Los vetos cruzados entre grupos ponen en riesgo la comisión del Congreso que controla al CNI y los fondos reservados

Los vetos cruzados entre los distintos grupos parlamentarios están poniendo en riesgo la constitución de la comisión del Congreso que tiene acceso a secretos oficiales y que controla las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el uso de los fondos reservados.

Según el Reglamento de la Cámara Baja, para poder conocer materias clasificadas es necesario contar con la autorización del Pleno del Congreso obteniendo el respaldo de tres quintos de la Cámara, esto es de 210 votos, en una votación secreta mediante papeleta en urna.

Los elegidos, uno por cada grupo parlamentario del Congreso (generalmente el portavoz), pasan a formar parte automáticamente de la Comisión de Gastos Reservados que controla el uso de estas partidas presupuestarias y donde rinde cuentas el CNI.

Pero en un Congreso tan atomizado como el actual y con los grupos políticos tan enfrentados, alcanzar ese mínimo de 210 votos resulta muy complicado.

HASTA CUATRO PORTAVOCES INDEPENDENTISTAS

Para que los independentistas de ERC, Junts (como portavoz del Grupo Plural), Bildu y la CUP (en representación del Grupo Mixto) puedan estar representados en la citada comisión es necesario que recaben votos de diputados del PP, Vox y Ciudadanos, que juntos ya suman 150 y, si todos ellos se niegan, nadie puede llegar al mínimo de 210.

Tanto Vox como Ciudadanos ya adelantan que no piensan aportar ni un voto a los independentistas. “Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que no entren”, avanza a Europa Press el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros.

“Los separatistas y Bildu saben perfectamente que no pueden contar con los votos de Ciudadanos”, señaló en su día el portavoz adjunto de los 'naranjas' en el Congreso, Edmundo Bal. Su partido segura, no va a poner “una alfombra roja” a partidos secesionistas que tienen a líderes condenados por dar “un golpe contra el Estado” ni a otros que “amenazan” con romper el orden constitucional.

El PP aún no ha estudiado a fondo el asunto, pero en la dirección del Grupo Popular ya avanzan que no tienen intención de ayudar a EH Bildu a controlar los secretos de Estado, dados su antiguos vínculos con Batasuna, la rama política de ETA.

Los precedentes no nos muy positivos. En la legislatura del 2011-2015, el PP, que gozaba entonces de mayoría absoluta, se negó a permitir la entrada de los tres candidatos que ERC fue poniendo encima de la mesa, en nombre del Grupo Mixto, alegando que los independentistas catalanes podían trasladar la información reservada a los miembros de la coalición abertzale Amaiur, que integraba a los herederos de la antigua Batasuna, hoy en EH Bildu. “Con su pan se lo coman”, fue la airada respuesta de la entonces diputada Teresa Jordà, la última aspirante rechazada.

YA HUBO VETOS, PERO NO TANTOS

Y además, en 2015 los 'populares' se negaron a facilitar el relevo en el puesto que tenía CiU en la Mesa del Congreso y fueron aplazando semana tras semana la posibilidad de que se eligiera al convergente Jordi Xuclà para cubrir la vacante dejada por su compañero Jordi Jané al ser nombrado consejero de Interior de la Generalitat. Su entonces portavoz, Rafael Hernando, alegó que no tendría “mucho sentido” que optara a este puesto institucional en el Parlamento nacional alguien que se definiera como “independentista”.

Pero es que, visto del otro lado, tampoco el PP, Vox y Ciudadanos llegan a los 210 votos que se necesitan para formar parte de la comisión de secretos oficiales, por lo que necesitan la ayuda del PSOE.

Y el PSOE, según ha dejado claro el secretario general del Grupo Socialista, Rafael Simancas, en la negociación de las presidencias de comisión, no piensa hacer ningún favor a Vox “por higiene democrática”.

En los escasos meses que duró la pasada legislatura ni siquiera se habló de la posibilidad de abrir esta comisión, pero en próximas semanas este asunto volverá a estar sobre la mesa, máxime cuando hay peticiones de comparecencia del Gobierno ante la comisión de gastos reservados tras las noticias sobre el uso de estos fondos por parte del Ministerio del Interior de Jorge Fernández Díaz.

Eso sí, para que la elección de los miembros de secretos se incluya en el orden del día del Pleno tiene que haber un cierto acuerdo de apoyos mutuos y más bien parece que este asunto irá dilatándose en el tiempo.