El Tribunal Supremo ha vuelto a dar la razón al coronel Diego Pérez de los Cobos y ha decidido obligar a Interior a justificar su negativa a ascenderle a la categoría de general, una de las más altas dentro de la Guardia Civil. Los jueces anulan los nombramientos de tres generales de brigada y ordenan que se repita el proceso para que el director general de la Guardia Civil elabore los informes que marca la ley en el caso de evaluaciones para ascensos.

El contenido de la sentencia completa se conocerá en los próximos días. Por el momento, el Supremo ha comunicado la estimación del recurso de Pérez de los Cobos contra los tres nombramientos, recogidos en tres Reales Decretos de octubre de 2021. Los tres quedan anulados y ordena “la retroacción de los procedimientos para que se emita el informe del director general de la Guardia Civil previsto en el artículo 67.2 de la Ley de Régimen de Personal de la Guardia Civil, que regula las evaluaciones para el ascenso por elección a los empleos de General de Brigada y de Coronel”.

Diego Pérez de los Cobos fue destituido como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid en mayo de 2020, después de trascender un informe del cuerpo que usaba bulos y errores para acusar al Gobierno y las autoridades sanitarias de contribuir penalmente a la propagación del coronavirus al permitir la manifestación feminista del 8 de marzo de ese año.

La razón que Interior puso encima de la mesa fue que el mando se había negado a informar sobre el desarrollo de esta investigación que terminó archivada después de imputar al Delegado del Gobierno en Madrid. La causa arrancó con la denuncia de un abogado condenado por estafar a clientes y no se produjo ninguna sanción interna en la Guardia Civil por las maniobras para culpar al ejecutivo de los contagios de coronavirus.

La demanda de Pérez de los Cobos prosperó en el Tribunal Supremo el pasado mes de marzo y el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska fue obligado a readmitirle como jefe de la Comandancia madrileña. Empezó entonces la segunda batalla legal del coronel: recurrir la negativa del ministro a ascenderle a general de brigada a pesar de su puesto en lo más alto del escalafón.

El Ministerio del Interior firmó este jueves la reincorporación del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid, después de que el Tribunal Supremo declarara nulo el cese dictado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, han informado a elDiario.es fuentes del instituto armado.

La reincorporación a su antiguo destino se formalizará el martes que viene en el Boletín Oficial de la Guardia Civil y llevará la firma del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Al coronel le ha sido comunicada la reposición en el puesto este mismo viernes.

La resolución del Supremo incluía la restauración de Pérez de los Cobos, con un plazo de dos meses a partir del cual si no se producía, el afectado podía recurrir al Alto Tribunal para que se materializara de modo inmediato. Interior ha esperado a los últimos días de ese plazo para materializar la vuelta de Pérez de los Cobos a la Jefatura de la Comandancia de Madrid.

El coronel fue cesado a raíz de la polémica por los informes que la Policía Judicial de su Comandancia que vinculaban la expansión del Covid a la no prohibición por parte de la Delegación del Gobierno en Madrid de la manifestación del 8M de 2020. El coronel siempre alegó que desconocía el contenido de esos informes porque no era su labor participar en la investigación y porque la jueza había exigido a los miembros de la Policía Judicial de su Comandancia informarla a ella directamente sin intromisiones.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo consideró ilegal el cese pero la Sala de esa especialidad en la Audiencia Nacional lo avaló en una sentencia posterior. Sin embargo, el Tribunal Supremo aceptó el recurso del coronel y sentenció que su cese fue ilegal, obligando a reponerlo en el puesto que ocupaba.

Pérez de los Cobos estaba en la actualidad destinado en la Intervención de Armas y Explosivos. La resolución del secretario de Estado de Seguridad incluye que el coronel debe percibir las diferencias salariales por los complementos que ha dejado de cobrar estos casi tres años, precisan las fuentes consultadas.

El terremoto de la destitución de Pérez de los Cobos, el 24 de mayo de 2020, no tardó en tener réplicas. El director adjunto operativo de la Guardia Civil Laurentino Ceña, el general de mayor poder en la institución, abandonó el cargo en respuesta al cese de Pérez de los Cobos 36 horas después de que se produjera. Hacía 34 años que no abandonaba su cargo un teniente general de la Guardia Civil. Grande-Marlaksa dio hasta tres versiones en una semana de por qué había sido destituido Pérez de los Cobos.

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Que dice la leyenda? El hombre lobo puede morir por la bala de plata que dispara quien le ha amado…

Annette Curtis Klause

La ventaja de un año electoral para un político es que tus jefes de filas te defienden contra viento y marea, aun apretando la cincelada mandíbula, y que tus propias pifias te protegen de ser cesado. La mayor desventaja de un año electoral es ser un mando de segunda fila, porque tu cabeza se convierte en la más propicia para la decapitación, a poco torpe que seas y que permitas descargar la torpeza de tu superior, la verdadera pieza de caza.

El ministro Marlaska sigue en el Gobierno y seguirá hasta las elecciones a pesar de que para quien le nombró debe ser a estas alturas obvio que no fue buena idea. No diremos que lo dijimos. El tándem Marlaska-Gámez no ha sido sino un quebradero de cabeza del que se intentará salir de la forma más digna, con la cabeza de la segunda y preservando a la pieza de caza a la que pretendían abatir por el que fue el menor de sus pecados. Aún puede que estropee la red protectora a base de hacer lo que acostumbra: dar explicaciones falseadas y tirar balones fuera para que no le salpiquen. Ese es Grande-Marlaska, desde siempre. Por eso hace gracia que indirectamente en la derecha lo comparen con la bestia de Gévaudan cuando pretenden que hacía falta una bala de plata como la de Jean Chastel para derribarlo y que esa bala se iba a llamar Pérez de los Cobos.

Es esta una historia que les he servido desde el principio y sería poco profesional no analizar el desenlace. Es la historia de una causa espuria, creada para atacar al Gobierno en la persona de José Manuel Franco (entonces delegado del Gobierno en Madrid), que fue aceptada por la juez Rodríguez-Medel para convertirla en munición y que se manejó por el coronel Pérez de los Cobos con expresa intención de que no fuera conocida por el propio Gobierno pero sí por la prensa afín, que se encargaría de usarla contra Sánchez durante meses. La causa quedó en nada, porque nada era y nunca debió abrirse. Era, este sí, lawfare de manual en el que colaboraron las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, el consejo de Generales, la Asociación Profesional de la Magistratura y tantos y tantos. Quedó en nada y nada sucedió, aunque héteme aquí que, ante la deslealtad y la evidencia de lo que he resumido, el coronel Pérez de los Cobos fue cesado y héteme aquí que lo fue con la torpeza que ha caracterizado toda la gestión de María Gámez —a la que el puesto le venía enorme— y del propio ministro-juez Marlaska.

La bala de plata se la ha disparado esta semana West-Point y le ha salvado la coraza electoral y la cabeza rodante de Gámez. El tema no es baladí, porque cuestiona la legitimidad del Gobierno actual para realizar ceses de cargos discrecionales en el mando de las Comandancias, como han hecho todos los gobiernos que en la historia democrática han sido. Lo de West-Point viene porque, como algunos saben, los magistrados de lo contencioso-administrativo han sido considerados —o auto considerados— una élite del mundo judicial dado que, por decirlo en román paladino, su especialidad les permite de manera indirecta analizar asuntos que proceden de sus colegas penales o civiles y sobre las resoluciones de los cargos electos y de los tres poderes del Estado, incluido el CGPJ, el Parlamento y el propio Gobierno. Así que esa era la pugna: ¿si un Gobierno puede nombrar cargos discrecionalmente, se lo puede impedir el Tribunal Supremo? En el caso del cese de Pérez de los Cobos dicen que sí, que tienen que reintegrarlo a su puesto.

La sentencia, conocida estos días, viene a cebarse con la impericia y la torpeza de la ex directora general y de su jefe el ministro, que para más inri es juez. No se trata de que no pudieran cesarlo, sino de cómo lo hacen. Dentro de las batallas políticas libradas en los tribunales, esta es dudosamente ideológica, ya que el tribunal estaba formado por dos jueces muy conservadores —Requero y Díaz-Picazo—, por dos magistradas progresistas —Teso y Pico— y por un quinto magistrado que no podríamos encasillar claramente en ningún bloque —Lucas—. Dice la sentencia que mantienen en su integridad la jurisprudencia asentada sobre la justificación de los ceses discrecionales, pero que en el caso llevado a cabo con Pérez de los Cobos la razón alegada es confusa, no justifica que exista una inidoneidad sobrevenida, es contraria a la función de Policía Judicial “tal y cómo se redacta” y para colmo en el recurso de alzada “se intentó enderezar” para arreglar lo mal hecho.

Esa bala de plata que la derecha mediática pensaba que tumbaría al ministro en septiembre del año pasado, cuando falló la Audiencia Nacional, ha quedado desvirtuada en año electoral. El caso Pérez de los Cobos no funciona ya sino para los muy cafeteros, aunque no deja de ser importante por esa pugna entre el poder del Ejecutivo y el del Judicial. Ahora el Gobierno tiene que cumplir la sentencia y reintegrar a Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid. ¿Significa eso que tenga que comerse con papas al jefe desleal que jugó claramente a deslegitimar y erosionar espuriamente su legitimidad? Lo lógico es que no. Así que todo apunta a que ejecutarán la sentencia y luego volverán a cesarle por pérdida de confianza con una motivación precisa y ajustada para pasar los filtros de la jurisprudencia establecida. Vamos, lo que debió hacerse desde el principio si no hubiera mediado la torpeza, la incapacidad y el atolondramiento, probablemente propiciado por el tembleque que le entraría en el cuerpo al ministro cuando vio en la prensa tamaño misil contra su presidente sin que él se hubiera coscado de nada.

La bala de plata que la derecha anhelaba no va a matar al ministro ni a Sánchez ni va a resucitar a Pérez de los Cobos. Una restitución y un nuevo cese lo abocarían a un nuevo procedimiento judicial. El que lleva el plomo en las alas es Pequeño Marlaska, como han dado en llamarle en la carrera judicial desde hace un tiempo. A estas alturas, Sánchez tiene que tener claro que se equivocó al nombrarlo y sus tradicionales valedores, el PP y los medios conservadores, lo odian con todas sus fuerzas. Apliquen la falsa frase de Lincoln que es tan cierta que debería haberla pronunciado: “Puedes engañar a todas las personas una parte del tiempo y a algunas personas todo el tiempo, pero no puedes engañar a todas las personas todo el tiempo”.

El Tribunal Supremo ha hecho pública la sentencia que anula el cese de coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, y lanza diversas acusaciones a Interior para justificar su decisión. Una de ellas es que la razón esgrimida para apartarle de la jefatura de la Comandancia de Madrid es “confusa”, también “contraria a la función de la Policía Judicial” y finalmente “ajena a una inidoneidad sobrevenida para el cargo”. Una prueba de la ilegalidad de la destitución, alega el Supremo, es que el cese “no procediera de los mandos” del coronel.

Los jueces comunicaron hace unos días su decisión de estimar el recurso de Diego Pérez de los Cobos y anular su destitución de 2020. En ese momento, y después de varias versiones contradictorias, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska justificó el cese en la supuesta negativa del coronel a informar sobre una causa judicial abierta en torno al 8M feminista y su supuesto papel en la propagación del coronavirus poco antes del estado de alarma.

El Supremo explica en su sentencia que esa razón era “confusa” y que se le dio una orden “contraria a la función de la Policía Judicial” ya que la jueza que investigaba el caso había prohibido “expresamente” emitir información sobre ella. La causa, además, no tenía relación con su idoneidad para ese puesto de confianza y eso lo prueba que la iniciativa de destituirle “no procediera de los mandos” y no viniera de una “valoración negativa de la profesionalidad e idoneidad del recurrente”.

Diego Pérez de los Cobos, añade el Supremo, “informó hasta donde pudo y en repetidas veces” y la filtración de los informes del caso “no fue la causa del cese sino su detonante”. “En alzada no se justifica el cese por la tardanza en informar de la filtración ni por no haberla evitado o investigado”, añade el Supremo.

Esta resolución, la firme y definitiva salvo que la Abogacía del Estado decida llevar el caso hasta el Tribunal Constitucional, no especifica las consecuencias de su decisión pero avala la primera resolución que dictó la Audiencia Nacional: la que dio la razón al coronel, ordenó devolverle la jefatura de la Comandancia de Madrid y finalmente ordenó también indemnizarle por todo el sueldo que hubiera dejado de cobrar en estos casi tres años.

De la seguridad nuclear a la Guardia Civil

El Supremo, con José Luis Requero como ponente de una sentencia dictada por unanimidad de la sección, explica que su jurisprudencia sobre el cese de cargos de confianza se remonta a 2019, cuando obligaron al Centro de Seguridad Nuclear a justificar el cese de su jefe en la subdirección de instalaciones nucleares.

“Reiteramos nuestra jurisprudencia que exige no solo la motivación formal del cese por razones de idoneidad profesional sino, además, la exigencia de que esa motivación no sea vaga, imprecisa o rutinaria, a base de expresiones opacas, estandarizadas”, recuerda el Tribunal Supremo.

El enfrentamiento indisimulado entre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y uno de los dos cuerpos policiales sobre los que manda, la Guardia Civil, se recrudeció este martes con la decisión del Tribunal Supremo de declarar nulo el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid en 2020. La dimensión del revés para el ministro es equiparable a la enorme ascendencia del coronel en el cuerpo y al riesgo que Grande-Marlaska tomó al cesarlo de un modo que, según ha concluido el Alto Tribunal, fue ilegal.

La crisis por la destitución de Pérez de los Cobos es la mayor que sufre el ministro del Interior, junto a su gestión de la tragedia de la valla de Melilla en junio del pasado año. El Gobierno no aprecia, sin embargo, desgaste por el flanco de Grande-Marlaska que justifique su cese. El magistrado en excedencia no tiene carnet del PSOE y nunca ha gustado en las filas socialistas por su acreditada trayectoria de juez conservador. De hecho, saltó del bloque de vocales del CGPJ propuestos por el PP a ministro de un Gobierno socialista. Además, su figura sirve para concentrar las andanadas de los conservadores, donde no pocos le ven como un traidor, liberando así de presión otros flancos débiles del Ejecutivo. Y todo, a dos meses de unas elecciones locales y con unas generales a nueve meses vista.

El terremoto de la destitución de Pérez de los Cobos, el 24 de mayo de 2020, no tardó en tener réplicas. El director adjunto operativo de la Guardia Civil Laurentino Ceña, el general de mayor poder en la institución, abandonó el cargo en respuesta al cese de Pérez de los Cobos 36 horas después de que se produjera. Hacía 34 años que no abandonaba su cargo un teniente general de la Guardia Civil. 

Y esas réplicas se reproducirán en los próximos meses. En menos de ocho semanas, Pérez de los Cobos debe volver a entrar por la puerta de la Comandancia de Madrid, triunfador ante la afrenta que un amplio sector de la Guardia Civil aprecia que Marlaska hizo a toda la institución.

Además, Pérez de los Cobos ha recurrido ante el Tribunal Supremo la negativa del ministro a ascenderle a general, pese a ocupar el número uno de los cuarenta coroneles evaluados por los generales que integran el Consejo Superior de la Guardia Civil. Marlaska elevó al Consejo de Ministros el ascenso del segundo, cuarto, quinto y sexto posicionados, relegando a Pérez de los Cobos. A la segunda oportunidad, el ministro también negó el ascenso a general de división de Diego Pérez de los Cobos, primando a otros de una promoción posterior. A día de hoy, el coronel sigue destinado en la Intervención Central de Armas y Explosivos, donde fue enviado tras el cese en la Comandancia de Madrid. 

Pérez de los Cobos ha sido utilizado por la derecha y la extrema derecha como ariete contra el Gobierno. El coronel se convirtió en un referente para el nacionalismo español durante el proceso soberanista en Catalunya, después de que el Gobierno de Mariano Rajoy le sacara de su decisivo pero discreto puesto en la Secretaría de Estado de Seguridad para coordinar el despliegue policial con que se pretendió hacer frente al 1-O. Lejos quedaba aquel término acuñado por algunos entornos mediáticos y de asociaciones de víctimas del Ministerio que situaban al coronel en lo que denominaban despectivamente el “comando Rubalcaba”.

Interior se enroca en que tenía motivos

Embarcado en una estrategia a la defensiva por los últimas polémicas, el Ministerio del Interior salió ayer a reafirmarse en los motivos del cese de Pérez de los Cobos, como si solo hubiera dado una razón en su momento. Primero intentó disfrazarlo de un reajuste de un cargo de confianza del secretario de Estado de Seguridad para días después reconocer que la verdadera razón fue no haber informado a sus superiores del informe que vinculaba al delegado del Gobierno en Madrid con la expansión de la COVID por autorizar la marcha del 8M de 2020. 

Los colaboradores del ministro, empeñados en construir un relato que sitúa a Pérez de los Cobos entre los mandos de la Guardia Civil que integraron otra brigada política, no de miembros de la Policía Nacional sino en este caso del instituto armado, reaccionaron en pocos minutos a la decisión del Supremo: “El Ministerio del Interior reitera que las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad”.

Con esos elementos se refieren al contenido de los informes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, que redactó dos atestados para la jueza con tergiversaciones, manipulaciones y un sesgo ideológico que pretendían culpar al Gobierno de contribuir a propagar la COVID por permitir la manifestación del 8M, solo uno de los grandes eventos que hubo ese fin de semana en Madrid. 

Pérez de los Cobos ha negado tener conocimiento del contenido de esos informes alegando que la jueza exigió a la unidad investigadora que solo le informara a ella habida cuenta de que era investigado el delegado del Gobierno en Madrid, quien coordina la actuación de Policía y Guardia Civil en la región. Una vez cesado Pérez de los Cobos, en quien Marlaska decidió personalizar el castigo al instituto armado, se abrió una investigación para averiguar quién, en aquella estrategia de desgaste al Gobierno, había filtrado el contenido de los informes según llegaban al juzgado, o incluso antes. elDiario.es desveló recientemente que aquella investigación, a diferencia de la inmediata destitución de Pérez de los Cobos, acabó sin resultados y sin sanciones. 

Para el primer juez del caso resultó “indiscutible” que Pérez de los Cobos fue cesado por cumplir con su “deber legal de reserva y de la orden expresa” que la jueza del caso del 8M había dado a los subordinados del coronel para que no informaran de los avances de la investigación a nadie que no fuera ella. Esa es la sentencia que ahora confirma el Tribunal Supremo en un fallo del que ha resultado ponente José Luis Requero, el juez ultraconservador y homófobo que llegó al Supremo con, entre otros, el voto del entonces vocal del CGPJ Fernando Grande-Marlaska.

El Tribunal Supremo ha anulado la destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en 2020. Los jueces de lo contencioso-administrativo han estimado el último recurso del mando de la Guardia Civil contra la decisión del ministro Fernando Grande-Marlaska de apartarle de la dirección de la Comandancia de Madrid después de que hace tres años se negara a informar a sus superiores sobre la investigación que había abierta en torno al 8M feminista.

Fuentes oficiales del Ministerio del Interior especifican que el departamento que dirige Grande-Marlaska está a la espera de conocer el contenido íntegro de la resolución, pero reitera que “las razones de fondo que decidieron el cese persisten y se han visto confirmadas y consolidadas con los elementos conocidos con posterioridad”. La decisión no solo implica que Pérez de los Cobos tiene derecho a reincorporarse a la jefatura de la Comandancia en los próximos dos meses: tiene derecho a cobrar todo el dinero que habría cobrado en ese puesto en los últimos tres años.

Diego Pérez de los Cobos salió del anonimato que envuelve habitualmente a los altos mandos de la Guardia Civil cuando compareció como testigo, por partida doble, ante la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Lo hizo en 2019 durante el juicio al procés para apuntalar el relato de violencia independentista el 1 de octubre, y volvió un año más tarde para volver a dirigir sus acusaciones más duras contra Josep Lluís Trapero, major de los Mossos d'Esquadra. En el segundo caso, su testimonio no consiguió evitar una sentencia absolutoria.

Poco después de ese juicio llegaba la pandemia y llegaba también la causa judicial contra el Gobierno y las autoridades sanitarias por permitir la manifestación del 8 de marzo feminista cuando, según un abogado estafador, el ejecutivo ya conocía el alcance real de la pandemia. Fue en el marco de esa causa cuando la Guardia Civil emitió dos informes que, plagados de errores, bulos y manipulaciones, culpaban al Gobierno de una explosión de contagios a raíz de esa manifestación.

El coronel Diego Pérez de los Cobos estaba entonces al frente de la Comandancia de Madrid, y su cese llegó en mayo de 2020 seguido de varias dimisiones como la de Laurentino Ceña, entonces director operativo del cuerpo. Después de diversas explicaciones contradictorias desde el Ministerio del Interior, el motivo esgrimido para justificar la salida de Pérez de los Cobos es la “pérdida de confianza”. Detrás estaba la filtración de los informes y la queja de no haber informado a sus superiores de su existencia y contenido.

La Audiencia Nacional avaló la destitución

Pérez de los Cobos llevó la destitución hasta la Audiencia Nacional y uno de los juzgados de lo contencioso le dio la razón en primera instancia: anuló la decisión de Interior y ordenó su readmisión. El motivo del cese, dijo esta primera sentencia, fue “ilegal” al estar motivado “por cumplir con lo que la ley y el expreso mandato judicial ordenaban” de no informar a sus superiores. Haberlo hecho, dijo esa sentencia, “podría haber sido constitutivo de un ilícito penal” por contradecir las órdenes de la jueza Carmen Rodríguez-Medel que investigaba un caso que terminó archivando.

La Abogacía del Estado recurrió y la sala de lo contencioso dio la vuelta al caso, avalando la destitución de Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Entendieron los jueces que la pérdida de confianza era por la “no información” del desarrollo de las investigaciones, no de su contenido. Para la Audiencia Nacional existió “motivación” para el cese y no se puede ir “más allá” de certificar la “existencia” de la motivación y su suficiencia.

Ahora la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo, en sentencia firme, ha estimado el recurso del coronel y anula su destitución en el final del camino de la Justicia ordinaria para este caso. La sentencia completa, con todos los argumentos, se conocerá en los próximos días y establecerá si Interior está obligado a restituirle en su puesto y a indemnizarle de alguna manera.

La filtración de un informe de la Guardia Civil que manipulaba la realidad para responsabilizar al Gobierno de coalición que encabeza Pedro Sánchez y a la manifestación feminista del 8M de la rápida expansión del virus de la COVID-19 en 2020 fue objeto de una investigación interna en el instituto armado cuyos resultados revela hoy elDiario.es: solo fue expedientado el comandante encargado de indagar en la filtración, acusado de sabotear sus propias pesquisas, y ni siquiera él ha llegado a ser sancionado porque un tribunal militar ha anulado el expediente. La Dirección General de la Guardia Civil decidió no recurrir el fallo judicial. 

El atestado, de 1 de junio, y uno anterior, ambos elaborados por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Comandancia de Madrid, fueron parte de una causa abierta por la jueza Carmen Rodríguez-Medel a raíz de la denuncia de un abogado con un historial de estafas a sus clientes, que ya ni siquiera ejercía como letrado y que nunca llegó a estar personado. 

Con España aún bajo el primer estado de alarma y unos índices de mortalidad de los mayores de Europa, la imputación del entonces delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Franco, sirvió como punta de lanza de las acusaciones de la oposición al Ejecutivo por su supuesta mala gestión de la pandemia y para relacionar al feminismo con la expansión del virus.

El momento era de máxima crispación cuando se produjo la filtración investigada. Un informe anterior de la Guardia Civil, cuyo contenido también había aparecido publicado al tiempo que llegó al juzgado, señalaba a Fernando Simón y vertía graves acusaciones contra el Gobierno. Cuando otros medios accedieron al informe, el primero de ellos elDiario.es, quedó de manifiesto que el atestado estaba repleto de bulos, tergiversaciones y sesgo ideológico.

elDiario.es había puesto de manifiesto los errores y tergiversaciones del primer informe el 26 de mayo. En un clima de gran confrontación política llegó el segundo informe y la filtración investigada del 1 de junio. Aunque este segundo atestado corregía algunos errores, insistía en que el Gobierno conocía la gravedad de la pandemia cuando autorizó la marcha del 8M de 2020. Tuvieron que pasar otros tres días hasta que el 4 de junio otras informaciones analizaron con detalle cómo la Guardia Civil había vuelto a incluir declaraciones mutiladas de responsables sanitarios mundiales y daba como ciertos, sin mayor comprobación, titulares de medios de comunicación seleccionados. 

Esta es la cronología de la investigación interna de la Guardia Civil sobre la filtración de dicho informe, desde su arranque hasta que un tribunal pone fin a la misma sin que haya un solo agente sancionado, según aparece en el expediente al comandante. 

El 1 de junio de 2020. A media tarde, Okdiario publica el contenido del segundo atestado en una amplia información que acompañaba de impresiones de extractos del mismo. En el texto de la noticia decía que la Guardia Civil había entregado el informe en el juzgado esa misma mañana. Las partes no habían tenido acceso al mismo aún. 

El teniente coronel que sustituyó a Pérez de los Cobos como jefe interino de la Comandancia, David Blanes, ordenó a un comandante allí destinado abrir una información reservada, esto es, una investigación preliminar que establezca si hay indicios para la apertura de un expediente disciplinario. 

8 de junio de 2020. Arranca la información reservada. El comandante solicita un informe al capitán jefe de la unidad de Policía Judicial que firmaba el atestado. También se lo solicita al jefe del Grupo de Información para que centre y analice las informaciones publicadas. El investigador interno recurre igualmente al jefe del Grupo de Apoyo en Tecnologías de la Información (GATI) para “la obtención de diversa información contenida en los ordenadores, cuentas de correo electrónico, fotocopiadoras, impresoras y escáneres de la UOPJ de la Comandancia de Madrid”. Los técnicos del instituto armado clonan hasta 40 discos duros.

15 de junio de 2020. El teniente coronel Blanes le reitera “personalmente” al comandante que debe “finalizar” la información reservada y le advierte: “Sin incluir ningún matiz o aclaración”. El comandante entiende que se le está ordenando finalizar la investigación sin necesidad de cumplir con la instrucción que se le había dado en un principio, según recoge el escrito de la directora general, María Gámez. 

Fuentes del instituto armado aseguran a elDiario.es que lo que hizo el teniente coronel fue apremiar al comandante para que, con el material recopilado en los diez días que habían pasado, concluyera la información reservada “a la mayor brevedad”. Según este relato, cuando el comandante entrega el resultado de su investigación preliminar, el teniente coronel Blanes comprueba que no ha recabado testimonio alguno ni redactado un informe de conclusiones. Además, para desconcierto de sus superiores, el comandante ha destruido el material clonado de los discos duros de la Comandancia sin haber analizado su contenido. El comandante llegará a defenderse asegurando que lo ha hecho por orden del teniente coronel, algo que este desmiente radicalmente. 

14 de septiembre de 2021. 15 meses después de estos hechos, el comandante es sancionado por falta grave recogida en el apartado 33 del artículo 8 del régimen disciplinario de la Guardia Civil: “Negligencia grave en el cumplimiento de las obligaciones profesionales”. En esos 15 meses se ha nombrado un instructor y secretario, se ha desarrollado una investigación al investigador, ésta ha concluido con una propuesta de sanción y, por último, el general jefe de zona ha firmado la sanción. 

21 de enero de 2022. La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, rechaza el recurso que había presentado el comandante contra la sanción y confirma la misma: cinco días de empleo y sueldo. Pero incluye un inciso en el expediente sancionador: refleja la conversación ambigua que tuvo sobre su superior y que, afirma, le llevó a pensar que tenía que archivar todo inmediatamente. 

Ante la negativa de la directora general a levantarle el castigo, el comandante presentó un recurso contencioso-disciplinario que resolvió a favor de los intereses del recurrente el Tribunal Militar Central el pasado mes de junio. Una sentencia que la Guardia Civil no ha recurrido ante el Tribunal Supremo y que, por tanto, es firme. 

En dicha resolución, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los togados niegan que existiera “dejadez” o “falta de interés” por parte del comandante sancionado, sino que archivó todo creyendo que seguía las órdenes de su superior. La conversación que mantuvieron, dijo el tribunal militar, “hubiera llevado a todas luces a error a cualquier persona media”. La sanción quedó anulada: “No cabe considerar lo ocurrido no ya como negligencia grave, sino ni siquiera levemente culposo”, dijo esa sentencia. El inciso sobre la conversación incluido por la propia Gámez en el expediente “apuntala” esa conclusión. 

La Guardia Civil ordenó una nueva información reservada una vez fracasada la realizada por el comandante, pero esta segunda solo pudo determinar que el informe publicado procedía de la Unidad Orgánica de Policía Judicial sin que llegara a ser posible determinar el origen de la filtración, explica un portavoz oficial del instituto armado.

La manipulación incluida en los informes

Para concluir que el Gobierno autorizó la manifestación del 8M pese a conocer el riesgo que suponía para la vida de los españoles, los guardias civiles redactaron el primer atestado el 21 de mayo de 2020. Los agentes tomaban unas declaraciones del ministro de Ciencia, Pedro Duque, sobre la reunión mantenida con dos científicos el 2 de febrero de 2020 “para asegurar que tengan más facilidades y todos los medios necesarios para investigar la enfermedad”. Esas palabras de Duque llevaron a OkDiario a titula:r Pedro Duque admite que el Gobierno ya conocía desde enero la gravedad del virus. Y la noticia saltó en forma de conclusión al atestado de la Guardia Civil. 

En otro punto del informe se decía que el Centro de Alertas que dirige Fernando Simón había admitido el 28 de febrero, ocho días antes de la manifestación, que había transmisión comunitaria. En realidad, el organismo público dijo justo lo contrario. Para ello, los agentes hacen un corta-pega de un artículo de Redacción Médica que sí recogía correctamente las palabras de Simón. Los mandos de la Policía Judicial de la Guardia Civil también cortaron una instrucción del Ministerio para poder afirmar que Sanidad había recomendado el 3 de marzo evitar los eventos multitudinarios. 

El capitán y el teniente incluso cambiaron el sentido de las declaraciones que tomaron a testigos. Un caso paradigmático es el del sindicalista que explicó a los agentes que anuló una concentración por una cuestión meramente operativa, distinta del COVID. Sin embargo, el atestado aseguraba: “En las 20 comparecencias que se han tomado en calidad de testigos a los promotores, en todas las desconvocatorias se alude a la crisis sanitaria del COVID-19”. Otros testigos desmintieron en el mismo sentido a los guardias civiles en los medios de comunicación.

En esta ocasión, el informe tenía 295 páginas y volvía a estar firmado por el capitán y el teniente de la Unidad Orgánica de Policía Judicial. Uno de los objetivos prioritarios seguía siendo Fernando Simón, pese a que el funcionario no era objeto de investigación en la causa. 

En su página 68, la Guardia Civil recogía una alocución del director general de la OMS, Tedros Adhanom, que elevaba el “riesgo de propagación e impacto de la COVID-19 a muy alto a nivel mundial”. Lo que no recogía es lo que decía a continuación: “Sigue sin haber pruebas de que el virus se esté propagando sin control en las comunidades”. Adhanom hacía unas recomendaciones muy básicas para el conjunto de la población y solo aconsejó “precauciones adicionales para evitar las aglomeraciones o los lugares en los que pueda tener contacto con personas enfermas” a los mayores de 60 años o personas con patologías previas. No fue incluido por los guardias civiles en su atestado. 

La jueza había pedido a los guardias civiles que analizaran un determinado periodo y los agentes incluyen informaciones que exceden la actualidad de los días señalados. Ocurre con la conversación informal que mantuvo la ministra de Igualdad, Irene Montero, con una periodista antes de una entrevista en directo en la televisión pública vasca. Su introducción se produjo in extremis ya que ABC publicó ese off the record el 1 de junio, el mismo día en el que la Guardia Civil concluyó el informe y lo registró en el juzgado número 51 de Madrid.

“¿A qué crees que se debe la bajada de cifras?”, le preguntó la periodista del programa En Jake de EiTB. “Creo que al coronavirus. O sea, no lo voy a decir porque no lo voy a decir”, respondió Montero, que añadió: “Quiero ser muy prudente, porque creo que la comunicación que se estaba haciendo como Gobierno es buena comunicación muy basada en los datos médicos. Claro, como siempre priorizar la salud pública, no tomar decisiones por el sentimiento este de pánico generalizado que ya hay porque incluso hay países europeos que ya están tomando medidas drásticas”.

Terremoto en la Guardia Civil

Pérez de los Cobos nunca fue acusado de la filtración del informe, así que quedaba un fleco por esclarecer. Interior anunció una investigación interna acerca de cómo un atestado clave de la Guardia Civil había llegado a Okdiario al mismo tiempo, si no antes, que a la mesa de la jueza Rodríguez-Medel. La filtración tuvo lugar el 1 de junio. Cuatro días después, el teniente coronel que había sustituido a Pérez de los Cobos de forma interina encargó a un comandante la apertura de una información reservada.

El relato político y mediático aupaba al exabogado estafador a la categoría de héroe mientras que la Guardia Civil aparecía como el último reducto del Estado de Derecho para conocer la verdad de cómo el Ejecutivo había permitido una marcha masiva de feministas, pese a ser consciente del riesgo para la vida de millones de españoles que aquello suponía. La causa acabó archivada y Franco, exculpado. 

Fernando Grande-Marlaska encontró un culpable en el jefe de la Comandancia de Madrid, Diego Pérez de los Cobos, un rostro reconocible para el ministro dentro del enfrentamiento soterrado que mantiene con el instituto armado desde poco después de recibir la cartera de Interior. El Ministerio negó que el cese estuviera relacionado con los informes, pero luego admitió que el coronel fue destituido bajo la acusación de haber ocultado la investigación a sus superiores. 

El coronel alega que la jueza había prohibido a sus subordinados informar a nadie que no fuera ella. La Audiencia Nacional ha avalado la destitución y resta que el Tribunal Supremo dicte un fallo firme. La destitución de Pérez de los Cobos no salió gratis a Marlaska. Su salida provocó la dimisión del director operativo del cuerpo, su número dos, el teniente general Laurentino Ceña.

La causa que inició un estafador

Los informes que culpaban al 8M de la expansión del coronavirus fueros escritos en el marco de una causa judicial abierta a instancias de un abogado estafador e impulsada por acusaciones populares como Vox o la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. El caso arrancó en el juzgado número 51 de la Plaza de Castilla de Madrid cuando el abogado Víctor Valladares decidió denunciar a las autoridades por permitir la manifestación feminista por el centro de la capital a pesar de saber ya entonces los peligros que eso entrañaba.

Carmen Rodríguez-Medel es la misma magistrada que instruyó el caso Máster, que amplió la investigación al curso de Pablo Casado en ese mismo título y que, cuando el Tribunal Supremo le ordenó acotar la causa, decidió no seguir investigando y enviarla a juicio. La magistrada se había ofrecido al ministro Grande-Marlaska a dirigir la Guardia Civil sin éxito y de ella había salido que fuera este cuerpo el que actuara como Policía Judicial, pese a que la Unidad Orgánica de la Comandancia de Tres Cantos estaba dedicada principalmente a investigar tráfico de drogas y crimen organizado en las localidades de la Comunidad de Madrid de menos de 30.000 habitantes. 

Finalmente, la magistrada entendió que no se podía acusar a las autoridades de unos posibles contagios que, además, eran imposibles de demostrar. El abogado que inició la causa siguió pleiteando sin éxito hasta que, tal y como reveló elDiario.es, entró en prisión hace unos meses por acumular condenas por estafar a clientes, entre ellos su propia suegra. 

Los ataques al feminismo: “Viva la muerte”

Unos meses después, en diciembre de 2020, un auto del Tribunal Supremo dejaba en evidencia aquellos tres meses de iniciativas penales en torno al coronavirus. La Sala de lo Penal zanjó en un auto de más de un centenar de folios las más de 50 denuncias y querellas interpuestas contra el Gobierno y distintas autoridades por motivos similares: permitir la expansión del virus. El Supremo descartaba cualquier intento de achacar a las autoridades sanitarias, nacionales o regionales, las miles de muertes provocadas por la COVID-19 en España. 

A lo largo de 2020, las derechas esgrimieron esta causa para atacar al movimiento feminista. “El Gobierno subestimó la gravedad del COVID”, dijo Pablo Casado tras conocer el contenido de estos informes. “Ha venido aquí a gritar ‘Viva el 8M’, que en este contexto es lo mismo que gritar ‘Viva la enfermedad y viva la muerte”, espetó Santiago Abascal desde la tribuna del Congreso.

Hace un año, en sus últimas semanas como presidente del PP, Casado recuperó esta teoría de la conspiración acusando al Gobierno de “ocultar” la pandemia y de permitir el 8M por priorizar los “fines electorales”. Lo hizo cuando las acusaciones populares del caso archivado se lanzaron a instar la reapertura porque, según ellos, la vicepresidenta Yolanda Díaz había reconocido que el 8M se permitió a pesar de conocer los riesgos. Ese día, como antes, Vox fracasó en los tribunales pero ocultó la negativa del Supremo a poner en marcha la más mínima investigación, decisión que no fue conocida hasta que no la reveló elDiario.es.

Una estrategia desde instancias policiales y políticas para desacreditar al feminismo, al ejecutivo y responsabilizar a ambos de las primeras olas de contagios que, tal y como analizó elDiario.es en este especial, guarda similitudes y paralelismos con las teorías de la conspiración que intentaron vincular durante años los atentados de 2004 al terrorismo etarra e, incluso, al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Con una derecha intentando obtener rédito electoral apoyada en similares locomotoras mediáticas y el mismo propósito político.

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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional se reunirá el próximo 14 de septiembre para deliberar y fallar sobre el recurso interpuesto por el Ministerio del Interior contra la sentencia del Juzgado de Instrucción número 8 por la que se declara “ilegal” el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos de su puesto de jefe de la Comandancia de Madrid, han avanzado a elDiario.es fuentes jurídicas. La cita judicial llega con la última reprobación de la Audiencia Nacional al Ministerio del Interior aún reciente por la devolución de menores marroquíes a su país de origen sin reunir las garantías que exige la ley.

La destitución de Pérez de los Cobos por no informar al Ministerio de los avances en la investigación judicial de la causa del 8-M, junto a la gestión del asunto en los días siguientes, supusieron la mayor grave crisis en la carrera política del titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska. Con posterioridad, el ministro se ha visto envuelto en otra polémica por avalar la irrupción de la Policía, sin orden judicial, en domicilios donde no se respetaban las normas impuestas por el Ejecutivo para hacer frente a la pandemia. 

Pese a ello, la crisis de Gobierno del pasado julio no afectó a Grande-Marlaska, a quien Pedro Sánchez decidió mantener en el cargo de ministro del Interior aun a sabiendas de que al caso de la destitución de Pérez de los Cobos le falta un capítulo final: el fallo de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional. 

La deliberación del recurso de Interior, fijada para el 14 de septiembre a las 10:30 horas, no implica que se conozca ese día la decisión de la Sección Quinta, encargada de los recursos que se interponen contra el Ministerio del Interior en la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Fuentes jurídicas apuntan a que el sentido de la sentencia no se conocerá hasta al menos una semana después. 

Grande-Marlaska se ha convertido en objetivo recurrente de la oposición, que comenzó a pedir su destitución tras el cese de Pérez de los Cobos y ha insistido en ello con motivo de las otras dos polémicas citadas. Una sentencia en contra de los intereses del departamento de Interior reavivaría la presión para la destitución de Grande-Marlaska, el ministro que viene absorbiendo las críticas al Gobierno por las decisiones más polémicas que el Ejecutivo progresista toma en materia de derechos y libertades. 

La gestión de la crisis de los menores en Ceuta ha vuelto a poner de manifiesto el recelo que el propio socio de Gobierno de Sánchez, Unidas Podemos, siempre ha mantenido hacia Marlaska. El pasado mes de agosto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 remitió una carta a Interior advirtiendo de que “toda la responsabilidad” de la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Delegación del Gobierno en Ceuta durante la repatriación de los menores marroquíes era “única y exclusivamente” de ese Ministerio.

La misiva del departamento que dirige Ione Belarra, secretaria general de Podemos, fue enviada el mismo día del comienzo de las devoluciones a Marruecos de decenas de niños llegados en la crisis migratoria de mayo, un proceso en el que no se habría respetado la Ley de Extranjería que obliga a realizar informes individualizados de cada menor. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional rechazó el recurso de una organización humanitaria para suspender las repatriaciones de menores en un auto en el que advertía a Interior de que éstas debían realizarse a través de los mecanismos “previstos y regulados detalladamente en la legislación española”.

También la Fiscalía, que ha reclamado la paralización de las devoluciones acordada por un juzgado de Ceuta, ha sostenido que el operativo para repatriar a los menores incumplió los requisitos exigidos por la ley.

El aval del presidente

Para disgusto de destacados dirigentes del PSOE, Pedro Sánchez confió en Fernando Grande-Marlaska para la cartera de Interior en 2018, cuando Grande-Marlaska integraba el sector de vocales del Consejo General del Poder Judicial nombrados a propuesta del PP. Por su parte, los socios de la investidura de Sánchez, principalmente nacionalistas vascos y catalanes, critican abiertamente al ministro del Interior, al que reprochan su papel en la Audiencia Nacional por decisiones como su negativa a investigar las denuncias por torturas en las causas por el terrorismo de ETA. 

En el caso de Pérez de los Cobos fueron PP y Vox quienes protagonizaron las críticas a Marlaska por su gestión, que incluyó tres versiones distintas del motivo del cese en una semana. Hasta que trascendió la propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, para el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, en la que se especificaba como motivo “la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

La afirmación aludía a un polémico informe de la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil dentro de la investigación de una jueza de Madrid al entonces delegado del Gobierno, José Manuel Franco, por su supuesta responsabilidad en la expansión de la COVID al haber permitido la manifestación feminista del 8-M. Pérez de los Cobos recurrió el cese y el Juzgado Central número 8 de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional resolvió que “motivación” que llevo a su cese fue “ilegal” porque Pérez de los Cobos cumplió con su obligación al no informar de esas pesquisas, por el deber de reserva que le había impuesto la magistrada del caso. El Ministerio del Interior recurrió a la Sala, a través de la Abogacía del Estado, alegando que no puede haber “control judicial” sobre “un puesto de confianza”.

La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el pasado octubre la denuncia presentada por Vox por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid de la Guardia Civil al no apreciar delito de prevaricación en la actuación de la directora general del Instituto Armado, María Gámez, ni del secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez.

En el auto de la Audiencia Provincial del 15 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, los magistrados explicaron que este tipo de conflictos se deben resolver en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo y consideraron que “carecía de fundamento abrir una investigación penal”. “Y menos todavía practicar diligencias de investigación de carácter especulativo con el fin de comprobar la eventual existencia de otros delitos”, apuntaban.

La Fiscalía respaldó que no se abriera causa penal contra el departamento ministerial, una idea que los magistrados comparten porque la posible ilegalidad de un acto administrativo, incluso de carácter grave o que conlleve su nulidad, no significa que exista un delito de prevaricación. “No es suficiente la mera ilegalidad o contradicción con el Derecho, cuyo control corresponde al orden jurisdiccional contencioso-administrativo”, señalaban los magistrados sobre la posibilidad de imputar un delito a los responsables del Ministerio del Interior, tal y como solicitaba Vox.

Pendiente de recurso 

El cese del coronel está en la actualidad pendiente de la resolución que dicte la Audiencia Nacional tras el recurso presentado recientemente por el Ministerio del Interior ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de este otro órgano judicial después de que el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 8 anulara y dejara sin efecto su destitución al considerar “ilegal” la motivación esgrimida por Interior.

Según esa sentencia, el coronel cumplió con su obligación al no informar de las pesquisas sobre el 8M, que afectaban al entonces delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, porque la instructora de ese caso le había impuesto el deber de reserva. En la resolución del cese firmada por la directora de la Guardia Civil, María Gámez, se indicaba que el motivo del cese había sido la negativa de Pérez de los Cobos a informar sobre investigaciones en curso.

En su recurso, la Abogacía del Estado insiste en que el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska cesó al coronel del puesto de libre designación que ocupaba como consecuencia de una “pérdida de confianza” por no estar de acuerdo con su forma de “proceder” y niega que se hiciera uso de esa potestad administrativa “para un fin distinto del legalmente previsto”. 

El recurso expone las razones que, según Interior, le llevaron a perder la confianza en el coronel y se opone a que, tratándose de un puesto que requiere de la máxima confianza, no pueda ejercerse desde el poder ejecutivo total libertad en el momento de la destitución. “La suficiencia de un comportamiento para generar una pérdida de confianza no puede ser objeto de control judicial, ya que, de lo contrario, estarían controlándose las condiciones subjetivas determinantes de la confianza”, se puede leer en el escrito. 

Interior insiste en ese escrito en que el motivo del cese fue la pérdida de confianza por dejar de informar de “incidencias relevantes” y cuya comunicación “no constituye ninguna contravención de la legislación aplicable o de las órdenes de la magistrada”. De hecho, asegura que el coronel informó hasta en cuatro ocasiones de incidencias sin poner objeción alguna y “cambió unilateralmente su comportamiento por algún motivo”.

El error del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido el de no destituir al coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid en el mismo momento en que fue designado ministro por el presidente del Gobierno y tomó posesión del cargo. La Comandancia de la Guardia Civil de Madrid es un cargo de libre designación por el ministro del Interior. Dada la importancia que tal comandancia tiene en la economía del Ministerio de Interior, es lógico que el ministro puede decidir discrecionalmente quién debe ocuparla.

Con la información de la que dispongo no tengo ningún motivo para pensar que el currículum del coronel Pérez de los Cobos no lo acredita para ocupar dicha comandancia. Parece completamente razonable que el ministro del Interior del Gobierno presidido por Mariano Rajoy lo designara para ocupar dicho puesto. Que para el ministro Fernández Díaz el coronel Pérez de los Cobos fuera una persona de su confianza lo entiende todo el mundo.

Lo que no se entiende y, por tanto, no puede entender nadie, es que un ministro de un Gobierno socialista mantenga su confianza en una persona que ha ocupado un lugar tan destacado en un Ministerio que tiene en su haber la 'operación Kitchen', la 'policía patriótica', la utilización presuntamente delictiva de los 'fondos reservados' y un largo etcétera de conductas incalificables. No sé si el coronel Pérez de los Cobos ha estado implicado o no, de manera directa o indirecta, por acción o por omisión, en alguna de esas “hazañas”, pero un mínimo de prudencia debería haber conducido al nuevo ministro a apartar a la persona que ha ocupado un lugar tan relevante en el Ministerio en el que han tenido lugar esos presuntos delitos. No tiene sentido renovar la confianza en una persona que ha ocupado un lugar tan sensible cuando se estaban produciendo delante de sus ojos acontecimientos que se califican por sí mismos.

Es obvio que el coronel Pérez de los Cobos es portador del derecho fundamental a la presunción de inocencia. Pero no lo es menos que la presunción de inocencia no es argumento suficiente para designar al jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El ministro del Interior de un Gobierno socialista debe nombrar a un jefe de la Comandancia de Madrid de cuya lealtad no tenga la menor duda.

Desde el mismo momento en que Pedro Sánchez le manifestó su voluntad de designarlo ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska debió ponerse manos a la obra para seleccionar a las personas de “libre designación” que le iban a acompañar en la gestión del ministerio. Y una de las primeras en las que tenía que haber pensado es en la persona apropiada para la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid. El coronel Pérez de los Cobos no podía ser la persona de confianza de un ministro del Interior de un Gobierno socialista. Y más después de lo que se sabía que había ocurrido en el Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy.

El no haber actuado de esa manera ha sido un inmenso error, como el propio Fernando Grande Marlaska está pudiendo comprobar. La destitución al comienzo de su mandato se podía hacer sin necesidad de justificación de ningún tipo. Se agradecen los servicios prestados y punto. El ministro designa al personal de confianza que lo va a acompañar en la gestión del ministerio. El acto de destitución de los antiguos cargos de libre designación del Ministerio del Interior y el nombramiento de los nuevos al comienzo del mandato no tiene que ser “motivado” y, en consecuencia, no es impugnable ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

La destitución posteriormente, cuando el ministro ha renovado implícitamente la confianza en la persona que ocupa el puesto de libre designación, sí tiene que ser un acto motivado, susceptible por tanto de recurso ante el poder judicial.

Y en un ambiente de polarización política como el que nos encontramos puede ocurrir cualquier cosa. Como decía mi maestro, D. Alfonso de Cossio, con la sorna que lo caracterizaba, en un juicio no se puede nunca descartar que el elemento irracional sea el juez.

La sentencia dictada por la Audiencia Nacional no es firme. El Ministerio ha anunciado recurso y habrá que estar atento, por tanto, a lo que decida el Tribunal Supremo.

Que no haya sentencia firme no ha sido obstáculo, sin embargo, para que se haya iniciado una campaña furibunda exigiendo la dimisión o la destitución del ministro Grande Marlaska. Como si la anulación de un acto administrativo por la jurisdicción contencioso-administrativa, de los que se producen centenares todos los años, fuera motivo suficiente para ello. No habría Gobierno que pudiera funcionar si cada sentencia desfavorable de un tribunal de lo contencioso-administrativo conllevara la destitución de quien dictó dicho acto. Esto es tan sobradamente conocido que resulta sorprendente tener que ponerlo por escrito.

Y menos cuando el acto administrativo afecta a una persona que ocupa un lugar de “libre designación”.

Pero así está el país.

La operación Kitchen se está investigando en un juzgado de la Audiencia Nacional para saber si el Ministerio de Interior del Gobierno de Rajoy utilizó fondos públicos para impedir que las revelaciones hechas por Luis Bárcenas pudieran perjudicar al Partido Popular, además de otros asuntos delictivos. Y también se está hablando de ella en una comisión de investigación en el Congreso. Es pronto para llegar a una conclusión, porque lleva poco tiempo en funcionamiento, pero de momento no se puede decir que vaya a investigar mucho. Ni siquiera ha tenido acceso a los hechos descubiertos por la justicia. Aún no ha terminado la instrucción judicial y el magistrado García Castellón no ha querido por ese motivo entregar informes al Congreso. A veces por correr demasiado, tardas mucho más en llegar a la meta. O sencillamente no llegas nunca.

Investigar en el Parlamento hechos que están siendo investigados al mismo tiempo en los tribunales es una tarea tan complicada que hay pocos precedentes alentadores.

La comisión escuchó el jueves el testimonio del coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid hasta mayo de 2020 y antes cargo policial de confianza de los ministros Rubalcaba y Camacho, del PSOE, y Fernández Díaz y Zoido, del PP. Se produjo una paradoja difícil de entender para los que no conocen el Congreso. Los diputados le convocaron para que hablara de algo sobre lo que legalmente no puede hablar. En concreto, sobre el uso de fondos reservados. No puede hacerlo por una ley aprobada por el Parlamento en 1995 a iniciativa de un Gobierno socialista. Eso no impidió que el diputado socialista Felipe Sicilia le preguntara en reiteradas ocasiones por el uso de fondos reservados, en algunos momentos con referencias muy concretas. Pérez de los Cobos le dijo que no podía responder por ser materia clasificada y que hacerlo le acarrearía “responsabilidades penales”.

Eso molestó a Sicilia con el argumento de que el coronel ya había declarado sobre el asunto en el juzgado y los medios de comunicación habían informado de ello. Pérez de los Cobos le recordó que se produjo una desclasificación de ese asunto sólo a los efectos de su comparecencia ante el juez, no ante el Parlamento. “En el Congreso, hay una comisión de secretos oficiales y estaría encantado de dar allí esa información”, dijo. Sicilia argumentó que sí podía hablar de ello, porque son “materias archiconocidas”, una razón que no aparece por ningún lado en la ley de 1995.

Cuando el coronel insistió en que le podían convocar a la comisión de secretos oficiales, el socialista se puso muy digno y afirmó que “esta casa sabe dónde debe convocar” a las personas para que aporten información. No parece que eso sea del todo cierto. En esta legislatura, ni siquiera se ha puesto en marcha la comisión de secretos oficiales. Se necesitan 210 votos para elegir a sus integrantes y los vetos cruzados que impiden la presencia de Vox, ERC y Bildu en ella hacen imposible alcanzar la cifra de votos necesaria. Por tanto, no hay control parlamentario del CNI y de los gastos reservados desde marzo de 2019.

La desclasificación de asuntos confidenciales compete al Gobierno. Los diputados que pretendían que Pérez de los Cobos hablara de fondos reservados podrían haberlo reclamado al Ministerio de Interior o a Moncloa. No lo hicieron y si lo hicieron, no tuvieron éxito.

Rafael Mayoral, de Unidas Podemos, insistió en que los medios de comunicación informaron de la declaración judicial del coronel, lo que nunca ha supuesto la desclasificación de una materia o documento. Se enfadó tanto que pidió que se tomara nota de su “falta de colaboración” y calificó su actitud de “obstruccionista”. Pérez de los Cobos se empezó a calentar. Como es habitual en el Congreso, Mayoral le interrumpía a veces y a eso no está acostumbrado un coronel de la Guardia Civil. “¡No me interrumpa!”, replicaba airado. No le iban a sacar nada.

Después entró en escena Gabriel Rufián, que tenía toda la intención de interrumpir al testigo para ponerlo nervioso. Lo consiguió. “No me está respondiendo, así que para qué le voy a dejar hablar”, dijo, porque tampoco se trataba de disimular. Al principio, Pérez de los Cobos se lo tomó con ironía. “A estas alturas, nadie pensará que nadie puede intimidarme citando un artículo del Código Penal”, dijo medio sonriendo. Más interrupciones. Protestas de diputados de la derecha. “No está en una caserna (cuartel). No me vacile”, le dijo el portavoz de ERC. Le preguntó si el ex secretario de Estado de Interior, Francisco Martínez, mintió. Como era sobre fondos reservados, el coronel no respondió.

Para culminar la pelea, Rufián sacó el tema de la violencia policial en el referéndum de independencia del 1-O (“mil heridos, vergüenza debería darles”). Ese no es el tema de la comisión de investigación. Ya muy superada por los enfrentamientos, Isaura Leal, presidenta de la comisión, no intervino para devolver la comparecencia al asunto para el que había sido convocada y continuó la gresca. En ese momento, la Operación Kitchen ya daba un poco igual.

Pérez de los Cobos coordinó o dirigió la actuación de Policía y Guardia Civil el 1-O. La comisión parecía un buen momento para ajustar cuentas. Míriam Nogueras, de JxC, y Mireia Vehí, de la CUP, también sacaron ese tema. “En Catalunya es usted un mero mercenario del Estado que no merece ni la vergüenza”, le espetó Vehí. Jon Iñarritu, de Bildu, le preguntó si había sido testigo de torturas y hasta sacó a colación lo que llamó la “leyenda urbana” sobre la aparición de Pérez de los Cobos en un cuartel para apoyar el golpe de Estado del 23F en 1981. “Absolutamente falso”, dijo el coronel, que hasta agradeció la pregunta para poder desmentir esa historia que ha circulado en internet.

Los diputados del PP y Vox se indignaron con los ataques al guardia civil. ¿Qué ocurrió cuando compareció después Manuel Morocho, inspector jefe en la UDEF que ha investigado durante años los casos de corrupción relacionados con el Partido Popular, algunos de los cuales han sido condenados? En ese momento fue el PP el que intentó desacreditar al testigo. El diputado Eloy Suárez desconoce que son los jueces de instrucción los que abren y cierran las investigaciones, un nivel de conocimiento que tienen hasta los alumnos menos dotados de primero de Derecho. Acusó a Morocho de mantener abiertas las investigaciones policiales de forma artificial. Incluso le recordó que ha sufrido querellas en siete ocasiones. Todas de políticos del PP relacionados con la corrupción que buscaban obstaculizar las indagaciones sobre sus negocios.

En las pocas sesiones celebradas, el Partido Popular ya ha dejado muestras claras de que va a boicotear los trabajos de la comisión. El jueves se vio que llegará al punto de atacar a los policías que investigaron la corrupción en las instituciones. Es una peculiar forma de autoincriminarse.

Desde hace unos días la Guardia Civil ha ocupado un lugar destacado en la información en los diversos medios de comunicación. Se han producido diversos movimientos extraños en el interior del cuerpo y se ha reaccionado a dichos movimientos con el cese de un coronel, que ha arrastrado la dimisión de un general y con algunos cambios ordenados por la Directora General con el conocimiento y conformidad del propio ministro Grande Marlaska, que, por cierto, ha sido objeto de un ataque brutal con ocasión de la explicación del cese del coronel Pérez de los Cobos.

El ruido generado por todos estos acontecimientos ha sido notable. Dicho ruido tuvo su máxima expresión en la sesión del Congreso de los Diputados en la que se decidió la quinta prórroga (no la sexta y última, sino la penúltima), en la que el Gobierno llegó a temer seriamente que la prórroga no fuera aprobada, lo que condujo, entre otras cosas, a un pacto con Bildu que provocó que hubiera muchas hipócritas rasgaduras de vestiduras.

Ningún ciudadano de a pie puede tener no ya pruebas, sino ni siquiera indicios en el sentido preciso del término, de que, desde el interior de la Guardia Civil se haya secundado la estrategia de PP y Vox o de Vox y PP, de intentar “reventar” el Gobierno de coalición aprovechando la votación de las prórrogas del estado de alarma, pero algo debe de haber habido, cuando un periodista tan bien situado como José Antonio Zarzalejos se ha considerado obligado a publicar un artículo en El Confidencial el pasado sábado con el título “El Rey y la Guardia Civil”, en el que en cierta medida proyecta la “inviolabilidad” regia sobre el instituto armado en su integridad.

El artículo, que recomiendo al lector que lea detenidamente, es un disparate tanto desde un punto de vista constitucional como desde una perspectiva política. Genera una perplejidad notable en cualquier persona que tenga un conocimiento mínimo de la Constitución española y que esté siguiendo lo que ocurre en el país.

La fórmula del juramento de los miembros de la Guardia Civil al adquirir la condición de tales son las primeras palabras del artículo. El articulista la transcribe en su integridad. De dicha fórmula se deriva la lealtad permanente al rey, que es calificado a continuación como el garante último de la Constitución y de la democracia en España. Como consecuencia de ello se concluye que es absurdo que desde el interior de la Guardia Civil se pueda iniciar movimiento alguno que pueda poner en peligro el orden constitucional y la democracia, porque es contradictorio con su juramento de lealtad al rey. Los miembros de la Guardia Civil, se da a entender, actúan como lo haría el rey si se encontrara en su lugar. Es indigno insinuar siquiera que puedan hacerlo de otra manera.

Dada la conducta intachable del rey Felipe VI en defensa de la Constitución y de la democracia que, como la ley de la gravedad lo rige todo sin que tenga que hacerse visible de manera permanente, no puede entrar en cabeza alguna que los miembros, todos los miembros, de la Guardia Civil no estén replicando la conducta del monarca. De todos los miembros de la Guardia Civil no se puede esperar otra cosa que defensa de la Constitución y de la democracia. Porque eso es lo que juraron al tomar posesión de su cargo. Defensa subrayada por su juramento de lealtad al rey, garante último de la Constitución y de la democracia.

Son, por el contrario, la directora general y el ministro de Interior, los que, en opinión del señor Zarzalejos, al haber dudado de la conducta intachable de algún miembro de la Guardia Civil y haber procedido a su cese, han actuado de manera inaceptable y deberían ser cesados por el presidente del Gobierno. Poner en cuestión la actuación de los miembros de la Guardia Civil, como se ha hecho, es en cierta medida poner en cuestión al propio rey. Es la consecuencia que se deriva del vínculo que en el artículo se establece entre el rey y la Guardia Civil.

La argumentación no puede ser más delirante. ¿Está queriendo decir el señor Zarzalejos, por ejemplo, que la petición (¿orden?) del coronel Pérez de los Cobos sin autorización judicial a un supermercado de que conserve la cinta de vídeo en la que aparece el vicepresidente del Gobierno es la forma de respetar la Constitución y la democracia que se corresponde con la conducta del rey? ¿Quiere decir que es así como se hubiera comportado el rey si hubiese estado en su lugar?¿Está queriendo decir que el juramento de lealtad al rey autoriza a incluir “mentiras, bulos y manipulaciones” en un informe elaborado por dos miembros de la Guardia Civil en funciones de policía judicial? ¿Es esa una forma de respetar la Constitución y la democracia?

Intentar cubrir las irregularidades de los miembros de la Guardia Civil con una invocación al rey es un disparate. Las irregularidades que hayan podido producirse o que puedan producirse tienen que ser investigadas y sancionadas, si es lo que corresponde tras la investigación. Proyectar la inviolabilidad regia derivada del juramento en el momento de adquirir la condición de guardia civil sobre la totalidad de los miembros del instituto armado es una invitación a la arbitrariedad incompatible con cualquier Estado de Derecho digno de tal nombre.

Es la propia Guardia Civil la que debe estar interesada en investigar qué es lo que ha ocurrido y en depurar las responsabilidades, si las hubiere, tras la investigación correspondiente. No se puede tolerar un ejercicio presuntamente tan desviado de la autoridad como policía judicial como el de los dos miembros de la Guardia Civil que han elaborado el informe encargado por la jueza Rodríguez Medel.

Asimismo la Fiscalía debería investigar si la acción instructora de la jueza puede ser constitutiva de delito. No basta con interponer un recurso. Hay indicios en su conducta de un ejercicio presuntamente desviado de la potestad jurisdiccional. Y en tal caso, además de interponer el recurso contra la decisión judicial, se debería activar una querella contra dicho ejercicio desviado. No se trata de una decisión judicial errónea, susceptible de ser corregida por la vía del recurso correspondiente, sino de una decisión presuntamente prevaricadora, que es algo distinto.

Todo esto es lo que ha ocurrido, con la Guardia Civil presente en todos los momentos, en estas últimas semanas. Y esto no puede, ni debe, intentar tapar con una invocación al rey.

Me imagino que en la Casa Real se habrán quedado horrorizados tras la lectura del artículo. Lo que le falta al rey es que lo involucren en operaciones tan turbias como las que se han producido dentro de y en torno a la Guardia Civil.

“Este fin de semana se superarán las 1.000 firmas necesarias, con toda seguridad”, afirma Felipe Ortuño, el abogado promotor de la iniciativa popular para nombrar Hijo Adoptivo de la localidad murciana de Yecla al coronel Diego Pérez de los Cobos (Gandía, 1964), recientemente cesado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como coronel jefe de la Guardia Civil de Madrid por no dar cuenta a sus superiores del informe sobre las manifestaciones del 8M pedido por un juzgado.

“Cuando a un yeclano se le agravia injustamente, es el momento en el que debe recibir los afectos de su pueblo”, reza el documento que están distribuyendo por esta ciudad de 35.000 habitantes. Diego Pérez de los Cobos y su hermano, el expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Pérez de los Cobos, nombrado Hijo Adoptivo de Yecla en 2018, no nacieron en este municipio murciano, pero sí crecieron y estudiaron allí el Bachillerato. El padre de ambos, Antonio Pérez de los Cobos, se instaló allí con su mujer para ejercer de pediatra cuando Francisco tenía un año. Para el parto de Diego, su madre retornó por unos días a Gandía, con su familia.

“El origen de las fiestas de la localidad es que los yeclanos fuimos a Catalunya en 1642 a la guerra contra la rebelión catalana de los payeses de las remensas. Ha tenido que venir otro yeclano para ir a Catalunya a sofocarlos”, dice Ortuño con respecto al papel del coronel como coordinador técnico del dispositivo de seguridad instituido para impedir el referéndum independentista del 1 de octubre de 2017. “Soy el abogado más viejo de Yecla en años de ejercicio y dije: yo haré el escritico”, explica Ortuño, quien no se reconoce como el promotor de la iniciativa, sino parte de ella.

“Es una iniciativa popular que surge y nuestro reglamento establece que se inicie con la firma de mil vecinos o un acuerdo del Pleno. En este caso, es la recogida de firmas. He firmado la iniciativa y la voy a respaldar”, dice por teléfono a eldiario.es de la Región el alcalde popular de Yecla, Marcos Ortuño, que cuenta con mayoría absoluta.

La oposición cuestiona el origen “popular” de las firmas

La oposición no considera que esta iniciativa tenga un origen meramente “popular”. Felipe Ortuño fue el líder del extinto partido local Alternativa Ciudadana Electoral de Yecla (Alcey), que gobernó con el PP la localidad murciana entre 2007 y 2011, momento en que dos de los concejales de este partido se integraron directamente en el Partido Popular yeclano. De este modo, Felipe Ortuño y Marcos Ortuño fueron socios de Gobierno cuando este último todavía era concejal. Uno de los ediles del equipo de Gobierno actual, Jorge Ortuño, es sobrino del abogado.

Según el protocolo de distinciones y honores del municipio murciano, se necesitan mil firmas procedentes de los vecinos de la localidad. Una vez recogidas, la petición se expone en el Pleno, donde se inicia el expediente de Hijo Adoptivo con el apoyo de dos terceras partes, en este caso 14 de los 21 concejales que forman la corporación. El PP, con 12 ediles, necesitaría sumar los dos con los que cuenta Ciudadanos, quien ya ha dado su aprobación a la iniciativa. En la oposición se quedarían los cinco del PSOE y los dos de IU.

“Nos sorprende que con la campaña fuerte que ha hecho Ciudadanos contra el PP en Yecla, en la primera votación que dependa realmente de ellos le regalen los votos”, apunta Alberto Martínez, portavoz de Izquierda Unida (IU) en el municipio.

El portavoz de Ciudadanos en la localidad murciana, Antonio Puche, señala por su parte que su apoyo a esta distinción se ciñe “exclusivamente al currículum” de Pérez de los Cobos y al hecho de que haya participado “en cuestiones sociales que son importantes defendiendo a la sociedad española”. “No quiero entrar en cuestiones de política porque se van a mezclar churras con merinas”, señala.

Al representante naranja le parece que es “un momento inoportuno, pero no significa que Diego Pérez de los Cobos no sea merecedor de ese reconocimiento porque pocos yeclanos pueden tener en su currículum algo así”.

“Confrontación entre los vecinos”

El PSOE de la localidad murciana, en cambio, solo ve división en esta distinción al coronel. “No podemos apoyar este nombramiento. La figura del Hijo Adoptivo o Predilecto tiene que ser fruto del consenso y el orgullo de todo un pueblo y ahora mismo no es el caso porque genera confrontación entre los vecinos”, apunta Asun Molina, portavoz del Partido Socialista en Yecla.

“Un cargo de confianza y de libre designación es lo que tiene, que te pueden elegir y destituir también. Es una decisión para hacer daño políticamente en Yecla y al Gobierno de España”, añade Molina.

Otro aspecto que enfrenta a Gobierno y oposición es la presunta “yeclanía” de la que haya hecho gala el coronel destituido. “Un Hijo Adoptivo tiene que merecérselo haciendo gala de su yeclanía o tiene que haber hecho cosas por su pueblo, cuestiones todas que desconocemos”, apunta la portavoz socialista.

El alcalde de la localidad lo percibe de otra manera. “Ambos hermanos Pérez de los Cobos vienen a Yecla, mantienen contactos con Yecla y la madre vive en Yecla. Es gente que ha ostentado altas responsabilidades. La oposición también puso en tela de juicio la distinción que le dimos al hermano, que llegó a presidente del Tribunal Constitucional, con los mismos argumentos que utilizan a día de hoy”, apunta Marcos Ortuño.

“Pasado controvertido”

“Esta persona tiene un pasado controvertido”, apunta Alberto Martínez, de IU. “No hay unanimidad entre las fuentes que he consultado de que se presentara el día del golpe de Estado en el cuartel de la Guardia Civil, pero sí que fue una persona muy vinculada a Fuerza Nueva junto con su hermano. De hecho, su padre fue candidato de esta formación política”, asegura.

“El coronel está siendo protagonista de unos hechos que ni siquiera han acabado”, añade Martínez. “Lo de Catalunya también fue muy controvertido. Este hombre fue el responsable de todas las cargas que hubo allí. También a finales de los noventa fue investigado por un caso de tortura a un miembro de ETA. Sus compañeros fueron condenados, aunque él no por falta de pruebas”, señala el edil de IU.

“Nos parece una imprudencia utilizar la figura del Ayuntamiento de Yecla, que debería de ser de todos los ciudadanos, para atacar al Gobierno”. “¿Por qué no le dan esta distinción a un yeclano investigador que haya salido al exterior o a algún doctor de alguna universidad?”, se pregunta Martínez.

Tanto el abogado Felipe Ortuño como el alcalde popular, quien lleva nueve años al frente de la localidad, aducen que fue el exministro del Interior socialista Alfredo Pérez Rubalcaba quien fichó a Pérez de los Cobos como su mano derecha en la lucha antiterrorista y después el coronel siguió bajo el mando de los ministros populares Jorge Fernández Díaz y Juan Ignacio Zoido.

“Ahora empiezan a decir que si la policía patriótica, pero se le ha purgado. En un grupo que tenemos en Yecla de abogados todo el mundo está convencido de que tiene que meter una querella por prevaricación. Ahora se ha ido de maestro armero a unas dependencias de la Guardia Civil”, señala el abogado promotor de la iniciativa en referencia al nuevo destino del coronel Pérez de los Cobos en la Intervención Central de Armas y Explosivos de Madrid.

La tarde del 24 de mayo no estaba siendo tranquila para el coronel Diego Pérez de los Cobos pese a ser domingo. Pasadas las nueve de la noche ya acumulaba más de una decena de llamadas cruzadas con el general de la Zona de Madrid, su inmediato superior. Desde la Dirección de la Guardia Civil reclamaban información sobre lo que ocurría alrededor de la residencia de Irene Montero y Pablo Iglesias, escenario, un día más, de una cacerolada contra el Gobierno. Por la cabeza de Pérez de los Cobos no pasaba entonces lo que ocurriría solo una hora después, cuando le telefoneó la directora, María Gámez, y le comunicó su destitución. En el Ministerio del Interior tampoco advirtieron de las consecuencias del cese y de que otras dos decisiones tomadas posteriormente — poner los auténticos motivos por escrito y dar una versión contraria en público—, situarían a Fernando Grande-Marlaska en el peor momento de una carrera política que arrancó hace apenas dos años.

La seguridad ciudadana en Galapagar, como en el resto de municipios madrileños de menos de 30.000 habitantes, es competencia de la Guardia Civil. Pérez de los Cobos era el jefe de la Comandancia y José Antonio Berrocal es el general al mando de la Zona de Madrid. En uno de esos intercambios de llamadas por la situación frente a la casa de los dos miembros del Gobierno, alrededor de las 21:30, Berrocal pregunta a Pérez de los Cobos si es cierto que ha concluido la investigación de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial en el caso de la convocatoria del 8M. El coronel responde que no lo sabe y que le extraña porque, a efectos de la organización del trabajo en la Comandancia que dirige, debería saberlo.

Menos de un cuarto de hora después recibe otra llamada, esta de más arriba. Es el tenitente general Santafé, Mando de Operaciones y número 3 de la Guardia Civil. Santafé le hace la misma pregunta y obtiene idéntica respuesta, pero entonces el teniente general pregunta por la posibilidad de acceder a las conclusiones de la Policía Judicial. Pérez de los Cobos responde que eso no está entre sus competencias y que además la jueza Carmen Rodríguez-Medel ha ordenado al capitán y al teniente que actúen con la máxima reserva, manteniendo sus pesquisas fuera del conocimiento de cualquiera que no sea ella misma.

Cuando el teniente general Santafé hace esa consulta a Pérez de los Cobos, en el Palacio de La Moncloa ya tienen el informe. Los guardias civiles lo habían entregado en el juzgado el jueves y la magistrada había dado traslado a las partes, entre ellas la Abogacía del Estado, que ejerce la defensa del único imputado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. Uno de los colaboradores del presidente Sánchez lee el domingo por la tarde el atestado que le ha enviado la Abogacía del Estado y telefonea al ministro del Interior para informarle de su contenido y hacérselo llegar.

Viernes, 22M: comienzan las turbulencias

La luz de alarma se había encendido en Interior el viernes anterior. El Confidencial publicaba una información que aludía al informe si bien no recogía entrecomillados ni reproducía fragmentos. “La Guardia Civil apunta a Fernando Simón en la investigación penal del 8M”, titulaba el periódico digital. En el Paseo de La Castellana indigna la “filtración”, pero se decide no reclamar el informe a la Guardia Civil. Esa decisión no resulta sorprendente si se atiende a la trayectoria de Grande-Marlaska en Interior, un juez que apela en todo momento a una gestión garantista, hasta el punto de pecar de inacción, por ejemplo, ante los excesos ultras de un sector de la Policía, con el argumento de que les ampara jurídicamente un laxo Régimen Disciplinario.

Ahí está el ejemplo del comisario que invitó a una celebración oficial a Billy el Niño y que a día de hoy sigue al frente del mismo distrito de Madrid o del comisario que filtraba datos de la investigación al imputado Javier López Madrid, actualmente en su puesto. También de un destacado miembro de la brigada política que está apartado en puestos administrativos, pero al que se decidió no enviar a su casa tras ser imputado por la Audiencia Nacional por si recurría y los tribunales le daban la razón. Esa actitud conservadora en Grande-Marlaska cambia el domingo 24 de mayo, después de la llamada de Moncloa, y deriva en la decisión del ministro de cesar a Pérez de los Cobos.

El informe está plagado de errores, bulos y tergiversaciones que intentan apuntalar la responsabilidad del delegado del Gobierno y se permiten señalar a otros cargos que no son investigados y que se han convertido en el blanco preferido de la derecha y la extrema derecha, como el director del Centro de Emergencias Sanitarias, el doctor Fernando Simón. La decisión del “Equipo de Dirección” de Interior, según traslada en su llamada Gámez y luego pone por escrito, es destituir al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe de la Comandancia de Madrid.

La noticia del cese se conoce a la mañana siguiente, lunes 25. El Ministerio del Interior reacciona, a través de un portavoz, afirmando que se debe a una “pérdida de confianza”. Entre los mandos de la Guardia Civil ya corre como la pólvora el auténtico motivo o la razón de esa pérdida de confianza: no informar de los avances de la investigación a Franco por haber autorizado el 8M. Las gestiones del domingo por la tarde habían dejado un reguero de indicios: las tres llamadas a Pérez de los Cobos y las posteriores comunicaciones de la directora de la Guardia Civil a los miembros de la cúpula informándoles de la decisión del cese y sus motivaciones.

La oposición exige ya la dimisión de Grande-Marlaska clamando contra la supuesta intromisión del Gobierno en una investigación judicializada que además se dirige contra su delegado en Madrid. El entorno de Pérez de los Cobos teme que, en medio de la crisis por la epidemia de la COVID-19, el coronel sea la piedra que se arrojen unos y otros, el papel opuesto al de “servidor del Estado” que él siempre ha defendido. Pero eso resulta ya a esas alturas inevitable. Su intervención en el otoño independentista catalán polariza entre las derechas que le tienen por un héroe, de un lado; y por el otro, del independentismo, que reconoce en él uno de los rostros de la “represión”. A este segundo sector se suma una parte de la izquierda que percibe a la Guardia Civil como una institución fuertemente ideologizada. Poco influye en ese contexto que Pérez de los Cobos llegara Interior con un Gobierno socialista y que considere los cinco años con Alfredo Pérez Rubalcaba su época más fructífera en el Ministerio.

Lunes, 25M: trasciende el cese, arranca el incendio

A las tres de la tarde del lunes, la jueza dicta una providencia para citar como investigado al delegado del Gobierno. El escrito concluye con un párrafo dirigido a la “Policía Judicial actuante”, esto es, los agentes encargados directamente de la investigación: “Deberán guardar rigurosa reserva sobre la evolución y resultado de las concretas investigaciones que les hubieran sido encomendadas, así como de todas las informaciones que, a través de ellas, obtengan, de modo que sólo se informará a ésta magistrada-juez”. La magistrada recuerda en su providencia que ya dio esa orden al inicio de la investigación.

Esa noche, el teniente general Laurentino Ceña se marcha a la cama rumiando la decisión más importante de su carrera: dimitir como director adjunto operativo de la Guardia Civil. La destitución de Pérez de los Cobos es tomada por la cúpula como una afrenta, no solo por el ascendente del que goza el coronel en la institución, sino porque su cese es considerado una intromisión intolerable en el trabajo del instituto armado a las órdenes de un juez. Un grupo de altos mandos de la Guardia Civil recomienda a Ceña que se marche con honor, pero él teme que esa decisión se perciba como que es el general de una determinada opción política.

Martes, 26M: un informe tergiversado, Ceña se va

El martes siguiente amanece con la exclusiva de eldiario.es , que adelanta el contenido íntegro del informe de la Guardia Civil, con bulos recogidos por medios conservadores, conclusiones a partir de suposiciones, declaraciones de testigos sesgadas… La publicación del atestado enciende otro debate: ¿Se puede asemejar a otras investigaciones judicializadas de cuerpos policiales que en el pasado incluyeron errores o valoraciones arriesgadas o, por el contrario, constituye una manipulación dirigida contra el Gobierno?

En medio de ese incipiente debate, otra noticia da un nuevo giro al caso: Ceña presenta su dimisión a Gámez y se traslada al Ministerio a comunicárselo a Grande-Marlaska. Hacía 34 años que un teniente general no salía de forma abrupta de la cúpula de la Guardia Civil. Grande-Marlaska sale hacia la reunión del Consejo de Ministros. Moncloa avisa con unos minutos de antelación a la rueda de prensa que el ministro del Interior será uno de los comparecientes.

Interior asegura taxativamente que la aprobación de la tercera partida para cumplir con las subidas a policías y guardias civiles, acordada entre el Gobierno del PP y los sindicatos en 2018, estaba prevista para esa reunión del Gabinete ministerial con anterioridad al cese de Pérez de los Cobos. Pese a ello, no estaba previsto que Marlaska compareciera para explicarla en la rueda de prensa posterior. En un contexto de crisis amenazante, los uniformados pasan a cobrar un 20% más, con efectos retroactivos a enero, en una subida adicional a las que han tenido en los últimos dos años.

La intervención de Grande-Marlaska echa gasolina al incendio. El anuncio de la subida salarial es interpretado por la oposición como un torpe intento de apagar las llamas del cese de Pérez de los Cobos. Pero hay más. El ministro del Interior niega en su intervención en Moncloa que el coronel haya sido cesado por no informar del atestado del 8M y enmarca la destitución en un proceso “lógico y normal” de reestructuración de puestos de confianza. Después, Interior ha tardado diez días en anunciar el sustituto de Pérez de los Cobos al frente de la Comandancia de Madrid, un puesto, por otra parte, alejado de las tomas decisiones en el Ministerio del Interior. Pérez de los Cobos no despachaba con el ministro, ni con su número dos, y entre él y ellos había cuatro superiores en la cadena de mando, lo que hace difícil defender que se trataba, como dijo Marlaska, de un “puesto de confianza de la Secretaría de Estado de Seguridad”.

El ministro resta además importancia a la dimisión de Ceña porque le quedaban días para jubilarse y anuncia el nombre de su sustituto, el general de la lucha antiterrorista, Pablo Salas, al que conoce de su época en la Audiencia Nacional. A preguntas de los periodistas deja un comentario que enerva más a los mandos de la Guardia Civil, que lo consideran falso e innecesario: destaca el currículum de Pérez de los Cobos y añade que como el suyo hay “muchísimos” en el instituto armado. Esa tarde, el ministro repite las líneas generales de su rueda de prensa ante la comisión de Interior del Senado. La oposición sale en tromba contra él.

El miércoles se conoce una nueva destitución, la del teniente general Santafé, uno de los tres superiores que telefoneó a Pérez de los Cobos, al frente del Mando de Operaciones. Algunos medios se apresuran a vincular la destitución con el cese de Pérez de los Cobos y a hablar de “purga”, pero la destitución del teniente general estaba decidida desde dos semanas antes. La directora de la Guardia Civil había presentado un nombre, el del exjefe de la lucha contra la inmigración ilegal en El Estrecho, general Félix Blázquez, y Marlaska accedió a que ella eligiera al número tres del instituto armado. Santafé desconocía que iba a ser sustituido cuando telefoneó a Pérez de los Cobos y le preguntó por el contenido del informe del 8M, confirman fuentes del instituto armado.

Jueves, 28M: el Gobierno contraataca

El jueves comienza el contraataque del Gobierno. El diario El País titula en portada que el Ejecutivo atribuye la crisis de la Guardia Civil a “un pulso” que le están echando los mandos. En frente, la versión de los oficiales: su malestar está motivado exclusivamente por lo que consideran un cese injustificado y arbitrario de Pérez de los Cobos. La pregunta que sobrevuela es qué repercusión hubieran tenido los cambios si Marlaska hubiera esperado unos días a la jubilación de Ceña, ordenara su recambio por el general antiterrorista, y aprovechara para cambiar al número tres por otro reputado mando, como es su sustituto. Incluso si hubiera evitado la crisis en la Guardia Civil incluyendo a Pérez de los Cobos en esa reestructuración, pese a que el coronel ocupaba un puesto muy alejado de las responsabilidades de los anteriores.

La tensión en torno a Grande-Marlaska se mantuvo durante el fin de semana. El martes, El Confidencial adelantó el contenido de la propuesta de cese de Pérez de los Cobos que la directora de la Guardia Civil hizo al secretario de Estado. Gámez dejó por escrito los verdaderos motivos: “la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior por no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”.

El Ministerio del Interior intentó relacionar las versiones de Marlaska con lo que decía la nota. Resumiendo: nadie de la dirección ni del Ministerio pidió el informe al coronel y todo lo que pone en ese oficio se concreta en la referida “pérdida de confianza”. Interior añadía ahora que Pérez de los Cobos había informado a sus superiores de que la jueza les había comisionado para la investigación del 8M y que también trasladó, en contra de lo que hizo con el informe polémico, que la magistrada había ordenado detener las pesquisas por la pandemia de la COVID-19. En la Guardia Civil aseguran que esa segunda comunicación por parte de Pérez de los Cobos nunca existió.

Martes, 2J: un oficio pone a Marlaska contra las cuerdas

A Marlaska le tocaba comparecer en el Senado y allí, en la tarde del martes, ofreció una nueva versión: lo que había motivado la pérdida de confianza había sido la filtración del contenido del informe, no el informe en sí, tres días antes del cese. Nada de eso se le mencionó al coronel en las llamadas que recibió el domingo, según las fuentes de la Guardia Civil consultadas. Ayer miércoles, en el Congreso, Marlaska aseguró que si no se refirió en público al motivo verdadero del cese de Pérez de los Cobos fue para no manchar su currículum.

El presidente del Gobierno, que había respaldado ya a Grande-Marlaska, siguió ampliando la nómina de argumentos este miércoles en el Congreso. Sánchez dijo que el ministro del Interior irrita a la oposición porque está limpiando la policía política del PP.

En realidad, el grupo que se identifica por ese nombre, cuya primera línea está imputada al completo en la Audiencia Nacional por el espionaje a Luis Bárcenas, se disolvió a partir del verano de 2016 entre jubilaciones, peleas internas e imputaciones judiciales. Su artífice, el comisario Eugenio Pino, fomentó durante su mandato como director operativo de la Policía la tradicional rivalidad con la Guardia Civil, hasta protagonizar duros enfrentamientos entre Cuerpos. Esa Guardia Civil a la que zancadilleaba Pino estaba encarnada entonces en el Ministerio por el coronel Diego Pérez de los Cobos.

Y en plena ofensiva de la oposición contra Grande-Marlaska, la Guardia Civil incorpora un nuevo informe fechado el pasado lunes, y adelantado por El País, en el que incluye una información sin firma en Abc sobre unas imágenes de Eitb de los momentos previos a una entrevista a la ministra de Igualdad, Irene Montero, que incluyen un comentario de ésta 'off the record'. Montero constata que a la manifestación del 8M fueron menos asistentes que a convocatorias anteriores por la información que ya existía sobre los riesgos de la Covid-19. El capitán de la Guardia Civil incluye ese comentario en su informe, descontextualizado, y firma el atestado el mismo día que Abc publica el 'off the récord' de la ministra con otro medio sin permiso de éste.

“El sentido de la Justicia es una virtud innata que no tiene nada que ver con la técnica del Derecho”

Piero Calamandrei

La mayor víctima en la última refriega por desbancar al Gobierno, a través de uno de sus miembros, ha sido la razón. Es preciso crear un vórtice de sinrazón, de hechos alterados, de conclusiones ilógicas, para conseguir el objetivo buscado, que no es otro que perder al ciudadano en una red de confusión para alzar como verdad incuestionable lo que de ningún modo lo es. Resulta enormemente preocupante y peligroso que los jueces conservadores, a través de tres de sus asociaciones, hayan elegido bando con tanta prontitud y con tan poco rigor. Nunca en la historia se había visto esta alineación tan clara con los movimientos que buscan hacer caer a un gobierno concreto. Entiendan que si un juez tiene prohibido recriminar al Ejecutivo, hay que inferir que también está vedado hacerlo de forma grupal a través de unas asociaciones que no pueden siquiera ser sindicatos y mucho menos actores políticos declarados. Cosa distinta es darle caña al juez del ramo para conseguir mejoras y reivindicaciones.

Los representantes de estos jueces han asumido un relato concreto, que es el que mantienen los partidos políticos de la oposición, sin realizar ninguna de las tareas a las que su vocación les aboca, como son la constatación de los hechos, su contraste y su debida ponderación. En este caso les ha valido la idea lanzada por la derecha de que el ministro de Interior pidió el contenido de un informe destinado a un juez y que cesó a un coronel por no darlo. Ninguno de estos datos es pacífico ni ha sido corroborado, existen varias versiones, pero les resultan suficientes para pedir no sólo la dimisión sino hasta el cese de su ex compañero Marlaska, llegando algunos a afirmar que tampoco estaría facultado para volver a ser juez después de esto. Condena sin pruebas y tribunales de honor. Todo en orden.

Lo hacen, según dicen, por mor de defender un sacrosanto principio, el de la independencia judicial, sobre el que establecen una cruzada que todo lo cubre. Temblores da ver qué concepto tan curioso de la cacareada independencia y de la separación de poderes tienen estos magistrados. Obvian, o confunden, que la independencia judicial no supone una autonomía estanca del Poder Judicial sino un ejercicio individual de sus funciones exclusivamente fundado en el Derecho y ajeno a cualquier injerencia política. La independencia judicial es, para que se entienda, una característica íntima y personal de cada juzgador, en el que reside en su totalidad un Poder Judicial que no es colegiado ni gregario sino propio de cada magistrado. Algo muy diferente a pretender, como parecen indicar sus palabras, que el Poder Judicial sea autónomo absolutamente y controle todo lo demás. Es por ese motivo por el que la labor de tutela de la independencia judicial que realiza el CGPJ mediante el amparo, sólo se ejercita mediante la petición concreta de un juez que manifieste haberse sentido perturbado o atacado en la misma. ¿Me pueden decir en qué se ha perturbado en concreto la independencia de la juez Medel en este asunto? Pues si la de ella no lo ha sido, y no veo que haya solicitado amparo ninguno, no veo que en comandita pueda reclamarse un ataque y salir en bloque a la guerra.

En términos prácticos, resulta ilógico que se comporten como si de facto existiera una verdadera Policía Judicial, ajena a la jerarquía de sus cuerpos, cuando llevan décadas reclamando precisamente conseguirlo sin resultado. Ahora se inquietan y claman porque dicen que un ministro preguntó por el contenido de un informe (dato no adverado) y niegan hasta que fuera lícito preguntar por su desarrollo y estado. ¡Eso es infame! ¡Denme esa cabeza! Parecen ignorar que existe una orden de mandato general interno, dictada en 2012 por el DAO de la época Rajoy y que sigue en vigor, que ordena remitir todos los viernes un resumen de las operaciones judiciales previstas con su concepto, fecha, número de detenidos, registros y “posibles implicaciones de cargos públicos y de registros en sedes oficiales”. Así que el papelito no demuestra nada que no sea que De los Cobos incumplió esta norma y según dicen hasta engañó a su superiores. Supongo que las asociaciones judiciales conservadoras aprovecharán esta información para emitir ahora todas las notas de pataleta atinentes a las independencias judiciales violadas en ocho años y las peticiones de dimisión de todos los ministros y directores generales que han sido y fueron.

Con toda esta preocupación, tanto las directivas de las asociaciones judiciales como la propia juez Rodríguez-Medel parecen haber olvidado que sí se han producido objetivamente dos revelaciones de secretos oficiales -una del contenido del tendencioso informe y otro de un oficio calificado como reservado de la dirección general- que no parecen preocupar a nadie. El propio coronel afirma no conocer el contenido del informe pero en sus enconadas protestas se da por supuesto que ha sido cesado por negarse a darlo a revelarlo. Ilógico. Se ha llegado a hablar de “delitos” cuando saben perfectamente que el cese de un cargo de confianza no precisa de ninguna argumentación, de ninguna, más allá de la “pérdida de confianza” que no debe ser explicada ni adverada ni controlada sino sólo declarada. También saben que el funcionario al cargo que no puede ser legalmente cesado es el capitán que comanda el equipo y no un mando genérico en la cúspide.

Las cúpulas de las asociaciones están en guerra, y han elegido claramente bando, pero se predicarán puros y castos porque la pureza y la técnica sólo anidan en una ideología, eso no lo olviden. Es esa pureza la que les impide asombrarse por las extrañas maniobras de su colega o preguntarse con espíritu crítico sobre algunas cosas. Yo sí lo hago. ¿Por qué hay una juez que tiene tantísimo interés en instruir algo no urgente, cuando un decreto de alarma ha suspendido los plazos, y en hacerlo además sin que el Gobierno sepa si avanza o no? ¿Por qué no pide la documentación y la analiza e interpreta ella? ¿Por qué se lo encomienda a la Guardia Civil, siendo competente la Policía, y les prohíbe expresamente decir nada no sólo sobre el contenido sino también sobre los tempos cuando el procedimiento no es secreto sino reservado como todos? ¿Por qué este misterio si lo que analiza son hechos palmariamente conocidos? ¿No será ella la que está jugando con el embate sorpresa al Ejecutivo? ¿Por qué, si ella misma afirma que no es nada urgente, da bríos a la instrucción durante el periodo en el que el Ministerio Fiscal y la propia defensa del imputado, la Abogacía, están neutralizados por el parón procesal? ¿Por qué si considera que hay indicios de delito deja en manos del ciudadano denunciante lo que suceda con el resto de delegados del Gobierno, aun con el riesgo de que esos supuestos delitos de los que ella ha tenido noticia queden impunes por inacción? ¿Por qué si ella misma envía al ciudadano denunciante al Supremo, con parte de su denuncia que atañe a aforado, no deja que ésta arrastre a Franco como marcan las normas o bien por qué no investiga ella lo más imprescindible y luego envía una exposición razonada?

De preguntarse es mejor preguntarse por todo porque si no parece que lo que se busca es un relato con el que cobrarse al cuello de su poco amado colega Marlaska y de paso desestabilizar a un gobierno en cuyo pacto de coalición figura la modernización del sistema de acceso a la carrera judicial que hace peligrar su sacrosanta oposición.

Al recibo de la presente, no se preocupen, yo también formaré parte de la conjura para desprestigiar a los jueces. Lástima que algunos no precisan de conspiraciones porque lo consiguen solos. Otros callan escandalizados.

Esto no va de independencia judicial ni de injerencias sino de hacer palanca con los que quieren tumbar al Gobierno.

Dicho lo cual, Marlaska no ha podido montárselo ni reaccionar peor. No seré yo quien le lave esa colada.

El debate que se ha abierto acerca de si el ministro de Interior, Fernando Grande- Marlaska, mintió en sus respuestas a las preguntas sobre el cese del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos y, como consecuencia de ello, debería dimitir, está viciado en su origen.

El ministro no podía decir la verdad, porque ello hubiera supuesto dejar constancia en el diario de sesiones que el origen del cese estaba en la ejecución desviada por el coronel Pérez de los Cobos de una decisión presuntamente prevaricadora de la jueza de instrucción Rodríguez Medel. Fernando Grande-Marlaska sabía que era así, pero no lo podía decir.

En la pasada semana publiqué dos artículos sobre la decisión de la jueza, ¿Prevaricación administrativa o ignorancia judicial? y El mundo al revés, en los que expliqué con cierto detenimiento por qué me parecía que era la conducta de la jueza de instrucción y no la del delegado del Gobierno de Madrid la que podría considerarse que había incurrido en el delito de prevaricación, en la medida en que su decisión no era justificable, ni procesal ni sustantivamente, con ninguna de las técnicas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del Derecho.

A la misma conclusión llegó José Antonio Martín Pallín, que calificó la decisión de la jueza Rodríguez Medel de “absolutamente insólita, carente de sustento legal y desprovista de cualquier motivación racional”.

La reducción de una denuncia contra todos los Delegados del Gobierno a uno solo y la exclusión de los demás posibles jueces de instrucción del ejercicio de la función jurisdiccional carecen de cualquier justificación objetiva y razonable. De la misma manera que carece de tal justificación contemplar siquiera la posibilidad de que se haya cometido un delito de prevaricación “por omisión”, ante la inexistencia en este caso de un “acto administrativo” por parte del Delegado de Gobierno de Madrid. Como no lo hubo, por lo demás, por parte de ningún otro de los restantes Delegados de Gobierno. La prevaricación exige una conducta “dolosa y grave”. No existe la prevaricación “imprudente o por omisión”.

En el origen de las preguntas que se dirigieron al ministro en el Congreso de los Diputados y en el Senado hay, por tanto, una decisión judicial estrambótica dictada “con una ligereza y falta de ponderación preocupantes” (Martín Pallín). No se trata de preguntas limpias, sino de preguntas capciosas, que descansan sobre una actuación judicial presuntamente delictiva.

Pero no queda ahí el asunto. Si resulta difícil de entender que una jueza de instrucción actúe de la forma en que lo hace, admitiendo a trámite una denuncia que tenía que haber sido rechazada de plano, no menos extraño resulta que, además, solicite un informe no a alguno de los órganos de investigación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (UCO, SEPRONA), sino que se lo solicite al coronel Pérez de los Cobos, que no dirigía ninguna unidad orgánica de investigación.

El coronel Pérez de los Cobos asumió, sin embargo, la función de policía judicial y encargó a unos subordinados la función de redactar un informe, que plasmaron en un escrito de 82 folios plagados de “falsedades, invenciones y juicios de valor”. El informe llega a ser tan delirante que OK Diario se convierte en una suerte de New York Times, cuya credibilidad está por encima de toda sospecha. Esta es la forma en que el coronel Pérez de los Cobos dio ejecución a la solicitud de la jueza Rodríguez Medel.

En el ordenamiento español, de manera en mi opinión anticonstitucional, la Guardia Civil es un cuerpo sometido a disciplina militar. Las Fuerzas Armadas “constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire” están definidas en el artículo 8 de la Constitución y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, en el artículo 104. No son vasos comunicantes, sino compartimentos estancos. Pero, a pesar de ello, la Guardia Civil está sometida a disciplina militar y le son parcialmente de aplicación las ordenanzas militares. Y en dichas ordenanzas “se impone el deber de comunicar a sus superiores y anotar en el orden del día la puesta en marcha de una investigación a petición de un juzgado” (Martín Pallín), sin que ello comporte la obligación de informar sobre el desarrollo de las investigaciones. De que se está haciendo una investigación, sí. Del contenido de la misma, no. Parece que el coronel Pérez de los Cobos no cumplió con esta obligación.

Al ministro se le pregunta por un cese que tiene su origen en una conducta presuntamente delictiva de una jueza de Instrucción y en una conducta irregular por parte de un coronel de la Guardia Civil. Y lo que hace es “morderse la lengua” y contestar evasivamente, situando el cese en una reestructuración administrativa, lo que, muy probablemente, es además así.

No ha habido ninguna injerencia ni en el proceso de elaboración y de transmisión del resultado del informe a la jueza, que es lo que podía ser constitutivo de delito. El ministro simplemente se ha mordido la lengua a fin de limitar el menoscabo que supondría para el prestigio de la judicatura y de la Guardia Civil que quedaran las palabras que reflejaran la verdad de lo acontecido en el Diario de Sesiones.

No estoy, por ello, de acuerdo con el primer párrafo del artículo de Ignacio Escolar de hoy mismo. Completamente de acuerdo con el resto. Y tampoco con el editorial de ARA, también de hoy.

Es curioso cómo los políticos van racionando los hechos cuando deben dar una explicación hasta que al final terminan contando más o menos lo que debían haber explicado desde el primer momento, y lo hacen cuando ya están tan quemados que hay que llamar a los bomberos. En el caso de Fernando Grande-Marlaska, se está cumpliendo. El primer perjudicado es él mismo en una época en la que el Gobierno tiene demasiados frentes abiertos. Pero ya se sabe que cuando los jueces se meten en política raramente acaban bien.

El ministro de Interior inició el martes con la noticia de que ya se conocía el muy breve documento con el que la directora de la Guardia Civil propuso a su superior el cese del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de Madrid. Era cuestión de tiempo que saliera a la luz y que se supiera que tenía que ver con la filtración del fantástico informe de la Guardia Civil (fantástico por su relación con la fantasía) enviado al juzgado que investiga a velocidad de vértigo una denuncia contra el Gobierno por no prohibir las manifestaciones del 8M.

El primer día, Marlaska se quitó de encima la polémica con referencias genéricas a una pérdida de confianza dentro de los cambios normales entre los altos cargos de un Ministerio. El ministro no pareció pensar en la rueda de prensa del 26 de mayo que los ciudadanos tenían derecho a conocer las razones de esa pérdida de confianza. Al día siguiente, en el pleno del Congreso insistió en la misma idea sin alterar el rumbo, lo que suponía reincidir en el error.

“Ustedes quieren tapar lo que pasó el 8M”, dijo Teodoro García Egea, en una demostración de que el PP se acerca poco a poco al universo mental de la conspiración de los agujeros negros del 11M. El informe del 8M es la nueva furgoneta Kangoo y el PP ha decidido adoptarlo como si fuera 'the smoking gun' (la prueba defintiva) que sirve para entenderlo todo. Eloy Suárez, diputado del PP, lo enarboló y dijo que “quizá en este informe esté la respuesta” a la pregunta de por qué España es uno de los países con más muertes por COVID-19. Había que echarle mucha imaginación para sostener eso, pero por otro lado la furgoneta Kangoo también era una evidencia muy exigente en términos de suspensión de la incredulidad.

Marlaska siguió a lo suyo, siempre perplejo al ver que el PP le ataca con ferocidad a pesar de haber sido juez. Como si eso fuera un problema.

La ofensiva general del PP contra Marlaska quedó un tanto diluida a causa de la decisión de Cayetana Álvarez de Toledo de presentar en el pleno su nuevo disco 'Tu padre es un terrorista', que ha continuado promocionando después en varias entrevistas. Pero la historia no había acabado y el martes en el Senado había otro asalto pendiente (y habrá uno más este miércoles en el Congreso).

Y fue allí donde Marlaska dio otra pizca de información, esta de más calado. “Ese informe llegó a la autoridad judicial. Ese informe se filtró nada más entrar a ese juzgado”, dijo (en realidad, sólo una parte pequeña de él). Eso sí que era una novedad en relación a las explicaciones públicas del ministro, que había decidido ahora señalar a las dos fuentes más probables de la filtración, el Juzgado número 51 y la Guardia Civil. Marlaska también apuntó que eso podría suponer un delito de revelación de secretos.

A eso hay que sumar que dos superiores de Pérez de los Cobos le llamaron dos días después de la filtración del informe para preguntarle si sabía si se había entregado ya al juzgado. El coronel dijo que no sabía nada. En ese momento, ya no le creían mucho en el Ministerio.

Fernando Martínez-Maillo, senador del PP, se lo había tomado antes a la tremenda en el pleno. Un poco de espectáculo nunca está de más en el Parlamento: “¡Coño, que me mintió! ¡Que me mintió a mí! ¡Que mintió a todos los españoles!”. Es indudable que el ministro no contó toda la verdad sobre el cese, ocultó sus dudas sobre los procedimientos del coronel e hizo pasar la destitución por uno de esos relevos habituales en la Administración. No iba a colar y no ha colado.

Pensar que el cese de un mando policial tan conocido como Pérez de los Cobos iba a pasar desapercibido o que se podía solventar con una rueda de prensa supone un notable nivel de ignorancia política, de desconocer lo que es el mundo real para un ministro. Y el mundo real tiene la tendencia de golpear duro a los políticos que lo ignoran.

En ese mundo, se encuentran también los jueces. Un día después de la destitución de Pérez de los Cobos, la magistrada del Juzgado 51 llamó a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid. Está claro que ya tenía el informe íntegro de la Guardia Civil en su poder. Le debió de parecer bárbaro y pasó a la acción. Luego tuvo que retrasar esa comparecencia cinco días más. La Abogacía del Estado le recordó que había una cosa llamada estado de alarma que suspende por un tiempo todos los procedimientos judiciales no esenciales. Además, la Abogacía sugiere que la jueza ha incluido en la investigación, de momento sin base, el presunto delito de lesiones imprudentes para que entren en la pelea acusaciones particulares. Si eso fuera así, el espectáculo iba a estar garantizado durante mucho tiempo.

La magistrada que tenía mucha prisa. El coronel que decía que no sabía nada. El ministro que empezó dando explicaciones muy poco creíbles. El senador que gritó “¡coño!”. Ya tienen tema para las terrazas de la fase 2.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha vinculado este martes en el Senado la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos el domingo 24 de mayo a una información sobre el informe de la Guardia Civil para la jueza del 8M que se había publicado la noche del jueves anterior. En un principio, el Ministerio se refirió a una “pérdida de confianza” y el titular del departamento atribuyó el cese a un recambio en puestos sensibles y de libre designación en la cúpula de la Guardia Civil.

“Del jueves al viernes anterior se filtró ese informe nada más ser entregado en el juzgado, en un medio de comunicación, y lo que preocupa a la gente que trabaja con este ministro, a la directora de la Guardia Civil, al secretario de Estado, a los cuales les doy perfecto respaldo porque son unos profesionales dignos... requirió la directora que se le informara qué pasaba. ¿Usted sabe que una filtración es un delito de descubrimiento de secretos? Qué se estaba haciendo para investigar, en ese contexto”, ha respondido Grande-Marlaska al la pregunta y a la exigencia de dimisión que le ha planteado el senador del PP Fernando Martínez-Maíllo.

La primera información sobre el polémico atestado fue una publicación de elconfidencial.com, en la madrugada del jueves al viernes, consiste en alusiones sin entrecomillar al contenido del mismo. El citado medio no adjuntaba el informe ni extractos del mismo. El domingo siguiente, por la noche, dos superiores de Pérez de los Cobos le telefonearon para preguntarle si sabía si la investigación policial había concluido con la entrega de un informe a la magistrada Carmen Rodríguez-Medel, según fuentes del instituto armado. Pérez de los Cobos les aseguró desconocer ese extremo, pero alrededor de las 22:30 recibió otra llamada, de la directora, preguntándole por la misma cuestión, a lo que contestó del mismo modo. María Gámez le advirtió que en cualquier caso el fin de esa llamada era comunicarle el cese.

Esta versión del cese, facilitada por las fuentes consultadas pocas horas después de que se produjera, no incluye ninguna alusión a la “filtración” ocurrida tres días antes. Grande-Marlaska ha dicho esta tarde en el Senado que la directora quería saber qué se estaba haciendo al respecto de la citada “filtración” porque eso constituye un delito de revelación de secretos. A la mañana siguiente, poco después de que trascendiera la destitución, la jueza Rodríguez-Medel dictó una providencia en la que citaba al único investigado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, para declarar ante ella el 5 de junio, fecha que después se ha retrasado.

Martínez-Maíllo ha señalado las contradicciones del minsitro. “¡Coño que me mintió a mi!!, ha llegado a decir esgrimiendo el oficio que plasma el motivo de la destitución de Pérez de los Cobos, conocido hoy, y en referencia a la intervención de la semana pasada de Marlaska en la comisión de Interior del Senado. En esa propuesta de cese, elevada por Gámez a la Secretaría de Estado de Seguridad, se señala que el cese se debe a ”la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento“.

La nota está fechada el domingo, 24 de mayo. Fue esa noche cuando la directora telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución. Se trata de un documento remitido por Gámez al secretario de Estado de Seguridad que cumple con el trámite establecido aunque la decisión de cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid parte de una decisión previa del propio ministro del Interior, confirman a eldiario.es fuentes del departamento.

Marlaska ha hecho una referencia a la brigada política que actuó en tiempos del Gobierno del PP y “cómo actuaban con informes preparados o evitando que esos informes llegaran a la autoridad judicial”. Y ha contestado al PP: “Le doy la razón por la que no voy a dimitir: ni este ministro ni ninguna persona de su departamento ha hecho ningún tipo de injerencia. Nadie ha tenido acceso al informe, ni acceso a au contenido ni ha injerido en la tramitación del mismo”.

La propuesta de la directora de la Guardia Civil, María Gámez, para el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos, que tuvo lugar la semana pasada, refleja que el motivo es “la pérdida de confianza de la Dirección General y del Equipo de Dirección del Ministerio del Interior no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de la Guardia Civil, y de Policía Judicial, con fines de conocimiento”, según el documento al que ha tenido acceso eldiario.es y que fue adelantado por elconfidencial.com. La nota está fechada el domingo, 24 de mayo. Esa misma noche, la directora telefoneó a Pérez de los Cobos para comunicarle su destitución.

Se trata de un documento remitido por Gámez al secretario de Estado de Seguridad que cumple con el trámite establecido aunque la decisión de cesar al coronel jefe de la Comandancia de Madrid parte de una decisión previa del propio ministro del Interior, confirman a eldiario.es fuentes del departamento.

Fernando Grande-Marlaska llegó a decir posteriormente en público que la destitución de Pérez de los Cobos respondía a una reestructuración más amplia en el seno de la Guardia Civil y que el suyo era un puesto de “confianza” de la Secretaría de Estado de Seguridad, negando en todo momento que estuviera vinculado con un polémico informe entregado a la jueza que investiga al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por permitir la manifestación del 8M pese al riesgo de extensión de la Covid-19.

Inmediatamente después de conocerse el contenido de esa nota que explica el cese, el Ministerio del Interior ha difundido un comentario de un portavoz oficial que asegura que la propuesta de Gámez y las afirmaciones del ministro son compatibles. “El cese del coronel Pérez de los Cobos, tal y como se ha explicado en reiteradas ocasiones, se enmarca en el proceso de remodelación de la Guardia Civil y se concreta, como se explicita en la propuesta de cese, por una pérdida de confianza derivada, entre otros, porque se incumplió el procedimiento de comunicación de actuaciones, a los solos efectos de conocimiento, no del contenido de las mismas, que se debe a la dirección de la Guardia Civil a través de la cadena de mando”, afirma.

Las mismas fuentes aseguran que Pérez de los Cobos dejó de actuar como había hecho desde que la jueza ordenó la investigación a la Policía Judicial de la comandancia de Tres Cantos o cuando dio instrucción de suspender temporalmente las pesquisas por la pandemia. En ambos casos, el coronel informó a sus superiores y, a través de la cadena de mando, la información llegó a Interior. Eso, alegan las fuentes de Interior, no ocurrió cuando se remitió el informe, un documento plagado de falsedades, inexactitudes y en el que figura manipulada la declaración de un testigo. Pérez de los Cobos asegura que él desconocía que ese informe había sido entregado.

Interior aprovecha hoy para asegurar que hubo filtraciones ajenas al Gobierno, el Ministerio o la Dirección de la Guardia Civil: “Acredita además que la dirección de la Guardia Civil y el Ministerio del Interior ni conocían las actuaciones, ni tuvieron acceso al informe. Un informe que, sin embargo, fue objeto de filtraciones antes incluso de que las partes personadas en el proceso tuvieran acceso al mismo”.

“La confianza es un elemento nuclear en un cargo como el que ocupaba el coronel, para el que fue nombrado de forma discrecional, y que para el que se necesitan las más altas cotas de neutralidad, profesionalidad y comunicación. Sin estos elementos, no se puede desarrollar el trabajo diario de forma óptima”, concluye.

I.

¿Ha cometido delito la jueza Carmen Rodríguez-Medel al decidir, ante una denuncia dirigida contra todos los Delegados de Gobierno de las Comunidades Autónomas, proceder solamente contra el Delegado del Gobierno en Madrid sin deducir testimonio de la denuncia a los jueces decanos de las provincias donde está fijada la residencia de la Delegación del Gobierno de la correspondiente Comunidad Autónoma, a fin de que la autoridad judicial competente decidiera lo que estimara pertinente? ¿No está “discriminando” con ello al Delegado de Gobierno en Madrid respecto de los demás Delegados de Gobierno? ¿No está privando con ello a los jueces radicados en las distintas Comunidades Autónomas del ejercicio de la potestad jurisdiccional? ¿Considera la jueza Carmen Rodríguez-Medel que entra dentro de su competencia reducir la denuncia dirigida contra todos a uno solo? ¿Considera que ella sí y los jueces radicados en las demás Comunidades Autónomas no pueden entender de la denuncia presentada por el Sr. Valladares? ¿Con base en qué criterio “objetivo y razonable” considera que puede hacerlo? ¿Era distinto el derecho de manifestación cuya pretensión de ejercicio se puso en conocimiento de todos los los Delegados de Gobierno de todas las Comunidades Autónomas? ¿Era distinta la competencia de los distintos Delegados del Gobierno respecto del ejercicio del derecho? ¿Singularizaba la denuncia del Sr. Valladares la conducta del Delegado del Gobierno en Madrid respecto de las conductas de los demás Delegados del Gobierno? ¿Hacía alguna consideración sobre la diferente naturaleza del derecho ejercido el 8 de marzo en Madrid y en las demás ciudades españolas?

Es posible que la jueza Carmen Rodríguez-Medel tenga una respuesta para todos estos interrogantes o para algunos de ellos y que, en consecuencia, pueda justificar de una manera “objetiva y razonable”, por qué ha decidido actuar contra el Delegado en Madrid sin “deducir testimonio” a los jueces decanos para que pudieran los jueces competentes en las distintas Comunidades Autónomas hacerlo o no hacerlo contra los Delegados del Gobierno de dichas comunidades.

Es posible que así sea y que, en consecuencia, la conducta de la jueza no se vea afectada por la “interdicción de arbitrariedad”. Porque me imagino que la juez Rodríguez-Medel será consciente de que la interdicción de arbitrariedad también es de aplicación a los jueces en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Puede que yo vea fantasmas y que no haya nada que reprochar a la jueza Rodríguez-Medel en este asunto. En todo caso, si fuera el Delegado del Gobierno de la Comunidad de Madrid, solicitaría a la jueza una respuesta a todas estas preguntas, ya que, de no recibir una respuesta “ajustada a derecho” a las mismas, podría proceder penalmente contra ella. No me limitaría simplemente a recurrir el auto de la jueza, sino que la denunciaría porque el auto supone una decisión imposible de justificar con ninguna de las reglas de interpretación comúnmente aceptadas en el mundo del derecho. La jueza Rodríguez-Medel habría actuado de la forma en que lo ha hecho, porque le ha “salido del alma”. Y ningún juez puede tomar una decisión porque le sale “del alma”. Es constitutivo de delito.

II.

¿Es constitutiva de delito la conducta de los dos miembros de la Guardia Civil que han elaborado el informe que les encargó la jueza Rodríguez-Medel? ¿Desconocían que pesa sobre ellos la obligación de ecuanimidad e imparcialidad en la evacuación del informe? ¿Pueden faltar a la verdad en la fijación de la fecha en la que la Organización Mundial de la Salud declaró la situación de pandemia? ¿Pueden manipular e incluso tergiversar la respuesta que dan a las preguntas algunos de los testigos? ¿Pueden atribuir a la intervención del Gobierno la suspensión de determinados eventos cuando los organizadores de los mismos han dicho expresamente que no hubo intervención de ningún tipo?

Si fuera el Delegado del Gobierno, interrogaría a los autores del informe y, en el supuesto de que quedara acreditada una conducta torticera en la elaboración del mismo, procedería penalmente contra ellos.

III.

¿Puede el coronel Pérez de los Cobos pretender que no tiene la obligación de comprobar que sus subordinados no ejercen su tarea de una manera tan desviada que linda con lo delictivo? ¿No tiene ninguna responsabilidad por una actuación de personas por él designadas, cuando estas se comportan de la forma en que lo han hecho los autores del informe? ¿No es razonable que, ante una negligencia 'in vigilando' en asunto de tanta gravedad, el coronel Pérez de los Cobos haya sido cesado?

Lo que sería imperdonable es que no lo hubiera sido. El Ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, si ha cometido algún error, es no haberse dado cuenta de qué maniobras se estaban poniendo en marcha dentro de un cuerpo de seguridad del Estado, como es la Guardia Civil, sobre el que tiene la responsabilidad última. Lo que ha ocurrido con el informe solicitado por la jueza Rodríguez-Medel no debería haber ocurrido, porque no deberían estar en el puesto en que estaban las personas que lo elaboraron, lo que a su vez quiere decir que tampoco debería haberlo estado el coronel Pérez de los Cobos. No deberían haberse producido ceses porque las personas cesadas no deberían haber estado ocupando el puesto del que ahora han sido removidos. Si algo se le puede reprochar al ministro, es haber actuado tarde. Esperemos que la lección haya sido aprendida.

Por otra parte, ya está bien de la cantinela del honor de la Guardia Civil. El honor de la Guardia Civil no se ha visto afectado por los ceses ordenados por la Directora General del Cuerpo, sino por la conducta de los autores del informe con la aquiescencia de su superior jerárquico. Una cosa es el honor de la Guardia Civil y otra el honor de cada uno de sus miembros. ¿O es que el teniente-coronel Tejero no era miembro de la Guardia Civil? ¿Hay que esperar a que se dé un golpe de Estado para constatar la falta de honorabilidad?