El exjuez corrupto Salvador Alba, que aún cumple una pena de seis años y medio de prisión (ahora en régimen de tercer grado o semilibertad) y de 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, no puede seguir ejerciendo como abogado.

El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el acuerdo que permitía a Alba trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo. 

La asociación profesional que engloba a todos los colegios de abogados de Canarias ha estimado el recurso de alzada que contra ese acuerdo presentó la propia Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y víctima de los delitos (prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial) del exmagistrado. 

Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, Alba incumple “de manera flagrante” los requisitos para poder ejercer. En concreto, el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía Española (en vigor desde julio de 2021) y el artículo 13 de los estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas (vigente desde 2016), que exigen para ello “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejadas la imposición de penas graves”. 

La sentencia que condenó a Salvador Alba, firme desde noviembre de 2021, conllevaba, entre otras, una pena de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado por un periodo de quince años, “sanción que reviste la condición de pena grave” conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 del Código Penal, remarca la resolución del Consejo Permanente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, fechada el 29 de septiembre. 

Alba pidió el alta como letrado en Las Palmas el 11 de marzo de este año. Para ello, aportó un informe del Consejo General de la Abogacía de 30 de enero de 2019 y las dos resoluciones judiciales de su condena: la primera del TSJC y la confirmación del Supremo. 

Su solicitud se abordó en el Colegio de Abogados de Las Palmas el 17 de marzo, seis días después. La Junta de Gobierno decidió entonces dejar en suspenso el alta hasta que se pronunciara el Consejo General de la Abogacía de España. La respuesta llegó el 28 de marzo: el informe presentado por Alba seguía vigente y, por tanto, no había ningún impedimento para su alta como abogado, que fue publicado en los censos de letrados nacional y provincial el 8 de abril, con efectos retroactivos desde la fecha de la solicitud.

En su argumentario, los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía entendían que no debía aplicarse el estatuto de 2021, sino el anterior, de 2001, que recogía requisitos más laxos para el ejercicio de la profesión y solo impedía la colegiación a quien cumpliera pena de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. A juicio de la corporación estatal, debía aplicarse el de 2001 porque estaba vigente en las fechas en que Alba cometió sus delitos (2016 y 2017) y porque el posterior, el de 2021, incluía una disposición transitoria que decía que las infracciones cometidas antes de su entrada en vigor se sancionarían “conforme a las normas del anterior”, siempre que fueran más favorables para el abogado.

Prohibido en Canarias desde 2016

El Consejo Canario de Colegio de Abogados, el competente para resolver sobre el caso de Salvador Alba, refuta tanto los argumentos del consejo estatal como los del exmagistrado. 

En su resolución, la Comisión Permanente de los colegios de abogados de Canarias incide en que, a la entrada en vigor del estatuto de 2021, Alba no estaba colegiado (había causado baja en Córdoba en 1995) y, por tanto, “no tenía ningún derecho adquirido que pudiera ser respetado o protegido” por una disposición transitoria que, además, es interpretable. Y es que, tal y como advirtieron una treintena de juristas de Las Palmas en un informe, esa disposición se refiere al ámbito disciplinario, de las sanciones, y no a un acto de naturaleza administrativa como es el cumplimiento de los requisitos para poder ejercer una profesión. 

El Consejo Canario reprocha al estatal que adoptara su decisión apoyándose en un informe (el de 2019 que aportó el propio Alba) que es “inaplicable”, puesto que se basaba en una normativa ya derogada (el estatuto de 2001) y no contemplaba el “cambio sustancial” introducido en el estatuto vigente, que añade la prohibición de colegiación por pena grave. 

Y va más allá. Si existiera alguna duda sobre el estatuto que se debía aplicar en el caso de Alba, hay un elemento que es crucial y que, hasta la fecha, no se había tenido en cuenta. Y es que los estatutos propios del Colegio de Abogados de Las Palmas, donde había solicitado el alta el exmagistrado, ya incluían desde 2016 esa misma prohibición. Se habían adelantado al estatal, elevando el estándar de idoneidad para el acceso. Esta circunstancia “desvirtúa cualquier argumento sobre la aplicación de un régimen anterior más favorable” y deja en un segundo plano el debate sobre la norma estatal de aplicación. 

Alta, no reincorporación

La resolución del Consejo Canario de Colegios de Abogados confirma un informe elaborado por el Colegio de Abogados de Las Palmas que, a principios de julio, se había mostrado favorable al recurso de alzado presentado por la magistrada Victoria Rosell. 

En el marco de este procedimiento, Alba había presentado alegaciones contra ese primer informe. Y, entre otros argumentos, sostenía que no le era de aplicación el estatuto actual de la abogacía porque “ostenta la condición de abogado desde 1993” y no se trataría de un alta, sino de una reincorporación. Por tanto, “con derechos adquiridos”. 

El Consejo Canario de Colegios de Abogados tumba ese argumento de manera tajante. “Según consta acreditado, (Alba) causó baja total y voluntaria en el Colegio de Abogados de Córdoba en 1995. Dicha baja extinguió por completo su vínculo colegial. Por tanto, su solicitud de 11 de marzo de 2025 ante el ICALPA (Colegio de Abogados de Las Palmas) es, a todos los efectos, una nueva solicitud de alta colegial”, expone. Y agrega: “El hecho de que don Salvador Alba hubiera estado previamente colegiado carece de relevancia jurídica con el procedimiento actual de colegiación”. 

Perjuicio a Victoria Rosell 

Alba también había cuestionado la legitimidad de Rosell, que ahora ejerce en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, para recurrir su alta como abogado. Para el consejo canario, en cambio, “es indiscutible” dada la condición de la magistrada de víctima de sus delitos y el hecho de que ambos operan en el mismo partido judicial. 

“La colegiación de Alba le permitiría ejercer como abogado en el mismo ámbito territorial y funcional donde Rosell ejerce como magistrada. La posibilidad de encontrarse en un procedimiento judicial, de tener que valorar sus escritos o de interactuar no es una eventualidad remota, sino una consecuencia directa y previsible del acto de colegiación. Esto genera una situación de revictimización y un perjuicio moral y profesional cierto” para la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sostiene la resolución. 

Esa posibilidad de coincidir en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria es “el epicentro del perjuicio” y crearía “una situación insostenible”, puesto que la magistrada “se vería en la obligación” de resolver escritos de la persona “que fue condenada por delitos graves cometidos precisamente para perjudicarla” o bien se vería “forzada a abstenerse en múltiples procedimientos, alterando el normal funcionamiento del tribunal”.  

También incide la resolución en el perjuicio moral continuado que la presencia de Alba en los juzgados ocasionaría a Rosell. “La reincorporación del condenado al mismo entorno profesional que la víctima opera, en este caso, como un recordatorio constante del daño sufrido, obstaculizando su recuperación y dificultando la plena normalización de su vida personal y profesional”, concluye el Consejo Canario de Colegios de Abogados. 

Los efectos de la anulación 

La estimación del recurso de alzada de Rosell conlleva la anulación del alta como abogado de Alba desde el mismo momento en que se produjo. Es decir, desde el 17 de marzo. 

Sin embargo, para no afectar a terceros de buena fe, el consejo canario considera que deben salvaguardase los efectos de todos los actos profesionales que Alba haya podido realizar desde su colegiación y hasta la fecha de notificación de la resolución.

La resolución del recurso de alzada es definitiva en la vía administrativa, de manera que a Alba sólo le queda la judicial. Tiene dos meses para acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas. 

El exdirigente del Partido Popular (PP) que fichó para su despacho de abogados a Salvador Alba también se siente dañado por los comentarios vertidos en redes sociales por la magistrada Victoria Rosell, víctima de los delitos del exjuez corrupto, contra su alta en el colegio profesional.

Jorge Rodríguez, administrador único de Consortium Abogadis, el despacho donde se publicita desde el pasado mes de marzo Alba como “abogado, asesor legal y exmagistrado”, ha elevado una queja-denuncia al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que en la actualidad ejerce en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Esa queja ya se ha acumulado a la que presentó Alba en mayo y que dio lugar a la apertura de unas diligencias informativas en el órgano de gobierno de los jueces.

En esta denuncia, Rodríguez considera que Rosell “ha venido desarrollando una activa promoción de acoso y derribo” contra Alba a través de los mensajes que ha ido publicando en su perfil en la red social X (antes Twitter) desde que se publicaron las primeras informaciones sobre su alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El exdirigente popular considera que esas publicaciones “dañan indirectamente la reputación del resto de abogados miembros del bufete y de la propia marca”. La queja de Rodríguez incorpora los mismos pantallazos que la de Alba. En concreto, cuatro capturas de otros tantos mensajes publicados por Rosell en X con enlace a informaciones publicadas tanto en Canarias Ahora como en Infolibre.

En esos mensajes, la magistrada califica de “increíble” que el Colegio de Abogados de Las Palmas permitiera el alta de Alba, explica “los motivos legales” por los que considera que esa autorización nunca debió darse y llama a los abogados y abogados a “defender la ley y la dignidad de su función”. “Por ahora sólo yo he presentado reclamación contra la colegiación como abogado del delincuente”, escribe en una de esas publicaciones.

En su queja, Rodríguez, al igual que Alba, sostiene que ese “acoso y derribo” se realiza “mediante la difusión activa en sus cuentas en redes sociales de la información que publica Carlos Sosa, su pareja y propietario y editor de la publicación digital Canarias Ahora”. Omite que algunos de esos mensajes enlazan a informaciones publicadas en otro medio, Infolibre.

A juicio del administrador de Consortium Abogadis, la denuncia no se basa en “un acto aislado”, sino que “es un comportamiento habitual y continuo de faltas de consideración a profesionales y ciudadanos en el desempeño de sus funciones”, un hecho que califica de “especialmente grave” puesto que Rosell es magistrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el mismo partido judicial en que ejercen tanto Rodríguez como Alba.

El escrito presentado ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ pide que se aparta o se suspenda a Rosell como jueza.

Una polémica colegiación

El Colegio de Abogados de Las Palmas dio de alta a Alba el pasado 18 de marzo, pese a que el exjuez aún cumple una pena de seis años y medio de cárcel (ahora en régimen de tercer grado -semilibertad-) y de 18 de inhabilitación por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, delitos que cometió en su afán por acabar con la carrera política y profesional de Rosell cuando la sustituyó al frente de un juzgado de instrucción.

Rosell, al igual que una treintena de juristas que han firmado un informe jurídico al respecto, sostiene que el Colegio de Abogados de Las Palmas no debió dar de alta a Alba porque incumplía uno de los requisitos que el estatuto que regula la profesión establece para permitir la colegiación: “Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”.

El Código Penal califica como graves las penas de prisión e inhabilitación superiores a los cinco años. Y sólo por el delito de prevaricación judicial en concurso medial con el de cohecho Alba fue condenado a quince de inhabilitación especial como juez. Por lo tanto, con el actual Estatuto de la Abogacía en la mano, el exmagistrado no cumple ese requisito.

Sin embargo, a Alba no se le ha aplicado el actual estatuto, vigente desde julio de 2021, sino el anterior, que data de 2001 y que tenía requisitos de colegiación menos exigentes, ya que sólo impedía ejercer a quienes estuvieran inhabilitados para el ejercicio de la abogacía.

A la hora de autorizar la colegiación de Alba, el Consejo de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Las Palmas se basaron en una disposición transitoria del actual estatuto, que estipula que “los aspectos más estrictos” de la nueva regulación no se podían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor. Y, como Alba cometió sus delitos entre 2015 y 2016, entendían que no era de aplicación el estatuto de 2021, que entró en vigor cuatro meses antes de que la sentencia que condenó al juez adquiriera firmeza.

Frente a esta interpretación se han posicionado una treintena de juristas de Las Palmas que han presentado un informe al Colegio de Abogados de Las Palmas pidiendo la revocación del alta de Salvador Alba. O, lo que es lo mismo, su inhabilitación para ejercer como letrado.

Este colectivo de abogados recuerda en ese informe que la colegiación es un acto administrativo que habilita para el ejercicio de la profesión y que no se trata ni de una sanción ni de una medida de carácter penal. Es decir, que el principio de irretroactividad de las sanciones “no es aplicable” en este caso, puesto que lo que se dirime es si cumple o no los requisitos para ejercer la abogacía, no la imposición de una pena.

Los firmantes entienden que el Colegio de Abogados de Las Palmas debió valorar los requisitos de acceso previstos en la normativa vigente en el momento en que Alba solicitó su colegiación (marzo de 2025) y no cuando cometió los hechos delictivos.

Entre lo público y lo privado

El abogado que ha acogido a Alba en su despacho mientras el exjuez cumple condena por tratar de acabar con la carrera de Rosell, Jorge Rodríguez, es un histórico dirigente del PP. Durante la primera Alcaldía de José Manuel Soria en Las Palmas de Gran Canaria (1995-1999), fue concejal de Urbanismo. No acabó el mandato. Dimitió después de que se descubriera un trato de favor a la empresa de una persona de su entorno cercano.

Tras un tiempo apartado de responsabilidades institucionales, que no orgánicas (siguió como secretario de Estudios y Programas del PP en Canarias), en 2003 regresó como diputado y portavoz económico de los conservadores en el Parlamento regional. Y volvió a dimitir en 2007 después de que Canarias Ahora publicara que había ejercido como intermediario entre una empresa, Grupo Europa, y varios ayuntamientos canarios para facilitar la adjudicación de contratos en concursos públicos de viviendas sociales.

Rodríguez fue investigado, procesado y acusado por esos hechos. La Fiscalía Anticorrupción le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y pedía para él una pena de un año y ocho meses de cárcel y cinco de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó al resto de acusados, pero absolvió al dirigente popular por el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del reo). El tribunal consideró probado que había intercedido a favor de esa empresa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero entendió que esa presión no había sido determinante para que el Grupo Europa ganara un concurso para la construcción de viviendas de protección oficial en Telde.

Jorge Rodríguez también fue senador entre 2016 y 2019. Y en 2021 estuvo a punto de ser magistrado suplente en la Sala de lo Social del TSJC. Acabó renunciando por incurrir en incompatibilidad, puesto que no había dimitido de sus cargos orgánicos en el PP.

Rodríguez es también el abogado del Alba en la causa en que pide 23 años de cárcel y 422.500 de indemnización para Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, por publicar las maniobras delictivas del exjuez para intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell.

El periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, se sentará próximamente en el banquillo para responder a los delitos que le atribuye desde la cárcel el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa. Así lo ha decidido la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un auto notificado este miércoles, da por buenos los argumentos de la jueza de Instrucción 27, de esa misma ciudad, que tramitó una querella de Alba y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, por algunas de las informaciones publicadas sobre las andanzas del querellante cuando maquinó contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En concreto, Alba y Lorenzo atribuyen a Carlos Sosa la comisión de tres delitos: revelación de secretos, acoso y odio, por los que interesan una condena de 23 años de prisión, así como 422.500 euros de indemnización. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, que desde el inicio del procedimiento ha pedido su sobreseimiento, pide la absolución del acusado por considerar que ninguno de los artículos incurrieron en esos delitos y que, además de ser veraces, todos ellos cumplían con el requisito de interés público.

La querella fue interpuesta por Salvador Alba y Teresa Lorenzo justo en el momento en el que el exjuez corrupto ingresaba en la prisión de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de seis años y medio por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. 

La jueza de Madrid que admitió la querella, María Ángeles Velázquez, dictó en febrero pasado auto de apertura de juicio oral, una decisión que no es recurrible. Y lo hizo sin que la Audiencia Provincial hubiera resuelto aún un recurso de apelación previo del periodista Carlos Sosa contra el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Y esa resolución es la que se conoció este miércoles.

En el auto de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, firmado por los magistrados José Luis Sánchez Trujillano, María del Carmen Martínez Sánchez y Teresa de la Concepción Costa Vayá, que actuó como ponente, no se entra a analizar el fondo de la cuestión ni los alegatos por vulneración de derechos fundamentales planteados por el periodista por considerar los magistrados que, “con carácter general, el Auto del Juzgado Instructor, acordando la acomodación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, y que ahora se recurre, no supone la determinación de ninguna culpabilidad subjetiva, sino la conclusión del Instructor de que se ponga fin a la fase investigadora, tras practicarse todas aquellas diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hubieran participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, considerando además, que en las diligencias ya existe el material suficiente para que el Ministerio Fiscal y, en su caso, la Acusación Particular, puedan formular sus respectivas acusaciones (con carácter provisional), al existir indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal”.

Amparados en esos tecnicismos, los magistrados rechazan también las demás pretensiones del recurso, como la vulneración del principio de presunción de inocencia, la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la inexistencia de informaciones publicadas obtenidas ilícitamente, la inexistencia de acoso a los querellantes ni de hechos que puedan considerarse delito de odio, entre otras consideraciones, por las que se pedía el sobreseimiento de las actuaciones.

Más adelante, sin embargo, los magistrados sostienen que “en el momento actual, como describe el auto recurrido, concurren suficientes indicios racionales de criminalidad en contra del investigado, por lo que debe proseguirse con la tramitación de la causa, sin perjuicio de que el recurrente pueda alegar y proponer todo lo que estime conveniente, en su escrito de defensa o en el acto de juicio oral”. 

El auto, que no admite recurso, da vía libre definitivamente a la celebración en un juzgado de lo Penal de Madrid de un juicio contra el periodista Carlos Sosa en fecha aún por determinar. A la espera del escrito de defensa, ya es conocido el de la acusación, que pide 23 años de prisión para el periodista, y el de la Fiscalía, que reclama su absolución. Será un juicio largo a la vista de los testigos solicitados por la parte querellante. La Fiscalía ha pedido solamente el testimonio de Salvador Alba y de Carlos Sosa. Está pendiente de conocerse el escrito de defensa.

Dos diputados de Podemos en Canarias fueron investigados sin control judicial por agentes de la Policía Nacional durante el último Gobierno del Partido Popular (PP). El informe del departamento de Asuntos Internos conocido este miércoles revela que los datos custodiados en los archivos confidenciales del Ministerio del Interior sobre Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, fueron consultados en numerosas ocasiones entre 2015 y 2016.

También figura en ese documento Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Sobre la jueza, que en la actualidad ejerce en la Audiencia Provincial de Las Palmas, aparecen 16 registros entre marzo de 2015 y noviembre de 2016. Las fechas no se ciñen a los meses en que ejerció como diputada, sino que se extienden al período anterior a su salto a la política y al inmediatamente posterior a su salida, cuando ostentaba, por tanto, la condición de magistrada en servicio activo.

La mayoría de esas consultas coincide con estancias de la jueza en establecimientos hoteleros de distintos puntos del país. No obstante, hay una anotación desde la comisaría especial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Se registró a las 10.10 horas del 27 de abril de 2016. Y en ella aparecen las siglas D.A.O., que se corresponden con las de Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando ejecutivo de la Policía Nacional. En aquel momento ocupaba este cargo Eugenio Pino, considerado el muñidor de la llamada policía política al servicio del Ministerio del Interior que entonces lideraba Jorge Fernández Díaz en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Eso sí, los registros no permiten saber quién hizo las búsquedas, si fue Pino o cualquier otro agente de la Dirección Adjunta Operativa.

La fecha de esa consulta no es casual. Esa misma mañana Rosell presentó su renuncia como diputada y como miembro de la Diputación Permanente del Congreso en cumplimiento del código ético de Podemos. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo en el Gobierno de Rajoy, entonces presidente del PP en Canarias y rival político de Rosell. Esa querella, que sería archivada en diciembre de 2016, se alimentó de informes falsos elaborados por Salvador Alba, un juez corrupto que en la actualidad cumple una pena de seis años y medio de cárcel por conspirar contra la magistrada en excedencia para intentar acabar con su carrera política y profesional, en uno de los casos más sonados de lawfare en el país. 

La primera anotación policial sobre Rosell se registró el 13 de marzo de 2015, siete meses antes de que se publicaran las primeras informaciones sobre su salto a la política. La magistrada ejercía entonces en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y era portavoz adjunta estatal de Jueces para la Democracia después de haber sido su cabeza visible en Canarias. Por aquellas fechas, el exministro Soria ya la había convertido en su enemiga. Rosell había instruido años antes el denominado caso Lifeblood, que investigaba la adjudicación por parte del Gobierno de Canarias del concurso del servicio de hemodiálisis de dos hospitales públicos de las Islas a una empresa que tenía como tapado a un asesor de la propia Consejería de Sanidad, entonces en manos del PP. La jueza acabó archivando ese caso porque ni la Fiscalía ni el Gobierno de Canarias acusaron, pero en el auto de sobreseimiento apuntaba serias sospechas de un delito de tráfico de influencias. 

Además, Soria había mantenido varios litigios judiciales con la pareja de Rosell, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, e incluso había deslizado que la magistrada estaba detrás de una querella que el periodista había presentado contra el dirigente popular. 

Nueve de los 16 registros que sobre Rosell figuran en el informe de Asuntos Internos, más de la mitad, están fechados antes de octubre de 2015. Es decir, antes de que anunciara que concurría como independiente en las listas de Podemos por Las Palmas a las elecciones generales de diciembre. Varias de esas anotaciones fueron recogidas en distintos distritos de Madrid, siempre coincidiendo con estancias de la jueza en la capital. Pero también aparecen cuatro registros de la Comisaría Local de Maspalomas en una fecha en la que, según ha podido saber este periódico, la magistrada se encontraba de vacaciones en un alojamiento hotelero de este municipio turístico del sur de la isla de Gran Canaria, o en Cáceres el mismo día en que se celebraba en esta localidad el Festival Womad.

Los agentes también siguieron los movimientos de Rosell hasta Cádiz a principios de junio, coincidiendo con la celebración en esta ciudad andaluza del 30º Congreso de Jueces para la Democracia, que llevó por título Constitución y Justicia en el siglo XXI. 

Ya como candidata o diputada, aparecen cinco anotaciones. Dos de ellas en Madrid, en distintos distritos; otra en Valladolid, ciudad en la que reside parte de su familia; una cuarta, de nuevo en Maspalomas, tres días después de que el juez Salvador Alba orquestara su conspiración contra ella reuniéndose de forma clandestina en su despacho con un empresario al que investigaba, y la quinta, la mencionada del Director Adjunto Operativo. 

La monitorización a Rosell no cesó cuando renunció a la Diputación Permanente. Tras abril de 2016, mes en el que también dimitió José Manuel Soria por su implicación en los papeles de Panamá, aparecen otros dos registros sobre la jueza. Uno referenciado en el centro de Madrid, en septiembre de 2016, y otro en noviembre de ese mismo año en la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana, región adonde también había acudido en esas fechas para participar en unas jornadas. 

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden abrir diligencias policiales, con su correspondiente número, para investigar a una persona sin control judicial, pero siempre que exista algún indicio. El ordenamiento jurídico español prohíbe las denominadas investigaciones prospectivas. Es decir, aquellas que, en lugar de partir de la existencia de indicios concretos, indaga de manera general en la vida de una persona para tratar de encontrarlos. 

Las bases de datos confidenciales de la Policía Nacional contienen, aparte de las señas habituales, como los posibles antecedentes o sanciones de la persona, movimientos como alquileres de coches, hoteles, billetes de avión o venta de joyas, afirman las fuentes. 

Según se ha conocido este miércoles a través del informe incorporado a la causa de la Audiencia Nacional, entre 2015 y 2016 se consultaron de manera irregular los datos policiales de 55 diputados de Podemos y sus confluencias. En ese listado se encuentran, entre otros, Pablo Iglesias, Joan Baldoví, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Irene Montero, Rafael Mayoral, Gloria Elizo, Pablo Bustinduy, Carolina Bescansa o el exjuez Juan Pedro Yllanes.

Los Hechos.

El comisionista Alberto González Amador, defraudó 350.000 euros a Hacienda en las declaraciones de 2021 y 2022, cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El dinero, más de dos millones de euros, había salido de comisiones por ejercer de intermediario en la venta de mascarillas entre una empresa de Pontevedra que administra su jefe en el grupo Quirón y una firma catalana con contactos en China que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas.

Hacienda inició en 2022 una investigación tras comprobar que González Amador, entonces técnico sanitario, multiplicó por seis los ingresos pero declaró tres veces menos beneficios que en los ejercicios anteriores. En la inspección, que duró dos años, la Agencia Tributaria detectó facturas falsas por 1,5 millones de euros y puso el caso en manos de la Fiscalía.

La Fiscalía de Madrid revisó el expediente y presentó una denuncia en un juzgado de Madrid en el que imputó tres delitos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dos por fraude fiscal (en el impuesto de Sociedades de dos anualidades) y uno por falsedad documental (por presentar facturas falsas por trabajos no realizados para rebajar artificialmente sus beneficios).

Justo antes de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia que es casi automática, la defensa de González Amador, envía un correo genérico a la Fiscalía de Asuntos Económicos de Madrid en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal y se mostraba dispuesto a pactar una condena, con tal de evitar los trámites de juicio: peritos, declaraciones de testaferros... La asunción de los delitos por parte de González Amador no pudo ser más clara. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía en el cuerpo del correo. En un documento adjunto ofrecía penas de cárcel -que no implicasen su entrada en prisión- y el pago de la multa con intereses. Ese correo se envió a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid el pasado 2 de febrero.

Cinco semanas más tarde, el 12 de marzo, elDiario.es desvela en exclusiva el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, a la que ella misma había presentado como un “técnico sanitario”. La primera información se tituló La pareja de Ayuso defraudó a Hacienda 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. En una segunda información, ese mismo día ya por la noche, este medio de comunicación reveló la procedencia del dinero: La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.

La reacción de la presidenta de Madrid fue negar el fraude y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar todas las instituciones del Estado para destruirla. Alegó que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja. Lo hizo en un acto público como presidenta de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, su jefe de gabinete, que se había negado a contestar a elDiario.es antes de la publicación de la exclusiva porque según él el asunto concernía a un particular sin ninguna relación con la Comunidad de Madrid, asume personalmente la defensa del delincuente confeso. El primer día amenaza por escrito a una periodista de elDiario.es: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. El segundo día, 13 de marzo, a última hora, filtra una información falsa a distintos medios de comunicación -el primero en publicarla sin contrastar es El Mundo, pero detrás fueron Vozpópuli y Libertad Digital-. La tesis que el propio Rodríguez difundió en sus redes sociales sostenía que el fiscal del caso intentó buscar un acuerdo con la pareja de Ayuso pero que fueron “ordenes de arriba” en la Fiscalía las que lo impidieron.

Diferentes medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, se dirigen la noche del 13 de marzo a la Fiscalía para confirmar que ese dato es cierto. El departamento de prensa pide tiempo para contestar. No les suena que eso sea así, pero van a cotejar la información. El fiscal general, al que Miguel Ángel Rodríguez está acusando de paralizar un acuerdo de un fiscal con González Amador por intereses políticos, solicita la documentación del caso. Una vez coteja que la información es falsa y que el correo exhibido en prensa está amputado, pide a los fiscales de Madrid que desmientan el bulo con las fechas correctas de las comunicaciones para dejar claro que fue la defensa de la pareja de Ayuso quien pidió el acuerdo y, también, que no hay ninguna instrucción de los jefes de la fiscalía para frenarlo.

El 14 de marzo de madrugada la Cadena Ser publica la literalidad del cuerpo del correo (sin el documento adjunto que establecía las condiciones del acuerdo, con la pena de cárcel y la multa) donde el abogado de la pareja de Ayuso reconocía los delitos y buscaba el acuerdo.

Por la mañana, la Fiscalía remite una nota de prensa a los medios que habían preguntado con la cronología de las conversaciones iniciadas por el abogado del González Amador con el fiscal que lo denunció. El documento solo contiene fechas y desmiente que el pacto hubiera sido ofrecido por la fiscalía. No detalla lo que propone la defensa de la pareja de Ayuso ni ningún otro aspecto de la investigación.

La versión de la presidenta se ha desmoronado. Existen documentos por escrito en los que el abogado de su pareja reconoce los delitos. No es Hacienda la que debe dinero a su novio comisionista. Alberto González Amador, al que Ayuso había defendido desde el atril de la Comunidad, es un delincuente fiscal confeso que solo quiere evitar dos cosas, el ajetreo mediático de un juicio y la cárcel.

Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez emprenden entonces una nueva estrategia: empezar una guerra contra el fiscal general, la misma que habían intentado sin éxito las primeras horas contra el Ministerio de Hacienda diciendo, también falsamente, que González Amador no había tenido derecho a defenderse (otro bulo, en la investigación de la Agencia Tributaria no solo constan sus alegaciones sino cómo fue intentando retirar las facturas falsas una vez que se sabía perseguido por el fisco).

La pareja de Ayuso anuncia entonces que va a denunciar a la fiscalía por revelación de secretos. Lo hace también el Colegio de Abogados de Madrid, a cuya secretaría general acaba de incorporarse un viejo conocido de la presidenta, Luis Banciella. Hasta el 29 de marzo había sido el Abogado General de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la denuncia por revelación de secretos. Empieza a investigar y llama a declarar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y enfrentada desde hace meses al fiscal general. Lastra cuenta al juez que se negó a firmar la nota y que lo hizo por imperativo. Que recibió la orden del fiscal general. Antes de esa comparecencia, el propio fiscal general ya había asumido en primera persona la responsabilidad de la nota. Lo había hecho públicamente y también en un escrito al Tribunal Superior. Fuentes conocedoras de cómo se tramitó esa noche aseguran a elDiario.es que la fiscal superior en ningún momento invocó la revelación de secretos ni una supuesta lesión de los derechos del investigado. Alegó, según esas fuentes, que no estaba de acuerdo en cómo se estaba gestionando informativamente el asunto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue de momento investigando aunque el único competente para imputar al fiscal general es el Supremo. La vía es que el Tribunal Superior de Madrid envíe una exposición razonada. El fiscal general ha advertido a su entorno que aún en el caso de que lo impute el Tribunal Supremo se mantendrá en el cargo hasta que haya una condena. Está convencido de que actuó de acuerdo con lo que exige el estatuto de la carrera en la defensa de fiscales que estaban siendo atacados y para combatir una información que buscaba dañar la institución.

Las opiniones.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni Miguel Ángel Rodríguez van a dimitir. La presidenta convive con un defraudador confeso en dos pisos de lujo que nadie explica cómo se han pagado. El ático de lujo que disfruta está a nombre de una sociedad. Su jefe de gabinete ha difundido información falsa, ha amenazado a periodistas y ha difundido datos policiales sobre identificaciones a redactores de varios periódicos. Sigue en su puesto, cobrando más de 94.000 euros de salario público en la Comunidad de Madrid.

Mientras, el Partido Popular pide la cabeza de Álvaro García Ortiz, igual que la Asociación de Fiscales, la más conservadora de las asociaciones de la carrera. Y todo eso sucede mientras los cuatro fiscales del procés, los que defendieron la tesis de la rebelión que acabó desbaratando la sentencia del Supremo, se niegan a aplicar la ley de la amnistía bajo el argumento de que la malversación no está amparada por la norma. La ley establece explícitamente que solo no se podrá amnistiar aquella malversación que conlleve enriquecimiento personal, pero la interpretación de los fiscales del procés es que lograr réditos políticos también lo es.

El fiscal general ha dado la instrucción a todos para que haya unidad de criterio en la fiscalía y el martes serán los fiscales de sala los que se posicionen. Sucede así cada vez que un fiscal alega no estar de acuerdo con la orden de un superior. El resultado de esa junta no es vinculante, pero políticamente significará mucho.

En ese contexto, con la derecha mediática, política y parte de la judicial de cacería contra García Ortiz, precisamente el magistrado que dictó la sentencia del procés será el encargado de decidir si le imputa. Si cree que hay materia, Manuel Marchena debería investigar al fiscal general como haría con cualquier otro presunto delincuente. Lo que sería un error es concluir que la imputación -una figura garantista y a la vez una palabra con mala prensa- deba acarrear la salida del fiscal general, por mucho ruido que haya.

De lo contrario, la imputación acabaría suponiendo una pena mayor -la dimisión- que una propia condena por revelación de secretos. Antes de decidir, Álvaro García Ortiz debería recordar algunos precedentes cercanos.

En el caso de la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos, el propio Marchena aceptó la exposición razonada y pidió que se investigase. Su dimisión puso fin a su carrera de diputada. Acabó exonerada de todas las acusaciones pero no recuperó el escaño. El juez Alba, que montó la operación contra ella, terminó en prisión.

El episodio de Oltra fue todavía peor: la vicepresidenta de la Generalitat renunció a todos sus cargos en medio de una zapatiesta general en la que incluso algunos políticos de izquierda exigieron su renuncia. El archivo del caso la pilló fuera de la política y con su carrera arrasada.

El ruido será todavía mayor en el caso del fiscal general. La mayoría de los fiscales de sala han dicho que no hay delito en la nota de prensa. Que el máximo representante del ministerio público caiga por una imputación discutible derivada de la difusión de una nota de prensa sería un precedente muy peligroso para la institución. El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a tumbarlo con una imputación.

“No existe lawfare en España”. Así de contundente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 31 de diciembre pasado en La Vanguardia. Semanas antes, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentaba argumentar que era un concepto que había quedado fuera del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía.

Unos años antes, en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era tajante ante quienes, desde la izquierda, como el vicepresidente Pablo Iglesias, hablaban de déficits democráticos en España. “España es una democracia plena”. insistía Sánchez en sede parlamentaria.

Por aquel entonces, se acumulaban casos, como la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos, las causas a raperos como Josep Valtònyc y Pablo Hasel, por ejemplo, la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio parcial a Arnaldo Otegi, quien pasó siete años de cárcel, y las causas contra los titiriteros, o los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, el caso Alsasua, los seis de Zaragoza... Incluso quedaban en la memoria casos previos, como el del concejal sevillano de IU Antonio Torrijos, por ejemplo. Y es que el lawfare busca expulsar a quienes representan una amenaza para el sistema, a través del uso de causas falsas y en connivencia con el poder mediático.

Pero Pedro Sánchez no lo criticaba entonces. Y cuando habla ahora y apela a la “regeneración democrática” no recuerda aquel pasado: el presidente dice que no hay precedentes con respecto a lo que él y su familia están sufriendo: “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”.

Sin embargo, su caso no es el primero de noticias falsas y bulos que terminan siendo dosieres judiciales, como aquel informe PISA sobre la financiación de Podemos y el posterior bulo de los pagos del Gobierno de Nicolás Maduro, ante los que respondía Sánchez de esta manera: “Venezuela llegó a la política española de la mano de Iglesias y Monedero”. El uso de la justicia contra rivales políticos estaba presente en muchos ámbitos, pero entonces reivindicaba índices democráticos como el de la revista The Economist y pedía “máximo respeto a la independencia de los jueces”.

Pero en los últimos tiempos el presidente del Gobierno ha visto cómo se le deshumanizaba, cómo se asociaba el sanchismo a las peores pesadillas, al terrorismo y al golpismo, y cómo se construían procesos judiciales contra su esposa con mentiras publicadas en medios de comunicación.

Y, entonces, hace una semana, Sánchez estalla. Ya no habla de “máximo respeto a la independencia de la Justicia”, como hacía ante informaciones sobre uno de los múltiples casos archivados –más de 20 querellas desde 2015– sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, por ejemplo: aquellos eran tiempos en los que Ximo Puig y el PSOE terminaron dejando caer a Mónica Oltra en Valencia por un caso armado por grupos de extrema derecha y que posteriormente se ha demostrado inconsistente.

Oltra, en su despedida, en junio de 2022, sentenciaba: “Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también”. Una de esas personas fulminadas políticamente, por ejemplo, ha sido Victoria Rosell, jueza y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género con Irene Montero. Rosell vivió desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella, y por el camino tuvo que dejar la primera línea política como diputada, además de recibir el veto del PSOE a su acceso al CGPJ como vocal. Y esta semana pasada pedía reformas al presidente:

¿Y cómo se aterriza la “regeneración democrática”?

El miércoles de la semana pasada Sánchez dice que ya no puede más: está sufriendo en sus carnes cosas parecidas por las que otros pasaron anteriormente en los últimos años, ve el daño que eso causa a su familia y decide dar un puñetazo encima de la mesa en forma de carta.

La carta es inédita: nunca antes en España –ni en el resto del mundo– un jefe de Gobierno escribía a la ciudadanía para anunciar un periodo de reflexión de cinco días en torno a su continuidad al frente del Ejecutivo. Lo habitual, hasta ahora, era que el líder político reflexionaba en la intimidad y, posteriormente, comunicaba una decisión de este tipo.

Pero Sánchez hace otra cosa, comparte su sufrimiento, comparte sus sentimientos de amor a su esposa y su familia y muestra un lado humano desconocido en él; desconocido en cualquier líder político.

El marco estaba claro, y lo había establecido el presidente del Gobierno: el acoso mediático y judicial injusto contra su esposa está causando un daño tan profundo como para replantearse su permanencia al frente del país. A partir de ahí, Sánchez inicia cinco días de reflexión y el país y su partido viven cinco días en vilo, con momentos dramáticos en la reunión del Comité Federal del PSOE, un partido de 145 años de historia que, de repente, se siente huérfano ante la hipótesis de la renuncia de Sánchez.

Y los días pasan, arranca la campaña electoral de Catalunya sin saber si Sánchez seguirá siendo presidente, se celebra el principal órgano del PSOE entre Congresos –Comité Federal– sin la presencia de su secretario general, se convocan movilizaciones el sábado y el domingo en Madrid, y los medios de comunicación se llenan de informaciones y tertulias en torno a los asuntos señalados por Sánchez en su carta: el uso de la justicia, la política y los medios para acabar con el rival político y la consecuente necesidad de una regeneración democrática.

Llegó el lunes, concluyeron los cinco días de reflexión y, ¿qué pasó después? Nada aún, a pesar de que sus socios de Gobierno y parlamentario han presentado numerosas propuestas.

Sánchez dijo que se quedaba, el PSOE respiró aliviado, sus socios de gobierno respiraron aliviados, pero no anunció nada más en su comparecencia sin preguntas. Tampoco en su entrevista de esa noche en TVE ni a la mañana siguiente en la Cadena SER. Se dice que quiere reformar la Justicia pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Cuándo? Sánchez se ha mostrado como víctima del lawfare, por el espionaje al que fue sometido por las cloacas policiales al llegar a la secretaría general del PSOE, en 2014, pero ni siquiera ha tenido el gesto de recordar a quienes sufrieron las cloacas antes que él y en todos estos años se mostró cuando menos poco empático.

En efecto, Sánchez señaló la importancia del poder mediático en la destrucción de los rivales políticos, pero ni anunció ninguna medida al respecto ni reivindicó a las víctimas que lo precedieron.

Sánchez paró cinco días, mantuvo en vilo a un país de 47 millones de habitantes, a un partido de 145 años... Y, cuando volvió, pronunció un discurso ya pronunciado muchas veces en el pasado por otras personas que no necesitaron cinco días de reflexión para elaborarlo y que, además, no vino acompañado por ninguna medida concreta, por ninguna transformación que hiciera posible atajar el uso político de la justicia y los medios para destruir rivales sin reproche alguno.

Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tampoco aprobó ninguna medida para atajar los males enunciados por Sánchez 24 horas antes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco fue capaz de concretar ninguna propuesta que el Gobierno esté pensando en presentar para contrarrestar lo que denunció Sánchez el día antes.

Nada.

Sánchez se tomó sus cinco días de reflexión: publicó una carta abierta, mantuvo a un país y un partido en vilo. Y, después de todo, no hay nada concreto.

El secretario de Estado de Rajoy, Francisco Martínez, diseñó con un comisario corrupto, Villarejo, un trabajo “clandestino”, sin orden judicial ni ningún tipo de denuncia o procedimiento legal, para investigar al suegro de Pedro Sánchez. Para llevarle la información a Mariano Rajoy y matar políticamente a Pedro Sánchez. Pero todo esto no empieza ni acaba con Pedro Sánchez. 

Hacemos un repaso a los múltiples casos de lawfare contra políticos de izquierdas en nuestro país y fuera de él, en una estrategia clara de la derecha política, mediática y judicial.

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Una jueza ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Le piden 23 años de cárcel. La acusación la ejerce Salvador Alba, el juez corrupto en prisión por fabricar pruebas falsas para destruir la carrera política de otra jueza, Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa.

Alba se venga del periodista desde la cárcel y le acusa de acoso, delitos de odio y revelación de secretos por publicar las artimañas que usó para intentar eludir su ingreso en prisión. De momento, la jueza ha impuesto a Carlos Sosa una fianza de más de 400.000 euros.

Hablamos con Carlos Sosa para conocer los detalles de este nuevo caso y con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos cómo afectan este tipo de ataques a la libertad de información, a los periodistas y a los medios.

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El pacto entre PSOE y Junts, el amago de que el preámbulo (sin contenido dispositivo) de la ley de amnistía pudiese contemplar el término lawfare y el “superministerio” de Justicia y Presidencia han encendido todas las alarmas en el mundo de la justicia. Cautivos de dogmas jurídicos como la igualdad ante la ley o la imparcialidad de jueces y juezas, lamentablemente poco tienen que ver estos principios con el día a día de una administración de justicia formada por seres humanos con sus pasiones y convicciones.

Lawfare es un concepto político; la utilización fraudulenta de la justicia para derribar de manera coordinada enemigos políticos. Un delito de prevaricación como una catedral. Es evidente que en una gran parte de los excesos vividos con el procés no ha existido tal coordinación. Lo que sí ha existido, sin duda, son numerosos casos de sesgos y prejuicios que han permitido una valoración judicial mucho más severa que en otros asuntos.

Nos referimos a la insistencia del juez Llarena en la investigación por rebelión –que requiere armas– a los encausados del procés, a García Castellón imputando alegremente a Puigdemont y Marta Rovira por delitos de terrorismo en plena investidura y formación de gobierno por las acciones multitudinarias de Tsunami Democràtic o los años y años de secretos de sumario que han permitido, y permiten, espiar a políticos independentistas, abogados, periodistas, empresarios o simples ciudadanos en total indefensión. Nos referimos a la paupérrima investigación de la corrupción política y policial de la Operación Catalunya pese a los numerosos indicios obrantes en el Caso Villarejo o a la inhabilitación de todo un presidente de la Generalitat por negarse a colgar una pancarta.

Vemos con preocupación cómo las causas contra la corrupción de Villarejo se vuelven contra sus víctimas cuando te llamas Pablo Iglesias y mueren de inanición cuando te llamas Dolores de Cospedal –pese a las decenas de conversaciones que le incriminan–. Cuando Iglesias denuncia que el tipo que facilitó una orden de pago falsa en Granadinas a la policía obtuvo a cambio la autorización de residencia legal en España “por apreciadas razones de colaboración policial”, los juzgados la rechazan alegando que no hay indicios.  

Toda la primera línea política del entorno podemita se encuentra inmersa en el fango judicial, con sus inmensos costes personales, profesionales y reputacionales, mientras las causas terminan deshaciéndose: Mónica Oltra, Ada Colau, Vicki Rossell y un largo etcétera. El juez persecutor de esta última sigue en prisión por compincharse con un empresario para hundir a Rosell. En el momento de los hechos era el portavoz canario de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayor asociación de jueces, que hoy se alza defendiendo la “honorabilidad” de sus señorías. A Isa Serra, en cambio, se la condenó por las meras declaraciones, no coincidente entre ellas, de un puñado de policías pese a los numerosos y plurales indicios en contra, incluyendo cientos de fotografías y vídeos. 

Los casos de lawfare, corrupción o prevaricación certificados, son pocos, ciertamente, pero no es ningún secreto la abultada mayoría conservadora que existe entre los integrantes del poder judicial (del mundo de la justicia en general, incluyendo fiscales y abogados). No estamos diciendo ni que sea censurable ser de derechas ni que todo juzgador de derechas sea parcial ejerciendo su trabajo, pero desde luego sí es muy poco representativo de la pluralidad política de España. El tercer poder, llamado a poner límites al Gobierno y legislativo, está claramente escorado a la derecha, singularmente en los puestos más altos y los de mayor sensibilidad.

A estas alturas, parece difícil discutir que algunos jueces, en ocasiones, se han dejado llevar por prejuicios ideológicos propios de la tendencia conservadora de sus miembros. Una predisposición subjetiva al orden establecido, una transición de la dictadura a la democracia casi automática de los maestros de nuestros jueces de hoy o un acceso clasista de una difícil oposición carente de becas, ejercen una influencia tan invisible como evidente.

Por eso nos preguntamos: ¿tan infame era la mención al lawfare en el acuerdo de la Ley de Amnistía? ¿No existe razón alguna para que los jueces se planteen la politización de ciertas decisiones de algunos de sus más selectos miembros, notablemente la Audiencia Nacional? ¿No podemos siquiera plantearnos o debatir de manera crítica este sesgo conservador? Los que protestan insisten en que cuestionar a los jueces es un ataque a la democracia. Los que suscribimos este artículo opinamos justo lo contrario; una democracia no es plena si uno de los poderes del estado no puede estar sujeto a crítica y revisión.

A pesar de los palmarios casos someramente enumerados con anterioridad, el debate no es ni nuevo ni lo inventan podemitas, independentistas u otros disidentes de la España “tradicional”. Este es el objeto de la teoría de la “justicia penal de dos velocidades” que defienden importantes catedráticos –como Jesús Silva Sánchez, abogado de la infanta Cristina–, la teoría del “derecho penal del enemigo” que trajo Manuel Cancio, o el tan teorizado “derecho penal de excepción” del célebre juez Roberto Bergalli. 

Que la independencia e imparcialidad de los jueces en España es algo controvertido lo ponen de manifiesto consultoras internacionales como el World Justice Project, que sitúa España en el puesto 25 en la calidad del sistema de justicia penal, por detrás de los Emiratos Árabes, o las recomendaciones del GRECO .

Llevamos años de debate sobre la justicia y poder judicial, sin ningún avance más que la constatación de que las mayorías cualificadas necesarias para la renovación de los órganos, fruto de sociedades menos polarizadas, promueven el bloqueo conservador de la judicatura. Por ello emplazamos desde aquí a los profesionales de la justicia a la revisión autocrítica de nuestro sistema de justicia, con paciencia y sin caer en el corporativismo, pues no hay mayor enemigo del respeto y la reputación que las propias acciones.

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (Murcia, 1968) confiesa sentirse “asqueada” tanto por el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que besó en la boca sin su consentimiento a la campeona del mundo Jenni Hermoso, como la comparecencia del propio Luis Rubiales este viernes ante la Asamblea de la Federación.

“Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. No hay deseo ni posición de dominio [el beso a Jennifer Hermoso], aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, que están rindiendo pleitesía ante el falso feminismo, que es una plaga en este país. El beso es libre, mutuo, consentido. Yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo 'Vale'”, afirmó Rubiales en su intervención. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ya ha elevado al Tribunal de Arbitraje Deportivo la petición de un expediente por falta grave y la solicitud de inhabilitación.

¿Qué le pareció la comparecencia de Luis Rubiales?

Estoy avergonzada, me he sentido asqueada. Me ha recordado a muchos presuntos agresores sexuales que he tenido delante y que acusan a las víctimas de ser unas mentirosas para intentar victimizarse ellos. Ya sentimos vergüenza con su actuación en Sidney y su comparecencia lo ha acabado de rematar. Ha sido el manual del machista dispuesto a plantear esto en términos de una guerra y llegar hasta unos extremos poco compatibles con la dignidad y la decencia. 

¿Cree que ha contribuido a revictimizar a Jenni Hermoso con su comparecencia y su acusación al intentar dejarla como mentirosa?

Sí, lo que pasa es que cuando las mujeres tienen entornos y normas que las apoyan, a veces tildarlas de mentirosas y hacer dudar de su palabra con expresiones que pueden resultar aún más ofensivas produce una reacción paradójica: que las víctimas exigen aún más justicia y más reparación. Es Jenni Hermoso quien tiene que decidir si acude a los tribunales o no o si le dice a la Fiscalía que si se querella o no, pero creo que las palabras de Rubiales incluso podrían ser el detonante de una decisión de exigir toda la verdad. Cuando se intenta humillar a las víctimas a veces resurgen si tienen suficiente apoyo.

Habla de la vía penal. ¿Qué supondría respecto a la administrativa, que es la que está activada por el momento?

El único ámbito y espacio en el que se le puede imponer una pena privativa de sus derechos y proteger a la víctima con medidas como el alejamiento, una indemnización a su daño psíquico, moral y social, o una inhabilitación profesional de él, es la vía penal. 

¿Rubiales cometió una agresión sexual?

El hecho sería constitutivo de una agresión sexual. Es importante nombrar a las cosas por su nombre y esto es violencia sexual. Debemos respetar su presunción de inocencia, no podemos decir que ese señor ha cometido un hecho delictivo, pero es legal y es pedagogía decir que un tocamiento, una palmada o un beso no consentido es violencia sexual. Eso es información y no atenta contra su presunción de inocencia. Es una derivada de la ley del solo sí es sí que pasa por poner el consentimiento en el centro. 

Antes de la ley no era considerado agresión. 

Antes la agresión sexual exigía violencia o intimidación. Existía la figura del abuso pero con una altísima cota de impunidad que alcanzaba hasta el 90%. Ahora hay penas que protegen muchísimo más a las víctimas y no me refiero a las de prisión. La ley introduce penas como la inhabilitación profesional, que no solo protege a la víctima sino que protege a las demás, nos protege a todas, porque puede apartar al agresor de su responsabilidad o prohibir que se desempeñe responsabilidades relacionadas con menores, por ejemplo. Y son penas mucho más importantes que dos meses o tres más de prisión, que es en lo que muchos pusieron el foco con la ley del 'solo sí es sí'.  

La reacción social que ha generado el comportamiento de Rubiales, que es lo que le ha llevado a una situación insostenible, se asienta en un convencimiento generalizado de que obviamente un beso forzado es una agresión. Más allá de la aplicación de las penas, ¿ha contribuido a esa concienciación la ley del 'solo sí es sí'?

Completamente. Es mucho más fácil cambiar una ley que una cultura, pero las leyes que consiguen su objetivo son las que arraigan en una sociedad. Por mucho que los reaccionarios nos hagan sufrir y nos golpeen duro esto va calando, hay un debate sobre la violencia sexual, una conversación permanente. Y eso no lo hace el BOE, lo hace el feminismo y lo hace la lucha que llama a las cosas por su nombre, llama violencia sexual a la violencia sexual y no lo llama piropo ni cosas que pasan. Se trata de cambiar la mirada y creo que los hombres, los que no son machistas cerriles, estáis haciendo ese ejercicio desde hace unos años revisando vuestro propios comportamientos, la mayoría educacionales. Y ese cambio cultural es mucho más importante que el BOE. 

El Ministerio de Igualdad irá a la Asociación de Futbolistas de España (AFE) a dar formación. ¿Cómo es posible que en un ámbito como el fútbol no existieran hasta ahora protocolos antiacoso o formación contra el machismo?

Estamos legislando auténticas deudas, cosas que el Estado y el legislativo le debían a la sociedad española. Nosotras damos formación a toda la administración, al funcionariado, a la justicia…Y todavía no habíamos llegado al ámbito deportivo. La AFE tiene 14.000 personas sindicadas. Les hemos ofrecido esta formación y han aceptado este ofrecimiento. Estamos recuperando el tiempo perdido, pero esto no se hace en semanas ni en meses. 

Las empresas están obligadas a protocolos de este tipo. ¿Se están aplicando y funcionan?

Tenemos convenios con cientos de empresas que tienen el sello de empresas libres de violencia de género y promueven este tipo de actuaciones. Vamos poco a poco construyendo este país con todos los protocolos necesarios. La ley del deporte obliga a tener protocolos antiacoso y sanciona sin subvenciones a las federaciones que no los tengan, por ejemplo. Hay que entender que con cada protocolo no puede haber un policía mirando si se cumple, por lo que el compromiso y la información de las propias personas trabajadoras es fundamental para garantizar el cumplimiento. En los espacios de ocio el protocolo está funcionando, pasó con el caso de Dani Alves y está pasando con los puntos violeta. Los avances han sido muchísimos, aunque quede mucho también por recorrer.

La caída de Rubiales, parece que próxima, no significará el fin del machismo ni de las agresiones sexuales, pero seguramente se convertirá en un símbolo. ¿Qué importancia le da?

Va ser un hito en la historia de la igualdad en este país y en la lucha contra las violencias más invisibilizadas, más normalizadas. Hay gente que se convierte en un símbolo sin pretenderlo, como la víctima de la manada o Ana Orantes. En este caso nos hemos cansado de repetir lo importante que era que tantos niños y niñas se sintieran referenciados en las mujeres campeonas. ¿Qué mensaje estaríamos trasladando si la conclusión es que puedes ser campeona del mundo pero que luego puede llegar un hombre a hacer lo que quiera con tu cuerpo? Sería demoledor. Por eso puede ser un hito en la lucha contra las violencias machistas. Hay hitos que pueden ser legales pero otros son sociales y este es el caso. Una gesta como la victoria de las mujeres en un campeonato del mundo no puede acabar con la humillación por parte de un señor. 

En una guerra política contra los jueces cometer un error supone tu sentencia condenatoria. Podemos lleva inmerso años en una guerra contra la judicatura en contra de su voluntad, pero que una vez declarada no fue rehuida. La magistratura puso en el foco a Podemos dando curso a denuncias e investigaciones que se veían sin fundamento con el único objetivo de desgastarlos y el partido morado reaccionó haciendo de la crítica descarnada a esos jueces parte de su ideario político. No se buscó el conflicto, pero se aceptó el envite. En España hay jueces fachas que odian a Irene Montero, lo sabemos y en Podemos lo saben. Es una evidencia que si se cree que en España hay una correlación jurídica reaccionaria se tiene que ser especialmente escrupuloso con la estructura técnica de la legislación para que ese corpus filofascista no pueda eludir la prevaricación si quiere interpretar las normas de forma desfavorable a los intereses de la mayoría progresista. Hay que ser mejor, más inteligente y tener el colmillo retorcido para no dejar una puerta trasera por donde puedan colarse para hacer daño.

Hay jueces fachas, fascistas con toga y reaccionarios que no respetan la democracia. Es una certeza formal que no es preciso remarcar por lo notoria. De la misma manera que no todos lo son. En España hay jueces que prefieren dejar en la calle a un pederasta si con eso logran perjudicar al Ministerio de Igualdad hasta el punto de lograr que el Gobierno de coalición no pueda renovar su mandato en 2024. Tengo el pleno convencimiento de que entre la multitud de jueces y juezas que han tomado la decisión de revisar condenas a la baja esta motivación ha sido uno de los motores que les ha impulsado a tomar esta decisión favorable al reo, pero también tengo el pleno convencimiento de que otros muchos lo han hecho porque consideran que la nueva estructura penal emanada de esta ley les obliga a acudir al principio constitucional del “in dubio pro reo”. Es por eso, porque hay espacio para la interpretación, que no cabe duda del error cometido por este Gobierno al haber dejado la puerta abierta para la interpretación de esos jueces fachas que odian a Irene Montero. Si pueden interpretar no están prevaricando y si no prevarican has dejado un flanco descubierto por el que te van a sangrar hasta derrotarte.

La defensa es endeble, poco fundamentada y sin tener en cuenta cómo funciona la percepción pública. Ha habido más de 700 rebajas de condenas y poco más de una decena son firmes. Ambas afirmaciones son ciertas y poner el foco de manera unilateral en una de esas aseveraciones se debe al mero interés, partidista o mediático, que busca culpar o exonerar de responsabilidad. Pero no dejan de ser ciertas y en la opinión pública es imposible introducir el marco de que al ser solo poco más de diez las sentencias firmes hay posibilidad de que muchas de esas 700 rebajas al final queden anuladas. La sentencia de 'la manada' que determinó que lo que ocurrió en esa violación no fue agresión sino abuso sexual no era una sentencia firme. Pero sin ser firme tuvo la capacidad para generar una ola de indignación y protesta sin parangón que obligó a los representantes políticos a realizar una reforma legal.

La percepción ciudadana no se basa en la firmeza de las sentencias, por eso el intento de Victoria Rosell de explicar que de las 700 sentencias que han reducido condenas solo una decena han sido declaradas firmes por el Tribunal Supremo no tiene ninguna relevancia en el humor social, que no entiende que una ley destinada a la protección integral de la mujer víctima de violencia sexual acabe con agresores sexuales y pederastas con las penas reducidas. 

Hay jueces al más alto nivel que han dejado patente que por encima de la lógica jurídica se encuentra su percepción ideológica, su adscripción reaccionaria y su labor en beneficio de la persecución a quienes defienden otras ideas. Ha sido probado con su actuación en multitud de ocasiones. Podemos sabía que estos jueces y muchos otros de menos renombre existen y están dispuestos a realizar cualquier actuación que acabe con su representación pública. Las sentencias exculpatorias se han ido sumando en diferentes juzgados provocando que la responsabilidad judicial por los fallos se haya ido disolviendo entre el marasmo de decisiones. Al haber muchas sentencias no habría tiempo de mirar qué dice cada juez en cada una y la responsabilidad se pondría en el Ministerio de Igualdad y no en jueces que han llegado a afirmar que en una violación múltiple había jolgorio. No tengo la más mínima duda de que un buen número de las sentencias que han reducido la condena se han producido con el único objetivo de sumar al contador para provocar un desgaste lento pero constante al ejecutivo en general y a Irene Montero y a Podemos en particular. Yo lo sé, Podemos lo sabe, por eso no se entiende que en una guerra de trincheras con los jueces salgas a campo abierto y a pecho descubierto con una ley sin blindar con la que te masacren. 

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha llamado este lunes a preguntarse por qué las mujeres siguen sintiendo inseguridad ante el sistema judicial y ha apostado por introducir más mejoras relacionadas con la formación, tanto en el ámbito judicial como en la sanidad, la policía o la educación.

En declaraciones a Canarias Radio recogidas por EFE, y que se producen después de que se hayan contabilizado en las últimas 24 horas cuatro asesinatos por posible violencia machista, Rosell ha señalado que el último caso, el de la víctima asesinada en Adeje (Tenerife), “es especialmente sangrante por la cantidad de denuncias que se llegó a tener, con órdenes de protección desde 2013”.

Rosell destaca que cuando la víctima retira la denuncia o no quiere declarar, se deben reforzar las condiciones materiales para que a las víctimas “les merezca la pena” denunciar y declarar. En este sentido, ha abogado por mejorar el apoyo emocional, psicológico, habitacional, laboral y todo lo relacionado con el cuidado de hijos porque son cuestiones que “conforman una red social que salva vidas”.

En el caso de la mujer de Tenerife, ha ahondado que el agresor había sido detenido a finales de diciembre por amenazas y ha dicho que al haberse denunciado como un delito de coacciones, en este caso concreto sí era necesario que existiese una denuncia previa por parte de la víctima, por lo que “nadie puede criticar que tras retirar la denuncia no se siguiera adelante”.

Sin embargo, la delegada ha insistido en que independientemente de ello, siempre se pueden buscar pruebas y testimonios que corroboren la violencia machista aunque la víctima no esté en condiciones de aportarlas.

“Se pueden buscar pruebas aunque las mujeres no estén en condiciones. Se pueden llevar a cabo investigaciones con la diligencia debida”, ha dicho.

Preguntada por la colaboración de su área con el Ministerio del Interior, Rosell ha asegurado que trabajan siempre “de forma conjunta” y ha comentado que a los protocolos “siempre se pueden encontrar puntos de mejora”, especialmente si se pregunta a los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género, como trabajadoras sociales, forenses, fiscales con formación o psicólogos.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha abogado por que se pueda intervenir más con los maltratadores, especialmente con los condenados, algo que a su juicio está “limitado” frente a las intervenciones con las víctimas, “que se puede realizar casi desde cualquier administración”.

“En ese ámbito también se puede trabajar y mejorar porque históricamente se han dedicado menos recursos”, ha apuntado Victoria Rosell, que ha abundado que ya desde su área se han puesto en marcha campañas de concienciación dirigidas a los hombres, “que también son perjudicados por un machismo nocivo y violento”.

Respecto a qué está fallando para que se produzcan los picos de los últimos meses, ha aseverado que “se está haciendo más que nunca”, aunque ha insistido en los “márgenes de mejora” de todos los sistemas.

“También hay más visibilización no solo de asesinatos de parejas o exparejas sino de todos los feminicidios”, ha apostillado la delegada contra la Violencia de Género, que también ha relacionado esta situación con un “repunte brutal de machismo y negacionismo incluso por parte de fuerzas políticas”.

Al respecto, ha criticado a aquellos que “tratan de humillar y avergonzar a las víctimas para mantenerlas en el silencio”, algo que, a su juicio, siempre “trae consecuencias”. 

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha aportado este jueves datos reveladores sobre la violencia machista, que aún se encuentra oculta en la sociedad. El Ministerio de Igualdad ha avanzado este año en el compromiso de aportar las estadísticas de mujeres asesinadas por el hecho de serlo, más allá del ámbito de la pareja o expareja. Solo en el primer semestre del año se contabilizaron 19 feminicidios fuera de dicho ámbito (el único que se contabilizaba hasta ahora); 11 de los casos se habían producido en la familia. “El dato más sobrecogedor, no por no esperado, es que el 100% de los agresores eran conocidos”, apuntó.

“La violencia sobre la mujer además de ser sistémica, oculta y silenciada; también es un continuo en la vida de las mujeres”, destacó. En ese mismo período de tiempo, 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Rosell ha explicado estos datos en el II Congreso Justicia y Sostenibilidad Democrática: la respuesta a la violencia de género, en el que ha intervenido de forma telemática.

También rizo referencia a los datos reveladores de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, donde quedó reflejado que solo el 8% de las víctimas de violencia sexual denuncia (por tanto, el sistema deja fuera al 92%). Todas estas violencias que son sistémicas, añadió, no pueden “tener una respuesta meramente penal”. Y, por ello, defendió la necesidad de avanzar hacia una respuesta “coordinada, integral y satisfactoria para las mujeres y la infancia”. En este sentido, subrayó la importancia de escuchar a las víctimas y supervivientes ya que ellas mismas son expertas de su propia experiencia.

El cómputo de feminicidios, destacó, es cada vez más necesario en un mundo impregnado de fake news o bulos. Por ello, sostener datos, considera que es primordial e insistió en “la necesidad de trabajar juntas y compartir saberes y experiencias para la mejor protección de las víctimas y supervivientes de todo tipo de violencias, ya que amplía la mirada y permite ver el problema completo”.

Durante su ponencia, recordó que la Ley Estatal de 2004 de Violencia de Género es un referente mundial. “Personalmente, ha sido una gran experiencia pasar de conocer la respuesta judicial de la violencia a conocer todo el ámbito de protección social”, resaltó. Son respuestas que cree que tienen que estar coordinadas entre sí.

“Los avances nunca han sido sencillos”

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hizo mención a que con la Ley de 2004, lo primero que trascendió al público fue la parte penal, lo cual cree que dice mucho del tipo de país y de lo que se vende a la sociedad como que da “seguridad”. Remarcó, que entonces fue lo judicial o penal lo primero que tuvo una gran resistencia con unas 180 cuestiones de inconstitucionalidad que dejaron paralizada la aplicación de la ley y supuso la puesta en cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno autor de esa ley. Por ello, subrayó que “los avances nunca han sido sencillos”.

Sobre la violencia sexual, subrayó la importancia de ampliar “la mirada y la escucha”, puesto que las supervivientes lo que piden es que no vuelva a pasar, además de apoyo y reparación. “Y que no vuelva a pasar incluye que no haya violencia institucional”, apuntó la magistrada en excedencia.

Así mismo, sobre la Ley del Solo sí es sí, destacó que uno de los aspectos que recoge y que entrará en vigor el próximo año es que ante un caso de violencia sexual, “un Estado que sí que te cree”, con el consentimiento informado de la víctima, puede recoger las muestras que aporte y las guardará sin que tenga que denunciar ese momento.

Las madres de menores víctimas de violencia vicaria

Rosell explicó que las llamadas más duras que ha tenido que realizar en el cargo que ocupa han sido a las madres de menores víctimas de violencia vicaria. “Son víctimas de esta violencia tan cruel”, del “te voy a dar donde más te duele”. En este punto, hizo referencia a toda esa red de otras madres que se ayudan unas a otras como Itziar Prats, Ángela González Carreño (que puso 51 denuncias para alertar de la violencia que sufrían ella y su hija y, sin embargo, Andrea, fue asesinada por su padre en 2003.), Ruth Ortiz. “Son capas de redes que si funcionan realmente salvan vidas”. También recordó a la madre de Anna y Olivia, Beatriz Zimmerman, que aunque no requirió de ayuda institucional sí que se interesó por esa red de apoyo.

Sobre el término violencia vicaria también ha aportado su visión Sonia Vaccaro, la psicóloga que lo acuñó y que explicó que suele ser una violencia que aparece en el momento de divorcio. “La característica básica que las víctimas describen de estas violencias es el ataque al rol materno”, agregó.

En este tipo de violencia señaló que aún pervive el término “pater familia” romano. Los hombres que ejercen esta violencia usan a los hijos e hijas para dañar a las madres, descalificándolas y atacando su rol como madre. “En la actualidad sabemos que la violencia contra las mujeres no es solo física y sabemos que los hijos e hijas son víctimas también”, dijo. “Las secuelas que viven las hijas e hijos son tan profundas como las madres, es vivir en un ambiente bélico”, indicó.

Vaccaro hizo referencia a las “madres protectoras” que lo son porque saben el contexto que están viviendo sus menores con los padres. También rememoró algunos datos como que solo el 25% de las víctimas de violencia machista denuncia. “Tenemos una cifra oculta de un 75%” y “por más que se diga que se está hablando mucho de esto, lamentablemente se denuncia muy poco. Hay muchísimas que no están pudiendo decirlo”, añadió. La psicóloga hizo referencia a las últimas macroencuestas de violencia sobre la mujer del Ministerio de Igualdad y destacó algunos motivos de por qué no lo hacen como que minimizan el problema y normalizan la situación. Por ello insistió en acabar con el bulo de las denuncias falsas, un mito que aún pervive.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, lleva una semana achicando agua del barco de la ley del 'solo sí es sí', uno de los proyectos estrella de la legislatura del Ministerio de Igualdad. Durante la entrevista, celebrada en la redaccción de elDiario.es este viernes, Rosell defiende la ley y se muestra segura de que el Tribunal Supremo confirmará que las condenas de los delincuentes sexuales no se deben rebajar de forma retroactiva y generalizada por el efecto de la última reforma del Código Penal. No cree que sea necesario introducir ninguna reforma ni ninguna disposición transitoria ante lo que considera que son resoluciones judiciales contradictorias y, en algunos casos, también erróneas. Y va rebajando el tono sobre las acusaciones de machismo generalizado a los jueces que vertieron en un primer momento algunos compañeros de partido, y que motivaron quejas contra Podemos de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación donde la propia Rosell ejerció de portavoz. A la hora de hacer autocrítica, admite que puede haber faltado “pedagogía” sobre esta norma y reconoce que es un problema tener que hacerla ahora para responder a “bulos y fake news”.

¿Se esperaban la polémica que se está produciendo con la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ y las rebajas retroactivas que se están produciendo en el caso de algunos delincuentes sexuales?

La previsión estuvo durante toda la tramitación de la ley. Se puso encima de la mesa la necesidad de que no hubiera revisiones a la baja que resultaran desproporcionadas, perjudiciales para las víctimas o alarmantes. En cuanto a la polémica, personalmente me ha extrañado un poco que suelen venir, sobre todo las que están inflamadas –las que se forma un suflé que se desarma en una semana pero pueden contribuir a crear mucha inseguridad en las mujeres y en el sistema–, de un lado de la sociedad y los medios, y esta vez han logrado establecerla a lo largo y ancho de todo el país hasta que hemos pedido calma y explicado, desde el presidente del Gobierno hasta nosotras mismas, por qué ahora es el momento de la respuesta judicial, a ser posible con unidad de criterio para no crear más inseguridad.

Los distintos tribunales territoriales están solucionando casos en sentidos distintos. ¿Se está creando inseguridad jurídica?

El mismo artículo de la Constitución que consagra la irretroactivdad de las leyes penales desfavorables consagra el principio de seguridad jurídica y es muy importante en un Estado de derecho. Es indeseable que haya criterios distintos y resoluciones distintas para casos similares.

La jurisdicción lo que hace es examinar caso por caso, y ninguno es igual. Para compararlos hay que usar un pincel fino y no una brocha gorda. Pero normalmente no tienen esta publicidad, no se ponen micrófonos a cualquier abogado como el de ‘la manada’ de Pamplona, que es una voz muy parcial y no es una voz experta. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad porque el Tribunal Supremo sugirió que a los violadores grupales de Pamplona les faltaba pena. Se les había condenado por su violación pero no por la participación en la de los otros cuatro.

Ni la Fiscalía General del Estado todavía ha sacado un criterio unificador para el derecho transitorio ni lo ha hecho el Tribunal Supremo. Nosotras, el Gobierno y Justicia estamos convencidas de que hay un cuerpo de derecho transitorio más que suficiente a lo largo de todos estos años y una jurisprudencia consolidada y estamos seguras de que será finalmente lo que se aplique.

¿Era necesaria la disposición transitoria que algunos expertos identifican como el problema que originó estas rebajas de condenas? ¿Se puede aplicar la que ya existe de reformas anteriores?

Se está hablando de que no hay una disposición transitoria. Si buscan en el BOE consolidado del actual Código Penal español y se van al final, antes de las disposiciones finales hay una transitoria, la quinta, que sigue ahí vigente.

Hay una jurisprudencia consolidada a lo largo de todas las transitorias. Porque también hay disposiciones transitorias muy temporales para una reforma en concreto y hay disposiciones transitorias que son parte del cuerpo doctrinal y jurisprudencial. Y esta, afortunadamente, ya está muy clara. Si la pena que has impuesto en sentencia firme cabe en la siguiente legislación, no se revisa. Con la salvedad de una sentencia de 2013 que dice que se puede matizar y ver las circunstancias individualizadas.

Los juristas estamos muy acostumbrados a hacer este calculo técnico. Técnico, que no automático. Siempre ha habido discordancia en primeras interpretaciones. Porque esto se está interpretando en primera instancia aunque sea una audiencia, que fue quien condenó. Sí que hay casos que crean bastantes más indicios de ser erróneos, de obedecer a un error en la interpretación de la ley y con muchas posibilidades de ser revocados.

¿Qué error están cometiendo los tribunales que están fallando en ese sentido?

Yo no puedo hablar de errores judiciales sin que se haya pronunciado [el Tribunal Supremo], hay que poner calma en este debate. Tampoco puede un juez decir: “Yo lo he hecho perfecto, he aplicado la ley sin ningún tipo de duda”. No sin ningún tipo de duda, porque lo has hecho de manera contraria a tu vecino de partido judicial. Las disposiciones transitorias tienen la ventaja de que llevan décadas con su cuerpo doctrinal y jurisprudencial y se aplican por igual en toda España.

Ni los jueces pueden presumir de infalibilidad ni nosotras señalar una sentencia concreta y decir cuál es el error. Pero de forma generalizada, por las que estamos leyendo, afectan sobre todo lamentablemente a delitos de abuso, porque el abuso desaparece [en la reforma del Código Penal] pero no porque desaparezca, sino porque es un solo delito junto con la agresión. Hay que leer todo el esquema. Yo ya era jueza cuando cambió el sistema de delitos contra la libertad sexual en el Código de 1995 y no era estudiar distintas penas y distintos artículos, era cambiar el esquema y ahora hemos mejorado notablemente este.

Hay cambios en el acoso, el stalking, hay inhabilitación de patria potestad para agresores sexuales cuando las víctimas son menores, está el impedir acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena, que solo estaba previsto para violencia de género… hay muchos cambios. Pero el más paradigmático puede que sea que cualquier acto sexual sin consentimiento, como nos decía el Convenio de Estambul y reclamaba el movimiento feminista y el feminismo jurídico, es ya agresión y apartamos todo ese término de abuso que trataba a las mujeres y niños y niñas víctimas mayoritarias como objetos de derechos más que como sujetos de derecho.

¿Ha fallado algo en la redacción de la ley? ¿Ha habido algún error en la elaboración, falta de tiempo?

Me parece que la crítica de que ha faltado tiempo tiene que proceder, para no presumir mala fe, de la ignorancia. Esta ley se estaba trabajando desde 2018. Cuando accedemos al Gobierno está hecho el trabajo de las catedráticas de Derecho Penal y empezamos ya la elaboración del texto como anteproyecto de ley con los primeros borradores. Estamos hablando de marzo de 2020, hace dos años y medio, fue al Consejo de Ministros en primera vuelta. Después fueron todos los informes de órganos constitucionales, Consejo del Poder Judicial… y abro paréntesis: no dijo que no bajáramos los mínimos.

Eso no lo dijo nadie.

¡Nadie! Ni Consejo Fiscal, ni Consejo del Poder Judicial, ni Consejo Económico y Social ni Consejo de Estado, ni toda la parte de participación ciudadana en la que participa gente que te manda un email, sobre todo participan personas con interés y con conocimiento, muchas abogadas feministas y mucha sociedad civil. Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando en algunos casos creando bastante inseguridad jurídica.

Creemos que nadie lo advirtió porque los mayores expertos creen que el sistema transitorio está bastante consolidado y que no se iban a dar estos casos, pero en todo caso que se corregirán en la vía judicial y no gubernativa, que es en la que tienen que corregirse. Nadie advirtió este riesgo porque creemos que obedece a una interpretación inicial del texto que se irá consolidando en otro sentido y, desde luego, lo que tienen que hacer seguro es unificar criterio.

Esta es una reforma que afecta a 16 leyes. Y desde Igualdad se ha defendido que no es una ley punitivista. ¿Ha faltado algo de pedagogía sobre esta ley?

Probablemente nos falte pedagogía porque estamos cambiando muchas cosas muy importantes que llevaban fallando muchos años. Pero ese sistema no está solo asentado en el ordenamiento jurídico, está asentado en la ciudadanía. Yo querría recordar las resistencias que tuvo la ley de protección contra la violencia de género, que no solo fue discutidísima sino que cuando llega a los despachos judiciales ocasiona que más de cien jueces planteen cuestiones de inconstitucionalidad, diciendo que discriminaba a los hombres.

Lo que sí es que hay más atención mediática, 2004 no es 2022 a efectos de redes sociales. Unas críticas muy exacerbadas al Gobierno y un movimiento reaccionario mundial, global, contra el feminismo. Contra el feminismo como movimiento plenamente democratizador. Todos estos factores han confluido pero también puedo asumir perfectamente la autocrítica de la pedagogía. Ahora estamos saliendo a explicar pero de manera reactiva frente a bulos o fakes. Creo que los pronunciamientos sin calma y sin reflexión de todos los actores políticos, e incluyo al CGPJ y las asociaciones de jueces que han salido precipitadamente a atacar a la ministra pidiendo su dimisión y el CGPJ defendiendo a capa y espada... ¿Y si luego esto es erróneo? ¿El Supremo se va a sentir plenamente libre de decir que estas primeras sentencias o autos que tanto defendisteis no estaban aplicando nuestro cuerpo jurisprudencial?

Yo espero que haya una norma interpretativa, un criterio interpretativo general por parte de la Fiscalía General y estoy convencida de que el Tribunal Supremo mantendrá su jurisprudencia y tendremos una consolidada más temprano que tarde por la alarma social. Ahora, también me gustaría pedir que la parte de la ley que más se debería conocer tampoco se está conociendo y eso no puede ser todo culpa del Consejo de Ministros ni del Parlamento. Esa reacción contra el feminismo está jugando contra la información que se está dando, no hay buena información, de calidad, yo normalmente no tengo estos espacios donde exponer con tranquilidad y rigor qué significa esta reforma, creo que es la primera vez que me graba alguien diciendo los cambios en el acoso, la patria potestad, el tercer grado… Si esto no les da seguridad a las mujeres es que nada se la da, y esto no está en los medios, no está en la opinión pública y debería estar.

El Supremo dictará su primera sentencia sobre este asunto y la Fiscalía se ha pronunciado en contra de revisar la condena de este violador. ¿Tiene Igualdad un ‘plan B’?

No. En un Estado social y democrático con división de poderes, si hubiera al final del camino una jurisprudencia que consideráramos que no interpreta correctamente la ley desde luego no corresponde al Gobierno ni siquiera tomar alguna medida… pero yo estoy convencida de que eso no va a pasar. El Supremo va a mantener su constante y consolidadísima jurisprudencia y por el camino lo que estamos viendo son sentencias de primera instancia contradictorias con un código no asentado.

Yo llamaría a la calma. Entiendo que alarmen y más cuanto más se infle el 'souflé' y más intencionada sea la dirección comunicativa, pero pienso que esto se va a llevar con cierta normalidad. Ojalá no queden muchas víctimas por el camino, ojalá esas sentencias si cometen algún error a la baja no supongan la puesta en libertad de alguien que no ha cumplido su tratamiento penitenciario y no esté preparado para salir y pueda reincidir como consecuencia de estos fallos judiciales si se corrigen.

La fase de revisión dura poco, tres o cuatro semanas, todos los órganos judiciales intentan acomodar las sentencias que están ejecutando y solo se revisan las que se están ejecutando. No tiene que haber un ‘plan B’ cuando ya hay una buena norma que da buenos derechos, que tiene un acervo de disposiciones transitorias detrás y veremos que el Estado está a la altura, el Poder Judicial finalmente va a unificar criterio y va a corregir estos pequeñas fallos que pueda haber en el inicio del camino de una norma.

El mundo judicial no ha recibido bien las críticas de machismo emitidas desde Igualdad a algunos jueces que han tomado estas decisiones. Algunas de estas reacciones vienen de su asociación, Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Cómo las ha recibido?

Pertenezco a Jueces para la Democracia y a la Asociación de Mujeres Juezas, que ha hecho un comunicado apelando a la calma con una visión a largo plazo. Tampoco creo que sea adecuado que la asociación conservadora, la Profesional de la Magistratura, pida la dimisión de una ministra por unas manifestaciones.

Yo no he oído, porque no lo han dicho, a nadie de Igualdad generalizar y decir que todos los jueces son machistas. Esto se lo he oído a comentaristas y tertulianos que han querido exacerbar esta crítica para después a su vez descalificar a quien la había pronunciado. Nosotras no hemos generalizado pero la ONU, tanto la relatora especial como la recomendación del CEDAW, nos advierte de que los prejuicios y estereotipos de la Justicia suponen una forma de discriminación de las mujeres, niños y niñas que en este tipo de delitos crean una revictimización, eres víctima del delito y víctima del proceso. Y esta falta de formación judicial o este machismo judicial, estos prejuicios y estereotipos machistas abonaban la cultura de la impunidad. Esto son palabras preocupantes.

Es verdad que la ministra de Igualdad se hizo eco de esto, lo relacionó con algunas de las primeras interpretaciones, primeras críticas furibundas que tampoco se había leído el texto completo. Pero nuestra intención es decir que hay que formarse, especializarse y que hay que actualizarse, no criticar al Poder Judicial en su conjunto. Todos los sectores jurídicos ponen en valor la especialización y formación constante.

La ministra no tuvo tiempo de exponer todo esto delante de las cámaras de elDiario.es y hacer esta reflexión y habló de que uno de los problemas detectados por la ONU, por el feminismo y por todo el feminismo jurídico son los estereotipos machistas de la Justicia. Dicho con calma, creo que es absurdo negar la evidencia de que esto existe. No podemos decir que todos los jueces son machistas ni negar la evidencia de que hay machismo en la sociedad y en la carrera judicial, solo que en la carrera judicial ha sido objeto de pronunciamientos de la ONU.

¿Cómo valora que varias audiencias provinciales hayan decidido iniciar estos procedimientos de oficio?

Me alegro de que me preguntes eso, porque he visto que ha levantado suspicacias cuando no sospechas o críticas un poco desde mi punto de vista exageradas. Yo como magistrada, y cualquier audiencia provincial, ante un cambio legal si estás en fase de ejecución sí que es correcto dar traslado a las partes diciendo que hay un nuevo Código Penal, informe del Ministerio Fiscal, la acusación, la defensa y la víctima… que he visto pocos traslados a las víctimas. Que también tienen sus derechos a conocer cualquier decisión que les afecte, espero que esto también se corrija y que se interprete poniendo a las víctimas en el centro sin restar ningún derecho constitucional a los acusados y condenados. Pero es lógico dar traslado a las partes para decidir en pocas semanas sobre esta posibilidad de revisión a la baja.

¿Se ha quedado solo Podemos defendiendo esta ley hasta que el resto del Gobierno se ha sumado a la consigna de esperar al Supremo?

Yo entendí perfectamente que a la ministra que pillaron en otro acto y en seguida con un micrófono en la mano… dijo: “Lo estudiaremos”. A mí si me preguntan sobre agricultura o algo que no es desde luego de mi competencia inmediata pero estoy haciendo unas declaraciones en nombre del Gobierno también diría: “Lo estudiaremos”.

Si de ahí alguien saca que hay que cambiar una norma… yo creo que ha sido un poco exagerada la polémica dentro del Gobierno. Ya pasados un par de días, yo estoy muy acostumbrada a dar la cara por lo que es mío y lo que no es mío si son cosas en las que creo. Al creer yo en esta ley y en esta acción de gobierno feminista, aunque no hayamos sido las autoras de la medida más debatida, se defiende. Y yo siempre he dado la cara por las cosas en las que creo y creo que el equipo del Ministerio de Igualdad se puede caracterizar por esto.

¿Qué opinión le merece la razón del PP de condicionar la renovación del CGPJ a la eliminación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia? ¿Cree que el objetivo era que usted se quedara fuera del Consejo?

Es tremendamente preocupante. Excusa tras excusa, incluso mirar las excusas es un poco mirar el dedo que señala a la luna porque lo que hay es un gravísimo problema de bloqueo antidemocrático e incumplimiento de la Constitución por parte del PP enrocado dentro del CGPJ. El Consejo está muy tocado institucionalmente por culpa de este bloqueo del PP igual que lo está el Tribunal Constitucional. Se han creído los dueños de las instituciones pero tienen que pensar en el daño constitucional e institucional que están causando a este país porque es de lo más grave que ha pasado en democracia. No pueden creer que las instituciones son suyas y si pierden democráticamente las elecciones enquistarse dentro.

No puede ser por haber estado en política, se contradice con sus propios actos como otros muchos magistrados. También por la misma razón que José Ricardo de Prada, mucho más humilde, que es haber conseguido meter en la cárcel a un juez corrupto y haber desvelado una trama de corrupción que giraba en torno a un exministro corrupto del PP en Canarias como fue José Manuel Soria.

¿Había miedo de que el grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja se dividiera a la hora de votar un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo en el que no estuviera usted como candidata a vocal?

Yo no sé si eso se llegó a plantear. Por una cuestión de principios, cuando estás en el núcleo de lo que el PP quiere que sea el debate, que quería que fuera sobre mi persona y no sobre su bloqueo antidemocrático, yo no formo parte ya de esas negociaciones. Yo no creo que hubiéramos llegado al punto de dividir el voto en el grupo parlamentario. Lo que yo sé, y me fio de todos los portavoces, es que se me dijo que no se me había dejado caer en ningún momento, se me defendió siempre y no como persona sino frente al veto y lo que significaba.

¿Qué nos están diciendo, que la actividad política es menos digna que proceder de una abogacía de empresa, de un gran despacho de abogados? ¿De verdad vamos a comprarle a la ultraderecha el marco de que la política es una actividad denigrante para una carrera jurídica?

Haber estado en política unos años siendo delegada del Gobierno no puede ser, y de hecho no es, mi peor tarjeta de presentación y si es así creo que quien tiene un problema es quien pone este veto por delante, porque está haciendo un daño tremendo a la institución que ellos siempre han dominado y quieren seguir dominando.

Vídeo: Nando Ochando y Xabi González

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido este viernes la nueva ley del 'solo sí es sí' y ha negado que haya que introducir ningún cambio para evitar nuevas rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Una comparecencia en la que Rosell ha rebajado las críticas a los jueces que toman estas decisiones, apuntando ahora a la existencia de errores en la interpretación de la norma: “Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión sin una buena lectura de la ley”. Cierra la puerta a una corrección desde una reforma: “Dejemos hablar al poder judicial y la fiscalía general”, ha dicho.

Rosell ha negado que sea necesario incluir una disposición transitoria en el nuevo Código Penal que, en versiones anteriores de la Ley, ha limitado la capacidad de los jueces para bajar una condena de forma retroactiva. “No falta. Tenemos un derecho transitorio desde hace décadas que puede ir cambiando y no era conveniente que cambiara para que no diera lugar a distintas interpretaciones”, ha explicado.

Se ha referido a diversas sentencias de tribunales como la Audiencia de Madrid, que en los últimos días han rebajado las condenas de delincuentes sexuales. “Algunas de las sentencias revisadas yerran porque ya no es abuso, es violación, y hay una que dice claramente que no reviso porque ya no son seis meses, son dos años y seis meses”.

Para Rosell, “si la pena anterior que la persona cabe en el nuevo código, no se revisa” y añade que “todavía no hemos visto un caso en el que se haya aplicado correctamente el nuevo esquema sobre algunas penas que automáticamente se están reduciendo mirando sólo los mínimos”. Nadie en ningún informe advirtió, además, sobre esta posibilidad.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha lanzado un mensaje de “calma” y ha apuntado a la “preocupación” del Ministerio “por lo que puedan estar sintiendo muchas mujeres en nuestro país”. Para Rodríguez, la ley del 'solo sí es sí' es “una buena norma” que “ha cambiado un paradigma del Código Penal que necesitaba otro enfoque diferente”, relacionado con “cambiar los esquemas” y no con “cambiar las penas”.

La secretaria de Estado también ha reflexionado sobre que la adaptación de esta norma “va a requerir de un tiempo de aplicación y de que vaya siguiendo su camino en lo judicial”. En España, sostiene, “hasta ahora lo que se hacía era un tratamiento que tenía que ver con la medicina general. No se atendía a la gran cantidad de conductas sancionables y afortunadamente vivimos en un país donde más conductas son sancionables, para cualquier ciudadano y ciudadana y también en el Código Penal”.

Rosell y Rodríguez han hecho estas declaraciones en plena polémica por la aplicación que algunos tribunales del país están haciendo de las nuevas condenas para algunos delitos sexuales, interpretando que muchas de ellas deben ser rebajadas. Así lo han entendido, por ejemplo, en Madrid, Galicia o Baleares al contrario de lo que ha establecido la Audiencia de La Rioja en los 54 casos que ha estudiado.

Este viernes también se ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos en la cámara baja, Pablo Echenique: “El Ministerio de Igualdad ha dicho lo mismo que el presidente: hay que esperar a que los operadores jurídicos unifiquen doctrina. Y, al mismo tiempo, cuando hay una Audiencia Provincial como la de La Rioja, que aplicando la disposición quinta del Código Penal tumba 54 rebajas de pena a la vez, es evidente que hay otros jueces que están interpretando una ley con un sesgo (ideológico) del que la ONU ya nos ha alertado”, ha expresado.

Tal y como ha revelado elDiario.es este viernes, el Tribunal Supremo tiene intención de resolver su primer caso en las próximas semanas a raíz del recurso de un condenado a 12 años de cárcel por violar a su sobrina en Baleares en 2014. Es el primer caso en el que los jueces estudian alegaciones de la defensa específicamente dirigidas a que la nueva ley del 'solo sí es sí' ayude a rebajar la condena de un delincuente sexual y la Fiscalía, como sucede en La Rioja, ha rechazado estos argumentos.

El poder pasa por el euríbor. La inflación y las subidas de los tipos de interés son el mayor torpedo a la línea de flotación para la estabilidad del Gobierno. Estar pendiente de disminuir esa carga para los bolsillos de la ciudadanía sería una manera efectiva de mirar por su propio poder. El Gobierno parece que lo ha entendido, no así la izquierda que pretende dominarlo, que está más pendiente de las luchas por el poder que del poder en sí mismo. Las personas vulnerables, las pobres, las marginales, no votan. Por eso sigue más de dos años después sin haber luz en la Cañada Real. Quienes sí votan son los que pagan una hipoteca, esos son los que deciden elecciones. La subida de tipos de interés es de tal calibre que puede convertir a una familia acomodada en una familia en riesgo de exclusión. Los pagos de las hipotecas pueden encarecerse entre 200 y 300 euros al mes porque los tipos van a seguir subiendo. El empobrecimiento de miles de ciudadanos es un hecho de dimensiones difícilmente evaluable en términos políticos. Lo que es seguro es que será la carestía de la vida que afecta a esa entelequia llamada clases medias la que acabe con cualquier gobierno. A los que no votan y a los que sí les da igual el Consejo General del Poder Judicial por muy importante que sea. Pues es eso lo que ha ocupado a toda la izquierda política esta semana.

Victoria Rosell sería la mejor candidata posible para el Consejo General del Poder Judicial porque, además de ser una jurista excelente, conoce de primera mano la podredumbre que habita en el seno de la judicatura. No sabemos qué piensa Victoria Rosell de que su nombre haya sido utilizado como arma arrojadiza para dirimir cuestiones internas porque no la hemos podido escuchar. No sería la primera vez que se propone a alguien en contra de su voluntad por intereses masculinos. La discusión sobre su conveniencia es metafísica, porque nunca lo va a ser con este sistema de nombramiento. No lo va a ser porque es la propuesta de Podemos y la correlación de fuerzas implica que es necesario el acuerdo con el PP y este jamás aceptará en el Consejo a una exdiputada de Podemos y actual alto cargo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Sería una gran candidata, pero eso no va a ocurrir. Podemos discutir mucho, gritar a las nubes o enfadarnos fuerte, pero eso nunca va a suceder si la correlación de fuerzas no cambia.

Una vez puestas sobre la mesa las condiciones de posibilidad para que la jueza sea elegida, hacer de su presencia una disputa interna tiene poco que ver con la valía de Rosell como candidata y mucho con la instrumentalización de su figura entre el electorado para erosionar la figura de a quien se pretende culpar por su rechazo. O de no hacer suficiente fuerza y aceptar su veto. La apuesta sincera de democratización del CGPJ tiene que pasar por cambiar el modo de selección de los miembros del CGPJ y que sea el Congreso el que elija a los jueces por mayoría absoluta y no cualificada de 3/5 como establece la ley actual. Eso sí que cambiaría la dinámica judicial conservadora en la judicatura acorde a las mayorías que emanan de las urnas.

La izquierda ha vuelto a hacer de una cuestión interna, de una cuestión de poder, la agenda prioritaria de la semana. La perspectiva burguesa de sus liderazgos determina de manera escandalosa cuáles son los intereses prioritarios de quien tiene capacidad para marcar su agenda política e informativa. Los juegos de poder les resultan mucho más placenteros que dar la batalla de forma exclusiva en los temas relacionados con la mejora de las condiciones materiales de la gente a la que representan. El poder es un deseo burgués del que puede beneficiarse la clase trabajadora o no, pero cuando esos juegos de poder tienen como mero objetivo el juego en sí mismo y no como medio para un fin pasa de adquirir el tinte de interés colectivo a mero divertimento de élites. Y las élites no solo están en la derecha. 

La primera vez que sentí vergüenza de toga fue como observadora independiente en los juicios contra activistas saharauis, acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española. En una apelación colectiva, todas las pruebas apuntaban a una previsible anulación o al menos reducción de las condenas. A la vista de todas las personas presentes, el magistrado recibió un fax y leyó una sentencia que no encajaba con lo que allí se había visto y oído. Después, la protesta y una violenta represión policial. El causante de esa violencia, en su despacho, ya sin toga, invitaba a jueces y fiscales españoles a pasar días de verano en la costa marroquí, subrayando la importancia de mantener esos intercambios que apuntalaban los lazos de amistad entre ambos países. Las influencias se alimentan de canapés, y subir es no mirar hacia abajo.

Nunca pensé que iba a sentir mucha mayor vergüenza de toga en mi propio país. Y ha sido la peor experiencia de mi vida.

Mucho antes de la persecución legal a Podemos y de la demostración de la utilización de la guerra jurídica –el denominado “lawfare”– en el caso del exjuez Salvador Alba Mesa, sus protagonistas ya se encontraban en casos de corrupción. En 2005, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias –predecesor de Salvador Alba en el cargo– y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, fue grabado en unas intervenciones telefónicas aceptando favorecer a un gran narcotraficante, Rafael Bornia Bordón. Sugirió su libertad al fiscal antidroga, tras su busca y captura internacional. Parte de la carrera desaconsejó al instructor remitir pieza separada para su debida investigación al Tribunal Superior de Justicia: perro no come perro (odio esa expresión).

Aquello surgió de un hallazgo de esos derivados de los círculos secantes telefónicos –político-empresario-tribunal– en una investigación por corrupción en un lucrativo concurso de energía eólica, en la Consejería de Industria de Luis Soria López, colocado allí por su hermano, el presidente del PP canario, José Manuel Soria López. El magistrado fue juzgado y condenado por sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y expulsado de la carrera judicial, pero en el Tribunal Supremo (TS) fue absuelto en 2010. La sala presidida por Manuel Marchena confirmó los hechos probados, pero eran constitutivos de otro delito distinto al único por el cual el fiscal jefe del TSJC había formulado acusación. Era tráfico de influencias y no negociaciones prohibidas. El magistrado fue repuesto en la carrera judicial con todos los honores, y cobró todos los salarios dejados de percibir desde su suspensión. Tuvo incluso un acto público de desagravio –pese a los hechos probados– organizado por el abogado canario Eligio Hernández, exmagistrado y ex fiscal general del Estado, que había sido su máximo defensor público, junto con el juez Salvador Alba Mesa, entonces solo conocido por defender públicamente la inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género de 2004 y por pedir dinero a empresarios para los congresos judiciales. Quédense con los personajes.

Hemos tenido muchas ocasiones de comprobar lo que se premia y se castiga en el quehacer judicial: el palo y la zanahoria, en desafortunada pero veraz expresión de Carlos Lesmes (que en nueve años ha cometido dos sincericidios: ese y el de la justicia eficaz para robagallinas). Cumplir tu deber con independencia de cargos y apellidos genera represalias. La independencia se demuestra cuando tus resoluciones contrarían al poder: si no lo haces, el sistema te premiará y la ciudadanía no lo sabrá. Tu familia seguirá orgullosa y no sufrirá. Tu carrera y tu vida mejorarán. Muy sólidos tienen que ser tus principios para contrapesar eso en la balanza. La lealtad que se premia no es a la Constitución y la ley, que es la única que legitima el ejercicio del inmenso poder que puede tener un juez o magistrado de instrucción en nuestro país.

Todos estos personajes, y alguno más dispuesto a prestar una ayuda valiosa a un ministro del PP, confluyeron en el caso Alba, cuando todavía era el caso Rosell. Los hechos se han publicado sobradamente en este y otros medios de información. Yo me marcho del Juzgado con una excedencia sin sueldo –dos meses sin sueldo con dos hijas adolescentes– para presentarme a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste –cuyo nombramiento judicial procedente de la élite política de Coalición Canaria fue denunciado por Jueces para la Democracia–, nombra para sustituirme a Salvador Alba Mesa. Ambos se saltan las normas: Alba ya ha cumplido los 180 días máximos anuales de doblete judicial –y de sueldo–, pero ya se sabe, las leyes son para robagallinas. Inmediatamente empieza a buscar algo que dar a su admirado Soria, directamente o a través de sus periodistas de cabecera. Es un viejo recurso que les sigue funcionando: cuando un político accede ilícitamente a información reservada o secreta necesita que se publique para que prosperen sus montajes judiciales. No lo encuentra, y se lo inventa. (Aún conservo el recuerdo de un chat que abrí ese día llamado “Amenaza al alba”. No sé si algún día se sabrá el destrozo que hizo ese individuo en un juzgado de instrucción y de control del CIE).

Como declara probado la sentencia del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo, el mismo día en que Alba toma posesión, el 3 de noviembre de 2015, en una causa con miles de folios que no ha leído, cita a prestar nueva declaración a Miguel Ángel Ramírez, empresario investigado por delito fiscal, tras la cual le impone una fianza de 35 millones de euros, que después la Audiencia Provincial reduciría a una décima parte, 3,5 millones. El mensaje ya está lanzado por Alba: tiene el poder de excederse en 30 millones de euros calculando la cuota a Hacienda sin que la fiscal Evangelina Ríos Dorados rechiste, y hundir a la empresa. En ese escenario empieza a pedir a los imputados –e introducir en esa investigación– informaciones sobre mi pareja ajenas a los delitos investigados, en concreto un borrador de contrato de alquiler con opción de compra que acaba en manos de José Manuel Soria, cabeza de lista electoral por el PP, y del periódico El Mundo, que me dedicó cinco portadas con información falsa en 15 días de campaña. El fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, decide la víspera del inicio de la campaña electoral, el 3 de diciembre, faltar a la neutralidad política y confirmar públicamente que ha abierto una “investigación pre procesal” sobre posibles relaciones comerciales entre mi pareja y el investigado. No pestañea al anunciar que ha llegado “un sobre anónimo” a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, hecho que Alba desmiente después afirmando que lo llevó él mismo. Luego se supo que a él ese documento se lo dio José Manuel Soria.

Así, el 4 de diciembre empieza una campaña sucia con Soria anunciando una querella contra mí, firmada por Nicolás González-Cuéllar, editor de Manuel Marchena y abogado personal de Soria, después sustituido por Eligio Hernández. La querella contiene información que la propia Fiscalía del Supremo calificó de “ignota procedencia” por corresponder a un proceso penal en el que Soria no era parte y, por tanto, reservado para él. La procedencia es un “corta y pega”, con cambio de letra y espaciado incluido, del informe reservado que Alba remitió a García Panasco.

Yo hasta entonces estaba indignada; todo era falso y no podía tener recorrido judicial, era guerra sucia política del PP y sus brazos judiciales. El día que se constituye la Comisión Constitucional del Congreso, al nombrarme secretaria de la comisión, Cospedal dice en voz alta que estoy imputada por prevaricación. Me muero de vergüenza, la mejor representante de la política sin escrúpulos y con negocios me ofende en público. Vivo con esa manipulación política y mediática. Pero empiezo a sentir mucho miedo cuando compruebo que me niegan el acceso y el derecho de defensa tanto en la investigación de la Fiscalía en Las Palmas como en el Tribunal Supremo.

Cuando la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia me da la razón y ordena al fiscal paralizar la investigación y, el mismo día, García-Panasco no la detiene, sino que la manda al CGPJ. Cuando el CGPJ me incoa expedientes disciplinarios siendo diputada. Repito: expedientes disciplinarios judiciales siendo diputada. Cuando el Tribunal Supremo desoye dos informes del fiscal de sala interesando la inadmisión de la querella de Soria, y continúa la causa permitiendo a Soria presentar escritos pese a no haberle pedido ni siquiera la obligatoria fianza, y denegándomelo a mí, “hasta que decidiera si era competente”. Y cuando ordena de oficio pedir como diligencias que Alba remita un informe –cuando ya se han recibido en el CGPJ y publicado al menos dos, que destilaban bilis y mendacidades–, y que se una al procedimiento judicial la declaración manipulada del empresario, cuyo contenido habían pactado en la reunión que el empresario había grabado.

La sentencia declara probado que estos documentos fueron esenciales para que la querella de Soria prosperara, y que se engañó al Tribunal Supremo con esos documentos falsos. Pero fue cinco años después.

Un magistrado amigo me llamó para decirme que, aunque nada fuera cierto, me iban a investigar a mí y a mi familia, a arrastrarme por el fango mediático y a condenarme. Que ya había pasado antes y lo volverían a hacer. Que lo mejor era renunciar a todo. Yo me resistía a creerlo, pero, efectivamente con esas pruebas falsas, se admitió a trámite el 26 de abril la querella falsaria de Soria y me abrieron una causa penal. Decido dimitir y perder el aforamiento el 27 de abril de 2016, y aun así recibo un oficio de la Sala Segunda del Supremo firmado por Marchena a la Junta Electoral de Las Palmas para que informe de “si me presentaré como candidata a las siguientes elecciones”, a celebrar el 26 de junio. Finalmente, cuando se publica la grabación que revela la falsedad de las pruebas, el Tribunal Supremo remite el caso al tribunal competente, el TSJC. Un testigo me cuenta que hubo carreras y gritos en el alto Tribunal.

Aún tengo que soportar meses de investigación en paralelo a la de Alba hasta que se sobresee en diciembre de 2016, y personarme como acusación particular: como el fiscal me niega inicialmente la condición de víctima, se personan dos acciones populares con la correspondiente fianza y gastos: mi pareja y el partido político Podemos.

El resto es historia. El Supremo declaró que García-Panasco violó mis derechos fundamentales en campaña electoral, y el fiscal general del Estado, nombrado por el PP, De la Maza, lo ascendió. No me digan que no es hermoso que estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno: en el mismo Tribunal Constitucional al que han accedido Arnaldo y Espejel por el PP para decidir sobre su actuación.

En la jurisdicción penal, solo Alba ha sido investigado y condenado por su corrupción, siendo evidente que no pudo hacer todo esto solo, y para demostrarlo grabó al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, exviceconsejero de Justicia nombrado por el PP; al entonces presidente del TSJC, Antonio Doreste; a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, que declaró bajo juramento que la información sobre mi pareja no tenía justificación, pero lo permitió y formuló 82 preguntas ayudando a Alba. Otro magistrado fue grabado sugiriendo a Alba que podía desaparecer la grabación original que le incriminaba. Hemos oido a Alba pedir información sobre mí a empresarios, abogados y asesinos condenados. Y todo ello para servir a Soria, a quien la sentencia menciona en diez ocasiones. Para enfangar las elecciones generales, y para sacarme del escaño de diputada.

Mi miedo era racional: todo estaba planeado para que funcionara. Alba hoy sería vocal del CGPJ; Nicolás González-Cuéllar, magistrado del Tribunal Constitucional; Soria iba a suceder a Rajoy hasta que se demostraron sus negocios 'off shore' y sus mentiras dichas con la misma solemnidad con la que anunciaba una querella por unos delitos inexistentes. Los demás siguen en sus puestos togados, creando una desconfianza en el poder judicial que este se queja de que no se merece, pero la ciudadanía tampoco. Un poder que puede cambiar la composición de los otros poderes elegidos democráticamente. Un poder que puede dar mucho miedo. Y a veces, vergüenza.

Tras demostrar la verdad, me han reconocido su error el exdirector de El Mundo David Jiménez y el presidente de la Sala 2ª del TS, Manuel Marchena, engañados por Soria y Alba. A ambos he agradecido su gesto. La sentencia firme dice que los documentos falsos engañaron al Tribunal Supremo y me causaron graves daños y perjuicios. Aún estoy esperando la reacción del PP y de otros cómplices. Y la entrada de Alba en prisión. 

No sé si entendéis el concepto caer por su propio peso: imaginaos una estatua hecha de mierda que se hunde lentamente en el desierto, eso es caer por su propio peso

Roberto Bolaño

El magistrado canario Salvador Alba ha sido condenado a seis años y medio de prisión, 18 de inhabilitación como juez y el pago de una indemnización de 60.000€, por haber cometido prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial. Alba perpetró los peores delitos que puede cometer un juez para conseguir perjudicar a otra juez canaria -Victoria Rosell- que había dejado su juzgado para dedicarse a la política y que había sido elegida diputada por Podemos. Las maniobras judiciales la obligaron a dejar la diputación permanente del Congreso, a no presentarse a nuevas elecciones y a volver a su juzgado para defenderse y dejar de estar aforada ante la sala que preside Marchena. Hizo bien. Ahora el Supremo, sin la presencia de este, ha condenado la maniobra que se emprendió contra ella y enviado a prisión al juez que la instrumentó. Hasta aquí la crónica breve de un lawfare de manual que ha tenido un final adecuado pero que abre muchos interrogantes sobre las personas que participaron en esta ordalía.

Salvador Alba delinquió para perjudicar a Vicky Rosell. Alba, que estaba en la Audiencia de Las Palmas, forzó que le enviaran al juzgado de Rosell para meter las narices en lo que ella había hecho e intentar echarle mierda encima. ¿Lo hizo solo o buscando su interés a través del interés de otros? Ahora se come el marrón mientras que los demás actores necesarios de esta asquerosa farsa se van de rositas. La condena del juez Alba, la constatación de que sus maniobras fueron tan burdas y tan deleznables que han fraguado en una condena de prisión del Supremo, solo dejan claro que la conspiración tramada contra Rosell era cierta y apunta con un dedo justiciero a todos los que aparecen en ella. Una de las pegas de este caso es la maraña procesal que se tejió en torno a él. Mil veces he asistido a intentos de explicar qué es lo que sucedió en las que el lector se pierde en la maraña jurídica y abandona. No quiero que les pase eso. Aquí tenemos al entonces todopoderoso ministro del PP José Manuel Soria, antes vicepresidente de Canarias, y a sus hidras de la abogacía -el ex-fiscal general de Estado, Eligio Hernández y Nicolás González-Cuellar- y al magistrado más poderoso de España, Manuel Marchena, íntimo amigo de todos ellos. Se lo expliqué ya en 2016 cuando escribí 'El clan de la toga', pero solo ahora a la luz de la condena de Alba cabe hacernos algunas reflexiones que ya nadie puede tachar de especulaciones. 

Esta conspiración contra Rosell siempre se ha basado en los vasos comunicantes entre los enredos de Alba en el juzgado que le heredó y la utilización procesal de los mismos que han hecho los abogados del ex ministro Soria en la sala de Manuel Marchena. Es singularmente importante que Eligio Hernández, abogado de este y mentor de Marchena, presentara una querella contra Rosell como acusación popular, que no como interesado. El Tribunal Superior de Canarias ya le había dicho que era una locura y la Fiscalía del Supremo informó que tal cosa no se podía admitir pero se admitió porque Marchena pidió directamente un informe al delincuente Alba, un informe fuera de todo uso procesal, que le permitió imputar en plena campaña electoral a Victoria Rosell. 

No era la primera querella con la que el ex ministro Soria intentaba cargarse a Rosell, hubo otra anterior en Plaza de Castilla que no fue admitida y en la que le representaba el abogado canario y gran amigo de Marchena, Nicolás González-Cuellar. Ambos, Marchena y Cuellar, escribieron juntos un libro que presentaron por toda España. Soria le tenía ganas a Rosell, no solo por podemita, sino porque su pareja, a la que también implicaron en el embrollo, es uno de los periodistas que más persiguió la corrupción de Soria cuando era presidente de los populares de las islas. 

Sin complicarles más, porque el tema es adrede un embrollo, lo que queda claro es que Salvador Alba acaba de ser condenado por su participación en una conspiración política, puro lawfare, contra Victoria Rosell y que él esperaba ser recompensado al parecer con venirse a Madrid, bien al CGPJ bien a la Audiencia Nacional, lo que en su día contó a todo aquel que quiso escucharle. No solo se quedó sin recompensa sino que se comió el marrón. Así pagan algunos. Que sirva de ejemplo para los que pretenden medrar haciendo favores de esta calaña a los políticos de turno.

De esta condena, más allá de la reparación del daño hecho a Rosell, salta a la vista la ausencia de todos los coadyuvantes para que la situación llegara donde llegó y, sobre todo, las expectativas de futuro de muchos de ellos que siguen estando apoyados por el Partido Popular. 

Tenemos a Nicolás González-Cuellar, abogado de Soria en su momento y del magistrado corrupto Salvador Alba en este asunto de la condena. Este caballero era ni más ni menos que el segundo candidato del Partido Popular para el Tribunal Constitucional junto con Enrique Arnaldo. Fuentes conocedoras de la negociación han dejado claro que esta era la primera opción de Casado y que solo la insistencia del PSOE en hacer un nombramiento paritario logró que los populares cambiaran a González-Cuellar por Concepción Espejel. Eso no significa que la amenaza haya desaparecido. Estoy convencida de que el PP intentará colarlo de nuevo y por eso es necesario mostrar su presencia permanente en todas estas maniobras oscuras. 

La otra cuestión, no menos relevante, es la posición adoptada en su día por el presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, el todopoderoso Manuel Marchena. Marchena se empeñó y convenció a sus compañeros de sección para admitir a trámite una querella a la que nadie veía recorrido jurídico -ni los jueces de Canarias ni la Fiscalía del Supremo- y que él apuntaló en la extraña petición de esos informes viciados de un juez que es un corrupto y que conspiraba para derribar a Rosell. “La gravedad de las imputaciones formuladas contra la señora Rosell, por más que, hasta ahora, sólo tengan un sostén puramente hipotético o conjetural (…) imponen de forma obligada requerir los documentos a los que se alude en las informaciones a las que se hace referencia en la querella”, sostenía el auto del que fue ponente Marchena. Es más, la imputación que Marchena realizó a Rosell descansaba exclusivamente en la documentación enviada por el corrupto Alba sobre la declaración del empresario canario y presidente del CF Las Palmas, que comprometía a Rosell y a su pareja. Esta declaración fue preparada de forma ilegal entre Ramírez y el juez Alba en el despacho de este y por la grabación de esa porquería, de esa corrupción infecta, ha sido condenado. No había árbol con un fruto más envenenado.

Alba se ha caído con todo el equipo pero su mierda no hubiera hecho daño sin la actuación de otras personas. En primer lugar, el ex ministro Soria y, como queda dicho, los abogados Eligio Hernández y González-Cuellar, pero también los periodistas que sirvieron de máquina del fango para que estos pudieran vender que las maquinaciones que cocía Alba las conocían por la prensa y poderlas incorporar a documentos judiciales. También tendría que dar explicaciones el entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, sin el que Salvador Alba no hubiera podido ir a meter las narices en el juzgado de Victoria Rosell y el que era fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco que fue el primero en poner en marcha unas diligencias previas de investigación a partir de un anónimo. Esa primera cacería contra la “juez podemita” fue tan irregular que la anuló el propio TSJ canario pero dejó claras las intenciones contra ella. 

De todo esto fue capaz el sistema judicial contra una de sus miembros, Victoria Rosell, porque esta se desmarcó y se fue a hacer política donde no debía. Si esos seis años de calvario se le pueden infligir a una del gremio ¿qué no serán capaces de hacer con un simple ciudadano? La Justicia que se le ha hecho a Rosell ha sido tardía y le ha arrebatado cosas que nadie le devolverá, incluyendo esa parte de su prestigio que no van a restituirle los medios que la arrastraron en cada paso procesal y que ni se han dignado en reflejar que la sentencia del Supremo contra Alba la deja limpia de polvo y paja y fija en papel timbrado la corrupción que se empleó contra ella. 

He abreviado porque me temo que la gran parte de las gentes se pierden en la selva procesal tejida corruptamente en torno a esta cuestión. Lo he masticado pero casi vomito el resultado porque es difícil creer, constatar, asumir que tanta mierda surge de personas que han jurado estar en el lado correcto de la ley. 

Da asco. Da miedo.

Rosell se ha salvado, sí, pero por los pelos.    

Es miércoles, 16 de marzo. Año 2016. Son las dos de la tarde y dos hombres han quedado para conocerse y charlar. La cita tiene lugar en un despacho de los juzgados de Las Palmas, en Canarias. “Yo me quedo fuera”, dice un tercer hombre. Cierran la puerta y se saludan. De un lado de la mesa del despacho, el juez Salvador Alba; del otro, el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en una causa que investiga ese magistrado. El que se ha quedado fuera es su abogado, que prefiere no saber nada de lo que se va a hablar entre esas cuatro paredes.

Esa conversación, que dura una hora y 17 minutos, es el hito fundamental de una persecución judicial y política contra una diputada electa de Podemos. El encuentro cristaliza una serie de voluntades con el objetivo común de tumbar a Victoria Rosell, que ha dejado de lado su labor como jueza para dar el salto a la política; la conversación supone también el punto de inflexión de la conspiración. Es el intento de ponerla en marcha, pero será fundamental para destaparla: el empresario ha decidido entrar al despacho con un dispositivo de grabación en el que recogerá toda la charla.

El Tribunal Supremo confirmó en noviembre del año pasado que aquel encuentro tenía como objetivo tumbar a la diputada del Congreso Victoria Rosell. El medio utilizado iba a ser la causa que la jueza había investigado contra el empresario, y que ahora estaba en manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar a Ramírez, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, guerra jurídica, de libro, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a más de seis años de cárcel. Ahora la Justicia, después de muchas paralizaciones, ha ordenado su entrada en prisión.

Pero la historia no tiene solo a estos tres protagonistas. Hay uno más cuyo nombre aparece en cada capítulo de esa persecución, que ha acabado después de seis años. Es el entonces ministro José Manuel Soria. Su sombra planea durante todo el caso, aunque ha quedado fuera de cualquier investigación judicial. Lo que sigue es la historia en cinco actos de una conspiración a medio camino entre la política y los tribunales que logró que Rosell tuviera que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando Alba fue condenado por primera vez.

Capítulo 1: el salto a la política

El inicio de este relato comienza con el punto de partida de ambos protagonistas. Alba había tratado en varias ocasiones de ascender en la judicatura, con poco éxito hasta entonces. Rosell estaba decidida a dar un giro a su carrera y ficha por Podemos, que por entonces trata de levantar una estructura como partido para concurrir a las elecciones generales previstas para diciembre de 2015 tras su irrupción espectacular en las europeas de un año antes.

24 de julio de 2014. Salvador Alba intenta, sin éxito, convertirse en el nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. No obtuvo ni un solo voto. Para entonces ya había intentado entrar dos veces en el Consejo General del Poder Judicial: su nombre sonó para ingresar en 2008 y encabezó la lista de candidatos en 2013 con los avales de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayoritaria de la carrera y de tendencia conservadora. En ese momento, Alba presidía la APM en Canarias y no obtuvo ni un solo voto en el Senado.

23 de octubre de 2015. Victoria Rosell ficha por Podemos. El partido anuncia que la que fuera portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia iba a encabezar la lista por Las Palmas para las elecciones del 20 de diciembre. Es uno de los grandes fichajes de la formación, que va creciendo a trompicones: Rosell es magistrada, aporta un plus de profesionalidad a una formación fundada por politólogos sin experiencia en la gestión política. Es uno de sus perfiles más relevantes, y los medios la apodarán inmediatamente “la jueza de Podemos”. En las elecciones, Podemos logra la segunda plaza en esa circunscripción con 136.278 votos, a menos de 10.000 papeletas del PP.

3 de noviembre de 2015: Salvador Alba toma posesión en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria para relevar a Victoria Rosell, que se encontraba en situación de excedencia voluntaria tras su salto a la política. En este juzgado, Alba asume la instrucción de la causa que atribuía al empresario Miguel Ángel Ramírez delitos contra la Hacienda Pública como administrador de la empresa Seguridad Integral Canaria (SIC), y que hasta entonces había investigado Rosell.

El mismo día de su toma de posesión, Alba acuerda la declaración como imputados el 30 de noviembre de Miguel Ángel Ramírez (que ya había declarado anteriormente) y de Héctor de Armas (administrador de SIC).

Es ya desde ese momento cuando Alba comienza a desviar el objeto de la causa: de investigar al entonces presidente de la UD Las Palmas a indagar en el trabajo previo de Rosell, buscando grietas en su instrucción.

Con este fin, Alba pidió a De Armas los libros de contabilidad de cuatro ejercicios, los que van de 2011 a 2014, las operaciones bancarias y los contratos publicitarios de SIC. El abogado de De Armas, Sergio Armario, se mostró sorprendido ante las peticiones de Alba, que no tenían ningún tipo de relación con el objetivo de las diligencias. Entonces, el juez le expresó su interés en “incorporar a la causa documentación de contratos que pudieran vincular a Carlos Sosa, director de Canarias Ahora [medio asociado a elDiario.es] y pareja de Victoria Rosell, con Ramírez”.

El abogado entiende en ese momento las motivaciones del juez y se pone manos a la obra para propiciar un encuentro entre Ramírez y Alba.

23 de noviembre de 2015. La Fiscalía Provincial abre una “investigación preprocesal” contra la magistrada Victoria Rosell a partir del contrato firmado entre la UD Las Palmas y Clan de Medios, la empresa de Carlos Sosa, que alguien hizo llegar “de manera anónima” al Ministerio Público. La investigación incorpora un informe del juez Alba sobre la instrucción de Rosell.

El contrato que motiva esa apertura de investigación tiene una particularidad: tiene una fecha equivocada y solo existía una copia, que obraba en manos del ministro José Manuel Soria.

El 3 de diciembre, varios medios publican los detalles de la investigación de la Fiscalía. Un día después, Soria se querella contra Rosell por injurias y calumnias. La entonces candidata de Podemos había afirmado que el ministro utilizaba los medios del Estado para atacar a adversarios políticos. Poco tiempo después, el TSJC ordena suspender la investigación de la Fiscalía contra Rosell tras un recurso de la jueza al considerar que podía estar atentándose contra su derecho a presentarse a unas elecciones. La Fiscalía intentó sin éxito acudir al Consejo General del Poder Judicial contra Rosell.

Capítulo 2: La conspiración

La vía judicial contra Rosell no ha prosperado. La querella de Soria contra la candidata de Podemos, que es ya cargo electo en el Congreso de los Diputados, aún no ha sido admitida a trámite. El intento de investigarla por parte de la Fiscalía de Canarias ha quedado en nada.

Es entonces cuando empieza a gestarse la conspiración contra Rosell usando la causa que ella instruía como jueza.

15 de febrero de 2016. Al fracasar la iniciativa de la Fiscalía, el ex ministro Soria transforma su querella por injurias y calumnias contra Rosell en otra a la que sumó los delitos de retraso malicioso, cohecho y prevaricación. En su texto se recogen pasajes íntegros del informe que Alba evacuó en diciembre por encargo de la Fiscalía de Las Palmas.

16 de marzo de 2016. Salvador Alba y Miguel Ángel Ramírez se reúnen en solitario en el despacho del magistrado, sin presencia del abogado del empresario. El encuentro no trasciende hasta meses más tarde. Ramírez graba la conversación porque, dijo tiempo después, le sorprendió y descolocó que el juez le citara en su despacho.

En este encuentro ambos conversaron sobre el interés de Alba en poder acreditar “la quiebra del deber de imparcialidad” de Victoria Rosell como instructora de las diligencias relacionadas con Ramírez, utilizando para ello la posible existencia de relaciones comerciales entre Carlos Sosa y el empresario.

El administrador de SIC se comprometió entonces a entregar a Alba los contratos comerciales existentes entre él y el periodista, aunque no eran objeto de la causa, que versaba sobre el impago de impuestos. A cambio, el juez le ofreció a Ramírez una declaración de nulidad de actuaciones que impidiera acciones de la Agencia Tributaria en su contra.

Durante la conversación, el juez Alba da instrucciones precisas al empresario imputado sobre qué debe decir en su próxima declaración para sostener las acusaciones contra Rosell y tratar de eliminar el rastro de sospecha sobre que ambos estaban poniéndose de acuerdo.

La sombra de José Manuel Soria siempre estuvo ahí. Los hechos probados de la sentencia de la Sala Penal del TSJC establecen que la conspiración de Alba pretendía aumentar las posibilidades de que fuera admitida a trámite la querella interpuesta ante el Supremo por el exministro contra Rosell, como así ocurrió.

23 de marzo de 2016: juez e imputado vuelven a verse las caras pero ahora sí en el interior del juzgado con luz, taquígrafos y abogados como testigos. Ramírez sigue el guión pactado con Alba en el encuentro anterior. Durante el interrogatorio de una hora dirigido por el juez, se introducen ya preguntas sobre posibles relaciones comerciales de la empresa Clan de Medios de Comunicación, vinculada a Carlos Sosa, con la empresa Ralons Servicios y Sistemas de Gestión 3000. Incluso el empresario se ofrece a presentar documentación sobre estos vínculos económicos.

28 de marzo de 2016: Soria utiliza varias noticias publicadas en prensa sobre la declaración para su querella ante el Supremo, y la amplía con esas piezas informativas. A pesar de que el contenido de la declaración ya se había publicado en el diario El Mundo, el Juzgado número 8 denegó la solicitud de Rosell de obtener una copia de las palabras del empresario. Unos días después otro diario publica la declaración del empresario.

Capítulo 3: El terremoto político

El 25 de abril de 2016 el Supremo admite a trámite la querella de Soria contra Rosell por hechos delictivos relativos a su actuación jurisdiccional en la causa de Ramírez. La Fiscalía había dicho en marzo que no veía indicios de delito en la actuación de Rosell y se opuso a investigarla.

En el auto de admisión a trámite el Supremo asegura que la investigación deberá dilucidar si las decisiones que adoptó la jueza en una investigación que implicaba al por entonces socio de su pareja “no eran sino el vehículo par la consecución del objetivo de la señora Rosell, que según el querellante, buscaba enriquecer a su pareja”. Rosell ya está formalmente investigada por el Supremo a los pocos meses de las elecciones, el escándalo político se desencadena inmediatamente con gran repercusión en los medios.

27 de abril de 2016: Rosell abandona de Diputación Permanente, el órgano de guardia en el Congreso cuando se disuelven las Cortes, al admitirse a trámite la querella interpuesta por Soria en el Supremo. Con la convocatoria de nuevas elecciones ya fijada, supone la pérdida del escaño inminente cuando se disuelva la cámara baja. El impacto político de la admisión de la querella es doble. Rosell deja la Diputación Permanente y poco después se confirma que no repetirá en las listas de Podemos para las elecciones del 26 de junio, convocadas de manera automática ante la falta de acuerdo para formar Gobierno.

Capítulo 4: la grabación

El objetivo de tumbar a Rosell ya se ha conseguido. El recorrido final de la querella en el Supremo pierde relevancia; la exjueza ha tenido que dejar el cargo electo que consiguió y ha visto truncada su carrera política a los pocos meses de entrar en Podemos. A partir de entonces las bases de la conspiración comienzan a tambalearse.

3 de mayo de 2016. El juzgado número 8 de Las Palmas deja de estar en manos de Salvador Alba. El Boletín Oficial del Estado publica en abril la adjudicación de la plaza a la magistrada Carla Vallejo, actualmente viceconsejera de Justicia del ejecutivo canario. Salvador Alba abandona el juzgado el 3 de mayo de ese año. 

11 de mayo de 2016. Miguel Ángel Ramírez entrega al Juzgado de Instrucción número 8, ya con magistrada Carla Vallejo al frente, el audio con la conversación que había mantenido con Salvador Alba en el despacho del juez. Ese mismo día se publican en elDiario.es. Además de acordar la declaración con el empresario, Alba dedica algunos improperios a Rosell, relata su jugada judicial y dice que el fiscal “se tendrá que joder”.

Una vez fuera del Congreso y de la política, Victoria Rosell solicita su reingreso en la carrera judicial. Un día después la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda su reingreso.

12 de mayo de 2016. El juez Alba se defiende y dice que “en ningún momento se ha efectuado imputación alguna de actividades irregulares a Victoria Rosell”, y niega que conspirase con Ramírez. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), a la que pertenece, defiende a Alba y dice que “no hay ningún problema en recibir, como acto de transparencia, a quien se lo solicita. Lo hacen todos los jueces”. Seis días después, la Fiscalía dice que hay delito en la actuación de Alba.

19 de mayo de 2016. La jueza Vallejo también ve delito y eleva una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abre diligencias penales contra el juez Alba. Al mismo tiempo, el Consejo General del Poder Judicial le abre un expediente que se salda con una propuesta de expulsión que se hará efectiva ahora que la sentencia condenatoria es firme. El 26 de mayo, el TSJC abre diligencias contra el juez. Para defenderse, Alba ficha al abogado del exministro Soria.

4 de octubre de 2016. La Guardia Civil localiza la grabación completa entre el empresario y el juez. Es de más de una hora, pero el empresario solo entregó al juzgado unos 32 minutos. En esa parte de la conversación, ambos aluden al ministro Soria.

Ramírez: ¿Tú crees que a José Manuel le va bien esto para la querella que tiene?

Alba: A ver, la querella que tiene yo creo que prospera sí o sí, como está, pero desde luego esto...

Ramírez: Sí, ya está, admitirla a trámite.

Alba: Sí, por supuesto, pero esto, ya…

2 de diciembre de 2016. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que había asumido la querella de Soria cuando Rosell dejó de ser aforada en el Supremo, la archiva. La jueza no cometió delito alguno, ni de injurias ni durante la instrucción del caso.

Capítulo 5: la caída del juez

El juez Alba no desiste y empieza a intercambiar correos con un exconvicto, que se autoproclama antiguo agente del CESID. Su interlocutor, apodado “La Araña”, le ofrece en marzo de 2017 un “dossier explosivo” para hundir a Victoria Rosell. El juez mostró su interés pero cortó las conversaciones cuando “Araña” le pidió 1.000 euros a cambio, lo que provocó una denuncia por parte del magistrado. Alba ocultó a la Fiscalía los correos que más le comprometían. 

29 de septiembre de 2017. El papel de Alba como uno de los integrantes del tribunal que juzga el ‘caso Faycán’ empieza a ser cuestionado por el escándalo relacionado con Victoria Rosell. Un empresario le recusa por “enemistad” del magistrado con su abogado, relacionado a su vez con Miguel Ángel Ramírez. Alba forma parte del tribunal pero se queda en minoría y no puede evitar que el Partido Popular sea condenado por reformar su sede de Telde con dinero público en 2003.

8 de mayo de 2018. Se cierra la instrucción dirigida por la magistrada del TSJC Margarita Varona, y se decreta la apertura de juicio oral, lo que activó la suspensión del juez Alba, que desde septiembre de ese año no ejerce en la judicatura, aunque sigue cobrando del Ministerio de Justicia un salario sin complementos de acuerdo con el reglamento que rige para jueces y magistrados. El Ministerio Fiscal pide para Alba una condena de 10 años de prisión y 29 de inhabilitación, mientras la acusación particular (Victoria Rosell) y las acusaciones populares (Podemos y Carlos Sosa) elevaban la petición de cárcel hasta los 14 años.

19 de julio de 2018. El Consejo General del Poder Judicial decide suspender de manera cautelar a Salvador Alba después de la apertura de juicio oral contra él. La Comisión Permanente le reprocha incluso que busque acreditar su incapacidad laboral cuando ha estado de viaje en las islas Maldivas.

21 de marzo de 2019. La jueza Rosell anuncia que regresa a la política y que se presentará a las elecciones generales de abril con Unidas Podemos. Encabeza la lista del partido por Las Palmas y obtiene un escaño en unos comicios en los que el partido fue el segundo más votado en la provincia. Conservó su acta en la repetición electoral de noviembre. 

1 de julio de 2019. Comienza el juicio contra Salvador Alba en el Tribunal Superior de Canarias. El empresario Miguel Ángel Ramírez reconoce la reunión con el magistrado y llega a comparar su manera de proceder con la de “la mafia”. Previamente, Alba se había declarado víctima de un “chantaje”. 

02 de julio de 2019. Victoria Rosell afirma en el juicio que Salvador Alba “es como nuestro Villarejo”. 

12 de julio de 2019. El juicio contra Salvador Alba queda visto para sentencia. El todavía magistrado niega haber querido perjudicar a Victoria Rosell y afirma: “Yo nunca he asesorado al señor Soria”. El fiscal Vicente Garrido hace un duro alegato en el que asegura que Alba “usó su poder como juez para satisfacer un interés personal: desprestigiar a Rosell”. 

10 de septiembre de 2019. Tres años después de que se iniciara la conspiración, el TSJC dicta una sentencia que evidencia cómo cada uno de los pasos dados por Salvador Alba componen una maquinación dirigida a acabar con la carrera política de Victoria Rosell que le costará 18 años de inhabilitación y seis años y medio de cárcel. 

3 de noviembre de 2019. En una entrevista en el digital ConfiLegal, donde ha escrito varios artículos, Alba asegura que el juicio contra él “fue, como poco, irregular” y plantea una batería de argumentos que acaban de ser rechazados por el Tribunal Supremo. 

20 de mayo de 2020. El caso empieza a tramitarse ante el Tribunal Supremo y la Fiscalía pide en su escrito que los jueces confirmen su condena. La representante del Ministerio Público defiende, entre otras cosas, que la grabación realizada por el empresario Ramírez es válida y sirve para cimentar su condena junto con el resto de pruebas. Rosell y la acusación popular de Podemos pide aumentar su condena a 10 años de prisión. El juez Pablo Llarena se aparta del caso por su relación profesional pasada con el acusado. 

11 de noviembre de 2021. La sala de lo penal del Supremo celebra una vista pública para estudiar la condena de Salvador Alba. La fiscal Iliana Navia-Osorio pide la confirmación de su condena y es contundente al hablar sobre la grabación de sus conversaciones con el empresario Miguel Ángel Ramírez durante la conspiración contra Rosell: “El contenido de la grabación sonroja”.

25 de noviembre de 2021. Seis años y tres semanas después de sus primeras maniobras conspiratorias, Salvador Alba es condenado en firme. El Tribunal Supremo confirma su condena de más de seis años de prisión, lo que implica que tendrá que cumplir condena entre rejas y que será expulsado de la judicatura. Victoria Rosell recibe la noticia en su despacho donde sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

Capítulo 6: el largo camino hasta la cárcel

La sentencia que condena a Salvador Alba es firme y la cantidad de años de cárcel impuesta hace muy poco probable que pueda evitar la prisión, pero el juez consigue dilatar casi un año su entrada en el presidio para cumplir condena. Mientras tanto, además, el Consejo General del Poder Judicial rechaza una y otra vez sus recursos para evitar perder la toga de forma definitiva.

15 de febrero de 2022. Salvador Alba alega que padece una patología que le impide cumplir condena en las islas por falta de un módulo específico de seguridad y por su supuesta incapacidad para viajar en avión. El plazo para su entrada en prisión queda en suspenso.

3 de marzo de 2022. El Consejo General del Poder Judicial expulsa a Salvador Alba de la judicatura después de la declaración de firmeza de su condena. El ya exmagistrado intentó varias veces, sin éxito, que el órgano de gobierno de los jueces reconsiderara la decisión pero sus recursos y alegaciones fueron rechazados en abril y en junio de este año.

5 de abril de 2022. El primer intento contundente de Salvador Alba de evitar la cárcel termina en fracaso. El Tribunal Superior de Canarias rechaza su petición de suspender la ejecución de su condena mientras se tramita la petición de indulto que había presentado su entorno apenas tres semanas antes. Previamente también había solicitado al Tribunal Constitucional la suspensión de su ingreso en la cárcel.

2 de junio de 2022. Salvador Alba ha dedicado varios meses a intentar evitar su entrada en la cárcel alegando problemas de salud. En junio de 2022 llegó el último informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife, homologando lo que antes habían dicho sus compañeros de Las Palmas: las patologías que padece el exmagistrado pueden tratarse en la prisión. Alba llegó incluso a recusar a las forenses que firmaron estos informes desfavorables para sus intereses.

13 de octubre de 2022. La Justicia da un plazo de 24 horas al exjuez corrupto Salvador Alba para entrar en una cárcel de su elección. El plazo para su entrada voluntaria en la cárcel llevaba suspendido desde febrero y su condena firme fue dictada hace ahora 11 meses.

En prime time, en primera página y a cuatro columnas, sin cortarse un pelo, como debe ser para alcanzar a la máxima audiencia y asegurar que se entera todo el mundo. Así ha dejado su aviso judicial el Partido Popular utilizando como cabeza de turco al honorable juez José Ricardo De Prada. El mensaje no puede ser más claro: si fallas contra el PP, se acabó tu carrera judicial y quedarás marcado para toda la vida. Así se combate la corrupción en Génova. En Moncloa dicen que están muy contentos porque ha quedado claro que es el PP quien no quiere llegar a acuerdos de Estado. Seguro; eso siempre ha sido algo que ha importado mucho a los votantes populares y por lo que le han infligido al partido castigos legendarios.

Olviden a la pobre Victoria Rossel, de nuevo en el sitio equivocado en el peor momento. Olviden también la terrible acusación de “ser próximo a Podemos” que con tanta naturalidad repiten unos y otros, como si confeccionar listas negras constituyera otra característica común de las democracias plenas. Tómense a risa lo de acabar con las “puertas giratorias” de la Justicia porque, hace apenas unos meses, esos nombres valían y fueron presentados con la bendición del PP cuando el acuerdo “interruptus” que situaba a Manuel Marchena al frente del CGPJ. Solo son daños colaterales, coartadas y justificaciones para no decir en voz alta lo que todos están pensando. Lo que queda es lo que es y lo que parece.

Los problemas del juez De Prada empezaron cuando actuó como ponente en la sentencia que condenó al PP como beneficiario de la corrupción y confirmó la existencia de su caja B. Cuatro años como juez de instrucción en Bilbao en los duros ochenta, casi treinta años intachables como magistrado en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional o tres como juez internacional en la sala de crímenes de guerra de Bosnia y Herzegovina valen nada a juicio de Pablo Casado, “licenciado centella” en Derecho y estrella emergente en el sector inmobiliario. Cuarenta años de impecable servicio a la Justicia se van con el viento ante la imperdonable imputación de ser un “radical”. Que la derecha pretenda vendernos semejante patraña autoritaria es lo de siempre. Que una parte de la izquierda se lo compre, resulta patético. Fallar contra el PP, ese ha sido su verdadero crimen y por el que se le hace pagar.

El aviso llega justo a tiempo. Mientras nuestro querido Luis Bárcenas va de banquillo en banquillo cantando lo que le conviene, vuelven a caer como bombas de racimo los juicios por casos de corrupción popular y se avecinan sentencias. Los magistrados que las van a dictar ya saben a qué se exponen y qué futuro les conviene si quieren evitarse problemas… o no, que diría Mariano Rajoy. Luego no digan que no estaban avisados.