El pasado verano, en medio del enorme ruido alrededor de las negociaciones por la reducción de jornada y la ampliación de los permisos por nacimiento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, estaba contenta por otro asunto. Después de mucho tiempo de negociaciones con el Partido Socialista, el Estatuto del Becario por fin avanzaba en el seno del Gobierno. Esta semana el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley, que ya viaja al Congreso, donde espera otra intensa negociación. Será la última batalla legislativa de la ministra de Trabajo, que hace apenas unos días renunció a ser la candidata de la izquierda en las elecciones y que cerrará una etapa cuando termine la legislatura.

El Estatuto del Becario es una larga ambición para Yolanda Díaz, que ya intentó sacar adelante esta medida en la legislatura pasada. Se trata de una norma que busca regular nuevos derechos para los estudiantes, como la compensación de los gastos derivados de las prácticas, como el transporte. Es, como lo ha definido la propia ministra, un texto “que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora joven en España”.

Además de un conjunto de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos, a vacaciones y a una “tutorización adecuada”, la norma regula más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. Tanto del número de becarios que pueden tener las empresas, como de las horas que pueden realizar de prácticas. Además, aumentan las sanciones por abusos sobre esta figura, con multas de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten. 

El fin último de la regulación es diferenciar a un estudiante en prácticas de lo que es un trabajador joven en formación, para lo que hay contratos laborales que “no se usan” apenas, denunció de nuevo esta semana la vicepresidenta Díaz, ya que muchas compañías prefieren acudir a esta figura de “gratis y sin derechos”.

Muy difícil que salga adelante en el Parlamento

El camino para llegar hasta la aprobación de esta ley en el Consejo de Ministros ha sido tortuoso y se prevé aún más difícil todavía su tramitación parlamentaria. Los primeros pasos de la negociación se empezaron a dar en 2022, con fuertes resistencias de la patronal. Y fue hacia finales de la pasada legislatura cuando la ministra de Trabajo pactó por primera vez con los sindicatos un texto definitivo, que generó muchas tensiones en el seno del Gobierno. De hecho, el acuerdo no llegó a fructificar con la convocatoria electoral anticipada de 2023. 

Tras una negociación de algo más de un año, la patronal se descolgó del acuerdo en la recta final. En la oposición a la norma han destacado los rectores de Universidades (CRUE), centros privados de formación y algunos sectores empresariales con un uso intensivo de becarios. Además, varios socios parlamentarios del Gobierno también rechazaron el texto pactado con los sindicatos, como el PNV.

A pesar de aquel acuerdo con los sindicatos, el texto no salió rápido al comienzo de la legislatura. Las tensiones con el PSOE impedían que la norma avanzara, mientras la vicepresidenta segunda centraba sus principales esfuerzos en impulsar la reducción de la jornada laboral. Hasta que el verano pasado las piezas comenzaron a encajar y los socialistas aceptaron tramitar el texto en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE), el paso previo para su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros. La vicepresidenta Yolanda Díaz celebró esta semana haber logrado poner fin a este “largo debate”. 

Tras resolver esas tensiones internas, el Gobierno envía ahora el texto al Congreso, donde el camino no será nada fácil. La norma de hecho no cuenta con los apoyos necesarios para salir adelante, como ya ocurrió con la reducción de jornada. Junts ya advirtió a finales del año pasado que no apoyaría nada que viniera del Ejecutivo, pero esta medida en concreto rechina todavía más a los siete diputados sin los cuales no hay mayoría para aprobar leyes en la Cámara Baja. 

Las reticencias en este caso no parten solo de Junts. Fuentes del diálogo social sostienen que la regulación encuentra grandes resistencias también entre otras fuerzas como el PNV, Esquerra Republicana o EH Bildu. El primer paso a partir de ahora será el debate de totalidad, aunque como suele ocurrir con el resto de leyes, la mayoría progresista de la mesa no forzará ese paso hasta que no avancen los apoyos. 

Ya ocurrió con la reducción de jornada, el gran proyecto de Yolanda Díaz para la legislatura, que quedó en vía muerta por el rechazo de Junts. La vicepresidenta segunda no impulsó el debate de totalidad, el primer trámite parlamentario, hasta que no tuvo atados todos los apoyos menos los de los independentistas catalanes. Finalmente forzó el debate para obligarles a retratarse y votar en contra de una norma que, según sus cálculos, tenía una gran aceptación también entre el electorado de derecha. 

Las últimas batallas de Trabajo

Tras la derrota parlamentaria de aquella medida, Díaz decidió impulsar el registro horario de forma separada, de modo que no tenga que pasar por el Congreso. El proceso ya está en marcha, aunque se ha demorado varios meses, a la espera de que concluya el estudio de la norma por parte del Consejo de Estado. En paralelo a aquella negociación, la vicepresidenta sí consiguió sacar adelante la ampliación de permisos por nacimiento y cuidado, una medida que también se había estirado durante años, también bloqueada por los socialistas. Será esta medida seguramente el gran legado de la vicepresidenta durante esta legislatura, junto a las nuevas subidas del salario mínimo. Ya que, si todo va como parece, el Estatuto del Becario morirá de nuevo en el Congreso a la espera de una mayoría más favorable, improbable según el escenario que dibujan todas las encuestas. 

Además, la vicepresidenta segunda pretende ampliar los permisos por fallecimiento a 10 días y crear un nuevo permiso por cuidados paliativos, una medida que no cuenta con el respaldo de la patronal y que también tiene que pasar por el Parlamento, por lo que su futuro también es incierto.

La ministra impulsa la negociación del Estatuto del Becario apenas unos días después de haber anunciado que ya no aspirará a ser la candidata de la izquierda en las próximas elecciones. Tras varios meses de reflexión, Yolanda Díaz anunció la decisión en un comunicado en el que no explicó demasiado las razones, aunque los motivos personales han pesado sustancialmente a la hora de poner fin a una etapa que se cerrará definitivamente con el fin de la legislatura. 

No tiene previsto volver a repetir como ministra aunque diesen los números para reeditar el Gobierno de coalición, por lo que este proyecto de ley que ya empieza a tramitarse será seguramente su última gran batalla en el legislativo. Díaz culminará así una larga etapa al frente del Ministerio que deja un extenso legado, con la reforma laboral, la aplicación de los ERTE en la pandemia, la Ley Rider o, en esta legislatura, la ampliación de los permisos de nacimiento y cuidado.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley conocido como ‘Estatuto del Becario’. Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, sin el apoyo de los empresarios, el Gobierno manda así la legislación al Congreso de los Diputados para su tramitación, que se prevé muy complicada debido a las fuertes resistencias que enfrenta la norma en ciertas empresas y en los rectores de las universidades. Se trata de nuevos derechos para los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios.

El Gobierno ha dado este martes su segunda luz verde a la regulación, tras la primera en el mes de noviembre, lo que dirige el proyecto de ley al Parlamento. Ayer, lunes, el Ministerio de Juventud liderado por Sira Rego presentó además un nuevo buzón de denuncia para que los becarios y becarias puedan denunciar irregularidades de manera anónima, que se comunicarán a la Inspección de Trabajo.

El Ministerio de Trabajo cifra el colectivo de becarios y becarias en casi dos millones de jóvenes –algo más de “1,7 millones”– en referencia a los estudiantes en prácticas sin remunerar dados de alta en los dos últimos años desde que es obligatoria la cotización. “Un sector marcado por la precariedad y la falta de derechos. Eso es lo que vamos a solucionar hoy”, apuntan desde el departamento de Díaz.

La vicepresidenta Yolanda Díaz ha recordado que esta ley es un compromiso previsto dentro de la reforma laboral de 2021, “una norma que erradica y expulsa la precariedad de la vida de la gente trabajadora jóven en España”. Díaz ha enfatizado que las prácticas deben ceñirse a una formación “de excelencia”, pero no un trabajo, para lo que ya existen los contratos formativos, que apenas se utilizan en nuestro país. “Y no se usan sencillamente porque el campo está abonado para el abuso” en la figura de los becarios, ha resumido la responsable de Trabajo.

Nuevos derechos para los estudiantes

El Estatuto del Becario (en realidad denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, instituciones u organismos públicos o privados) regula nuevos derechos para los estudiantes, entre los que destacan la compensación de todos los gastos derivados de las prácticas, como por ejemplo en el transporte y la manutención.

Ahora, las empresas no tienen obligación en este sentido y solo hay una minoría de estudiantes que recibe alguna compensación económica por sus prácticas. Según los primeros datos disponibles, de 2024, en España había casi un millón de becarios que no cobran nada, el 80% del total. El texto también prohíbe explícitamente que los estudiantes tengan que pagar por hacer prácticas, una situación que ocurre en ocasiones, como denuncian los sindicatos.

Además, se regulan entre otros los derechos de los becarios a vacaciones y festivos como el resto de la plantilla, a la protección de su salud, y a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, como la restauración, zonas de descanso y aparcamientos.

También, el derecho a una “adecuada tutorización” de los estudiantes, con el objetivo de garantizar que las prácticas sean parte de la formación y aprendizaje de los jóvenes, y no un empleo sin los derechos de los trabajadores. Los tutores podrían tener un máximo de cinco estudiantes a cargo, o tres en el caso de las pequeñas empresas. En este sentido, la ley incluye la obligación de informar por escrito a la representación legal de la plantilla del número de becarios y de sus condiciones.

Yolanda Díaz ha sostenido que la norma es “controvertida” porque “se lucha contra la precariedad” y hay “fuelles que se resisten”, que hoy se aprovechan del recurso a unos “dos millones de personas trabajadoras gratis, sin derechos”.

Más límites y sanciones ante abusos

Por otro lado, el proyecto de ley tiene entre sus principales objetivos “impedir el fraude” y los abusos en las prácticas, destacan en el Ministerio de Trabajo. “No pueden ser un refugio para evitar contratos laborales o tener trabajadores con contratos low cost”, insisten en el departamento de Díaz.

La norma regula nuevas restricciones en la utilización de estudiantes en prácticas por parte de las empresas y otras instituciones. Los becarios solo podrían suponer un 20% del total de trabajadores, aunque se permitiría en todo caso que haya dos, con la mirada puesta en que las pequeñas empresas también puedan ofrecer prácticas.

También se estipula un máximo de horas de prácticas que podrían realizar los estudiantes. Para las prácticas curriculares, no podrían superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación. En el caso de los másteres y doctorados, el máximo se amplía al 33%.

Respecto a las prácticas no curriculares, aquellas que no forman parte del currículo educativo de los títulos formativos y que los sindicatos querían eliminar por considerarlas un foco generalizado del fraude de falsos becarios, el límite previsto es “del 15% de las horas” de la titulación, con un máximo en todo caso de “480 horas”.

El proyecto de ley precisa que “se presumirá que existe relación laboral”, es decir, que se trata de un trabajador y no de una persona becaria, “cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

El texto incluye también nuevas sanciones que podrá imponer la Inspección de Trabajo, como multas de hasta 7.500 euros por incumplir los nuevos derechos de los becarios y de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten.

“Es la reforma laboral de la gente joven, lo están esperando”, ha destacado la vicepresidenta Yolanda Díaz. “El Gobierno de España hace lo que tiene que hacer”, ha sostenido la líder de Sumar en el Gobierno y ha emplazado ahora a pronunciarse al resto de las formaciones políticas en el Parlamento. En concreto, ha señalado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que ha preguntado si “está del lado de la juventud” o si “va a volver a golpearles en la cara”, como hizo el PP al intentar tumbar la reforma laboral.

El Ministerio de Juventud e Infancia, a través del Instituto de la Juventud de España (Injuve), lanza este lunes el 'Buzón de las personas Becarias: Denuncia las malas prácticas', una iniciativa para denunciar de manera anónima abusos y casos de explotación de los estudiantes en prácticas, en colaboración con el Organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Oeitss).

Este buzón ha sido presentado esta mañana en un acto con la presencia de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. La medida se añade al buzón de denuncia de la propia Inspección de Trabajo, que ya permite a día de hoy la denuncia anónima de estas irregularidades laborales sobre los becarios.

Según el último informe de la Inspección de Trabajo, de 2024, el organismo público efectuó 802 actuaciones que supusieron el afloramiento de 187 empleos, de los cuales 132 resultaron falsos becarios. El importe de cuotas liquidadas como consecuencia de las actuaciones anteriores ascendió a a algo más de 450.000 euros. En total, la Inspección destapó “220 falsos becarios” en 2024.

Rego: “No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”

“Hoy estamos aquí para dar un paso concreto contra la explotación disfrazada de experiencia. Porque no es verdad que haya que aceptar cualquier condición para empezar a trabajar. No es verdad que aprender signifique trabajar gratis”, ha sostenido la ministra Sira Rego. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reivindicado esta nueva herramienta y el anteproyecto de ley conocido como el 'Estatuto del Becario' con el objetivo de “erradicar una de las fuentes principales de precariedad que quedan en España”: el abuso de la figura del becario y becaria.

En Juventud explican que en el buzón se podrán reportar situaciones como la falta de relación entre los estudios y la práctica, la sustitución encubierta de trabajadores de plantilla, la realización del mismo trabajo que el personal de la empresa, la falta de tutorización o la asignación de tareas que exceden el ámbito de la práctica, indican a la agencia Europa Press.

El Instituto de la Juventud será el organismo encargado de recopilar estas denuncias y ponerlas a disposición de la Inspección de Trabajo para que se lleven a cabo las investigaciones y actuaciones correspondientes.

Desde la cartera de Juventud e Infancia defienden que esta iniciativa permitirá otorgar una “mayor protección” a las personas becarias, “un colectivo que históricamente ha tenido que soportar altos grados de explotación laboral a través de una figura que tiene como objetivo garantizar el aprendizaje de los estudiantes y, en ningún caso, sustituir a trabajadores a un menor coste”.

El Gobierno aprueba en segunda vuelta el Estatuto del Becario

La iniciativa es presentada un día antes de que el Gobierno apruebe este martes en segunda vuelta en el Consejo de Ministros el 'Estatuto del Becario', un anteproyecto de ley que el Ejecutivo aprobó en primera vuelta en noviembre y que ahora va rumbo al Congreso de los Diputados, con pocos visos de salir adelante en el actual panorama parlamentario.

Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, el Gobierno tardó en iniciar la tramitación de esta norma, que enfrenta fuertes resistencias por parte de los rectores de universidad y de algunas empresas y que también generó diferencias en el Ejecutivo de coalición progresista.

El anteproyecto regula nuevos derechos a los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha advertido de que la norma enfrenta “un acervo cultura potentísimo” de abuso y precariedad de los trabajadores jóvenes durante décadas, por lo que ha sostenido que no solo hay que aprobar una ley, sino también “cambiar una cultura” de país.

Según la 'Encuesta de Juventud 2023' el 42% de jóvenes denuncian haber sufrido una o varias situaciones de explotación a lo largo de su vida laboral, como trabajar sin contrato, haber suscrito un contrato mediante una empresa de trabajo temporal (ETT), ser un becario no remunerado, un falso autónomo o tener contrato de 'rider' o repartidor, recuerda la agencia Europa Press.

Además, el 'Buzón de las personas Becarias' forma parte de un convenio más amplio firmado entre el Injuve e Inspección de Trabajo para favorecer los derechos laborales de la juventud, un grupo “especialmente vulnerable”, indican en Juventud. En el acuerdo se incluyen actuaciones específicas dirigidas a comprobar las condiciones laborales de los jóvenes trabajadores, así como acciones y campañas formativas, entre otros.

El Gobierno limitará el máximo de contratos formativos que puede haber dentro de las empresas. La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará este martes el reglamento todavía pendiente que desarrollará los nuevos contratos formativos de la reforma laboral. Entre las principales novedades, se establece un máximo a los contratos formativos que puede haber en los centros de trabajo según su tamaño, entre los tres contratos y el “20% del total de la plantilla”, indican en el Ministerio de Trabajo.

“¿Qué queremos? Garantizar una formación de calidad y adaptada a la realidad productiva, que es diversa”, ha afirmado Yolanda Díaz durante su participación en el 'Acto de lanzamiento del 40º aniversario de las escuelas taller-programa TándEM: Transformando vidas'.

El reglamento que desarrolla la letra pequeña de los contratos formativos estaba pendiente desde la reconfiguración de esta modalidad en la reforma laboral de 2022. En el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores, se acordaron dos tipos: el contrato formativo “en alternancia”, mientras se están cursando estudios; y “para la obtención de la práctica profesional”, destinado a quienes ya tienen un título y están aprendiendo la profesión.

Entre las novedades respecto a las modalidades anteriores, se aumentó en cinco años la edad hasta la que se puede suscribir un contrato “en alternancia” (30 años) y se rebajó la duración mínima de este, que va a poder ser de tres meses y la máxima (hasta dos años, en lugar de los tres previos). Disminuyó también la duración máxima del contrato “para la obtención de la práctica profesional”, hasta un año en lugar de dos.

Entre tres contratos y el 20% de la plantilla

Una de las principales novedades de este nuevo reglamento será el establecimiento de un límite máximo a los contratos formativos que puede haber “al mismo tiempo en cada centro de trabajo de la misma empresa”, establecía el borrador de real decreto que el Ministerio de Trabajo sometió a Audiencia Pública.

Fuentes del Ministerio de Trabajo indican que los nuevos límites respetarán la siguiente escala:

a) Centros de trabajo de hasta diez personas trabajadoras: tres contratos.

b) Centros de trabajo de entre 11 y 30 personas trabajadoras: siete contratos.

c) Centros de trabajo de entre 31 y 50 personas trabajadoras: diez contratos.

d) Centros de trabajo de más de 50 personas trabajadoras: 20% del total de la plantilla.

“A estos efectos, para determinar la plantilla de personas trabajadoras no se computarán las vinculadas a la empresa por un contrato formativo”, precisaba el borrador.

Escaso uso por el “fraude mayúsculo” de los becarios

Yolanda Díaz ha indicado también que con este reglamento se cumple con las exigencias de la labor formativa, disponiendo de un convenio de cooperación entre el centro empresarial y la empresa, un plan formativo adaptado a los estudios y a la actividad productiva, la tutorización del proceso formativo laboral, al igual que se pide en el llamado Estatuto del Becario, y con un control para conocer que el puesto y las actividades están relacionadas y tienen que ver con la formación que tienen los trabajadores con un contrato formativo.

La vicepresidenta segunda ha recordado que el Gobierno está tramitando también el llamado Estatuto del Becario, para tratar de evitar los abusos en esta figura y reconocer nuevos derechos a los estudiantes en prácticas. Yolanda Díaz ha sostenido que “el problema que tiene España es que no se usan” los contratos formativos laborales, algo que ha vinculado que “el fraude en los becarios y becarias es mayúsculo”.

“Las mal llamadas becarias y becarios son una auténtica coladera para eludir derechos y salarios”, ha lamentado Díaz, que ha destacado la importancia de acabar con estos abusos y suscribir más contratos formativos, con más derechos laborales para los jóvenes que están empezando sus carreras profesionales.

“No hay nada más moderno que aprender trabajando, y trabajar aprendiendo”, ha sostenido Díaz, en el homenaje a los 40 años de la creación de las Escuelas Taller de los servicios públicos de empleo, en 1985 como una iniciativa experimental de una idea original del arquitecto y caricaturista José María Pérez ‘Peridis’, ahora remodeladas en el Programa TándEM.

El Gobierno de coalición progresista ha hecho bandera hasta la fecha de varias leyes laborales como eje central de su mandato. De la reforma laboral, con la que se ha desplomado el trabajo temporal, a las subidas récord del salario mínimo o las reformas de pensiones, que recuperaron las subidas anuales con el IPC. Ahora, con una mayoría en contra en el Congreso tras el último portazo anunciado por Junts y una patronal que rechaza casi cualquier medida que plantea, al Ejecutivo se le complica aprobar nuevas iniciativas, aunque tiene varias negociándose o en trámite de aprobación. Entre otras, el Estatuto del Becario, las cuotas de los autónomos a partir de 2026 y la ampliación de los permisos de duelo por fallecimiento de familiares.

Los frentes laborales abiertos se enfrentan a un contexto complejo, pero no se dan por perdidas todas las batallas. Las medidas que lo tienen más difícil son aquellas que han de tramitarse en el Congreso de los Diputados, como quedó claro con el fracaso de la ley para reducir la jornada laboral, aunque hay algún ejemplo para la esperanza en el Ejecutivo, como la ampliación de los permisos por nacimiento de hijos a las 19 semanas.

Por otro lado, hay otras iniciativas que el Gobierno pretende aprobar por real decreto, que solo requiere de la luz verde del Consejo de Ministros. Aun así, la patronal ya ha avisado de que puede impugnar en los tribunales algunas de estas últimas.

A continuación, recopilamos las medidas laborales pendientes más destacadas y qué opciones tienen de prosperar.

1) Los permisos de duelo y cuidados paliativos

El Gobierno pretende ampliar el permiso remunerado por fallecimiento de familiares hasta los 10 días –desde los dos actuales– y crear un nuevo permiso de 15 días por cuidados paliativos, como anunció la vicepresidenta Yolanda Díaz, que se suele referir a la medida como “los permisos de duelo”. La propuesta de Trabajo ha comenzado a negociarse ya en la mesa de diálogo social con empresarios y sindicatos y, por el momento, se enfrenta al rechazo de las patronales CEOE y Cepyme por el coste que tendría.

Los agentes sociales se han comprometido a presentar sus propuestas para intentar llegar a un acuerdo, entre las que los empresarios plantearon que el Estado pague parte de los días de ausencia de los trabajadores. Los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, reivindican la necesidad de ampliar los actuales días de permiso por la muerte de familiares, que consideran muy insuficientes, haya o no acuerdo con los empresarios.

El cambio normativo requiere de una ley, para modificar el actual Estatuto de los Trabajadores. En esta materia tan sensible, Yolanda Díaz se ha mostrado optimista de sacarla adelante, como ocurrió con la reciente ampliación de los permisos por nacimiento, ya que considera que es muy demandada por la ciudadanía y que oponerse a ella tendría un alto coste para los partidos políticos. Eso sí, los permisos por nacimiento se pagan con dinero público y esta medida afecta al bolsillo de los empresarios, con una gran influencia en los votos de PP y Junts, especialmente.

2) Las cuotas de los autónomos a partir de 2026

Las nuevas cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores autónomos a partir de 2026, para que sigan aproximándose a sus ingresos netos como se pactó en la reforma de 2022, siguen pendientes. Tras la polémica suscitada por las primeras propuestas del Ministerio de Elma Saiz, la negociación está en suspenso, indican fuentes del diálogo social.

Mientras que la patronal y su colectivo de autónomos ATA están intentando salirse del consenso alcanzado hace solo tres años, sin voluntad de subir las cuotas a los autónomos con mayores ganancias pese a su infracotización, en los sindicatos y colectivos progresistas de autónomos UPTA y UATAE insisten en la necesidad de retomar la negociación y la senda de cuotas para los próximos años. Además, entre las materias que están sobre la mesa está una mejora de la prestación por cese de actividad (el cese de los autónomos), todavía sin cerrar.

En su última propuesta, el Ministerio de la Seguridad Social intentó plantear un incremento de mínimos solo para 2026. Por el momento, el acuerdo en el diálogo social parece muy complicado y también los apoyos en el Parlamento, ya que la medida requiere de una ley. Si no prosperasen las nuevas cuotas, todo parece indicar que en un primer momento se prorrogarían las actuales de 2025.

Otra cosa son las consecuencias de retrasar la medida: al ser un hito del Plan europeo de Recuperación, dentro de la reforma de pensiones, España se arriesga a perder hasta 1.400 millones de fondos europeos por incumplir la reforma de los autónomos.

3) Subida salarial de los empleados públicos

El Ministerio de Función Pública y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han comenzado esta semana la negociación para un nuevo acuerdo, que incluirá la subida salarial de más de 3,5 millones de empleados públicos. Tras semanas de parón por parte del Ejecutivo y la amenaza de huelga de las centrales sindicales, las partes han comenzado la negociación con buenas sensaciones, aunque todavía sin una cifra para la actualización de los sueldos para 2025, una de sus principales reivindicaciones, informa David Noriega.

La negociación abordará las mejoras retributivas, pero también otras medidas organizativas en materia de empleo y de mejora de las condiciones laborales. Función Pública quiere dibujar un nuevo marco plurianual, de 2026 a 2028. Sobre el tema que más interés suscita, los incrementos salariales, para ese periodo plurianual tendrán un componente fijo y otro variable, “de tal modo que los empleados públicos no pierdan poder adquisitivo”, según ha trasladado el ministerio a los sindicatos.

4) El Estatuto del Becario

El Consejo de Ministros dio la semana pasada el primer paso para aprobar el Estatuto del Becario, una ley para reconocer a los estudiantes nuevos derechos en sus prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, y también para poner límites al abuso y el fraude en esta figura.

Esta puede ser una de las medidas que lo tiene más difícil para salir adelante, por las grandes resistencias que enfrenta entre los rectores de universidades y algunos sectores empresariales. Como muestra, lo que ha tardado el propio Gobierno en llevar la norma al Consejo de Ministros: más de dos años desde que la pactó con los sindicatos CCOO y UGT.

El ser un anteproyecto de ley, inicia ahora un proceso de informes y trámites preceptivos hasta pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, algo que puede demorarse varios meses. Entonces, el Ejecutivo mandará el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para tramitar la norma con el resto de formaciones políticas. Una tarea que en este caso se antoja más complicada de lo habitual, ya que en el pasado varios socios de investidura del Gobierno (PNV, ERC y EH Bildu) han mostrado también sus reticencias a esta regulación.

5) La Ley de prevención de riesgos laborales

La que Yolanda Díaz ha calificado en estos días como “la ley más importante de todas”, pero que está en un segundo o tercer plano, como suele ocurrir con un tema tan importante –e invisible– como las muertes en el trabajo y los accidentes laborales. Se trata de la renovación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que exigen las organizaciones sindicales desde hace años para frenar el estancamiento (e incluso aumento) de la siniestralidad laboral desde 2012. El año pasado murieron 796 personas en accidentes de trabajo, un 10% más que el anterior.

El texto legal que está sobre la mesa incorpora, entre otras, mayores obligaciones para prevenir los riesgos psicosociales ante la enorme escalada de bajas por salud mental, la perspectiva de género en la salud y seguridad ante los accidentes, así como medidas para integrar la prevención dentro de las empresas (que no sea del todo externalizada sin ningún enlace dentro de las compañías), algo sobre todo pensado para las pequeñas, en las que se registran la gran mayoría de siniestros.

Con una mesa de diálogo social que se abrió hace más de un año, en febrero de 2024, la ministra de Trabajo emplazó la semana pasada en público a los empresarios a intentar cerrar un acuerdo este mes de noviembre. “Tenemos muchas diferencias, pero la salud de los trabajadores no es una de ellas”, apuntó Díaz. Fuentes sindicales son menos optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo con los empresarios, aunque insisten en la urgencia de ello. Los cambios requieren la tramitación de una ley, que debería por tanto pasar por el Parlamento.

6) El refuerzo del control horario

Tras decaer la medida en la ley para reducir la jornada laboral, el Ministerio de Trabajo inició en septiembre los trámites para endurecer el control horario por real decreto. El texto que plantea el departamento de Yolanda Díaz recoge varias novedades muy relevantes. Entre ellas, que la Inspección de Trabajo tenga acceso en remoto al registro de las empresas, así como que este especifique expresamente las horas ordinarias y las extraordinarias que se realizan, así como si estas últimas se pagan o se compensan en descanso.

Al tratarse de un real decreto, la norma no tiene que pasar por el Congreso, sino que la puede aprobar en solitario el Gobierno. Ahora mismo está recabando el informe de varios ministerios y organismos oficiales, como el Consejo de Estado y la Agencia de Protección de Datos. Cuando supere esta fase, el texto irá al Consejo de Ministros, que podrá aprobarlo y que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor. El Gobierno dio luz verde a que se tramitara por la vía de urgencia, para recortar los plazos, aunque aún no hay fecha para su aprobación.

No obstante, hay muchas posibilidades de que la patronal CEOE impugne este refuerzo del control horario en los tribunales, ya que los empresarios consideran que las medidas anunciadas no pueden plasmarse en un reglamento, sino que requerirían de una ley.

7) Aumento del salario mínimo y su reglamento

La subida del salario mínimo interprofesional (SMI) es uno de los platos fuertes de la agenda laboral del Gobierno, como ha ocurrido en los últimos años. Desde 2018, los Ejecutivos de Pedro Sánchez han elevado este suelo salarial un 61%, hasta los 1.184 euros brutos al mes este 2025.

El Ministerio de Trabajo ha activado la ya habitual comisión de personas expertas para asesorar al Gobierno cuánto subir el SMI este 2026, con el objetivo de que cumpla el compromiso de la Carta Social Europea de garantizar el 60% del salario medio del país. En esta ocasión, Yolanda Díaz ha pedido dos propuestas: una en la que el SMI tribute por primera vez en el IRPF, como quiere Hacienda, y otra sin pagar este impuesto.

El Gobierno puede aprobar la medida en solitario por decreto, aunque antes el Ministerio de Trabajo tratará de pactarla con los agentes sociales. Los últimos años ha habido acuerdos con los sindicatos mayoritarios, pero no con los empresarios, que en esta ocasión tampoco se prevé que estén dispuestos a ningún pacto.

Y este año hay otra novedad. Trabajo está negociando en paralelo un real decreto para modificar la regulación del salario mínimo, por ejemplo para que las empresas no puedan absorber el aumento del SMI a través de ciertos pluses y complementos salariales, como ha respaldado el Supremo. De nuevo, en este caso también se prevé que la patronal impugne el decreto en los tribunales.

8) La subida de las pensiones y del IMV para 2026

El aumento anual de las pensiones tendrá que pasar por el Congreso, como cada año. La subida general se calculará según la inflación media del año, como recogió la reforma de pensiones de 2021, mientras que se prevén mayores aumentos para las pensiones mínimas y las no contributivas, así como el ingreso mínimo vital (IMV).

Lo previsible es que la revalorización sea respaldada por el Parlamento, al ser una medida de la que depende la nómina mensual de 10 millones de pensionistas y 2,4 millones de personas en pobreza. Aunque el año pasado hubo sorpresa, cuando PP y Junts tumbaron la revalorización de las pensiones para hacer decaer el llamado 'decreto ómnibus'. Después, no obstante, ambas formaciones respaldaron la subida en un segundo decreto con escasos cambios.

9) Jubilación flexible y el complemento contra la brecha de género

El Ministerio de la Seguridad Social ultima también una reforma de la denominada “jubilación flexible”. Es la fórmula por la que una persona jubilada vuelve a trabajar a tiempo parcial, cobrando el salario y parte de la pensión, y que el Ejecutivo pretende incentivar más para hacerla más atractiva.

En la mesa de negociación con los agentes sociales también se aborda la reforma del complemento contra la brecha de género en las pensiones que la justicia europea consideró discriminatorio y facilitar la jubilación a tiempo parcial de los empleados públicos laborales, entre otras medidas.

Todavía no hay acuerdo entre las partes, aunque en esta mesa hay más opciones que en otras para un acuerdo tripartito, como ocurrió con los cambios en la jubilación parcial, demorada y activa en vigor desde hace unos meses. En todo caso, las medidas tendrían que pasar después por el Congreso y reunir los apoyos parlamentarios para ser aprobada.

10) Negociación sobre las bajas médicas

Esta negociación de la Seguridad Social está menos madura y es objeto de muchas reticencias por parte de los sindicatos. Se trata de la reforma de algunos aspectos de la incapacidad temporal, las prestaciones que reciben los trabajadores cuando están enfermos, en un contexto de gran auge de las bajas médicas.

En un inicio, la ministra Saiz generó una gran polémica al hablar de bajas más “flexibles” que permitieran también trabajar, lo que enturbió de partida la negociación. Después, Seguridad Social aclaró que solo pretende regular una modalidad de “altas progresivas” para ciertas patologías largas, como el cáncer, a partir de la recuperación de la persona trabajadora, y para situaciones de pluriactividad. Además, también se está hablando de varios cambios en la gestión de la prestación, con el objetivo de evitar demoras administrativas, entre otros. No obstante, esta negociación es de más largo recorrido y de momento no se espera que se vaya a cerrar un acuerdo al respecto.

Este martes, el Gobierno dio el primer paso para aprobar el Estatuto del Becario, que, entre otros objetivos, pretende acabar con los becarios gratis, al reconocer el derecho a la compensación de los gastos derivados de las prácticas, como el transporte, alojamiento o manutención. La vicepresidenta Yolanda Díaz criticó precisamente varias ofertas de prácticas por “no pagar” a los estudiantes, pero es algo que también hace el propio Gobierno en algunas prácticas dependientes de varios Ministerios, como el de Exteriores.

Así lo denunciaba este martes uno de sus becarios. “Estaría bien que el propio Gobierno predicase con el ejemplo antes de aleccionar a nadie y sacar pecho de nada”, apuntaba el joven, que no recibe ninguna compensación, tampoco para el transporte.

Consultado al respecto, en Trabajo indican que su Ministerio “no tiene becarios en formación, pero sí impulsa ayudas económicas (becas) para estudiar las oposiciones a la ITSS y tiene también un programa de becas bastante bien dotadas para el INSST”. En el departamento de Yolanda Díaz no responden sobre si hay becarios y prácticas no remunerados en otros Ministerios del Gobierno, y remiten directamente a cada uno de ellos.

Al menos, según la información colgada por los propios organismos públicos consultada por elDiario.es, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el de Cultura (en entidades como el Museo Sorolla y el Museo del Romanticismo) ofrecen prácticas no remuneradas.

El primero está en manos del PSOE, liderado por el ministro José Manuel Albares, pero el de Cultura es de la cuota de Sumar dentro de la coalición progresista, en manos del ministro Ernest Urtasun. Este segundo caso es más llamativo, ya que el Estatuto del Becario es una de las propuestas de Sumar dentro del Gobierno, que le ha costado más de dos años llevar al Consejo de Ministros por diferencias con la parte socialista.

Fuentes del departamento de Urtasun explican que “el grueso de las prácticas del Ministerio de Cultura son remuneradas”, como figura en los programas FormARTE y Culturex, y que solo “alguna entidad de manera muy puntual” puede mantener todavía alguna beca sin remunerar. En todo caso, desde Cultura indican que, “si estas prácticas no cumpliesen con el Estatuto del Becario, se revisarían” y reivindican su compromiso con las buenas condiciones de los profesionales del arte, “también los becarios”.

Normalizan los becarios gratis hasta que se apruebe el Estatuto

Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores explican que tienen “en la actualidad distintos programas de prácticas (tanto remuneradas como no remuneradas) plenamente coherentes con la legislación vigente”. “Si en el futuro la normativa cambiase, los programas se adaptarían consecuentemente”, responden a este medio sobre si no es contradictorio ofrecer estas prácticas sin remunerar dado el contenido de su anteproyecto de ley y si se plantean cambiarlas.

En el Ministerio de Yolanda Díaz recuerdan que el Estatuto del Becario no prevé una remuneración obligatoria para los estudiantes, ya que las prácticas no deben ser un trabajo, una situación que sería fraudulenta (falsos becarios). Eso sí, la normativa obligaría a compensar todos los gastos en que incurran los estudiantes por sus prácticas cuando estas no sean remuneradas, gastos como el transporte y la manutención, algo que no se sufraga en estos casos y que sí debería cambiar si el Estatuto saliera adelante.

Según los datos de 2024, el 80% de los becarios no reciben ninguna remuneración en España, lo que alcanzó a casi un millón de estudiantes ese año. “No son una anécdota, tienen un peso mayúsculo”, subrayó este martes Yolanda Díaz sobre los becarios gratis en todo el país.

“Las becas formativas en Ministerios han sido y son frecuentes y precisamente el Estatuto del Becario permitirá poner orden en esta práctica”, responden en Trabajo sobre estas prácticas no remuneradas en el Gobierno.

Preguntado por la contradicción de estos programas con la actual legislación que está impulsando el Ejecutivo, en el departamento de Yolanda Díaz sostienen que “las instituciones públicas no pueden predicar, sino que se ajustan a la legalidad vigente”. “Salvo que estén cometiendo un fraude sustituyendo trabajo de funcionarios con becarios –en cuyo caso la Inspección de Trabajo y Seguridad Social actuará sin miramientos–, no pueden aplicar el Estatuto del Becario antes de que se apruebe”, añaden.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes en primera vuelta el anteproyecto de ley conocido como ‘Estatuto del Becario’. Pactado hace más de dos años por el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios, el Gobierno no había iniciado su tramitación hasta ahora, en medio de fuertes resistencias a la norma, que todavía complican que salga adelante en el Parlamento. Se trata de nuevos derechos a los estudiantes en prácticas, como a la compensación de gastos y a vacaciones, así como más límites para evitar los abusos y el fraude de los falsos becarios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha leído algunas ofertas de becas reales antes de explicar el contenido de la norma en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Ambiente, joven, dinámico y con alma'. Esto es trabajar más de 12 horas. Esto es real, de estos días”, ha denunciado Díaz, que ha reivindicado el anteproyecto como “la reforma laboral para las nuevas generaciones en nuestro país”.

El anteproyecto de ley ha recibido la luz verde del Gobierno para iniciar un proceso de informes y trámites preceptivos hasta pasar en segunda vuelta por el Consejo de Ministros, algo que puede demorarse varios meses. Entonces, el Ejecutivo mandará el proyecto de ley al Congreso de los Diputados para tramitar la norma con el resto de formaciones políticas, una tarea muy difícil en casi todas las iniciativas y en esta en particular.

Es importante también recordar que esta medida está incluida en las reformas del Ministerio de Trabajo dentro del Plan de Recuperación europeo tras la pandemia. Yolanda Díaz ha cifrado en más de 1,6 millones de personas becarias no remuneradas en España, según los datos de alumnos en prácticas en alta desde el 1 de enero de 2024 hasta el 22 de septiembre del 2025. “No son una anécdota, tienen un peso mayúsculo” en el mundo de la empresa y el trabajo, ha advertido la vicepresidenta segunda.

Aunque las prácticas alcanzan mayoritariamente a los jóvenes, la responsable de Trabajo ha subrayado que unas 366.000 personas, “el 22% de estas personas en prácticas no laborales, son mayores de 30 años”.

A falta de consultar el texto definitivo aprobado este martes, en el Ministerio se remiten al documento pactado por el departamento de Yolanda Díaz con los sindicatos CCOO y UGT en junio de 2023. Tras más de un año de negociaciones en el diálogo social, los empresarios se descolgaron del acuerdo en el último momento, en un contexto marcado por el adelanto electoral de ese verano.

En el seno del Gobierno de coalición ha habido diferencias respecto a la norma, como han reconocido públicamente en Trabajo y demuestra la gran demora para que el Estatuto llegara al Consejo de Ministros. Este martes, Díaz no ha incidido en estas disensos y ha reivindicado que “esta norma sale del Gobierno de España”, de manera “consensuada”.

Nuevos derechos para los estudiantes

El Estatuto del Becario (en realidad denominado Estatuto de las personas en formación práctica no laboral en empresas, instituciones u organismos públicos o privados) regula nuevos derechos para los estudiantes, entre los que destacan la compensación de todos los gastos derivados de las prácticas, por ejemplo en el transporte y la manutención.

Ahora, las empresas no tienen obligación en este sentido y solo hay una minoría de estudiantes que recibe alguna compensación económica por sus prácticas. Según los primeros datos disponibles, de 2024, en España había casi un millón de becarios que no cobran nada, el 80% del total. El texto también prohíbe explícitamente que los estudiantes tengan que pagar por hacer prácticas, una situación que ocurre en ocasiones, como han recordado este martes la vicepresidenta segunda y han denunciado los sindicatos.

Además, se regulan entre otros los derechos de los becarios a vacaciones y festivos como el resto de la plantilla, a la protección de su salud, y a todos los servicios con los que cuenten las personas trabajadoras en el centro de trabajo, como restauración, zona de descanso y aparcamiento.

También, el derecho a una “adecuada tutorización” de los estudiantes, con el objetivo de garantizar que las prácticas sean parte de la formación y aprendizaje de los jóvenes, y no un empleo sin los derechos de los trabajadores. Los tutores podrían tener un máximo de cinco estudiantes a cargo, o tres en el caso de las pequeñas empresas. En este sentido, la ley incluye la obligación de informar por escrito a la representación legal de la plantilla del número de becarios y de sus condiciones.

Más límites y sanciones ante abusos

Por otro lado, el anteproyecto de ley regula nuevas restricciones en la utilización de estudiantes en prácticas por parte de las empresas y otras instituciones. Los becarios solo podrían suponer un 20% del total de trabajadores, aunque se permitiría en todo caso que haya dos, con la mirada puesta en que las pequeñas empresas también puedan ofrecer prácticas.

También se estipula un máximo de horas de prácticas que podrían realizar los estudiantes. Para las prácticas curriculares, no podrían superar el 25% de las horas que componen los créditos de la titulación. En el caso de los másteres y doctorados, el máximo se amplía al 33%.

Respecto a las prácticas no curriculares, aquellas que no forman parte del currículo educativo de los títulos formativos y que los sindicatos querían eliminar por considerarlas un foco generalizado del fraude de falsos becarios, el límite previsto es “del 15% de las horas” de la titulación, con un máximo en todo caso de “480 horas”.

El anteproyecto de ley precisa que “se presumirá que existe relación laboral”, es decir, que se trata de un trabajador y no de una persona becaria, “cuando la actividad desarrollada sustituya las funciones de una persona trabajadora por cuenta ajena o cuando no exista una vinculación directa entre la actividad desarrollada en la empresa y el programa, currículo o competencias incluidas en el itinerario formativo al que está asociada la práctica”.

Yolanda Díaz ha enfatizado mucho en este punto, con la advertencia de que los becarios no deben sustituir ni hacer el trabajo propio de un asalariado. “Toda la formación que se aleje del plan de formación van a convertirse en relaciones laborales ordinarias”, ha avisado la vicepresidenta.

El texto incluye también nuevas sanciones que podrá imponer la Inspección de Trabajo, como multas de hasta 7.500 euros por incumplir los nuevos derechos de los becarios y de hasta 225.000 euros para situaciones de discriminación que les afecten.

Ante las quejas que han lanzado los rectores universitarios (CRUE) sobre este nuevo marco de derechos para los estudiantes en prácticas, Yolanda Díaz ha reconocido los problemas de las universadades públicas de financiación (“empezando por Madrid”), que complican su gestión, pero ha señalado que los jóvenes no pueden continuar “teniendo relaciones laborales precarias” ni “ocupar puestos de trabajo”.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado que el llamado Estatuto del Becario está “en el carril de entrada del Consejo de Ministros”. Aunque sin concretar una fecha, Díaz ha afirmado que “es el siguiente paso” de su Ministerio y ha reconocido que existen diferencias en el seno de la coalición de Gobierno sobre esta norma con derechos y límites para evitar el abuso de los estudiantes en prácticas y los falsos becarios. Pero “se van a resolver”, ha sostenido la líder de Sumar en el Ejecutivo, en un acto sobre empleo joven celebrado este viernes junto a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

El Estatuto del Becario es una regulación que se pactó entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios hace dos años, en verano de 2023, de la que se descolgaron finalmente los empresarios tras más de un año de negociaciones. Recoge nuevos derechos para los estudiantes que realizan prácticas, como la compensación de gastos por transporte o manutención, el derecho a vacaciones y descansos como el resto de la plantilla y una “adecuada tutorización” de los estudiantes o la protección de su salud, entre otros.

La regulación recoge también más límites a su utilización, en número de becarios sobre el total de la plantilla (20%) y de las horas de prácticas sobre el total de los cursos formativos, así como sanciones específicas para las entidades que incumplan los derechos de los becarios, de hasta 225.000 euros en casos de discriminación.

Atascado durante dos años y “con grandes adversarios”

Pese a que el Estatuto del Becario está pactado y firmado con los líderes sindicales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, desde hace dos años, el Gobierno no lo ha llegado a aprobar. Justo después de su firma, en la parte socialista del Gobierno afirmaron que el texto estaba “verde” y después llegó el adelanto electoral de julio de 2023 y la formación de un nuevo gobierno de coalición, entre PSOE y Sumar.

Desde noviembre de 2023 hasta la fecha, el nuevo Ejecutivo no lo ha aprobado. En el Ministerio de Trabajo se han centrado en la medida estrella de esta legislatura, la ley para reducir la jornada laboral y, una vez mandada al Parlamento, Yolanda Díaz afirma que la norma contra los abusos a los becarios es “el siguiente paso”.

“Ya hemos hecho la consulta pública, está en el carril de entrada en el Consejo de Ministros. Fue una negociación de 15 meses, hemos tenido unas pequeñas discusiones internas en el seno del Gobierno, vamos a dejarlo ahí, que se van a resolver. Esto es una tarea central”, ha afirmado Díaz este viernes. “No tiene sentido que esté defendiendo en la Comisión Europea la norma que hemos hecho aquí de la mano del diálogo social y que aquí no la saquemos adelante”, ha añadido.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, también ha defendido que “el Estatuto de las personas becarias es un punto en el que tenemos que seguir avanzando” y ha reivindicado la necesidad de que las políticas públicas rompan “este hecho cultural que asocia la precariedad a la juventud, porque la hace aceptable y geenera un ejército de reserva de personas precarias muy útil para determinados poderes”.

No obstante, Yolanda Díaz ha augurado que el Estatuto tendrá “grandes adversarios”, algo que ya ha sido así desde su negociación y firma. Tanto las empresas, centros de estudios privados, pero también desde las universidades y los rectores, han ejercido una fuerte oposición a esta regulación para que no salga adelante, que en los sindicatos han señalado como un “lobby” incluso más fuerte que el que se encontraron contra la reforma laboral.

En este sentido, Yolanda Díaz no solo tendrá que convencer a la parte socialista del Gobierno para aprobar la norma en el Consejo de Ministros, sino que, como ocurrió en la pasada legislatura, también tendrá una tarea pendiente de búsqueda de apoyos en el Congreso de los Diputados, donde varios socios como PNV, ERC y EH Bildu se mostraron reticentes a su aprobación.

En la jornada Juventud ≠ precariedad. Los derechos laborales de las personas trabajadoras jóvenes, que han organizado los ministerios de Trabajo y Economía Social y de Juventud e Infancia, Yolanda Díaz ha insistido también en la necesidad de que los jóvenes conozcan y denuncien los abusos laborales que sufran ante la Inspección de Trabajo. “La Inspección de Trabajo está a servicio de los jóvenes. Es anónimo, es gratuito, están para que corrijamos las actuaciones ineficaces”, ha afirmado.  

La causa judicial contra Nacho Cano ha quedado archivada diez meses de la detención del productor musical en Madrid. Los jueces entienden que los becarios que vinieron a bailar a su musical Malinche desde México en 2023 no entraron en España de manera irregular y que sus condiciones laborales no eran muy distintas a las que hubieran tenido en cualquier otra empresa. Un sobreseimiento que ha servido al productor para dar fuerza al discurso que mantiene desde el principio: que fue detenido e imputado porque apoya públicamente a Isabel Díaz Ayuso, quien ha celebrado públicamente el archivo de las diligencias.

Ignacio de la Macarena Cano, más conocido como Nacho Cano desde sus tiempos como fundador de Mecano en la movida madrileña, fue brevemente arrestado el 24 de julio del año pasado. La Policía llevaba un tiempo investigando la denuncia de una de las becarias que, un año antes, había llegado desde México para formarse como bailarina en su musical: acusaciones de malas condiciones laborales y de alojamiento pero también de haber metido en España a más de 15 de estos aspirantes a artista de manera irregular.

Malinche ya tenía, por entonces, su ración propia de polémica y su puesta en marcha había evidenciado la cercanía y afinidad del productor y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y en menor medida al alcalde José Luis Martínez-Almeida. Después de un primer derrape sobre la cesión gratuita de una parcela en Hortaleza para montar su espectáculo en una pirámide de 30 metros de alto, rechazado por la presión vecinal, Malinche se estrenó a finales de 2022 en Ifema. “Me pone cachondo que me ataquen”, dijo entonces.

El productor musical no mentía. Tampoco exageraba cuando dedicaba buenas palabras a Isabel Díaz Ayuso, hasta el punto de comparar a la presidenta madrileña con Isabel la Católica en su función número 400 un año más tarde. Su detención en las primeras semanas del verano de 2024 consolidó ambas cosas: no ha dudado en proclamar su inocencia en el conocido como 'caso Malinche' atribuyendo su arresto y la causa judicial posterior a su apoyo explícito a Ayuso, algo que la líder del PP madrileño ha espoleado hasta el punto de comparar la situación del artista con la de una víctima de la dictadura.

Detrás de la causa que acaba de archivar la Audiencia Provincial de Madrid había una denuncia de una becaria llamada Leslie Guadalupe, que ante la Policía y ante la jueza aportó pistas suficientes para investigar si Cano y sus colaboradores habían maniobrado para introducir a los becarios en España camuflados como turistas. Mensajes de WhatsApp, por ejemplo, en los que los jóvenes bailarines eran exhortados explícitamente a ocultar que venían a formarse a las órdenes de Cano para no tener problemas al bajar del avión en Madrid.

El fundador de Mecano prometió dar la batalla en todos los frentes poco después de quedar libre del arresto policial y prestar su primera declaración. Rodeado de sus abogados y de los propios becarios que, en teoría, tenían que testificar sobre él, negó los hechos y se presentó como una víctima de un complot policial y gubernamental. Se querelló contra la becaria que le había denunciado, contra la jueza que le investigaba y provocó la imputación de dos policías.

La magistrada de la Plaza de Castilla puso en marcha una batería de diligencias para arrojar luz sobre la denuncia de la bailarina: si habían recibido instrucciones para ocultar el verdadero motivo de su estancia en España pero también si malvivían en un hostal con muy poco dinero y si, además, se les obligaba a trabajar en el bar del espectáculo. Las decisiones administrativas y judiciales se iban cruzando con la causa penal: varios meses antes la Delegación del Gobierno había decretado la salida del país de todos los jóvenes al tener denegado el permiso de residencia.

La Audiencia Provincial de Madrid ha cortado el paso a la jueza y ha archivado el caso sin permitir que se completen todas las diligencias que puso en marcha para aclarar el caso. Los magistrados, a diferencia de lo afirmado por Cano, no discuten que la causa tuviera que ser abierta ante los indicios, pero entienden que las explicaciones del productor, unidas al informe favorable de la Inspección de Trabajo, llevan al archivo provisional del caso sin necesidad de seguir con más diligencias durante meses.

“No se trata de falsear su entrada en España”

El tribunal no cierra la puerta a que esta forma de introducir a los becarios en España pueda llegar a ser considerada una irregularidad desde el punto de vista administrativo, pero cree que en todo caso Nacho Cano no debe enfrentarse a una acusación de promover la inmigración ilegal o de haber explotado a los jóvenes bailarines. El procedimiento de hacerles entrar en España haciéndose pasar por turistas, explican los jueces, “puede ser o no el adecuado”, pero no es delito. “No se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal pues el propósito era conseguir el permiso necesario”, un permiso finalmente denegado.

Sus horarios no eran fijos, cobraban muy por debajo del Salario Mínimo Interprofesional y a veces trabajaban más horas de las reglamentarias pero, concluyen los jueces, eran becarios que “reciben una formación” en términos similares a otras empresas, con becarios “a los que en absoluto pagan un salario ajustado al propio de los trabajadores”.

El archivo del caso, por tanto, descarta que Cano y sus colaboradores delinquieran, pero no afirma que la Policía y la jueza construyeran el caso de la nada o por animadversión a la afinidad política del productor con la presidenta de la Comunidad de Madrid. La teoría que Cano ha desplegado desde el principio y que ha terminado de despegar con el sobreseimiento: “Todo por una cuestión política orquestada por una serie de gente de la que, por supuesto, no me voy a olvidar”, ha dicho desde México.

El productor ha anunciado una “querella espectacular” contra la jueza que le ha investigado, contra la que ya se ha querellado sin éxito en el pasado bajo la acusación de intentar perjudicarle mientras también mantiene imputado a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por fraude fiscal y corrupción en los negocios. También ha cargado una vez más contra los policías nacionales que participaron en la investigación. La presidenta madrileña ha apostillado: “Se han dado situaciones que ni siquiera con la dictadura franquista, la persecución a una persona del mundo de la cultura, sea un cantante, músico, compositor, escritor, cineasta, por el único hecho de mostrar una preferencia política”.

La expulsión de los becarios

Al fundador de Mecano y productor musical solo le queda esperar a saber si la Fiscalía, la becaria denunciante o el sindicato CCOO recurren este archivo, pero la decisión ha sido tomada por la Audiencia Provincial de Madrid, tribunal que supervisa las decisiones de la jueza instructora. Todo mientras los juzgados de lo social constatan que varios de sus artistas y trabajadores fueron despedidos de forma improcedente y deben ser indemnizados.

En paralelo, los tribunales madrileños han seguido examinando la situación administrativa de sus becarios y han cambiado su situación en las últimas semanas. Después de que varios juzgados de la capital concedieran medidas cautelares a los bailarines frente a la denegación del permiso por estudios, el Tribunal Superior de Justicia ha revocado esas cautelares, aunque especificando que no implica su expulsión del país.

Uno de los becarios que obtuvo las cautelares, explican estas sentencias, no tenía previamente “un estatus jurídico de residencia en España” y la negativa de la Delegación del Gobierno, explica, no implicaba su expulsión del país. Este proceso judicial, todavía en fase de cautelares, será el que determine si su entrada en España fue o no irregular, después de no ser considerada delictiva.

La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido archivar la investigación abierta contra el productor Nacho Cano por la situación de los becarios del musical Malinche. Los jueces corrigen así a la magistrada instructora y entienden que el empresario y músico no introdujo becarios en España camuflados como turistas para trabajar en su musical: “No han tratado de introducir a los ciudadanos mexicanos de forma clandestina con una presunta entrada como turistas con la intención de permanecer en España con infracción de las normas de extranjería”, explica el tribunal.

Cano lleva meses imputado por un juzgado de la Plaza de Castilla por una magistrada que investiga si él y sus colaboradores trajeron a España a casi dos decenas de aspirantes a bailarines para formarse y trabajar en su musical en Madrid. Los mensajes recabados por la Policía demostraron que varios de los responsables del espectáculo dieron instrucciones para que, una vez en España, entraran en el país como turistas y no como estudiantes o trabajadores.

Este proceso, dice ahora la Audiencia de Madrid, es “un procedimiento no poco común”, que consiste en “entrar como turista sin necesidad de visado y, una vez en nuestro país, solicitar el visado para estudiantes”, una práctica según los jueces “asumida por la normativa de la Unión Europea”. Recientemente un informe de la Inspección de Trabajo también exculpaba a Cano al no encontrar irregularidades en la relación laboral de los becarios.

El caso arrancó con la denuncia de una de las becarias, que llevó a la Policía sus quejas por las condiciones en las que había trabajado en el musical además de datos sobre cómo su entrada en el país y la del resto de jóvenes había sido supuestamente ilegal. Cano fue brevemente detenido por la Policía en julio del año pasado, denunciando desde entonces ser víctima de una persecución del Estado por su apoyo a Isabel Díaz Ayuso.

La magistrada que instruye el caso llamó a declarar a Cano, encargó informes a la Policía Municipal y también a la Inspección de Trabajo, tomando declaración a varios imputados y testigos hace tan solo unos días. La Audiencia Provincial de Madrid, en paralelo, examinaba los recursos del productor y el resto de acusados y concluye que la entrada de los becarios en España no fue ni ilegal ni tampoco irregular. Para llegar a un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros como el que se investiga, explican los jueces, no basta “mecánicamente” con que se produzca un “mero incumplimiento de la normativa administrativa en materia de extranjería”.

Traer a los becarios camuflados como turistas para después conseguir el permiso de estudios, explica este tribunal, puede no ser un procedimiento “adecuado” pero no alcanza la “gravedad mínima” para ser considerado un delito. “No se trata de falsear su entrada en España para una permanencia ilegal pues el propósito era conseguir el permiso necesario que, si bien fue denegado, la razón no fue dicha entrada”. La finalidad de su llegada era “solicitar la autorización de estancia por estudios como así se hizo”. 

El sueldo de los becarios

La Audiencia de Madrid archiva la causa sin esperar al resultado de otras diligencias encargadas por la jueza al entender que no son necesarias. Los testigos de la escuela internacional de artes escénicas que colaboraba con el musical dieron “suficiente documentación” sobre su trabajo, lo que según los jueces “pone de manifiesto la realidad de la finalidad de entrada de los becarios”. “El resto de las diligencias son excesivamente prolijas”, critica el tribunal madrileño.

El tribunal tampoco encuentra irregularidades en las condiciones en las que vivían y trabajaban los bailarines. “Han podido tener un horario algo distinto al habitual”, conceden los jueces, pero disculpan que “no es tan extraño al tratarse de un musical en el que es difícil ajustar a las condiciones normales, sin que se haya acreditado que haya sido abusivo”.

Cobraban por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, añade la Audiencia, pero no eran trabajadores sino “personas que reciben una formación que puede servir para su futuro”. Otras empresas, añaden, tienen “estudiantes como becarios a los que en absoluto pagan un salario ajustado al propio de los trabajadores”.

El tipo de sobreseimiento elegido por la Audiencia Provincial de Madrid es el provisional “por si aparecieran nuevos datos que obliguen a la reapertura de la causa”. Si la entrada de estos becarios en España como turistas infringió de alguna manera no delictiva las normas de extranjería, explica varias veces el tribunal de tres magistrados, será algo que tenga que analizarse por la jurisdicción contencioso-administrativa y no la vía penal.

La jueza que investiga a Nacho Cano por la situación supuestamente irregular de 17 becarios en su musical Malinche ha encargado un nuevo informe a la Inspección de Trabajo al entender que el primer informe del caso, favorable al productor y que no encontró irregularidades, no se hizo correctamente y la inspectora “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”. La jueza también llama a declarar a dos nuevos imputados: el administrador de la escuela y uno de los socios de Cano en la empresa que gestiona el musical Malinche.

El informe de la subinspectora de Trabajo afirmó que los 17 jóvenes “realizan prácticas no laborales en la empresa” y que su participación en el musical “forma parte de las prácticas” a través de “una formación no reglada” que no hace necesario que estén dados de alta en la Seguridad Social. La magistrada entiende que la subinspectora no hizo lo suficiente para averiguar la realidad de la relación que los bailarines tenían con la empresa de Nacho Cano y su musical: no pidió pruebas documentales sobre la formación que recibían los becarios ni tampoco la documentación financiera del proyecto ni información de los profesores.

También critica la jueza que la subinspectora diera por bueno que los abogados de Malinche hubieran tramitado los visados de estudios de todos los becarios cuando “no consta” ningún requerimiento para que la empresa aportara la documentación. Lo que queda, explica la jueza, es que la Delegación de Gobierno ha negado la autorización de estancia por estudios. La documentación también pone de manifiesto que los “supuestos becarios” de Nacho Cano “no tuvieron disponibilidad en ningún momento” del dinero de la beca.

La inspectora, concluye la magistrada, “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”. No visitó el centro de trabajo, no ha tenido acceso a las actuaciones judiciales y basó su informe en una visita a una parroquía, a las manifestaciones de becarios y trabajadores de Nacho Cano. La Inspección de Trabajo, concluye, debe hacer un nuevo informe sobre la situación de esos bailarines en el musical de Nacho Cano.

La magistrada también imputa a dos personas más para tomarles declaración: el administrador de la escuela JANA donde supuestamente estaban becados y también al vicepresidente de la empresa que gestiona el musical Malinche.

El número de becarios en España era una incógnita. Sin un registro oficial o estatal, los sindicatos advertían de que solo se podía conocer cuántos estudiantes hacían prácticas pagadas gracias a los registros de cotización de la Seguridad Social. Hasta 2024, cuando el Gobierno amplió el derecho a cotizar a los becarios que no cobran por sus prácticas. En total, casi un millón de estudiantes han realizado prácticas no remuneradas a lo largo del año pasado. En concreto, 944.547 personas, ha informado este jueves la Seguridad Social.

El Ministerio ha ofrecido los datos completos sobre cuántos estudiantes hicieron prácticas en todo el año pasado, la primera fotografía más completa de cuántos becarios hay en el país. En total, alrededor de 1,2 millones de jóvenes en 2024, de los que el 80% no cobró nada por sus prácticas.

Por un lado, están las “cerca de 250.000 personas de alta en la Seguridad Social por realizar prácticas remuneradas” en 2024. Estos estudiantes, que reciben un pago económico por la realización de sus prácticas no laborales, tienen derecho a cotizar desde 2011.

Por otro lado, la Seguridad Social ha desvelado la otra cara de la moneda, desconocida hasta que se ha generado el derecho de cotización: cuántos jóvenes hacen becas no pagadas. Son la gran mayoría, 944.547 jóvenes que han “estado de alta y, por tanto, se ha cotizado por ellos, al menos, un día en la Seguridad Social en este primer año”, explica el departamento que dirige Elma Saiz.

Este colectivo no computa en los datos generales de empleo que ofrece la Seguridad Social, “es decir, no están contabilizados en los 21,3 millones de afiliados a la Seguridad Social con los que terminó el año”, precisa el Ministerio.

“Es una buena noticia que por primera vez, por fin, sepamos cuánta gente hace prácticas”, destaca Adrià Junyent, secretario de Juventud de CCOO, que no obstante precisa que en el sindicato están analizando estos datos, aún muy incipientes. Por un lado, celebran que ya haya cifras de becarios en todas las Comunidades Autónomas, algo que al principio de año no fue así, por lo que consideran que ya se está acatando la normativa en todo el país.

La Seguridad Social indica que, por Comunidades Autónomas, Catalunya es donde más altas de estudiantes en prácticas no remuneradas se registraron (185.368), seguida de la Comunidad de Madrid (170.028), Andalucía (135.827) y la Comunitat Valenciana (109.863).

Sin embargo, en CCOO están observando algunos “datos raros”, por ejemplo sobre los días cotizados al mes de los estudiantes, que consideran que han de ser analizados por “si existe falta de alta o mala calidad de las prácticas”, explica Junyent.

Eduardo Magaldi, responsable de la organización juvenil RUGE-UGT, celebra también que “gracias a esta cotización vamos a tener el dato de cuántas personas becarias hacen prácticas al año, reivindicación que exigiamos al Gobierno a través de un Registro de prácticas”.

Magaldi apunta que la reivindicación “se queda parcialmente cubierta” porque un registro permitiría tener “más datos detallados sobre los tipos de prácticas, duraciones, etc.”, pero al menos se ha logrado “saber con exactitud de cuántas personas hablamos cuando abordamos este tema y cuántas de ellas, además, están aún sin remuneración”.

Cobertura ante accidentes y derechos para la jubilación

El derecho a cotizar para los becarios que no cobran supone que “empiezan a generar derechos en el sistema”, destaca la Seguridad Social. Por ejemplo, este tiempo de prácticas se les reconocerá como cotizado de cara a su futura pensión de jubilación. Una situación que no es baladí en un contexto en el que muchos jóvenes encuentran dificultades para entrar al mercado de trabajo. Y, en ocasiones, la etapa de prácticas no es corta, con numerosos meses de becas realizados.

Además, cotizar a la Seguridad Social les ofrece cobertura en caso de accidente de trabajo, destaca Adrià Junyent, “algo muy importante”. Por ejemplo, entre octubre y diciembre, hubo 53 estudiantes protegidos por bajas de accidentes laborales, según los datos que maneja el sindicato comunicados por la Seguridad Social.

En cambio, los becarios no cotizan para la protección por desempleo, la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) ni el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), para la hucha de las pensiones. Y, “en el supuesto de las prácticas no remuneradas, se excluye también la protección por la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes”, la baja por enfermedad común, recuerda la Seguridad Social.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha destacado que el alta en la Seguridad Social de los estudiantes en prácticas no remuneradas fue una de las novedades más importantes de 2024. “Supone una extensión de derechos para los más jóvenes, fundamentalmente. Son el futuro del sistema y deben formar parte de él desde el inicio de su carrera laboral”, ha subrayado.

El 95% lo paga el Estado y “sin hecatombe” de las becas

La Seguridad Social recuerda que la cotización de los becarios no remunerados “cuenta con una amplia bonificación en las cuotas a la Seguridad Social que alcanza una reducción del 95% en la cotización por contingencias comunes”. En el caso de los estudiantes de Formación Profesional, la cobertura del Estado alcanza al 100%, como acordó el Ministerio de Educación.

La cotización de los becarios generó una enorme resistencia en el sector de la universidad, al igual que el Estatuto del Becario aún pendiente que reconoce otros derechos a los estudiantes en prácticas, como vacaciones y unas compensaciones mínimas. Desde la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades Españolas) se advirtió de que se ponía en riesgo el sistema de prácticas y que, en caso de que las empresas tuvieran que cotizar por los estudiantes, muchas rechazarían esta opción de formación práctica.

Sin embargo, tras este primer año de aplicación, desde la CRUE reconocieron a El País que el sistema está funcionando “bien”. Los rectores de las universidades sostienen no obstante que este buen funcionamiento se explica porque son las universidades y los centros educativos los que están asumiendo mayoritariamente el pago del 5% de las prácticas, en lugar de las empresas.

“No ha habido ninguna hecatombe de las prácticas, como se dijo. Igual que ocurrió con el salario mínimo y con la reducción de la temporalidad, que se avecinó el apocalipsis para no aprobar estos derechos y, cuando se pusieron en marcha, han funcionado bien”, sostiene Adrià Junyent.

Coincide el responsable de RUGE de UGT. “No ha existido ninguna debacle tras su implementación y se suma a la larga lista de avances propuestos que, después de un proceso de catastrofistas lanzando ideas negativas para impedir su puesta en funcionamiento, luego nunca ha sucedido lo que vaticinaban: destrucción de empleo con la subida del salario mínimo, cierre de empresas con la reforma laboral, cientos de empresas huyendo de las universidades si les hacíamos cotizar.... Nada de esto se ha cumplido, al contrario, los datos mejoran”.

Los responsables de juventud de ambos sindicatos confían en que esta buena experiencia con la cotización facilite que se apruebe el Estatuto del Becario, acordado por Trabajo y los sindicatos mayoritarios la pasada legislatura y aún sin pasar por el Consejo de Ministros. “Deja en el descrédito absoluto a esos lobbies universitarios que anuncian catástrofes para poderse mantener en el inmovilismo”, critica Magaldi. Junyent pide a los rectores que, en lugar de intentar paralizar estos nuevos derechos, como hicieron con la cobertura de la Seguridad Social, “piensen en cómo se puede hacer”.

El productor y músico Nacho Cano ha desplegado una doble estrategia para intentar esquivar la investigación judicial sobre la situación de los becarios de su musical Malinche. Desde defender que todos los jóvenes bailarines llegados de México estaban en situación legal en España hasta denunciar que es víctima de un complot policial y judicial por apoyar públicamente a Isabel Díaz Ayuso. Esta semana la jueza ha rechazado archivar el caso, le ha dado cita para declarar el 20 de diciembre y ha sido clara sobre esta teoría de la conspiración: es “absurdo”, dice la jueza, creer que los procesos legales se han alterado para que su caso se tramite en el mismo juzgado que investiga a la pareja de la presidenta madrileña por fraude fiscal.

“Como han ido a por el novio, el hermano y el padre, el único que les queda soy yo”. Nacho Cano, uno de los fundadores de Mecano, tardó unas pocas horas en atribuir su breve detención y la investigación abierta contra él a una represalia por su cercanía a Isabel Díaz Ayuso. “Es por la única razón de que apoyo a Ayuso”, añadió. La última vez, en el plató de Iker Jiménez, el artista calificó de “criminales” al Presidente del Gobierno y al ministro del Interior.

Un argumento que sus abogados de Cremades & Calvo Sotelo decidieron llevar al papel, empezando una ofensiva contra la jueza Inmaculada Iglesias. En uno de sus últimos escritos, en el que pedían el cierre del caso, afirmaban que el caso partía de un atestado policial creado “ad hoc” contra él, con “falsas imputaciones”, interrogatorios ilegales a los becarios, “abusos policiales” y la detención ilegal de Cano “por el apoyo a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso”.

Entre un abanico de actuaciones arbitrarias que denunciaba Nacho Cano, afirmaba que su caso había caído “sorprendentemente” en el juzgado de instrucción 19 de la Plaza de Castilla de Madrid: el mismo que investiga a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por un fraude fiscal de más de 350.000 euros.

Este martes, la magistrada ha rechazado todas sus alegaciones, ha mantenido abierta la causa y ha puesto en marcha una batería de declaraciones, entre ellas la de Nacho Cano el 20 de diciembre, que había solicitado de manera subsidiaria el propio productor. Y también ha contestado a sus acusaciones de intentar perjudicarle por su buena relación pública y recíproca con Isabel Díaz Ayuso.

El asunto cayó en su juzgado por el sistema de reparto. “No es cierto que el asunto fuera repartido por asignación directa a este juzgado”, explica la magistrada. Tampoco que un funcionario del registro manipulara el sistema. “No se puede manipular por los funcionarios el reparto aleatorio”, explica este autocitando al decanato de Madrid. “Es absurdo mantener que se ha manipulado para que este asunto recaiga en el mismo juzgado que conoce del procedimiento seguido contra la pareja de Isabel Díaz Ayuso”, zanja la magistrada.

“Recibieron instrucciones para hacerse pasar por turistas”

El caso contra Nacho Cano sigue abierto con la magistrada esquivando los dardos de la defensa del artista. Frente a las acusaciones de “retardo malicioso” en la causa, o de “proteger y amparar hasta límites insospechados” a la becaria que presentó la primera denuncia, la magistrada explica que ha estado intentando evitar la “pena de banquillo” para Cano antes de llamarle a declarar.

También rechaza otra petición de diligencias del productor que avanzaba en la dirección del complot: llamar a declarar como testigo al comisario Alberto Carba, al Delegado del Gobierno en Madrid, a los primeros abogados de la becaria que denunció, e incluso al funcionario que registro el atestado en los juzgados de Madrid.

Frente a la alegación de Cano de que el caso debe ser archivado porque los hechos “no son constitutivos de infracción penal”, tanto la magistrada como la Fiscalía entienden que todavía quedan “pendientes” varias diligencias clave. Tomar declaración a los responsables de Malinche como investigados y a numerosos testigos, entre ellos los becarios que, según la Policía, entraron en España camuflados como falsos turistas.

Entre otras alegaciones, la defensa del productor alegaba que es “completamente legal” que ciudadanos de México entren en España sin visado y después soliciten autorización de estancia por estudios. “Siempre han sido estudiantes becados, nunca trabajadores”, afirmaba también apoyándose en un informe de la Inspección de Trabajo. Además, varios juzgados les han permitido quedarse en España de forma cautelar aunque las autoridades les negaron la autorización de estancia por estudios.

La jueza explica que los responsables del musical y de la formación de los bailarines “debían haber tramitado las autorizaciones desde México a través del trámite habitual, no fingiendo un acceso a territorio nacional por motivos turísticos”. Se hace eco de la declaración policial de varios becarios para recordar que los colaboradores de Cano les dieron indicaciones a través de WhatsApp para entrar en España ocultando su relación con Malinche, de forma escalonada e incluso llevando guías turísticas para mejorar su disfraz.

“Recibieron instrucciones para hacerse pasar por turistas, se optó por una simulación falsaria del verdadero destino, fingiendo un acceso a territorio español por motivos turísticos”, recuerda la jueza. Y es cierto que los juzgados de lo contencioso-administrativo han permitido que se queden en Madrid, pero “sin entrar en el fondo del asunto”.

La magistrada, por tanto, no tiene intención de archivar el caso antes de escuchar al propio Nacho Cano y a todos los testigos, aunque después pueda optar por el sobreseimiento, como recuerda la resolución conocida este martes.

En paralelo, otro juzgado de la Plaza de Castilla de Madrid investiga por amenazas a la becaria cuya denuncia desencadenó todo el caso. Este jueves la bailarina comparecerá como imputada después de que Cano haya afirmado que la joven amenazó a los responsables del musical con una denuncia si no le pagaban 6.000 euros y le daban diversas facilidades para romper su relación con Malinche.

En una UE que gravita a la derecha, la agenda verde, los migrantes y los derechos laborales son víctimas de la ofensiva de los poderes económicos y la ultraderecha. Y en ese panorama, España es de los pocos gobiernos progresistas que resiste. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha impulsado, junto a otros ocho gobiernos, el bloqueo de una propuesta de la presidencia húngara del Consejo de la UE para descafeinar la directiva de prácticas con la que la Comisión Europea pretendía inicialmente, entre otras cosas, poner coto a los falsos becarios.

España, Alemania, Rumanía, Bélgica Portugal, Austria, Bulgaria, Eslovenia y Chipre han rechazado las aspiraciones del Gobierno ultraderechista de Viktor Orbán, que ha constatado la falta de apoyo a su propuesta. Ahora quedará en manos de Polonia, que asumirá las riendas de las negociaciones en el seno de los 27 el próximo semestre hacer una aproximación a la directiva que permita lograr el apoyo suficiente.

La idea inicial de la Comisión Europea con la directiva de prácticas era establecer unos mínimos legales de protección para los becarios al circunscribir ese tipo de relación laboral al aprendizaje y la formación temporal, por ejemplo. También planteaba una serie de prácticas abusivas, como la exigencia de experiencia laboral previa para los aspirantes a los procesos de prácticas o las responsabilidades y tareas similares a los contratados regulares.

La propuesta que ha hecho la presidencia húngara de cara a establecer la posición negociadora del Consejo de la UE (los gobiernos europeos) con el Parlamento Europeo suponía aguar la esencia de la directiva. Su pretensión era limitar el ámbito de aplicación de la ley a las personas con contratos en prácticas, pero dejando fuera las que forman parte de los planes de estudios, es decir, sin dar cobertura a miles de becarios que están en formación.

Tampoco incluiría a las prácticas que se realizan en el marco de las políticas activas de empleo o las necesarias para obtener una titulación específica. También reduce la ambición respecto al freno a los falsos becarios al eliminar la obligatoriedad de publicar las condiciones de trabajo y elimina las referencias al acervo comunitario (el conjunto de leyes que componen el Derecho de la UE).

“En el próximo Consejo de Empleo abordaremos con profundidad, desde el Gobierno de España, un paquete de prácticas para garantizar, al fin, los derechos de las personas becarias. Y el Gobierno de España va a dar un paso adelante para que la posición inicial de la Comisión Europea no retroceda en derechos”, advirtió Díaz a mediados de noviembre durante la clausura del I Congreso Internacional del Trabajo en la que aseguró que España se iba a “dejar la piel” en ese asunto.

“No compartimos en asboluto el recorte de derechos que la presidencia Orbán ha impuesto”, ha dicho Díaz a su llegada a la reunión con sus homólogos en Bruselas este lunes. La vicepresidenta y responsable de Trabajo ha asegurado que la iniciativa húngara incluía una “lista de exclusiones”. “Es inaudito que la propia directiva indique los caminos para que no se aplique”, ha denunciado. Minutos después el ministro húngaro constataba la división de los 27 y emplazaba a seguir las negociaciones el próximo semestre.

El Gobierno español apuesta por que se destaque la formación dentro de los periodos de prácticas para “asegurar que se proporciona una formación de calidad”, según explican fuentes del departamento de Díaz. Además, la aspiración de España es que la orientación del Consejo mantenga el alma de la propuesta inicial de la Comisión Europea ante la negociación que tendrá que iniciarse con el Parlamento Europeo para “impedir que los periodos de prácticas puedan ser utilizados para sustituir a personas trabajadoras a través de una regulación clara, que además permita actuar a las inspecciones de trabajo en este área”, apuntan las mismas fuentes.

“Lo del Estatuto del Becario clama al cielo”, ha criticado este lunes el líder de CCOO, Unai Sordo, a preguntas sobre la recuperación de esta medida por parte del Ministerio de Trabajo, que sigue sin cosechar acuerdo dentro de la coalición del Gobierno. Sordo ha advertido de que el sindicato no volverá a negociar la regulación con más derechos para las personas becarias y ha exigido al Ejecutivo que apruebe lo acordado con el Ministerio Trabajo hace más de un año.

El Estatuto del Becario, pactado por Trabajo y los sindicatos mayoritarios (CCOO y UGT) en junio de 2023, consiste en un catálogo básico de derechos para los estudiantes que realizan prácticas, como la compensación de gastos, las vacaciones y los descansos como el resto de la plantilla, una “adecuada tutorización” de los estudiantes o la protección de su salud, entre otros. También recoge más límites a su utilización, en número de becarios y de horas de prácticas, así como sanciones específicas para las entidades que incumplan los derechos de los becarios.

“Lo suscribimos a finales de la anterior legislatura y único que vamos a decir es que exigimos el cumplimiento taxativo y exacto de lo que hemos pactado”, ha afirmado Unai Sordo en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum.

Sordo señala al “lobby” en contra

Después del acuerdo con Trabajo, el Ministerio liderado por Yolanda Díaz no logró llevarlo al Consejo de Ministros, con reticencias en la parte socialista del Gobierno (expresadas por Hacienda y Economía), que alegaron que a la norma le faltaba aún trabajo. Mientras, Universidades y fundaciones de empresas advertían de que compensar gastos a los estudiantes suponía un “serio peligro” para las becas, y el Gobierno tampoco parecía tener asegurados los apoyos por parte de algunos de sus socios parlamentarios, como PNV.

Hace unas semanas, el Ministerio de Trabajo ha vuelto a sacar a audiencia pública el Estatuto del Becario, con la intención de reactivar la regulación, pero de nuevo hay reticencias al respecto de la norma dentro del Gobierno, como publicó El País y confirmaron fuentes gubernamentales a este medio.

“No vamos a entrar a renegociar ninguna de las cuestiones que ya habíamos negociado”, ha advertido Unai Sordo. “Lo único que le pedimos al Gobierno es que ponga en marcha lo que hemos pactado. Insisto: clama al cielo”.

El líder de CCOO ha apuntado a algunas de las fuerzas que están trabajando para que la norma no salga adelante. “Sé que es un tema en el que hay muchísimas presiones, hay un enorme trabajo de lobby, desde las propias universidades, por ejemplo. Pero no admite más dilación ni vamos a renegociar nada”, ha zanjado.

Despidos y derechos ante la digitalización

El dirigente sindical ha analizado algunas de las principales cuestiones de actualidad durante el desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, como el recorte de la jornada máxima de trabajo, los problemas de acceso a la vivienda, la llegada de personas migrantes al país o el debate sobre la financiación territorial y la fiscalidad.

Unai Sordo ha propuesto además dos medidas más para el futuro del mercado laboral. Por un lado, aumentar las trabas a los despidos, como medida complementaria a los ERTE, que incida en una estrategia que evite los despidos ante las futuras crisis y posibles problemas en las empresas. Como alternativa, sugiere que se ofrezca a las empresas “fórmulas alternativas de flexibilidad al tiempo de trabajo”.

Por otro lado, el líder de CCOO ha emplazado a regular más lo que tiene que ver con “la irrupción de la digitalización y el uso de la Inteligencia Artificial”, entre otras nuevas tecnologías. “El riesgo disruptivo que tienen las nuevas tecnologías sobre las condiciones de trabajo es potencialmente inmenso”, ha advertido.

Aunque ya se aprobó la llamada Ley Rider, para combatir los falsos autónomos entre los repartidores de plataformas digitales como Glovo y garantizar el acceso de información a los sindicatos sobre los algoritmos que definen condiciones laborales, el líder de CCOO ha propuesto ampliar la legislación. “Hay que regular”, ha insistido Sordo. “Dimos un paso en España, con la llamada ley rider, (...) pero lo hicimos de forma muy iniciática y para una pequeña porción de los trabajadores hoy vinculados a la economía de plataforma, nos queda muchísimo en este terreno”. 

Nacho Cano ha denunciado por “amenazas condicionales” y revelación de secretos a Lesly Guadalupe Ochoa Flores, la becaria del espectáculo Malinche que demandó al artista por vulnerar los derechos de los trabajadores, tal y como ha informado Europa Press, que ha tenido acceso a la denuncia.

El músico ha presentado como pruebas del “chantaje” los mensajes enviados a través de Whatsapps desde el teléfono de la becaria a la responsable de producción del musical donde pedía un pago de 6.000 euros, una carta de recomendación y la estancia en un hotel para evitar que “procediera legalmente”. Hace pocos días, los abogados de Nacho Cano habían entregado estos mensajes al juez que investiga si el productor musical trajo como becarios camuflados como turistas para su musical Malinche.

Según recoge la denuncia, el representante legal de Cano considera que Guadalupe Ochoa Flores “trató de chantajear” a Nacho Cano “para que atendiera a sus peticiones o de lo contrario iba a salir muy perjudicado tanto él como el resto de sus 17 becarios mexicanos”.

Los mensajes fueron presuntamente enviados el 22 de diciembre de 2023, antes de que Lesly Guadalupe Ochoa presentara la denuncia. “Llegando a este acuerdo yo no procedo legalmente, ni me acuerdo de que existen”, escribió, “me comprometo a sacar todas mis cosas del hostal en el momento que se liquida el pago y listo, no vuelven a saber de mi. Firmo lo que me soliciten siempre, siempre y cuando no perjudiquen mi carrera o mi persona”.

El abogado de Nacho Cano también ha expuesto en su denuncia que, tras no responder afirmativamente al “chantaje”, se comenzó “una campaña de ataque, desprestigio y acoso” contra el músico y la dirección del musical de Malinche. Respecto al delito de descubrimiento y revelación de secretos, el abogado de Cano ha subrayado que ella firmó los documentos, a fecha 3 de diciembre de 2023, para la cesión de derechos, autorización de derechos de imagen y un “acuerdo de confidencialidad de manera indefinida”.

También hacen hincapié en la denuncia que Lesly Ochoa “no logró adaptarse al programa y provocó numerosos enfrentamientos con sus compañeros, haciendo que la convivencia resultara insoportable”. Por ello, y ya que según ellos estaba escrito en las condiciones del proyecto, se invitó a abandonarlo. Según recoge la denuncia, Ochoa no fue “la única invitada” a abandonar la beca porque “no alcanzaban el nivel técnico exigido”, sino que hubo una segunda persona. Ochoa sí que se negó a abandonar el país, y según la denuncia comienza en ese momento “una operación perfectamente orquestada para extorsionar y chantajear a Nacho Cano”.

La Policía Nacional ha remitido ya a los juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid su atestado sobre el productor musical Nacho Cano y las acusaciones de tener a una decena de trabajadores en situación irregular. Poco después de su detención, el antiguo integrante de Mecano denunció estar siendo víctima de un complot policial como represalia por apoyar públicamente a Isabel Díaz Ayuso. Este miércoles el diario El País publica que los 17 jóvenes que ayer comparecieron para defender al productor tienen el permiso de estudios denegado desde mayo y, por tanto, con obligación de abandonar el país y volver a México. También que trabajaban ensayando 10 horas al día y que algunos servían copas en el bar del espectáculo para ganar un dinero extra.

El productor del musical 'Malinche' fue arrestado ayer en la comisaría de la calle Leganitos de Madrid después de ser denunciado por prácticas supuestamente irregulares en la contratación de jóvenes para su espectáculo. Se investiga, por un lado, un delito contra los derechos de los trabajadores y, por otro, un segundo ilícito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, centrada la investigación en una quincena de jóvenes mexicanos que vinieron hace medio año a Madrid para ser “becarios”, explicó ayer el propio Cano, de cara a formarse y llevar el musical a su país.

Fuentes policiales citadas por el rotativo del grupo PRISA explican que todos han sido “engañados” por Cano y que llevan meses trabajando en el espectáculo “sin contrato” y con el permiso de estudios denegado desde el pasado mes de mayo. Un permiso que les denegó la Delegación de Gobierno, según esta información, al no haber acreditado ningún tipo de formación en marcha.

En contra de lo afirmado ayer por los abogados de Cano en una rueda de prensa, en la que afirmó que todo procede de una denuncia de una bailarina de “actitud problemática”, estas fuentes policiales sostienen que para sus primeros dos meses de estancia en España se solicitó un permiso de estudios. Pero que en mayo las autoridades conminaron a todos a abandonar el país.

También relatan las condiciones en las que estaban. Alojados en un hostal del centro de Madrid, tal y como relató el propio Cano, y sin ser conscientes de que estaban en situación irregular. Compartían habitaciones y se les pagaba un menú de 10 euros diarios en el mismo local, debiendo pagar de su bolsillo el desayuno y la cena con una paga de 20 euros el fin de semana además de los 300 euros mensuales que cobraban, luego aumentados a 500 euros.

Según la denuncia que la Policía ya ha remitido a los juzgados de Madrid, los jóvenes ensayaban de lunes a sábado a razón de 10 horas al día y si querían ganar más, trabajaban sirviendo en la barra del bar 'Canalla' al final de la función del musical.

Afirmaciones que desmienten lo defendido ayer en rueda de prensa por el productor musical, acompañado no solo de sus abogados sino también de 17 de estos jóvenes que afirman haber estado “becados” durante el último medio año con el objetivo de formarse y poder desarrollar el espectáculo 'Malinche' en México dentro de un tiempo.

Una comparecencia en la que el músico no solo defendió la limpieza de todos los procesos de contratación y del sistema de becas, sino en la que también apuntó a un montaje policial para perjudicarle por apoyar a Isabel Díaz Ayuso: “Si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido”, llegó a decir el productor.

Posteriormente, un grupo de cuatro de estos jóvenes mexicanos han sido entrevistados en La Sexta, donde han confirmado que entraron en nuestro país como turistas, antes de solicitar después los visados de estudiantes que les han sido denegados, o que recibían los gastos de alimentación que les ofrecía la productora del musical “con dinero en efectivo”.

Además, una de las jóvenes reconoce que se les ofreció trabajar en el bar 'Canalla' después de la función del musical “cantando alguna canción, alguna coreografía”, pero que nunca se les hizo ningún tipo de contrato ni hacían un horario fijo o “por horas”.

La Confederación de Sociedades Científicas de España (Cosce) ha celebrado este martes el principio de acuerdo entre la Seguridad Social y los sindicatos para la modificación de la orden que permite a los investigadores recuperar periodos en los que realizaron becas por las que no cotizaron para el cómputo de su jubilación. La organización, que agrupa a 88 sociedades científicas, considera la rectificación “muy adecuada” pero lamentan que “no corrige todas las cuestiones”.

El Ministerio había aprobado el 1 de mayo una orden, que entrará en vigor el próximo 1 de junio, y que permitía a los antiguos becarios acogerse a un convenio especial para la recuperación de estos periodos mediante un pago de 290 euros por mes. La medida, sin el visto bueno de los sindicatos en la mesa del diálogo social, soliviantó a los beneficiaros y provocó la apertura de un proceso de diálogo a dos bandas. Por un lado, la ministra Elma Saiz se reunió con los colectivos de investigadores para escuchar sus demandas y, por otro, se activó la negociación con las organizaciones sindicales y empresariales.

De estos procesos ha surgido el principio de acuerdo alcanzado ayer y sobre el que la Cosce se ha pronunciado este martes a través de un comunicado: “Felicitamos la ministerio por la decisión de rectificar algunos de los aspectos más lesivos que incorporaba la Orden Ministerial publicada en el BOE y que trasladamos al ministerio en las reuniones que hemos tenido en las últimas semanas”.

En concreto, los investigadores consideran un acierto que se tome como base de cotización la mínima correspondiente al año de realización de la actividad (de entre 40 y 140 euros al mes, según el año), en lugar de la actual; que haber rescatado dos años a través del convenio especial de 2011 supusiese restarlos de los cinco actuales; o que se extienda a cuatro años y medio el plazo para suscribir el convenio o la ampliación de la posibilidad de fraccionar el pago de las cuantías.

Pero, a juicio de los investigadores, “no corrige todas las cuestiones” con las que no están de acuerdo en la orden. Una de las principales reivindicaciones es “la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de 5 o 7 años, porque algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios”.

La cuestión de la cuota empresarial ha sido descartada por el ministerio, al considerar que las cuantías que se reclaman no responden a los mismos criterios de una nómina convencional. “Hay un coeficiente, no es el total de la cuota, sino que tiene un porcentaje de reducción (del 23%)”, explicaba tras la reunión del pasado lunes el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez.

Respecto a la posibilidad de ampliar más años los periodos a recuperar, la demanda es compartida también por los sindicatos. Aunque estas organizaciones habían trasladado a la mesa del diálogo social la necesidad de mantener los cinco años completos, ya habían señalado que esta posición no excluía continuar con la reivindicación legítima de recuperar los periodos completos para aquellas personas que lo necesiten, porque hubieran realizado trabajo efectivo por el que no cotizaron durante más de una década. Un grupo que, pese a la falta de datos concretos y según sus estimaciones, no sería muy numeroso.

En el comunicado publicado este martes, la Cosce pide al Gobierno “que mantenga abierto el diálogo con los colectivos afectados hasta que esta situación se resuelva completamente”.

El Ministerio de Seguridad Social y los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han alcanzado este lunes un principio de acuerdo para reformar la orden ministerial que permite a los investigadores recuperar hasta un máximo de cinco años para el cómputo de la jubilación a aquellos investigadores y estudiantes que hubieran sido becados en el pasado. El acuerdo trata de contentar a los posibles beneficiarios de la medida, tras una primera redacción que encendió los ánimos de los colectivos, al exigir el pago de 290 euros por cada mes que se quisiera recuperar.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales señalan que el ministerio “se ha comprometido” a la modificación de la orden ministerial, que entra en vigor el 1 de junio, por lo que piden a las personas interesadas que, “siempre que sea posible, esperen a solicitarlo hasta que se formalice la tramitación de la nueva regulación”. Un proceso que, señalan, el Ejecutivo ha garantizado que será “en el menor plazo posible” y “cuya tramitación se iniciará esta misma semana”.

La Seguridad Social señala que ha “atendido las peticiones de los interlocutores sociales”, que habían lamentado que la primera propuesta se publicase en el Boletín Oficial del Estado sin la confluencia de los sindicatos ni la patronal. En concreto, una de las principales correcciones del departamento que dirige Elma Saiz es que tomará como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad, en lugar de la de 2024. Esta irá de 40 euros al mes en el año 1980 a 140 en 2006.

No es la única petición atendida. El ministerio permitirá rescatar cinco años de actividad, independientemente de que las personas beneficiarias se hubieran acogido al convenio especial que permitió recuperar otros dos años en 2011. Además, las personas que lo necesiten tendrán cuatro años y medio, hasta el 31 de diciembre de 2028, para solicitar la cotización del periodo y tendrán la posibilidad de fraccionar el pago hasta el doble del periodo rescatado con un máximo de siete años.

“Las mejoras en la norma impulsadas por CCOO y UGT garantizan la reducción de costes del convenio, manteniendo su actual naturaleza jurídica y el carácter estrictamente contributivo de la figura. De la misma forma, se persigue la ampliación de los periodos de tiempo cuya cotización es posible recuperar, de modo que se ayude a completar las carreras de cotización de las personas que han desarrollado durante largos periodos diferente situaciones relacionas don prácticas formativas y becas de investigación”, celebran los sindicatos.

Además, según estas mismas fuentes, el ministerio se habría comprometido a constituir “en breve” el Observatorio para el seguimiento y la evaluación de las medidas aprobadas en materia de cotización de prácticas no laborales, en el marco de la reforma de Seguridad Social de 2023. Estos cambios incluyen la cotización de los becarios en prácticas no remuneradas desde el 1 de enero, que han beneficiado ya a más de medio millón de alumnos y alumnas.

La Seguridad Social ha asumido parte de las reivindicaciones de personal investigador y sindicatos. Tras la mala recepción y las críticas de la orden que regulaba la forma en la que las personas que hubieran sido becadas podían recuperar ese tiempo para el cómputo de jubilación, la ministra del ramo, Elma Saiz, ha recogido el guante. La nueva propuesta que el ministerio ha trasladado este lunes a la mesa del diálogo social incluye que la base de cotización tomará como referencia la del año que se realizó la actividad y un margen mayor para abonar las cantidades, que con la primera propuesta ascendía a 290 euros por cada mes que se quisiera recuperar. Sin embargo, asociaciones de investigadores rechazan estos cambios como un “avance”: “Corrigen lo que habían empeorado ellos”.

Esos 290 euros que pretendía imponer el ministerio tomaban como base la cotización para la jubilación vigente en 2024, algo inasumible para los colectivos científicos y para los sindicatos, porque las becas se disfrutaron hace años. La nueva propuesta toma como referencia las condiciones del 'rescate' de dos años que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero facilitó en 2011. Unas condiciones que, según el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, “no generó ninguna controversia”.

En concreto, según los cálculos de los sindicatos, que han lamentado las “prisas” del ministerio por cerrar la modificación de una orden, que se publicó inicialmente sin el visto bueno de las organizaciones, las nuevas cuantías oscilaran alrededor de los 40 euros al mes por actividades realizadas a principios de los años 80 y unos 140, para aquellas efectuadas en 2006, año a partir del cual empezaron a cotizar. La cuota de 1997 será de 101 euros. En cualquier caso, y en función de la renta de cada beneficiario, las cuantías se pueden desgravar.

Los representantes de Comisiones Obreras y UGT en esta mesa del diálogo social, Carlos Bravo y Cristina Estévez, respectivamente, han valorado de forma positiva el nuevo plan, que incorpora algunas de sus reivindicaciones, aunque han coincidido en que faltan otras. Por ejemplo, la orden ministerial publicada permitía ahora recuperar cinco años —dos comprometidos y tres más por el retraso en la tramitación—, pero excluía esos dos de hace más de una década para quien ya se hubiera acogido a ellos. Los sindicatos habían reclamado que no hubiera un límite temporal o que, al menos, esos dos años no fueran excluyentes.

“Un avance sustancial”

El ministerio, que ha percibido un “avance sustancial”, no atendió la primera petición, pero sí la segunda. “Mirando hacia atrás y con el tratamiento que se le ha dado, extenderlo a cinco años, con la particularidad de hacer posible acumular los dos años que se hubieran rescatado en 2011, en su conjunto es una cuestión más que razonable y generosa”, ha señado Suárez, que ha indicado también que se ampliará el periodo para satisfacer el importe del 'rescate' durante cinco años. Una medida que, a falta del desarrollo del nuevo texto, que han reclamado los sindicatos, beneficiaría a quienes necesiten recuperar menos de cinco años. Además, el proceso para solicitar este nuevo derecho se amplía hasta el 31 de diciembre de 2027.

La ministra había mantenido reuniones con las organizaciones que representan al grueso de los investigadores la pasada semana para conocer sus reivindicaciones de primera mano. Antonio Martínez Ruiz, de la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) y la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), presente en el encuentro del pasado martes, ha valorado la nueva propuesta como una “rectificación”, pero lamenta que se trate de una vuelta “a las condiciones de 2011, que ya se criticaron entonces”. “Es volver a la sensación anterior a que sacaran la orden ministerial, a que nosotros tengamos que asumir las cuotas empresariales”. “Corrigen lo que habían empeorado ellos”, ha lamentado.

Lo cierto es que la cuantía de los convenios especiales no incluye una cuota obrera y otra empresarial. “Hay un coeficiente”, ha explicado Suárez, que ha aclarado que “no es el total de la cuota, sino que tiene un porcentaje de reducción”, en este caso del 23%. No obstante, los sindicatos señalan que hay otras fórmulas para bonificar aún más ese pago, teniendo en cuenta que “ahora la cuota empresarial para becarios si tiene una subvención del 95%”.

“Acabar con este agravio”

Tras el anuncio, 12 asociaciones nacionales e internacionales de investigadores consideran “insuficiente” la modificación, mientras que la COSCE, que agrupa 88 sociedades científicas diferentes agradece la “receptividad” del ministerio y considera “muy positiva la rectificación sobre” la cotización. Sin embargo, añaden: “La mera vuelta a las condiciones del convenio de 2011 no es aceptable”.

También el viernes se reunieron las asociaciones con el equipo ministerial, entre ellas la plataforma Antiguos Becarios de Investigación y Docencia (ABID). Alejandra Gámez Abascal, portavoz de la plataforma y presente en las reuniones con el ministerio, confiaba este lunes por la mañana en que después de la mesa de diálogo social de hoy se tomen nuevas decisiones para “acabar con este agravio”, aunque temen “mensajes triunfalistas”.

Martínez Ruiz considera que el Ministerio no busca “una solución específica para la investigación”. “No sé hasta qué punto las reuniones han servido para el diálogo”, ha lamentado porque, aunque “agradece la rectificación”, afirma que “si la ministra asocia volver a 2011 como algo reparador, no lo es”. La asociación que representa había trasladado por escrito la propuesta de que se pudiesen recuperar “cinco años por cada beca realizada”, en lugar de en total. Una reivindicación que han traslado los sindicatos y otras organizaciones. Gámez indica que la media de años perdidos para la jubilación de la mayoría de los investigadores es de 8.

El representante del Consejo General de Colegios Oficiales de Biólogos y presente en las negociaciones, Francisco J. del Castillo, aplaude que el Ministerio haya tomado la decisión de rectificar y reconoce que estos cambios “se aproximan” a lo que piden en parte, aunque insiste en su rechazo a que se pague la parte correspondiente al empleador. “Vamos a intentar hacer entender que se debería bonificar en parte esa cuota”, ha explicado a elDiario.es

Aunque no hay una estimación de cuántas personas se podrán acoger a esta fórmula, que tanto el gobierno como los sindicatos califican de nuevo “derecho”, la referencia está en 2011. Aquel año pudieron añadir al cómputo de su jubilación tiempo trabajado pero no cotizado unas 25.000 personas.