Me van a permitir que hoy hable de mí. Y que empiece agradeciendo a tantísimas personas que me han transmitido su solidaridad y su ánimo ante el absurdo judicial que estoy viviendo desde hace casi cuatro años, desde que el exjuez delincuente Salvador Alba Mesa y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia (secretaria judicial) Teresa Lorenzo Establier me interpusieran una querella sencillamente por contar con todo el detalle del que hemos sido capaces en Canarias Ahora el que puede considerarse primer caso de lawfare con condena en España.

La reciente decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de desbaratar parte de la disparatada instrucción judicial alivia bastante pero no disipa mi indignación por tener que responder como acusado sencillamente por haber informado de unos hechos gravísimos. No hay fecha aún para sentarme en el banquillo en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid para responder por los delitos de revelación de secretos y acoso, una vez descartado el de odio y la agravante de enriquecimiento ilícito que figuran en el escrito de acusación por los que tuve que depositar una fianza de 422.000 euros.

Alba no inició con esta querella su cacería contra mí. Desde el momento en el que su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en noviembre 2021, empezó su cruzada para tratar de descalificar lo que publicamos sobre sus andanzas para ir amoldando de ese modo la historia real a su alocada tesis de que la víctima de lo que ocurrió fue él y no la magistrada Victoria Rosell, a la que persiguió para tratar de agradar a quien le había prometido todo su apoyo para hacerlo vocal del Consejo General del Poder Judicial: José Manuel Soria, por entonces ministro en el gobierno de Mariano Rajoy.

No disimuló nunca en absoluto su convicción de que si todo se hubiera hecho sigilosamente, sin que se enterara la opinión pública, no habría habido escándalo porque sus excesos se podían haber reconducido o directamente tapado. No contaba con la existencia de una grabación que lo delataba, y mucho menos con que pudiera haberse entregado a un periodista (yo) para que fuera publicada en un periódico de circulación nacional (eldiario.es) y estallara uno de los mayores escándalos judiciales de este país.

Tampoco contaba con que a su comportamiento se le hiciera un seguimiento periodístico estricto y riguroso: cómo se escondía de las notificaciones del Consejo General del Poder Judicial, cómo se fue de vacaciones a las Maldivas habiendo presentado un sospechoso parte de baja médica y dejando a medias la sentencia del mayor caso de corrupción del PP canario, cómo alegó una enfermedad que le impedía volar el día antes de tener que ingresar en prisión, quiénes eran los médicos que se prestaban a esas trapisondas, su presencia con posado incluido en un mitin de Ortega Smith, o en una cena privada con Santiago Abascal; o cómo trató de extender su mierda grabando a otros compañeros de profesión para aparentar que él no era peor que ninguno…

Los periodistas, imprescindibles

Como lawfare de alta calidad que se precie, no faltaron en este los medios de comunicación que respaldaron a Alba, incluso algunos hasta el final, cuando ya se habían confirmado los delitos. El diario El Mundo, el más destacado, se tragó todas las resoluciones de Alba sin el más mínimo contraste hasta que apareció la grabación, y Confilegal llegó tan lejos que su director, Carlos Bellver, llegó a ejercer de jefe de prensa del exjuez delincuente redactando incluso una nota de prensa que este distribuyó. Bellver ha asumido hasta el final las tesis de Alba, escribiéndole incluso el prólogo del libro que escribió ya condenado.

Para que no quede duda del cariño que Alba me profesa, en ese libro me describe así: “Es un aficionado al periodismo que publica una especie de web que se llama canariasahora.com, en la que se dedica a poner a parir a todas aquellas personas, políticos, empresarios, jueces, que por alguna razón tienen la osadía de contrariar sus ideas o sus acciones. Un tipo de mediana estatura, algo rechoncho y con aspecto de seminarista. Es un auténtico sicario del periodismo. Solo utiliza su medio de comunicación para extorsionar, chantajear o hundir mediáticamente a cualquiera que se le ocurra”.

Así aparezco descrito en las primeras páginas de la presunta novela Injuria, el libro que escribió cuando ya estaba siendo buscado por las fuerzas del orden para que ingresara en prisión a cumplir la condena de seis años y medio que se le impuso por delitos tan graves como la prevaricación, el cohecho y la falsedad en documento judicial. La editorial que se hizo cargo de esa obra, Cajón de sastre, incluyó en su sinopsis la tesis que Alba defendió desde que se descubrió la conspiración que lideró contra la magistrada Victoria Rosell: “Es una historia real. Lo que el lector tiene en sus manos es un relato de lo ocurrido y de lo que jamás debe volver a ocurrir. Una historia de injusticia, de envidias y odios. Una historia de venganza desproporcionada envuelta en un halo de hipocresía. Intrigas judiciales, manipulación de tribunales y jueces”.

Es exactamente su tesis victimista, el relato contrario al lawfare que él protagonizó. Pero la perseguida ya no es Victoria Rosell, la candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en las elecciones de diciembre de 2015, que competía con José Manuel Soria, que acabó ganando por 9.000 votos. Ahora el perseguido soy yo porque aquella conspiración la perdió porque la pudimos contar y porque no quiere que se siga hablando de él, que contemos que intentó colegiarse como abogado en el colegio de Las Palmas para ejercer como si nada hubiera pasado y transitar los mismos pasillos y las mismas salas de vistas que la que fuera entonces su víctima.

No quiere que existan periódicos ni periodistas que se atrevan a contar que una parte de la justicia está corrompida y que algunos de sus colegas no han aprendido la lección porque alguno de ellos podría tener que ayudarle en el futuro como algunos de ellos le trataron de ayudar en el pasado.

Es muy jodido sentirse perseguido injustamente por la justicia. Porque es la justicia la que le ha hecho caso a este delincuente y la que me sienta en el banquillo después de una instrucción que no resistiría el más elemental examen de primero de Derecho Procesal. La misma justicia que ha condenado por el mismo delito de revelación de secretos por el que voy a juicio nada menos que al fiscal general del Estado, la que no piensa levantar el pie del acelerador hasta que gobiernen los suyos.

No nos vamos a callar, no me voy a callar. No tengan duda. Ni vamos a plegarnos para conseguir una sentencia favorable porque estamos convencidos de que tenemos la razón y que nos la tienen que dar.

Seguiremos informando del Salvador Alba Mesa y de Teresa Lorenzo Establier cada vez que consideremos que sus actos son noticiables y de interés para la comunidad. Caiga quien caiga.

La Audiencia Provincial de Madrid ha rebajado drásticamente las pretensiones del exjuez corrupto Salvador Alba Mesa de meter 22 años en la cárcel al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. En un auto dado a conocer este lunes, la Sección Cuarta ha decidido retirar uno de los delitos imputados al periodista, el de odio, así como la agravante de “ánimo de lucro”, y devolver la causa a un juzgado de lo Penal para que fije fecha y celebre juicio oral.

Carlos Sosa fue procesado por un juzgado de Madrid por la publicación en Canarias Ahora de las noticias referidas a la conspiración que desplegó el exjuez corrupto contra la magistrada Victoria Rosell cuando fue candidata de Podemos al Congreso de los Diputados en 2015 en la misma circunscripción electoral, Las Palmas, que José Manuel Soria, del Partido Popular. Alba fue condenado a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación por prevaricación, cohecho y falsedad en documento oficial. Actualmente, se encuentra cumpliendo la condena en régimen de tercer grado ejerciendo como asesor legal en el despacho de su abogado, Jorge Rodríguez, exdirigente del PP canario.

Salvador Alba y su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, interpusieron en 2022 una querella en Madrid contra Carlos Sosa, Victoria Rosell, Ignacio Escolar, director de elDiario.es, y varios periodistas de Canarias Ahora por los delitos de revelación de secretos, odio y acoso, con la agravante de “ánimo de lucro”, por entender que el periódico se había enriquecido con la publicación de aquellas noticias. La jueza titular de Instrucción 27, María de los Ángelez Vázquez Martín, decidió imputar sólo a Carlos Sosa y, a pesar de la continua petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, procesarlo y enviarlo a juicio asumiendo las pretensiones de la acusación.

La causa recayó en el Juzgado de lo Penal 11 de Madrid, cuyo titular argumentó que la acusación particular imputaba un subtipo agravado de revelación de secretos que contempla penas en abstracto de hasta siete años y medio de prisión, lo que superaría su límite competencial de cinco años. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial asumió inicialmente esa postura en noviembre de 2025 y repartió la causa, que recayó en la Sección Cuarta, que ahora ha revisado a fondo los presupuestos fácticos y ha decidido rechazarla y devolverla al juzgado de origen.

Ni ánimo de lucro ni odio

En el auto de la Sección Cuarta, de la que ha sido ponente la magistrada Elena Perales Guilló, se sostiene como tesis principal que el objeto del procedimiento debe quedar estrictamente constreñido a los hechos validados en el auto de transformación en procedimiento abreviado dictado en el juzgado de instrucción, por lo que quedarían sin efecto las calificaciones penales agravadas con las que la acusación particular pretendía mantener el caso en la Audiencia Provincial. Una de las excusas esgrimidas era la existencia de un fin lucrativo por parte del periodista y su periódico en la revelación de secretos que se le atribuye. El tribunal ha desmontado este argumento con una fundamentación garantista sobre la libertad de información.

Los magistrados recuerdan, en este sentido, que el ánimo de lucro penal exige una “intención directa de lucro ilícito” como motor de la conducta, y remarcan que esto no puede confundirse con el simple hecho de que una actividad pueda generar ingresos, “como en el caso de una publicación periodística”. Para la sala, vincular los ingresos colaterales de un medio de comunicación con la agravante penal carece de lógica jurídica.

Pero, además, la Audiencia destaca un defecto procesal insubsanable: la acusación particular introdujo esta modalidad agravada “carente del necesario respaldo fáctico”. Ni el relato de hechos de la propia acusación ni el auto de transformación dictado por la jueza instructora mencionan jamás que la conducta del investigado estuviera guiada por un fin económico.

La Sección Cuarta aplica el mismo criterio respecto a la acusación por un delito de odio sostenido por los querellantes para mantener las competencias en la Audiencia Provincial debido a las penas asociadas de inhabilitación profesional.

Aunque la acusación particular sí detalló en su escrito que las publicaciones en Canarias Ahora de los actos protagonizados por Alba generaron reacciones hostiles en redes sociales, el tribunal determina que este relato “se aparta también de los contornos del auto de procedimiento abreviado” dictado por la instructora. Esta delimitó exclusivamente el caso a la obtención y publicación inconsentida de datos de la vida privada que, a su entender, generaron perjuicios personales y profesionales a los querellantes. La acusación fundamentaba este delito en una noticia en la que se explicaba que Teresa Lorenzo ejercía como secretaria judicial en un juzgado de Violencia sobre la Mujer al tiempo que entraba a formar parte de la directiva de Vox en la provincia de Las Palmas.

“De ninguna forma esos hechos punibles incluyen una referencia a que la conducta del investigado pudiera fomentar, promover o incitar directa o indirectamente al odio o la violencia por razón de su ideología”, concluye taxativamente el auto judicial.

La Audiencia Provincial fundamenta su decisión invocando la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre las garantías esenciales del proceso penal y recuerda que el auto de transformación es la “manifestación jurisdiccional del control sobre el alcance que puede tener la acusación”.

Por eso, en el auto se advierte de que las partes acusadoras están obligadas a acomodar estrictamente sus pretensiones a la base fáctica autorizada por el juez instructor. “Esa es la garantía jurisdiccional esencial de todo proceso penal en una sociedad democrática: nadie puede ser acusador sobre un hecho si antes una instancia tercera, es decir el poder jurisdiccional, no lo autoriza”, subraya la resolución. Al no haber recurrido la acusación en su momento el auto de la instructora para ampliar los hechos, no pueden ahora mutar el proceso mediante calificaciones artificiales.

Salvador Alba Mesa y su esposa, Teresa Lorenzo Establier, son juristas.

La causa regresará ahora al Juzgado de lo Penal 11 de Madrid para la celebración de juicio oral. La acusación, que inicialmente pide una condena de 22 años de prisión y 422.000 euros de indemnización, tendrá que acomodar sus pretensiones. La Fiscalía pide la absolución del periodista.

Hoy hace diez años de la violación grupal en los sanfermines de 2016. Un crimen que cambió muchas cosas en este país. “No es abuso, es violación” junto con “Yo sí te creo” fueron dos poderosos gritos feministas que sacaron a la calle a cientos de miles de personas y se convirtieron, respectivamente, en el resumen de una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 y de una ley feminista de 2022. Ahora este país es otro. Pero merece la pena recordar el camino recorrido y no dar ni un paso atrás.

En 2016 era jueza en un juzgado de Instrucción y opiné en varias ocasiones antes de la sentencia firme que jurídicamente no era abuso, era violación. Realmente eran violaciones, en plural.

Recuerdo debates en los que se me recriminaba esa opinión como magistrada, porque el caso estaba pendiente de sentencia o de recurso -muy lejos de mi jurisdicción- mientras en tertulias en prime time se invitaba al abogado defensor de los agresores, presentándole no como parte interesada, sino como supuesto experto. Y a los -entonces presuntos- violadores, como chicos normales, uno de ellos militar y otro guardia civil -el que cometió, además, el robo del teléfono móvil de la víctima-. Mientras tanto, a la opinión pública apenas llegaban las voces de las auténticas expertas en violencia sexual de este país. Y sin saberlo, se estaba tragando todos los estereotipos de la cultura de la violación: el de la mujer mentirosa, interesada; el de la mujer decente que tras una violación no puede salir ni reír ni ir a la piscina, ni recuperar su vida.

Como resultado, parte de la sociedad empatizaba más con los agresores y sus familias que con la víctima, que tuvo que marcharse de España por la persecución y la revictimización a la que fue sometida. Quince años después de Nevenka.

Jurídicamente, la Audiencia Provincial de Navarra condenó por un solo delito de abuso, no violación. La agresión sexual exigía no solo falta de consentimiento, sino violencia o intimidación, y no se consideró probada esa misma intimidación que sí se apreciaba en cualquier tribunal si cinco hombres rodeaban a una joven y le robaban el teléfono móvil. Hubo un voto favorable a la absolución. El del jolgorio. En apelación, ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, sí hubo un voto por la calificación jurídica de violación, pero quedó en minoría. La víctima y las demás acusaciones tuvieron que llegar al Tribunal Supremo para que, finalmente, se dictara sentencia diciendo: “No es abuso, es violación”. Por intimidación ambiental.

También dijo el Tribunal Supremo algo que poca gente sabe: que, por la garantía del principio acusatorio, no podía ya juzgar e imponer a cada uno las penas que, conforme a la jurisprudencia, habrían resultado de acusar no solo por sus actos individuales, sino también por cooperar en las violaciones cometidas por los otros cuatro partícipes. Por ese fallo de la justicia, se habían librado de cuatro penas de violación cada uno. De treinta años más de condena. Hubo mucha especulación y noticias sobre si con la posterior ley de 2022 se les iba a rebajar un año o dos, ya que el Tribunal Supremo les había impuesto casi la mínima; pero ese error anterior les había rebajado la pena treinta años. En vez de quince, el límite del triple de la pena mayor eran cuarenta y cinco años de prisión. De eso se habló tan poco que aún hoy sorprende cuando juristas recordamos ese fallo judicial.

La ley de garantía integral de la libertad sexual de 2022 sustituyó el sistema de la violencia e intimidación por el del consentimiento afirmativo- “solo sí es sí”- como recomendaba el Consejo de Europa, valoraron positivamente todos los informes de los órganos constitucionales y adoptaron los países más desarrollados en igualdad y derechos humanos.

En el ámbito penal, ya sabemos que la ley sufrió una ofensiva mediática y jurídica, comparable a la de la ley de violencia de género de 2004, que unida a la proximidad electoral, motivó su reforma en 2023, y se frenó la implementación de muchos de los avances que contenía.

Pero, más allá del contenido penal, (prácticamente lo único que conoció la opinión pública) esa ley hizo algo mucho más importante para la vida de las mujeres: adoptar medidas de prevención y protección integral, y dotarlas de recursos.

El Derecho Penal siempre llega tarde, por definición, cuando el delito ya se ha cometido. Lo vital es poner los medios y recursos públicos para prevenir, formar, concienciar, y en caso de producirse, atender a las víctimas y reparar el daño. Un Estado que dice “yo sí te creo” no vulnera la presunción de inocencia del agresor, pero sí pone a disposición de toda la sociedad la necesaria formación, el imprescindible personal especializado, y garantiza los derechos de las víctimas y supervivientes de violencia sexual a acudir a esos servicios públicos, como los centros de asistencia integral 24 horas. El derecho a la asistencia jurídica gratuita. La obligación del Estado, cuando una víctima acude a la sanidad pública, de recoger y conservar las pruebas biológicas e imágenes para su custodia y análisis aunque en ese momento ella no pueda denunciar. Unas garantías que muchas mujeres aún no saben que tenemos gracias a esa ley.

Diez años después, algunos que vivían felices en la cultura de la violación y su impunidad intentan que volvamos atrás. Menosprecian la lucha feminista que consiguió todo esto, y que continúa (r)evolucionando del #MeToo al #Cuéntalo. Esta misma semana hemos leído un pacto de gobierno para Andalucía que es negacionista, no contiene ni una palabra sobre la violencia contra las mujeres. Me gustaría asegurar que no vamos a retroceder en derechos y libertades, pero tendremos que luchar por ello. Mirar el camino y seguir avanzando. Demasiado lejos ha ido el fascismo, no el feminismo.

Hay dos frases de C., la víctima de La Manada, que deberíamos llevar grabadas a fuego. Una la escribió en una carta: que el proceso, lo que vino después, fue aún peor que el portal. Y otra que me contó su madre: aún con la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo, se preguntaba si mereció la pena.

Querida C., sí. Quizá a ti no, porque fue devastador; pero en España y también fuera, millones de mujeres y niñas te debemos muchísimo. Diez años después, querría volver a decirte: perdón, y gracias.

El exjuez corrupto Salvador Alba, que aún cumple una pena de seis años y medio de prisión (ahora en régimen de tercer grado o semilibertad) y de 18 años de inhabilitación por conspirar contra la magistrada Victoria Rosell, no puede seguir ejerciendo como abogado.

El Consejo Canario de Colegios de Abogados ha anulado el acuerdo que permitía a Alba trabajar como letrado en la provincia de Las Palmas desde el pasado 17 de marzo. 

La asociación profesional que engloba a todos los colegios de abogados de Canarias ha estimado el recurso de alzada que contra ese acuerdo presentó la propia Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género y víctima de los delitos (prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial) del exmagistrado. 

Según el escrito al que ha tenido acceso este periódico, Alba incumple “de manera flagrante” los requisitos para poder ejercer. En concreto, el artículo 9 del Estatuto General de la Abogacía Española (en vigor desde julio de 2021) y el artículo 13 de los estatutos del Colegio de Abogados de Las Palmas (vigente desde 2016), que exigen para ello “carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejadas la imposición de penas graves”. 

La sentencia que condenó a Salvador Alba, firme desde noviembre de 2021, conllevaba, entre otras, una pena de inhabilitación especial para el cargo público de juez o magistrado por un periodo de quince años, “sanción que reviste la condición de pena grave” conforme a lo dispuesto en el artículo 33.2 del Código Penal, remarca la resolución del Consejo Permanente del Consejo Canario de Colegios de Abogados, fechada el 29 de septiembre. 

Alba pidió el alta como letrado en Las Palmas el 11 de marzo de este año. Para ello, aportó un informe del Consejo General de la Abogacía de 30 de enero de 2019 y las dos resoluciones judiciales de su condena: la primera del TSJC y la confirmación del Supremo. 

Su solicitud se abordó en el Colegio de Abogados de Las Palmas el 17 de marzo, seis días después. La Junta de Gobierno decidió entonces dejar en suspenso el alta hasta que se pronunciara el Consejo General de la Abogacía de España. La respuesta llegó el 28 de marzo: el informe presentado por Alba seguía vigente y, por tanto, no había ningún impedimento para su alta como abogado, que fue publicado en los censos de letrados nacional y provincial el 8 de abril, con efectos retroactivos desde la fecha de la solicitud.

En su argumentario, los servicios jurídicos del Consejo General de la Abogacía entendían que no debía aplicarse el estatuto de 2021, sino el anterior, de 2001, que recogía requisitos más laxos para el ejercicio de la profesión y solo impedía la colegiación a quien cumpliera pena de inhabilitación para el ejercicio de la abogacía. A juicio de la corporación estatal, debía aplicarse el de 2001 porque estaba vigente en las fechas en que Alba cometió sus delitos (2016 y 2017) y porque el posterior, el de 2021, incluía una disposición transitoria que decía que las infracciones cometidas antes de su entrada en vigor se sancionarían “conforme a las normas del anterior”, siempre que fueran más favorables para el abogado.

Prohibido en Canarias desde 2016

El Consejo Canario de Colegio de Abogados, el competente para resolver sobre el caso de Salvador Alba, refuta tanto los argumentos del consejo estatal como los del exmagistrado. 

En su resolución, la Comisión Permanente de los colegios de abogados de Canarias incide en que, a la entrada en vigor del estatuto de 2021, Alba no estaba colegiado (había causado baja en Córdoba en 1995) y, por tanto, “no tenía ningún derecho adquirido que pudiera ser respetado o protegido” por una disposición transitoria que, además, es interpretable. Y es que, tal y como advirtieron una treintena de juristas de Las Palmas en un informe, esa disposición se refiere al ámbito disciplinario, de las sanciones, y no a un acto de naturaleza administrativa como es el cumplimiento de los requisitos para poder ejercer una profesión. 

El Consejo Canario reprocha al estatal que adoptara su decisión apoyándose en un informe (el de 2019 que aportó el propio Alba) que es “inaplicable”, puesto que se basaba en una normativa ya derogada (el estatuto de 2001) y no contemplaba el “cambio sustancial” introducido en el estatuto vigente, que añade la prohibición de colegiación por pena grave. 

Y va más allá. Si existiera alguna duda sobre el estatuto que se debía aplicar en el caso de Alba, hay un elemento que es crucial y que, hasta la fecha, no se había tenido en cuenta. Y es que los estatutos propios del Colegio de Abogados de Las Palmas, donde había solicitado el alta el exmagistrado, ya incluían desde 2016 esa misma prohibición. Se habían adelantado al estatal, elevando el estándar de idoneidad para el acceso. Esta circunstancia “desvirtúa cualquier argumento sobre la aplicación de un régimen anterior más favorable” y deja en un segundo plano el debate sobre la norma estatal de aplicación. 

Alta, no reincorporación

La resolución del Consejo Canario de Colegios de Abogados confirma un informe elaborado por el Colegio de Abogados de Las Palmas que, a principios de julio, se había mostrado favorable al recurso de alzado presentado por la magistrada Victoria Rosell. 

En el marco de este procedimiento, Alba había presentado alegaciones contra ese primer informe. Y, entre otros argumentos, sostenía que no le era de aplicación el estatuto actual de la abogacía porque “ostenta la condición de abogado desde 1993” y no se trataría de un alta, sino de una reincorporación. Por tanto, “con derechos adquiridos”. 

El Consejo Canario de Colegios de Abogados tumba ese argumento de manera tajante. “Según consta acreditado, (Alba) causó baja total y voluntaria en el Colegio de Abogados de Córdoba en 1995. Dicha baja extinguió por completo su vínculo colegial. Por tanto, su solicitud de 11 de marzo de 2025 ante el ICALPA (Colegio de Abogados de Las Palmas) es, a todos los efectos, una nueva solicitud de alta colegial”, expone. Y agrega: “El hecho de que don Salvador Alba hubiera estado previamente colegiado carece de relevancia jurídica con el procedimiento actual de colegiación”. 

Perjuicio a Victoria Rosell 

Alba también había cuestionado la legitimidad de Rosell, que ahora ejerce en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, para recurrir su alta como abogado. Para el consejo canario, en cambio, “es indiscutible” dada la condición de la magistrada de víctima de sus delitos y el hecho de que ambos operan en el mismo partido judicial. 

“La colegiación de Alba le permitiría ejercer como abogado en el mismo ámbito territorial y funcional donde Rosell ejerce como magistrada. La posibilidad de encontrarse en un procedimiento judicial, de tener que valorar sus escritos o de interactuar no es una eventualidad remota, sino una consecuencia directa y previsible del acto de colegiación. Esto genera una situación de revictimización y un perjuicio moral y profesional cierto” para la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, sostiene la resolución. 

Esa posibilidad de coincidir en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria es “el epicentro del perjuicio” y crearía “una situación insostenible”, puesto que la magistrada “se vería en la obligación” de resolver escritos de la persona “que fue condenada por delitos graves cometidos precisamente para perjudicarla” o bien se vería “forzada a abstenerse en múltiples procedimientos, alterando el normal funcionamiento del tribunal”.  

También incide la resolución en el perjuicio moral continuado que la presencia de Alba en los juzgados ocasionaría a Rosell. “La reincorporación del condenado al mismo entorno profesional que la víctima opera, en este caso, como un recordatorio constante del daño sufrido, obstaculizando su recuperación y dificultando la plena normalización de su vida personal y profesional”, concluye el Consejo Canario de Colegios de Abogados. 

Los efectos de la anulación 

La estimación del recurso de alzada de Rosell conlleva la anulación del alta como abogado de Alba desde el mismo momento en que se produjo. Es decir, desde el 17 de marzo. 

Sin embargo, para no afectar a terceros de buena fe, el consejo canario considera que deben salvaguardase los efectos de todos los actos profesionales que Alba haya podido realizar desde su colegiación y hasta la fecha de notificación de la resolución.

La resolución del recurso de alzada es definitiva en la vía administrativa, de manera que a Alba sólo le queda la judicial. Tiene dos meses para acudir a los juzgados de lo contencioso-administrativo de Las Palmas. 

El exdirigente del Partido Popular (PP) que fichó para su despacho de abogados a Salvador Alba también se siente dañado por los comentarios vertidos en redes sociales por la magistrada Victoria Rosell, víctima de los delitos del exjuez corrupto, contra su alta en el colegio profesional.

Jorge Rodríguez, administrador único de Consortium Abogadis, el despacho donde se publicita desde el pasado mes de marzo Alba como “abogado, asesor legal y exmagistrado”, ha elevado una queja-denuncia al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra la exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que en la actualidad ejerce en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

Esa queja ya se ha acumulado a la que presentó Alba en mayo y que dio lugar a la apertura de unas diligencias informativas en el órgano de gobierno de los jueces.

En esta denuncia, Rodríguez considera que Rosell “ha venido desarrollando una activa promoción de acoso y derribo” contra Alba a través de los mensajes que ha ido publicando en su perfil en la red social X (antes Twitter) desde que se publicaron las primeras informaciones sobre su alta en el Colegio de Abogados de Las Palmas.

El exdirigente popular considera que esas publicaciones “dañan indirectamente la reputación del resto de abogados miembros del bufete y de la propia marca”. La queja de Rodríguez incorpora los mismos pantallazos que la de Alba. En concreto, cuatro capturas de otros tantos mensajes publicados por Rosell en X con enlace a informaciones publicadas tanto en Canarias Ahora como en Infolibre.

En esos mensajes, la magistrada califica de “increíble” que el Colegio de Abogados de Las Palmas permitiera el alta de Alba, explica “los motivos legales” por los que considera que esa autorización nunca debió darse y llama a los abogados y abogados a “defender la ley y la dignidad de su función”. “Por ahora sólo yo he presentado reclamación contra la colegiación como abogado del delincuente”, escribe en una de esas publicaciones.

En su queja, Rodríguez, al igual que Alba, sostiene que ese “acoso y derribo” se realiza “mediante la difusión activa en sus cuentas en redes sociales de la información que publica Carlos Sosa, su pareja y propietario y editor de la publicación digital Canarias Ahora”. Omite que algunos de esos mensajes enlazan a informaciones publicadas en otro medio, Infolibre.

A juicio del administrador de Consortium Abogadis, la denuncia no se basa en “un acto aislado”, sino que “es un comportamiento habitual y continuo de faltas de consideración a profesionales y ciudadanos en el desempeño de sus funciones”, un hecho que califica de “especialmente grave” puesto que Rosell es magistrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, en el mismo partido judicial en que ejercen tanto Rodríguez como Alba.

El escrito presentado ante el promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ pide que se aparta o se suspenda a Rosell como jueza.

Una polémica colegiación

El Colegio de Abogados de Las Palmas dio de alta a Alba el pasado 18 de marzo, pese a que el exjuez aún cumple una pena de seis años y medio de cárcel (ahora en régimen de tercer grado -semilibertad-) y de 18 de inhabilitación por prevaricación judicial, cohecho y falsedad en documento oficial, delitos que cometió en su afán por acabar con la carrera política y profesional de Rosell cuando la sustituyó al frente de un juzgado de instrucción.

Rosell, al igual que una treintena de juristas que han firmado un informe jurídico al respecto, sostiene que el Colegio de Abogados de Las Palmas no debió dar de alta a Alba porque incumplía uno de los requisitos que el estatuto que regula la profesión establece para permitir la colegiación: “Carecer de antecedentes penales por delitos que lleven aparejada la imposición de penas graves o la inhabilitación para el ejercicio de la Abogacía”.

El Código Penal califica como graves las penas de prisión e inhabilitación superiores a los cinco años. Y sólo por el delito de prevaricación judicial en concurso medial con el de cohecho Alba fue condenado a quince de inhabilitación especial como juez. Por lo tanto, con el actual Estatuto de la Abogacía en la mano, el exmagistrado no cumple ese requisito.

Sin embargo, a Alba no se le ha aplicado el actual estatuto, vigente desde julio de 2021, sino el anterior, que data de 2001 y que tenía requisitos de colegiación menos exigentes, ya que sólo impedía ejercer a quienes estuvieran inhabilitados para el ejercicio de la abogacía.

A la hora de autorizar la colegiación de Alba, el Consejo de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Las Palmas se basaron en una disposición transitoria del actual estatuto, que estipula que “los aspectos más estrictos” de la nueva regulación no se podían aplicar a los hechos que fueran anteriores a su entrada en vigor. Y, como Alba cometió sus delitos entre 2015 y 2016, entendían que no era de aplicación el estatuto de 2021, que entró en vigor cuatro meses antes de que la sentencia que condenó al juez adquiriera firmeza.

Frente a esta interpretación se han posicionado una treintena de juristas de Las Palmas que han presentado un informe al Colegio de Abogados de Las Palmas pidiendo la revocación del alta de Salvador Alba. O, lo que es lo mismo, su inhabilitación para ejercer como letrado.

Este colectivo de abogados recuerda en ese informe que la colegiación es un acto administrativo que habilita para el ejercicio de la profesión y que no se trata ni de una sanción ni de una medida de carácter penal. Es decir, que el principio de irretroactividad de las sanciones “no es aplicable” en este caso, puesto que lo que se dirime es si cumple o no los requisitos para ejercer la abogacía, no la imposición de una pena.

Los firmantes entienden que el Colegio de Abogados de Las Palmas debió valorar los requisitos de acceso previstos en la normativa vigente en el momento en que Alba solicitó su colegiación (marzo de 2025) y no cuando cometió los hechos delictivos.

Entre lo público y lo privado

El abogado que ha acogido a Alba en su despacho mientras el exjuez cumple condena por tratar de acabar con la carrera de Rosell, Jorge Rodríguez, es un histórico dirigente del PP. Durante la primera Alcaldía de José Manuel Soria en Las Palmas de Gran Canaria (1995-1999), fue concejal de Urbanismo. No acabó el mandato. Dimitió después de que se descubriera un trato de favor a la empresa de una persona de su entorno cercano.

Tras un tiempo apartado de responsabilidades institucionales, que no orgánicas (siguió como secretario de Estudios y Programas del PP en Canarias), en 2003 regresó como diputado y portavoz económico de los conservadores en el Parlamento regional. Y volvió a dimitir en 2007 después de que Canarias Ahora publicara que había ejercido como intermediario entre una empresa, Grupo Europa, y varios ayuntamientos canarios para facilitar la adjudicación de contratos en concursos públicos de viviendas sociales.

Rodríguez fue investigado, procesado y acusado por esos hechos. La Fiscalía Anticorrupción le imputaba dos delitos de tráfico de influencias y pedía para él una pena de un año y ocho meses de cárcel y cinco de inhabilitación. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) condenó al resto de acusados, pero absolvió al dirigente popular por el principio ‘in dubio pro reo’ (en caso de duda, a favor del reo). El tribunal consideró probado que había intercedido a favor de esa empresa en ayuntamientos gobernados por el PP, pero entendió que esa presión no había sido determinante para que el Grupo Europa ganara un concurso para la construcción de viviendas de protección oficial en Telde.

Jorge Rodríguez también fue senador entre 2016 y 2019. Y en 2021 estuvo a punto de ser magistrado suplente en la Sala de lo Social del TSJC. Acabó renunciando por incurrir en incompatibilidad, puesto que no había dimitido de sus cargos orgánicos en el PP.

Rodríguez es también el abogado del Alba en la causa en que pide 23 años de cárcel y 422.500 de indemnización para Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, por publicar las maniobras delictivas del exjuez para intentar acabar con la carrera de Victoria Rosell.

El periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, se sentará próximamente en el banquillo para responder a los delitos que le atribuye desde la cárcel el exjuez corrupto Salvador Alba Mesa. Así lo ha decidido la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid que, en un auto notificado este miércoles, da por buenos los argumentos de la jueza de Instrucción 27, de esa misma ciudad, que tramitó una querella de Alba y de su esposa, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, por algunas de las informaciones publicadas sobre las andanzas del querellante cuando maquinó contra la magistrada Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género.

En concreto, Alba y Lorenzo atribuyen a Carlos Sosa la comisión de tres delitos: revelación de secretos, acoso y odio, por los que interesan una condena de 23 años de prisión, así como 422.500 euros de indemnización. 

El Ministerio Fiscal, por su parte, que desde el inicio del procedimiento ha pedido su sobreseimiento, pide la absolución del acusado por considerar que ninguno de los artículos incurrieron en esos delitos y que, además de ser veraces, todos ellos cumplían con el requisito de interés público.

La querella fue interpuesta por Salvador Alba y Teresa Lorenzo justo en el momento en el que el exjuez corrupto ingresaba en la prisión de Estremera, en Madrid, para cumplir una condena de seis años y medio por los delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental. 

La jueza de Madrid que admitió la querella, María Ángeles Velázquez, dictó en febrero pasado auto de apertura de juicio oral, una decisión que no es recurrible. Y lo hizo sin que la Audiencia Provincial hubiera resuelto aún un recurso de apelación previo del periodista Carlos Sosa contra el auto de transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Y esa resolución es la que se conoció este miércoles.

En el auto de la Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid, firmado por los magistrados José Luis Sánchez Trujillano, María del Carmen Martínez Sánchez y Teresa de la Concepción Costa Vayá, que actuó como ponente, no se entra a analizar el fondo de la cuestión ni los alegatos por vulneración de derechos fundamentales planteados por el periodista por considerar los magistrados que, “con carácter general, el Auto del Juzgado Instructor, acordando la acomodación de las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado, y que ahora se recurre, no supone la determinación de ninguna culpabilidad subjetiva, sino la conclusión del Instructor de que se ponga fin a la fase investigadora, tras practicarse todas aquellas diligencias encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las personas que en él hubieran participado y el órgano competente para el enjuiciamiento, considerando además, que en las diligencias ya existe el material suficiente para que el Ministerio Fiscal y, en su caso, la Acusación Particular, puedan formular sus respectivas acusaciones (con carácter provisional), al existir indicios racionales, objetivos y fundados de infracción criminal”.

Amparados en esos tecnicismos, los magistrados rechazan también las demás pretensiones del recurso, como la vulneración del principio de presunción de inocencia, la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, la inexistencia de informaciones publicadas obtenidas ilícitamente, la inexistencia de acoso a los querellantes ni de hechos que puedan considerarse delito de odio, entre otras consideraciones, por las que se pedía el sobreseimiento de las actuaciones.

Más adelante, sin embargo, los magistrados sostienen que “en el momento actual, como describe el auto recurrido, concurren suficientes indicios racionales de criminalidad en contra del investigado, por lo que debe proseguirse con la tramitación de la causa, sin perjuicio de que el recurrente pueda alegar y proponer todo lo que estime conveniente, en su escrito de defensa o en el acto de juicio oral”. 

El auto, que no admite recurso, da vía libre definitivamente a la celebración en un juzgado de lo Penal de Madrid de un juicio contra el periodista Carlos Sosa en fecha aún por determinar. A la espera del escrito de defensa, ya es conocido el de la acusación, que pide 23 años de prisión para el periodista, y el de la Fiscalía, que reclama su absolución. Será un juicio largo a la vista de los testigos solicitados por la parte querellante. La Fiscalía ha pedido solamente el testimonio de Salvador Alba y de Carlos Sosa. Está pendiente de conocerse el escrito de defensa.

Dos diputados de Podemos en Canarias fueron investigados sin control judicial por agentes de la Policía Nacional durante el último Gobierno del Partido Popular (PP). El informe del departamento de Asuntos Internos conocido este miércoles revela que los datos custodiados en los archivos confidenciales del Ministerio del Interior sobre Alberto Rodríguez, exsecretario de Organización de Podemos, fueron consultados en numerosas ocasiones entre 2015 y 2016.

También figura en ese documento Victoria Rosell, exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género. Sobre la jueza, que en la actualidad ejerce en la Audiencia Provincial de Las Palmas, aparecen 16 registros entre marzo de 2015 y noviembre de 2016. Las fechas no se ciñen a los meses en que ejerció como diputada, sino que se extienden al período anterior a su salto a la política y al inmediatamente posterior a su salida, cuando ostentaba, por tanto, la condición de magistrada en servicio activo.

La mayoría de esas consultas coincide con estancias de la jueza en establecimientos hoteleros de distintos puntos del país. No obstante, hay una anotación desde la comisaría especial del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Tribunal Supremo y Audiencia Nacional. Se registró a las 10.10 horas del 27 de abril de 2016. Y en ella aparecen las siglas D.A.O., que se corresponden con las de Dirección Adjunta Operativa, el máximo mando ejecutivo de la Policía Nacional. En aquel momento ocupaba este cargo Eugenio Pino, considerado el muñidor de la llamada policía política al servicio del Ministerio del Interior que entonces lideraba Jorge Fernández Díaz en el Gobierno presidido por Mariano Rajoy. Eso sí, los registros no permiten saber quién hizo las búsquedas, si fue Pino o cualquier otro agente de la Dirección Adjunta Operativa.

La fecha de esa consulta no es casual. Esa misma mañana Rosell presentó su renuncia como diputada y como miembro de la Diputación Permanente del Congreso en cumplimiento del código ético de Podemos. Lo hizo después de que el Tribunal Supremo admitiera a trámite la querella que contra ella había presentado José Manuel Soria, ministro de Industria, Energía y Turismo en el Gobierno de Rajoy, entonces presidente del PP en Canarias y rival político de Rosell. Esa querella, que sería archivada en diciembre de 2016, se alimentó de informes falsos elaborados por Salvador Alba, un juez corrupto que en la actualidad cumple una pena de seis años y medio de cárcel por conspirar contra la magistrada en excedencia para intentar acabar con su carrera política y profesional, en uno de los casos más sonados de lawfare en el país. 

La primera anotación policial sobre Rosell se registró el 13 de marzo de 2015, siete meses antes de que se publicaran las primeras informaciones sobre su salto a la política. La magistrada ejercía entonces en el Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas de Gran Canaria y era portavoz adjunta estatal de Jueces para la Democracia después de haber sido su cabeza visible en Canarias. Por aquellas fechas, el exministro Soria ya la había convertido en su enemiga. Rosell había instruido años antes el denominado caso Lifeblood, que investigaba la adjudicación por parte del Gobierno de Canarias del concurso del servicio de hemodiálisis de dos hospitales públicos de las Islas a una empresa que tenía como tapado a un asesor de la propia Consejería de Sanidad, entonces en manos del PP. La jueza acabó archivando ese caso porque ni la Fiscalía ni el Gobierno de Canarias acusaron, pero en el auto de sobreseimiento apuntaba serias sospechas de un delito de tráfico de influencias. 

Además, Soria había mantenido varios litigios judiciales con la pareja de Rosell, Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, e incluso había deslizado que la magistrada estaba detrás de una querella que el periodista había presentado contra el dirigente popular. 

Nueve de los 16 registros que sobre Rosell figuran en el informe de Asuntos Internos, más de la mitad, están fechados antes de octubre de 2015. Es decir, antes de que anunciara que concurría como independiente en las listas de Podemos por Las Palmas a las elecciones generales de diciembre. Varias de esas anotaciones fueron recogidas en distintos distritos de Madrid, siempre coincidiendo con estancias de la jueza en la capital. Pero también aparecen cuatro registros de la Comisaría Local de Maspalomas en una fecha en la que, según ha podido saber este periódico, la magistrada se encontraba de vacaciones en un alojamiento hotelero de este municipio turístico del sur de la isla de Gran Canaria, o en Cáceres el mismo día en que se celebraba en esta localidad el Festival Womad.

Los agentes también siguieron los movimientos de Rosell hasta Cádiz a principios de junio, coincidiendo con la celebración en esta ciudad andaluza del 30º Congreso de Jueces para la Democracia, que llevó por título Constitución y Justicia en el siglo XXI. 

Ya como candidata o diputada, aparecen cinco anotaciones. Dos de ellas en Madrid, en distintos distritos; otra en Valladolid, ciudad en la que reside parte de su familia; una cuarta, de nuevo en Maspalomas, tres días después de que el juez Salvador Alba orquestara su conspiración contra ella reuniéndose de forma clandestina en su despacho con un empresario al que investigaba, y la quinta, la mencionada del Director Adjunto Operativo. 

La monitorización a Rosell no cesó cuando renunció a la Diputación Permanente. Tras abril de 2016, mes en el que también dimitió José Manuel Soria por su implicación en los papeles de Panamá, aparecen otros dos registros sobre la jueza. Uno referenciado en el centro de Madrid, en septiembre de 2016, y otro en noviembre de ese mismo año en la Jefatura Superior de la Comunidad Valenciana, región adonde también había acudido en esas fechas para participar en unas jornadas. 

Según fuentes policiales consultadas por este periódico, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden abrir diligencias policiales, con su correspondiente número, para investigar a una persona sin control judicial, pero siempre que exista algún indicio. El ordenamiento jurídico español prohíbe las denominadas investigaciones prospectivas. Es decir, aquellas que, en lugar de partir de la existencia de indicios concretos, indaga de manera general en la vida de una persona para tratar de encontrarlos. 

Las bases de datos confidenciales de la Policía Nacional contienen, aparte de las señas habituales, como los posibles antecedentes o sanciones de la persona, movimientos como alquileres de coches, hoteles, billetes de avión o venta de joyas, afirman las fuentes. 

Según se ha conocido este miércoles a través del informe incorporado a la causa de la Audiencia Nacional, entre 2015 y 2016 se consultaron de manera irregular los datos policiales de 55 diputados de Podemos y sus confluencias. En ese listado se encuentran, entre otros, Pablo Iglesias, Joan Baldoví, Ione Belarra, Yolanda Díaz, Íñigo Errejón, Irene Montero, Rafael Mayoral, Gloria Elizo, Pablo Bustinduy, Carolina Bescansa o el exjuez Juan Pedro Yllanes.

Los Hechos.

El comisionista Alberto González Amador, defraudó 350.000 euros a Hacienda en las declaraciones de 2021 y 2022, cuando ya era pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. El dinero, más de dos millones de euros, había salido de comisiones por ejercer de intermediario en la venta de mascarillas entre una empresa de Pontevedra que administra su jefe en el grupo Quirón y una firma catalana con contactos en China que se dedicaba al marketing de bebidas alcohólicas.

Hacienda inició en 2022 una investigación tras comprobar que González Amador, entonces técnico sanitario, multiplicó por seis los ingresos pero declaró tres veces menos beneficios que en los ejercicios anteriores. En la inspección, que duró dos años, la Agencia Tributaria detectó facturas falsas por 1,5 millones de euros y puso el caso en manos de la Fiscalía.

La Fiscalía de Madrid revisó el expediente y presentó una denuncia en un juzgado de Madrid en el que imputó tres delitos a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, dos por fraude fiscal (en el impuesto de Sociedades de dos anualidades) y uno por falsedad documental (por presentar facturas falsas por trabajos no realizados para rebajar artificialmente sus beneficios).

Justo antes de que la Fiscalía de Madrid presentara una denuncia que es casi automática, la defensa de González Amador, envía un correo genérico a la Fiscalía de Asuntos Económicos de Madrid en el que reconocía dos delitos de fraude fiscal y se mostraba dispuesto a pactar una condena, con tal de evitar los trámites de juicio: peritos, declaraciones de testaferros... La asunción de los delitos por parte de González Amador no pudo ser más clara. “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”, admitía en el cuerpo del correo. En un documento adjunto ofrecía penas de cárcel -que no implicasen su entrada en prisión- y el pago de la multa con intereses. Ese correo se envió a una dirección genérica de la Fiscalía de Madrid el pasado 2 de febrero.

Cinco semanas más tarde, el 12 de marzo, elDiario.es desvela en exclusiva el fraude fiscal de la pareja de Ayuso, a la que ella misma había presentado como un “técnico sanitario”. La primera información se tituló La pareja de Ayuso defraudó a Hacienda 350.951 euros con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. En una segunda información, ese mismo día ya por la noche, este medio de comunicación reveló la procedencia del dinero: La pareja de Ayuso cobró dos millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas.

La reacción de la presidenta de Madrid fue negar el fraude y acusar al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar todas las instituciones del Estado para destruirla. Alegó que era Hacienda quien debía 600.000 euros a su pareja. Lo hizo en un acto público como presidenta de la Comunidad de Madrid. Al mismo tiempo, su jefe de gabinete, que se había negado a contestar a elDiario.es antes de la publicación de la exclusiva porque según él el asunto concernía a un particular sin ninguna relación con la Comunidad de Madrid, asume personalmente la defensa del delincuente confeso. El primer día amenaza por escrito a una periodista de elDiario.es: “Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar”. El segundo día, 13 de marzo, a última hora, filtra una información falsa a distintos medios de comunicación -el primero en publicarla sin contrastar es El Mundo, pero detrás fueron Vozpópuli y Libertad Digital-. La tesis que el propio Rodríguez difundió en sus redes sociales sostenía que el fiscal del caso intentó buscar un acuerdo con la pareja de Ayuso pero que fueron “ordenes de arriba” en la Fiscalía las que lo impidieron.

Diferentes medios de comunicación, entre ellos elDiario.es, se dirigen la noche del 13 de marzo a la Fiscalía para confirmar que ese dato es cierto. El departamento de prensa pide tiempo para contestar. No les suena que eso sea así, pero van a cotejar la información. El fiscal general, al que Miguel Ángel Rodríguez está acusando de paralizar un acuerdo de un fiscal con González Amador por intereses políticos, solicita la documentación del caso. Una vez coteja que la información es falsa y que el correo exhibido en prensa está amputado, pide a los fiscales de Madrid que desmientan el bulo con las fechas correctas de las comunicaciones para dejar claro que fue la defensa de la pareja de Ayuso quien pidió el acuerdo y, también, que no hay ninguna instrucción de los jefes de la fiscalía para frenarlo.

El 14 de marzo de madrugada la Cadena Ser publica la literalidad del cuerpo del correo (sin el documento adjunto que establecía las condiciones del acuerdo, con la pena de cárcel y la multa) donde el abogado de la pareja de Ayuso reconocía los delitos y buscaba el acuerdo.

Por la mañana, la Fiscalía remite una nota de prensa a los medios que habían preguntado con la cronología de las conversaciones iniciadas por el abogado del González Amador con el fiscal que lo denunció. El documento solo contiene fechas y desmiente que el pacto hubiera sido ofrecido por la fiscalía. No detalla lo que propone la defensa de la pareja de Ayuso ni ningún otro aspecto de la investigación.

La versión de la presidenta se ha desmoronado. Existen documentos por escrito en los que el abogado de su pareja reconoce los delitos. No es Hacienda la que debe dinero a su novio comisionista. Alberto González Amador, al que Ayuso había defendido desde el atril de la Comunidad, es un delincuente fiscal confeso que solo quiere evitar dos cosas, el ajetreo mediático de un juicio y la cárcel.

Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez emprenden entonces una nueva estrategia: empezar una guerra contra el fiscal general, la misma que habían intentado sin éxito las primeras horas contra el Ministerio de Hacienda diciendo, también falsamente, que González Amador no había tenido derecho a defenderse (otro bulo, en la investigación de la Agencia Tributaria no solo constan sus alegaciones sino cómo fue intentando retirar las facturas falsas una vez que se sabía perseguido por el fisco).

La pareja de Ayuso anuncia entonces que va a denunciar a la fiscalía por revelación de secretos. Lo hace también el Colegio de Abogados de Madrid, a cuya secretaría general acaba de incorporarse un viejo conocido de la presidenta, Luis Banciella. Hasta el 29 de marzo había sido el Abogado General de la Comunidad de Madrid.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la denuncia por revelación de secretos. Empieza a investigar y llama a declarar a Almudena Lastra, fiscal superior de Madrid, y enfrentada desde hace meses al fiscal general. Lastra cuenta al juez que se negó a firmar la nota y que lo hizo por imperativo. Que recibió la orden del fiscal general. Antes de esa comparecencia, el propio fiscal general ya había asumido en primera persona la responsabilidad de la nota. Lo había hecho públicamente y también en un escrito al Tribunal Superior. Fuentes conocedoras de cómo se tramitó esa noche aseguran a elDiario.es que la fiscal superior en ningún momento invocó la revelación de secretos ni una supuesta lesión de los derechos del investigado. Alegó, según esas fuentes, que no estaba de acuerdo en cómo se estaba gestionando informativamente el asunto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue de momento investigando aunque el único competente para imputar al fiscal general es el Supremo. La vía es que el Tribunal Superior de Madrid envíe una exposición razonada. El fiscal general ha advertido a su entorno que aún en el caso de que lo impute el Tribunal Supremo se mantendrá en el cargo hasta que haya una condena. Está convencido de que actuó de acuerdo con lo que exige el estatuto de la carrera en la defensa de fiscales que estaban siendo atacados y para combatir una información que buscaba dañar la institución.

Las opiniones.

Ni Isabel Díaz Ayuso ni Miguel Ángel Rodríguez van a dimitir. La presidenta convive con un defraudador confeso en dos pisos de lujo que nadie explica cómo se han pagado. El ático de lujo que disfruta está a nombre de una sociedad. Su jefe de gabinete ha difundido información falsa, ha amenazado a periodistas y ha difundido datos policiales sobre identificaciones a redactores de varios periódicos. Sigue en su puesto, cobrando más de 94.000 euros de salario público en la Comunidad de Madrid.

Mientras, el Partido Popular pide la cabeza de Álvaro García Ortiz, igual que la Asociación de Fiscales, la más conservadora de las asociaciones de la carrera. Y todo eso sucede mientras los cuatro fiscales del procés, los que defendieron la tesis de la rebelión que acabó desbaratando la sentencia del Supremo, se niegan a aplicar la ley de la amnistía bajo el argumento de que la malversación no está amparada por la norma. La ley establece explícitamente que solo no se podrá amnistiar aquella malversación que conlleve enriquecimiento personal, pero la interpretación de los fiscales del procés es que lograr réditos políticos también lo es.

El fiscal general ha dado la instrucción a todos para que haya unidad de criterio en la fiscalía y el martes serán los fiscales de sala los que se posicionen. Sucede así cada vez que un fiscal alega no estar de acuerdo con la orden de un superior. El resultado de esa junta no es vinculante, pero políticamente significará mucho.

En ese contexto, con la derecha mediática, política y parte de la judicial de cacería contra García Ortiz, precisamente el magistrado que dictó la sentencia del procés será el encargado de decidir si le imputa. Si cree que hay materia, Manuel Marchena debería investigar al fiscal general como haría con cualquier otro presunto delincuente. Lo que sería un error es concluir que la imputación -una figura garantista y a la vez una palabra con mala prensa- deba acarrear la salida del fiscal general, por mucho ruido que haya.

De lo contrario, la imputación acabaría suponiendo una pena mayor -la dimisión- que una propia condena por revelación de secretos. Antes de decidir, Álvaro García Ortiz debería recordar algunos precedentes cercanos.

En el caso de la jueza Victoria Rosell, diputada de Podemos, el propio Marchena aceptó la exposición razonada y pidió que se investigase. Su dimisión puso fin a su carrera de diputada. Acabó exonerada de todas las acusaciones pero no recuperó el escaño. El juez Alba, que montó la operación contra ella, terminó en prisión.

El episodio de Oltra fue todavía peor: la vicepresidenta de la Generalitat renunció a todos sus cargos en medio de una zapatiesta general en la que incluso algunos políticos de izquierda exigieron su renuncia. El archivo del caso la pilló fuera de la política y con su carrera arrasada.

El ruido será todavía mayor en el caso del fiscal general. La mayoría de los fiscales de sala han dicho que no hay delito en la nota de prensa. Que el máximo representante del ministerio público caiga por una imputación discutible derivada de la difusión de una nota de prensa sería un precedente muy peligroso para la institución. El Tribunal Supremo tiene todo el derecho a investigar si el fiscal general delinquió, pero ninguno a tumbarlo con una imputación.

“No existe lawfare en España”. Así de contundente fue el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el 31 de diciembre pasado en La Vanguardia. Semanas antes, el propio ministro de Justicia, Félix Bolaños, intentaba argumentar que era un concepto que había quedado fuera del acuerdo con los independentistas para la ley de amnistía.

Unos años antes, en 2020, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, era tajante ante quienes, desde la izquierda, como el vicepresidente Pablo Iglesias, hablaban de déficits democráticos en España. “España es una democracia plena”. insistía Sánchez en sede parlamentaria.

Por aquel entonces, se acumulaban casos, como la guerra sucia contra el independentismo catalán y Podemos, las causas a raperos como Josep Valtònyc y Pablo Hasel, por ejemplo, la condena a España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el juicio parcial a Arnaldo Otegi, quien pasó siete años de cárcel, y las causas contra los titiriteros, o los concejales de Ahora Madrid Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato, el caso Alsasua, los seis de Zaragoza... Incluso quedaban en la memoria casos previos, como el del concejal sevillano de IU Antonio Torrijos, por ejemplo. Y es que el lawfare busca expulsar a quienes representan una amenaza para el sistema, a través del uso de causas falsas y en connivencia con el poder mediático.

Pero Pedro Sánchez no lo criticaba entonces. Y cuando habla ahora y apela a la “regeneración democrática” no recuerda aquel pasado: el presidente dice que no hay precedentes con respecto a lo que él y su familia están sufriendo: “¿Merece la pena todo esto? Sinceramente, no lo sé. Este ataque no tiene precedentes, es tan grave y tan burdo que necesito parar y reflexionar con mi esposa”.

Sin embargo, su caso no es el primero de noticias falsas y bulos que terminan siendo dosieres judiciales, como aquel informe PISA sobre la financiación de Podemos y el posterior bulo de los pagos del Gobierno de Nicolás Maduro, ante los que respondía Sánchez de esta manera: “Venezuela llegó a la política española de la mano de Iglesias y Monedero”. El uso de la justicia contra rivales políticos estaba presente en muchos ámbitos, pero entonces reivindicaba índices democráticos como el de la revista The Economist y pedía “máximo respeto a la independencia de los jueces”.

Pero en los últimos tiempos el presidente del Gobierno ha visto cómo se le deshumanizaba, cómo se asociaba el sanchismo a las peores pesadillas, al terrorismo y al golpismo, y cómo se construían procesos judiciales contra su esposa con mentiras publicadas en medios de comunicación.

Y, entonces, hace una semana, Sánchez estalla. Ya no habla de “máximo respeto a la independencia de la Justicia”, como hacía ante informaciones sobre uno de los múltiples casos archivados –más de 20 querellas desde 2015– sobre la supuesta financiación irregular de Podemos, por ejemplo: aquellos eran tiempos en los que Ximo Puig y el PSOE terminaron dejando caer a Mónica Oltra en Valencia por un caso armado por grupos de extrema derecha y que posteriormente se ha demostrado inconsistente.

Oltra, en su despedida, en junio de 2022, sentenciaba: “Nos están fulminando uno a uno con denuncias falsas y el día que ustedes quieran reaccionar, les habrán fulminado a ustedes también”. Una de esas personas fulminadas políticamente, por ejemplo, ha sido Victoria Rosell, jueza y ex delegada del Gobierno para la Violencia de Género con Irene Montero. Rosell vivió desde 2015 la persecución del exjuez Salvador Alba, condenado a seis años de cárcel por conspirar contra ella, y por el camino tuvo que dejar la primera línea política como diputada, además de recibir el veto del PSOE a su acceso al CGPJ como vocal. Y esta semana pasada pedía reformas al presidente:

¿Y cómo se aterriza la “regeneración democrática”?

El miércoles de la semana pasada Sánchez dice que ya no puede más: está sufriendo en sus carnes cosas parecidas por las que otros pasaron anteriormente en los últimos años, ve el daño que eso causa a su familia y decide dar un puñetazo encima de la mesa en forma de carta.

La carta es inédita: nunca antes en España –ni en el resto del mundo– un jefe de Gobierno escribía a la ciudadanía para anunciar un periodo de reflexión de cinco días en torno a su continuidad al frente del Ejecutivo. Lo habitual, hasta ahora, era que el líder político reflexionaba en la intimidad y, posteriormente, comunicaba una decisión de este tipo.

Pero Sánchez hace otra cosa, comparte su sufrimiento, comparte sus sentimientos de amor a su esposa y su familia y muestra un lado humano desconocido en él; desconocido en cualquier líder político.

El marco estaba claro, y lo había establecido el presidente del Gobierno: el acoso mediático y judicial injusto contra su esposa está causando un daño tan profundo como para replantearse su permanencia al frente del país. A partir de ahí, Sánchez inicia cinco días de reflexión y el país y su partido viven cinco días en vilo, con momentos dramáticos en la reunión del Comité Federal del PSOE, un partido de 145 años de historia que, de repente, se siente huérfano ante la hipótesis de la renuncia de Sánchez.

Y los días pasan, arranca la campaña electoral de Catalunya sin saber si Sánchez seguirá siendo presidente, se celebra el principal órgano del PSOE entre Congresos –Comité Federal– sin la presencia de su secretario general, se convocan movilizaciones el sábado y el domingo en Madrid, y los medios de comunicación se llenan de informaciones y tertulias en torno a los asuntos señalados por Sánchez en su carta: el uso de la justicia, la política y los medios para acabar con el rival político y la consecuente necesidad de una regeneración democrática.

Llegó el lunes, concluyeron los cinco días de reflexión y, ¿qué pasó después? Nada aún, a pesar de que sus socios de Gobierno y parlamentario han presentado numerosas propuestas.

Sánchez dijo que se quedaba, el PSOE respiró aliviado, sus socios de gobierno respiraron aliviados, pero no anunció nada más en su comparecencia sin preguntas. Tampoco en su entrevista de esa noche en TVE ni a la mañana siguiente en la Cadena SER. Se dice que quiere reformar la Justicia pero, ¿cómo? ¿En qué términos? ¿Cuándo? Sánchez se ha mostrado como víctima del lawfare, por el espionaje al que fue sometido por las cloacas policiales al llegar a la secretaría general del PSOE, en 2014, pero ni siquiera ha tenido el gesto de recordar a quienes sufrieron las cloacas antes que él y en todos estos años se mostró cuando menos poco empático.

En efecto, Sánchez señaló la importancia del poder mediático en la destrucción de los rivales políticos, pero ni anunció ninguna medida al respecto ni reivindicó a las víctimas que lo precedieron.

Sánchez paró cinco días, mantuvo en vilo a un país de 47 millones de habitantes, a un partido de 145 años... Y, cuando volvió, pronunció un discurso ya pronunciado muchas veces en el pasado por otras personas que no necesitaron cinco días de reflexión para elaborarlo y que, además, no vino acompañado por ninguna medida concreta, por ninguna transformación que hiciera posible atajar el uso político de la justicia y los medios para destruir rivales sin reproche alguno.

Este martes, en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que tampoco aprobó ninguna medida para atajar los males enunciados por Sánchez 24 horas antes, la ministra portavoz, Pilar Alegría, tampoco fue capaz de concretar ninguna propuesta que el Gobierno esté pensando en presentar para contrarrestar lo que denunció Sánchez el día antes.

Nada.

Sánchez se tomó sus cinco días de reflexión: publicó una carta abierta, mantuvo a un país y un partido en vilo. Y, después de todo, no hay nada concreto.

El secretario de Estado de Rajoy, Francisco Martínez, diseñó con un comisario corrupto, Villarejo, un trabajo “clandestino”, sin orden judicial ni ningún tipo de denuncia o procedimiento legal, para investigar al suegro de Pedro Sánchez. Para llevarle la información a Mariano Rajoy y matar políticamente a Pedro Sánchez. Pero todo esto no empieza ni acaba con Pedro Sánchez. 

Hacemos un repaso a los múltiples casos de lawfare contra políticos de izquierdas en nuestro país y fuera de él, en una estrategia clara de la derecha política, mediática y judicial.

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Una jueza ha mandado al banquillo de los acusados al periodista Carlos Sosa, director de Canarias Ahora, un medio asociado a elDiario.es. Le piden 23 años de cárcel. La acusación la ejerce Salvador Alba, el juez corrupto en prisión por fabricar pruebas falsas para destruir la carrera política de otra jueza, Victoria Rosell, pareja de Carlos Sosa.

Alba se venga del periodista desde la cárcel y le acusa de acoso, delitos de odio y revelación de secretos por publicar las artimañas que usó para intentar eludir su ingreso en prisión. De momento, la jueza ha impuesto a Carlos Sosa una fianza de más de 400.000 euros.

Hablamos con Carlos Sosa para conocer los detalles de este nuevo caso y con el director de elDiario.es, Ignacio Escolar, analizamos cómo afectan este tipo de ataques a la libertad de información, a los periodistas y a los medios.

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El pacto entre PSOE y Junts, el amago de que el preámbulo (sin contenido dispositivo) de la ley de amnistía pudiese contemplar el término lawfare y el “superministerio” de Justicia y Presidencia han encendido todas las alarmas en el mundo de la justicia. Cautivos de dogmas jurídicos como la igualdad ante la ley o la imparcialidad de jueces y juezas, lamentablemente poco tienen que ver estos principios con el día a día de una administración de justicia formada por seres humanos con sus pasiones y convicciones.

Lawfare es un concepto político; la utilización fraudulenta de la justicia para derribar de manera coordinada enemigos políticos. Un delito de prevaricación como una catedral. Es evidente que en una gran parte de los excesos vividos con el procés no ha existido tal coordinación. Lo que sí ha existido, sin duda, son numerosos casos de sesgos y prejuicios que han permitido una valoración judicial mucho más severa que en otros asuntos.

Nos referimos a la insistencia del juez Llarena en la investigación por rebelión –que requiere armas– a los encausados del procés, a García Castellón imputando alegremente a Puigdemont y Marta Rovira por delitos de terrorismo en plena investidura y formación de gobierno por las acciones multitudinarias de Tsunami Democràtic o los años y años de secretos de sumario que han permitido, y permiten, espiar a políticos independentistas, abogados, periodistas, empresarios o simples ciudadanos en total indefensión. Nos referimos a la paupérrima investigación de la corrupción política y policial de la Operación Catalunya pese a los numerosos indicios obrantes en el Caso Villarejo o a la inhabilitación de todo un presidente de la Generalitat por negarse a colgar una pancarta.

Vemos con preocupación cómo las causas contra la corrupción de Villarejo se vuelven contra sus víctimas cuando te llamas Pablo Iglesias y mueren de inanición cuando te llamas Dolores de Cospedal –pese a las decenas de conversaciones que le incriminan–. Cuando Iglesias denuncia que el tipo que facilitó una orden de pago falsa en Granadinas a la policía obtuvo a cambio la autorización de residencia legal en España “por apreciadas razones de colaboración policial”, los juzgados la rechazan alegando que no hay indicios.  

Toda la primera línea política del entorno podemita se encuentra inmersa en el fango judicial, con sus inmensos costes personales, profesionales y reputacionales, mientras las causas terminan deshaciéndose: Mónica Oltra, Ada Colau, Vicki Rossell y un largo etcétera. El juez persecutor de esta última sigue en prisión por compincharse con un empresario para hundir a Rosell. En el momento de los hechos era el portavoz canario de la Asociación Profesional de la Magistratura, la mayor asociación de jueces, que hoy se alza defendiendo la “honorabilidad” de sus señorías. A Isa Serra, en cambio, se la condenó por las meras declaraciones, no coincidente entre ellas, de un puñado de policías pese a los numerosos y plurales indicios en contra, incluyendo cientos de fotografías y vídeos. 

Los casos de lawfare, corrupción o prevaricación certificados, son pocos, ciertamente, pero no es ningún secreto la abultada mayoría conservadora que existe entre los integrantes del poder judicial (del mundo de la justicia en general, incluyendo fiscales y abogados). No estamos diciendo ni que sea censurable ser de derechas ni que todo juzgador de derechas sea parcial ejerciendo su trabajo, pero desde luego sí es muy poco representativo de la pluralidad política de España. El tercer poder, llamado a poner límites al Gobierno y legislativo, está claramente escorado a la derecha, singularmente en los puestos más altos y los de mayor sensibilidad.

A estas alturas, parece difícil discutir que algunos jueces, en ocasiones, se han dejado llevar por prejuicios ideológicos propios de la tendencia conservadora de sus miembros. Una predisposición subjetiva al orden establecido, una transición de la dictadura a la democracia casi automática de los maestros de nuestros jueces de hoy o un acceso clasista de una difícil oposición carente de becas, ejercen una influencia tan invisible como evidente.

Por eso nos preguntamos: ¿tan infame era la mención al lawfare en el acuerdo de la Ley de Amnistía? ¿No existe razón alguna para que los jueces se planteen la politización de ciertas decisiones de algunos de sus más selectos miembros, notablemente la Audiencia Nacional? ¿No podemos siquiera plantearnos o debatir de manera crítica este sesgo conservador? Los que protestan insisten en que cuestionar a los jueces es un ataque a la democracia. Los que suscribimos este artículo opinamos justo lo contrario; una democracia no es plena si uno de los poderes del estado no puede estar sujeto a crítica y revisión.

A pesar de los palmarios casos someramente enumerados con anterioridad, el debate no es ni nuevo ni lo inventan podemitas, independentistas u otros disidentes de la España “tradicional”. Este es el objeto de la teoría de la “justicia penal de dos velocidades” que defienden importantes catedráticos –como Jesús Silva Sánchez, abogado de la infanta Cristina–, la teoría del “derecho penal del enemigo” que trajo Manuel Cancio, o el tan teorizado “derecho penal de excepción” del célebre juez Roberto Bergalli. 

Que la independencia e imparcialidad de los jueces en España es algo controvertido lo ponen de manifiesto consultoras internacionales como el World Justice Project, que sitúa España en el puesto 25 en la calidad del sistema de justicia penal, por detrás de los Emiratos Árabes, o las recomendaciones del GRECO .

Llevamos años de debate sobre la justicia y poder judicial, sin ningún avance más que la constatación de que las mayorías cualificadas necesarias para la renovación de los órganos, fruto de sociedades menos polarizadas, promueven el bloqueo conservador de la judicatura. Por ello emplazamos desde aquí a los profesionales de la justicia a la revisión autocrítica de nuestro sistema de justicia, con paciencia y sin caer en el corporativismo, pues no hay mayor enemigo del respeto y la reputación que las propias acciones.

La Delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell (Murcia, 1968) confiesa sentirse “asqueada” tanto por el comportamiento del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que besó en la boca sin su consentimiento a la campeona del mundo Jenni Hermoso, como la comparecencia del propio Luis Rubiales este viernes ante la Asamblea de la Federación.

“Aquí no se está tratando de hacer justicia, se está ejecutando un asesinato social. Se me está tratando de matar. No hay deseo ni posición de dominio [el beso a Jennifer Hermoso], aunque se esté vendiendo otra cosa en muchos medios, que están rindiendo pleitesía ante el falso feminismo, que es una plaga en este país. El beso es libre, mutuo, consentido. Yo le dije, ¿un piquito? Y ella me dijo 'Vale'”, afirmó Rubiales en su intervención. El Gobierno, a través del Consejo Superior de Deportes, ya ha elevado al Tribunal de Arbitraje Deportivo la petición de un expediente por falta grave y la solicitud de inhabilitación.

¿Qué le pareció la comparecencia de Luis Rubiales?

Estoy avergonzada, me he sentido asqueada. Me ha recordado a muchos presuntos agresores sexuales que he tenido delante y que acusan a las víctimas de ser unas mentirosas para intentar victimizarse ellos. Ya sentimos vergüenza con su actuación en Sidney y su comparecencia lo ha acabado de rematar. Ha sido el manual del machista dispuesto a plantear esto en términos de una guerra y llegar hasta unos extremos poco compatibles con la dignidad y la decencia. 

¿Cree que ha contribuido a revictimizar a Jenni Hermoso con su comparecencia y su acusación al intentar dejarla como mentirosa?

Sí, lo que pasa es que cuando las mujeres tienen entornos y normas que las apoyan, a veces tildarlas de mentirosas y hacer dudar de su palabra con expresiones que pueden resultar aún más ofensivas produce una reacción paradójica: que las víctimas exigen aún más justicia y más reparación. Es Jenni Hermoso quien tiene que decidir si acude a los tribunales o no o si le dice a la Fiscalía que si se querella o no, pero creo que las palabras de Rubiales incluso podrían ser el detonante de una decisión de exigir toda la verdad. Cuando se intenta humillar a las víctimas a veces resurgen si tienen suficiente apoyo.

Habla de la vía penal. ¿Qué supondría respecto a la administrativa, que es la que está activada por el momento?

El único ámbito y espacio en el que se le puede imponer una pena privativa de sus derechos y proteger a la víctima con medidas como el alejamiento, una indemnización a su daño psíquico, moral y social, o una inhabilitación profesional de él, es la vía penal. 

¿Rubiales cometió una agresión sexual?

El hecho sería constitutivo de una agresión sexual. Es importante nombrar a las cosas por su nombre y esto es violencia sexual. Debemos respetar su presunción de inocencia, no podemos decir que ese señor ha cometido un hecho delictivo, pero es legal y es pedagogía decir que un tocamiento, una palmada o un beso no consentido es violencia sexual. Eso es información y no atenta contra su presunción de inocencia. Es una derivada de la ley del solo sí es sí que pasa por poner el consentimiento en el centro. 

Antes de la ley no era considerado agresión. 

Antes la agresión sexual exigía violencia o intimidación. Existía la figura del abuso pero con una altísima cota de impunidad que alcanzaba hasta el 90%. Ahora hay penas que protegen muchísimo más a las víctimas y no me refiero a las de prisión. La ley introduce penas como la inhabilitación profesional, que no solo protege a la víctima sino que protege a las demás, nos protege a todas, porque puede apartar al agresor de su responsabilidad o prohibir que se desempeñe responsabilidades relacionadas con menores, por ejemplo. Y son penas mucho más importantes que dos meses o tres más de prisión, que es en lo que muchos pusieron el foco con la ley del 'solo sí es sí'.  

La reacción social que ha generado el comportamiento de Rubiales, que es lo que le ha llevado a una situación insostenible, se asienta en un convencimiento generalizado de que obviamente un beso forzado es una agresión. Más allá de la aplicación de las penas, ¿ha contribuido a esa concienciación la ley del 'solo sí es sí'?

Completamente. Es mucho más fácil cambiar una ley que una cultura, pero las leyes que consiguen su objetivo son las que arraigan en una sociedad. Por mucho que los reaccionarios nos hagan sufrir y nos golpeen duro esto va calando, hay un debate sobre la violencia sexual, una conversación permanente. Y eso no lo hace el BOE, lo hace el feminismo y lo hace la lucha que llama a las cosas por su nombre, llama violencia sexual a la violencia sexual y no lo llama piropo ni cosas que pasan. Se trata de cambiar la mirada y creo que los hombres, los que no son machistas cerriles, estáis haciendo ese ejercicio desde hace unos años revisando vuestro propios comportamientos, la mayoría educacionales. Y ese cambio cultural es mucho más importante que el BOE. 

El Ministerio de Igualdad irá a la Asociación de Futbolistas de España (AFE) a dar formación. ¿Cómo es posible que en un ámbito como el fútbol no existieran hasta ahora protocolos antiacoso o formación contra el machismo?

Estamos legislando auténticas deudas, cosas que el Estado y el legislativo le debían a la sociedad española. Nosotras damos formación a toda la administración, al funcionariado, a la justicia…Y todavía no habíamos llegado al ámbito deportivo. La AFE tiene 14.000 personas sindicadas. Les hemos ofrecido esta formación y han aceptado este ofrecimiento. Estamos recuperando el tiempo perdido, pero esto no se hace en semanas ni en meses. 

Las empresas están obligadas a protocolos de este tipo. ¿Se están aplicando y funcionan?

Tenemos convenios con cientos de empresas que tienen el sello de empresas libres de violencia de género y promueven este tipo de actuaciones. Vamos poco a poco construyendo este país con todos los protocolos necesarios. La ley del deporte obliga a tener protocolos antiacoso y sanciona sin subvenciones a las federaciones que no los tengan, por ejemplo. Hay que entender que con cada protocolo no puede haber un policía mirando si se cumple, por lo que el compromiso y la información de las propias personas trabajadoras es fundamental para garantizar el cumplimiento. En los espacios de ocio el protocolo está funcionando, pasó con el caso de Dani Alves y está pasando con los puntos violeta. Los avances han sido muchísimos, aunque quede mucho también por recorrer.

La caída de Rubiales, parece que próxima, no significará el fin del machismo ni de las agresiones sexuales, pero seguramente se convertirá en un símbolo. ¿Qué importancia le da?

Va ser un hito en la historia de la igualdad en este país y en la lucha contra las violencias más invisibilizadas, más normalizadas. Hay gente que se convierte en un símbolo sin pretenderlo, como la víctima de la manada o Ana Orantes. En este caso nos hemos cansado de repetir lo importante que era que tantos niños y niñas se sintieran referenciados en las mujeres campeonas. ¿Qué mensaje estaríamos trasladando si la conclusión es que puedes ser campeona del mundo pero que luego puede llegar un hombre a hacer lo que quiera con tu cuerpo? Sería demoledor. Por eso puede ser un hito en la lucha contra las violencias machistas. Hay hitos que pueden ser legales pero otros son sociales y este es el caso. Una gesta como la victoria de las mujeres en un campeonato del mundo no puede acabar con la humillación por parte de un señor. 

En una guerra política contra los jueces cometer un error supone tu sentencia condenatoria. Podemos lleva inmerso años en una guerra contra la judicatura en contra de su voluntad, pero que una vez declarada no fue rehuida. La magistratura puso en el foco a Podemos dando curso a denuncias e investigaciones que se veían sin fundamento con el único objetivo de desgastarlos y el partido morado reaccionó haciendo de la crítica descarnada a esos jueces parte de su ideario político. No se buscó el conflicto, pero se aceptó el envite. En España hay jueces fachas que odian a Irene Montero, lo sabemos y en Podemos lo saben. Es una evidencia que si se cree que en España hay una correlación jurídica reaccionaria se tiene que ser especialmente escrupuloso con la estructura técnica de la legislación para que ese corpus filofascista no pueda eludir la prevaricación si quiere interpretar las normas de forma desfavorable a los intereses de la mayoría progresista. Hay que ser mejor, más inteligente y tener el colmillo retorcido para no dejar una puerta trasera por donde puedan colarse para hacer daño.

Hay jueces fachas, fascistas con toga y reaccionarios que no respetan la democracia. Es una certeza formal que no es preciso remarcar por lo notoria. De la misma manera que no todos lo son. En España hay jueces que prefieren dejar en la calle a un pederasta si con eso logran perjudicar al Ministerio de Igualdad hasta el punto de lograr que el Gobierno de coalición no pueda renovar su mandato en 2024. Tengo el pleno convencimiento de que entre la multitud de jueces y juezas que han tomado la decisión de revisar condenas a la baja esta motivación ha sido uno de los motores que les ha impulsado a tomar esta decisión favorable al reo, pero también tengo el pleno convencimiento de que otros muchos lo han hecho porque consideran que la nueva estructura penal emanada de esta ley les obliga a acudir al principio constitucional del “in dubio pro reo”. Es por eso, porque hay espacio para la interpretación, que no cabe duda del error cometido por este Gobierno al haber dejado la puerta abierta para la interpretación de esos jueces fachas que odian a Irene Montero. Si pueden interpretar no están prevaricando y si no prevarican has dejado un flanco descubierto por el que te van a sangrar hasta derrotarte.

La defensa es endeble, poco fundamentada y sin tener en cuenta cómo funciona la percepción pública. Ha habido más de 700 rebajas de condenas y poco más de una decena son firmes. Ambas afirmaciones son ciertas y poner el foco de manera unilateral en una de esas aseveraciones se debe al mero interés, partidista o mediático, que busca culpar o exonerar de responsabilidad. Pero no dejan de ser ciertas y en la opinión pública es imposible introducir el marco de que al ser solo poco más de diez las sentencias firmes hay posibilidad de que muchas de esas 700 rebajas al final queden anuladas. La sentencia de 'la manada' que determinó que lo que ocurrió en esa violación no fue agresión sino abuso sexual no era una sentencia firme. Pero sin ser firme tuvo la capacidad para generar una ola de indignación y protesta sin parangón que obligó a los representantes políticos a realizar una reforma legal.

La percepción ciudadana no se basa en la firmeza de las sentencias, por eso el intento de Victoria Rosell de explicar que de las 700 sentencias que han reducido condenas solo una decena han sido declaradas firmes por el Tribunal Supremo no tiene ninguna relevancia en el humor social, que no entiende que una ley destinada a la protección integral de la mujer víctima de violencia sexual acabe con agresores sexuales y pederastas con las penas reducidas. 

Hay jueces al más alto nivel que han dejado patente que por encima de la lógica jurídica se encuentra su percepción ideológica, su adscripción reaccionaria y su labor en beneficio de la persecución a quienes defienden otras ideas. Ha sido probado con su actuación en multitud de ocasiones. Podemos sabía que estos jueces y muchos otros de menos renombre existen y están dispuestos a realizar cualquier actuación que acabe con su representación pública. Las sentencias exculpatorias se han ido sumando en diferentes juzgados provocando que la responsabilidad judicial por los fallos se haya ido disolviendo entre el marasmo de decisiones. Al haber muchas sentencias no habría tiempo de mirar qué dice cada juez en cada una y la responsabilidad se pondría en el Ministerio de Igualdad y no en jueces que han llegado a afirmar que en una violación múltiple había jolgorio. No tengo la más mínima duda de que un buen número de las sentencias que han reducido la condena se han producido con el único objetivo de sumar al contador para provocar un desgaste lento pero constante al ejecutivo en general y a Irene Montero y a Podemos en particular. Yo lo sé, Podemos lo sabe, por eso no se entiende que en una guerra de trincheras con los jueces salgas a campo abierto y a pecho descubierto con una ley sin blindar con la que te masacren. 

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha llamado este lunes a preguntarse por qué las mujeres siguen sintiendo inseguridad ante el sistema judicial y ha apostado por introducir más mejoras relacionadas con la formación, tanto en el ámbito judicial como en la sanidad, la policía o la educación.

En declaraciones a Canarias Radio recogidas por EFE, y que se producen después de que se hayan contabilizado en las últimas 24 horas cuatro asesinatos por posible violencia machista, Rosell ha señalado que el último caso, el de la víctima asesinada en Adeje (Tenerife), “es especialmente sangrante por la cantidad de denuncias que se llegó a tener, con órdenes de protección desde 2013”.

Rosell destaca que cuando la víctima retira la denuncia o no quiere declarar, se deben reforzar las condiciones materiales para que a las víctimas “les merezca la pena” denunciar y declarar. En este sentido, ha abogado por mejorar el apoyo emocional, psicológico, habitacional, laboral y todo lo relacionado con el cuidado de hijos porque son cuestiones que “conforman una red social que salva vidas”.

En el caso de la mujer de Tenerife, ha ahondado que el agresor había sido detenido a finales de diciembre por amenazas y ha dicho que al haberse denunciado como un delito de coacciones, en este caso concreto sí era necesario que existiese una denuncia previa por parte de la víctima, por lo que “nadie puede criticar que tras retirar la denuncia no se siguiera adelante”.

Sin embargo, la delegada ha insistido en que independientemente de ello, siempre se pueden buscar pruebas y testimonios que corroboren la violencia machista aunque la víctima no esté en condiciones de aportarlas.

“Se pueden buscar pruebas aunque las mujeres no estén en condiciones. Se pueden llevar a cabo investigaciones con la diligencia debida”, ha dicho.

Preguntada por la colaboración de su área con el Ministerio del Interior, Rosell ha asegurado que trabajan siempre “de forma conjunta” y ha comentado que a los protocolos “siempre se pueden encontrar puntos de mejora”, especialmente si se pregunta a los profesionales implicados en la lucha contra la violencia de género, como trabajadoras sociales, forenses, fiscales con formación o psicólogos.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género ha abogado por que se pueda intervenir más con los maltratadores, especialmente con los condenados, algo que a su juicio está “limitado” frente a las intervenciones con las víctimas, “que se puede realizar casi desde cualquier administración”.

“En ese ámbito también se puede trabajar y mejorar porque históricamente se han dedicado menos recursos”, ha apuntado Victoria Rosell, que ha abundado que ya desde su área se han puesto en marcha campañas de concienciación dirigidas a los hombres, “que también son perjudicados por un machismo nocivo y violento”.

Respecto a qué está fallando para que se produzcan los picos de los últimos meses, ha aseverado que “se está haciendo más que nunca”, aunque ha insistido en los “márgenes de mejora” de todos los sistemas.

“También hay más visibilización no solo de asesinatos de parejas o exparejas sino de todos los feminicidios”, ha apostillado la delegada contra la Violencia de Género, que también ha relacionado esta situación con un “repunte brutal de machismo y negacionismo incluso por parte de fuerzas políticas”.

Al respecto, ha criticado a aquellos que “tratan de humillar y avergonzar a las víctimas para mantenerlas en el silencio”, algo que, a su juicio, siempre “trae consecuencias”. 

La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, ha aportado este jueves datos reveladores sobre la violencia machista, que aún se encuentra oculta en la sociedad. El Ministerio de Igualdad ha avanzado este año en el compromiso de aportar las estadísticas de mujeres asesinadas por el hecho de serlo, más allá del ámbito de la pareja o expareja. Solo en el primer semestre del año se contabilizaron 19 feminicidios fuera de dicho ámbito (el único que se contabilizaba hasta ahora); 11 de los casos se habían producido en la familia. “El dato más sobrecogedor, no por no esperado, es que el 100% de los agresores eran conocidos”, apuntó.

“La violencia sobre la mujer además de ser sistémica, oculta y silenciada; también es un continuo en la vida de las mujeres”, destacó. En ese mismo período de tiempo, 23 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. Rosell ha explicado estos datos en el II Congreso Justicia y Sostenibilidad Democrática: la respuesta a la violencia de género, en el que ha intervenido de forma telemática.

También rizo referencia a los datos reveladores de la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, donde quedó reflejado que solo el 8% de las víctimas de violencia sexual denuncia (por tanto, el sistema deja fuera al 92%). Todas estas violencias que son sistémicas, añadió, no pueden “tener una respuesta meramente penal”. Y, por ello, defendió la necesidad de avanzar hacia una respuesta “coordinada, integral y satisfactoria para las mujeres y la infancia”. En este sentido, subrayó la importancia de escuchar a las víctimas y supervivientes ya que ellas mismas son expertas de su propia experiencia.

El cómputo de feminicidios, destacó, es cada vez más necesario en un mundo impregnado de fake news o bulos. Por ello, sostener datos, considera que es primordial e insistió en “la necesidad de trabajar juntas y compartir saberes y experiencias para la mejor protección de las víctimas y supervivientes de todo tipo de violencias, ya que amplía la mirada y permite ver el problema completo”.

Durante su ponencia, recordó que la Ley Estatal de 2004 de Violencia de Género es un referente mundial. “Personalmente, ha sido una gran experiencia pasar de conocer la respuesta judicial de la violencia a conocer todo el ámbito de protección social”, resaltó. Son respuestas que cree que tienen que estar coordinadas entre sí.

“Los avances nunca han sido sencillos”

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género hizo mención a que con la Ley de 2004, lo primero que trascendió al público fue la parte penal, lo cual cree que dice mucho del tipo de país y de lo que se vende a la sociedad como que da “seguridad”. Remarcó, que entonces fue lo judicial o penal lo primero que tuvo una gran resistencia con unas 180 cuestiones de inconstitucionalidad que dejaron paralizada la aplicación de la ley y supuso la puesta en cuestionamiento de la legitimidad del Gobierno autor de esa ley. Por ello, subrayó que “los avances nunca han sido sencillos”.

Sobre la violencia sexual, subrayó la importancia de ampliar “la mirada y la escucha”, puesto que las supervivientes lo que piden es que no vuelva a pasar, además de apoyo y reparación. “Y que no vuelva a pasar incluye que no haya violencia institucional”, apuntó la magistrada en excedencia.

Así mismo, sobre la Ley del Solo sí es sí, destacó que uno de los aspectos que recoge y que entrará en vigor el próximo año es que ante un caso de violencia sexual, “un Estado que sí que te cree”, con el consentimiento informado de la víctima, puede recoger las muestras que aporte y las guardará sin que tenga que denunciar ese momento.

Las madres de menores víctimas de violencia vicaria

Rosell explicó que las llamadas más duras que ha tenido que realizar en el cargo que ocupa han sido a las madres de menores víctimas de violencia vicaria. “Son víctimas de esta violencia tan cruel”, del “te voy a dar donde más te duele”. En este punto, hizo referencia a toda esa red de otras madres que se ayudan unas a otras como Itziar Prats, Ángela González Carreño (que puso 51 denuncias para alertar de la violencia que sufrían ella y su hija y, sin embargo, Andrea, fue asesinada por su padre en 2003.), Ruth Ortiz. “Son capas de redes que si funcionan realmente salvan vidas”. También recordó a la madre de Anna y Olivia, Beatriz Zimmerman, que aunque no requirió de ayuda institucional sí que se interesó por esa red de apoyo.

Sobre el término violencia vicaria también ha aportado su visión Sonia Vaccaro, la psicóloga que lo acuñó y que explicó que suele ser una violencia que aparece en el momento de divorcio. “La característica básica que las víctimas describen de estas violencias es el ataque al rol materno”, agregó.

En este tipo de violencia señaló que aún pervive el término “pater familia” romano. Los hombres que ejercen esta violencia usan a los hijos e hijas para dañar a las madres, descalificándolas y atacando su rol como madre. “En la actualidad sabemos que la violencia contra las mujeres no es solo física y sabemos que los hijos e hijas son víctimas también”, dijo. “Las secuelas que viven las hijas e hijos son tan profundas como las madres, es vivir en un ambiente bélico”, indicó.

Vaccaro hizo referencia a las “madres protectoras” que lo son porque saben el contexto que están viviendo sus menores con los padres. También rememoró algunos datos como que solo el 25% de las víctimas de violencia machista denuncia. “Tenemos una cifra oculta de un 75%” y “por más que se diga que se está hablando mucho de esto, lamentablemente se denuncia muy poco. Hay muchísimas que no están pudiendo decirlo”, añadió. La psicóloga hizo referencia a las últimas macroencuestas de violencia sobre la mujer del Ministerio de Igualdad y destacó algunos motivos de por qué no lo hacen como que minimizan el problema y normalizan la situación. Por ello insistió en acabar con el bulo de las denuncias falsas, un mito que aún pervive.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, lleva una semana achicando agua del barco de la ley del 'solo sí es sí', uno de los proyectos estrella de la legislatura del Ministerio de Igualdad. Durante la entrevista, celebrada en la redaccción de elDiario.es este viernes, Rosell defiende la ley y se muestra segura de que el Tribunal Supremo confirmará que las condenas de los delincuentes sexuales no se deben rebajar de forma retroactiva y generalizada por el efecto de la última reforma del Código Penal. No cree que sea necesario introducir ninguna reforma ni ninguna disposición transitoria ante lo que considera que son resoluciones judiciales contradictorias y, en algunos casos, también erróneas. Y va rebajando el tono sobre las acusaciones de machismo generalizado a los jueces que vertieron en un primer momento algunos compañeros de partido, y que motivaron quejas contra Podemos de Juezas y Jueces para la Democracia, la asociación donde la propia Rosell ejerció de portavoz. A la hora de hacer autocrítica, admite que puede haber faltado “pedagogía” sobre esta norma y reconoce que es un problema tener que hacerla ahora para responder a “bulos y fake news”.

¿Se esperaban la polémica que se está produciendo con la aplicación de la ley del ‘solo sí es sí’ y las rebajas retroactivas que se están produciendo en el caso de algunos delincuentes sexuales?

La previsión estuvo durante toda la tramitación de la ley. Se puso encima de la mesa la necesidad de que no hubiera revisiones a la baja que resultaran desproporcionadas, perjudiciales para las víctimas o alarmantes. En cuanto a la polémica, personalmente me ha extrañado un poco que suelen venir, sobre todo las que están inflamadas –las que se forma un suflé que se desarma en una semana pero pueden contribuir a crear mucha inseguridad en las mujeres y en el sistema–, de un lado de la sociedad y los medios, y esta vez han logrado establecerla a lo largo y ancho de todo el país hasta que hemos pedido calma y explicado, desde el presidente del Gobierno hasta nosotras mismas, por qué ahora es el momento de la respuesta judicial, a ser posible con unidad de criterio para no crear más inseguridad.

Los distintos tribunales territoriales están solucionando casos en sentidos distintos. ¿Se está creando inseguridad jurídica?

El mismo artículo de la Constitución que consagra la irretroactivdad de las leyes penales desfavorables consagra el principio de seguridad jurídica y es muy importante en un Estado de derecho. Es indeseable que haya criterios distintos y resoluciones distintas para casos similares.

La jurisdicción lo que hace es examinar caso por caso, y ninguno es igual. Para compararlos hay que usar un pincel fino y no una brocha gorda. Pero normalmente no tienen esta publicidad, no se ponen micrófonos a cualquier abogado como el de ‘la manada’ de Pamplona, que es una voz muy parcial y no es una voz experta. Yo creo que no tiene ninguna posibilidad porque el Tribunal Supremo sugirió que a los violadores grupales de Pamplona les faltaba pena. Se les había condenado por su violación pero no por la participación en la de los otros cuatro.

Ni la Fiscalía General del Estado todavía ha sacado un criterio unificador para el derecho transitorio ni lo ha hecho el Tribunal Supremo. Nosotras, el Gobierno y Justicia estamos convencidas de que hay un cuerpo de derecho transitorio más que suficiente a lo largo de todos estos años y una jurisprudencia consolidada y estamos seguras de que será finalmente lo que se aplique.

¿Era necesaria la disposición transitoria que algunos expertos identifican como el problema que originó estas rebajas de condenas? ¿Se puede aplicar la que ya existe de reformas anteriores?

Se está hablando de que no hay una disposición transitoria. Si buscan en el BOE consolidado del actual Código Penal español y se van al final, antes de las disposiciones finales hay una transitoria, la quinta, que sigue ahí vigente.

Hay una jurisprudencia consolidada a lo largo de todas las transitorias. Porque también hay disposiciones transitorias muy temporales para una reforma en concreto y hay disposiciones transitorias que son parte del cuerpo doctrinal y jurisprudencial. Y esta, afortunadamente, ya está muy clara. Si la pena que has impuesto en sentencia firme cabe en la siguiente legislación, no se revisa. Con la salvedad de una sentencia de 2013 que dice que se puede matizar y ver las circunstancias individualizadas.

Los juristas estamos muy acostumbrados a hacer este calculo técnico. Técnico, que no automático. Siempre ha habido discordancia en primeras interpretaciones. Porque esto se está interpretando en primera instancia aunque sea una audiencia, que fue quien condenó. Sí que hay casos que crean bastantes más indicios de ser erróneos, de obedecer a un error en la interpretación de la ley y con muchas posibilidades de ser revocados.

¿Qué error están cometiendo los tribunales que están fallando en ese sentido?

Yo no puedo hablar de errores judiciales sin que se haya pronunciado [el Tribunal Supremo], hay que poner calma en este debate. Tampoco puede un juez decir: “Yo lo he hecho perfecto, he aplicado la ley sin ningún tipo de duda”. No sin ningún tipo de duda, porque lo has hecho de manera contraria a tu vecino de partido judicial. Las disposiciones transitorias tienen la ventaja de que llevan décadas con su cuerpo doctrinal y jurisprudencial y se aplican por igual en toda España.

Ni los jueces pueden presumir de infalibilidad ni nosotras señalar una sentencia concreta y decir cuál es el error. Pero de forma generalizada, por las que estamos leyendo, afectan sobre todo lamentablemente a delitos de abuso, porque el abuso desaparece [en la reforma del Código Penal] pero no porque desaparezca, sino porque es un solo delito junto con la agresión. Hay que leer todo el esquema. Yo ya era jueza cuando cambió el sistema de delitos contra la libertad sexual en el Código de 1995 y no era estudiar distintas penas y distintos artículos, era cambiar el esquema y ahora hemos mejorado notablemente este.

Hay cambios en el acoso, el stalking, hay inhabilitación de patria potestad para agresores sexuales cuando las víctimas son menores, está el impedir acceder al tercer grado sin haber cumplido la mitad de la condena, que solo estaba previsto para violencia de género… hay muchos cambios. Pero el más paradigmático puede que sea que cualquier acto sexual sin consentimiento, como nos decía el Convenio de Estambul y reclamaba el movimiento feminista y el feminismo jurídico, es ya agresión y apartamos todo ese término de abuso que trataba a las mujeres y niños y niñas víctimas mayoritarias como objetos de derechos más que como sujetos de derecho.

¿Ha fallado algo en la redacción de la ley? ¿Ha habido algún error en la elaboración, falta de tiempo?

Me parece que la crítica de que ha faltado tiempo tiene que proceder, para no presumir mala fe, de la ignorancia. Esta ley se estaba trabajando desde 2018. Cuando accedemos al Gobierno está hecho el trabajo de las catedráticas de Derecho Penal y empezamos ya la elaboración del texto como anteproyecto de ley con los primeros borradores. Estamos hablando de marzo de 2020, hace dos años y medio, fue al Consejo de Ministros en primera vuelta. Después fueron todos los informes de órganos constitucionales, Consejo del Poder Judicial… y abro paréntesis: no dijo que no bajáramos los mínimos.

Eso no lo dijo nadie.

¡Nadie! Ni Consejo Fiscal, ni Consejo del Poder Judicial, ni Consejo Económico y Social ni Consejo de Estado, ni toda la parte de participación ciudadana en la que participa gente que te manda un email, sobre todo participan personas con interés y con conocimiento, muchas abogadas feministas y mucha sociedad civil. Nadie advirtió que pudiera existir una revisión a la baja como las que se están dando en algunos casos creando bastante inseguridad jurídica.

Creemos que nadie lo advirtió porque los mayores expertos creen que el sistema transitorio está bastante consolidado y que no se iban a dar estos casos, pero en todo caso que se corregirán en la vía judicial y no gubernativa, que es en la que tienen que corregirse. Nadie advirtió este riesgo porque creemos que obedece a una interpretación inicial del texto que se irá consolidando en otro sentido y, desde luego, lo que tienen que hacer seguro es unificar criterio.

Esta es una reforma que afecta a 16 leyes. Y desde Igualdad se ha defendido que no es una ley punitivista. ¿Ha faltado algo de pedagogía sobre esta ley?

Probablemente nos falte pedagogía porque estamos cambiando muchas cosas muy importantes que llevaban fallando muchos años. Pero ese sistema no está solo asentado en el ordenamiento jurídico, está asentado en la ciudadanía. Yo querría recordar las resistencias que tuvo la ley de protección contra la violencia de género, que no solo fue discutidísima sino que cuando llega a los despachos judiciales ocasiona que más de cien jueces planteen cuestiones de inconstitucionalidad, diciendo que discriminaba a los hombres.

Lo que sí es que hay más atención mediática, 2004 no es 2022 a efectos de redes sociales. Unas críticas muy exacerbadas al Gobierno y un movimiento reaccionario mundial, global, contra el feminismo. Contra el feminismo como movimiento plenamente democratizador. Todos estos factores han confluido pero también puedo asumir perfectamente la autocrítica de la pedagogía. Ahora estamos saliendo a explicar pero de manera reactiva frente a bulos o fakes. Creo que los pronunciamientos sin calma y sin reflexión de todos los actores políticos, e incluyo al CGPJ y las asociaciones de jueces que han salido precipitadamente a atacar a la ministra pidiendo su dimisión y el CGPJ defendiendo a capa y espada... ¿Y si luego esto es erróneo? ¿El Supremo se va a sentir plenamente libre de decir que estas primeras sentencias o autos que tanto defendisteis no estaban aplicando nuestro cuerpo jurisprudencial?

Yo espero que haya una norma interpretativa, un criterio interpretativo general por parte de la Fiscalía General y estoy convencida de que el Tribunal Supremo mantendrá su jurisprudencia y tendremos una consolidada más temprano que tarde por la alarma social. Ahora, también me gustaría pedir que la parte de la ley que más se debería conocer tampoco se está conociendo y eso no puede ser todo culpa del Consejo de Ministros ni del Parlamento. Esa reacción contra el feminismo está jugando contra la información que se está dando, no hay buena información, de calidad, yo normalmente no tengo estos espacios donde exponer con tranquilidad y rigor qué significa esta reforma, creo que es la primera vez que me graba alguien diciendo los cambios en el acoso, la patria potestad, el tercer grado… Si esto no les da seguridad a las mujeres es que nada se la da, y esto no está en los medios, no está en la opinión pública y debería estar.

El Supremo dictará su primera sentencia sobre este asunto y la Fiscalía se ha pronunciado en contra de revisar la condena de este violador. ¿Tiene Igualdad un ‘plan B’?

No. En un Estado social y democrático con división de poderes, si hubiera al final del camino una jurisprudencia que consideráramos que no interpreta correctamente la ley desde luego no corresponde al Gobierno ni siquiera tomar alguna medida… pero yo estoy convencida de que eso no va a pasar. El Supremo va a mantener su constante y consolidadísima jurisprudencia y por el camino lo que estamos viendo son sentencias de primera instancia contradictorias con un código no asentado.

Yo llamaría a la calma. Entiendo que alarmen y más cuanto más se infle el 'souflé' y más intencionada sea la dirección comunicativa, pero pienso que esto se va a llevar con cierta normalidad. Ojalá no queden muchas víctimas por el camino, ojalá esas sentencias si cometen algún error a la baja no supongan la puesta en libertad de alguien que no ha cumplido su tratamiento penitenciario y no esté preparado para salir y pueda reincidir como consecuencia de estos fallos judiciales si se corrigen.

La fase de revisión dura poco, tres o cuatro semanas, todos los órganos judiciales intentan acomodar las sentencias que están ejecutando y solo se revisan las que se están ejecutando. No tiene que haber un ‘plan B’ cuando ya hay una buena norma que da buenos derechos, que tiene un acervo de disposiciones transitorias detrás y veremos que el Estado está a la altura, el Poder Judicial finalmente va a unificar criterio y va a corregir estos pequeñas fallos que pueda haber en el inicio del camino de una norma.

El mundo judicial no ha recibido bien las críticas de machismo emitidas desde Igualdad a algunos jueces que han tomado estas decisiones. Algunas de estas reacciones vienen de su asociación, Juezas y Jueces para la Democracia. ¿Cómo las ha recibido?

Pertenezco a Jueces para la Democracia y a la Asociación de Mujeres Juezas, que ha hecho un comunicado apelando a la calma con una visión a largo plazo. Tampoco creo que sea adecuado que la asociación conservadora, la Profesional de la Magistratura, pida la dimisión de una ministra por unas manifestaciones.

Yo no he oído, porque no lo han dicho, a nadie de Igualdad generalizar y decir que todos los jueces son machistas. Esto se lo he oído a comentaristas y tertulianos que han querido exacerbar esta crítica para después a su vez descalificar a quien la había pronunciado. Nosotras no hemos generalizado pero la ONU, tanto la relatora especial como la recomendación del CEDAW, nos advierte de que los prejuicios y estereotipos de la Justicia suponen una forma de discriminación de las mujeres, niños y niñas que en este tipo de delitos crean una revictimización, eres víctima del delito y víctima del proceso. Y esta falta de formación judicial o este machismo judicial, estos prejuicios y estereotipos machistas abonaban la cultura de la impunidad. Esto son palabras preocupantes.

Es verdad que la ministra de Igualdad se hizo eco de esto, lo relacionó con algunas de las primeras interpretaciones, primeras críticas furibundas que tampoco se había leído el texto completo. Pero nuestra intención es decir que hay que formarse, especializarse y que hay que actualizarse, no criticar al Poder Judicial en su conjunto. Todos los sectores jurídicos ponen en valor la especialización y formación constante.

La ministra no tuvo tiempo de exponer todo esto delante de las cámaras de elDiario.es y hacer esta reflexión y habló de que uno de los problemas detectados por la ONU, por el feminismo y por todo el feminismo jurídico son los estereotipos machistas de la Justicia. Dicho con calma, creo que es absurdo negar la evidencia de que esto existe. No podemos decir que todos los jueces son machistas ni negar la evidencia de que hay machismo en la sociedad y en la carrera judicial, solo que en la carrera judicial ha sido objeto de pronunciamientos de la ONU.

¿Cómo valora que varias audiencias provinciales hayan decidido iniciar estos procedimientos de oficio?

Me alegro de que me preguntes eso, porque he visto que ha levantado suspicacias cuando no sospechas o críticas un poco desde mi punto de vista exageradas. Yo como magistrada, y cualquier audiencia provincial, ante un cambio legal si estás en fase de ejecución sí que es correcto dar traslado a las partes diciendo que hay un nuevo Código Penal, informe del Ministerio Fiscal, la acusación, la defensa y la víctima… que he visto pocos traslados a las víctimas. Que también tienen sus derechos a conocer cualquier decisión que les afecte, espero que esto también se corrija y que se interprete poniendo a las víctimas en el centro sin restar ningún derecho constitucional a los acusados y condenados. Pero es lógico dar traslado a las partes para decidir en pocas semanas sobre esta posibilidad de revisión a la baja.

¿Se ha quedado solo Podemos defendiendo esta ley hasta que el resto del Gobierno se ha sumado a la consigna de esperar al Supremo?

Yo entendí perfectamente que a la ministra que pillaron en otro acto y en seguida con un micrófono en la mano… dijo: “Lo estudiaremos”. A mí si me preguntan sobre agricultura o algo que no es desde luego de mi competencia inmediata pero estoy haciendo unas declaraciones en nombre del Gobierno también diría: “Lo estudiaremos”.

Si de ahí alguien saca que hay que cambiar una norma… yo creo que ha sido un poco exagerada la polémica dentro del Gobierno. Ya pasados un par de días, yo estoy muy acostumbrada a dar la cara por lo que es mío y lo que no es mío si son cosas en las que creo. Al creer yo en esta ley y en esta acción de gobierno feminista, aunque no hayamos sido las autoras de la medida más debatida, se defiende. Y yo siempre he dado la cara por las cosas en las que creo y creo que el equipo del Ministerio de Igualdad se puede caracterizar por esto.

¿Qué opinión le merece la razón del PP de condicionar la renovación del CGPJ a la eliminación de las puertas giratorias entre la política y la Justicia? ¿Cree que el objetivo era que usted se quedara fuera del Consejo?

Es tremendamente preocupante. Excusa tras excusa, incluso mirar las excusas es un poco mirar el dedo que señala a la luna porque lo que hay es un gravísimo problema de bloqueo antidemocrático e incumplimiento de la Constitución por parte del PP enrocado dentro del CGPJ. El Consejo está muy tocado institucionalmente por culpa de este bloqueo del PP igual que lo está el Tribunal Constitucional. Se han creído los dueños de las instituciones pero tienen que pensar en el daño constitucional e institucional que están causando a este país porque es de lo más grave que ha pasado en democracia. No pueden creer que las instituciones son suyas y si pierden democráticamente las elecciones enquistarse dentro.

No puede ser por haber estado en política, se contradice con sus propios actos como otros muchos magistrados. También por la misma razón que José Ricardo de Prada, mucho más humilde, que es haber conseguido meter en la cárcel a un juez corrupto y haber desvelado una trama de corrupción que giraba en torno a un exministro corrupto del PP en Canarias como fue José Manuel Soria.

¿Había miedo de que el grupo de Unidas Podemos en la Cámara Baja se dividiera a la hora de votar un acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Consejo en el que no estuviera usted como candidata a vocal?

Yo no sé si eso se llegó a plantear. Por una cuestión de principios, cuando estás en el núcleo de lo que el PP quiere que sea el debate, que quería que fuera sobre mi persona y no sobre su bloqueo antidemocrático, yo no formo parte ya de esas negociaciones. Yo no creo que hubiéramos llegado al punto de dividir el voto en el grupo parlamentario. Lo que yo sé, y me fio de todos los portavoces, es que se me dijo que no se me había dejado caer en ningún momento, se me defendió siempre y no como persona sino frente al veto y lo que significaba.

¿Qué nos están diciendo, que la actividad política es menos digna que proceder de una abogacía de empresa, de un gran despacho de abogados? ¿De verdad vamos a comprarle a la ultraderecha el marco de que la política es una actividad denigrante para una carrera jurídica?

Haber estado en política unos años siendo delegada del Gobierno no puede ser, y de hecho no es, mi peor tarjeta de presentación y si es así creo que quien tiene un problema es quien pone este veto por delante, porque está haciendo un daño tremendo a la institución que ellos siempre han dominado y quieren seguir dominando.

Vídeo: Nando Ochando y Xabi González

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha defendido este viernes la nueva ley del 'solo sí es sí' y ha negado que haya que introducir ningún cambio para evitar nuevas rebajas de condenas a delincuentes sexuales. Una comparecencia en la que Rosell ha rebajado las críticas a los jueces que toman estas decisiones, apuntando ahora a la existencia de errores en la interpretación de la norma: “Ha habido lo que nosotras consideramos errores judiciales claros en una aplicación precipitada, sin calma, sin reflexión sin una buena lectura de la ley”. Cierra la puerta a una corrección desde una reforma: “Dejemos hablar al poder judicial y la fiscalía general”, ha dicho.

Rosell ha negado que sea necesario incluir una disposición transitoria en el nuevo Código Penal que, en versiones anteriores de la Ley, ha limitado la capacidad de los jueces para bajar una condena de forma retroactiva. “No falta. Tenemos un derecho transitorio desde hace décadas que puede ir cambiando y no era conveniente que cambiara para que no diera lugar a distintas interpretaciones”, ha explicado.

Se ha referido a diversas sentencias de tribunales como la Audiencia de Madrid, que en los últimos días han rebajado las condenas de delincuentes sexuales. “Algunas de las sentencias revisadas yerran porque ya no es abuso, es violación, y hay una que dice claramente que no reviso porque ya no son seis meses, son dos años y seis meses”.

Para Rosell, “si la pena anterior que la persona cabe en el nuevo código, no se revisa” y añade que “todavía no hemos visto un caso en el que se haya aplicado correctamente el nuevo esquema sobre algunas penas que automáticamente se están reduciendo mirando sólo los mínimos”. Nadie en ningún informe advirtió, además, sobre esta posibilidad.

La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, ha lanzado un mensaje de “calma” y ha apuntado a la “preocupación” del Ministerio “por lo que puedan estar sintiendo muchas mujeres en nuestro país”. Para Rodríguez, la ley del 'solo sí es sí' es “una buena norma” que “ha cambiado un paradigma del Código Penal que necesitaba otro enfoque diferente”, relacionado con “cambiar los esquemas” y no con “cambiar las penas”.

La secretaria de Estado también ha reflexionado sobre que la adaptación de esta norma “va a requerir de un tiempo de aplicación y de que vaya siguiendo su camino en lo judicial”. En España, sostiene, “hasta ahora lo que se hacía era un tratamiento que tenía que ver con la medicina general. No se atendía a la gran cantidad de conductas sancionables y afortunadamente vivimos en un país donde más conductas son sancionables, para cualquier ciudadano y ciudadana y también en el Código Penal”.

Rosell y Rodríguez han hecho estas declaraciones en plena polémica por la aplicación que algunos tribunales del país están haciendo de las nuevas condenas para algunos delitos sexuales, interpretando que muchas de ellas deben ser rebajadas. Así lo han entendido, por ejemplo, en Madrid, Galicia o Baleares al contrario de lo que ha establecido la Audiencia de La Rioja en los 54 casos que ha estudiado.

Este viernes también se ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos en la cámara baja, Pablo Echenique: “El Ministerio de Igualdad ha dicho lo mismo que el presidente: hay que esperar a que los operadores jurídicos unifiquen doctrina. Y, al mismo tiempo, cuando hay una Audiencia Provincial como la de La Rioja, que aplicando la disposición quinta del Código Penal tumba 54 rebajas de pena a la vez, es evidente que hay otros jueces que están interpretando una ley con un sesgo (ideológico) del que la ONU ya nos ha alertado”, ha expresado.

Tal y como ha revelado elDiario.es este viernes, el Tribunal Supremo tiene intención de resolver su primer caso en las próximas semanas a raíz del recurso de un condenado a 12 años de cárcel por violar a su sobrina en Baleares en 2014. Es el primer caso en el que los jueces estudian alegaciones de la defensa específicamente dirigidas a que la nueva ley del 'solo sí es sí' ayude a rebajar la condena de un delincuente sexual y la Fiscalía, como sucede en La Rioja, ha rechazado estos argumentos.

El poder pasa por el euríbor. La inflación y las subidas de los tipos de interés son el mayor torpedo a la línea de flotación para la estabilidad del Gobierno. Estar pendiente de disminuir esa carga para los bolsillos de la ciudadanía sería una manera efectiva de mirar por su propio poder. El Gobierno parece que lo ha entendido, no así la izquierda que pretende dominarlo, que está más pendiente de las luchas por el poder que del poder en sí mismo. Las personas vulnerables, las pobres, las marginales, no votan. Por eso sigue más de dos años después sin haber luz en la Cañada Real. Quienes sí votan son los que pagan una hipoteca, esos son los que deciden elecciones. La subida de tipos de interés es de tal calibre que puede convertir a una familia acomodada en una familia en riesgo de exclusión. Los pagos de las hipotecas pueden encarecerse entre 200 y 300 euros al mes porque los tipos van a seguir subiendo. El empobrecimiento de miles de ciudadanos es un hecho de dimensiones difícilmente evaluable en términos políticos. Lo que es seguro es que será la carestía de la vida que afecta a esa entelequia llamada clases medias la que acabe con cualquier gobierno. A los que no votan y a los que sí les da igual el Consejo General del Poder Judicial por muy importante que sea. Pues es eso lo que ha ocupado a toda la izquierda política esta semana.

Victoria Rosell sería la mejor candidata posible para el Consejo General del Poder Judicial porque, además de ser una jurista excelente, conoce de primera mano la podredumbre que habita en el seno de la judicatura. No sabemos qué piensa Victoria Rosell de que su nombre haya sido utilizado como arma arrojadiza para dirimir cuestiones internas porque no la hemos podido escuchar. No sería la primera vez que se propone a alguien en contra de su voluntad por intereses masculinos. La discusión sobre su conveniencia es metafísica, porque nunca lo va a ser con este sistema de nombramiento. No lo va a ser porque es la propuesta de Podemos y la correlación de fuerzas implica que es necesario el acuerdo con el PP y este jamás aceptará en el Consejo a una exdiputada de Podemos y actual alto cargo del Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Sería una gran candidata, pero eso no va a ocurrir. Podemos discutir mucho, gritar a las nubes o enfadarnos fuerte, pero eso nunca va a suceder si la correlación de fuerzas no cambia.

Una vez puestas sobre la mesa las condiciones de posibilidad para que la jueza sea elegida, hacer de su presencia una disputa interna tiene poco que ver con la valía de Rosell como candidata y mucho con la instrumentalización de su figura entre el electorado para erosionar la figura de a quien se pretende culpar por su rechazo. O de no hacer suficiente fuerza y aceptar su veto. La apuesta sincera de democratización del CGPJ tiene que pasar por cambiar el modo de selección de los miembros del CGPJ y que sea el Congreso el que elija a los jueces por mayoría absoluta y no cualificada de 3/5 como establece la ley actual. Eso sí que cambiaría la dinámica judicial conservadora en la judicatura acorde a las mayorías que emanan de las urnas.

La izquierda ha vuelto a hacer de una cuestión interna, de una cuestión de poder, la agenda prioritaria de la semana. La perspectiva burguesa de sus liderazgos determina de manera escandalosa cuáles son los intereses prioritarios de quien tiene capacidad para marcar su agenda política e informativa. Los juegos de poder les resultan mucho más placenteros que dar la batalla de forma exclusiva en los temas relacionados con la mejora de las condiciones materiales de la gente a la que representan. El poder es un deseo burgués del que puede beneficiarse la clase trabajadora o no, pero cuando esos juegos de poder tienen como mero objetivo el juego en sí mismo y no como medio para un fin pasa de adquirir el tinte de interés colectivo a mero divertimento de élites. Y las élites no solo están en la derecha. 

La primera vez que sentí vergüenza de toga fue como observadora independiente en los juicios contra activistas saharauis, acreditada por el Consejo General de la Abogacía Española. En una apelación colectiva, todas las pruebas apuntaban a una previsible anulación o al menos reducción de las condenas. A la vista de todas las personas presentes, el magistrado recibió un fax y leyó una sentencia que no encajaba con lo que allí se había visto y oído. Después, la protesta y una violenta represión policial. El causante de esa violencia, en su despacho, ya sin toga, invitaba a jueces y fiscales españoles a pasar días de verano en la costa marroquí, subrayando la importancia de mantener esos intercambios que apuntalaban los lazos de amistad entre ambos países. Las influencias se alimentan de canapés, y subir es no mirar hacia abajo.

Nunca pensé que iba a sentir mucha mayor vergüenza de toga en mi propio país. Y ha sido la peor experiencia de mi vida.

Mucho antes de la persecución legal a Podemos y de la demostración de la utilización de la guerra jurídica –el denominado “lawfare”– en el caso del exjuez Salvador Alba Mesa, sus protagonistas ya se encontraban en casos de corrupción. En 2005, el presidente de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Canarias –predecesor de Salvador Alba en el cargo– y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, José Antonio Martín Martín, fue grabado en unas intervenciones telefónicas aceptando favorecer a un gran narcotraficante, Rafael Bornia Bordón. Sugirió su libertad al fiscal antidroga, tras su busca y captura internacional. Parte de la carrera desaconsejó al instructor remitir pieza separada para su debida investigación al Tribunal Superior de Justicia: perro no come perro (odio esa expresión).

Aquello surgió de un hallazgo de esos derivados de los círculos secantes telefónicos –político-empresario-tribunal– en una investigación por corrupción en un lucrativo concurso de energía eólica, en la Consejería de Industria de Luis Soria López, colocado allí por su hermano, el presidente del PP canario, José Manuel Soria López. El magistrado fue juzgado y condenado por sus compañeros del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y expulsado de la carrera judicial, pero en el Tribunal Supremo (TS) fue absuelto en 2010. La sala presidida por Manuel Marchena confirmó los hechos probados, pero eran constitutivos de otro delito distinto al único por el cual el fiscal jefe del TSJC había formulado acusación. Era tráfico de influencias y no negociaciones prohibidas. El magistrado fue repuesto en la carrera judicial con todos los honores, y cobró todos los salarios dejados de percibir desde su suspensión. Tuvo incluso un acto público de desagravio –pese a los hechos probados– organizado por el abogado canario Eligio Hernández, exmagistrado y ex fiscal general del Estado, que había sido su máximo defensor público, junto con el juez Salvador Alba Mesa, entonces solo conocido por defender públicamente la inconstitucionalidad de la Ley de Violencia de Género de 2004 y por pedir dinero a empresarios para los congresos judiciales. Quédense con los personajes.

Hemos tenido muchas ocasiones de comprobar lo que se premia y se castiga en el quehacer judicial: el palo y la zanahoria, en desafortunada pero veraz expresión de Carlos Lesmes (que en nueve años ha cometido dos sincericidios: ese y el de la justicia eficaz para robagallinas). Cumplir tu deber con independencia de cargos y apellidos genera represalias. La independencia se demuestra cuando tus resoluciones contrarían al poder: si no lo haces, el sistema te premiará y la ciudadanía no lo sabrá. Tu familia seguirá orgullosa y no sufrirá. Tu carrera y tu vida mejorarán. Muy sólidos tienen que ser tus principios para contrapesar eso en la balanza. La lealtad que se premia no es a la Constitución y la ley, que es la única que legitima el ejercicio del inmenso poder que puede tener un juez o magistrado de instrucción en nuestro país.

Todos estos personajes, y alguno más dispuesto a prestar una ayuda valiosa a un ministro del PP, confluyeron en el caso Alba, cuando todavía era el caso Rosell. Los hechos se han publicado sobradamente en este y otros medios de información. Yo me marcho del Juzgado con una excedencia sin sueldo –dos meses sin sueldo con dos hijas adolescentes– para presentarme a las elecciones generales del 20 de diciembre de 2015 como independiente en las listas de Podemos. El presidente del TSJC, Antonio Doreste –cuyo nombramiento judicial procedente de la élite política de Coalición Canaria fue denunciado por Jueces para la Democracia–, nombra para sustituirme a Salvador Alba Mesa. Ambos se saltan las normas: Alba ya ha cumplido los 180 días máximos anuales de doblete judicial –y de sueldo–, pero ya se sabe, las leyes son para robagallinas. Inmediatamente empieza a buscar algo que dar a su admirado Soria, directamente o a través de sus periodistas de cabecera. Es un viejo recurso que les sigue funcionando: cuando un político accede ilícitamente a información reservada o secreta necesita que se publique para que prosperen sus montajes judiciales. No lo encuentra, y se lo inventa. (Aún conservo el recuerdo de un chat que abrí ese día llamado “Amenaza al alba”. No sé si algún día se sabrá el destrozo que hizo ese individuo en un juzgado de instrucción y de control del CIE).

Como declara probado la sentencia del TSJC confirmada por el Tribunal Supremo, el mismo día en que Alba toma posesión, el 3 de noviembre de 2015, en una causa con miles de folios que no ha leído, cita a prestar nueva declaración a Miguel Ángel Ramírez, empresario investigado por delito fiscal, tras la cual le impone una fianza de 35 millones de euros, que después la Audiencia Provincial reduciría a una décima parte, 3,5 millones. El mensaje ya está lanzado por Alba: tiene el poder de excederse en 30 millones de euros calculando la cuota a Hacienda sin que la fiscal Evangelina Ríos Dorados rechiste, y hundir a la empresa. En ese escenario empieza a pedir a los imputados –e introducir en esa investigación– informaciones sobre mi pareja ajenas a los delitos investigados, en concreto un borrador de contrato de alquiler con opción de compra que acaba en manos de José Manuel Soria, cabeza de lista electoral por el PP, y del periódico El Mundo, que me dedicó cinco portadas con información falsa en 15 días de campaña. El fiscal jefe provincial, Guillermo García-Panasco, decide la víspera del inicio de la campaña electoral, el 3 de diciembre, faltar a la neutralidad política y confirmar públicamente que ha abierto una “investigación pre procesal” sobre posibles relaciones comerciales entre mi pareja y el investigado. No pestañea al anunciar que ha llegado “un sobre anónimo” a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, hecho que Alba desmiente después afirmando que lo llevó él mismo. Luego se supo que a él ese documento se lo dio José Manuel Soria.

Así, el 4 de diciembre empieza una campaña sucia con Soria anunciando una querella contra mí, firmada por Nicolás González-Cuéllar, editor de Manuel Marchena y abogado personal de Soria, después sustituido por Eligio Hernández. La querella contiene información que la propia Fiscalía del Supremo calificó de “ignota procedencia” por corresponder a un proceso penal en el que Soria no era parte y, por tanto, reservado para él. La procedencia es un “corta y pega”, con cambio de letra y espaciado incluido, del informe reservado que Alba remitió a García Panasco.

Yo hasta entonces estaba indignada; todo era falso y no podía tener recorrido judicial, era guerra sucia política del PP y sus brazos judiciales. El día que se constituye la Comisión Constitucional del Congreso, al nombrarme secretaria de la comisión, Cospedal dice en voz alta que estoy imputada por prevaricación. Me muero de vergüenza, la mejor representante de la política sin escrúpulos y con negocios me ofende en público. Vivo con esa manipulación política y mediática. Pero empiezo a sentir mucho miedo cuando compruebo que me niegan el acceso y el derecho de defensa tanto en la investigación de la Fiscalía en Las Palmas como en el Tribunal Supremo.

Cuando la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia me da la razón y ordena al fiscal paralizar la investigación y, el mismo día, García-Panasco no la detiene, sino que la manda al CGPJ. Cuando el CGPJ me incoa expedientes disciplinarios siendo diputada. Repito: expedientes disciplinarios judiciales siendo diputada. Cuando el Tribunal Supremo desoye dos informes del fiscal de sala interesando la inadmisión de la querella de Soria, y continúa la causa permitiendo a Soria presentar escritos pese a no haberle pedido ni siquiera la obligatoria fianza, y denegándomelo a mí, “hasta que decidiera si era competente”. Y cuando ordena de oficio pedir como diligencias que Alba remita un informe –cuando ya se han recibido en el CGPJ y publicado al menos dos, que destilaban bilis y mendacidades–, y que se una al procedimiento judicial la declaración manipulada del empresario, cuyo contenido habían pactado en la reunión que el empresario había grabado.

La sentencia declara probado que estos documentos fueron esenciales para que la querella de Soria prosperara, y que se engañó al Tribunal Supremo con esos documentos falsos. Pero fue cinco años después.

Un magistrado amigo me llamó para decirme que, aunque nada fuera cierto, me iban a investigar a mí y a mi familia, a arrastrarme por el fango mediático y a condenarme. Que ya había pasado antes y lo volverían a hacer. Que lo mejor era renunciar a todo. Yo me resistía a creerlo, pero, efectivamente con esas pruebas falsas, se admitió a trámite el 26 de abril la querella falsaria de Soria y me abrieron una causa penal. Decido dimitir y perder el aforamiento el 27 de abril de 2016, y aun así recibo un oficio de la Sala Segunda del Supremo firmado por Marchena a la Junta Electoral de Las Palmas para que informe de “si me presentaré como candidata a las siguientes elecciones”, a celebrar el 26 de junio. Finalmente, cuando se publica la grabación que revela la falsedad de las pruebas, el Tribunal Supremo remite el caso al tribunal competente, el TSJC. Un testigo me cuenta que hubo carreras y gritos en el alto Tribunal.

Aún tengo que soportar meses de investigación en paralelo a la de Alba hasta que se sobresee en diciembre de 2016, y personarme como acusación particular: como el fiscal me niega inicialmente la condición de víctima, se personan dos acciones populares con la correspondiente fianza y gastos: mi pareja y el partido político Podemos.

El resto es historia. El Supremo declaró que García-Panasco violó mis derechos fundamentales en campaña electoral, y el fiscal general del Estado, nombrado por el PP, De la Maza, lo ascendió. No me digan que no es hermoso que estuviera en el lugar adecuado en el momento oportuno: en el mismo Tribunal Constitucional al que han accedido Arnaldo y Espejel por el PP para decidir sobre su actuación.

En la jurisdicción penal, solo Alba ha sido investigado y condenado por su corrupción, siendo evidente que no pudo hacer todo esto solo, y para demostrarlo grabó al presidente de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya Valdés, exviceconsejero de Justicia nombrado por el PP; al entonces presidente del TSJC, Antonio Doreste; a la fiscal Evangelina Ríos Dorados, que declaró bajo juramento que la información sobre mi pareja no tenía justificación, pero lo permitió y formuló 82 preguntas ayudando a Alba. Otro magistrado fue grabado sugiriendo a Alba que podía desaparecer la grabación original que le incriminaba. Hemos oido a Alba pedir información sobre mí a empresarios, abogados y asesinos condenados. Y todo ello para servir a Soria, a quien la sentencia menciona en diez ocasiones. Para enfangar las elecciones generales, y para sacarme del escaño de diputada.

Mi miedo era racional: todo estaba planeado para que funcionara. Alba hoy sería vocal del CGPJ; Nicolás González-Cuéllar, magistrado del Tribunal Constitucional; Soria iba a suceder a Rajoy hasta que se demostraron sus negocios 'off shore' y sus mentiras dichas con la misma solemnidad con la que anunciaba una querella por unos delitos inexistentes. Los demás siguen en sus puestos togados, creando una desconfianza en el poder judicial que este se queja de que no se merece, pero la ciudadanía tampoco. Un poder que puede cambiar la composición de los otros poderes elegidos democráticamente. Un poder que puede dar mucho miedo. Y a veces, vergüenza.

Tras demostrar la verdad, me han reconocido su error el exdirector de El Mundo David Jiménez y el presidente de la Sala 2ª del TS, Manuel Marchena, engañados por Soria y Alba. A ambos he agradecido su gesto. La sentencia firme dice que los documentos falsos engañaron al Tribunal Supremo y me causaron graves daños y perjuicios. Aún estoy esperando la reacción del PP y de otros cómplices. Y la entrada de Alba en prisión.