La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presume de haber entregado 5.000 viviendas de alquiler asequible con el Plan Vive que gestionan sobre todo Avalon y Sogeviso. Pero no responde al descontento que crece entre centenares de los inquilinos, que ya han creado una plataforma de afectados. Protestan por unos gastos de comunidad, garajes, trasteros e IBI que les duplican el precio inicial del alquiler y unas deficiencias que van desde limitación del agua caliente hasta goteras. Desde Colmenar Viejo hasta Pinto, pasando por Alcorcón, Torrejón de Ardoz, Getafe, Tres Cantos, Móstoles o Arganda del Rey y Valdebebas, los vecinos de hasta 9 municipios están indignados.

El enfado ya toma forma en una plataforma con 130 miembros que surge de la ampliación de la Asociación de Valdebebas, que es la que tiene unos precios más altos del alquiler. En todos los casos, a los gastos excesivos que han provocado incluso una denuncia, con garajes por encima de mercado y hasta 150 euros por plaza, se les suma el descontento por una falta de mantenimiento y unos problemas estructurales que no se resuelven con premura pese a los elevados costes de comunidad. 

Aunque han intentado sin éxito resolver sus quejas con las empresas, especialmente Avalon, esta envió recientemente un comunicado a los inquilinos sugiriendo que no hablaran con la prensa y recordándoles que no tenían derecho a compra. Lo dijo porque Avalon, conrolada por Aes Management, estudia vender sus viviendas del Plan Vive, según publicó Cinco Días. La recién creada asociación propone crear una mesa de seguimiento en que estén representados los inquilinos y se les reconozca colectivamente.

Denuncia contra el pago del IBI

En Móstoles, Antonio Gamez, que es abogado, fue el precursor de una de las primeras denuncias que se han presentado contra estas promociones. En su caso lo hizo por el IBI, por el que paga 50 euros y que asegura que la Comunidad no le puede cobrar. Usa como antecedente que le avala una sentencia del Supremo de 2024, también de Madrid, que determinó que las viviendas públicas de gestión privada no pueden cargar el IBI porque no es un servicio. 

En su contra juega el hecho de que Ayuso ya previó en el reglamento del Plan Vive que pudiera cobrarse este impuesto, como también dejó por escrito la obligación de aceptar la plaza de garaje y el trastero o pagar los gastos de comunidad, de forma que el alquiler acaba disparándose hasta, en muchas ocasiones, superar el 35% de esfuerzo económico que también prevé el Plan Vive. 

Además de los 50 de IBI, Antonio paga en su promoción del barrio de Humanes, donde hay 150 pisos, 50 euros por el trastero, 110 euros de comunidad y 80 euros por cada plaza de garaje, que en el mismo barrio están a 50 euros en Idealista. “Además, nos obligan a coger dos plazas y eso que los pisos están en un solar donde hay muchísimo aparcamiento”, se queja Antonio. Sumándolo todo al alquiler, paga 638, un precio algo por debajo del mercado en el barrio pero que duplica los 340 euros a los que se publicitaba el anuncio. 

Los anuncios en el portal de Idealista de viviendas por el barrio muestran un piso en el centro de Humanes de 35 metros cuadrados por 750 euros, precio idéntico a un bajo de 70 metros y algo inferior a un piso de 58 metros cuadrados y dos habitaciones a 850 que sale más barato el metro cuadrado que el del Plan Vive donde reside Antonio. Pero para él “no se trata de compararlo con el mercado libre, sino con que acaba teniendo un precio de dos o tres veces lo que debe ser una vivienda pública”. 

La promoción de Antonio no es de las que presenta más problemas, más allá que el tener conserje solo por la mañana ha generado algunos problemas de seguridad y hay humedades de la piscina que se han filtrado al garaje. También hubo problemas con la jardinería, con crecimiento descontrolado de hierbajos, un clásico en estas promociones pese a que el servicio está incluido en los altos costes de comunidad. 

El mal mantenimiento de una comunidad de más de 100 euros mensuales

Desde Getafe, Diana también denuncia “hierbajos por todos lados” y un conserje que está pocas horas, además de “una piscina que es muy pequeña” para los 111 euros de comunidad que pagan. “En otro piso donde vivía antes, pagaba 50 y estaba todo mucho mejor”, denuncia.

En su caso parte de un alquiler inicial de 500 euros que acaba convirtiéndose en 785 al sumar los 30 euros de trastero, los 88 de un garaje y 70 del segundo, los 112 de comunidad y los 47 de IBI. 

“Te entregan un piso y no te dejan ir a verlo”, denuncia Diana recogiendo un sentir también común entre los vecinos del Plan Vive. “Llegas, tiene placas del baño con humedad, la pintura mal hecha, la aerotermia funciona mal, el ascensor dice que es de ocho personas y con cuatro se sobrecarga y llegan a hacerte cobros duplicados”, denuncia. Además, como denuncian otros vecinos, las revisiones de precio hacen que suba año a año y además lo hace al ritmo del IPC y no del IRAV, el índice de referencia del alquiler, que es inferior, como dictaminó por ley el Gobierno al estallar la guerra de Irán, ya que el Plan Vive se rige por una normativa autonómica. 

Diana buscaba una vivienda donde pagar un precio asumible para él y su pareja, que cobran 1.500 euros cada uno. Pero se encontraron con un precio que, aunque les hizo aceptar la oferta y puede ser mejor que otras opciones de un mercado muy duro, no es precisamente asequible. “Yo lo que quiero es una vivienda digna, no dos plazas de garaje, ni una, o una piscina del tamaño de un jacuzzi”, sentencia. 

El enfado empieza por no poder ver el piso

En Alcorcón, un vecino que prefiere guardar el anonimato empezó ya a molestarse y contactar con otros vecinos cuando vio que no le dejaban ver el piso antes de instalarse y firmar el contrato. “Luego, llegamos a los gastos de comunidad e IBI que no conocíamos antes porque en la publicidad no salía”, denuncia. 

Y así, sumando el garaje y el trastero, el piso de dos habitaciones y unos 50 metros cuadrados se le acaba yendo a 900 euros. “Si no fuera por los más de 100 euros de la comunidad, el IBI de unos 30 euros, el garaje y el trastero, son 650 euros”, dice este vecino que además asegura que ya paga 100 euros más que cuando llegó a este piso, hace dos años, la primera promoción que se entregó, por las subidas del IPC. 

Como se repite una y otra vez en estas promociones y aunque en su caso la gestora es Sogeviso y no Avalon, los vecinos de Alcorcón no han conseguido un informe detallado de los gastos de comunidad. Además, como sucede en la mayoría de promociones, estos alcanzan el máximo permitido, un 18% del alquiler. Desde la plataforma denuncian que las empresas pueden estar financiándose con estos pagos, que superarían por mucho los gastos, independientemente de que en algunos casos hagan algunas devoluciones a los inquilinos. “La verdad, no sé qué servicios de comunidad hay”, lamenta en la línea de otras promociones. 

Goteras y fallas estructurales

Este vecino convive además con una gotera que se filtra por una persiana de la habitación y que nadie ha reparado y denuncia que “la puerta del garaje llegó a estar cinco días abierta de par en par”. “En mi casa tuvieron que hacer una obra porque el suelo estaba inclinado. De hecho, me deben dinero desde hace dos años porque me tenían que cubrir los meses que estaba fuera por la obra”, recuerda. 

Todos estos vecinos y hasta una treintena de seis localidades diferentes compartieron su experiencia y sus propuestas hace unas semanas en la sede de UGT, que les ayuda a organizarse, ya que la propiedad ni siquiera reconoce a la plataforma como interlocutora. Sergio Moreno, de Valdebebas, que creó una primera plataforma con un dosier que recogía las quejas, es su portavoz. 

Pero la indignación va más allá de los vecinos que se han unido a la plataforma e incluso de los municipios que se han incluido. En Arganda del Rey, Arlette se muestra desesperada por todos los problemas que afronta. En un piso de tres habitaciones donde vive con su hija, consiguió frenar que le obligaran a tener dos plazas de garaje para que no le subiera 150 euros más el alquiler. 

Pero aun así cuenta con una y sumando gastos de trastero, 30 euros, los 40 del IBI, los 150 de comunidad, los 80 de la plaza, el alquiler se le dispara de 800 a 1.100 euros. Además, cuando llegó en diciembre los vecinos de abajo protestaban por filtraciones de agua que se habían colado antes incluso de que se instalara. “Queda todavía una mancha en el suelo”, relata.

“El edificio es de muy baja calidad y no sabemos en qué se gastan la comunidad”, relata Arlette, que denuncia problemas con las cerraduras y con el ascensor que no se arreglan con premura pese al elevado coste de la comunidad. En su caso, la gestora es Qube Rent. 

“Aceptas por desesperación”

“Aceptas el piso por desesperación. Me he mudado un montón de veces en pocos años y este piso parecía mejor. Pero cuando te obligan a pagar gastos que no deberían correr de tu cuenta en un piso público y encima la comunidad no responde ante tantos problemas, es frustrante”. 

El sentimiento se repite una y otra vez entre los vecinos. No quieren irse porque han conseguido un piso a un precio a veces levemente por debajo del mercado, otras veces casi a la par, pero nuevo. Y además, se lo han dado, que es en ocasiones lo más difícil en la lucha contra una competición de la demanda desbocada. 

Aceptaron las condiciones movidos por la desesperación de no encontrar nada mejor. Pero eso no les resta la indignación de estar pagando gastos inflados por unos servicios que no se les dan y acabar afrontando alquileres que tienen poco de asequibles.

En la casa de la familia Akkouh, en un barrio obrero de Torrejón de Ardoz (Madrid), llevan un año sobreviviendo a la ausencia de un hijo, un hermano, un tío. El 17 de junio de 2025, Abderrahim (35 años) murió estrangulado en plena calle por un agente de la Policía Municipal de Madrid, ayudado por otro agente jubilado del mismo cuerpo. Desde entonces, en esta pequeña vivienda las lágrimas brotan en el momento menos esperado. “Queremos que los culpables paguen por lo que han hecho y que se limpie el nombre de mi hermano”, repite una y otra vez Chaimae.

En el centro del salón de la vivienda hay una gran mesa preparada para la ocasión del encuentro con elDiario.es con agua, zumo de naranja y dulces árabes, rodeada por los padres de Abderrahim, Jamila y Mimoun, y sus hermanas, Nassira y Chaimae, y una de las hijas de esta última, de seis meses. Chaimae, dependienta en una tienda de venta al pormenor de frutas y verduras, comienza el relato: “A nosotros nos llegó la noticia al día siguiente. Se presentaron en esta casa, donde vivía Abderrahim con mis padres, y aunque al agente de Policía Nacional le dije que no le diera la noticia a mi madre hasta que llegásemos, lo hizo mientras yo lo escuchaba por teléfono”.

Chaimae, la hermana pequeña de los seis hermanos que llegaron a ser, es la que mejor castellano habla de todos los presentes. Sus palabras suenan resueltas, seguras, también con cierto pesar por el recuerdo. Mimoun y Jamila, al escucharla, asienten y niegan con la cabeza, según lo que escuchen en cada momento. “La familia todavía no ha recibido ninguna comunicación oficial en la que se diga que mi hermano murió asfixiado por un policía. Nos llegaron a decir que se lo habían encontrado muerto en la calle”, se queja.

Los estragos de la familia Akkouh para enterrar a Abderrahim todavía resuenan en sus remembranzas. “Tuvimos que hacer una manifestación para exigir que nos devolvieran su cuerpo. No lo tuvimos hasta después de más de 20 días y apenas le podíamos reconocer”, asegura Chaimae.

Manchar el nombre de Abderrahim

A partir de entonces, varias informaciones señalaron que Abderrahim podía haber muerto por alguna complicación sanitaria, que era politoxicómano y que la persecución de los agentes que acabaron con su vida se inició porque les había robado un móvil. Todas las autopsias realizadas a su cuerpo objetivan que Abderrahim falleció por una “muerte violenta por homicidio” tras sufrir la llamada técnica del mataleón hasta que su cuerpo dejó de recibir oxígeno. Además, el móvil al que en un primer momento se refirieron los acusados, que responden a las siglas de J. J. T. C. y P. A. P. C., no ha aparecido.

Esta deshumanización de su ser querido ha causado una honda herida en los Akkouh, quienes batallan incansables por dar a conocer la verdad sobre Abderrahim. Fue su padre el primero en arribar a España en 1993, quien desde entonces se ha dedicado a trabajar en la construcción y el campo. Tanto Mimoun como Jamila tienen ahora 64 años. Poco a poco, llegó la reagrupación familiar. “Abderrahim siempre decía que se sentía más español que marroquí, vivía aquí con orgullo. Es algo costoso pensar que ha sido aquí, en España, donde le han matado”, admite Chaimae.

Mimoun se esfuerza en hacerse entender. A través de sus ojos llorosos y unas manos algo agitadas transmite la profunda injusticia que le acompaña desde hace un año. “Yo estaba en la mezquita de al lado de la estación y escuché sirenas de Policía y ambulancias”, detalla en alusión a las 23.00 horas aproximadamente del 17 de junio de 2025. Jamás pensó que su hijo fuera el motivo de tal despliegue. Se enteró de lo sucedido incluso después que Jamila, quien es incapaz de soltar la fotografía de su hijo, a la que besa continuamente.

Conciso y claro, recalca que ya en comisaría se negó a firmar los documentos que la Policía le expuso. “Me dijeron que firmara solo uno, y lo hice, pero yo no entiendo nada bien el castellano y no sé qué ponía”, abunda. Rubén Vaquero, el abogado de la familia, incide en ello: “El mismo día de los hechos, sin ningún respeto a su estatuto como víctima, que es una cuestión legal, no de respeto moral, le hicieron firmar que su hijo era un drogadicto y un delincuente, sin intérprete y sin abogado delante, para apuntalar la versión de los causantes de la muerte”.

Un recuerdo continuo

Los padres de Abderrahim no tardan ni dos segundos en empezar a llorar cuando escuchan preguntar por cómo era su hijo. Tanto, que Mimoun abandona por unos segundos la sala. La hermana pequeña rememora cómo de pequeño soñaba con convertirse en futbolista en España, donde fue contratado como carretillero y repartidor. “Te mentiría si te digo que no nos acordamos de él en cada paso, cada comida, cada charla. No paramos de recordarle, sobre todo mi madre. Por mucho que el tiempo pase, no te creas que es menos el dolor que tenemos”, añade.

Ya como vecino torrejonero, recuerdan a Abderrahim por su afán a la hora de ayudar: “Se encontraba con niños migrantes que apenas tenían nada y les daba ropa y comida. Fue un hombre que nunca hizo daño a nadie”. De todas formas, Chaimae no oculta el estado de salud delicado en el que se encontraba su hermano en los últimos años: “Andaba enganchado a las drogas y acudía a un centro para desintoxicarse. Eso fue su perdición, porque ya no le permitía encontrar un trabajo”.

Las palabras de la hermana brotan cargadas de rabia al tratar en quién recae la culpabilidad de la muerte de Abderrahim. “Parece que últimamente la Policía no está preparada o estudiada para ser Policía, sino para ser asesina”, enfatiza antes de subrayar que “algo así no hubiera pasado con una persona blanca”. “Vivimos en un racismo estructural, sobre todo contra los magrebíes. Me gustaría que España demostrara que no es un país racista, que es capaz de abrir sus puertas a los migrantes que vienen a trabajar para mejorar su vida”, se explaya.

A día de hoy, Nassira pasa cierto temor cuando vuelve de noche desde la planta logística de Alovera en la que trabaja. “Por mucho que los policías no ejercieran aquí, sí que son vecinos de Torrejón, y no los conocemos de nada, no sabemos quiénes son, así que ahora andamos con el miedo metido en el cuerpo. Tendrían que tener alguna medida cautelar más allá de firmar cada 15 días en el juzgado”, señala la misma Chaimae.

Dos investigados y apoyo popular

La acción por parte de los dos agentes policiales fuera de servicio aquel 17 de junio de 2025 fue tal que varios viandantes intentaron salvar la vida de Abderrahim, sin éxito. Vecinos también grabaron vídeos a pie de calle y desde los balcones. Gracias a esas imágenes, los dos policías están investigados y se sabe que el policía retirado, cuya calidad pasó de testigo a imputado el pasado 25 de mayo, llegó a decir “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, cuando el cuerpo del magrebí yacía sin vida en la acera.

La última actualización del caso ha tenido lugar este 9 de junio con la comparecencia ante la jueza de P. A. P. C., el policía retirado, ya como investigado en el proceso. Este hombre sujetó las piernas de Abderrahim cuando procuraba zafarse de la asfixia que le acabó matando e intentó evitar que viandantes le defendieran y grabaran la escena. Según la defensa de los Akkouh, en su declaración apareció con peluca y barba postiza, algo que la magistrada le recriminó. No contestó a ninguna pregunta, tampoco las de su abogado.

La familia Akkouh ha recibido numerosas muestras de cariño en estos meses, incluso se ha creado un grupo de apoyo. “Necesitamos alzar la voz todo lo posible porque todavía queda batalla por librar, y será duro”, dice Chaimae. La familia al completo pugna por la verdad. “Para que se haga justicia aquí se tiene que actuar con certeza y firmeza, y que no por ser migrante se le den menos derechos y por ser agente de seguridad tenga más razón”, añade la hermana pequeña. De nuevo y tras cumplirse un año sin Abderrahim, una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz en su memoria el próximo sábado, 20 de junio.

El Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, privatizado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y cuya gestión corresponde a Ribera Salud, ha pedido a la Comunidad de Madrid prescindir de más médicos internos residentes (MIR) para ahorrar el dinero que supone su contratación. Según ha adelantado El País este martes, fue el CEO de la gestora, Pablo Gallart, quien dijo en un adudio publicado por el medio que los salarios de los MIR suponen varios millones que les “hacen falta”. El Ejecutivo regional, por su parte, insta al hospital a cumplir el contrato.

En el audio, revelado en septiembre, el CEO de Ribera Salud se quejaba de que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso no hubiese aceptado pagar los sueldos de los MIR. Tanto la Comunidad de Madrid como la gestora se encuentran en conversaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre este tema, según fuentes de la Comunidad, que aseguran que “lógicamente es responsabilidad del hospital” la formación de los médicos.

La petición, que afectaría a los alumnos del primer año del próximo curso 2027, responde a “determinados retos organizativos” en el centro que es necesario resolver “para seguir garantizando el servicio”, según informa Europa Press.

Por su parte, Miguel Ángel Mánez, director general de Ordenación Profesional, del Ministerio de Sanidad, asegura que “lo habitual” es que los hospitales “quieran acreditar nuevaz plazas docentes” para poder “atraer talento”. “Lo extraordinario y profundamente preocupante es que un hospital universitario solicite que no se incluyan en la oferta de plazas todas las que tiene acreditadas o que puedan llegar a plantearse pedir la desacreditación de todas sus plazas”, asegura, en declaraciones a elDiario.es. “Tenemos muy claro que en plena necesidad de profesionales, renunciar a formar residentes no es una decisión menor, es un retroceso para el sistema sanitario y la ciudadanía”, dice.

La oposición ha criticado duramente la propuesta de Ribera Salud. El PSOE de Madrid ha reclamado este martes que la Asamblea de Vallecas celebre un pleno extraordinario sobre la contratación de los MIR. En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la portavoz del PSOE en la Cámara, Mar Espinar, ha reprochado que se “nieguen a formar a médicos residentes” porque “necesitan el dinero para otra cosa”.

Las otras polémicas del CEO

Esta no es la única polémica del CEO de la empresa gestora del hospital público de Torrejón. En diciembre de 2025, Pablo Gallart ordenó rechazar pacientes y alargar listas de espera para reducir gastos y ampliar beneficios, según grabaciones de audio a las que tuvo acceso El País. “En Torrejón en el año 22 y 23 decidimos como organización hacer un esfuerzo para bajar la lista de espera. Lo único que pido es: desandemos el camino”, decía. Posteriormente, la empresa gestora despidió a cuatri directivos que denunciaron la orden.

Ese mismo año se conoció que el Hospital priorizaba las operaciones de los pacientes más rentables. Mientras algunos esperaban más de dos meses para una cirugía una vez entraban en lista de espera, los de libre elección se oberaban antes de un mes en esa misma área, según una investigación de elDiario.es.

El Hospital de Torrejón de Ardoz es uno de los cinco hospitales públicos privatizados en la Comunidad y su gestora es la única del grupo Ribera Salud. El resto pertenecen a Quirónsalud: el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, el Rey Juan Carlos, el Infanta Elena y el General de Villalba.

Casi un año después de los hechos, el agente de Policía Municipal de Madrid retirado que participó en la intervención que terminó con la vida de Abderrahim Akkouh en Torrejón de Ardoz ha pasado de testigo a investigado en el proceso judicial que intenta dirimir las responsabilidades de lo sucedido. Tal y como viene reclamando la familia de la víctima desde un principio, este hombre que responde a las siglas de P. A. P. C. tendrá que testificar el próximo 9 de junio ante el juzgado de instrucción número 4 de la localidad torrejonera.

“Nunca fue un mero testigo. Con su acción, evitó que Abderrahim se pudiera defender de la asfixia que le acabó matando”, defiende Rubén Vaquero, abogado de la familia Akkouh. Sucedió el 17 de junio de 2025. Este agente retirado junto a J. J. T. C., agente en activo del mismo cuerpo policial e investigado desde un primer momento en la causa, persiguieron a Abderrahim hasta que consiguieron inmovilizarlo. Mientras el segundo le practicaba la técnica conocida como “mataleón”, el ahora también investigado intentó inmovilizar sus piernas y se encaró con los viandantes que alertaban de la violencia de la maniobra e intentaban grabar la escena. Las diversas autopsias realizadas recogen que Abderrahim perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”.

Ese es el motivo principal por el que la magistrada del juzgado de Torrejón que indaga sobre los hechos ha citado a P. A. P. C. como investigado. “A la vista de lo hasta ahora practicado y el informe médico forense de autopsia, que considera entre las concausas del fallecimiento la inmovilización (con compresión torácica y presa cervical) y posición en decúbito prono del fallecido”, recoge el auto, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Vaquero explica que el agente retirado podría haber incurrido en un delito recogido en el artículo 139 del Código Penal, referente a un homicidio con alevosía por indefensión. “Ahí se parte de que los atacantes son siempre más de uno, como sucede en esta ocasión”, apunta.

Una nueva declaración como investigado

Los vídeos aportados a la causa y grabados por los testigos evidencian cómo P. A. P. C. intentó en todo momento sujetar a Abderrahim, que yacía boca abajo en el suelo, mientras J. J. T. C. le estrangulaba hasta la muerte. Por otro lado, un vídeo publicado por elDiario.es muestra cómo este mismo policía municipal jubilado dijo “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, ante la presencia de sus compañeros de Policía Nacional, una vez Abderrahim ya había dejado de respirar. “Esto nos da una visión bastante clarividente de cuál es su participación e intención directa, que no era otra que arrebatarle la vida”, añade el letrado.

Tanto el abogado como la familia Akkouh no se explicaban cómo P. A. P. C. formaba parte de la investigación judicial como testigo y no investigado: “Este señor no era un vecino que vio lo que sucedía desde un balcón. Era evidente que se le debía procesar”, comenta Vaquero. De esta forma, el próximo 9 de junio P. A. P. C. se enfrentará a cuestiones diferentes a las que el abogado pudo realizar en su primera declaración como testigo. “Esperamos que no responda a nuestras preguntas, pero nosotros intentaremos evidenciar su participación real en los hechos”, agrega.

En aquella declaración como testigo, el ahora investigado llegó a aseverar que le habían golpeado en la cabeza, cuando en los vídeos aparece él cayéndose y dándose contra un bolardo de la calle. “También dijo que no habían bebido nada, y las pruebas posteriores objetivaron ingesta de alcohol. Es algo muy curioso que intentaremos desentrañar”, precisa el mismo Vaquero. Aquella noche, ambos agentes venían de celebrar la jubilación de P. A. P. C.

“Era desesperante que no estuviera investigado ya, porque los vídeos son demoledores. Aquí nadie puede decir que este hombre no participa de los hechos”, reitera el abogado. Desde su punto de vista, P. A. P. C. podría ser un coautor o cooperador necesario, cuyas figuras tienen la misma relevancia penal. Aún a la espera de sus declaraciones durante la fase de instrucción en la que se encuentra el caso, Vaquero adelanta que para ambos pedirá una pena de asesinato de unos 15 años de prisión. “Si participan los dos, pasamos de un homicidio doloso a un homicidio alevoso, lo que es un asesinato y lo que nosotros hemos defendido desde el principio”, desarrolla. 

Por el momento, el único investigado sobre el que pesan medidas cautelares es J. J. T. C., quien cada 15 días tiene que firmar en los juzgados. Para el nuevo investigado, la acusación las reclamará a la magistrada según lo que declare.

Una lucha por la justicia

La imputación de P. A. P. C. da aliento a la lucha de la familia Akkouh por hacer justicia y limpiar el nombre de Abderrahim, víctima de infundios, según su hermana Chaimae. “Cuando le he dado la noticia a mis padres ha sido una bomba de esperanza”, afirma. Esto les hace ver que siguen “el camino correcto” para condenar al policía retirado como responsable de la muerte de Abderrahim. “Este policía participó de lo sucedido y no hizo nada para salvarle la vida. Al contrario. Se sentó sobre las piernas de mi hermano para que no se pudiera mover y defender de la asfixia”, sostiene.

Chaimae recalca que lo sucedido “no fue un accidente, sino un asesinato puro y duro”. Por otro lado, ambos agentes son vecinos de Torrejón de Ardoz, aunque desarrollaran sus funciones policiales en la capital, lo que provoca cierto temor a la familia: “Nos andamos con algo de cuidado porque no sabemos si nos cruzamos por la calle con estas personas diariamente, porque no sabemos quiénes son”.

La hermana del Abderrahim ya trabaja para recordarle cuando se cumpla un año de su muerte. Una manifestación recorrerá las calles de Torrejón de Ardoz el próximo 20 de junio y son varias las charlas que la familia prepara para seguir dando a conocer lo sucedido. “Queremos que a estas personas se les condene como se merecen y que se limpie el nombre de mi hermano”, concluye.

Una tercera autopsia del cuerpo de Abderrahim Akkouh que incluye el análisis de los vídeos de la actuación que acabó con su vida desvela que este vecino de Torrejón de Ardoz de 35 años perdió la vida por una “muerte violenta por homicidio”. Sucedió la noche del 17 de junio de 2025, cuando J. J. T. C., policía municipal de Madrid fuera de servicio, persiguió a este hombre de origen magrebí por las calles de la localidad. Tras inmovilizarle, le practicó la técnica de sujeción conocida como mataleón hasta que le asfixió.

En un primer momento, el procedimiento se abrió como un homicidio imprudente. Tras recibir el informe de la autopsia, la defensa del fallecido pedirá a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 4 de Torrejón que se le impute un delito de homicidio doloso o asesinato. Asimismo, volverá a reclamar que el policía retirado, P. A. P. C., quien evitó con su peso corporal que Abderrahim pudiera defenderse de la asfixia y e intentó frenar la grabación de lo sucedido por varios transeúntes, deje su condición de testigo para ser investigado.

El informe de la autopsia realizado el 5 de marzo de este año —al que ha tenido acceso elDiario.es— recoge que la “causa fundamental” de la muerte fue “asfixia mecánica”. Los médicos forenses que firman el documento definen esta asfixia como “la falta de oxigenación causada por obstrucción física o presión externa que impide el paso de aire a los pulmones”. Rubén Vaquero, letrado de la familia Akkouh, asegura que esta es la evidencia de que “Abderrahim murió por la compresión de la caja torácica y del estrangulamiento” al que le sometió J. J. T. C.

La resolución de los expertos del Instituto de Medicina Legal también asume en sus consideraciones médico-forenses que en el fallecimiento intervino el consumo reciente de drogas como cannabis y cocaína y lesiones cardiacas previas, así como la compresión torácica y presa cervical que sufrió Abderrahim por parte del policía. Sin embargo, en sus conclusiones aprecia que la “causa inmediata” de la muerte fue la anoxia, es decir, la falta de oxígeno en el organismo. Más allá de la ya expuesta “causa fundamental”, los especialistas recalcan en la “etiología médico-legal” que se trata de una “muerte violenta por homicidio”.

Ante dicho extremo, Vaquero asegura que esta es la mejor forma de echar por tierra algunas versiones vertidas por los agentes policiales que señalaban que Abderrahim podría haber muerto debido a sus complicaciones médicas. Según el relato de los agentes, habrían comenzado a perseguirle después de que le robara el móvil a uno de ellos. 

Por otro lado, que el caso se investigue como homicidio doloso conllevaría que fuera un tribunal de jurado popular el que terminara discerniendo lo sucedido en el juicio oral. “Esa era nuestra intención desde el principio para que la sociedad española pueda mostrar que rechaza estas situaciones en las que policías matan a una persona movidos por el racismo”, añade el abogado.

De testigo a un segundo investigado

Por el momento, P. A. P. C., el agente de la Policía Municipal de Madrid retirado que también intervino en los hechos, forma parte del procedimiento en calidad de testigo. No es la primera vez que Vaquero intentará que eso cambie. “Está claro que tuvo una participación activa en los hechos. Formó parte de la persecución y abatimiento contra el suelo de Abderrahim, también de su inmovilización, e intentó que los presentes no grabaran lo que sucedía, incluso peleándose con uno de ellos, tal y como prueban los vídeos”, desarrolla el letrado.

Además, el agente jubilado, con el cuerpo de Abderrahim ya inerte, le espetó “mereces que te mueras ahora mismo, cabrón”, tal y como recogió elDiario.es. “Entendemos que hay indicios suficientes de racionalidad criminal que son indubitables como para que pase a estar investigado, porque su relación con el crimen es cristalina y evidente”, reitera el mismo Vaquero. 

Lo mismo reclama la hermana del fallecido, Chaimae Akkouh, quien resalta que “este hombre no pasaba por ahí, no es un testigo más, sino que ayudó a que Abderrahim no pudiera librarse de la asfixia sujetándolo por los pies”. En este sentido, la autopsia recoge que “la inmovilización de la mitad inferior del cuerpo no condiciona el resultado de fallecimiento”, una vez analizados las consideraciones médico-forenses y las imágenes de los vídeos aportados en la autopsia. De todas formas, el abogado argumenta que “no hay muerte si no se le impide a Abderrahim esa situación de indefensión en la que también participó P. A. P. C.”.

Sin prisión preventiva

Esta joven de 26 años, también vecina torrejonera, sostiene que desde que tuvo lugar la muerte de su hermano viven con miedo. “Nunca sabes cuándo puede llegar un cambio de última hora en el procedimiento. Han tardado mucho en dejarnos conocer esta autopsia y temíamos que no recogiera lo que realmente sucedió”, comenta. Ese miedo fue a más cuando hace unas semanas la justicia decidió archivar la investigación sobre la muerte de un hombre en un locutorio de Torremolinos (Málaga). En ese caso, falleció tras recibir entre ocho y once descargas eléctricas de dos pistolas táser, golpes e inhalar gas irritante, además de ser inmovilizado bajo presión en tórax y piernas durante una intervención de seis agentes de Policía.

Por eso, Chaimae se posiciona a favor de elevar las medidas cautelares que, a día de hoy, tan solo pesan sobre J. J. T. C., quien tiene el deber de firmar cada 15 días en los juzgados. “Pedimos la prisión preventiva para asegurar el procedimiento y que no tuviera acercamiento a la familia, pero nos lo denegaron”, detalla Vaquero. El agente intentó dejar de tener la obligación de personarse cada quincena en los juzgados, pero la magistrada no aceptó la petición.

Un miedo que no desaparece

La hermana del fallecido, la pequeña de los ahora cinco hijos que acompañan a su madre, Jamila, asegura “confiar en la justicia española”. Así lo explica: “Habrá un día en que todo saldrá a la luz y será ahí cuando tengamos la reparación y justicia que buscamos desde junio del año pasado”. El informe de esta autopsia ha significado un pequeño alivio en el periplo judicial que todavía enfrentan, pero el dolor continúa. “Hasta que no haya una sentencia firme que esclarezca la culpabilidad de los dos policías, no terminaremos de sufrir”, comenta.

La palabra “miedo” es de las más repetidas por Chaimae al ser preguntada por qué le hace sentir lo ocurrido. “Yo tengo dos hijos y tengo miedo por ellos. Como esto pueda volver a suceder, todos estamos perdidos, no solo los familiares de Abderrahim, sino otros tantos que ha habido y que habrá El abuso policial e institucional debe parar ya”, reivindica la joven.

Vaquero, por su parte, reitera que esta autopsia que ahora se conoce es una “prueba directa objetivable” que supondrá transformar el procedimiento en un procedimiento de jurado por homicidio doloso o asesinato. “Aquí queda claro que Abderrahim murió por la acción violenta de un policía que le comprimió la caja torácica y le estranguló mientras otro policía jubilado le ayudaba para que no hubiera ningún tipo de defensa”, concluye el abogado.

En els dinars de Nadal de la família Gómez Gómez es parla, i molt, de sanitat. Marciano Gómez Gómez és el conseller de Sanitat de la Generalitat Valenciana i un experimentat empresari del sector. El seu germà, Juan David Gómez Gómez, és gerent de la coneguda Clínica Benidorm, recentment incorporada a Ribera Salud per 120 milions d'euros, i la seva parella, Sonia Hernández, és des del 2021 directora financera de Ribera Salud, al seu torn concessionària de l'hospital públic privatitzat del Vinalopó (Elx-Crevillent).

Fora d'aquests dinars de Nadal, Sonia Hernández és la persona que negocia amb la Generalitat Valenciana les liquidacions de la concessió privatitzada, justament davant del departament que dirigeix el seu cunyat, Marciano Gómez. Una relació que, segons la proximitat familiar, podria fer pressuposar algun tipus d'incompatibilitat. A preguntes d' elDiario.es, fonts de la Conselleria de Sanitat neguen la major i defensen que el conseller no participa en les negociacions i que, en els dos anys que porta al capdavant del departament, “no ha deixat de reclamar tot el que la concessionària devia abonar, amb un resultat a favor de la Generalitat de 58 milions d'euros”.

Tres mesos després de guanyar les eleccions, l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, i el conseller Marciano Gómez van prorrogar a Ribera Salud la concessió de l'hospital del Vinalopó i li van incrementar la càpita. Això va permetre, segons els propis comptes de Ribera Salud presentats al Registre Mercantil, incrementar en 40 milions d'euros els ingressos procedents de l'administració autonòmica: es va passar dels 146.212.043 euros rebuts del Govern de Ximo Puig el 2023 a 186.414.711 euros amb l'ampliació de la concessió del PP un any després.

Sonia Hernández va ser fins al 2021 directora financera del Departament de Salut de Dénia, quan estava privatitzat i gestionat per Ribera Salud i DKV. Aquell any va ser ascendida a directora financera de Ribera Salud a Espanya, en substitució de Pablo Gallart, que va passar a ser director financer de Centene, l'empresa propietrària que posteriorment vendria les seves accions a la francesa Vivalto Santé. Gallart és ara el CEO de Ribera Salud, al qual van caçar en uns àudios demanant allargar les llistes d'espera per generar més ingressos. Hernández és llicenciada en Ciències Econòmiques per la Universitat Complutense de Madrid i ha realitzat diversos cursos de postgrau en Direcció i Organització Hospitalària, Comerç Exterior i Gestió d'Equips.

Fonts de la Conselleria de Sanitat expliquen que Sonia Hernández ja ocupava el seu càrrec a Ribera Salud des de fa anys i negociava les liquidacions amb l'anterior Govern del PSPV i Compromís, que va deixar caducar les altres concessions que tenia Ribera Salud. Quan Marciano Gómez va arribar a la Conselleria de Sanitat, la seva cunyada ja era present a les negociacions amb el departament, afigen.

El càlcul de costos i despeses de les concessions sanitàries privades és molt complicat de gestionar i controlar. De fet, la Sindicatura de Comptes ha denunciat en diverses ocasions la complexitat i la litigiositat que generen en l'administració. Com va explicar elDiario.es, a l'octubre del 2023 la Conselleria de Sanitat i Ribera Salud van acordar una actualització del cost del servei que suposarà un estalvi de 34 milions d'euros per a la mercantil i que, per tant, deixaran d'ingressar les arques públiques.

Així ho reflecteix l'auditoria dels exercicis 2023 i 2024 que l'empresa Elche-Crevillente Salud SAU, filial de Ribera Salud, va trametre als seus accionistes, en la qual celebraven que la revisió de la càpita —la quantia que els paga la Conselleria de Sanitat per cada pacient atès— els va suposar un important estalvi: concretament, 4,1 milions el 2023 i 30,3 milions el 2024. En els comptes del 2024, l'increment de recursos ascendeix a 40 milions d'euros.

Al respecte, fonts de Ribera Salud van al·legar que l'actualització del cost de la càpita es va abordar en comissió mixta al mes d'octubre del 2023 i que no respon a un criteri arbitrari, ni en aquest cas ni quan es va revisar en anteriors legislatures. Les mateixes fonts van explicar que l'actualització es realitza en funció de diverses variables, com l'evolució de la despesa sanitària que fan pública de forma periòdica tant el Govern central com l'autonòmic. El 2024, la concessionària va guanyar 11 milions d'euros per la seva gestió de l' àrea de salut del Vinalopó.

En aquesta mateixa línia, la Conselleria de Sanitat va destacar que, mentre que amb el Govern del Botànic a penes s'executaven les liquidacions anuals, durant el 2025 Ribera Salud ha abonat a la Generalitat 58 milions d'euros corresponents a 23 liquidacions de totes les concessions participades pel Grup Ribera fins al 2022 (Alzira, Torrevieja, Dénia i Elx-Crevillent).

En las comidas de Navidad de la familia Gómez Gómez se habla, y mucho, de sanidad. Marciano Gómez Gómez es el conseller de Sanidad de la Generalitat Valenciana y un experimentado empresario del sector. Su hermano, Juan David Gómez Gómez, es gerente de la conocida Clínica Benidorm, recientemente incorporada a Ribera Salud por 120 millones de euros, y su pareja, Sonia Hernández, es desde 2021 directora financiera de Ribera Salud, a su vez concesionaria del hospital público privatizado del Vinalopó (Elche-Crevillente).

Fuera de esas comidas de Navidad, Sonia Hernández es la persona que negocia con la Generalitat Valenciana las liquidaciones de la concesión privatizada, justo frente al departamento que dirige su cuñado, Marciano Gómez. Una relación que, a tenor de la cercanía familiar, podría hacer presumir algún tipo de incompatibilidad. A preguntas de elDiario.es, fuentes de la Conselleria de Sanidad niegan la mayor y defienden que el conseller no participa en las negociaciones y que, en los dos años que lleva al frente del departamento, “no ha dejado de reclamar todo lo que la concesionaria debía abonar, con un resultado a favor de la Generalitat de 58 millones de euros”.

Tres meses después de ganar las elecciones, el expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y el conseller Marciano Gómez pactaron con Ribera Salud un incremento de la cápita. Eso permitió, según las propias cuentas de Ribera Salud presentadas en el Registro Mercantil, incrementar en 40 millones de euros los ingresos procedentes de la administración autonómica: se pasó de los 146.212.043 euros recibidos del Gobierno de Ximo Puig en 2023 a 186.414.711 euros con la ampliación de la concesión del PP un año después.

Sonia Hernández fue hasta 2021 directora financiera del Departamento de Salud de Dénia, cuando estaba privatizado y gestionado por Ribera Salud y DKV. Ese año fue ascendida a directora financiera de Ribera Salud en España, en sustitución de Pablo Gallart, que pasó a ser director financiero de Centene, la empresa propietaria que posteriormente vendería sus acciones a la francesa Vivalto Santé. Gallart es ahora el CEO de Ribera Salud, al que cazaron en unos audios pidiendo alargar las listas de espera para generar más ingresos. Hernández es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha realizado diversos cursos de posgrado en Dirección y Organización Hospitalaria, Comercio Exterior y Gestión de Equipos.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad explican que Sonia Hernández ya ocupaba su cargo en Ribera Salud desde hace años y negociaba las liquidaciones con el anterior Gobierno del PSPV y Compromís, que dejó caducar las demás concesiones que tenía Ribera Salud. Cuando Marciano Gómez llegó a la Conselleria de Sanidad, su cuñada ya estaba presente en las negociaciones con el departamento, zanjan.

El cálculo de costes y gastos de las concesiones sanitarias privadas es muy complicado de gestionar y controlar. De hecho, la Sindicatura de Comptes ha denunciado en varias ocasiones la complejidad y la litigiosidad que generan en la administración. Como contó elDiario.es, en octubre de 2023 la Conselleria de Sanidad y Ribera Salud acordaron una actualización del coste del servicio que supondrá un ahorro de 34 millones de euros para la mercantil y que, por lo tanto, dejarán de ingresar las arcas públicas.

Así lo refleja la auditoría de los ejercicios 2023 y 2024 que la empresa Elche-Crevillente Salud SAU, filial de Ribera Salud, remitió a sus accionistas, en la que celebraban que la revisión de la cápita —la cuantía que les paga la Conselleria de Sanidad por cada paciente atendido— les supuso un importante ahorro: concretamente, 4,1 millones en 2023 y 30,3 millones en 2024. En las cuentas de 2024, el incremento de recursos asciende a 40 millones de euros.

Al respecto, fuentes de Ribera Salud alegaron que la actualización del coste de la cápita se abordó en comisión mixta en el mes de octubre de 2023 y que no responde a un criterio arbitrario, ni en este caso ni cuando se revisó en anteriores legislaturas. Las mismas fuentes explicaron que la actualización se realiza en función de diversas variables, como la evolución del gasto sanitario que hacen público de forma periódica tanto el Gobierno central como el autonómico. En 2024, la concesionaria ganó 11 millones de euros por su gestión del área de salud del Vinalopó.

En esa misma línea, la Conselleria de Sanidad destacó que, mientras que con el Gobierno del Botánico apenas se ejecutaban las liquidaciones anuales, durante 2025 Ribera Salud ha abonado a la Generalitat 58 millones de euros correspondientes a 23 liquidaciones de todas las concesiones participadas por el Grupo Ribera hasta 2022 (Alzira, Torrevieja, Dénia y Elche-Crevillente).

Ribera Salud va consolidar durant anys un model de negoci en la sanitat pública privatitzada que li ha permés integrar accionistes externs de gran pes, com l’actual màxim accionista francés Vivalto Santé o l’anterior grup nord-americà Centene, així com pagar sous elevats als seus directius. Com? Mitjançant retallades en els salaris dels treballadors, en el material sanitari i gràcies a la connivència d’administracions del PP, que van disparar els ingressos d’aquestes concessionàries.

Només el 2024, Elche Crevillente Salud SAU, la gestora de l’Hospital del Vinalopó, va incrementar en 40 milions d’euros els ingressos procedents de la Generalitat: va passar dels 146.212.043 euros rebuts del Govern de Ximo Puig el 2023 a 186.414.711 euros amb l’ampliació de concessió del PP un anys despré, segons els comptes depositats per aquesta filial de Ribera Salud en el Registre Mercantil i a què ha tingut accés elDiario.es.

Així doncs, segons ha pogut saber elDiario.es de fonts coneixedores del contracte, el màxim directiu de Ribera Salud percep un salari anual brut de 300.000 euros, més objectius vinculats a l’Ebitda. És a dir, com més gran siga l’estalvi abans d’impostos i en les despeses corrents, més alta és la retribució. El director financer, per part seua, pot embutxacar-se 200.000 euros en nòmina, més objectius també lligats a l’Ebitda. Mentrestant, com va revelar en exclusiva elDiario.es, la reutilització de catèters a l’Hospital del Vinalopó permetia estalviar 160.000 euros, encara que es desconeix si aquesta xifra correspon a un període setmanal, mensual o anual, una periodicitat que la mateixa empresa no va voler aclarir després d’al·legar una campanya de difamació d’antics dirigents.

Però el model de Ribera Salud no se sustenta només en els generosos pagaments de l’Administració ni en l’estalvi de costos en material sanitari o personal, sinó també en tota una xarxa d’empreses vinculades al grup que facturen als hospitals privatitzats una mitjana de 20 milions d’euros a l’any, segons els seus propis comptes.

El 2024, l’Hospital del Vinalopó, a través de la societat Elche Crevillente Salud SAU, va ingressar 191.204.000 euros i va obtindre uns beneficis nets, després d’impostos, d’11 milions d’euros. Per part seua, Torrejón Salud, l’empresa que gestiona l’Hospital de Torrejón, va ingressar 123.521.157 euros —el 98% procedents de la Comunitat de Madrid—, però va registrar unes pèrdues de 7,9 milions d’euros.

Com pot ser que dues àrees sanitàries gestionades per la mateixa empresa, a Madrid i a la Comunitat Valenciana, donen resultats tan dispars? Potser el correu d’instruccions per a estalviar en material sanitari enviat des del Vinalopó a Torrejón pretenia frenar la sagnia de pèrdues de l’hospital madrileny? O és que l’executiu d’Isabel Díaz Ayuso no va ser tan generós com el de Carlos Mazón?

La capita —el que paga l’Administració per pacient— que abona la Generalitat des del 2024 és de 1.066 euros, mentre que la que paga la Comunitat de Madrid és de 581 euros.

La lletra menuda dels comptes registrats d’Elche Crevillente Salud SAU i Torrejón Salud evidencia que bona part dels diners que les administracions ingressen en aquestes companyies es queden dins del mateix grup, a través dels serveis que les empreses vinculades es presten entre si. Prop de 24 milions d’euros de les despeses de l’Hospital del Vinalopó corresponen a serveis prestats per empreses del grup, mentre que, en el cas de Torrejón, aquesta despesa no està desglossada, encara que supera els 6 milions d’euros si es descompten els pagaments a la Comunitat de Madrid per derivacions de pacients a centres públics.

Un exemple d’aquestes empreses que treballen per als hospitals privatitzats és el Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana. Aquesta filial de Ribera Salud va facturar el 2024 un total de 21 milions d’euros i va obtindre quatre milions de benefici, cosa que suposa una rendibilitat del 23%. Es tracta d’unes xifres molt superiors al marge de benefici habitual de les concessions sanitàries —al voltant del 8% a Elx—, un marge que està molt condicionat pels ingressos que fixa l’Administració.

El Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana té com a objecte social “la realització d’anàlisis i diagnòstics clínics, biològics o químics (intermediació), per si mateix o mitjançant l’adquisició i l’administració de laboratoris d’anàlisis clíniques o d’actius relacionats, incloent-s’hi la tinença i l’explotació d’aparells i instal·lacions que siguen pertinents”. Només Elche Crevillente Salud SAU va gastar el 2024 10,5 milions d’euros en contractacions externes de laboratori.

Ribera Salud gestiona actualment 15 hospitals i més de 60 centres policlínics, amb més de 9.000 treballadors, a més de les empreses de serveis sanitaris esmentades abans. Una altra d’aquestes companyies satèl·lit és Imatec Gabinetes Radiológicos SL, dedicada a la realització de proves radiològiques, que el 2024 va facturar 2,3 milions d’euros i va obtindre quasi 400.000 euros de benefici, més d’un 20% de rendibilitat. B2B Salud, una altra filial creada com a central de compres ortoprotètiques, va ingressar 4,4 milions d’euros el 2024 i va obtindre uns beneficis de 666.724 euros.

A aquesta economia circular de Ribera Salud cal afegir també les derivacions a altres centres privats. En l’Hospital del Vinalopó es van abonar a aquests centres privats 2,8 milions d’euros el 2024 per l’atenció a pacients coberts per la capita de la Generalitat. Ribera Salud té centres privats d’aquesta mena prop dels grans hospitals de referència.

Ribera Salud consolidó durante años un modelo de negocio en la sanidad pública privatizada que le ha permitido integrar a accionistas externos de gran peso, como el actual máximo accionista francés Vivalto Santé o el anterior grupo estadounidense Centene, así como pagar elevados sueldos a sus directivos. ¿Cómo?, mediante recortes en los salarios de los trabajadores, en el material sanitario y gracias a la connivencia de administraciones del PP, que dispararon los ingresos de estas concesionarias.

Solo en 2024, Elche Crevillente Salud SAU, la gestora del hospital del Vinalopó, incrementó en 40 millones de euros los ingresos procedentes de la Generalitat: pasó de los 146.212.043 euros recibidos del Gobierno de Ximo Puig en 2023 a 186.414.711 euros con la ampliación de concesión del PP un año después, según las cuentas depositadas por esta filial de Ribera Salud en el Registro Mercantil y a las que ha tenido acceso elDiario.es.

Así, según ha podido saber elDiario.es por fuentes conocedoras del contrato, el máximo directivo de Ribera Salud percibe un salario anual bruto de 300.000 euros, más objetivos vinculados al EBITDA. Es decir, cuanto mayor sea el ahorro antes de impuestos y en los gastos corrientes, mayor es la retribución. El director financiero, por su parte, puede embolsarse 200.000 euros en nómina, más objetivos también ligados al EBITDA. Mientras tanto, como reveló en exclusiva elDiario.es, la reutilización de catéteres en el hospital del Vinalopó permitía ahorrar 160.000 euros, aunque se desconoce si esa cifra corresponde a un periodo semanal, mensual o anual, una periodicidad que la propia empresa no quiso aclarar tras alegar una campaña de difamación de antiguos dirigentes.

Pero el modelo de Ribera Salud no se sustenta solo en los generosos pagos de la administración ni en el ahorro de costes en material sanitario o personal, sino también en toda una red de empresas vinculadas al grupo que facturan a los hospitales privatizados una media de 20 millones de euros al año, según sus propias cuentas.

En 2024, el hospital del Vinalopó, a través de la sociedad Elche Crevillente Salud SAU, ingresó 191.204.000 euros y obtuvo unos beneficios netos, después de impuestos, de 11 millones de euros. Por su parte, Torrejón Salud, la empresa que gestiona el hospital de Torrejón, ingresó 123.521.157 euros —el 98% procedente de la Comunidad de Madrid—, pero registró unas pérdidas de 7,9 millones de euros.

¿Cómo puede ser que dos áreas sanitarias gestionadas por la misma empresa, en Madrid y en la Comunitat Valenciana, arrojen resultados tan dispares? ¿Acaso el correo de instrucciones para ahorrar en material sanitario enviado desde el Vinalopó a Torrejón pretendía frenar la sangría de pérdidas del hospital madrileño? ¿O es que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso no fue tan generoso como el de Carlos Mazón?

La cápita —lo que paga la administración por paciente— que abona la Generalitat desde 2024 es de 1.066 euros, mientras que la que paga la Comunidad de Madrid es de 581 euros.

La letra pequeña de las cuentas registradas de Elche Crevillente Salud SAU y Torrejón Salud evidencia que buena parte del dinero que las administraciones ingresan en estas compañías se queda dentro del propio grupo, a través de los servicios que las empresas vinculadas se prestan entre sí. Cerca de 24 millones de euros de los gastos del hospital del Vinalopó corresponden a servicios prestados por empresas del grupo, mientras que en el caso de Torrejón este gasto no está desglosado, aunque supera los 6 millones de euros si se descuentan los pagos a la Comunidad de Madrid por derivaciones de pacientes a centros públicos.

Una rentabilidad del 23%

Un ejemplo de estas empresas que trabajan para los hospitales privatizados es el Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana. Esta filial de Ribera Salud facturó en 2024 un total de 21 millones de euros y obtuvo cuatro millones de beneficios, lo que supone una rentabilidad del 23%. Se trata de unas cifras muy superiores al margen de beneficio habitual de las concesiones sanitarias —en torno al 8% en Elche—, un margen que está muy condicionado por los ingresos que fija la administración.

El Centro Inmunológico de la Comunidad Valenciana tiene como objeto social “la realización de análisis y diagnósticos clínicos, biológicos o químicos (intermediación), por sí misma o mediante la adquisición y administración de laboratorios de análisis clínicos o de activos relacionados, incluyéndose la tenencia y explotación de aparatos e instalaciones que sean pertinentes”. Solo Elche Crevillente Salud SAU gastó en 2024 10,5 millones de euros en contrataciones externas de laboratorio.

Ribera Salud gestiona actualmente 15 hospitales y más de 60 centros policlínicos, con más de 9.000 trabajadores, además de las empresas de servicios sanitarios antes mencionadas. Otra de estas compañías satélite es Imatec Gabinetes Radiológicos SL, dedicada a la realización de pruebas radiológicas, que en 2024 facturó 2,3 millones de euros y obtuvo casi 400.000 euros de beneficio, más de un 20% de rentabilidad. B2B Salud, otra filial creada como central de compras ortoprotésicas, ingresó 4,4 millones de euros en 2024 y obtuvo unos beneficios de 666.724 euros.

A esta economía circular de Ribera Salud hay que añadir también las derivaciones a otros centros privados. En el hospital del Vinalopó se abonaron a estos centros privados 2,8 millones de euros en 2024 por la atención a pacientes cubiertos por la cápita de la Generalitat. Ribera Saud cuenta con centros privados de este tipo cerca de los grandes hospitales de referencia.

El 25 de setembre de l'any passat, el director general (CEO) de Ribera Salud, Pablo Gallart, va convocar una reunió en línia a 20 directius del grup i de l'Hospital de Torrejón, un centre públic de gestió privada que atén una població de 150.000 habitants a la Comunidad de Madrid.

En aquella al·locució va donar l'ordre de fer processos més rendibles per encaixar els costos de l'atenció sanitària amb els diners que li aporta la Comunidad de Madrid. Actualment, el Govern d'Ayuso li paga un cànon de 581 euros per habitant adscrit a aquesta àrea –es tracte o no el centre hospitalari–. Segons el CEO, si aquest procés suposava augmentar les llistes d'espera, s'hauria de fer, una informació revelada per El País, que va publicar els àudios de la trobada desencadenant un escàndol que va portar la Consejería de Sanidad a fer dues auditories al desembre que no han trobat cap problema.

No obstant això, aquella normalitat que va trobar el govern d'Ayuso amb els seus inspectors contrasta amb la realitat que van descriure un mes després de la reunió amb Gallart quatre directius del propi grup assignats a Torrejón. Tant la gerent com altres tres alts càrrecs van relatar en un canal de denúncies intern que aquella xerrada que els va donar el CEO havia desembocat en un “pla de contingència” que incloïa, en la seua opinió, mesures que suposaven una “vulneració dels drets dels pacients, una mala praxi assistencial i un incompliment dels compromisos adquirits amb la Consejería de Sanidad”, segons un document que va avançar El País després dels àudios i al qual ha tingut accés elDiario.es. Les mesures, segons aquests directius, van ser compartides el 8 d'octubre per l'equip financer, “indicant que el CEO insistia en implantar-lo” i que estaven previstes en el pressupost 2026.

Ribera Salud ha confirmat la reunió de directius del 25 de setembre, però no ha respost a la pregunta concreta sobre si aquest “pla de contingència” es va activar o es va arribar a posar en marxa. Aquestes fonts oficials es remeten al fet que “totes les auditories, més de 40 en l'últim any, han resultat favorables”.

Catèters reutilitzats il·legalment

Aquests directius –que van enviar les denúncies un mes després de la xerrada i que van ser acomiadats immediatament– revelen en el seu escrit que el 2 d'octubre, dos caps de Ribera van donar ordre al Comitè de Direcció de l'hospital de Torrejón, entre altres coses, de “reesterilitzar material d'un sol ús”, una pràctica il·legal i perillosa.

Aquest fet va ser demostrat amb documentació per elDiario.es fa una setmana, quan va publicar que la cap d'auditoria de Ribera Salud va instar Torrejón en un correu del 6 d'octubre a reutilitzar fins a “deu vegades” catèters cardíacs “el més aviat possible” i tal com ja s'estava fent a l'hospital concertat que Ribera té a Elx (l'hospital del Vinalopó). Aquesta pràctica està prohibida pel risc d'infecció. L'objectiu que es perseguia, segons el propi correu de la directiva, era estalviar diners: “La mitjana de catèters per procediment a Torrejón és de 2,02 vs 0,59 al Vinalopó (estalvi potencialment evitable superior als 160.000 euros)”, diu aquesta empleada d'un grup que va facturar 808 milions el 2023, les últimes dades mercantils publicades.

El mail enviado con órdenes de reutilizar catéteres de un solo uso.

Traslladar a meitat de l'ingrés

Una altra de les mesures per augmentar la rendibilitat que revelen els directius és que Ribera va ordenar que, als dos dies d'ingrés, es traslladaren pacients al seu hospital d'origen amb l'objectiu de “facturar el GRD i reduir estades”, recull la denúncia. El GRD és el Grup Relacionat de Diagnòstic amb què es factura a la Consejería de Sanidad els tractaments de pacients que vénen d'altres hospitals (normalment públics). Per exemple, en el cas d'una dona de part per cesària que li tocara La Paz, però haguera triat Torrejón, Ribera Salud facturaria com un part amb aquesta complicació. Però Ribera volia que, als dos dies, se la traslladara a La Paz perquè acabara allà la recuperació. Així cobraria el total del procés sanitari, però s'estalviaria els costos d'ingrés, en detriment de les arques públiques i dels hospitals de gestió pública que hagueren hagut d'atendre aquest cas a meitat de recuperació. És a dir, el pla era acceptar el pacient de lliure elecció per la seua alta rendibilitat però sense donar-li la prestació completa.

Llista ràpida per a pacients que donen beneficis

Segons la denúncia a la bústia interna de Ribera, no era l'única pràctica que es va voler implantar respecte a la lliure elecció. Per exemple, es revela que aquell mateix 2 d'octubre es va donar a l'Hospital de Torrejón la instrucció d'“incrementar la cirurgia no càpita [els pacients de lliure elecció que arriben d'altres àrees, que són els que donen més beneficis] desplaçant pacients càpita [els que pertanyen a Torrejón] de la programació quirúrgica”. elDiario.es ja va constatar aquest procediment il·legal al desembre i va mostrar que Torrejón gestionava, almenys des de març de 2025 i fins al desembre d'aquell mateix any, una llista d'espera que era sempre més curta si el pacient era de fora. La rendibilitat econòmica ve pel fet que, a més del cànon fix, Ribera factura a part a la Comunidad de Madrid cada operació de pacient extern que no és de la seua àrea, utilitzant unes tarifes que s'aproven cada any segons el tractament sanitari.

A més, aquests directius es van queixar que se'ls va ordenar (entre ells la directiva que signava el correu dels catèters) “atendre consultes a pacients càpita, però no realitzar les seues cirurgies”, que és l'ordre que s'intueix en els àudios publicats per El País. El motiu és que obrir els quiròfans costa diners per l'estructura i els salaris i Ribera Salud considerava que baixar massa la llista d'espera operant molt no li resultava rendible perquè el cost era molt alt. La llista d'espera havia de ser prou llarga per no incórrer en una baixa rendibilitat i prou curta com per atraure pacients dels hospitals de gestió pública, que són la majoria (a Madrid hi ha cinc de gestió privada: quatre que gestiona Quirón i el de Torrejón, en mans de Ribera Salud).

Mensajes del departamento de admisión del Hospital de Torrejón en los que pide al servicio de cirugía cardiaca del centro programar una intervención para cumplir el cupo de pacientes "no cápita".

Suspendre diàlisi peritoneal

Segons aquesta denúncia interna, a l'Hospital de Torrejón també se li van donar instruccions de “suspendre l'atenció de diàlisi peritoneal” per als pacients de fora de l'àrea de Torrejón, per la qual cosa es remetien pacients a altres centres malgrat que hagueren triat Torrejón, “vulnerant la Llei de Lliure Elecció de la Comunidad de Madrid”. Aquesta llei, impulsada el 2009 per Esperanza Aguirre i que va posar a competir la privada amb la pública (ja que com més pacients capten Ribera i Quirón per als cinc hospitals públics que gestionen, més guanyen), pretén blindar precisament el dret del pacient a triar on rebre el tractament. Segons els directius, no es va complir en el cas d'aquest tractament, que s'utilitza de manera domiciliària en pacients amb insuficiència renal i que es caracteritza per ser un servei car.

Sempre segons la versió dels denunciants, la indignació per aquest pla va portar un grup de 15 caps de servei (responsables de les diferents especialitats de l'hospital) i a tres supervisors d'infermeria a visitar l'alcalde de Torrejón (del PP) el 17 d'octubre per exposar el que es pretenia fer a l'hospital de referència del seu municipi, a més d'escriure cartes a Ribera Salud i a la propietària del grup, la francesa Vivalto Santé. Segons fonts coneixedores de la trobada, l'alcalde va confirmar aquests fets denunciats amb la llavors gerent de l'hospital (que va ser acomiadada després de la denúncia interna) i va assegurar que donava trasllat a la viceconsellera de Sanidad. L'Ajuntament de Torrejón no ha respost a elDiario.es sobre la trobada o la telefonada a la Consejería. Per la seua banda, Sanidad no ha respost a la pregunta concreta de si aquesta cridada es va produir o no i, per tant, si a l'octubre el departament estava al corrent d'aquestes pràctiques. Aquestes mateixes fonts oficials es limiten a dir que “el Sermas no té necessitat de tindre altres fonts, l'auditoria és constant”.

Un mes més tard d'aquesta denúncia, i amb els quatre directius ja acomiadats, l'empresa va respondre a les seues demandes a la bústia interna que no havia trobat “evidències” dels fets denunciats, malgrat que, en part, estan recollits en els àudios del seu propi CEO a la reunió del 25 de setembre.

Respecte a l'acomiadament de directius, Ribera Salud ho emmarca en la “pèrdua de confiança en la seua gestió” encara que no dóna els detalls per motius de “confidencialitat”, però els desvincula de les denúncies al canal intern. Respecte a la pregunta de si Pablo Gallart, que es va apartar de la gestió de Torrejón després de l'escàndol dels àudios, s'ha tornat a ocupar d'aquest centre concertat, el grup sanitari assegura que segueix desvinculat i afegeix que l'empresa “ha estat objecte d'una forta campanya de desprestigi”. Ribera diu ser “plenament conscient de l'origen i objectiu” i afegeix que està prenent les mesures legals per “defensar el seu honor i reputació”.

Si tens informació sobre aquest cas o coneixes altres de similars, pots escriure al nostre correu confidencial pistas@eldiario.es

El 25 de septiembre del año pasado, el director general (CEO) de Ribera Salud, Pablo Gallart, convocó a una reunión online a 20 directivos del grupo y del Hospital de Torrejón, un centro público de gestión privada y que atiende a una población de 150.000 habitantes en la Comunidad de Madrid.

En esa alocución dio la orden de hacer procesos más rentables para encajar los costes de la atención sanitaria con el dinero que le aporta la Comunidad de Madrid. Actualmente, el Gobierno de Ayuso le paga un canon de 581 euros por habitante adscrito a esa área –se trate o no en el centro hospitalario–. Según el CEO, si ese proceso suponía aumentar las listas de espera, habría que hacerlo, una información revelada por El País, que publicó los audios del encuentro desencadenando un escándalo que llevó a la Consejería de Sanidad a hacer dos auditorías en diciembre que no han encontrado ningún problema.

Sin embargo, esa normalidad que encontró el gobierno de Ayuso con sus inspectores contrasta con la realidad que describieron un mes después de la reunión con Gallart cuatro directivos del propio grupo asignados a Torrejón. Tanto la gerente como otros tres altos cargos relataron en un canal de denuncias interno que aquella charla que les dio el CEO había desembocado en un “plan de contingencia” que incluía, en su opinión, medidas que suponían una “vulneración de los derechos de los pacientes, una mala praxis asistencial y un incumplimiento de los compromisos adquiridos con la Consejería de Sanidad”, según un documento que avanzó El País tras los audios y al que ha tenido acceso elDiario.es. Las medidas, según estos directivos, fueron compartidas el 8 de octubre por el equipo financiero, “indicando que el CEO insistía en implantarlo” y que estaban previstas en el presupuesto 2026.

Ribera Salud ha confirmado la reunión de directivos del 25 de septiembre, pero no ha contestado a la pregunta concreta sobre si este “plan de contingencia” se activó o se llegó a poner en marcha. Estas fuentes oficiales se remiten a que “todas las auditorías, más de 40 en el último año, han resultado favorables”.

Catéteres reutilizados ilegalmente

Estos directivos –que enviaron las denuncias un mes después de la charla y que fueron inmediatamente despedidos– revelan en su escrito que el 2 de octubre, dos jefes de Ribera dieron orden al Comité de Dirección del hospital de Torrejón, entre otras cosas, de “reesterilizar material de un solo uso”, una práctica ilegal y peligrosa.

Este hecho fue demostrado con documentación por elDiario.es hace una semana, cuando publicó que la jefa de auditoría de Ribera Salud instó a Torrejón en un correo del 6 de octubre a reutilizar hasta “diez veces” catéteres cardíacos “lo antes posible” y tal y como ya estaba haciéndose en el hospital concertado que Ribera tiene en Elche (el hospital del Vinalopó). Esta práctica está prohibida por el riesgo de infección. El objetivo que se perseguía, según el propio mail de la directiva, era ahorrar dinero: “La media de catéteres por procedimiento en Torrejón es de 2,02 vs 0,59 en Vinalopó (ahorro potencialmente evitable superior a los 160.000 euros)”, dice esta empleada de un grupo que facturó 808 millones en 2023, los últimos datos mercantiles publicados.

El mail enviado con órdenes de reutilizar catéteres de un solo uso.

Trasladar a mitad del ingreso

Otra de las medidas para aumentar la rentabilidad que revelan los directivos es que Ribera ordenó que, a los dos días de ingreso, se trasladara a pacientes a su hospital de origen con el objetivo de “facturar el GRD y reducir estancias”, recoge la denuncia. El GRD es el Grupo Relacionado de Diagnóstico con el que se factura a la Consejería de Sanidad los tratamientos de pacientes que vienen de otros hospitales (normalmente públicos). Por ejemplo, en el caso de una parturienta de cesárea que le tocara La Paz, pero hubiera elegido Torrejón, Ribera Salud facturaría como un parto con esa complicación. Pero Ribera quería que, a los dos días, se la trasladara a La Paz para que acabara allí la recuperación. Así cobraría el total del proceso sanitario, pero se ahorraría los costes de ingreso, en detrimento de las arcas públicas y de los hospitales de gestión pública que hubieran tenido que atender ese caso a mitad de recuperación. Es decir, el plan era aceptar al paciente de libre elección por su alta rentabilidad pero sin darle la prestación completa.

Lista rápida para pacientes rentables

Según la denuncia en el buzón interno de Ribera, no era la única práctica que se quiso implantar respecto a la libre elección. Por ejemplo, se revela que ese mismo 2 de octubre se dio al Hospital de Torrejón la instrucción de “incrementar la cirugía no cápita [los pacientes de libre elección que llegan de otras áreas, que son los más rentables] desplazando a pacientes cápita [los que pertenecen a Torrejón] de la programación quirúrgica”. elDiario.es ya constató este proceder ilegal en diciembre y mostró que Torrejón manejaba, al menos desde marzo de 2025 y hasta diciembre de ese mismo año, una lista de espera que era siempre más corta si el paciente era de fuera. La rentabilidad económica viene por el hecho de que, además del canon fijo, Ribera factura aparte a la Comunidad de Madrid cada operación de paciente externo que no es de su área, utilizando unas tarifas que se aprueban cada año según el tratamiento sanitario.

Además, estos directivos se quejaron de que se les ordenó (entre ellos la directiva que firmaba el mail de los catéteres) “atender consultas a pacientes cápita, pero no realizar sus cirugías”, que es la orden que se intuye en los audios publicados por El País. El motivo es que abrir los quirófanos cuesta dinero por la estructura y los salarios y Ribera Salud consideraba que bajar demasiado la lista de espera operando mucho no le resultaba rentable porque el coste era muy alto. La lista de espera debía ser lo suficientemente larga para no incurrir en una baja rentabilidad y lo suficientemente corta como para atraer a pacientes de los hospitales de gestión pública, que son la mayoría (en Madrid hay cinco de gestión privada: cuatro que gestiona Quirón y el de Torrejón, en manos de Ribera Salud).

Mensajes del departamento de admisión del Hospital de Torrejón en los que pide al servicio de cirugía cardiaca del centro programar una intervención para cumplir el cupo de pacientes "no cápita".

Suspender diálisis peritoneal

Según esta denuncia interna, al Hospital de Torrejón también se le dio instrucciones de “suspender la atención de diálisis peritoneal” para los pacientes de fuera del área de Torrejón, por lo que se remitía pacientes a otros centros pese a que hubieran elegido Torrejón, “vulnerando la Ley de Libre Elección de la Comunidad de Madrid”. Esta ley, impulsada en 2009 por Esperanza Aguirre y que puso a competir a la privada con la pública (ya que cuantos más pacientes captan Ribera y Quirón para los cinco hospitales públicos que gestionan, más ganan), pretende blindar precisamente el derecho del paciente a elegir dónde recibir el tratamiento. Según los directivos, no se cumplió en el caso de este tratamiento, que se utiliza de manera domiciliaria en pacientes con insuficiencia renal y que se caracteriza por ser un servicio caro.

Siempre según la versión de los denunciantes, la indignación por este plan llevó a un grupo de 15 jefes de servicio (responsables de las distintas especialidades del hospital) y a tres supervisores de enfermería a visitar al alcalde de Torrejón (del PP) el 17 de octubre para exponer lo que se pretendía hacer en el hospital de referencia de su municipio, además de escribir cartas a Ribera Salud y a la dueña del grupo, la francesa Vivalto Santé. Según fuentes conocedoras del encuentro, el alcalde confirmó estos hechos denunciados con la entonces gerente del hospital (que fue despedida tras la denuncia interna) y aseguró que daba traslado a la viceconsejera de Sanidad. El Ayuntamiento de Torrejón no ha contestado a elDiario.es sobre el encuentro o la llamada a la Consejería. Por su parte, Sanidad no ha respondido a la pregunta concreta de si esa llamada se produjo o no y, por tanto, si en octubre el departamento estaba al tanto de estas prácticas. Estas mismas fuentes oficiales se ciñen a que “el Sermas no tiene necesidad de tener otras fuentes, la auditoría es constante”.

Un mes más tarde de esta denuncia, y con los cuatro directivos ya despedidos, la empresa les respondió a sus demandas en el buzón interno que no había encontrado “evidencias” de los hechos denunciados, pese a que, en parte, están recogidos en los audios de su propio CEO en la reunión del 25 de septiembre.

Respecto al despido de directivos, Ribera Salud lo enmarca en la “pérdida de confianza en su gestión” aunque no da los detalles por motivos de “confidencialidad”, pero los desvincula de las denuncias en el canal interno. Respecto a la pregunta de si Pablo Gallart, que se apartó de la gestión de Torrejón tras el escándalo de los audios, se ha vuelto a ocupar de este centro concertado, el grupo sanitario asegura que sigue desvinculado y añade que la empresa “ha sido objeto de una fuerte campaña de desprestigio”. Ribera dice ser “plenamente consciente del origen y objetivo” y añade que está tomando las medidas legales para “defender su honor y reputación”.

Si tienes información sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribir a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

Las denuncias por el escándalo del Hospital de Torrejón de Ardoz siguen llegando la Fiscalía Provincial de Madrid. Después de que el Partido Socialista de Madrid denunciara al Gobierno de Ayuso hace tan solo unos días, Más Madrid ha pedido que se abran diligencias para investigar la polémica del hospital público y la gestión del grupo Ribera Salud y la Comunidad. Así consta en un escrito remitido al Ministerio Fiscal, en el que la formación regionalista traslada las noticias que se han ido publicando en prensa desde que se diera a conocer un audio del CEO de Ribera Salud, Pablo Gallart, afirmando que debía “desandar la senda” tomada en el Hospital de Torrejón para rebajar las listas de espera.

En el escrito remitido a Fiscalía Más Madrid cita la grabación publicada en la que, señalan, se da la orden de buscar “la forma de incrementar el Ebitda, es decir los beneficios de la mercantil, aunque sea afectando a la calidad asistencial de la prestación sanitaria”. Sin embargo, tal y como recalca la formación, el contrato de cesión de la gestión destaca que el grupo Ribera Salud tiene “la obligación esencial de la concesionaria de mantener los niveles de calidad más altos que puedan exigirse a hospitales públicos de la misma categoría”.

Recoge asimismo las informaciones del diario El País que señalan a órdenes de atender a pacientes “cápita” --personas asignadas a este hospital-- pero no hacerles cirugías, priorizar a “no cápita” rentables o suspender la atención de diálisis peritoneal “no cápita” por su coste.

Ante estas conductas, Más Madrid apunta a distintos delitos, siendo el primero de ellos contra los derechos fundamentales y libertades públicas al denegar la prestación de un servicio público, en este caso relativo a la protección de la salud. Plantean que hay un acto de discriminación de las personas en el acceso a la prestación sanitaria por su enfermedad u origen. También apuntan a un presunto delito de lesiones por las consecuencias de la negativa a atenderles y la “lesión imprudente que pudiera haber causado”. También deslizan que podría haber habido un delito de administración desleal por parte de la empresa concesionaria que fue buscando “un beneficio económico” contrario a la prestación sanitaria del servicio.

En cuanto a la malversación impropia considera que podría aplicarse al percibir una “utilización del patrimonio público con ánimo de lucro” por parte de las personas encargadas de gestionar ese patrimonio. “Los fondos públicos se están gestionando no para la ejecución de la prestación encomendada sino para cumplir con el ánimo de lucro de la mercantil concesionaria”, añaden. Además, también apuntan a la Comunidad de Madrid por un delito de prevaricación por omisión que creen que podría haber ocurrido porque “pese a conocer las situaciones o hechos contrarios al servicio o actuación pública” no adopta las medidas necesarias para impedir un daño o para que se de la prestación correcta del servicio.

La formación considera que también podría ser achacable al Ejecutivo regional un delito de omisión del deber de perseguir los delitos que, presuntamente, entienden que podría haber cometido Ribera Salud. En consecuencia, piden a Fiscalía que tome declaración a quienes toman decisiones en el Grupo Ribera Salud y Torrejón Salud --especialmente a Pablo Gallart-- y a los empleados que denunciaron las prácticas presuntamente ordenadas y fueron “despedidos de manera fulminante”.

A renglón seguido, plantea que le pida a Ribera Salud toda la información mercantil y a la Consejería de Sanidad todas las medidas tomadas e inspecciones llevadas a cabo respecto al contrato de concesión de la gestión del Hospital de Torrejón desde, al menos el ejercicio 2022; y facilite toda la documentación al respecto. Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha explicado en declaraciones a Europa Press que llevan a la Comunidad ante Fiscalía por “permitir lo abusos de Ribera Salud y Quirón”.

Según la formación regionalista, los términos de contratación de Ribera Salud y el Hospital de Torrejón y las instrucciones conocidas para “ahorrar costes y aumentar las listas de espera para proteger los beneficios” revelan “indicios de varios delitos, incluyendo el de discriminación en el acceso a un servicio público, lesiones, administración desleal, malversación, prevaricación administrativa y omisión de perseguir delitos”. “Desde que Esperanza Aguirre introdujo la gestión privada en la sanidad pública madrileña, los gobiernos del Partido Popular se han dedicado sistemáticamente a proteger los beneficios de los grupos sanitarios privados a costa de empeorar la atención sanitaria en hospitales y centros de salud”, ha planteado Bergerot.

Sostiene que esta situación “no solo debe tener una respuesta política” sino que “existe base suficiente para que se investigue en los juzgados” porque si cuando el CEO de Ribera Salud “ordena aumentar las listas de espera” el Gobierno no ve “ningún incumplimiento” es porque “el Gobierno de Ayuso tiene montado un sistema corrupto y delictivo para que unos pocos hagan dinero a costa de la salud de todos”. “Más Madrid va a perseguir la privatización sanitaria y el maltrato a la salud de los madrileños por todos los medios, incluidos los legales y hasta las últimas consecuencias”, ha zanjado.

“Meros chismes”. Con ese calificativo se refería este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la priorización de pacientes rentables que han denunciado trabajadores del hospital de Torrejón (público, pero gestionado por la empresa privada Ribera Salud) tras el escándalo de los audios en los que un directivo conminaba a su equipo a fijarse más en el beneficio a la hora de gestionar, por ejemplo, las listas de espera. “Cualquier acusación de ese tipo que, evidentemente es grave, se debe llevar a los conductos oficiales”, decía en un corrillo de periodistas Ayuso, restando credibilidad a la denuncia de empleados y después de que su consejera de Sanidad haya anunciado dos informes exprés que no han encontrado ninguna irregularidad.

Sin embargo, la instrucción de buscar beneficio que sale en las grabaciones publicadas por El País —expresada en una reunión por el CEO de Ribera Salud el 25 de septiembre— no es nueva. Se lleva implementando hace tiempo, según declaran varios sanitarios de diversas áreas a elDiario.es y según la documentación a la que ha podido acceder este medio. Esas prácticas estaban consolidadas antes de los audios, cuando estaba al frente de Torrejón el equipo de Ribera Salud despedido en octubre por el CEO de las grabaciones, que también ha sido apartado de la gestión del hospital tras la publicación del escándalo.

Una de las vías rentables para conseguir más dinero, como pedía el directivo Pablo Gallart, es hacer que vayan a tu hospital a operarse pacientes asignados a otros centros. En ese caso, la Comunidad de Madrid —gracias a la libre elección que instauró Esperanza Aguirre y que puso a competir al sistema sanitario entre sí— le tiene que pagar al hospital elegido por la operación o tratamiento que haya hecho a ese paciente externo.

Son los llamados pacientes “no cápita”. Los pagos extra están sujetos a unos precios públicos que la Consejería de Sanidad establece en función del tipo de intervención y su complejidad. Por ejemplo, la implantación de un marcapasos oscila entre los 5.000 y los 15.000 euros que cobra el hospital que se lleva al paciente. Por los pacientes “cápita”, el Gobierno de Ayuso paga a Ribera Salud un fijo de 581 euros por habitante del área, con una población asignada de 150.000 personas.

Es decir, por los que no son de Torrejón pero lo eligen, Ribera Salud factura. Y cuanto más factura, más gana. A muchos de ellos se les han ofrecido operaciones quirúrgicas tempranas, se les operaba antes que a otros pacientes de Torrejón que llevaban más tiempo en lista de espera, según testimonios de sanitarios, documentos y datos que ha podido confirmar elDiario.es.

De hecho, en 2024 se enviaron correos e instrucciones por escrito a quienes organizan las operaciones (normalmente los jefes de servicio) sobre la necesidad de programar intervenciones de modo que se cumpliera un “objetivo-presupuesto cápita y no cápita” cada mes en los quirófanos, según consta en un mail que publicó elDiario.es en abril de este año, como informó Sofía Pérez Mendoza. El asunto del correo electrónico, fechado en julio de 2024, deja claro que hay un plan económico vinculado a las listas de espera: “Objetivo julio”. En ese correo, la dirección del hospital marca los no cápita y cápita que deben ser operados cada mes para cumplir “objetivos” y “presupuesto”. Les anuncian a los médicos que esto se va a ir “monitorizando” y que habrá un seguimiento semanal para que se cumpla.

En el sistema informático de este hospital, como en el del resto de hospitales de la Comunidad, los pacientes están perfectamente identificados: los pacientes de Torrejón tienen una pestaña verde y los de libre elección, amarilla. El mail también emplazaba a una reunión al día siguiente en la que se explicaría “la importancia de cumplir con el objetivo”. Pero, además, desde el servicio de admisión se insistió al servicio de cirugía cardiaca, por mensaje en este caso, con que “para cumplir con el objetivo no cápita de sept [sic]” se debía “programar la próxima semana un CCI (cirugía con ingreso) no cápita”. Pese a que elDiario.es ha pedido una explicación al Gobierno de Ayuso alertándole de que existen estas instrucciones por escrito y se iban a publicar, la Consejería de Sanidad niega que se haya producido “ningún tipo de orden”. Las mismas fuentes remiten también a una carta firmada por los jefes de servicio en la que estos sanitarios defienden que han actuado siempre con “ética” y “profesionalidad”.

Sin embargo, un manifiesto firmado en mayo por 260 profesionales del hospital ya alertó de esta práctica y la denunció públicamente, aunque tanto el hospital como la Comunidad de Madrid niegan que se haya producido: “Uno de los aspectos quizá más escandalosos es que algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar en la programación tanto de consultas externas como de las listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias frente a la de Torrejón. Esto es contrario a la equidad, pilar de nuestro Sistema Nacional de Salud”, lamentaban entonces estos sanitarios, una práctica que, a tenor de los datos, se ha suavizado pero no se ha erradicado. “No se está produciendo nada fuera de lugar contemplado en el contrato”, insisten desde Sanidad.

Según fuentes sanitarias conocedoras de la actividad de quirófano, “esto ha pasado en todas las especialidades desde hace unos tres años”, cuando llegó el nuevo director médico. “Las órdenes de la nueva dirección eran cumplir un determinado porcentaje de pacientes no cápita en los quirófanos ordinarios, que llegaba a un 100% en los extra o peonadas [cuando se abren los quirófanos por la tarde o en fin de semana]. Esto acabó llevando a diferencias significativas en los tiempos de espera dependiendo del área de origen de los pacientes”, cuenta esta misma fuente, que añade que la práctica se ha ido matizando. La justificación económica es que abrir un quirófano es muy caro, y si eran de libre elección se podía compensar porque se pagaría como un extra por parte de la Comunidad de Madrid. Un sanitario de otra especialidad y grupo profesional refrenda el modus operandi, en el que se ha priorizado muchas veces los no cápita. La Consejería de Sanidad no ha respondido a elDiario.es a la pregunta de si ha habido peonadas exclusivas de pacientes de otras áreas.

Además de las instrucciones por escrito reveladas por elDiario.es para que se priorizara a pacientes de fuera, este medio ha podido comprobar los datos que muestran, en otro servicio del hospital distinto a cirugía cardíaca, que la lista de espera es siempre más corta para los pacientes de libre elección en operaciones programadas de la misma prioridad clínica (dejando al margen las intervenciones preferentes, que son las más graves y urgentes).

En marzo de este año, un paciente de esta especialidad (que elDiario.es no especifica para no identificar a las fuentes) esperaba más de 130 días para ser operado en una intervención programada. Un paciente “no cápita” esperaba menos de un mes. Con los datos precisos, seis veces menos que uno de Torrejón, como ha podido comprobar este medio.

En octubre de este año —cuando el ejecutivo de Ribera Salud ya había conminado a ser más rentables en la reunión de los audios y tras una oleada de protestas y manifiestos de trabajadores antes de verano—, esa diferencia se acortó, pero aun así la espera de alguien de Torrejón era el triple que la de alguien de libre elección: más de 140 días frente a algo más de un mes de espera. Actualmente sigue habiendo menos días de espera para los “no cápita”, pero la diferencia entre ellos es mucho menor, unos 20 días de diferencia. Sanidad no ha contestado a la petición de una explicación sobre las diferencias confirmadas por elDiario.es entre estos dos tipos de paciente.

La búsqueda de rentabilidad no se ha dado solo en quirófanos, según trabajadores. En la maternidad, Torrejón se ha posicionado como un hospital referente en parto humanizado, se puede dar a luz en bañera y como consecuencia ha sido uno de los más elegidos por mujeres de otras áreas. “Aquí se hacen las cosas muy bien”, explica una trabajadora de ese ámbito, que a la vez denuncia prácticas con las que no está de acuerdo ni ella ni sus compañeras porque priorizan el beneficio a la salud: “Hay presiones para que no se derive a otro hospital a nadie que entre en Torrejón, aunque no haya salas de dilatación disponibles”, cuenta. Las órdenes son verbales, explica esta sanitaria, “y cuando se ha derivado a mujeres a otros hospitales porque aquí estábamos a tope, se nos han pedido explicaciones”. De hecho, en marzo de 2024 un grupo de matronas enviaron una carta a la dirección quejándose de “protocolos de no derivación” y alertando de la inseguridad y exceso de trabajo que suponía. “No se presiona absolutamente a nadie en este hospital en ninguno de los servicios”, zanjan desde la Consejería de Sanidad.

Si tienes información sobre este caso o conoces otros similares, puedes escribir a nuestro correo confidencial pistas@eldiario.es

Indignación, pero sin sorpresa. Ese es el sentir general de la ciudadanía de Torrejón de Ardoz, la localidad madrileña gobernada por una amplia mayoría del PP, apenas unos días después de saber que su hospital público, pero gestionado por la empresa Ribera Salud, lleva unos meses intentando aumentar las listas de espera para incrementar sus beneficios económicos. También han aparecido pruebas de que la dirección del centro ordenó reutilizar material sanitario de un solo uso –un extremo negado por la Consejería de Sanidad–, lo que ha levantado más temores entre sus pacientes. “Ahora te hacen sospechar”, dice una de las afectadas.

Esther Lamas ya se olía algo. “Últimamente se notaba cierta gestión deficiente. Ibas al hospital y estaba desértico, no había nadie”, comenta. Ella, a sus 39 años, se queja de que el centro gestionado por Ribera Salud se quedó sin endocrino, pero nadie avisó. “En lugar de tener la revisión en diciembre de 2024 me acabaron viendo en septiembre de 2025. Me estaban haciendo pruebas porque no sabían qué me pasaba, así que imagínate mi preocupación”, explica.

Esta trabajadora del sector de la logística recuerda que su hijo nació en el Hospital de Torrejón y su hermana dará a luz allí dentro de unos días. “Es verdad que en esta especialidad tienen bastante fama, pero con todo lo que ha salido estos días te quedas bastante intranquila. Es pensar que pueden reutilizar material y se me ponen los pelos de punta”, señala, justo antes de reivindicar que la gestión del centro debería pasar a la administración pública.

Es lo mismo que reclama María Luisa Ruiz, a sus 46 años. Su padre falleció en el hospital torrejonero en noviembre del año pasado. “Cuando he visto lo de la reutilización del material... ¿Y si mi padre pudo ser víctima de ello?”, se pregunta. Ella misma se responde: “Eso va a ser imposible saberlo ahora, pero la duda está ahí. Y también me duele imaginarme cómo le ha pillado esta noticia a mi madre, leyéndola sola en casa”.

Esta técnico de compras en una empresa de equipos de rayos x, que admite no haber recibido las citas de consulta con demasiada demora en el hospital, tilda de “vergüenza” lo que ha ocurrido con su centro de referencia. “No entiendo por qué nos ponen en manos de este tipo de gente y cómo pueden dormir tranquilos sabiendo lo que hacen. La sanidad no es un negocio”, añade.

Los pacientes se van a otros hospitales

Carlos Buendía es educador social, tiene 36 años, lleva viviendo en Torrejón desde que nació y, directamente, desde el principio que abrió las puertas el hospital de la ciudad él decidió elegir el de La Paz como centro de referencia. “Aunque me cueste más horas y trabajo creo que tiene más sentido hacer uso de la pública. Entre otras cosas, evito ser un número más y parte de esa dinámica privatizadora”, opina. Preguntado por cómo le han sentado las informaciones sobre la gestión del Hospital de Torrejón, Buendía alude a las movilizaciones que hace más de una década parte de la población del municipio llevaron a cabo. “Parece que los que nos concentrábamos frente al hospital diciendo que priorizarían sus beneficios antes que la salud no estábamos tan equivocados”, expone.

Rocío González también ha dejado de hacer uso del Hospital de Torrejón, del que opina que desde hace algún tiempo funciona “regular”. Ella es jardinera para el ayuntamiento de la ciudad y tiene 47 años. “Me siento engañada como usuaria e indignada como ciudadana”, comenta. Su experiencia con el centro sanitario no ha sido demasiado buena: “Tuvimos que llevar a mi hijo de 5 años a Urgencias porque tenía una fiebre horrorosa. No le hicieron ninguna prueba, estuvo muy mal varios días y luego nos dijeron que lo que le pasaba se podía haber arreglado con antibiótico, pero no nos recetaron nada”.

Por eso, desde entonces decide acudir a las Urgencias del Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, una ciudad vecina. “Es público y funciona muy bien, aunque tarden algo más en atenderme, pero priorizo la buena asistencia”, confirma esta vecina de Torrejón, que también apuesta por la reversión de la gestión privada del hospital de su municipio. “Las empresas solo buscan beneficios”, concluye.

Casi 15 años de privatización

Ana Hermoso admite que lo ocurrido no le pilla de sorpresa, “igual que a nadie que esté algo puesto en la defensa de los servicios públicos”. A sus 42 años, todavía recuerda cómo en la inauguración del centro, allá por septiembre de 2011, el Ejecutivo regional negaba que la gestión privada no afectaría a la calidad asistencial. “El Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva años destruyendo la sanidad pública para engordar los bolsillos de unos pocos sinvergüenzas sin escrúpulos, porque ni Ribera Salud ni Quirón nos ven como pacientes, sino como clientes”, se explaya esta cuidadora de personas dependientes.

Su pareja, Alejandro Tierno, agrega que “como ciudadanía” considera tener “el derecho de recibir la sanidad, pero también la obligación de defenderla entre todos”. Este pensionista de 48 años también se muestra indignado: “Para ellos somos una forma de hacer negocio, y las empresas lo que quieren es llenarse sus alforjas. La salud les importa poco”.

El caso de Maricarmen S. O. es algo más intrincado. “Cuando leí las noticias empecé a atar cabos y, ahora, o todo tiene sentido o es mucha casualidad”, precisa. Se refiere al caso de su madre de más de 70 años, a quien no le realizaron una prueba que finalmente le ha mejorado una úlcera grave hasta que no lo reivindicó con vehemencia a la especialista del hospital. “Yo ya había llamado hasta a una clínica privada para hacerle ahí la intervención”, sostiene.

Tras ser conocedora de las informaciones que señalan que Ribera Salud ha podido estar retrasando ciertos tratamientos e intervenciones para agrandar su beneficio económico, esta administrativa de 49 años subraya no poder afirmarlo con seguridad. “Pero ahora no sé si no le intervinieron por ese protocolo de la empresa, te hacen sospechar”, remacha.

En este sentido, la Consejería de Sanidad ha emitido un informe elaborado tras una inspección al Hospital. Concluye que las Áreas de Calidad y Seguridad del Paciente cumplen con los objetivos marcados por el Servicio Madrileño de Salud para todos los hospitales de la región. Este segundo informe se suma al primero, realizado a través de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria, que recogió que no existía evidencia alguna en la reutilización de productos sanitarios de un solo uso en el Hospital Universitario de Torrejón.

Cómo ahorrar con la salud

Bárbara García, alcalaína de nacimiento, reside en este municipio gobernado por Alejandro Navarro desde hace seis años y trabajó en su hospital dos de ellos. “Pienso que esto es indignante, igual que lo que pensaría cualquier persona con dos dedos de frente, pero si me paro a pensarlo tampoco me sorprende. Esta es la consecuencia de privatizar la sanidad”, reflexiona esta joven de 29 años, que desde hace un tiempo se dedica al sector de la logística.

Como extrabajadora de este hospital no llegó a estar sujeta a esa orden expresada por la dirección de Ribera Salud, aunque recuerda que sí se daba un mensaje continuo sobre el ahorro, parafraseando sus términos. “Pero es que con la salud no hay que ahorrar. No es un servicio en el que haya que ganar dinero, o ser rentable”, afirma tajante esta antigua enfermera, que subraya haber dejado atrás el sector sanitario por las malas condiciones laborales y la baja calidad de vida de sus trabajadores.

Por otro lado, como usuaria se ha planteado “cuántas veces se habrá dejado de realizar una intervención no considerada como urgente, o se han dilatado las revisiones y consultas”. García defiende la buena labor de los trabajadores sanitarios, aunque admite no sentirse totalmente segura cuando deba tratarse en el Hospital de Torrejón, y señala hacia arriba a la hora de hablar de culpabilidad. Ella concluye: “Ya es hora de que la Comunidad de Madrid revierta esta gestión privada de la sanidad pública”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que hay una “campaña mezquina” contra la sanidad de Madrid para “eclipsar” las huelgas de profesionales sanitarios contra el Gobierno por el Estatuto Marco. La dirigente madrileña también ha acusado de “alarmar” con el Hospital de Torrejón, un centro público que gestiona la empresa Ribera Salud, envuelto en un escándalo tras los audios en los que el CEO del grupo instaba a rechazar pacientes o prácticas no rentables.

El sábado la líder de la Comunidad de Madrid ya dijo que todo era una exageración de Moncloa y rebajó la crisis a “trifulcas entre directivos”. A esa estrategia se ha sumado la consejera de Sanidad, Fátima Matute, que ha criticado los “intereses deleznables” de la izquierda y espera que la empresa gestora dé las explicaciones oportunas en la reunión que mantendrá este martes.

En una entrevista en esRadio, la consejera ha dicho que la conversación del CEO de Ribera Salud está “sesgada” y que habría que escucharla entera, si bien ha insistido en que el fragmento que se ha conocido es “inaceptable”: “Yo estoy de acuerdo en que hayan retirado a este CEO de sus funciones hasta que todo se aclare”. También ha sacado pecho de las cifras de listas de espera del hospital.

Y ha apuntado al “interés que hay de tapar todos los escándalos” que rodean al Gobierno “entre la corrupción, los puteros, las sobrinas, los sobones y los hermanos”. “Es que es todo un disparate y entonces intentan hacer un 'casus belli' de algo que a mí me parece lo más preciado, como digo, que es la sanidad”, ha reprochado. Así, Matute ha dicho que se están “dando noticias falsas de material reutilizado, de restos, cosas que parece que estamos en Ruanda” porque son “viles, mezquinos”. “Hay una huelga mañana, a lo mejor es lo que quiere tapar [Mónica García]”, ha afirmado.

Los audios en los que el jefe de Ribera Salud apretaba a ejecutivos para que antepusieran el beneficio económico a la salud de los ciudadanos en el hospital de Torrejón son el remate de una estrategia de ahorro de costes en este centro hospitalario de la que ya había habido numerosas señales de alarma y que fueron denunciadas por los propios trabajadores y por sindicatos. Un documento interno alertó de que la dirección elegía pacientes por “rentabilidad económica”. Fuentes del hospital detallan que lo que hacía la dirección era priorizar en cirugías y consultas a la gente que venía de fuera de Torrejón: a igualdad de patologías, a igualdad de gravedad, entraba antes un paciente de otra área sanitaria. La explicación a esta práctica es que el hospital recibe un dinero extra por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso por cada paciente externo, que se suma al montante anual presupuestado.

Además, dirección del Hospital Universitario de Torrejón modificó el funcionamiento de las Urgencias para que se atendiera antes a los pacientes leves, que se evitara subir a enfermos a las plantas de medicina interna y llegó a dar órdenes verbales para que los pacientes graves fueran reasignados como leves y se les atendiera con rapidez pero sin los “mínimos de calidad y seguridad”. Así lo recoge un documento elaborado por el personal de Enfermería en abril de este año, al que ha accedido elDiario.es. La dirección se saltó las bases del triaje en Urgencias –el sistema que clasifica pacientes por colores en función de su gravedad y el tiempo en que deberían ser atendidos– para priorizar a los leves y así aligerar los tiempos de espera y evitar reclamaciones e insatisfacción entre los enfermos.

Una vez más ha tenido que venir ella, nuestra Isabel Díaz Ayuso, a unir los puntos y descubrirnos la verdadera realidad, oculta bajo esta realidad paralela que construye el Sanchismo para subyugarnos. Pedro Sánchez será capaz de engañar a muchos mucho tiempo, pero no a la presidenta; ni un minuto. Tampoco esta vez. 

Justo ha salido a dar la cara cuando más andábamos todos escandalizados por las arengas de Pablo Gallart, el buen gestor del CEO de Ribera Salud en el hospital de Torrejón. Asombrados ante el descubrimiento inesperado de que los beneficios de la gestión privada en los centros públicos salga del “creaming” de quedarse con los pacientes rentables y endosarle los pacientes ruinosos al saco sin fondo de lo público; o de reutilizar el material sanitario hasta el límite de la tasa de retorno y más allá; o de abaratar la oferta de servicios restringiendo el acceso a tratamientos; o de economizar en los costes de personal precarizando y rebajando condiciones laborales. 

Nosotros, en nuestra ingenuidad y pese a haber comprobado lo contrario durante décadas, estábamos seguros de que los ahorros y éxitos de la gestión concertada venían de la superior habilidad y visión de sus prodigiosos gestores, frente a la estulticia o la politización de los gestores públicos; o del compromiso inagotable de los trabajadores de lo privado, frente a la voracidad insaciable de los millones de funcionarios que no la rascan en la pública pensando solo en sus pluses y sus libranzas; o de las milagrosas técnicas de gestión y curación que hacen que sus servicios nunca puedan ser saturados por pacientes que ejercen sus derechos porque, a Dios gracias, ellos tratan clientes, que son gente mucho más educada y saben guardar una cola. 

Pero ella ha vuelto a sacarnos de nuestro error y a librarnos del infierno de las mentiras del populismo. Ahora sabemos la verdad. Todo ha sido una disputa entre directivos de una empresa privada ¿Quién no tiene envidiosos en el trabajo prestos a robar el mérito de los demás con calumnias? La Comunidad de Madrid no ha querido intervenir hasta ahora y ha ignorado todas y cada una de las denuncias durante años porque eran cosas de chicos y había que dejarles que se desfogasen y listo. No hagamos una montaña de un grano de arena, que no se ha muerto nadie -que sepamos-. Además ya ha dimitido “de la gestión”, joder ¿Qué más queréis? Bastante castigo lleva ya el pobre.

El hospital del Torrejón va como un tiro y constituye un ejemplo. La prueba reside en las propias cifras que, en las grabaciones, se ordena manipular y alterar para facilitar el negocio. Pero, oye, que se hayan manipulado los datos no quiere decir que no reflejen la esplendorosa verdad de un modelo que funciona; que es lo que realmente les jode; que funciona. 

Esas grabaciones están sacadas de contexto. Se trata de conversaciones privadas. De hecho, parece un poco de revelación de secretos y alguien debería investigar quién ha violado los derechos de estos ciudadanos ejemplares o ¿qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿En Venezuela? Además, todo está editado. En los audios dice “público” varias veces y nadie le ha agradecido el esfuerzo. El hecho de que también hubiera instrucciones por escrito solo demuestra hasta dónde está dispuesto a llegar el autoritarismo sanchista, violando la sacrosanta privacidad de las comunicaciones por correo.

Y finalmente la dolorosa verdad que la prensa del Régimen ha tratado de ocultar: todo viene de Moncloa. Efectivamente, lo del hospital de Torrejón es otra artimaña de Pedro Sánchez. Otra maniobra de distracción para ocultar que ETA ha vuelto y está a punto de hacerse con Euskadi y Navarra. Casi nos la cuelas esta vez, Pedro. 

Postdata: periodismo, caso práctico. Comparen el espacio que dedica la prensa sanchista al caso Salazar y al encubrimiento practicado por el PSOE, destapado por la propia prensa sanchista, con el espacio que dedica al caso del hospital de Torrejón los medios que imparten a diario lecciones de periodismo. Verán qué ilustrativo. 

Los audios en los que el jefe de Ribera Salud apretaba a ejecutivos para que antepusieran el beneficio económico a la salud de los ciudadanos en el hospital de Torrejón son el remate de una estrategia de ahorro de costes en este centro hospitalario de la que ya había habido numerosas señales de alarma. La gran mayoría de ellas, denunciadas por los propios trabajadores este mismo año y por sindicatos. Este hospital, inaugurado en 2011 dentro de la batería de centros públicos de gestión privada que ideó Esperanza Aguirre, da servicio a una población de 140.000 personas y toda su cartera de servicios es pública, aunque el personal y las infraestructuras son privados y gestionados enteramente por Ribera Salud. Por cada habitante de la zona, cobra un canon fijo.

En mayo de 2025, un manifiesto firmado por unos 260 trabajadores (de un total de 1.200 según las cifras que da la empresa) daba señales de aviso preocupantes. Además de achacar a los directivos en ese momento una mala gestión del personal y un mal ambiente laboral –directivos que fueron cesados recientemente–, mostraban su preocupación por las dimisiones, bajas y ceses de profesionales desencantados con un modelo precario, que son reemplazados de manera rápida y constante a través de una web privada especializada en contratos sanitarios, Livo: “Esto supone que llega gente sin experiencia, que no sabe manejar el sistema y estamos constantemente formando y adaptándonos a personal nuevo”, cuenta a elDiario.es un trabajador que pide mantener el anonimato por temor a represalias.

Además, los trabajadores han denunciado este año prácticas poco idóneas para los pacientes y que suponen una prestación de servicio también precaria. Por ejemplo, que los radiólogos hagan guardias desde su casa. Lo llaman “anillo radiológico”, y según las denuncias supone que un técnico hace la radiografía o ecografía, pero el radiólogo que la analiza está online, en su domicilio o en otro centro de trabajo, y la interpreta. Eso abunda en una “difícil comunicación” con el médico, alertaba hace unos meses la plantilla. Ha habido cierto refuerzo de radiólogos presenciales, pero la práctica continúa, señalan desde dentro del hospital. Fuentes oficiales admiten esta práctica, pero aseguran que este sistema “es una ventaja” porque supone que “apoya en remoto” al equipo clínico presencial.

Algunos empleados refieren que han detectado varias velocidades de atención de pacientes, según los intereses económicos del hospital. Varios trabajadores cuentan a elDiario.es que, en su experiencia diaria, se prioriza en consultas externas o en operaciones quirúrgicas a pacientes que pertenecen a otros hospitales y han echado mano de la “libre elección” que impuso Esperanza Aguirre en 2010. El motivo es que por cada paciente captado de otra área sanitaria, el hospital cobra un plus. “Hay una diferenciación entre pacientes por motivos de rentabilidad empresarial”, denunciaba el manifiesto, que pedía que se dejara de priorizar “los pacientes no cápita –que no pertenecen al área sanitaria de Torrejón pero que lo han elegido como hospital– frente a los pacientes cápita –los que naturalmente pertenecen a la zona–. ”Algunas jefaturas de servicio son presionadas para priorizar en la programación de consultas externas y listas de espera quirúrgicas a los pacientes procedentes de otras áreas sanitarias frente a la de Torrejón“, afirman de manera contundente. ”Esto es así, lo he visto personalmente“, confirma otro sanitario que se mantiene también en el anonimato. ”En los audios, lo que se está diciendo es lo que está pasando: si pertenecías a Torrejón podías tener 100 o 120 días de espera para operarte, mientras que si eras de fuera, eran 15 días, porque para esta gente sí se han abierto los quirófanos por la tarde“. El motivo es que el plus que le va a cobrar Ribera Salud a la Consejería de Sanidad por las operaciones quirúrgicas de los ”no cápita“ sí compensa el gasto de abrir quirófanos. Desde el hospital niegan estas priorizaciones y aseguran a elDiario.es que la ”priorización es clínica“.

Urgencias sin MIR

Estos profesionales también han denunciado la ausencia habitual de médicos no especialistas en las urgencias del hospital (es decir, los que no han pasado el MIR y no tienen la especialidad). “A veces tienen un médico adjunto para todos, pero cuando este está descansando u ocupado en un caso, se quedan solo residentes o con médicos sin MIR”, cuenta un empleado. “Hay muchísimos errores en urgencias que luego pagamos en los servicios”, relata un facultativo. En el documento que recoge las deficiencias del hospital se recuerda que la Unidad de Cuidados Intensivos no pudo formar siquiera residentes, que tuvieron que ser distribuidos temporalmente en otros centros de la Comunidad de Madrid, por la marcha de muchos especialistas de este servicio ante unas condiciones laborales que no eran buenas.

En anestesiología y quirófanos, empleados del hospital también han dado avisos. Por ejemplo, denunciando que se usa “el quirófano de urgencias para intervenciones programadas, que lo bloquean durante horas con el consiguiente riesgo para los pacientes”, o que haya “una persona especialista en anestesia a cargo de dos quirófanos al mismo tiempo, una práctica insegura que ya se había desterrado” de este mismo hospital y que se volvió a imponer, algo que la empresa niega que suceda: “Todos los pacientes son tratados con seguridad”, remachan fuentes oficiales.

Además, trabajadores han criticado el sistema de triaje que ha impuesto la dirección: “Priorizan a los azules (las personas que acuden a urgencias, pero que están leves), que tendrían que esperar igual tres horas, frente a los amarillos y naranjas (que están estables, pero puede resultar necesario un tratamiento más complicado). Es para que no se vea mucha gente esperando”, concluye un trabajador que conoce las urgencias de Torrejón. El sindicato de enfermería Satse denunció en una queja a la dirección el 17 de abril “directrices de triaje que no responden a criterios clínicos”, por ejemplo “la reasignación de pacientes amarillos a triaje verde (de menor gravedad) basándose en razones estadísticas y organizativas inaceptables”.

El hospital de Torrejón ha tramitado las preguntas de elDiario.es sobre estas situaciones que denuncian trabajadores sin haber dado respuesta de momento.

Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es

Todo lo que la oposición política en Madrid había denunciado durante más de una década sobre las privatizaciones sanitarias del PP en la región está ahora en un audio del CEO de Ribera Salud, la empresa concesionaria del hospital “público” de Torrejón de Ardoz. Todo el mundo ha podido escucharlo: sin saber que estaba siendo grabado, Pablo Gallart, el alto cargo de una multinacional de la sanidad privada, pidió abiertamente a sus empleados aumentar las listas de espera de un centro sanitario público y ahorrarse las intervenciones más costosas para engordar así los beneficios millonarios de la sociedad privada que lo explota. Todo está en los audios adelantados por El País.

No solo eso, los gestores del hospital que denunciaron esas prácticas en los canales internos de la compañía fueron despedidos cuando alertaron de otras prácticas irregulares como haber recibido órdenes para reutilizar material de un solo uso en los cateterismos. Trabajadores del centro también señalan como responsables de la situación actual a algunos de los directivos ahora despedidos.

Es el último episodio de la larga lista de escándalos de las privatizaciones sanitarias en Madrid y que la izquierda viene denunciando desde hace años y que ahora se plantean llevar a los tribunales tanto el PSOE como Más Madrid. La portavoz de esta formación, Manuela Bergerot, exige crear una comisión de investigación en la Asamblea.

Siempre atenta a los titulares, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tardado día y medio en reaccionar, desde que el miércoles al anochecer trascendieran las primeras noticias que apuntan a esas graves irregularidades en el hospital público de Torrejón. Su consejera de Sanidad, Fátima Matute, permanece recluida mientras su departamento manda notas de prensa en las que se defiende que las inspecciones no han revelado comportamientos anormales en el centro sanitario. Ayuso aseguró el viernes que no le temblaría el pulso y que si se detectan malas prácticas, serán “erradicadas con contundencia”. El sábado ya dijo que todo era una exageración de Moncloa y rebajó la crisis de Torrejón a “trifulcas entre directivos” de la empresa a la que la Comunidad ha adjudicado la gestión del servicio.

Entretanto, la polémica no ha dejado de crecer y viene a engordar otro escándalo en la sanidad madrileña, tras los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta, con el gigante sanitario que más factura a la administración que preside Ayuso: el grupo Quirón, que ha cobrado más de 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid desde 2020.

Tras varias manifestaciones multitudinarias en defensa de la sanidad pública, el Partido Popular sabe que está jugando con fuego en una materia muy sensible para la ciudadanía y con una gestión que no ha dejado de empeorar en los últimos años. Sus modificaciones estadísticas a la hora de computar a los pacientes en listas de espera no han evitado que en Madrid se haya superado el millón de ciudadanos que aguardan por una prueba diagnóstica, una consulta externa o una intervención quirúrgica. En toda la Comunidad hay siete millones, con lo que significaría que el 14% de la población está esperando a que le atienda un médico. El porcentaje baja si se tiene en cuenta que a Madrid vienen a tratarse pacientes de otras zonas de España y que esos mismos hospitales atienden a personas que no están censadas o que acuden como desplazados. Pero nunca antes se había alcanzado una cifra tan alta de pacientes esperando.

Durante los últimos tres días, además de las palabras del CEO de Ribera de Salud, que pedía a su equipo dejar de atender aquellas operaciones más costosas de los pacientes que acudían al centro por elección (sin ser pacientes asignados al área de Torrejón), elDiario.es ha publicado denuncias de su personal que se queja de modificaciones del sistema de triaje en las urgencias para priorizar la rentabilidad económica sobre los criterios médicos.

La polémica va en aumento y reabre el debate sobre el controvertido sistema sanitario ideado en tiempos de Esperanza Aguirre, que entonces se vendió como libertad de elección de los pacientes, y que en la práctica implica poner a competir a las empresas privadas que gestionan los hospitales públicos que además del canon que cobran de la administración reciben precios económicos por captar pacientes de otras áreas geográficas. El hospital de Torrejón ha mostrado las costuras del sistema: solo es rentable que lleguen pacientes de fuera si los tratamientos son sencillos. De lo contrario, el hospital en vez de ganar, pierde.

Este mismo sábado, el responsable de Ribera Salud, apartado temporalmente del cargo desde que estalló la crisis, acusó a anteriores gestores del centro de manipular uno de los audios y difundió otro tramo de su charla en la que él mismo contaba a su equipo que el centro de Torrejón no iba a dar beneficios en los próximos 15 años y que la matriz francesa estaba de acuerdo en ello. El audio de cuatro minutos que remitió Gallart (parte de una conversación que según el mismo duró más de una hora) no prueba ninguna manipulación de sus palabras, solo se refiere a otro tramo de la charla donde dice que los fondos de la administración son limitados y que la propia Comunidad de Madrid sabe que la empresa no va a ganar dinero con el hospital de Torrejón. El CEO de Ribera Salud alega que su comportamiento y el de la empresa siempre se ha regido por criterios éticos, pero no niega haber pedido, tal y como figura en el primer audio conocido, primar la rentabilidad sobre las listas de espera. En el audio hablaba de lograr un ebitda [beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones] de tres o cuatro millones de euros.

El Gobierno se ha lanzado en tromba contra Ayuso y su política sanitaria. El propio presidente, Pedro Sánchez, alertó de que lo conocido en Torrejón evidencia cuál es el modelo del Partido Popular: “No es Ribera Salud, ni Quirón, es el modelo del Partido Popular, que es hacer negocio con la sanidad de todos para que ganen cuatro, que al final, ¿qué es lo que hacen? Pues que le pregunten al novio de Ayuso”, dijo Sánchez en un mitin en Extremadura. El Ministerio de Sanidad ha pedido una investigación exhaustiva y que no se trate a los ciudadanos como clientes.

El mismo discurso que repite la oposición en Madrid desde hace meses. Este jueves, horas después de que se conociese el escándalo, en la Asamblea de Madrid se debatía el proyecto de presupuestos de la Comunidad. La oposición estalló contra el gobierno autonómico, que apenas pudo defenderse. La consejera de Economía, Rocío Albert, se limitó a decir que las esperas en ese hospital de Torrejón están en la media madrileña antes de comparar los audios del CEO de Ribera Salud con los de Koldo y Ábalos en los sumarios de corrupción que los investigan.

Isabel Díaz Ayuso se ausentó durante la mayor parte del Pleno y guardó 48 horas de silencio en las que el escándalo no ha dejado de engordar antes de advertir, en un acto institucional por el 47º aniversario de la Constitución, que “cualquier mala práctica será erradicada con contundencia”. La presidenta de Madrid defendió la sanidad regional como “una de las mejores del mundo” y argumentó, ante un auditorio repleto de autoridades, en que ni ella ni su gobierno tienen otras deudas que “Madrid, la salud y la vida”.

Lo dijo así: “Quiero aprovechar para dejar claro que cualquier mala práctica será erradicada con contundencia, que con la información necesaria en la mano sin contemplaciones pero con responsabilidad y coherencia, actuaremos ahora y siempre en defensa del sistema sanitario y de sus protagonistas, los madrileños. Tenemos unos grandes profesionales en el hospital de Torrejón, para los que pido la máxima confianza y ni ellos ni ningún paciente será tratado ni por negocios ni por ningún otro interés, no dudaremos llegado el caso en actuar con esa contundencia porque somos libres y solo nos debemos a Madrid, a la salud y a la vida”.

El anuncio se produjo un día después de que se encendieran las alarmas en la sede del PP nacional. Ante las primeras noticias sobre el hospital de Torrejón, su líder, Alberto Núñez Feijóo, se apresuró a reclamar a la presidenta madrileña “una auditoría con absoluto rigor” sobre el hospital de Torrejón. Feijóo, que empezó su carrera como gestor sanitario en Galicia y llegó a ser presidente del Insalud en el primer Gobierno de Aznar, sabe que la sanidad es un tema muy sensible para sus votantes e intenta evitar otra crisis, tras la polémica de los cribados en Andalucía que sacude al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla a unos meses de las elecciones. El propio Feijóo tuvo que desistir de la privatización total del hospital de Vigo, el mayor complejo que se construyó durante los 14 años que presidió Galicia. Tras movilizaciones masivas de sindicatos y los partidos políticos, la Xunta acabó adjudicando a una constructora durante 30 años el edificio y algunos servicios, pero no la gestión del personal sanitario, que contrató directamente el Servicio Galego de Saúde. De ahí la preocupación del líder del PP y su rápida reacción, que contrasta con la respuesta de la Comunidad de Madrid.

Ya el sábado, durante los actos en homenaje a la Constitución, Ayuso cambió de discurso. Cargó contra Moncloa y rebajó la crisis de Torrejón a una “trifulca de directivos”. Sin noticias de la mano dura que había anunciado el día anterior. Que se sepa la Comunidad no ha abierto expediente a Ribera Salud, más allá de la inspección de un solo día que llevó a la Consejería de Sanidad a decir que no hay evidencias de que el centro esté reutilizando material de un solo uso en los cateterismos, otra de las órdenes que había dado la dirección del centro, según algunos de los directivos despedidos.

Mientras, la responsable de Sanidad, Fátima Matute, continúa desaparecida cuatro días después de que estallase la crisis. Matute es otro de los personajes que la oposición sitúa bajo sospecha, por su pasado de veinte años en el grupo Quirón, la principal adjudicataria de la sanidad madrileña, que ha recibido miles de millones de euros en contratos, y que a su vez es el principal pagador de Alberto González Amador, novio de la presidenta.

Las relaciones de González Amador con Quirón han centrado buena parte de la legislatura en Madrid y ahora las investiga también un juzgado, que le ha imputado por corrupción en los negocios. Lo que se investiga es la compra de una empresa sin apenas actividad a la esposa del presidente de Quirón Prevención, Fernando Camino, que además tenía un cargo en MAPE Asesores, la firma pontevedresa que con su pedido de mascarillas propició la comisión de dos millones de González Amador, en lo peor de la pandemia. El propio jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, tenía guardado en su móvil a González Amador como “Alberto Quirón”, según se desveló en la investigación. Matute ha hecho desaparecer del currículum vitae que se incluye en el portal de Transparencia de Madrid cualquier referencia a su paso por el gigante de la sanidad privada al que ahora abona desde el Gobierno varios miles de millones de euros.

Solo el año pasado su consejería dio más de 1.600 millones de euros a los cuatro hospitales de Quirón, lo que supone duplicar el presupuesto inicialmente previsto, que se había fijado en 715. En los últimos cuatro ejercicios, desde 2020, el gigante empresarial recibió pagos por más de 5.000 millones de euros de la Comunidad de Madrid, lo que supone duplicar la previsión que los últimos dos Gobiernos de Ayuso habían fijado en las cuentas públicas.

La oposición lo repite en cada pleno: mientras la Comunidad mantiene cerrados los hospitales por la tarde, el Grupo Quirón factura 24 horas al día citando a los pacientes incluso de madrugada. PSOE y Más Madrid aseguran que el sistema lo acaban sufriendo los ciudadanos, pero resulta muy rentable para Ayuso y su pareja. Lo resume la portavoz socialista en la Asamblea, Mar Espinar, en cada cara a cara con Ayuso: “Usted sigue viviendo como Dios a costa de los madrileños”. De fondo, los dos pisos de lujo que González Amador compró en uno de los barrios más prohibitivos de la capital tras cobrar dos millones de euros en comisiones por intermediar en la venta de material sanitario durante la pandemia. Y el fraude fiscal de 350.000 euros que lo sentará en el banquillo.

Nada de lo que ocurre en Madrid se entiende sin Esperanza Aguirre. Sin las políticas de esta aristócrata-liberal que sembró buena parte de los desastres que hoy padecemos, incluido el deterioro de la Sanidad pública. Un legado terrible, levantado sobre la más absoluta impunidad.

Hace unos días –por fin– Esperanza Aguirre perdió algo en los tribunales. Es la primera vez, aunque solo le afecta de refilón: el condenado fue su marido, en un asunto en el que ella participó y del que también se lucró. Fernando Ramírez de Haro vendió un retrato de Goya por más de cinco millones y se comprometió por escrito a repartir el dinero con sus hermanos. Nunca lo hizo, así que uno de ellos, Íñigo Ramírez de Haro, le llevó a los tribunales. Tras un largo proceso judicial, acaba de ganar. El nombre de Esperanza Aguirre no figura en la sentencia, pero le tocará pagar: el matrimonio está en gananciales, así que tanto el botín del Goya como su devolución iban al mismo bolsillo común.

Aguirre no solo se benefició de la venta de ese Goya: también fue clave en toda la operación. El comprador –casualmente– fue el constructor Villar Mir, que en esas mismas fechas buscaba los permisos y un cambio en la ley del Gobierno regional para la operación Canalejas: un nuevo hotel de lujo levantado sobre varios edificios protegidos, que terminaron arrasados.

La sentencia es histórica por ser insólita. Que Aguirre salga mal de un juzgado es una rareza absoluta. Un unicornio. Un eclipse total de sol. Hablamos de la misma Esperanza Aguirre que se libró del Tamayazo, de la Gürtel, de la Púnica, de Fundescam, de modificar arbitrariamente una línea de metro que hundió varios edificios y hasta de fugarse de unos guardias de tráfico que la iban a multar.

No intentes repetir ni una sola de estas andanzas. Si no eres la lideresa del Partido Popular de Madrid, seguro que acabarías mal. Es la misma impunidad que Ayuso ha heredado, la que disfruta hoy.  

Esperanza Aguirre ganó varias elecciones a la Comunidad de Madrid con trampas, dopada con dinero negro. En la trama Púnica, se encontraron numerosas pruebas de financiación ilegal en el PP de Madrid –aún pendientes de juicio, porque para determinados asuntos la lentitud de los tribunales es brutal–. 

Tras varios meses imputada, la Audiencia Nacional decidió que no había indicios suficientes como para sostener que Aguirre supiera algo de esas campañas amañadas. La lideresa se libró, a pesar de que la Justicia encontró financiación ilegal en Fundescam –que ella presidía–, en el PP de Madrid –que ella presidía– y en el Gobierno autonómico –que casualmente también presidía–. 

Total, solo era la líder del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien decidía hasta el color de las viviendas de VPO –una vez que no le gustó un bloque de pisos lo ordenó repintar–. Pero del dinero negro con el que se pagaban sus mítines, según la Justicia, la lideresa nunca se enteró. 

¿Adivinan qué juez de la Audiencia Nacional decidió librar a Esperanza Aguirre de ese caso de corrupción? Exacto: el muy famoso Manuel García Castellón. El mismo que vio terrorismo en la muerte de un turista por un infarto, para así poder imputar a Puigdemont.

Más increíble aún fue cómo Aguirre se escapó sin un rasguño de otro proceso judicial: su fuga tras encararse con dos agentes de la Policía Municipal. Había parado el coche en pleno carril bus de la Gran Vía, en el centro de Madrid. Los agentes actuaron como harían con cualquier otra persona: le pidieron los papeles para sancionarla. Aguirre se encaró con ellos –“O multita o bronquita”– y acabó huyendo en el coche, derribando una moto policial y refugiándose en el garaje de su palacete, mientras los agentes la perseguían por las calles del centro.

Años después, supimos que detrás de una de las acusaciones populares que se personó en aquel juicio estaba el siniestro comisario Villarejo. Esperanza Aguirre habló con él para que dejara de molestar. Y lo logró. Hay un audio que acredita aquella conversación. 

El juez que investigó aquella fuga primero intentó rebajarla a una simple falta. La Audiencia de Madrid lo corrigió y le ordenó reabrir el caso. Más tarde archivó la causa, con argumentos asombrosos: “No está acreditada la desobediencia” porque los policías la persiguieron con las luces puestas pero no con las sirenas, y por eso ella no se enteró. También sostuvo que no había delito alguno en derribar la moto de uno de los agentes cuando salió de allí a todo gas –a punto estuvo de atropellarlo–. En su auto, el juez incluso pone en cuestión “la credibilidad” del testimonio de los policías; lo nunca visto.

¿Y quién fue este juez? Se llama Carlos Valle. Fue famoso en los 80 por ordenar una redada contra mujeres que supuestamente habían abortado. Más recientemente, fue el que investigó al humorista Héctor de Miguel por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de los Caídos y que, durante el interrogatorio, comparó esa broma con amenazar con “volar la plaza de Pedro Zerolo” o “apedrear a homosexuales pederastas”. 

El Consejo General del Poder Judicial tramitó una queja contra él por estas palabras. Fue archivada sin sanción.

Pero volvamos a Esperanza Aguirre y ese trébol de cuatro hojas que la libra de todo mal en los juzgados. Aún más alucinante –y más caro– fue lo que ocurrió con el Hospital Puerta de Hierro, de la red pública de Madrid. Cuando se construyó en 2008, el plan era que sus 135 habitaciones fueran dobles. Pero a última hora el Gobierno de Aguirre decidió que no: que mejor que las habitaciones fueran individuales. Así se hizo, pero la Comunidad de Madrid siguió pagando a la concesionaria –a ver si pensabas que era público de los de verdad– como si el número de camas fuera el anterior. 

Durante nueve años, la Comunidad de Madrid pagó por 135 camas de hospital que nunca existieron. En total, aquella frivolidad de convertir las habitaciones dobles en individuales pero abonando el mismo precio acabó costando 30 millones de euros a las arcas públicas. La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Esperanza Aguirre y al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, por prevaricación y por malversación. La jueza que llevaba el caso, Mónica Aguirre de la Cuesta, se negó.

El hospital Puerta de Hierro fue uno de los siete que Esperanza Aguirre construyó con este modelo de gestión. En este artículo de Raquel Ejerique se explican bien todos los escándalos que acompañaron a esa privatización encubierta, cuyas consecuencias estamos pagando hoy. 

Una de sus decisiones más polémicas fue acabar con los distritos sanitarios. Dar a cada madrileño la libertad de elegir a qué hospital quiere ir, sin importar dónde viva. La teoría liberal se vendió como una fórmula para poner a todos a competir. La práctica ha sido ese desastre que hoy ha aflorado en otro de esos hospitales, el de Torrejón.

La empresa que gestiona ese centro, Ribera Salud, cobra de la Comunidad de Madrid por dos conceptos. Primero, por los pacientes de la zona. Un canon por el que la empresa se compromete a atender a todos ellos, cuando caigan enfermos. Pero esa libertad de elección permite a este hospital competir por atraer a pacientes de otras áreas, que se cobran aparte.

¿El resultado de este modelo de incentivos? Que a Ribera Salud le sale más rentable atender a los vecinos que no son de Torrejón, porque por los otros no cobran más. Los audios que esta semana ha desvelado El País y los documentos que ha publicado elDiario.es demuestran las consecuencias de este modelo: es más importante el EBITDA que las listas de espera, aunque esto suponga prestar un peor servicio.

Hoy desvelamos una exclusiva más. La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves. Al mismo tiempo, atendían primero a los pacientes más leves que se presentaban en urgencias, para así aligerar la lista de espera y ganar más dinero con enfermos sencillos de atender. Todo esto solo se explica porque la rentabilidad era más importante que la salud de los madrileños.

Después de tres décadas de gobiernos del PP, el resultado a la vista está. Madrid es la autonomía que menos invierte por paciente de toda España. Y un 12% de toda su población –cerca de 800.000 personas– está esperando cita para que les vea un especialista. Al tiempo, el Gobierno de Ayuso ha pagado al grupo Quirón el doble de lo presupuestado durante los últimos cuatro años. 

Aguirre fue el molde, Ayuso es la réplica. Son los mismos métodos, los mismos abusos, y sobre todo la misma impunidad. Nada cambia porque nada les pasa. La historia se repite porque nunca se corrigió.

P. D. El próximo martes 9 de diciembre, a las 22:10, emiten en La 2 un documental sobre mi carrera profesional. Forma parte del programa ‘En Primicia’, que retrata la vida de distintos periodistas a partir de algunas de las noticias más importantes que han contado. ¡Espero que te guste! Me grabaron durante una semana, pero aún no he visto el resultado final. Aquí puedes ver el tráiler:

La dirección del Hospital Universitario de Torrejón, un centro público que gestiona la empresa Ribera Salud, modificó el funcionamiento de las Urgencias para que se atendiera antes a los pacientes leves, que se evitara subir a enfermos a las plantas de medicina interna y llegó a dar órdenes verbales para que los pacientes graves fueran reasignados como leves y se les atendiera con rapidez pero sin los “mínimos de calidad y seguridad”.

Así lo recoge un documento elaborado por el personal de Enfermería en abril de este año, que fue entregado a la dirección del Hospital, y lo confirman los trabajadores del centro. La dirección se saltó las bases del triaje en Urgencias –el sistema que clasifica pacientes por colores en función de su gravedad y el tiempo en que deberían ser atendidos– para priorizar a los leves y así aligerar los tiempos de espera y evitar reclamaciones e insatisfacción entre los enfermos.

Tanto en el documento como en los testimonios de los trabajadores se deja claro que este sistema ponía en riesgo a los pacientes y comprometía “los estándares mínimos de calidad y seguridad”. “Estas prácticas no solo son inseguras y poco éticas, sino que también deterioran gravemente la calidad asistencial”, explican.

El documento, al que ha tenido acceso elDiario.es, está elaborado por la sección sindical del Sindicato de Enfermería del Hospital de Torrejón y fechado el 17 de abril. El texto denuncia “las prácticas inapropiadas” en el servicio de Urgencias, donde se han dado directrices a los profesionales para “para realizar modificaciones en el triaje que no responden a criterios clínicos”.

El triaje en los hospitales emplea el denominado sistema Manchester y funciona con un código de colores: los rojos y naranjas, los más urgentes con riesgo para su vida, los amarillos, los graves que necesitan ser atendidos en menos de una hora, los verdes son los casos leves, que pueden esperar, y por último los azules son aquellos pacientes menos urgentes que incluso podrían ser derivados a un centro de salud.

Lo que denuncia el documento es que la dirección del Hospital se saltó este sistema por razones organizativas y de costes, sin atender a criterios médicos: “Un ejemplo de ello es la reasignación de pacientes amarillos a triaje verde de menor gravedad, sin justificación médica, basándose en razones estadísticas y organizativas inaceptables”. O lo que es lo mismo, se calificó a algunos pacientes como “estándar”, o leves, cuando deberían ser “urgentes” o graves.

Además, la dirección creó una consulta paralela a Urgencias, con un médico y un enfermero, para que vieran a los pacientes menos graves y darles prioridad. Esos dos profesionales se restaron del servicio de Urgencias, que vio mermada su plantilla para atender los casos más complejos.

En conclusión, se aligeraba la lista de espera con una doble estrategia: por un lado, se instaba a calificar como verdes a pacientes más graves; por otro, se daban órdenes de entre los verdes, atender a los menos graves para darles salida rápido. “A los pacientes con dolor de cabeza o dolor muscular leve se les atendía antes que a los graves”, confirma una fuente interna del hospital.

Los trabajadores atribuyen esa estrategia a un intento de reducir la espera de los pacientes para mejorar su satisfacción con el Hospital y evitar reclamaciones, pero a costa de ser peor atendidos.

“Estas directrices cambiantes, según los tiempos de espera, generan situaciones que impiden realizar valoraciones objetivas” de los enfermos, señala el escrito, que añade otra derivada: “Pacientes que deberían estar en boxes según el criterio Manchester son clasificados en colores inapropiados, en base a criterios ajenos del sistema Manchester”. Es decir, pacientes que debían recibir una atención específica por su gravedad eran considerados leves para que únicamente pasaran por la consulta y se les despachara con rapidez.

Pero hay más. Las órdenes, siempre verbales y nunca por escrito, cambiaban según considerase la dirección, generando “situaciones que impiden realizar valoraciones objetivas”. Por ejemplo, a veces “se insta a asignar pacientes al nivel 0 con justificación clínica de mayor gravedad”, pero en otras ocasiones “se prohíbe la asignación del color azul en el triaje”.

El color azul es el de los pacientes leves, que pueden esperar o que incluso pueden ser atendidos en un centro de salud. El Hospital no querían gente esperando en la sala de espera durante mucho tiempo, así que en ocasiones impedía calificar con ese color y se instaba a que se les atendiese rápidamente, poniendo en riesgo la seguridad de quienes sí necesitaban una atención urgente.

“Estas decisiones no solo generan caos operativo, sino que comprometen los estándares mínimos de calidad y seguridad, puesto que no responden a criterios clínicos válidos, sino a necesidades organizativas mal planteadas”, resumen los profesionales del servicio de Urgencias.

El documento plantea que, cuando haya mucha gente en urgencias calificada como “amarilla”, es decir, grave, la solución no puede ser cambiar los colores del triaje, sino atender a esos pacientes y asignar a más médicos: “Alterar el triaje arbitrariamente pone en riesgo la atención de todos”.

“Pacientes verdes están siendo atendidos antes que pacientes amarillos, a pesar de que se nos ha negado esta situación en reiteradas ocasiones, y no porque no sucedan, sino porque, efectivamente no se dejan estas directrices por escrito para evitar dejar constancia de que estas acciones, a pesar de ser poco éticas, se están ordenando”, concluye el documento.

Pacientes hacinados que cuentan como ingresos

El Hospital de Torrejón se encuentra estos días en el centro de la polémica porque sus responsables, de la empresa Ribera Salud, han dado directrices para que el centro atienda a pacientes que generan poco coste, y ha llevado a cabo modificaciones en la organización y la atención para abaratar gastos. Fuentes del Hospital señalan que esa estrategia también tuvo su impacto en Urgencias.

La dirección del Hospital creó la Unidad de Corta Estancia. En una sala que debía dedicarse a pacientes bajo observación de Urgencias, el Hospital metió a enfermos a los que no quería subir a planta. Los trabajadores relatan que en esos espacios se hacinaban casi una veintena de personas que, en circunstancias normales, debían ingresar en una habitación.

Eso permitía al Hospital que los pacientes pasaran como ingresos, lo que garantiza un extra si son de fuera del área sanitaria, pero sin abrir una planta con los costes que eso implica. Forma parte de la estrategia del centro para atraer pacientes de fuera de Torrejón, los llamados no cápita, por los que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso paga un extra a Ribera Salud.

Los pacientes de esa sala, que está aún activa, en lugar de tener su propia habitación tenían que compartirla con otros enfermos, “sin medidas de privacidad y seguridad”, y con el único objetivo de “ahorrar dinero”, según relatan trabajadores del Hospital.

Contactado por elDiario.es, el hospital desmiente estas informaciones acerca de malas prácticas en el servicio de urgencias. “El área de urgencias ofrece atención a los pacientes con normalidad y el criterio de priorización e ingreso responden a criterios exclusivamente clínicos. Las continuas auditorías de la Consejeria de Sanidad ponen de manifiesto la calidad del servicio y sus protocolos que son incuestionables”, añaden.

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