía. Hoy lo llamaríamos postureo. Sin embargo, la primera construcción con la que topan los visitantes no es el Pazo sino O Paciño, la casa de juegos, con su hórreo a escala. Por áticos más pequeños pedían en Madrid 200.000 euros. Tampoco allí se puede entrar, aunque alguno de los visitantes recuerda haberlo hecho en otra ocasión. Las contras están abiertas y a través de sus ventanas se observa la cocina bilbaína donde Carmencita y sus amigas, las hijas de los jerarcas del régimen, disponían de agua corriente en plena posguerra.

El sendero lleva al jardín de uno de los laterales, flanqueado por barandillas y ornamentos expoliados del Pazo de Bendaña -en Dodro, a 100 kilómetros de distancia- y, desde allí, llegamos a la vista frontal, la más conocida, con la torre de Levante a nuestra izquierda y la de Poniente, a la derecha. Aquí está el balcón de las Musas, al que se asomaba la madrugadora doña Emilia. Dedicaba las mañanas a escribir y por la tarde convertía las Torres en un foco de vida social. La parte que aún permanece aquí de su inmensa biblioteca -el grueso se guarda en su casa natal, la sede de la Real Academia Galega, en A Coruña- permanece vetada al público como parte del litigio.

Tráilers vacíos en 2020 y camiones cargados en 1978

El guarda abre las puertas de cristal y sólo entonces accedemos a la entrada, donde la decoración se aleja de la intelectualidad y nos acerca a los gustos mundanos de Franco: escopetas y cabezas de corzos se llevan el protagonismo. Como en El Ángel Exterminador de Buñuel, no es posible ir más allá. A la derecha, un panel indica que en esa estancia estaba el escritorio de Pardo Bazán. A la izquierda, menudo contraste, otro similar anuncia la presencia del de Franco.

Aunque el panel esté en la planta baja, el despacho del Caudillo se encuentra en el primer piso. La característica escalera central, coronada por un busto del dictador bajo la vidriera con los escudos heráldicos de los Pardo Bazán, está despojada de la conocida alfombra roja, algo que una visitante hace notar a la guía. Como es uno de los objetos que los Franco reclaman como suyos, ha sido retirada de la vista del público. “Pero está guardada aquí, no se lo han llevado”.

Es algo que Marta recuerda una y otra vez, e incluso tiene ocasión de responder a la pregunta sobre la llegada de los Franco con varios tráilers, a finales de 2020, para llevarse las que consideraban sus posesiones. “Entonces ya era propiedad del Estado y no pudieron pasar”. Los camiones volvieron vacíos.

Todo lo contrario de lo que, según la tradición popular, pasó tras el incendio que afectó al edificio en 1978 y que nunca se ha podido aclarar. Fue uno de los tres fuegos casi simultáneos en otras tantas propiedades de la familia. Se cree que lo utilizaron para adueñarse de antigüedades a las que luego se les perdió el rastro. Incluso recuerdan que, poco después, se pagó a los marineros de Muxía para no fuesen a trabajar al puerto una noche. Los que acudieron a ver qué pasaba pudieron comprobar cómo bienes, supuestamente procedentes de Meirás, se cargaban en barcos con rumbo al extranjero...

Estatuas del Pórtico de la Gloria... y una réplica

La capilla es otro de los escasos espacios interiores que se puede ver, tras una disuasoria barrera de cristal. De frente al visitante, el retablo del Pazo de Santa María de Sada que los vecinos dieron a los Pardo Bazán como pago de un servicio. A la izquierda, el sarcófago sigue esperando los restos de su propietaria para descansar en su hogar. A la derecha, dos venerables figuras de piedra contemplan la estancia: son dos de las estatuas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago, realizadas en el siglo XIII por el Maestro Mateo: los patriarcas Isaac y Abrahham -o, según otra hipótesis, los profetas Jeremías y Ezequiel-, con los que se encaprichó Carmen Polo en una visita al ayuntamiento compostelano. Reclamados por el consistorio, la jueza dio, en primera instancia, la razón a los herederos del dictador. Pero la disputa continúa abierta.

Lo mismo sucede con dos de los maceteros del jardín, uno de los cuales alberga un rododendro. Las estructuras de piedra destinadas a una labor tan mundana son, en realidad, una pila bautismal y otra de agua bendita del monasterio de Moraime, en Muxía, a las que también les echó el ojo la consorte del Caudillo. Esta vez, la fe católica cedió ante el demonio de la decoración. El testimonio ante notario del cura de la localidad despejó cualquier tipo de duda sobre su procedencia y, ahora, sólo esperan la orden para regresar a su lugar de origen.

Camino del bosque de bambú -una especie que, por su carácter invasor, le habría encajado bien a Franco, pero que fue creado por el abuelo de Pardo Bazán- encontramos una réplica del parteluz del Pórtico de la Gloria. Como sucedió con el cruceiro pontevedrés que se alza junto a una de las pilas, también esta vez, el ansia de rapiña de los Franco se contentó con una simple copia. Como vimos, no siempre fue así.

Al lado del bosque vemos los restos de la granxa de Meirás. Así era conocida la propiedad cuando la compraron los Pardo Bazán y así siguió funcionando también durante la dictadura: el Estado compró vacas y gallinas para abastecerla y su jefe vendía la leche y los huevos a los mismos vecinos de Meirás a los que les quitaron sus tierras hasta casi duplicar la superficie de la finca. Los que sobraban, se llevaban a Madrid, donde se pagaban “a precio de oro” porque eran “los huevos de Franco”. Conociendo lo sucedido en la Guerra de África, este cronista todavía se muestra sorprendido por ese plural.

De robar tierras a mover marcos parroquiales

De vuelta ante la fachada principal, buscamos sombra para que Marta cuente los avatares judiciales del Pazo. Junto a la fuente del Diablo narra cómo la investigación de los vecinos -en especial, de Carlos Babío y Manuel Pérez Lorenzo, autores de Meirás: un pazo, un caudillo, un espolio- permitió demostrar tanto la venta fraudulenta de la finca como el robo de las tierras a los vecinos.

En 1938, la llamada Junta Pro Pazo, tras arrancar por toda la provincia aportaciones “voluntarias”, se la regaló al jefe del Estado; no al ciudadano Francisco Franco, quien intentó falsificarlo con una venta fraudulenta tres años después. Eso es lo que ha fallado la justicia y por eso el Pazo ha vuelto, en primera instancia, a titularidad pública. Es patrimonio del Estado pero, en el reparto de competencias entre las administraciones, la organización de las visitas le ha tocado al concello sadense.

Mientras relata estos hechos, Marta señala una construcción que hoy está en el borde interior de la finca. Es la casa de Josefa Portela. No pertenecía a los Pardo Bazán: fue expropiada para los guardias civiles que acompañaban a Franco en sus estancias. Josefa era la abuela de Carlos Babío y su historia sirvió como acicate para su indagación. ¿Cuántos otros vecinos se vieron privados de sus tierras para engrandecer las propiedades de veraneo del Caudillo...?

Un poco más allá, también dentro del muro, se levanta la llamada Casa de Babío. No tiene que ver con Carlos: era propiedad de un emigrante en Estados Unidos, por eso Franco no pudo adquirirla hasta los años 60. Como único pago, el dueño le pidió que le construyera otra “en Meirás”. Franco lo hizo, al otro lado de la carretera... pero aquello era ya la parroquia de Mondego. Así que, en lugar de derribarla, se movieron los límites administrativos: desde entonces, la parroquia de Meirás acaba justo detrás de la casa del americano. La tradición gallega de mover os marcos alcanzaba un nuevo hito.

Ha pasado una hora y Marta todavía deja unos minutos por si alguien quiere hacer más fotos. Es mediodía y el sol pega con fuerza, así que el trámite se resuelve rápido. El grupo se disuelve con un comentario repetido: “¡A ver si la próxima vez podemos verlo todo!”. Aún sobre el césped, uno de los visitantes, uno de esos veraneantes habituales que ya había estado otras veces en el Pazo, se vuelve para mirar el entorno y sentencia: “Aquí acabarán celebrando bodas y comuniones”.

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Nota de rectificación remitida por Jaime Martínez Bordiú

“Ninguno de los miembros de la familia Martínez Bordiú Franco ha cometido actuación delictiva alguna sobre el Pazo de Meirás, siendo la realidad que no existe ningún pronunciamiento judicial firme que resuelva definitivamente quién ostenta la legítima propiedad del Pazo de Meirás, y tampoco existe ningún expediente abierto que impute la comisión de ningún delito o actuar ilícito a la familia Franco. 

A mayor abundamiento, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña ha reconocido que no existe prueba alguna de mala fe en la actuación de los herederos de la familia Martínez-Bordiú Franco, quienes en todo momento han actuado en su condición de dueños conforme unos títulos de propiedad del Pazo de Meiras respecto a los cuales no existía motivo alguno para duar de su legalidad“.

Fue Alberto Núñez Feijóo el encargado de reducir a su mínima expresión las políticas de memoria histórica del Gobierno gallego. Lo hizo al poco tiempo de tomar posesión como presidente, allá por 2009, tras derrotar contra pronóstico y por la mínima al bipartito de socialistas y BNG, muy activo en la materia. Su sucesor desde 2022, Alfonso Rueda, no ha modificado el rumbo. Una treintena de asociaciones así lo denuncian -hablan incluso de “beligerancia”- y han decidido remitirse al Estado: amparados en la Ley de Memoria Democrática, solicitan que el Pazo de Meirás y la isla de San Simón, campo de concentración franquista durante la Guerra Civil, sean declarados “lugares de memoria”.

Esta es una figura que recoge la norma aprobada en octubre de 2022 en los artículos de su sección cuarta y que implica dotarlos de “una función conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora”. Justo lo que, a juicio de los impulsores de la reclamación gallega, organizados en la plataforma Iniciativa Galega pola Memoria, no hace la Xunta de Galicia. “No lleva a cabo ninguna actividad relacionada con los aspectos de memoria democrática de esos lugares”, explica a elDiario.es Matías da Torre, miembro del colectivo, “más bien parece que su objetivo es que caigan en el olvido”. La titularidad de San Simón, en la ría de Vigo, y de Meirás, residencia veraniega del dictador Francisco Franco y su familia en Sada (A Coruña), es del Estado, pero no su gestión. En el primer caso está cedida al Ejecutivo autónomo y en el segundo depende -temporalmente, mientras se aclara de todo su horizonte judicial- de un convenio interadministrativo.

En todo caso ambos espacios cumplen los requisitos establecidos por la ley para ser considerados “de memoria”. La expresión alude a “aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible” donde ocurriesen hechos relevantes vinculados a la “memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio”. Por San Simón pasaron más de 6.000 presos republicanos y demócratas entre octubre de 1936 y marzo de 1943. Los historiadores todavía no saben precisar cuántos de ellos murieron o fueron asesinados en el lugar, pero no pocos. El Pazo de Meirás acabó en manos de los Franco tras una colecta forzosa, armada por empresarios afectos a la la rebelión fascista agrupados en la Junta Provincial Pro Pazo Caudillo, en 1938. Allí pasó sus veranos la familia del dictador y allí firmó penas de muerte y recibió ofrendas y visitas. En 2020, tras años de lucha vecinal y del movimiento memorialista, el Estado recuperó la propiedad del lugar.

Es este mismo movimiento el que ahora denuncia “las actividades banalizadoras y mercantilistas en los usos de San Simón”. Ginkanas, noches de Samaín, búsquedas del tesoro o conciertos son algunas de las actividades que el Gobierno gallego permite en la isla “sin rigor ni criterio alguno”. “Lo han convertido en una feria en buena parte por los intereses de las navieras [que la comunican con la costa]”, afea Da Torre, “y donde las políticas de memoria quedan en el ostracismo”. Las referencias a su pasado como campo de concentración escasean desde que el PP relevó a PSOE y BNG en el Gobierno autonómico. “Lo que pedimos”, añade, “es un plan de usos acorde con la historia del lugar”. El artículo 50 de la Ley de Memoria Democrática expone que los lugares de memoria contarán con un régimen de protección y usos compatibles.

La situación de Meirás difiere. El Estado recuperó la propiedad hace cuatro años, pero el convenio interadministrativo que por el momento lo rige ha limitado las visitas hasta el punto, señala el investigador Carlos Babío, de que no se cumple la normativa autonómica sobre bienes de interés cultural (BIC). “La Xunta es connivente”, critica en conversación con este periódico.

Los expedientes para la declaración de lugares de la memoria los puede iniciar bien el Estado bien entidades memorialistas. Su plazo de resolución es como máximo de 12 meses. La Iniciativa Galega pola Memoria celebrará este domingo en San Simón su acto anual de homenaje a las víctimas de la dictadura. Se trata de una de las pocas actividades relacionadas con la causa que, en la actualidad, se realizan en la isla. La Xunta la dota con un presupuesto de 3.000 euros para fletar el catamarán que transporta a los participantes. El encuentro incidirá este año en “la necesidad de que sea declarada lugar de la memoria y cuente así con la protección adecuada para acabar así con una gestión más propia de un parque de atracciones que de un lugar de reclusión franquista”.