Empresarios acogidos hace una década a la amnistía fiscal han logrado aval del Estado a deudas de cientos de millones de euros con las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO), puestas en marcha en 2020 para dar liquidez de emergencia a las empresas tras estallar la pandemia.

Según datos del Ministerio de Hacienda, del escaso centenar de nombres de beneficiarios de la amnistía que ha trascendido, más de una veintena ha recurrido a esos avales ICO, con préstamos que suman cerca de 550 millones. 

Más de dos tercios de esa cifra, unos 426 millones, corresponden a empresas del grupo hotelero Meliá, perteneciente a uno de los sectores más golpeados por la pandemia, ahora en plena recuperación.

Los máximos accionistas de Meliá, la familia Escarrer (dueña del 54% del grupo), acudieron a ese perdón fiscal, como reconocieron en 2016 tras destapar la investigación de Los Papeles de Panamá que tenían una red de firmas offshore con cuentas millonarias a través del despacho Mossack Fonseca. Entre los beneficiarios estuvo el patriarca y fundador, el octogenario Gabriel Escarrer Juliá, que en septiembre recibió el premio Reino de España a la trayectoria empresarial de manos del rey Felipe.

Meliá es la mayor hotelera de España y uno de los grandes grupos turísticos mundiales, con más de 340 establecimientos y 90.000 habitaciones. Ante la pregunta de si es ético defraudar al Fisco durante años y pedir apoyos públicos de esta envergadura cuando las cosas se ponen feas, el grupo no se pronuncia por ser temas ajenos a la compañía, “aunque afecten a la familia del accionista mayoritario”. “En Meliá siempre hemos cumplido y cumplimos estrictamente con todas nuestras obligaciones fiscales y legales”. 

El actual primer ejecutivo y presidente de la patronal turística Exceltur, Gabriel Escarrer Jaume, aseguraba hace unos días a Expansión que Meliá prevé alcanzar “en dos o tres años máximo” los niveles de deuda anteriores al Covid reduciéndolos a la mitad: “Los vencimientos están cubiertos para 2023 y 2024 con la tesorería y las reestructuraciones que hemos llevado a cabo”. Los Escarrer tuvieron hasta 2017 una sociedad en Gibraltar con 67 millones en activos. La trajeron a España después de que elDiario.es revelara su existencia.

También han captado avales del ICO diversas empresas de los hermanos Jorge y Antonio Gallardo Ballart, dos de las mayores fortunas de España. Principales accionistas de los laboratorios Almirall, regularizaron la mayor cantidad conocida en la amnistía, 113 millones, que ocultaban en bancos de Suiza y Mónaco a través de sociedades en Panamá, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Los Gallardo han logrado avales del ICO para préstamos que suman unos 88 millones. La mayor parte, 78 millones, corresponde a sociedades de Vithas, uno de los mayores grupos de sanidad privada de España, con 11.300 profesionales, 19 hospitales y 31 centros médicos y asistenciales, según su web. La creación de este grupo se anunció una semana después de que el 14 de noviembre de 2012 ambos legalizaran ese enorme patrimonio offshore.

Los dueños de Almirall, con los que elDiario.es intentó contactar sin éxito, también han obtenido otros 9,8 millones en préstamos con garantía del Estado para sus sociedades hoteleras Alcotas Hoteles e Inversiones Naron 2003, la cadena Sercotel. Zentro Yoga Project, un espacio de yoga del que son accionistas y que preside una hija del financiero Javier de la Rosa, ha recibido otros 80.000 euros.

La investigación de los Papeles de la Castellana también sacó a la luz la amnistía de Borja Pérez Maura, ex vicepresidente de A. Pérez y Cía SL. Esta naviera, una de las mayores de España, y algunas de sus filiales, como Carmar, Copitrans, Estibadora Gallega o Progeco Bilbao, aparecen como beneficiarias de 7,4 millones en préstamos ICO.

Pérez Maura, nieto del presidente Antonio Maura, regularizó hace diez años 8,17 millones que ocultaba en una fundación en Liechtenstein y falleció en mayo de 2021. Fue un “monárquico ejemplar”, como le definió en su obituario en ABC su consuegro Ángel Corcóstegui: “Siempre se inspiró en su abuelo”, escribió el ex banquero, que hace 20 años recibió el mayor finiquito de la historia de España (108 millones) tras cesar como consejero delegado del Santander.

Un Borbón en los papeles

Los Papeles de la Castellana también desvelaron la amnistía de varios miembros de la familia Borbón, entre ellos, Pedro de Borbón dos Sicilias, que ha cobrado numerosas subvenciones públicas en los últimos años. Dos empresas del aristócrata e ingeniero agrícola, Gesytec (de la que es accionista) y Fast Falcons (administrador único), han recibido unos 188.000 euros en avales ICO.

Gracias a los Papeles de Panamá se conoció la amnistía de Josep María Caballé, dueño de Servigroup y considerado el gran hotelero de Benidorm. Sus sociedades Gestión y Explotación Hotelera SL y Garcisol SL figuran con 1,12 millones avalados por el ICO. A raíz de esa investigación se supo que también se acogió a ella Micaela Domecq, esposa del entonces ministro Miguel Arias Cañete.

Empresas vinculadas a la aristócrata han recibido 2,32 millones en préstamos ICO. 88.000 euros corresponden a su firma agrícola Cabaña de Vejer SL. El resto, a empresas de Havorad BV, sociedad que su familia tiene desde hace décadas en Holanda, calificaba hace años de “pantalla” por la Agencia Tributaria.

Destacan la alimentaria Juan Pedro Domecq Solís (que elabora los jamones del mismo nombre), con 1,42 millones, junto a otras como Athos (una de las primeras empresas que logró subvenciones al autoconsumo en Madrid) o Petrologis Canarias, que presidió Cañete hasta llegar al Gobierno de Mariano Rajoy. 

Otro ex ministro del PP, Rodrigo Rato, también acudió a la amnistía. El expresidente de Bankia y del FMI formó parte hasta finales de 2019 del consejo de una inmobiliaria familiar, Proina, que ha recibido 364.000 euros en préstamos ICO. Otro amnistiado conocido que salió a la luz por un procedimiento judicial (el caso Nummaria) es el arquitecto Rafael de la Hoz Castanys, cuyo estudio (AVA Arquitectura Técnica y Gestión SL) figura como receptor de 977.520 euros en préstamos ICO.

También regularizó dinero negro en la amnistía (7,5 millones) la familia Franco, a través de una de sus inmobiliarias, Montecopel, según detalló hace años en sus cuentas. Varias sociedades vinculadas a los descendientes del dictador aparecen con más de 3 millones avalados por el Estado, como Caspe 99 SL (186.240 euros), otra inmobiliaria administrada por su nieto Francisco Franco Martínez-Bordiú.

Otros casos son Arena Vacacional SL (113.520 euros en avales ICO), administrada por su bisnieto Juan José Franco Suelves, recientemente imputado por caza furtiva, según El Confidencial; los gimnasios Reto 48 (80.000 euros), en los que Luis Alfonso de Borbón, bisnieto de Franco, participó a través de una sociedad en Luxemburgo con la que se asoció con un dirigente de Vox.

Más ejemplos son Atocha Foods SL, administrada por otro bisnieto, Daniel Martínez-Bordiú Suelves, y dedicada a la hostelería (40.000 euros); o Imperium Servicios Globales, vinculada a otro joven miembro de clan y a la que la Guardia Real regó hace años de contratos públicos (33.600 euros). Destacan las de la familia Ardid Martínez-Bordiú, con fuertes intereses en el sector hotelero, como Breda Capital, vendida tras lograr 2 millones en avales, y otras como Ardam Hotels (240.000 euros).

También figuraba en un documento remitido a un registro mercantil, en este caso a Luxemburgo, la amnistía fiscal de la familia Castañer, propietaria del fabricante catalán de alpargatas del mismo nombre, que ha recibido 3,16 millones en avales del ICO. “Lamentándolo mucho, Castañer no está interesado en participar en este reportaje”, indicó una portavoz de la empresa.

Zapatos y helados

Otro empresario del calzado, Salustiano Martínez Rey, dueño de las zapaterías Lola Rey (muy implantadas en Madrid), regularizó 520.000 euros en efectivo en la amnistía. Dos empresas pertenecientes a Lola Rey SJ SL, su holding en Alcorcón (Madrid), figuran con 105.600 euros en préstamos avalados por el ICO: Sacramento Field Company (comercio al por menor de calzado) y Grecoyog SL (comercio de helados).

Su amnistía afloró por un pleito con Hacienda, como ocurrió con la de los dueños de la riojana Cartonajes Santorromán, que ha obtenido 1,1 millones en préstamos ICO. Sus propietarios (uno de ellos, presidente de la patronal sectorial AFCO) afloraron medio millón con la amnistía. La empresa, cuyos informes de gestión están trufados de invectivas contra los “ineptos” del Gobierno, “los vagos” o los impuestos, no ha querido atender a este medio. Tampoco la patronal AFCO, al ser un tema “ajeno a la actividad de la asociación”, según su portavoz, Patricia Vallejo-Nágera.

Otro procedimiento judicial sacó a la luz la amnistía de Juan José Guisado, fallecido en 2021 y muy vinculado a la comunidad andaluza en Catalunya. Tres empresas de las que era socio y administrador (entre ellas, Euroregalos Eurolotes SA, dedicada a la venta de lotes de Navidad) tienen 1,32 millones en créditos ICO. Guisado acudió a la amnistía junto a su esposa, como Alejandro Massó, administrador y propietario de la catalana Crotton SA, fabricante de los bañadores deportivos Turbo, que ha logrado avales por más de un millón. 

También en Catalunya acudieron a la amnistía los hermanos Ramió, vinculados a la catalana Friselva, uno de los líderes estatales de la carne de cerdo. En 2018 la empresa y uno de los hermanos fueron condenados por vía penal por un fraude fiscal de 7 millones. Friselva no aparece como receptora de avales ICO, pero sí dos cárnicas administradas por los Ramió: Gicarns SL (600.000 euros) y Agroporc 412 (350.000 euros).

Otro exponente de la industria alimentaria es Mariscos Castellar, una de las mayores empresas de Jaén, cuyo propietario, Francisco José García, acudió a la amnistía, y que ha recibido 4,2 millones en préstamos ICO. En el mismo sector, Distribuidora y Comercializadora de Pescados y Mariscos TEMIR SA, Congelados Altamar y Manet Import, que regularizaron casi 2 millones. Las dos primeras han recibido 3,64 millones en créditos ICO.

En Orense, los hermanos Salgado Pazos, propietarios del mayorista de joyería A. Salgado Nespereira, regularizaron 415.000 euros en efectivo en la amnistía. Dos empresas de la familia, Cepillos La Ibérica y Orenplast SA (fabricantes de cepillos y filamentos sintéticos) han recibido casi un millón en préstamos ICO. Unas ayudas “beneficiosas para la sociedad en previsión a que pudiera verse resentido el cobro de los créditos y ello diera lugar a una posible tensión de tesorería”, apuntan en sus cuentas. Se están destinando a “evitar ERTES y poder pagar con normalidad sueldos, salarios, proveedores, obligaciones tributarias, obligaciones financieras, alquileres y otras necesidades de financiación”.

Hay varios casos conocidos de médicos y dentistas que acudieron a la amnistía. El último que ha aflorado es el del fabricante barcelonés de implantes dentales Microdent, que regularizó 1.338.710 euros y ha obtenido créditos ICO por importe de 1,32 millones. O Ramón Xam-Mar, dentista de Lleida cuya empresa ha recibido 560.000 euros con aval del Estado. O Joan Pi Urgell, estomatólogo de Barcelona que regularizó más de 4 millones. Su empresa Koro Levu SL ha recibido otros 56.000 euros con garantía del ICO.

La punta del iceberg

Los cientos de millones de este recuento son la punta del iceberg, porque el listado de beneficiarios de la amnistía (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) es secreto. El PSOE prometió publicarlo en la oposición y renunció a hacerlo al llegar al Gobierno argumentando que violaría el secreto tributario.

El plazo para acogerse a la amnistía se cerró hace ahora 10 años, el 30 de noviembre de 2012. La medida del entonces ministro Cristóbal Montoro para reducir el déficit público fue declarada inconstitucional en junio de 2017, pero el fallo no tuvo efectos prácticos para sus beneficiarios.

Las líneas ICO desplegaron hasta mayo avales del Estado por importe de 107.102 millones para garantizar 140.627 millones en préstamos a través de 1.192.252 operaciones, de las que más del 98% fueron suscritas por pymes y autónomos.​ 

El Tribunal de Cuentas o el Banco de España han advertido sobre los potenciales impagos en estos préstamos, cuyo plazo de carencia ha empezado a vencer este año, a raíz del deterioro económico provocado por la guerra en Ucrania. En junio, el supervisor bancario elevó a 23.000 millones el importe dudoso o bajo vigilancia especial. Esto puede traducirse en un eventual quebranto para las cuentas públicas, ya que el Estado cubría un 80% del riesgo.

Una de las receptoras de avales ICO que han acabado quebrando es el fabricante oscense material eléctrico Transformaciones Cinca, cuyos socios afloraron medio millón en la amnistía. Su administrador único, José Antonio Navarro, legalizó unos 272.000 euros y estuvo en el cargo hasta octubre de 2021, cuando la empresa declaró concurso de acreedores tras recibir más de 900.000 euros en préstamos ICO. Ha entrado en liquidación este año.

El aristócrata y terrateniente Juan Pedro de Borbón no es el único beneficiario de la amnistía fiscal de 2012 que en los últimos años ha cobrado subvenciones públicas. El listado de acogidos a esa polémica medida (31.484 personas y empresas que pagaron de media un 3% por el dinero defraudado no prescrito) nunca se ha difundido (según el Gobierno, sería ilegal hacerlo) y apenas ha trascendido el nombre de un centenar de beneficiarios gracias a investigaciones periodísticas y procedimientos judiciales.

La información pública disponible en diferentes registros permite identificar algunas de las ayudas públicas que han recibido las empresas de varios beneficiarios de esa medida de gracia, declarada inconstitucional en junio de 2017 (aunque sin efectos prácticos).

Los hermanos Gallardo

Los hermanos Jorge y Antonio Gallardo son los principales accionistas de los laboratorios Almirall y dueños del mayor grupo español de sanidad privada (Vithas). Aprovecharon la amnistía fiscal que puso en marcha Cristóbal Montoro para legalizar más de 113 millones, la mayor cifra conocida hasta ahora, que ocultaban en varios paraísos fiscales, como reveló la investigación de Los Papeles de la Castellana.

Su farmacéutica, que hace unos meses recibió un préstamo de 120 millones de la UE en condiciones ventajosas para desarrollar nuevas terapias dermatológicas, aparece como beneficiaria en la base de datos de subvenciones del Ministerio de Hacienda de unos 340.000 euros en ayudas del Estado y la Generalitat de Catalunya.

Los Gallardo, que hasta 2016 fueron socios a través de su fondo G-Square de lo que hoy es el grupo de residencias de ancianos Domus VI (antigua SARQuavitae), receptora de subvenciones a la contratación de varias comunidades autónomas, con también accionistas de la panificadora catalana Bellsola, a través de su holding Grupo Corporativo Landon (un gigante con 1.126 millones en activos en 2018). Esta empresa recibió en 2018 un total de 169.000 euros del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE) para actuaciones de eficiencia energética.

El grupo Vithas, además de haber suscrito en los últimos años convenios sanitarios millonarios con diferentes comunidades autónomas para aliviar sus lista de espera, también figura como receptor de unos 17.000 euros en ayudas a la eficiencia energética de la Comunidad Valenciana para un hospital en Alicante. El fabricante de cartuchos monomando para grifería Sedal, 100% propiedad de Landon Investments SCR, sociedad de capital riesgo de los Gallardo, aparece como receptor de otros 36.000 euros en subvenciones del Estado y la Generalitat.

Los Gallardo también tienen inversiones en hoteles (Sercotel), inmobiliario y de las energías renovables. En el sector público, controlan el 51% de Catalana de Infraestructuras Portuarias, dueña de una concesión administrativa (hasta 2035) en el Puerto de Barcelona.

Micaela Domecq Solís-Beaumont

La terrateniente y esposa del exministro y excomisario europeo Miguel Arias Cañete, que se acogió a la amnistía fiscal mientras su marido se sentaba en el Consejo de Ministros, es la administradora única de Cabaña de Vejer SL, que en la base de datos de Hacienda aparece como receptora de 10.094,11 euros en subvenciones agrícolas recibidas entre agosto de 2016 y noviembre pasado. La mayor parte son “subvenciones a los seguros agrícolas, ganaderos y forestales” que concede la Agencia Estatal de Seguros Agrarios.

También aparecen como beneficiarias otras empresas de los Domecq, varias vinculadas a Havorad BV, sociedad holandesa calificada hace años como “sociedad pantalla” por la Agencia Tributaria: Juan Pedro Domecq Solís SL (que en 2017 recibió 1,3 millones de la Junta de Andalucía “para el apoyo a inversiones materiales o inmateriales en transformación, comercialización o desarrollo de nuevos productos agrícolas”) y otras como Invalsur SL (48.115 euros desde 2017) o Monsell Agroganadera (32.472 euros en cuatro años). Otra empresa de los Cañete Domecq, Logiscenter (presidida por un hijo del excomisario europeo de Energía y Clima) ha sido una de las beneficiarias de las primeras subvenciones de la Comunidad de Madrid al autoconsumo eléctrico para empresas.

El rey del cartón ondulado

El consejero delegado de Cartonajes Santorromán, Leopoldo Santorromán, también presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de Cartón Ondulado (AFCO), es otra de las personas que se acogieron a la amnistía fiscal. Según una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, “algunos de los socios y administradores” de esa sociedad, y en concreto, “el fundador de la empresa, y actual presidente del consejo de administración y el actual consejero delegado, así como las esposas de ambos”, se acogieron a la amnistía “mediante la presentación de declaraciones modelo 750 en las que reconocieron la no declaración de relevantes cantidades que arrojaban una suma de 527.559,26 euros”.

Cartonajes Santorromán, radicada en Logroño y dedicada durante cuatro generaciones a la fabricación, comercialización y distribución de todo tipo productos realizados en cartón ondulado (un producto muy utilizado por la industria alimentaria), aparece en la base de datos de subvenciones como beneficiaria de sendas ayudas concedidas en diciembre y marzo de 2016 por el Gobierno riojano: una de 782.335,52 euros para “Mejora de la Competitividad de las empresas (AFI) 2015” y otra de 14.433,3 euros correspondiente a la convocatoria “Promoción de la Innovación Empresarial (Seguridad en el trabajo)”.

Leopoldo Santorromán, cuya empresa fue distinguida en octubre pasado como empresa del año por la Asociación Riojana de Empresa Familiar, preside desde 2008 la patronal de este sector. En 2016, se le pudo ver junto al entonces vicesecretario de Comunicación del PP y hoy máximo responsable de este partido, Pablo Casado, en un acto en Madrid organizado por la Federación Europea de Fabricantes de Cartón Ondulado (FEFCO). El acto se celebró unos meses después de que la patronal que preside, su empresa y otras 17 competidoras fueron multadas en 2015 con 57,7 millones por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por pactar precios y repartirse clientes. La sanción fue anulada en enero de 2019 por la Audiencia Nacional por un defecto de forma. Santorromán no ha querido atender a eldiario.es

Los dueños de Meliá

Varios miembros de la familia Escarrer, propietarios de la hotelera Meliá, se acogieron a la amnistía, según reconocieron tras aflorar sus nombres como beneficiarios de varias sociedades offshore en la investigación de Los Papeles de Panamá, aunque en este caso no hay datos sobre la cuantía aflorada.

Solo en 2018, y según explica Meliá en su último anual, “las subvenciones en el ejercicio ascendieron a 515.393,49 € a nivel consolidado y 752.752,87 € a nivel agregado. Por otra parte, se recibieron en el ejercicio, en concepto de bonificaciones para formación 599.860,06 € a nivel consolidado y 712.785,92 € a nivel agregado”.

Los Escarrer, como los Gallardo, figuran entre las grandes fortunas que cerraron el año pasado sus sicavs en vísperas del cambio legal que anunciaron en diciembre el PSOE y Unidas Podemos para reforzar los controles sobre estos instrumentos de inversión colectiva, muy utilizados por las grandes fortunas.

Los dueños de las pipas Facundo

La familia Villagrá Blanco, propietaria del grupo palentino de aperitivos Facundo y que hace unas semanas vaciaba gran parte de la sicav que crearon dos años después de acudir a la amnistía, también ha recibido importantes ayudas públicas tras acogerse a lo que el Gobierno de Mariano Rajoy bautizó eufemísticamente como “declaración tributaria especial”, y que les permitió legalizar un patrimonio de 11,2 millones que ocultaban en Suiza.

El fabricante de las pipas Facundo, Facundo Blanco SA, ha recibido 1,5 millones de la Junta de Castilla y León para “proyectos expansivos de la factoría palentina”, según informaba el Gobierno autonómico en octubre de 2014. “La empresa ha recibido dos ayudas por importe global de 1,4 millones de euros para una inversión de 5,3 millones de euros para la mejora, modernización y automatización de la industria de elaboración de frutos secos”, explicó entonces la Junta.

El presidente de Facundo Blanco y expresidente de la Cámara de Comercio de Palencia, Vicente Villagrá, también aparece como receptor a título personal de subvenciones en el portal de Hacienda, que en el caso de las personas físicas solo recopila la información del último año. Villagrá figura como receptor de 4.709,34 euros en ayudas concedidas entre marzo y diciembre de 2019 en concepto de “pagos directos a la agricultura y la ganadería” y “a otros regímenes de ayudas por superficie y a determinadas ayudas cofinanciadas por FEADER”.

El empresario, que hizo gala durante su largo mandato en la Cámara palentina de un discurso a favor de reducir el gasto público [“Hemos vivido un 30% por encima de nuestras posibilidades”, dijo en 2010], bajar impuestos y no tocar la reforma laboral de 2012, recibía este jueves de manos del presidente de la Cámara de Comercio de España, José Luis Bonet, la Medalla de Oro de esta institución en reconocimiento a su trayectoria en la cámara palentina.

En ese acto, Bonet definió a Villagrá, según recoge Diario de Burgos, como “una persona ejemplar que ha estado sirviendo de manera generosa al conjunto de la población y a todas las empresas durante los 40 años que ha estado en la Cámara, así como los 22 años como presidente de la misma”. Al acto acudieron el consejero de Economía de la Junta, el popular Carlos Fernández Carriedo, el alcalde de Palencia, Mario Simón (Ciudadanos), y la presidenta de la Diputación, la también popular Ángeles Armisén.

444 reuniones, 219 organizaciones y 996 lobistas. Es el registro de visitas de Miguel Arias Cañete, comisario saliente de Acción Climática y Energía realizado por Integrity Watch, una entidad que se dedica a contabilizar las reuniones con lobbys de los comisarios y de los más altos funcionarios del Ejecutivo comunitario. 

Así, Cañete ha sido el segundo comisario que más reuniones con grupos de interés ha mantenido desde enero de 2015, seguido del comisario de Presupuestos, el alemán Günther Oettinger.

El Observatorio Empresarial Europeo (Corporate Europe Observatory), una organización radicada en Bruselas que se dedica al control de los numerosos lobbys y grupos de poder que rodean las instituciones comunitarias –hay casi 12.000 inscritos–,  describía así al español en Bruselas: “La trayectoria del Comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en la industria petrolera de España le convierte en un objetivo fácil para las empresas energéticas españolas. Entre los lobistas con los que se ha reunido más a menudo están Iberdrola y Naturgy  de un total de 269 reuniones con lobistas empresariales entre diciembre de 2014 y octubre de 2018, 100 fueron con lobbies españoles (37%), entre los que se encontraron Telefónica y Banco Santander”.

Desde noviembre de 2014, las reuniones que los comisarios y altos funcionarios celebran con los lobbies se publican en el registro de transparencia. Pero no se aplican normas similares a las representaciones permanentes de los Gobiernos nacionales ante la UE, y tampoco hay transparencia acerca de las reuniones del Consejo de la Unión Europea y del Consejo Europeo –los gobiernos de la UE–.

De los datos de Integrity Watch también se desprende otro dato, y es que la segunda persona con más reuniones con lobbys –situado entre los comisarios Oettinger y Cañete– es alguien del departamento del comisario español, Dominique Ristori, director general de Energía de la Comisión Europea. Ristori ha mantenido 567 reuniones, con 252 organizaciones y 986 lobistas.

Este lunes comienza en Madrid el COP25, la cumbre del clima que debe reforzar los compromisos para cumplir con las reducciones de emisiones pactadas en París en 2015. Y precisamente el comisario de Acción Climática y Energía con quienes más se ha reunido ha sido con las grandes empresas de la industria fósil.

Según recoge el Corporate Europe Observatory (CEO) y el registro de reuniones de Cañete, una tercera parte de ellas ha sido con representantes de la industria fósil. Precisamente Cañete vendió sus acciones en dos petroleras antes de ser investido miembro del equipo de Jean-Claude Juncker, lo que le generó fuertes críticas.

“Cañete se ha reunido con quien se lo ha pedido, y ha puesto especial atención a las ONG”, aseguran fuentes de la Comisión, que matizan las connotaciones de las reuniones con lobbys: “Con muchas empresas se ha discutido sobre cómo contener el cambio climático”.

Desde que Jean-Claude Juncker llegó a la presidencia de la Comisión Europea, el 1 de noviembre de 2014, “las cinco grandes compañías de combustibles fósiles y sus lobbys han tenido 327 reuniones oficiales con los comisarios europeos, sus gabinetes y sus directores generales. Eso es más de una por semana”, explica un informe de Greenpeace, Corporate Europe Observatory, Friends of Earth y Food and Water.

Los comisarios, junto con sus gabinetes, que más reuniones han tenido con las cinco principales multinacionales de los combustibles fósiles son, según los datos aportados en el documento: el comisario español de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, con 51 reuniones; el comisario de Unión Energética, Maroš Sefcovic, 44 reuniones; la comisaria de Mercado Interior e Industria, Elżbieta Bieńkowska, 20 reuniones; el vicepresidente Frans Timmermans, 13 reuniones. Además, el director general de Energía, Dominique Ristori, ha tenido 54 reuniones.

“El gasto total en lobby durante la Comisión Juncker (2014-2019) de las cinco grandes empresas y sus colectivos han ascendido a 162,9 millones”, afirma la investigación.

El acceso a la toma de decisiones sobre energía y clima es clave para estas empresas, que declaran tener en nómina 200 lobistas, que son fundamentales para amplificar los mensajes de la industria y hacerlos llegar a los legisladores, explican las entidades.

Eso sí, en Bruselas siempre se comenta una práctica habitual entre comisarios y altos funcionarios: separar en la web de transparencia de la Comisión Europea los encuentros con ONG, aunque sean el mismo día y a la misma hora. Por ejemplo, si un día un comisario ha entrevistado con la CEOE, la patronal del cemento, la de la cogeneración, la de grandes consumidores de energía, la de componentes de automoción y la de aparatos de refrigeración las agrupa todas en una sola visita. Pero si se trata de ONG, se apuntan una a una en la agenda aunque compartan cita y espacio.

Además, según ha publicado EUobserver, los dos comisarios que se reúnen con mayor frecuencia con lobbys –Oettinger y Cañete– no hicieron actas ni tomaron notas de 14 reuniones con compañías como Goldman Sachs, Statoil, Suez y Peugeot. EUobserver solicitó (en dos solicitudes separadas) documentos relacionados con siete reuniones celebradas por Oettinger y otras siete celebradas por Cañete. Pero sin éxito: Jordi Ayet Puigarnau, director del registro de la Comisión, envió a EUobserver una carta de fecha 6 de agosto, en la que decía que la Comisión había llevado a cabo una “búsqueda exhaustiva de documentos” y no poseía “más documentos”.

Duro recibimiento

Cañete llegó a la Comisión Europea después de sudar mucho en el examen que le hizo el Parlamento Europeo, entre otras cosas porque vio obligado a modificar a última hora la declaración de intereses económicos que presentó para incluir un sobresueldo que el PP le pagaba por presidir el Comité Electoral. El entonces aspirante a comisario de Energía y Cambio Climático no reflejó en la declaración previa que había percibido ingresos del partido por presidir este comité de 2008 a 2011.

En el primer documento, Cañete reconocía haber recibido pagos como ministro de Agricultura, diputado, abogado, tertuliano en la Cope y como presidente del consejo de administración de dos petroleras. También admitía “ocupaciones” en la Fundación FAES y en la Fundación RACE.

El examen de Cañete fue particularmente duro,  y su desarrollo no presagió el holgado resultado que el exministro de Agricultura logró para ser investido, fruto del gran pacto entre socialistas y populares europeos (aunque no incluyó al PSOE esta vez). Durante tres horas del 1 de octubre de 2014, Cañete tuvo que contestar a 45 preguntas, siendo las primeras las más difíciles al ir dirigidas a los intereses de sus familiares. “No considero a mi cuñado un miembro directo de mi familia”, llegó a contestar en una ocasión. En la segunda parte del hearing, más técnica, Cañete demostró haberse aprendido la lección y respondió más relajado.

Cinco años después, Cañete deja Bruselas como el segundo comisario que más veces se ha reunido con lobbys.

Havorad BV, sociedad holandesa de la familia política de Miguel Arias Cañete definida hace años por la Agencia Tributaria española como una “sociedad pantalla”, declaró al cierre de 2018 activos por importe de 34.339.474 euros, según datos del Registro Mercantil holandés recogidos de sus últimas cuentas anuales por la plataforma Insight View.

Havorad ha aumentado el valor de sus activos un 3,8% en comparación con 2017, cuando éste cayó por primera vez desde que, en septiembre de 2014, Cañete fue nombrado comisario europeo de Energía y Clima, cargo en el que apura sus últimos días. En 2016, los activos de Havorad llegaron a alcanzar los 36,6 millones.

En agosto de 2018, la familia política de Cañete vendió a Cepsa su participación del 33% en la filial de bunkering (suministro de combustible a barcos) de la multinacional en Panamá, donde habían sido socios durante 20 años.

El último ejercicio en el que Havorad detalló sus participaciones en sus cuentas fue 2015. Entonces, informó de su paquete accionarial en la panameña Pacific Petroleum Services y en sociedades españolas como Inbarrios, SL (99,99%) y las dos empresas de búnkering, cuyas relaciones con la Administración Cañete ocultó al Congreso de los Diputados cuando era ministro de Agricultura en el Gobierno de Mariano Rajoy y cabeza de lista del PP a las elecciones europeas de 2014: Petrolífera Dúcar (34,5%) y Petrologis Canarias (48,39%).

Esta última controla a la madrileña Athos Innovaciones Logísticas SL, dedicada a la logística alimentaria y que recientemente ha sido una de las 20 sociedades que han obtenido las primeras subvenciones de la Comunidad de Madrid al autoconsumo eléctrico para empresas.

Havorad está administrada por Miguel Domecq, cuñado del exministro y hermano de la terrateniente Micaela Domecq Solís-Beaumont, con la que Cañete está casado en régimen de separación de bienes y que en 2012 se acogió a la amnistía fiscal que el Gobierno de Rajoy aprobó con Cañete sentado en el Consejo de Ministros.

Los intereses de los Cañete-Domecq van mucho más allá de la explotación agrícola de sus fincas y abarcan otros sectores como el inmobiliario, la restauración, la energía o el logístico.

Uno de las últimos movimientos ha sido la incorporación a Asta Capital, firma de inversión que dirigen Miguel Arias Domecq, hijo del exministro, y su primo Lorenzo Dávila Domecq, de socios como la familia Cabiedes (dueños de la agencia de noticias Europa Press e inversores en numerosas start-ups) y los dueños de la empresa murciana Plasbel Plásticos, líder nacional en fabricación de bolsas de basura.

Asta fue “constituida con el objetivo de adquirir una participación mayoritaria en una única compañía en España”, con una cifra de negocio de entre 4 y 20 millones y márgenes “altos y estables” que buscase cambiar de manos y gestores. La elegida fue la empresa madrileña Logiscenter, adquirida el pasado verano y dedicada al suministro de tecnología de códigos de barras para grandes compañías del sector minorista, energético y de la automoción.

Athos Innovaciones Logísticas SL, controlada por la familia política del todavía comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, es una de las 27 sociedades que figuran hasta ahora como beneficiarias de la primera línea específica de ayudas a empresas que la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, lanzó recientemente para impulsar el autoconsumo energético.

Según el Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones del Ministerio de Hacienda, el pasado 1 de agosto la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad de Madrid concedió una subvención de 21.725 euros a Athos en el marco de un programa de “concesión directa de ayudas para fomento del autoconsumo energético en las empresas industriales”.

Este programa fue lanzado por el Gobierno que entonces presidía Ángel Garrido en julio de 2018, con la hoy delegada de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Engracia Hidalgo, como consejera de Economía, y financia un 30% de la inversión en instalaciones de autoconsumo solar térmico, fotovoltaico y de cogeneración con un límite de 50.000 euros por beneficiario.

eldiario.es preguntó el martes a la consejería madrileña de Economía, que desde el 19 de agosto dirige Manuel Giménez (nombrado por Ciudadanos), por la dotación total del programa, el importe de las ayudas concedidas hasta ahora y el número de beneficiarios, pero no obtuvo respuesta. Según datos publicados en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid y en la base de datos nacional de subvenciones, desde octubre de 2018 hasta el pasado 25 de octubre ha subvencionado con unos 687.000 euros a un total de 27 empresas con centros de producción ubicados en la Comunidad de Madrid.

El miércoles, fuentes de Economía matizaron que “no han sido 27 beneficiarios, sino 20”, porque “hay 7 que no cumplieron los requisitos” y el total concedido asciende a 464.560 euros. La subvención de Athos “está concedida pero no ha sido abonada. Se hará cuando justifique como el resto todos los pagos realizados y que la instalación se ha hecho correctamente”.

Hasta Holanda

Una de ellas es Athos, cuya ayuda debería publicar próximamente el boletín oficial del Gobierno que preside la popular Isabel Díaz Ayuso. Con sede operativa en el Polígono Industrial Cobo Calleja de Fuenlabrada (Madrid), el domicilio social de esta sociedad está en el barrio de Salamanca de la capital, en un edificio en la calle Claudio Coello de Madrid que alberga la mayoría de sociedades de la familia del comisario europeo. Y su estructura accionarial conduce, como suele ser habitual en el clan, hasta Holanda.

En concreto, hasta Havorad BV, firma radicada en ese país y definida hace años por la Agencia Tributaria española como una “sociedad pantalla” con empleados y “sin otra actividad que la fiduciaria”. Havorad, que a cierre de 2017 acumulaba activos por más de 33 millones, está presidida por Miguel Domecq, cuñado del exministro y hermano de la terrateniente Micaela Domecq Solís-Beaumont, con la que Cañete está casado en régimen de separación de bienes.

Según información del Registro Mercantil accesible a través de la plataforma Insight View, Athos, que facturó algo más de 2 millones en 2018, sienta en su consejo de administración a, entre otras personas, Micaela Margarita Domecq Ballarín, sobrina del comisario europeo, y Gonzalo Cañedo-Argüelles Osborne. La primera es secretaria y consejera y el segundo, el presidente.

La sociedad dominante de Athos es, según sus cuentas, Asenjo Naves SL, también presidida por Cañedo-Argüelles y con Micaela Domecq Ballarín y otra sobrina de Cañete, Cristina Domecq Ybarra, como consejeras. Esta última es hija de Miguel Domecq y, a su vez, cuñada de Gonzalo Cañedo-Argüelles, que es administrador en más de una treintena de empresas del clan de los Domecq.

La propietaria de Asenjo Naves es Petrologis Canarias, una de las dos empresas de suministro de combustible a buques (bunkering) que Cañete presidió hasta su vuelta a la política activa en 2012. Actualmente presidida por Cristina Domecq Ybarra, el mayor accionista de Petrologis es, según sus cuentas de 2018, Havorad BV, (44%). El otro socio relevante es Civisol (22%), que preside otro cuñado de Cañete, Rafael Domecq Solís, y en la que son consejeras Cristina y Matilde Domecq, sobrinas del comisario. El 34% de Petrologis es de “otros accionistas”, según sus cuentas.

Athos se constituyó en diciembre de 2012, poco después de que Micaela Domecq se acogiera a la amnistía fiscal que aprobó el PP con su marido sentado en el Consejo de Ministros. Actualmente, es “un operador logístico integral que posee una amplia experiencia en almacenaje, distribución y transporte de productos alimenticios y bebidas controlando toda la cadena de suministro desde proveedor a cliente final”. Para ello, cuenta con un almacén multi-temperatura de 5.200 metros de cuadrados en esa localidad del cinturón sur de la capital de España, según explica en su web.

eldiario.es contactó el martes con Athos para conocer la participación de la familia Domecq en la empresa, así como las características de la instalación que ha recibido esa subvención, sin obtener respuesta.

Athos es otras de las muchas iniciativas empresariales de los Cañete-Domecq, cuyos intereses van mucho más allá de la explotación agrícola de sus fincas y abarcan otros sectores como el inmobiliario, la restauración, la energía o el logístico. Uno de sus últimos movimientos ha sido la compra, este verano, de otra empresa madrileña, Logiscenter, dedicada al suministro de tecnología de códigos de barras para grandes compañías del sector minorista, energético y de la automoción. Antes, en 2018, vendieron a Cepsa el 33% de una filial de bunkering de la petrolera en Panamá.

Cañete, al que Pablo Casado ensalzaba en el debate electoral del pasado lunes como “líder mundial en la lucha contra el cambio climático”, agota estos días su mandato como comisario europeo. Será el fin de su carrera política, según anunció el pasado verano.

Los grupos de automoción Volkswagen, Renault, Ford y Antolín; los colosos del sector aéreo Airbus y Air France; las petroleras Repsol y BP; las grandes eléctricas o los gigantes del comercio y el consumo Amazon, El Corte Inglés, Coca-Cola, Inditex y McDonald's. Son algunos nombres de la amplia cartera de clientes de la empresa madrileña Logiscenter, proveedor de tecnología cuyo control acaba de tomar la familia del todavía comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete.

Los Arias-Domecq se han convertido en socios mayoritarios de esta empresa a través de Asta Capital, firma de inversión que dirigen Miguel Arias Domecq, hijo del veterano político del PP y de la aristócrata y terrateniente Micaela Domecq Solís-Beaumont, y un sobrino de estos, Lorenzo Dávila Domecq.

Asta fue “constituida con el objetivo de adquirir una participación mayoritaria en una única compañía en España”, tal y como explica en su web. Su objetivo era una compañía con una cifra de negocio de entre 4 y 20 millones de euros y márgenes “altos y estables” que buscase cambiar de manos y gestores. La elegida es Logiscenter. La compra se cerró el pasado julio.

Con un margen de explotación (diferencia entre ingresos y beneficio de explotación) cercano al 15%, una elevada diversificación geográfica internacional y orientación hacia productos de nicho, esta pyme contaba en 2018 con unos 20 empleados, activos de 5 millones, una facturación de 11,3 millones (un 26,5% más) y beneficios de 1,33 millones (el doble que en 2017), según sus últimas cuentas anuales, accesibles a través de la plataforma Insight View.

El pasado viernes fue el último día del fundador de Logiscenter, Juan Luis Manaute, como máximo responsable de la empresa, en la que va a permanecer como consejero y accionista minoritario, ya desvinculado del día a día. En conversación telefónica con eldiario.es, Manaute define así la actividad de la compañía que creó y acaba de vender por un importe que declina precisar: abarca “todo lo que tiene que ver con la identificación automática y la captura de datos” y ofrece “soluciones en torno al mundo del código de barras”.

Presencia comercial en más de 90 países

La empresa se fundó en 2008 y ha tenido un crecimiento vertiginoso. “Empezamos dos personas y ahora es la líder en España de este tipo de soluciones tecnológicas y está entre las tres primeras de Europa y posiblemente las cinco del mundo”, resume Manaute. Logiscenter tiene presencia comercial en más de 90 países, tres sedes (en Madrid, Barcelona y Miami) y unos 15.000 clientes.

“Entre los 100 primeros no llegan al 5% de la facturación”, asegura su fundador, que preguntado por su relación con empresas cuyo negociado depende de las responsabilidades que ha tenido Cañete en el último lustro en Bruselas, señala que cada cliente aporta una facturación “irrisoria” en relación con el total.

Para Manaute, el fondo de los Cañete era el socio ideal: quieren “invertir más para desarrollar la compañía, crecer en Europa y sobre todo en Estados Unidos y triplicar la facturación en tres o cuatro años”; y le permiten capitalizar su esfuerzo de los últimos años. Miguel Arias, nuevo presidente de Logiscenter, “es un tipo joven súper brillante y muy bien formado” y es “algo absolutamente anecdótico que sea hijo de quien es. De hecho, me enteré a posteriori”, asegura.

Con esta adquisición, los Cañete-Domecq diversifican hacia el mundo de la tecnología su amplio abanico de intereses empresariales, que abarcan ámbitos tan diversos como el agrícola, el inmobiliario, el del suministro de carburantes o los helados artesanales a través de la firma holandesa Havorad BV (calificada de “sociedad pantalla” por la Agencia Tributaria), que tiene activos de más de 33 millones.

Recientemente, la familia vendió a Cepsa el 33% de la filial de suministro de combustible a barcos (bunkering) de la petrolera en Panamá. Por su parte, el veterano exministro prevé dar carpetazo el próximo 31 de octubre a una trayectoria de 38 años en política con el fin de su mandato en la Comisión Europea.

El sábado juró el cargo como alcalde de Madrid José Luis Martínez Almeida, gracias a su pacto con Ciudadanos y Vox. Y este lunes ya ha comenzado el desmantelamiento de la principal medida para luchar contra la contaminación en el centro de Madrid: Madrid Central. 

El consistorio de Martínez-Almeida ha anunciado que dejará de imponer sanciones en Madrid Central, lo que supone su anulación práctica.

Pero la Comisión Europea ya reconoció en diciembre que España se había librado de sanciones por mala calidad del aire por medidas como Madrid Central. Y este martes en Bruselas el vicepresidente Marios Sefcovic y el comisario de Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, han presentado las evaluaciones de la Comisión Europea a los planes nacionales para lograr los objetivos contra el cambio climático de París.

¿Cómo afecta el desmantelamiento de Madrid Central? “Analizaremos las políticas cuando se materialicen”, ha reconocido Miguel Arias Cañete: “Nosotros no estudiamos ahora lo que hacen las entidades locales, sino los planes nacionales, pero si las ciudades no respetan, y la Comisión ya puso de manifiesto qué ciudades no cumplían [entre ellas, Madrid antes de poner en marcha Madrid Central], estoy seguro de que el comisario Karmenu Vella tomará medidas”.

Bruselas quiere medidas “urgentes, creíbles y eficaces” para reducir la contaminación atmosférica en los Estados miembros. Y ha abierto procedimientos contra algunos países por no aplicarse en ello, cosa que no ha pasado con España, como recordaba en diciembre el comisario de Medio Ambiente de la UE, Karmenu Vella, por las medidas adoptadas en los últimos meses, entre ellas Madrid Central, impulsada por el Ayuntamiento de Manuela Carmena.

Vella respondía así a la carta que le remitieron en noviembre los eurodiputados de Podemos, IU, Equo e ICV en relación con los recursos judiciales que planteó el PP a la iniciativa Madrid Central.

En su respuesta, la Comisión Europea daba un apoyo implícito al plan del Ayuntamiento de Madrid para mejorar la calidad del aire en la capital, en cumplimiento con las directivas europeas sobre este ámbito y ante la amenaza de una sanción a España por incumplimiento.

En su carta, Vella recordaba que tras el anuncio de medidas concretas como el plan Madrid Central, la Comisión Europea “optó por no llevar a España al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como sí hizo con otros Estados”. Vella, eso sí, aseguraba que “la Comisión continúa siguiendo de cerca la aplicación y la eficacia en los calendarios previstos del paquete de medidas”.

Con todo, Vella señalaba que en España se siguen superando “los objetivos de calidad del aire, en particular de dióxido de nitrógeno y partículas PM10”. Ante esto, alerta de que la Comisión podrá hacer uso, en su caso, “de su potestad legal para hacer cumplir la legislación europea”.

En relación a los recursos anunciados por el PP, Vella recordaba que “los tribunales nacionales están obligados a aplicar el derecho europeo y velar por que las obligaciones que del mismo emanan, sean cumplidas efectivamente”.

La misiva de Unidos Podemos de noviembre denunciaba ante la Comisión Europea la “ofensiva lanzada” por el PP para “tratar de paralizar la aplicación de las medidas” sobre calidad del aire por parte del Ayuntamiento de Madrid, en cumplimento de las directivas europeas medioambientales y ante la amenaza de la UE de llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE.

De este modo, añadían los eurodiputados firmantes, “el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Madrid ha recurrido, ante el contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el protocolo frente a episodios de contaminación si el ayuntamiento de Madrid no lo retira en el plazo de un mes” al tiempo que el gobierno regional de la Comunidad de Madrid, del PP, “amenaza con llevar ante los tribunales el acuerdo plenario del 5 de octubre en el que se aprobó la Ordenanza de Movilidad Sostenible, que incluye la regulación del funcionamiento de Madrid Central”.

La carta al comisario Vella recordaba que “la ciudad de Madrid vulnera desde 2010 los valores límite de NO2 establecidos en la normativa europea” y que, de hecho, la Comisión Europea “inició un procedimiento de infracción contra España y en enero de 2018 le planteó un ultimátum para que presentara planes convincentes con el propósito de alcanzar los objetivos de calidad del aire”.

Tras haber presentado España dichos planes, la Comisión decidió en mayo de 2018 no llevar, por el momento, a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), por considerarlos adecuados, aunque anunció que se mantendría vigilante sobre su cumplimiento.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Madrid “ha introducido algunas de las medidas de limitación del uso del coche en la ciudad contempladas en los planes presentados ante la Comisión Europea, como el plan Madrid Central y el protocolo de actuación frente a episodios de alta contaminación, un plan de acción a corto plazo, como exige la Directiva 2008/50/CE”.

Sin embargo, alerta la misiva, “en el caso de que prosperaran los contenciosos legales promovidos por el PP, la ciudad quedaría desprovista de instrumentos vigentes para reducir la contaminación atmosférica”.

“De darse el caso”, concluyen los eurodiputados de Unidos Podemos, “la Comisión Europea debería llevar a España ante el TJUE, al igual que hizo en mayo con Alemania, Francia y Reino Unido por no adoptar medidas para reducir la contaminación por NO2, como medio para proteger a los ciudadanos frente a la contaminación atmosférica”.

La sociedad holandesa de la familia política del comisario europeo de Energía y Clima, Miguel Arias Cañete, definida hace tiempo por la Agencia Tributaria española como “sociedad pantalla”, declaró al cierre de 2017 activos valorados en 33.060.341 euros, según sus últimas cuentas anuales.

Es la primera vez que esta sociedad, Havorad BV, reduce el valor de sus activos desde que en septiembre de 2014 el exministro del PP fue nombrado comisario europeo. Al cierre de ese ejercicio, Havorad declaró algo más de 34 millones en activos; en 2015 la cifra aumentó hasta 35,8 millones y en 2016, hasta 36,6 millones, unos 3,6 millones menos que lo declarado en 2017.

El escueto documento que recoge las cuentas de Havorad, remitido el pasado 12 de diciembre a la Cámara de Comercio de Holanda, no precisa quiénes son los accionistas de la empresa ni qué participaciones tiene la firma, que en 2015 sí informaba de sus paquetes en varias sociedades españolas y en la panameña Pacific Petroleum Services.

Esta sociedad era entonces a su vez accionista de la filial de bunkering (suministro de combustible a barcos) de la petrolera Cepsa en ese país, de la que la familia de Cañete fue socia durante cerca de 20 años. Su participación en esa filial de Cepsa fue vendida en agosto pasado a la petrolera de Abu Dabi, tal y como informó eldiario.es en octubre pasado.

En 2015 Havorad también daba cuenta de sus acciones en sociedades españolas como Inbarrios, SL (99,99%) y las dos empresas de búnkering (suministro de combustible a buques) cuyas relaciones con la Administración Cañete ocultó al Congreso de los Diputados, Petrolífera Dúcar (34,5%) y Petrologis Canarias (48,39%).

Calificada hace años por el Fisco español como “sociedad pantalla” sin empleados ni “otra actividad que la fiduciaria”, Havorad, domiciliada en Ámsterdam, fue constituida el 30 de noviembre de 1962 y tiene intereses en ámbitos tan diversos como el agrícola, el inmobiliario, el del suministro de carburantes o los helados artesanales.

Sus cuentas de 2017, como las de ejercicios anteriores, están firmadas por “M. Domecq Solís”. Se trata de Miguel Domecq, cuñado del exministro de Agricultura y director general de las empresas de la familia, con el que eldiario.es ha intentado contactar sin éxito a través de su oficina en Madrid.

Su hermana, la terrateniente Micaela Domecq Solís-Beaumont, casada con Cañete en régimen de separación de bienes, se acogió a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, con su marido sentado en el Consejo de Ministros.

La petrolera española Cepsa, propiedad del fondo soberano de Abu Dabi, ha comprado a una sociedad panameña presidida por Miguel Domecq Solís, cuñado del actual comisario europeo de Energía y Clima y exministro del PP, Miguel Arias-Cañete, el 33% que todavía no controlaba en su filial Cepsa Panamá, dedicada a la actividad de bunkering (suministro de combustible a barcos) en el Canal de Panamá.

Según confirman fuentes de la petrolera a eldiario.es, la operación se cerró el pasado 2 de agosto, cuando Cepsa se convirtió en titular del 100% de las acciones de esa empresa panameña por un importe que la compañía declina precisar. En sus últimas cuentas anuales (2017), la petrolera todavía declaraba una participación del 67% en su filial, frente al 100% que consta en el folleto de salida a Bolsa publicado este martes en la web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

A cierre de 2017, Cepsa asignaba a ese 67% de Cepsa Panamá un valor en libros (que no tiene por qué coincidir con su valor de mercado ni con lo pagado a la sociedad de la familia de Cañete) de 8,947 millones de euros, lo que implicaría valorar el 100% a efectos contables en 13,3 millones.

El 33% que ha adquirido Cepsa estaba en manos de la sociedad panameña Pacific Petroleum Logistics, que hasta el pasado mes de mayo tenía un puesto en la junta directiva (consejo de administración) de Cepsa Panamá.

Pacific Petroleum Logistics, constituida en 2016, tiene como objeto social, entre otros, “dedicarse al suministro de combustible” y “comprar acciones en otras sociedades en actividades de venta de combustibles marinos”. Cuenta con un capital de 4 millones de dólares americanos y en ella todavía hoy figura como presidente Miguel Domecq Solís, cuñado de Cañete.

El tesorero de Pacific Petroleum Logistics es Rafael Domecq, otro miembro del clan de la terrateniente Micaela Domecq, esposa del comisario europeo (con el que está casada en régimen de separación de bienes) y acogida a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, cuando el propio Cañete era ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

Otro de los consejeros de Pacific Petroleum Logistics es el panameño Carlos Ernesto González de la Lastra, vicepresidente de Cepsa Panamá y una figura de referencia en el mundo marítimo del pequeño país centroamericano. Esta firma, explican fuentes de Cepsa, es accionista de Cepsa Panamá desde abril de 2016. Entonces, una empresa con un nombre muy similar, Pacific Petroleum Services, le transfirió el 33% que controlaba en Cepsa Panamá desde la constitución de la filial en 1998.

La vinculación con Cepsa de esa firma panameña fue desvelada en 2014 por Infolibre, que reveló que el 57,58% de Pacific Petroleum Services estaba a su vez en manos de la holandesa Havorad BV, una “sociedad pantalla” (la expresión es de la Agencia Tributaria española) de la familia política de Cañete presidida por su cuñado Miguel Domecq y que a cierre de 2016 contabilizaba 36,6 millones en activos.

Precisamente, fue en 2016 (cuando se extingue Pacific Petroleum Services), cuando Havorad dejó de ofrecer detalles sobre sus participadas en sus cuentas. La información disponible en el registro panameño indica que Pacific Petroleum Services fue disuelta en una junta presidida el 20 de octubre de 2016 por el propio Miguel Domecq, “debido a que la finalidad sobre la cual se constituyó ya se cumplió y no tiene objeto continuar su existencia”, según el acta de disolución.

Este diario ha intentado contactar sin éxito con Miguel Domecq. “Por norma no atiende la prensa”, indican desde las oficinas del entramado familiar en Madrid.

Fuentes de Cepsa relacionan la toma de ese 33% con una práctica habitual en los últimos años con muchas de las sociedades en las que la petrolera era socio mayoritario. “Al final no aporta mucho tener un socio minoritario, y en algunos casos hemos vendido y en otros hemos tomado el 100%”, indican esas fuentes. Así ha ocurrido con Cepsa Panamá.

Líder en el Canal

En el folleto de salida a Bolsa, Cepsa destaca el importante tránsito internacional de buques en el Canal de Panamá, un enclave en el que a través de esa filial desarrolla actividades de bunkering con un suministro estimado en 4 millones de toneladas. En su web, Cepsa indica que su filial panameña “se ha convertido en un líder” en el negocio del bunkering “a ambos lados del canal. Almacenamos y vendemos combustible para barcos y para dos de los principales puertos del mundo, Balboa y Cristóbal”.

Cepsa prevé regresar a la bolsa el próximo 18 de octubre. Con la operación, el dueño de la petrolera, Mubadala (el fondo soberano de Abu Dabi) prevé ingresar hasta 2.019 millones por la venta del 25% de su capital, en función de la horquilla de precios fijada. Esta oscila entre 13,1 y 15,1 euros por acción, lo que valora la compañía entre 7.010 millones y 8.081 millones de euros. A esas cifras habría que sumar otros 3.000 millones de deuda.

El comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete se reunirá este miércoles con la delegación de Castilla y León que se ha desplazado a la capital belga para intentar bloquear el cierre de la factoría que Vestas tiene León. El encuentro, solicitado por la eurodiputada de IU, Paloma López, tiene como objetivo arrancar algún compromiso para paralizar el cierre o dar alternativas a sus trabajadores. El fabricante danés de aerogeneradores suprimirá 450 empleos directos y otros 2.000 indirectos con el cierre de la planta de Villadangos del Páramo.

El diputado autonómico de IU José Sarrión, que forma parte de la delegación, adelantó a eldiario.es que el mensaje que quieren trasladar al comisario es que “Vestas no se cierra” y que pedirá a Arias Cañete “que presione a Vestas y a la Unión Europea en contra del cierre injustificado”. Sarrión incidió en la libertad de la que gozan las multinacionales que deslocalizan “sin ningún tipo de control ni consecuencias” y en que hay que conseguir compromisos de la UE para que estas prácticas no continúen.

Sarrión forma parte de una delegación que se ha desplazado a Bruselas y entre quienes figuran la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, la delegada el Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, los responsables sindicales regionales de UGT y CCOO, Evelio Angulo y Vicente Andrés y representantes del comité de empresa de Vestas.

En esa reunión participará el presidente del comité de empresa de los trabajadores de Vestas, Juan Francisco García. “Pediremos que se retire el ERE porque es una planta productiva, la más competitiva. La otra opción es la reindustrialización, y ello pasa porque Vestas no desmantele la factoría”, declaró.

El secretario general de Comisiones Obreras en Castilla y León, Vicente Andrés, pide que el ERE se retrase seis meses o se retire hasta encontrar un nuevo inversor. De ese ‘plan b’ se encarga la mesa por la reindustrialización, de la que forman parte el Ministerio de Industria, el Ministerio de Transición Ecológica, la Junta de Castilla y León y los sindicatos.

La consejera de Economía, Pilar del Olmo, también desde Bruselas, ha pedido al Comité Económico y Social Europeo que proteja a Europa de “malas prácticas y deslocalizaciones” y se ha referido a Vestas como una empresa “que no es de fiar”

La firma Vestas Manufacturing Spain construyó su nave de Villadangos con la financiación de 14.474.571 euros, a través de varias subvenciones concedidas a la mercantil en los ejercicios 2006 y 2009 por la Junta de Castilla y León y por el Ministerio de Economía.

El actual comisario europeo y ex ministro del PP Miguel Arias Cañete ha cosechado una derrota judicial en un pleito con la Agencia Tributaria. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la liquidación que Hacienda practicó en julio de 2013 al entonces ministro de Agricultura y Medio Ambiente al reclamarle una deuda de 15.451,88 euros (14.661,55 euros de cuota y 790,33 euros de intereses de demora) por el IRPF de 2011, por entender que se aplicó deducciones indebidas al simular gastos en Ceuta, tal y como avanza El Confidencial este jueves.

En una sentencia dictada el pasado 7 de febrero, la Sala de lo Contencioso del TSJM ha confirmado la liquidación practicada por Hacienda a Cañete en 2013 por entender que se aplicó indebidamente la deducción del 50% de la que disfrutan las rentas obtenidas en Ceuta, la ciudad autónoma donde la familia del comisario tiene su petrolera y que goza de un régimen fiscal favorable.

La inspección se abrió en febrero de 2013, cuando Cañete era ministro de Agricultura, y en el ejercicio en disputa, 2011, el hoy comisario europeo de Energía y Cambio Climático era diputado en el Congreso y presidía su empresa de búnkering (suministro de combustible a barcos) Petrolífera Dúcar, cuyas acciones vendió a un tercero no identificado para poder ocupar su actual cargo en Bruselas.

la liquidación de Hacienda fue recurrida por Cañete ante el Tribunal Económico Administrativo Regional (TEAR) de Madrid, que ratificó en 2016, ya con Cañete como comisario, el criterio de la inspección. La causa desvela que siendo diputado, el político del PP negociaba con cargos políticos de Ceuta en nombre de su empresa, en contra de lo que declaró al Congreso de los Diputados, ante el que afirmó que Dúcar era una “compañía dedicada al almacenamiento y suministro de combustibles a buques en la ciudad autónoma de Ceuta, sin ninguna relación con el sector público”.

El TEAR, cuya resolución recurrió Cañete ante la justicia ordinaria por la vía de lo contencioso-administrativo, entendió que “la documentación aportada prueba la prestación de servicios de asesoramiento jurídico sobre las modificaciones del planeamiento urbanístico de Ceuta que incluía negociaciones con la presidencia de la ciudad autónoma, prueba también la realización de negociaciones con la Autoridad Portuaria con la finalidad de ampliar las instalaciones de la compañía en la zona portuaria”.

“Sin embargo, el interesado tiene su despacho profesional en Jerez de la Frontera y, por consiguiente, no es razonable pensar que el 100% de los trabajos realizados para la prestación de los referidos servicios se llevaran a cabo desde Ceuta sin intervención alguna de los medios materiales y personales que tienen su sede en Jerez de la Frontera”, dice la sentencia al reproducir la resolución del TEAR.

Dúcar es una empresa del conglomerado de la familia política del actual comisario europeo y está controlada por una empresa pantalla en Holanda, Havorad BV, que ya acumula más de 36 millones de euros en activos y está presidida por Miguel Domecq, cuñado del exministro de Agricultura y hermano de su esposa, la terrateniente Micaela Domecq Solís-Beaumont.

Esta última, casada con Cañete en régimen de declaración de bienes, se acogió a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, con su marido sentado en el Consejo de Ministros.

Suma y sigue para Havorad BV, la firma holandesa de la familia política del comisario europeo Miguel Arias Cañete definida hace unos años por la Agencia Tributaria española como “sociedad pantalla”. La firma sigue incrementando el valor de sus activos, que al cierre del ejercicio 2016 rozaba ya los 36,6 millones de euros, según las últimas cuentas anuales remitidas el pasado 21 de diciembre a la Cámara de Comercio de Holanda y a las que ha tenido acceso eldiario.es

El documento cifra el valor de los activos de Havorad BV en 36.599.557 euros, un 2% más que un año antes y casi un 10% más con respecto a 2013, año previo al nombramiento del entonces ministro español de Agricultura como comisario europeo de Acción por el Clima y Energía. Entonces, Havorad declaraba 33.279.169 euros en activos, 3,3 millones menos que ahora.

El escueto documento (dos páginas) no precisa quiénes son sus accionistas ni, a diferencia de otros años, qué participaciones tiene la empresa, domiciliada en Ámsterdam, constituida el 30 de noviembre de 1962 y con intereses en ámbitos tan diversos como el agrícola, el inmobiliario, el del suministro de carburantes o los helados artesanales.

Las cuentas de 2016 fueron firmadas el pasado 11 de noviembre por los tres administradores de Havorad, entre los que está “M. Domecq Solís”. Presumiblemente, se trata de Miguel Domecq, cuñado del exministro de Agricultura y hermano de su esposa, la terrateniente Micaela Domecq Solís-Beaumont. Esta última, casada con Cañete en régimen de declaración de bienes, se acogió a la amnistía fiscal que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, con su marido sentado en el Consejo de Ministros.

Empresas petrolíferas

En sus cuentas de 2015, Havorad BV sí informaba de sus paquetes accionariales en sociedades españolas como Inbarrios, SL (99,99%) y las dos empresas de búnkering (suministro de combustible a buques) cuyas relaciones con la Administración Cañete ocultó al Congreso de los Diputados, Petrolífera Dúcar (34,5%) y Petrologis Canarias (48,39%).

Cañete, que hace una semana proclamaba en el Congreso que “el calentamiento global es el mayor reto al que nos enfrentamos en la actualidad” y subrayaba su “absoluto” compromiso como comisario europeo con la descarbonización de la economía, fue su accionista y presidente hasta 2011 y, en el caso de Petrologis, la Agencia Tributaria investiga sus relaciones con sociedades offshore, como avanzó El Confidencial.

Las cuentas de Havorad en 2015 reflejaban una participación del 57,58% en la panameña Pacific Petroleum Services, a su vez es accionista de la filial de la petrolera Cepsa en ese país, como reveló Infolibre en 2014. No mencionaban a Gold Lion, sociedad del paraíso fiscal de Antillas holandesas cuya existencia afloró el litigio fiscal en el que Hacienda definió como “sociedad pantalla” a la patrimonial de la familia política de Cañete.

Sí figuraban participaciones minoritarias en empresas como Ribera del Castaño (3%), participada por la esposa de Cañete, según la última declaración de bienes que el comisario europeo actualizó el pasado 19 de diciembre, y en otras compañías de la familia Domecq como Civisol (8%).

Esta última ha protagonizado uno de uno de los últimos pleitos fiscales del entramado de empresas de la familia: la aplicación, contra el criterio de Hacienda, de una serie de deducciones incorrectas por operaciones como la compra de un deportivo Aston Martin DB 7 o la adquisición de una obra de arte por importe de 14.833,41 euros. Todas las pretensiones de la empresa fueron rechazadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Abogado del Estado, Cañete señala en su última declaración de bienes que ejerció como abogado para el sector privado en las áreas de Fiscalidad y derecho corporativo mientras fue diputado raso en el Congreso entre los años 2005 y 11. Sus ingresos por estas labores de asesoría eran, según declaró en 2014, de entre 5.001 y 10.000 euros mensuales.

Un informe secreto del Ministerio de Agricultura duplica el agujero en las cuentas de Acuamed. El informe, encargado por la Subsecretaría de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, concluye que hubo irregularidades en una decena de obras adjudicadas por Acuamed que no estaban incluidas en el sumario judicial, según documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es través del buzón seguro Fíltrala –que comparte con Diagonal, La Marea y Mongolia–.

“No vamos a seguir pidiéndole a [Miguel] Arias Cañete [comisario de Acción por el Clima y Energía] que dimita porque para eso hace falta un mínimo nivel de dignidad y ha demostrado no tenerla, por eso hemos escrito a Jean-Claude Juncker [presidente de la Comisión] solicitándole que le destituya”, explica la portavoz de IU en el Parlamento Europeo, Marina Albiol, que ha reclamado por carta a Junker el cese de Cañete tras la publicación del informe de Agricultura que duplica el agujero de Acuamed.

“Se suman demasiados escándalos”, argumenta Albiol: “Acuamed, Taula, los Papeles de Panamá y el conflicto de intereses por las empresas petroleras en el estrecho de Gibraltar y Canarias. Ahora, justo el día antes del debate sobre el Estado de la Unión, Juncker, vuelve a tener un problema con su comisario, Juncker ha defendido en todo momento a Cañete, pero debería entender de una vez que el pueblo europeo está por encima de la reputación de su Comisión y debe destituirlo ya”.

Albiol también ha escrito a la Oficina Antifraude de la Comisión Europea: “Nos hemos dirigido a la OLAF para enviarles las nuevas informaciones sobre la gestión de Acuamed y hemos solicitado que respete el principio de transparencia y nos explique el estado de las investigaciones sobre el presunto mal uso de fondos públicos europeos”.

El Juzgado de lo Social número 4 de Las Palmas de Gran Canaria ha declarado improcedente el despido del jefe de operaciones que alertó de las deficiencias en materia de seguridad y medio ambiente en Petrologis Canarias, empresa que Miguel Arias Cañete presidió hasta 2012 y de la que conservó acciones hasta 2014. En la actualidad está en manos de Miguel Domecq, cuñado del exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.  

Fernando Rosillo, que posee las titulaciones de ingeniero técnico naval e industrial, fue contratado por la petrolera en marzo de 2010, un mes después del accidente en el que falleció el anterior jefe de operaciones de la empresa y resultó herido de gravedad otro trabajador tras declararse un incendio durante las labores de soldadura en un depósito de combustible ubicado en el Puerto de La Luz y de Las Palmas.

Casi seis años después, el pasado 25 de enero, Rosillo fue despedido. La empresa decidió amortizar su puesto de trabajo y alegó causas organizativas, técnicas y productivas, remarcando que el perfil del ingeniero, con más de 20 años de experiencia en el sector, no se adecuaba a las necesidades de la empresa en ese momento. En el juicio laboral celebrado en mayo, el delegado de Petrologis en las Islas, Octavio Parada, explicó que buscaban a un trabajador con dotes comerciales, puesto que la empresa había diversificado su actividad hacia el ámbito turístico, en concreto a la promoción y explotación de de los bungalows del club Tucanes Gay, en el sur de Gran Canaria. Para ello contrató a un ingeniero industrial que había ejercido en empresas de combustible desde 2013 y con anterioridad como comercial. 

En su demanda, el ex jefe de operaciones de Petrologis atribuía su despido a una represalia por “las continuas quejas sobre seguridad laboral y medioambiental de la planta”. Rosillo pedía la nulidad del despido o, subsidiariamente, su improcedencia. Además reclamaba una indemnización por daños y perjuicios que cifraba en medio millón de euros, sobre la base de su salario diario y contabilizando los días que transcurrirán desde la extinción de la relación laboral hasta la fecha de jubilación. En su escrito justificaba esta petición por el perjuicio ocasionado a su imagen, una circunstancia que, unida a la crisis del petróleo, hace en su opinión “muy difícil” que pueda volver a encontrar trabajo en el sector.

En una sentencia fechada el pasado 20 de julio, la magistrada titular del Juzgado de lo Social número 4 de la capital grancanaria  rechaza la nulidad y la indemnización solicitada por el demandante, pero declara la improcedencia del despido. En su exposición, considera probada la existencia de tres “incidentes de discrepancia” entre el trabajador y sus superiores, dos en 2013 y una en 2015 y todos ellos en relación a las medidas de seguridad y medioambientales de la planta. Sin embargo, estos episodios durante un periodo de casi seis años “no pueden llevar a valorar la existencia de conflictos continuos y batallas diarias”, según la juez, que entiende que la empresa no ha vulnerado los derechos del trabajador, que “no efectuó reclamaciones a la empresa ni a organismos ni instituciones, ni verbales ni escritos”.

En cambio, sí estima la improcedencia del despido porque Petrologis realizó alegaciones “genéricas, sin concreción” de las que no pueden colegirse las causas organizativas, técnicas o productivas por las que la empresa adoptó la medida. Ya en la carta entregada al jefe de operaciones la petrolera le ofrecía la posibilidad de incrementar la indemnización por despido hasta los límites que marca la ley en caso de improcedencia (33 días por año trabajado en vez de los 20 del despido objetivo operado), consciente de “la dificultad de demostrar en vía judicial los motivos”.

La jueza subraya que Petrologis no ha acreditado “absolutamente nada” sobre el nuevo puesto de trabajo y sus funciones y la amortización del que ocupara Rosillo. La resolución recuerda que Matías Mayor, director general de Petrocan, filial de Cepsa y cliente de Petrologis Canarias, manifestó en su declaración como testigo en el juicio que el nuevo director de planta realiza las mismas funciones que ejercía el trabajador despedido.

Sobre la pretensión de la petrolera de introducir en el debate la diversificación de la actividad para justificar la contratación de un trabajador con otro perfil, la jueza remarca que no aparece reflejada en la carta de despido y que, por tanto, no es objeto del procedimiento.

Hechos probados

En el informe redactado tras el incendio mortal de 2010, la Inspección de Trabajo  determinó como causa del siniestro las “deficiencias de carácter organizativo” en el seno de Petrologis Canarias, conclusión que también compartieron la Oficina Técnica de Ingeniera Forense y el auto del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria que decretó el sobreseimiento provisional de la causa penal. La empresa evitó el juicio por homicidio imprudente tras pactar con las familias de los afectados indemnizaciones que sumaron 240.000 euros y después de que el fiscal de siniestralidad laboral achacara el accidente a una imprudencia del operario durante los trabajos de soldadura en el tanque.

En el juicio laboral la petrolera demandada aportó otros tres informes. La empresa Avalora concluía en su escrito que Petrologis no incumplió medidas de seguridad y que el único responsable era el fallecido, mientras que dos peritos sostuvieron que se adoptaron todas las medidas, pero “se demostraron insuficientes”.  Sin embargo, la resolución judicial declara como hechos probados que el estado de la planta y de la instalación contraincendios era deficiente y que el jefe de operaciones contratado tras el accidente mortal revisó los procedimientos tras detectar que no existían en la empresa.  

La sentencia del Juzgado de lo Social constata que, a raíz de la contratación de Rosillo y de sus propuestas, la empresa “ha mejorado, actualizado y modificado procedimientos, medidas de seguridad, riesgos, factores de riesgo, medidas preventivas y formación de trabajadores”.  Y ello a pesar de las divergencias que mantenía el trabajador con la política de seguridad de la empresa y que también se han considerado probadas en este procedimiento. Una de ellas hacía referencia a las líneas de vida. El jefe de operaciones propuso este sistema de anclaje homologado después de que en una evaluación se identificara el riesgo de caída durante los trabajos de reparación en los tanques de combustible. Rosillo presentó a la delegación de la empresa una oferta comercial de 12.000 euros, pero la petrolera tan sólo concedió 1.500 euros para un sistema más rudimentario basado en cuerdas.

Los otros dos episodios de enfrentamiento que la jueza entiende que han quedado demostrados están relacionados con instalaciones de protección contra incendios, en un caso por el recorte del presupuesto destinado a la mejora de las mismas en 2014, de 434.300 a 127.300 euros, y en el segundo por la negativa de la empresa a implantar un sistema automático de extinción en la sala de calderas dada la “insuficiencia” de la única instalación.

La resolución judicial no considera probada, en cambio, la “acalorada discusión” que según el demandante mantuvo con el delegado de Petrologis, Octavio Parada, en relación a su propuesta de limpieza de aguas contaminadas y su advertencia de denunciarlo ante la Autoridad Portuaria. La jueza subraya que no consta la fecha de este enfrentamiento ni más prueba que las manifestaciones del trabajador, si bien Parada “reconoció la propuesta y la existencia de contaminación” y manifestó que “se estaba remediando”.

El fallo condena a Petrologis a readmitir al trabajador o a indemnizarlo con 34,225,74 euros, descontando los 32.285,74 que ya le ha pagado la empresa. A esta cantidad le añade otros 4.000 euros en concepto de bonus de 2015. El demandante ya ha anunciado que presentará un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

El Comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha vuelto a tratar de desvincularse de la trama corrupta de Acuamed y de los negocios de su esposa, que apareció en los Papeles de Panamá y que se habría beneficiado de la amnistía fiscal de Montoro cuando Cañete era ministro de Agricultura. “Me casé en el 78 en régimen de separación de bienes. Nunca he intervenido en los negocios de mi mujer”, ha dicho Cañete tras la inauguración del curso de periodismo económico '¿Qué hemos aprendido de la crisis?', organizado por la APIE con la colaboración de la UIMP y BBVA.

Los grupos parlamentarios de izquierda de la Eurocámara como la Izquierda Unitaria Europea y el Grupo de la Europa de la Libertad habían pedido que el comisario compareciera en la cámara para dar explicaciones tanto por los Papeles de Panamá como por el caso Acuamed. Una propuesta que prosperó a medias, porque finalmente el exministro de agricultura no tendrá que comparecer frente al total del pleno sino en la comisión de asuntos jurídicos.

“Yo soy plenamente respetuoso con el Parlamento Europeo. Soy de los comisarios que comparecen con más frecuencia. Si quieren que comparezca en la Comisión de Asuntos Jurídicos, lo haré”, ha dicho. “Donde me llamen iré y daré todas las explicaciones necesarias”, ha añadido después de reiterar su respeto a las instituciones europeas, como ya dijera cuando se conoció su próxima aparición.

Todavía no hay fecha para la comparecencia de Cañete, pero en cualquier caso todo indica que será en julio después de las elecciones del 26J. “Cuando uno comparece son los parlemantearios los que preguntan y el comisario el que responde”, ha dicho Cañete al ser preguntado sobre lo que dirá en su intervención.

El caso Acuamed

Respecto a la trama corrupta de Acuamed, en la que dos altos cargos del ministerio señalaban al actual comisario como el responsable del nombramiento del cabecilla de la trama en la empresa pública Acuamed, Cañete ha negado estar implicado en el caso. “A mi siendo ministro nadie me trasladó que hubiera ninguna irregularidad, la denuncia no llegó a mis manos, nunca tuve conocimiento de ninguna irregulariad administrativa o penal. Si la hubiera tenido, la hubiera corregido”, ha dicho Cañete.

“Nunca he dado indicación de favorecer a nadie”, ha apuntado. En este sentido, ha señalado que él durante su etapa en el ministerio acudió a los servicios jurídicos a la hora de tomar decisiones. “Se trata de actuar con prudencia”, ha sentenciado.

La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) investiga el destino de los fondos europeos que sirvieron para cofinanciar 15 de los contratos adjudicados por la empresa pública Acuamed ante las sospechas de que pudo producirse un fraude, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Un equipo de este departamento se desplazó el pasado miércoles a Madrid para reunirse con el juez encargado de investigar la trama de concesión ilegal de contratos de obra hidraúlica, Eloy Velasco. Su intención, recabar “más información sobre las presuntas irregularidades cometidas” por la sociedad estatal de gestión del agua, dependiente del Ministerio de Agricultura, con objeto de “iniciar su propia investigación”. El magistrado ha sugerido al departamento europeo que se persone en la causa como acusación, de la mano de la Fiscalía Anticorrupción, han concretado las mismas fuentes.

Los proyectos afectados recibieron inyecciones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) en el periodo 2007 a 2013 procedentes de los programas operativos de “cohesión”, de tipo nacional, y otro destinado a la Comunidad Valenciana. También, créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Se trata en concreto de la descontaminación del pantano Flix; las conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamel; la asistencia técnica de esta última obra; el sistema de dotación de agua de Cerro Colorado (Murcia) y la mejora del drenaje de la presa avenida Rambla Gallinera (Valencia).

También investigan la financiación de la presa antiavenidas del río Serpis (Valencia); la garantía de los regadíos de la desaladora de Torrevieja; las tuberías de abastecimiento de Benicassim (Castellón); el nuevo colector oeste de la Albufera; el refuerzo del sistema de abastecimiento de la desaladora de Sagunto; conducciones en la desaladora de Oropesa; las mejoras en la desaladora de Moncofar; la obra de reutilización de aguas residuales de Albufera sur; la obra de reutilización de aguas residuales de Sueca y el tratamiento de aguas residuales de Planta de Pinedo.

Más del 80%

EL magistrado Eloy Velasco se puso en contacto con la OLAF el pasado mes de marzo para recabar información sobre la cofinanciación. En su respuesta remitida a la Audiencia Nacional e incorporada al sumario del procedimiento, la oficina antifraude detalla que los proyectos cofinanciados con fondos FEDER reciben ayudas por un 80% de las cantidades declaradas a la Comisión Europea cuando se trata de “programas operativos”.

En los casos en los que el proyecto está cofinanciado por los FEDER y, además, recibe financiación por un préstamo del BEI, la parte del banco es un porcentaje de alrededor del 42% del importe del proyecto. “No obstante, existe un límite consistente en que la financiación obtenida por los Fondos Estructurales, más la recibida del BEI no puede superar el 90 por ciento del importe total del proyecto”, especifica la OLAF en su informe.

Según describe, el beneficiario del proyecto debe abonar la cantidad correspondiente a la ejecución de actividades. El organismo intermediario designado -en este caso la Direccción General de Servicios del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino y la Dirección General de Economía de la Generalitat Valenciana- verifica la solicitud de reembolso y, una vez revisada, la Comisión Europea emite una transferencia por ese importe.

Marina Albiol: “Que actúe sin contemplaciones”

La portavoz de la formación en el Europarlamento, Marina Albiol, espera que “lleguen hasta el fondo del asunto y que actúe en consecuencia si, tal y como apuntan los testigos, se demuestra que el comisario Cañete está involucrado por su gestión durante su etapa como ministro de Rajoy”. Reclama que la OLAF “actúe en consecuencia y sin contemplaciones” si se demuestra que el exministro de Agricultura y comisario de Energía y Acción por el Clima, Miguel Arias Cañete, “tiene algún tipo de responsabilidad en el caso” y espera que tanto el organismo antifraude como el Gobierno español “sean transparentes” y le proporcionen toda la información remitida por el Estado.

Marina Albiol ha insistido en que al presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, “se le acaban las opciones” con Cañete ya que “la OLAF está investigando y las acusaciones contra él son cada día más potentes”. “No sabemos a qué está esperando para dar el paso y apartarlo hasta que se aclare todo”, como le lleva exigiendo desde el mes de enero.

La semana pasada, el portavoz comunitario de Política Regional, Jakub Adamowicz, indicó que la OLAF ha abierto “un caso de coordinación” para compartir información con las autoridades españolas, pero “no lleva a cabo actividades de investigación como tal” sobre el fraude de Acuamed. La empresa pública se ha beneficiado tradicionalmente de fondos europeos, en particular del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y los fondos de cohesión, a fin de realizar obras públicas en el sector del agua en la cuenca mediterránea.

Las delegaciones de los principales partidos españoles en el Parlamento Europeo, con la excepción del PP, unirán fuerzas para pedir la comparecencia del comisario de Energía y Acción contra el Cambio Climático, Miguel Arias Cañete, por los opacos negocios de su mujer, Micaela Domecq. PSOE, Ciudadanos, Podemos e Izquierda Unida ya se están movilizando para que el exministro de Agricultura acuda a la sesión plenaria de Estrasburgo, que arranca el próximo lunes.

Así lo confirman portavoces de los cuatro partidos. Domecq, esposa de Cañete, aparece en los Papeles de Panamá y, según se ha sabido esta semana, se acogió a la amnistía fiscal aprobada por el PP en 2012, el primer año de Gobierno de Mariano Rajoy, tal como ha publicado El Confidencial. “Demasiadas sombras de duda le rodean. No podemos recibir el silencio por respuesta”, clama Iratxe García, portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo.

La Comisión Europea respondió a principios de abril, a raíz de conocerse que la mujer del comisario era tenedora de una sociedad offshore, que Cañete cumplía el código de conducta comunitario y que la empresa de su mujer radicada en un paraíso fiscal llevaba inactiva varios años, antes de que él asumiese la cartera de Energía en noviembre de 2014. “Nuestra posición no ha cambiado”, responde escuetamente el Ejecutivo comunitario sobre la acogida a la amnistía.

“Es muy importante tener en cuenta la separación de bienes entre Cañete y su mujer”, añade la Comisión Europea. Esta justificación es el subterfugio al que se agarra el comisario, que no se inhibió en el Consejo de Ministros de 2012 que aprobó la amnistía a la que a posteriori se acogería su esposa Micaela Domecq.

“Cañete es un conflicto de intereses en sí mismo y parece que la única persona que no lo ve es Juncker”, ironiza la portavoz de IU, Marina Albiol. “Juncker dio por bueno aquello de que lo de la empresa en Panamá es anterior a su época como comisario y es entendible que no hiciera nada porque básicamente es la misma doctrina que se aplicó a sí mismo con 'LuxLeaks'. Pero el pasado de Cañete parece no tener fin y le va a estar persiguiendo siempre”, remacha Albiol.

Entre las delegaciones de los partidos españo¡les en Bruselas hay quien se inclina por pedir la cabeza del comisario español, que empezó con mal pie por el posible conflicto de intereses al administrar, hasta el mismo año en que fue nombrado comisario de Energía, varias petroleras en Canarias; también apareció salpicado en el Caso Acuamed, sin consecuencias. “Si es verdad que su mujer se benefició de la amnistía fiscal que él aprobó siendo ministro y diputado, Cañete debe dimitir inmediatamente”, dice Albiol.

Podemos quiere que Cañete vaya a Estrasburgo la semana que viene. “Actuaciones como la de Cañete van en la dirección contraria a lo que debería hacerse y solo suponen un ataque a las instituciones”, lamenta Tania González. “En apenas año y medio, no han cesado de aparecer alrededor del comisario presuntos casos de corrupción”, asegura la eurodiputada de Podemos.

Ciudadanos Europeos, la delegación afín a C's en la Eurocámara, no ha hecho ninguna declaración, pero asegura a eldiario.es que comparte la filosofía de PSOE, Podemos e IU.

La esposa de un exministro se benefició de la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno del PP mientras su pareja ocupaba un cargo en el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Se trata de Micaela Domecq Solía-Beaumont, pareja del ahora comisario europeo Miguel Arias Cañete, según informa El Confidencial. Su nombre aparece en la lista de Personas Políticamente Expuestas (PEP en inglés) que la Agencia Tributaria remitió al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac) por si el dinero oculto que declaró Domecq estaba vinculado al entorno del entonces ministro de Agricultura, asegura el mismo medio.

Micaela Domecq, miembro de una histórica familia de terratenientes andaluces de Jerez de la Frontera (Cádiz), vuelve a estar vinculada a un escándalo financiero. La esposa de Cañete apareció hace unos días en los papeles de Panamá, al estar vinculada a una sociedad offshore diseñada por el bufete Mossack Fonseca. Una firma, llamada Rinconada Investments Group SA, que gestionaba junto a sus hermanos, según informaron El Confidencial y la Sexta en base a la documentación obtenida por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).

En total, 12 miembros de la familia de terratenientes de la pareja del exministro aparecían como autorizados desde 2005 en esta compañía radicada en Panamá. País al que España dejó de considerar un paraíso fiscal a la vez que Sacyr comenzó las obras del Canal del territorio centroamericano.

Por el momento, no se conoce la cantidad de dinero no declarado al fisco que, según El Confidencial, regularizó en 2012 la esposa de Cañete. Domecq se convirtió así en una de las 29.000 personas que aprovecharon la amnistía impulsada por el departamento de Cristóbal Montoro. Esto permitió que Hacienda recaudase 40.000 millones de euros a un interés ventajoso.

La bautizada como “declaración tributaria especial”, denunciada por el PSOE como un “coladero” de personas afines al PP, estuvo activa hasta el 30 de noviembre de 2012. El Gobierno siempre se ha negado a publicar la lista de implicados y hasta ha llevado a los tribunales la publicación de las 600 sociedades beneficiadas, algo que rechaza pero que sí solicita el Consejo de Transparencia.

Miguel Arias Cañete fue ministro hasta abril de 2014, cuando abandonó el cargo para ser el candidato del PP en las elecciones europeas. Cuando se le preguntó por la vinculación de su esposa con los papeles de Panamá, el comisario de Energía y Cambio Climático alegó que mantenía “separación absoluta de bienes” desde que se casó en 1978. Mientras desempeñaba el cargo en el Gobierno de Mariano Rajoy, tuvo acciones de la petrolera Dúcar, empresa que funciona con una concesión administrativa. Un extremo que el extitular de Agricultura ocultó al Congreso a pesar de su participación en la misma.

La mujer del Comisario de Energía, y exministro español, Miguel Arias Cañete, aparece también en “los papeles de Panamá”, la información que laSexta y El Confidencial han publicado en colaboración con el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ) y que destapa los nombres de cientos de personalidades que participan en entramados de paraísos fiscales en todo el mundo.

Según estos medios, al menos doce personas de la familia Domecq figuran como autorizados desde 2005 en una sociedad radicada en Panamá, Rinconada Investments. La información publicada por estos medios asegura que Micaela Domecq tuvo firma autorizada, junto a once miembros de la familia, para gestionar cuatro cuentas corrientes depositadas, de numeración casi correlativa, en una filial suiza de Deutsche Bank. Sin embargo, la mujer de Arias Cañete ha aportado documentos para asegurar que desde 2010 la sociedad ya no está operativa. Tener una sociedad en un paraíso fiscal no es un delito en sí mismo si se declara a la Hacienda española para la que el patrimonio en estos países es opaco.

No es la primera vez que se relaciona a la mujer de Cañete con sociedades en paraísos fiscales (Panamá lo fue para España hasta 2011, y sigue siéndolo para muchos organismos). Micaela Domecq también es administradora única de Nova Diecinueve SL (inmobiliaria) y entre las empresas de su familia también destaca Arias y Domecq SL, rebautizada en 2014 como Sidonia Inversiones y que estuvo presidida hasta enero de este año por el cuñado de Cañete, Miguel Domecq. La actividad empresarial de la familia es muy amplia y comprende los negocios inmobiliarios, la logística, alimentación (tienen su propia empresa de helados) y el sector petrolero, a través de las empresas de búnkering (suministro de combustible a buques) Dúcar y Petrologis Canarias.

Hasta 2012, estas sociedades, que administró el propio Cañete antes de ser ministro, estaban controladas desde una firma holandesa, Havorad BV, calificada de “sociedad pantalla” por la Agencia Tributaria española y con ramificaciones en Costa Rica, Panamá y Antillas Holandesas.

Domecq, que está casada en régimen de separación de bienes, pertenece a una familia jerezana de rancio abolengo, vinculada durante décadas al negocio bodeguero y propietaria de extensas fincas y ganaderías de reses bravas en Cáceres, Cádiz y Sevilla, además de otros intereses empresariales. Su desarrollo profesional se ha producido dentro de esos negocios de familia. Fue copropietaria de la ganadería de Jandilla, que vendió hace años.

Beneficiaria de la PAC

Una reciente investigación de eldiario.es cifraba en 36,6 millones de euros las ayudas de la PAC cobradas en los últimos años por 42 sociedades de los Domecq, un extenso linaje de grandes familias cuyo patrimonio se estima entre los 400 y 450 millones de euros. Novena hija de Juan Pedro Domecq y Matilde Solís Beaumont y Atienza, en esta hagiografía en La Razón la periodista Pilar Ferrer la definía como “culta, discreta, con linaje de alcurnia, religiosa y de creencias” y aseguraba que, “a diferencia de sus hermanos, volcados en los negocios familiares, Micaela siempre prefirió la literatura y la música, dos de sus pasiones”.

La gestión diaria de sus fincas recae en dos de sus hijos varones, Pablo y Juan Pedro. El otro, Miguel, es economista y consejero de varias sociedades de la familia, mientras que su hija Micaela es técnica comercial del Estado.

La aparente despreocupación de la esposa de Cañete por los negocios familiares quedó patente cuando, en una comparecencia parlamentaria en diciembre de 2002, dijo desconocer aspectos básicos de la actividad de sus explotaciones agropecuarias en Extremadura, por las que había percibido unos 54.000 euros en ayudas de la PAC en cuatro años. “Micaela Domecq respondía con un escueto ”no lo sé“ a una cuestión tan básica como cuántos trabajadores tiene en su explotación, quién les paga o quién hace en su nombre las declaraciones para cobrar la PAC”, informaba entonces El Periódico de Extremadura.

Entre las sociedades que administra directamente la esposa de Cañete está Cabaña de Vejer, denominada así desde noviembre y antes llamada Agrícola Micaela Domecq. Constituida el 23 de abril de 2003, se dedica al cultivo de cereales (excepto arroz), leguminosas y semillas oleaginosas y la esposa de Cañete es su administradora única. La empresa comparte domicilio social en Jerez de la Frontera (Cádiz) con otras seis empresas.