Desagües atrancados, techos apuntalados, desprendimientos por humedades, problemas de climatización, incidencias con las salidas de emergencia o una filtración de 3.000 litros de agua al día. Son algunas de las numerosas incidencias que detalla un demoledor informe de Más Madrid después de su visita al Centro Deportivo Municipal Palomeras, del distrito de Puente de Vallecas, al que ha tenido acceso Somos Madrid.

Las cubiertas de distintos puntos del espacio, desde el rocódromo hasta la sala de caldera o los almacenes, sufren importantes humedades y desprendimientos que comprometen la situación estructural del edificio. La seguridad también se ve mermada por los desperfectos en las puertas automáticas de emergencia de entrada y salida en la zona trasera del edificio, con roturas y bloqueos constantes que empeoran debido a su uso continuo.

Las incidencias del recinto inaugurado en 1994, numerosas y variadas, afectan a distintas funcionalidades. Por ejemplo, solo está operativa una de las cinco unidades de tratamiento del aire (UTAS), lo que imposibilita que en el interior del edificio se mantenga una temperatura adecuada. Hay también problemas en los desagües de los vestuarios de la piscina de invierno destinados a los usuarios, atascos en los inodoros del de personal o inundaciones en el adaptado para personas con problemas de movilidad, debido a que la ducha no tiene la pendiente adecuada.

El deterioro del pavimento en las pistas de fútbol sala, las roturas de losas en la cubierta exterior o la importante fuga de agua en el anillo de riego completan un panorama que Más Madrid define como “un escándalo que el PP no puede seguir ignorando”.

Son palabras de Mar Barberán, portavoz del principal partido de la oposición en la Comisión de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda, en declaraciones a Somos Madrid. Habla de “un riesgo sanitario real” por los fallos de drenaje y lamenta que haya “gradas clausuradas por peligro de derrumbe”, así como “techos que literalmente se caen a cachos”. “Esto no es dejadez. Es el retrato fiel de lo que el PP entiende por política deportiva en los barrios del sur y del este de Madrid. Una política negligente y de desidia”, critica la concejala.

El Ayuntamiento admite que “no se ha iniciado la tramitación” de la reforma

Otro informe, en este caso uno de carácter municipal que sirve de contestación a una petición de información elevada por la concejala de Más Madrid Olga Martínez, expone el estado en el que se encuentra el procedimiento de la futura remodelación del polideportivo (uno de los proyectos ganadores en la última edición de la consulta ciudadana para la elaboración de los presupuestos participativos). El resumen es que está en una fase embrionaria: “No se ha iniciado aún tramitación del citado proyecto dado que nos han informado desde la Subdirección General de Participación Ciudadana e Innovación que se llevará a cabo con cargo a los presupuestos del 2027”, recoge el escrito.

Así, la mera redacción del proyecto deberá esperar “a principios de ese año”. “Se estima la adjudicación del contrato basado sobre junio [del 2027] y sobre la ejecución de las actuaciones se estima a principios de julio una vez acabada la temporada de futbol”, señala la respuesta del equipo municipal.

El escrito puntualiza que “el presupuesto participativo estimado en 2,45 millones se va a realizar mediante dos proyectos”. “Uno desde la Junta de Puente de Vallecas con un importe que se adjudicará de 0,95 millones para la sustitución de césped artificial y otras mejoras. Otro desde el área de Gobierno de Obras y Equipamientos para la remodelación de las gradas con importe de 1,5 millones”, desgrana el documento.

Desde el área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento, así como desde el departamento de Deportes, no aclaran por el momento los motivos de esta degradación en la instalación o si estudian ejecutar mejoras antes de los trabajos previstos a partir de 2027. Remiten a la discusión del tema en la Comisión municipal de Cultura, Turismo y Deporte que se celebra este martes 21 de abril. Tampoco aportan más datos desde la Junta Municipal de Puente de Vallecas. En la citada Comisión, Sonia Cea (concejala delegada de Deportes) ha reivindicado el gasto de “más de 15 millones de euros en el mantenimiento de este centro” y ha acusado a Más Madrid de dejar Vallecas “abandonado” durante el mandato de Manuela Carmena.

Los vallecanos pagan sus impuestos igual que cualquier vecino del centro de la ciudad y tienen derecho a instalaciones dignas, seguras y en pleno funcionamiento. Lo mismo que el personal que trabaja en la instalación, cuyas condiciones son precarias

Mar Barberán — Portavoz de Más Madrid en la Comisión municipal de Obras, Equipamientos y Políticas de Vivienda

Mar Barberán repasa en cambio las cuentas pendientes del Ejecutivo de José Luis Martínez-Almeida con la dotación para concluir que “Vallecas no puede seguir siendo el barrio al que siempre le toca esperar”: “Durante los siete años de Gobierno de Almeida, solo se han ejecutado obras de mantenimiento en 2019 y la cantidad destinada ha sido tan irrisoria que no alcanza ni para arreglar las rejillas de las duchas. Lo más grave es que ni siquiera han sido capaces de ejecutar un presupuesto participativo aprobado por los propios vecinos y vecinas de Palomeras, que destinaba 2,5 millones de euros a mejoras urgentes. Ese dinero, votado democráticamente, jamás ha aparecido por la instalación. Mientras tanto, se pierden 3.000 litros de agua al día por una fuga sin reparar”.

“Los vallecanos y vallecanas pagan sus impuestos igual que cualquier vecino del centro de la ciudad y tienen derecho a instalaciones deportivas dignas, seguras y en pleno funcionamiento. Lo mismo que el personal que trabaja en la instalación, cuyas condiciones son precarias”, recuerda la edil.

Barberán contrapone estas afecciones en servicios municipales con la predisposición del equipo de Almeida a que Madrid albergue grandes acontecimientos deportivos con un fuerte componente de mercadotecnia: “Mientras Almeida apuesta por la privatización del deporte y los grandes eventos de escaparate, deja que los polideportivos de los barrios del sur y el este se pudran. Le exigimos que actúe de forma inmediata y que invierta lo que haga falta en el Centro Deportivo Municipal de Palomeras para garantizar una gestión de mantenimiento eficaz y continua, porque la situación ya es insostenible”.

Además de las dotaciones que requieren una intervención urgente, el recinto presenta desperfectos de menor calado como la rotura de azulejos y cristaleras, goteras, tomas de luz colocadas en zonas de tránsito o hasta una caja fuerte de la taquilla que permanece en desuso a la espera de ser desmontada y retirada. Un cúmulo de incidencias que, salvo una actuación urgente por el momento no prevista, continuarán durante al menos un año más hasta el inicio de su paulatina resolución.

La izquierda alternativa intenta marcar perfil propio ante las próximas elecciones autonómicas en Andalucía y en mitad de su proceso de recomposición, amenazado por la estrategia de la Moncloa de absorber apoyos por su izquierda. Este domingo, apenas un día después de la cumbre que reunió en Barcelona al presidente Pedro Sánchez con más de una veintena de mandatarios progresistas europeos, americanos y africanos, IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar han celebrado en Sevilla el segundo acto del proceso de relanzamiento de Sumar. Y ese encuentro, además de muy marcado por la precampaña electoral andaluza, también ha estado trufado de alusiones a un PSOE al que el candidato de la coalición Por Andalucía y líder de IU, Antonio Maíllo, ha tildado de “progre en campaña” y “tembloroso el resto del tiempo”.

El acto de este domingo en Sevilla es imposible de desligar del que se celebró el sábado en Barcelona, en el que no solo participaron referentes socialdemócratas como el propio Pedro Sánchez, sino también dirigentes a su izquierda que, tradicionalmente, han sido cercanos al espacio en el que se ubican los partidos de Sumar, como Lula da Silva (Brasil), Gustavo Petro (Colombia) o el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Ese acercamiento de Sánchez a líderes progresistas de todo el mundo supone un riesgo para IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar, puesto que podría achicarles un espacio del que no están demasiado sobrados. Y su respuesta este domingo fue elevar el tono ante un PSOE al que deslizaron varias críticas y a quien exigieron pasar de “las musas” en campaña electoral “al teatro” en su acción de Gobierno.

Quien se expresó en esos términos fue el propio Antonio Maíllo, que llamó a dar la vuelta a las encuestas haciendo “en mayo de 2026 un julio de 2023” y aseguró que “ha cambiado el estado de ánimo” en la izquierda a raíz del proceso de reconfiguración de la alianza de los partidos hasta ahora encuadrados en Sumar. Ahora “vamos ganando debates públicos”, porque “¿quién iba a pensar que en un gobierno en el que no estuviéramos nosotros hubiera el debate de vivienda que hay?”, se preguntó Maíllo, que sin embargo dio irónicamente al PSOE la “bienvenida al club” de quienes quieren “intervenir en el mercado” del alquiler.

“Parece que algunos empiezan a decirlo, pero vamos a pasar de las musas al teatro”, exigió el candidato de Por Andalucía y líder de IU, que espetó que “está muy bien decir en un foro de Barcelona que vamos a intervenir en el mercado, pero si después te peleas con [el ministro de Derechos Sociales, Pablo] Bustinduy porque dice que va a hacerlo, eso no vale”. Maíllo centró sus críticas en el PSOE nacional y evitó cargar contra la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero, y en contraposición a esta supuesta inacción de la Moncloa aseguró que los ministros de Sumar son un “orgullo” para Andalucía.

El candidato de Por Andalucía y líder de IU dio particularmente las “gracias” a Bustinduy por “dejarse la piel para que se ratifique un decreto de vivienda que favorece a 366.000 andaluces y andaluzas” que pueden prorrogar sus alquileres al mismo precio. Y eso le sirvió para dirigirse directamente al presidente de la Junta, el popular Juanma Moreno Bonilla, para exigirle que tenga “sentido común” y ordene a los “25 diputados del PP andaluz” en el Congreso que convaliden el texto cuando se vote dentro de unas semanas. “¿Qué vas a hacer, Moreno Bonilla? ¿También te vas poner de perfil?”, espetó Maíllo.

Igualmente, Bustinduy señaló directamente a PP y Vox para preguntarles “qué van a votar” a ese decreto, y preguntó a Moreno Bonilla “qué le va a decir” a esos “360.000 andaluces” que pueden beneficiarse ahora mismo de la prórroga de los alquileres. “Yo le digo al señor Moreno Bonilla que alguien que quiere su tierra no vota para echar a la gente de su casa, que alguien que quiere su tierra no desmantela los servicios públicos, que alguien que quiere su tierra no permite que la sanidad o la educación sean un privilegio para quien se lo pueda pagar, que alguien que quiere su tierra la defiende”, aseveró.

“Las ideas progresistas no han salido de Ferraz”

Al igual que Maíllo, el resto de los intervinientes en el acto también elevaron el tono contra un PSOE al que, por ejemplo, la líder de Más Madrid y ministra de Sanidad, Mónica García, definió como “socialdemocracia lánguida”. “Estamos orgullosos y orgullosas de ser quienes agitamos el gobierno frente a una socialdemocracia que no tenía más respuesta que una versión soft del neoliberalismo, estamos orgullosos y orgullosas de que las ideas progresistas sean ahora las que alumbren el mundo”, proclamó García, que sostuvo que esas ideas “no han salido de Ferraz”, sino “de la izquierda transformadora que lleva años y años luchando, impulsando y agitando”.

En la misma línea, aunque de manera menos explícita, Bustinduy también reivindicó la acción de los partidos encuadrados en Sumar dentro del Gobierno para presionar al PSOE. “España es la voz de la justicia, de la cordura y de la decencia en este mundo en llamas” y eso “no es una concesión ni una ocurrencia de nadie”, sino “el resultado de la lucha de la gente en la calle y del trabajo de la izquierda dentro y fuera” del Consejo de Ministros, aseguró el ministro de Derechos Sociales, que sostuvo que “si España es el único país que ha aprobado una ley de embargo contra el Estado genocida de Israel es porque el pueblo en la calle ha gritado mil veces que viva Palestina libre” y porque Sumar “lo ha peleado hasta conseguirlo”.

“Si España es el único país que ha rechazado la locura de disparar el gasto militar hasta el 5% que exigía la OTAN es porque es la calle quien dijo no a la guerra y porque la izquierda ha peleado con uñas y dientes, como lleváis peleando décadas contra las guerras ilegales y las bases extranjeras en esta tierra”, defendió igualmente Bustinduy. El dirigente, además, aseguró que políticas como “la primera reforma laboral a favor de los trabajadores y no de la patronal”, la subida de las pensiones o el salario mínimo, el ingreso mínimo vital o el aumento de los permisos de maternidad y paternidad responden a que “la gente se organiza para exigir sus derechos y la izquierda pelea hasta conseguirlo”.

Al tratarse de un acto del proceso de recomposición de la alianza de IU, Más Madrid, Catalunya en Comú y Movimiento Sumar, ningún dirigente de Podemos participó del mismo. Pese a que el mitin estuvo muy marcado por la precampaña de las elecciones andaluzas del 17 de mayo y a pesar de que el protagonista del mismo fue Maíllo, candidato de una coalición —Por Andalucía— en la que los morados se han integrado a última hora, la formación que lidera Ione Belarra sigue teniendo enormes reticencias a tender puentes con el resto de formaciones a la izquierda del PSOE a escala estatal.

“Una cuestión de buen gobierno corporativo que entiendo que no gusta a Más Madrid”. Así ha justificado el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, las dietas de 612,85 euros por asistencia a cada reunión de los miembros de los consejos de administración de cinco empresas municipales (y 525 euros en otros cuatro organismos autónomos).

El mismo día en el que el órgano de gestión de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) vota elevar la cuestión para su aprobación a la Junta de Gobierno, el regidor ha comparecido ante los medios precisamente en la rueda de prensa posterior a dicha Junta. Sin aclarar si los nuevos pagos han sido ya validados, Almeida ha defendido la medida por su utlidad, dice, para “atraer perfiles independientes” y que “los consejos de administración no sean lugares de colocación”. Precisamente en el de EMVS ocupa el cargo de consejera delegada su exjefa de Gabinete, Ana de Miguel.

El alcalde ha centrado su respuesta a las preguntas de Somos Madrid en atacar al principal partido de la oposición: “Más Madrid dice una cosa en público y otra en privado. En alguna sociedad ha votado a favor”, ha espetado ante las críticas de la concejala Lucía Lois, representante de la formación en el consejo de EMVS.

Almeida ha asegurado que “Sumar se abstuvo cuando se votó lo mismo en Casa 47 [la nueva empresa pública de vivienda]”. Anima a Lois a “dar su opinión sobre la legitimidad” de ese caso, después de que la edil trasladase este miércoles su rechazo a las diestas de EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

El líder del Ejecutivo de Cibeles ha recurrido también al pago de este tipo de retribuciones en organismos estatales: “Es una homologación con el Gobierno de España, con la diferencia de que las municipales son un 50% inferiores”. Desde el área de Hacienda del Consistorio subrayan que esta novedad “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

Esas mismas fuentes aclararon a este periódico las nueve entidades que incorporarán estas dietas, aplicables incluso por la participación telemática en las reuniones: “Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”. Recuerdan que, salvo rechazo expreso de los beneficiarios (posibilidad que Almeida ha planteado a Lois en la rueda de prensa), incluye a “todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios)”.

En el caso de EMVS, según la proposición sometida a votación este jueves a la que tuvo acceso este diario, el coste de las indemnizaciones será de hasta 107.861,60 euros este 2026. El consejo plantea además aumentar su número máximo de componentes de nueve a 15, lo que implicará un dispendio más elevado.

El consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid (EMVS), organismo dependiente del Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, propone este jueves 16 de abril incorporar una dieta de 612,85 euros por la asistencia de sus miembros a sus reuniones, aunque sean telemáticas. Pese a la oposición de los representantes de Más Madrid y PSOE, la mayoría absoluta de la derecha apunta a que la medida será aprobada y elevada a la Junta de Gobierno Municipal, controlada a su vez por el equipo de Almeida.

El Consistorio destinará más de 100.000 euros solo este año para esta nueva dieta en EMVS. Pero no será el único consejo de entidades municipales en introducir estos pagos con un gasto similar: el viernes lo vota Calle 30, responsable de la gestión de la M-30 inmiscuida en recientes nombramientos polémicos. Ya han sido validados en el de Madrid Destino y en el de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). En total, la bonificación llegará a los integrantes de hasta nueve consejos de administración de organismos o compañías municipales, según reconocen fuentes del área municipal de Economía y Hacienda a este periódico.

“Es una medida que afecta a todos los miembros del consejo de administración (concejales de Gobierno y oposición, cargos directivos, sindicatos y funcionarios). La retribución establecida será de 612 euros por asistencia en las Empresas públicas y 525 en los organismos autónomos. Las empresas afectadas son EMT, EMVS, Madrid Calle 30 y la EMSFCM. Los organismos autónomos IAM, Madrid Salud, ATM, AE y Agencia de Actividades”, desgranan desde Hacienda.

“La medida, que ha sido informada a todos los grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid, trata de compensar la asunción de una serie de responsabilidades, profesionalizar unas funciones específicas de los consejeros en estos órganos de gobierno clave y mejorar la formación de sus componentes”, argumentan en el Consistorio. Sostienen además que el Ejecutivo de Almeida “ha replicado la legislación del Estado, donde ya se viene haciendo oscilando en su caso entre 1.189 y 623 euros, dependiendo de la categoría del consejo”.

“Serán las empresas y los organismos autónomos los que propongan la composición de estos consejos, que posteriormente se elevarán a la Junta de Gobierno para su aprobación”, confirman en el área de Hacienda, al tiempo que apostillan que “cada persona solo podrá cobrar por asistir a un máximo de dos consejos de administración”.

El caso de EMVS

Analizar el organigrama y el funcionamiento del consejo de administración de EMVS Madrid sirve para ejemplificar el tipo de perfiles que se beneficiarán de esta novedad, así como la forma en la que se aplicará. De acuerdo a los estatutos de la compañía municipal, el Consejo de Administración es “el órgano de administración, dirección, gestión y representación de la Sociedad”. Se reúne en los días que acuerde y siempre que lo disponga su presidente o lo soliciten, al menos, un tercio de sus integrantes.

El Partido Popular domina el consejo de administración de EMVS con seis de los nueve miembros, gracias a que las designaciones las lleva a cabo la propia Junta de Gobierno. Desde el partido ostentan además la presidencia, vicepresidencia y el puesto de consejera delegada. Vox cuenta a su vez con otro componente. La aritmética es similar en el resto de compañías y organismos municipales donde se abonarán estas dietas.

De este modo, solo un cambio de posición de última hora evitaría que prospere la proposición que será sometida a votación en la reunión del consejo de EMVS este jueves, a la que ha tenido acceso Somos Madrid. En ella, evidencian su objetivo de “poder llevar a cabo la aplicación de las indemnizaciones por asistencias”, para lo cual “es necesario que el consejo de administración eleve una propuesta a la Junta General de la Empresa”. Este último organismo se encuentra asimilado en la práctica por la Junta de Gobierno municipal que lidera el propio Almeida.

La instancia del consejo de EMVS a la Junta recoge en concreto que “los consejeros percibirán 612,85 euros brutos como indemnización por asistencia a los consejos de administración de la sociedad, de acuerdo con la cuantía aprobada por el pleno del Ayuntamiento de Madrid a tal efecto”. Apunta el escrito que la cantidad “se actualizará de acuerdo con lo que se establezca por acuerdo del pleno”. “Previendo la realización de un máximo de 11 consejos de administración al año, la cantidad máxima que por dicho concepto se autoriza a la sociedad para 2026 es de 107.861,60 euros”, detalla.

Según dichos estatutos, corresponde a la Junta de Gobierno “fijar la retribución e indemnizaciones de los asistentes al Consejo de Administración”. Y, más importante si cabe, “modificar los estatutos sociales”. Un apartado clave, ya que en su artículo 26 estos establecen lo siguiente: “Los miembros del Consejo de Administración, que no ostenten la condición de concejal con dedicación exclusiva o parcial, consejero delegado de Gobierno o la de personal directivo, percibirán por asistencia a sus sesiones una indemnización por el importe que determine la Junta General de la Sociedad. Fuera de ese supuesto previsto, el cargo de administrador será gratuito”. Por ello, la introducción de esta nueva dieta de 612 euros requiere cambiar los estatutos, como recoge la propuesta de la votación del jueves.

Una segunda proposición que se vota también este jueves aboga asimismo por aumentar el número máximo de integrantes del consejo, instando a la Junta de Gobierno a modificar los estatutos para elevar su tope de nueve (los que tiene actualmente) a quince miembros. En caso de aprobarse, el dispendio municipal en estas indemnizaciones por acudir a las reuniones se elevaría. Todo ello mientras matizan que las retribuciones son independientes a la necesidad o no de desplazarse: “El derecho a la percepción de estas indemnizaciones por asistencia será independiente de si la reunión del consejo se produzca de forma presencial o telemática”.

Seis de los nueve miembros actuales del consejo de EMVS son ediles con dedicación exclusiva, cinco de ellos con retribuciones anuales por encima de los 100.000 euros brutos (todos del PP): el delegado del área de Políticas de Vivienda y presidente de EMVS (así como del propio consejo), Álvaro González López; la delegada de Obras, Paloma García Romero (vicepresidenta); la concejala del distrito de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva; el edil presidente de Vicálvaro, Ángel Ramos y el concejal de Latina, Alberto González. El socialista Pedro Barrero, último miembro del consejo con dedicación exclusiva, percibe 66.000 euros brutos anuales.

Completan el organigrama la edil de Más Madrid Lucía Lois, con dedicación parcial al 85%; la concejala de Vox Arantxa Cabello (que declaró en 2025 algo más de 20.000 euros anuales de retribución municipal en concepto de asistencia a órganos colegiados) y la consejera delegada Ana de Miguel, la única componente que no ejerce de edil en Cibeles.

De Miguel es, eso sí, una vieja conocida del poder político madrileño. Fue directora de gabinete de Almeida en sus primeros tres años como regidor y a continuación ocupó el cargo de directora general de Relaciones Institucionales y Proyectos Estratégicos hasta 2025, año en el que declaró unos ingresos por encima de los 100.000 euros brutos y en el que sustituyó en el puesto de consejera delegada de EMVS a Diego Lozano. Un curioso intercambio de cromos, ya que Lozano pasó a convertirse a su vez en director de gabinete del alcalde.

Lois aclara por su parte la oposición a esta y el resto de bonificaciones que prevé el equipo de Almeida: “Desde Más Madrid vamos a votar en contra de la indemnización por asistencia a los consejos porque no lo vemos necesario”. Cuestiona especialmente que se aplique en EMVS “en el contexto de emergencia habitacional que vive Madrid, donde miles de familias no pueden acceder a una vivienda digna y el precio del alquiler sigue disparado”.

“Consideramos que el destino de los recursos públicos debe ser la prioridad para abordar este enorme problema. EMVS tiene un propósito muy claro, aunque al Gobierno de Almeida se le olvida: garantizar el acceso a la vivienda de las personas más vulnerables”, clama la edil. “Los esfuerzos deben centrarse en más presupuesto para ampliar el parque de vivienda pública y reforzar los programas de ayuda al alquiler para quienes menos tienen. Pero está muy claro que al PP esto le interesa más bien poco”, lamenta.

“Almeida está utilizando el suelo público para hacer negocio con la vivienda mientras expulsa a quienes más la necesitan. El modelo de alquiler asequible, en vez de dirigirse a las familias con menos ingresos, va a permitir el acceso a hogares con rentas de hasta 7,5 veces el IPREM, es decir, en torno a 80.000 euros anuales. Eso no es vivienda para rentas bajas”, recuerda como conclusión.

Más Madrid ha instado al Gobierno a garantizar el derecho de acceso a los procedimientos de regularización de las personas migrantes que se encuentran en Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE), que continúan encerrando a personas extranjeras con opciones fundadas para solicitarla, como en los casos de Oussama Moumen, que será expulsado este jueves, el mismo día que entra en vigor del real decreto, y de Omar er-Rahalli. La iniciativa, registrada en el Congreso de los Diputados, pone el foco en posibles disfunciones en la aplicación del nuevo Reglamento de Extranjería.

Según denuncia Más Madrid en el texto registrado por las diputadas Teslem Andala Ubbi y Alda Recas, existirían casos en los que personas con arraigo social, familiar o comunitario acreditado continúen sujetas a procedimientos de expulsión sin poder acceder a los mecanismos de regularización contemplados por el propio Ejecutivo. La iniciativa recoge los casos de Oussama Moumen y Omar er Rahalli, cuya deportaciones son inminentes, pese a contar ambos con informes favorables de entidades sociales y servicios públicos que acreditan su arraigo en España. Desde la formación advierten de que estas situaciones podría suponer una vulneración de principios básicos como la seguridad jurídica, la proporcionalidad y la eficacia administrativa.

En el caso de Oussama Moumen, que se encuentra en el CIE de Zapadores (Valencia), el joven marroquí, de 23 años, pidió asilo in extremis y su retorno fue aplazado, ya que tenía casi “todo preparado” para pedir la regularización extraordinaria. Sin embargo, este miércoles, ha recibido de nuevo el documento que le anuncia su repatriación, programada para este jueves. Los informes sociales a los que ha accedido elDiario.es acreditan su arraigo y la realización de diversos trámites para pedir la regularización extraordinaria. El Ayuntamiento de Vinarós (Castellón) ha emitido un informe favorable que “acredita el esfuerzo de integración del solicitante, buen comportamiento cívico, responsabilidad social”.

Por su parte, Omar er-Rahalli, encerrado en el CIE de Algeciras, lleva cinco años en España y dos de ellos viviendo con su novia española y su familia en Sevilla. Fue encerrado después de ser parado por la policía en un control por perfil étnico cuando estaba en los alrededores de la estación de Santa Justa (Sevilla), donde iba a tomar un autobús a Jerez para solicitar su certificado de empadronamiento actualizado, un trámite que debía cumplir cada dos meses para probar su residencia en España. Nunca llegó a su destino, pues la policía le llevó al calabozo y, posteriormente, al centro de internamiento.

Además, desde Más Madrid, subrayan la necesidad de garantizar que el acceso a la regularización no quede limitado por la situación de privación de libertad en la que se encuentran estas personas dentro de estos centros y reclama al Gobierno que active mecanismos efectivos que permitan a las personas internadas ejercer su derecho a solicitar la regularización, evitando que se ejecuten órdenes de expulsión en situaciones en las que concurran los requisitos legales. E impedir de esta forma que se repitan casos como los de Oussama Moumen y Omar er Rahalli.

Más Madrid también solicita al Gobierno medidas de supervisión y coordinación entre administraciones para impedir que estos casos queden fuera del marco de protección previsto en la normativa. Asimismo, le pide al Ejecutivo reforzar la transparencia institucional para conocer el número de personas extranjeras que se encuentran actualmente en los CIE o en centros penitenciarios ordinarios para poder evaluar así el alcance real de esta problemática.

Rita Maestre volvía el pasado enero a la primera línea política después de su baja por maternidad con un potente lema: “Te están robando Madrid”. El papel de los fondos buitre en el encarecimiento de la vivienda, la merma de los servicios públicos o la desaparición de la identidad de los barrios protagonizaban una campaña que abordaba asimismo el papel del alcalde José Luis Martínez-Almeida y la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, en dichas problemáticas. Ahora, su formación política retoma su consigna y la precampaña electoral para desmontar uno de los principales argumentarios de la derecha y la ultraderecha.

En un vídeo compartido en sus redes sociales, la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital arremete contra la teoría del gran reemplazo. “Un mito que alienta la extrema derecha y la derecha, discípulas de Trump y los suyos, para que culpabilicemos a nuestros vecinos y vecinas migrantes de ese malestar urbano”, expone Maestre. 

Pero estas publicaciones no se limitan a cuestionar la consigna, sino que desde la formación la reapropian para apuntar en otra dirección: “Abre los ojos y mira hacia arriba. Las personas que te están robando Madrid no van contigo en el Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú. Te roba Madrid quien te sube el alquiler, engorda las listas de espera de la sanidad pública a costa de tu salud y quien permite que todo esto pase mientras te dice que tienes que odiar al inmigrante”.

Los vídeos que el partido ha publicado en redes se acercan a la ciudad a través de una especie de mirilla que comienza apuntando a puntos cotidianos de la capital: un paso de cebra, un bazar, un kiosco, el campo de fútbol de un polideportivo municipal o un parque. Luego la redirigen a espacios menos accesibles para el conjunto de la población, lugares que parecen completar el paisaje urbano como si nada, pero que son auténtico centros de poder. Las Cuatro Torres del paseo de la Castellana, las Torres de Colón o las sedes de algunas inmobiliarias son algunos ejemplos.

Maestre recopila algunos de los lugares comunes del discurso reaccionario: “Hay demasiados chinos”, “hay demasiados marroquís”, “hay demasiados ecuatorianos”. “Seguro que en los últimos meses has oído a alguien cercano hablar así. Alguien que nunca esperarías”, señala la concejala. Luego se pregunta de dónde proceden estas proclamas: “¿Quizá lo oyó en un programa de televisión? ¿O tal vez fueron los bulos de un canal de Telegram sobre Torre Pacheco?”.

“Demasiados suele ser el camino fácil de la ultraderecha”, avisa Maestre. “Es horar de abrir los ojos y mirar hacia arriba. Quien te roba Madrid está tan alto que casi no lo ves. Son personas que no van contigo en Metro, ni compran en las mismas tiendas que tú y nunca vivirán en un barrio saturado de Airbnbns. Son ellos, desde bien arriba, los que te están robando Madrid mientras te dicen que odies al inmigrante”.

La edil concluye su intervención arremetiendo contra la teoría del gran reemplazo y su empleo por parte de políticos como Santiago Abascal o Carlos Hernández Quero: “La próxima vez que lo oigas hazte la pregunta de quiénes son en realidad demasiados”.

Arganzuela se mueve para reivindicar, desde lo festivo, el fin de los “macroeventos” privados que provocan clausuras temporales en uno de sus grandes pulmones verdes: el parque Enrique Tierno Galvan. Una decena de entidades se han unido a la asamblea de Más Madrid en el distrito para impulsar una jornada vecinal que clama por el disfrute público del espacio.

Después de varias protestas, esta vez expondrán su reclamación haciendo precisamente aquello que no quieren ver afectado por iniciativas empresariales. Así, desde la organización de la cita Somos el parque invitan a disfrutar del entorno el próximo sábado 11 de abril, desde las 11.00 y hasta pasadas las 14.00.

Lo harán con diversas actividades “a una escala sostenible y huyendo de los macroeventos”. Acciones más modestas que ya se celebran en el parque por iniciativas individuales o vecinales y que podrían generalizarse “si el Ayuntamiento llevara a cabo una gestión diferente, apoyando el uso por las vecinas en vez de contribuir a la eventización y gentrificación de nuestros parques y barrios”, explican en una nota de prensa remitida a Somos Arganzuela.

La oferta lúdica es de lo más variada: salsódromo, entrenamientos deportivos, plantación de semillas, un taller de sellos, una estación de pluriactividades teatralizadas para familias y hasta un espacio de reparación de electrodomésticos. Todo ello seguido un pícnic en el que intercambiar experiencias e ideas sobre el Tierno Galván, característico entorno sede del Planetario de Madrid o de un imponente anfiteatro.

Además de Más Madrid, el proyecto Somos el parque ha sido respaldado por agrupaciones como La Parcería, Huerto Vergel Esperanza, Running Park Madrid, la librería La Mandolina, Asociación Residui Teatro o Repair Café. “En Arganzuela vemos cada vez más el Tierno Galván, y en especial la zona del anfiteatro, cerrado al vecindario por uno u otro evento privado que nos impide disfrutar de un bien público que nos es tan querido: pasear al perro, hacer ejercicio, disfrutar de la naturaleza, caminar o hacer una actividad colectiva como celebrar un pícnic, entregar nuestros cuerpos al baile”, lamentan todas ellas.

Proponen como alternativa “una jornada para reivindicar el uso y disfrute del espacio público, para que el Parque sea de acceso abierto y gratuito”. Un día “para decir NO a los grandes eventos privados que Almeida permite en este parque, y que provocan el deterioro de este entorno natural”. Por ello, llaman a “descubrir el parque que queremos los vecinos y vecinas de Arganzuela”.

Una de estas actividades que reclaman recuperar para quienes habitan los barrios, la zumba, protagonizó una sonora polémica en el verano de 2023. Cuando los conciertos y otros macroeventos privados ya habían llegado al anfiteatro, la Policía Municipal impidió a un grupo de personas completar una clase alegando que los altavoces molestaban a los vecinos. “En esta misma localización se han organizado conciertos de rock por los que seguramente han pagado una millonada”, recordó uno de los afectados en conversación con este medio.

El inminente regreso de los festivales privados

Los vecinos pudieron celebrar hace meses una victoria, gracias a que Naturaleza Encendida anunció su intención de abandonar Madrid y dejar de ocupar con ello el anfiteatro con un espectáculo lumínico. Pero es solo un triunfo parcial, ya que en junio regresa la temporada de festivales de música con la primera edición del certamen La Carbonería de Galván. Del 24 de junio al 8 de julio, el recinto contará además con una propuesta gastronómica pensada para acompañar la experiencia musical, permitiendo que el público pueda “recorrer el espacio, disfrutar del entorno y vivir la noche a su ritmo”, con el objetivo de consolidarse como una de las citas culturales del verano madrileño. Las entradas, que ya se encuentran a la venta, tienen un precio que ronda los 45 euros de media.

Todo ello en un contexto de hostilidad entre los vecinos del barrio de Delicias y el Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida. “Es la primera noticia que tenemos de festivales previstos para este verano”, aseguraba Manuel Díaz, presidente de la Asociación Delicias para Tod@s, en conversación con  este diario. Hasta ese momento solo sospechaban que los habría, pero todavía guardaban la esperanza de que este 2026 no volvieran.

El aterrizaje de un nuevo festival no gustó entre los vecinos, que actualmente tienen un procedimiento judicial abierto con el Consistorio. “Todavía no tenemos sentencia, pero es cierto que, aunque no hay una resolución definitiva, el caso del Espacio Delicias y el escrito del Defensor del Pueblo nos son en parte favorables en relación con el recurso sobre el uso del Tierno Galván”, señalaba el presidente de la asociación vecinal a preguntas de este medio. Batallas en la calle y los tribunales que ahora conjugan con la vindicación festiva de un lugar que reclaman como abierto y comunitario.

EH Bildu celebrará este domingo en Pamplona, un año más, su Aberri Eguna o día de la patria vasca. Con el PNV en Bilbao, la izquierda abertzale tendrá como acto central una manifestación por las calles de la capital navarra y un acto político en el que intervendrá el secretario general de la formación, Arnaldo Otegi. La coalición reivindicará en esta cita “la república vasca” así como el “no a la guerra” y “la soberanía de los pueblos”. Por este motivo, una cubana y un palestino serán quienes encabecen la manifestación.

La movilización, que partirá de los cines Golem a las 12.00 del mediodía y el posterior acto político que se celebrará una vez finalizada la marcha en el parque de la Taconera, con la intervención de Otegi, serán los principales actos del día. Una vez finalizado el acto político habrá actos culturales y musicales para todos los públicos y edades en diferentes lugares de la ciudad, informa Europa Press.

Diferentes fuerzas políticas acompañarán a EH Bildu este domingo. Participarán en la manifestación y en los actos posteriores de la jornada representantes de ERC, Compromís, BNG, CUP, Més Per Mallorca, Més Per Menorca, Comunistes de Catalunya, Catalunya en Comú, Adelante Andalucía y Más Madrid. En una nota de prensa, EH Bildu ha destacado que el Aberri Eguna de este año “servirá para que miles de vascos y vascas” reivindiquen “la soberanía vasca y la república vasca que desean construir”.

Los vecinos de Puente de Vallecas vuelven a la carga contra el scalextric que actúa como frontera artificial del distrito desde 1976. Cuando se cumplen 50 años de su instalación, y después de que el resto de infraestructuras de estas características en Madrid hayan desaparecido o quedado en desuso, el colectivo Vallekas Sostenible reclama en un informe su eliminación, con testimonios vecinales que dan cuenta de las distintas afectaciones que genera en el día a día de los barrios.

Todo ello cuando han pasado ya cinco años sin novedades desde que el pleno de la Junta de Puente de Vallecas acordara por unanimidad, incluídos los votos del Partido Popular, respaldar el desmontaje. El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida solo habla de un “proyecto novedoso” que anunciará antes del verano. Desde el área de Obras y Equipamientos, en declaraciones a Somos Madrid, inciden en que “se está trabajando” en ello sin especificar más datos. La oposición ha rescatado el asunto en numerosas ocasiones (sin ir más lejos el pleno del pasado 24 de marzo). Así, Más Madrid ha venido exigiendo de forma reiterada el desmantelamiento en una comisión de seguimiento y critica la “falta de consideración de las propuestas”, elevadas a la subdirección general de Planificación de Movilidad y Transportes.

Mientras, en Vallekas Sostenible exigen la eliminación de lo que definen como un “peligro para la salud”. Así lo describe Mercedes, vecina del barrio de San Diego que lamenta la calidad del aire en un espacio por el que pasan más de 200.000 vehículos al día. Cuenta que, al vivir en una calle cercana, se han agravado su rinosinusitis y sus enfermedades oculares. “Aumenta el riesgo de trastornos cardiovasculares y del sueño por el ruido constante”, recalca, una contaminación acústica que supera los límites recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Ángel, otro residente de San Diego, subraya estos efectos: “Durante los primeros meses, el ruido del tráfico me impedía dormir. Las ruedas de los coches al pasar sobre la estructura generan un sonido continuo y molesto, especialmente por la noche. Aunque me he acostumbrado y ahora puedo dormir, me preocupa el impacto a largo plazo”.

Carlos, que vive en la zona de Doña Carlota (en el barrio de Numancia), debe dar un importante rodeo para llegar al polideportivo más cercano a su domicilio, situado en el barrio de Adelfas de Retiro. Aunque solo está a 300 metros en línea recta, el scalextric se interpone como un obstáculo insalvable. Además, crea un “itinerario muy hostil”: “Tenemos que atravesar una vieja pasarela y una estrecha acera paralela a la A-3, sorteando las distintas conexiones entre la autovía y la M-30. Por las noches, la falta de iluminación y los ángulos muertos de la pasarela hacen que resulte inseguro. Y en verano, la falta de sombras en la zona del puente, convierten este paso en una carrera en el desierto. Las alternativas en bici o bus son todavía peores porque las paradas están a más de un kilómetro de esta zona. A pesar de la cercanía de Numancia y Adelfas, vivimos de espaldas el uno del otro, aislados por el scalextric”.

Punto negro de accidentes con efecto en la calidad del transporte y el disfrute de zonas verdes

Rosa, de San Diego, recalca la incidencia del enclave en la gran siniestralidad de la zona: “Puente de Vallecas es el distrito de Madrid con más atropellos a peatones en los últimos años y el cruce con el scalextric, el punto negro”. Una inseguridad que frustra a los vecinos: “La movilidad peatonal parece no importar, como si solo se pensara en los coches. Es increíble que, en una ciudad como Madrid, nos dejen tan desconectados. Ya no se trata solo de comodidad, sino de seguridad. Caminar por esta zona de noche es desalentador y muchas veces prefiero no hacerlo”.

Para rizar el rizo, estas circunstancias merman también la eficiencia y eficacia del transporte público, como relata Rubén: “Los atascos producidos por los vehículos privados son el principal motivo de la baja velocidad comercial del autobús en nuestro barrio [Portazgo]. Los buses enfrentan un gran problema, especialmente aquellos que circulan por la parte baja de la avenida de la Albufera. El intenso tráfico de vehículos, mayormente causado por las maniobras de incorporación y salida de la M-30 e inducido por el scalextric, afecta la competitividad del transporte público en superficie”.

Mantener la infraestructura es apostar igualmente por un modelo de ciudad que arrincona las zonas verdes en Puente de Vallecas. Blanka, de Numancia, lo expone desde su experiencia como madre: “Sabía que nuestro barrio tenía pocas zonas verdes, pero hasta que no fui madre no lo probé en mi piel. Desde hace cuatro años busco y rebusco áreas en las que mi hija pueda jugar sin ruidos, sin olor a tubos de escape y que tenga sombra en las épocas más calurosas del año. Evidentemente casi todas las áreas infantiles que tocan el scalextric quedan descartadas, porque el ruido es tremendo y el olor horroroso”.

Como detallan desde Vallekas Sostenible, solo el 36% de las calles de Numancia tienen arbolado, al tiempo que un tercio de las muertes atribuibles al calor podrían evitarse si la cobertura arbórea aumentase al 30% del espacio urbano. Manuel, otro vecino de Numancia, baja al terreno del día a día el efecto de islas de calor como la que genera este entorno: “Me preocupa la falta de acondicionamiento de nuestro distrito para paliarlo, pero es que el impacto en las proximidades a la M-30 es sangrante. Esta autopista urbana ha quedado obsoleta y, en verano, se comporta como una plancha de gambas que afecta a más de 200.000 vecinos”. Destaca que los veranos “son cada vez más calurosos en todo Madrid, pero encontramos diferencias de hasta 8 grados entre distritos, condicionados por las decisiones urbanísticas y la falta de arbolado”. Por ello, “los barrios del sureste no solo están entre los más afectados por estas diferencia, sino que además son los más vulnerables a sus graves efectos sobre la salud”.

Un “obstáculo” para la calidad de vida que genera inseguridad

Un último efecto en el día a día de Vallecas está en su efecto en la percepción de la inseguridad. Clara, de San Diego, lo explica desde su experiencia: “El lugar está oscuro, sucio y hay personas viviendo o pasando el rato ahí. No todos son peligrosos, pero alguna vez me ha pasado que hombres me siguen o me hablan, lo cual genera inseguridad. El olor es insoportable y hay mucha basura, ya que algunas personas hacen sus necesidades allí”. Su conclusión es tajante: “De noche, no recomiendo pasar por debajo del puente, especialmente si eres mujer”.

Son algunos de los motivos de un barrio para exigir, una vez más, el fin de una estructura que trastoca y perjudica su rutina. Razones por las que Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático del Ministerio de Sanidad (así como vecino de la zona), reclama su desmantelamiento en un documento compartido desde Vallekas Sostenible: “Para mí, el Puente de Vallecas era simplemente el puente, pero a pesar del enorme simbolismo que tiene para todos los que hemos crecido bajo su sombra, considero que derribar ese puto puente es una de las mejores cosas que nos pueden pasar a los vallecanos y vallecanas. Uno de los principales motivos es nuestra propia salud. Vivir al lado del scalextric nos hace tener peor salud”.

Pero Tejero va más allá y habla de un problema que lo es también de modelo urbano: “La salud no es el único motivo por el cual debemos acabar con el scalextric del Puente de Vallecas, aunque sí es el más importante. Es el último que queda en Madrid, lo que tampoco es casualidad, y un obstáculo para nuestra calidad de vida. Nosotros, los vallecanos y vallecanas, tenemos el mismo derecho a la salud que cualquier otro madrileño. Acabar con el scalextric es un primer paso para conseguirlo”.

El próximo día 19 de abril los partidos de Sumar Más Madrid, Comuns, Movimiento Sumar e Izquierda Unida celebrarán en Sevilla un nuevo encuentro de ‘Un paso al frente’, que continúa al realizado ya en Madrid en febrero. El anuncio se produce a pocos días de que se cierre el plazo para registrar las coaliciones que se presentarán a las elecciones andaluzas del 17 de mayo —algo que ocurrirá el viernes—, y sin haber resuelto la incógnita de si IU y Podemos concurrirán juntos o por separado a esos comicios.

Según han explicado fuentes de los cuatro partidos, la idea es dar “un paso más en la construcción iniciada de una alianza común, compartida y abierta de cara a las próximas elecciones generales, haciendo coincidir además este acto en tiempo y lugar con la precampaña de las elecciones autonómicas de Andalucía, que decidieron convocar hace apenas una semana pero para las que el espacio a la izquierda del PSOE lleva tiempo haciendo precampaña.

En su comunicado conjunto, estos partidos señalan que el lema de su convocatoria sigue siendo ‘Un paso al frente’, el mismo que estas formaciones dan también para apoyar la coalición ‘Por Andalucía’, “la mejor forma de plantar cara a la nefasta gestión llevada a cabo por la derecha de Juanma Moreno Bonilla en ese territorio estos últimos cuatro años y a las intenciones de la extrema derecha de hacer caer al PP una vez más en sus chantajes, como ocurre en otras comunidades a pesar de que el partido de Alberto Núñez Feijóo sigue presumiendo de victorias electorales”.

“Por nuestra parte seguimos así el trabajo emprendido hace meses para tejer un espacio más democrático, sólido y cumplir nuestro empeño de cerrar las puertas a todas aquellas políticas conservadoras que resten derechos a la mayoría social de cualquier territorio y a nivel estatal. Por eso también, volvemos a invitar a que asistan a todas las fuerzas políticas de la izquierda plurinacional y transformadora del Estado. Nuestras manos nunca han dejado de estar tendidas para el diálogo y la cooperación, respetando los tiempos y necesidades de cada organización”, señalan.

Asimismo, los cuatro partidos señalan que “hacer frente a la grave involución que persiguen las fuerzas reaccionarias en derechos tan importantes como sanidad, educación o vivienda requiere del mayor y más amplio esfuerzo posible”. “Por eso, al igual que en el acto de Madrid, queremos volver a sentir la presencia cercana de referentes de la cultura, sindicatos y movimientos sociales, que son la mejor compañía para seguir dando respuestas a las exigencias que nos demanda la sociedad”, concluyen.

El acto fue anunciado a apenas cuatro días de que termine el plazo para registrar coaliciones para presentarse a las elecciones del 17 de mayo, y sin que se haya resuelto la incógnita que ha aparecido por sorpresa en la última semana: la posible confluencia de última hora entre IU y Podemos para concurrir unidos a los comicios. Los morados, tras más de un año rechazándolo, se han abierto ahora a participar de la alianza Por Andalucía incluso si Movimiento Sumar forma parte de ella. No obstante, por el momento IU guarda silencio y no ha respondido a la oferta.

El Consejo de Ministros aprobaba el pasado viernes dos reales decretos-ley para hacer frente al impacto derivado de la guerra en Oriente Medio: uno con el grueso de las medidas fiscales o económicas y otro, ante la presión de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el resto de ministros de Sumar, enfocado en vivienda. Este último texto incluye la congelación durante dos años de todos los alquileres residenciales acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos con independencia de su fecha de firma, sin que venzan hasta el 31 de diciembre de 2027. Solo podrán experimentar actualización anual limitada al 2% durante el periodo de prórroga.

La medida se aplica desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado sábado y afecta por tanto a todos los contratos que deben renovarse entre el 22 de marzo (día siguiente a dicha publicación) y el 31 de diciembre de 2027. Queda eso sí a expensas de que pueda tumbarla el Congreso, un más que posible escenario.

Sin embargo, la negativa de la mayoría de diputados podría no impedir que miles de personas se beneficien de un importante freno al alza de las mensualidades que abonan. Es la interpretación que hacen diversos juristas en atención de la jurisprudencia y que ha provocado ya la movilización del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid o de partidos como Más Madrid. Una coyuntura que abre la puerta a que cientos de miles de arrendatarios respiren y eviten previsibles subidas del 30, 40 o 50%. A continuación, recopilamos los motivos de esta posibilidad y qué pasos deben seguir los inquilinos para ampararse en ella.

¿Puedo acogerme a la medida aunque decaiga el decreto?

Si el contrato vence antes de que el Congreso rechace el real decreto, no hay duda alguna: la respuesta es sí. Los efectos son válidos desde el 22 de marzo, día siguiente a la publicación en el BOE. Así, los acuerdos de alquiler cuya caducidad y renovación se produzca antes de la votación deberán actualizarse. Su validez se mantendrá por dos años, con independencia de que el la Cámara Baja tumbe la iniciativa en una votación que debe tener lugar como fecha límite el próximo 6 de mayo, ya que su aplicación está sujeta a convalidación en un plazo de 30 días hábiles según el artículo 86.2 Constitución.

En cuanto a los contratos que venzan desde esa futura sesión en el Congreso y hasta el 31 de diciembre del próximo año, entidades como el Centro de Asesorías y Estudios Sociales (CAES) defienden que los derechos y obligaciones generados durante la vigencia del real decreto se mantendrán. En la práctica esto implica, según argumentan, que deberá aplicarse también a todos los contratos vigentes hasta el 31 de diciembre de 2027 en los que los inquilinos soliciten formalmente a sus caseros la renovación. Es decir, si el decreto decae y pierde vigencia, la prórroga no podría aplicarse para nuevos casos, pero las solicitudes presentadas durante su vigencia tendrán validez. Los contratos en que los inquilinos hayan notificado la solicitud de prórroga antes que decaiga en el Congreso quedarán por tanto sujetos a las condiciones del decreto, incluso si este cae.

Explican que el Tribunal Supremo ha interpretado esta cuestión en relación a prórrogas anteriores y confirma su plena validez. En una sentencia de 2023, la Audiencia Provincial de Barcelona había denegado la prórroga porque el contrato no estaba formalmente “en situación de prórroga”, sino que finalizaba su plazo inicial pactado. Pero el Supremo consideró esto una distinción injustificada y entendió que no se puede condicionar a que el arrendador haya comunicado previamente la no renovación, pues eso significaría dejar a la voluntad del propietario la posibilidad de disfrutar de una prórroga excepcional del contrato derivada de una legislación de emergencia. En aquel caso, el Real Decreto Ley 11/2020, medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente a la pandemia.

Por ello, la conclusión del CAES es tajante: “A partir de estos criterios del Tribunal Supremo, no hay margen para dudar de que si el contrato finaliza antes del 31 de diciembre de 2027 y se comunica estando en vigor el Real Decreto-ley 8/2026, el inquilino habrá activado la prórroga de dos años desde que termine su contrato con plena validez y eficacia jurídica”.

¿Cómo rellenar la solicitud de prórroga y qué datos incluir?

Para acogerse al decreto, el inquilino o los inquilinos deberán enviar una solicitud expresa al arrendador durante su período de validez. Tendrán que identificarse, aportar los datos sobre la vivienda, expresar con claridad la voluntad de renovación acogiéndose al decreto y firmarla. Desde CAES inciden en que incluya un párrafo similar al que sigue:

De conformidad con el Artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2026, y al amparo de su entrada en vigor el 22 de marzo de 2026, solicito la prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento de la vivienda situada en [dirección], por un plazo de dos años adicionales, al finalizar el periodo de prórroga obligatoria/tácita antes del 31 de diciembre de 2027. La norma no exige que el arrendador haya notificado previamente su voluntad de no renovar, por lo que esta solicitud es válida y debe ser aceptada obligatoriamente, salvo que concurra alguna de las excepciones previstas en el citado artículo.

El Sindicato de Inquilinas ha creado dos modelos para acogerse a la prórroga, en función de si se trata de zonas declaradas tensionadas o no. Para recibirlos, solo hay que rellenar un pequeño formulario disponible en este enlace. La portavoz de la organización en Madrid, Valeria Racu, recuerda que es una prórroga “obligatoria, pero no automática” y de ahí la importancia de actuar.

¿Cómo enviar la solicitud a mi casero y dejar constancia de ello?

Para los arrendatarios, por motivos de seguridad jurídica y dada la previsible provisionalidad del decreto, conviene actuar con rapidez y en todo caso antes de que decaiga el decreto. Pero igual de importante es proceder adecuadamente, con los cauces pertinentes y dejando constancia documental de los pasos que se dan.

Habrá que dirigir la solicitud al domicilio del casero, que se indica en el contrato, o a la sede de la inmobiliaria en caso de que haya sido gestionada mediante esta. “En realidad, a la dirección que ponga a efectos de notificaciones en el contrato, que suele aparecer en el encabezamiento o en una cláusula concreta que se llamada dirección a efectos de notificaciones”, especifica el abogado experto en vivienda Víctor Palomo.

La comunicación deberá ser por escrito y con comprobante de entrega. Aunque es posible mediante correo electrónico certificado, el método más recomendado es el burofax. Correos explica cómo se ejecutan en este enlace. Es importante guardar todo documento recibido o enviado.

¿Desde qué fecha entra en vigor la prórroga de dos años?

Un punto importante, ya que la prórroga de dos años entra en vigor desde la fecha de finalización del contato, con independencia de que se pida meses antes para acogerse a este real decreto. “Si el contrato termina el 1 de septiembre de 2027, se prorrogará hasta el 1 de septiembre de 2029 aunque la solcitud se haga en marzo o abril de este 2026”, explica Palomo a Somos Madrid.

¿Cuánto me subirá el alquiler si consigo acogerme al decreto?

Cuando los contratos acogidos a la Ley de Arrendamientos Urbanos cumplen su validez de cinco años (siete si pertenecen a una persona jurídica), los propietarios pueden imponer las subidas que deseen a los inquilinos. En cambio, este real decreto limita las alzas a un 2% anual durante los dos años de prórroga, salvo un acuerdo entre las partes que sitúe ese porcentaje por encima en caso de que el dueño no sea un gran tenedor. Esto es, que tenga menos de diez viviendas, o menos de cinco en zonas tensionadas.

¿Qué contratos quedan fuera de la prórroga?

Los que no se acogen a la Ley de Arrendamientos Urbanos. Es decir, aquellos que van por habitaciones o por temporada. Tampoco en aquellos que sí se acojan a la citada normativa, pero que hayan caducado antes del 22 de marzo o lo hagan después del 31 de diciembre de 2027.

Además, desde el Sindicato de Inquilinas puntualizan que aquellos contratos que se acaban en menos de cuatro meses sin que se haya producido aviso por vía escrita se prorrogan automáticamente tres años más, según la legislación.

Las acusaciones populares que ejercen PSOE y Más Madrid han recurrido el archivo de la causa de corrupción contra Ana Millán, ex alcaldesa de Arroyomolinos y número 3 del PP de Madrid, dictado por un Juzgado de Valdemoro tras seis años de investigación. Ambos escritos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, recuperan los indicios que han sostenido la acusación contra Millán por cuatro delitos de corrupción y critican que, con los mismos argumentos con los que el Juzgado elevó la causa al Tribunal Superior de Justicia, o pidió recientemente una prórroga para seguir profundizando en ellos, ahora solicite el archivo, sin haber practicado una sola diligencia nueva ni nada haya cambiado.

En el año 2008, recupera el escrito del PSOE, “la investigada alquiló su ático a un precio del doble de mercado a una empresa del señor Roselló [el empresario imputado], su pareja empezó a trabajar para una empresa del señor Roselló, su hermana también empezó a trabajar. para otra empresa del señor Roselló, y la investigada ingresó en efectivo cantidades significativas de dinero no declarado en sus cuentas corrientes”.

“Todo lo anterior –prosigue– se da en el año que el señor Reselló empezó a trabajar con el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y se mantienen todos esos pagos mientras hay adjudicaciones de cientos de miles de euros hasta que se terminan los contratos a favor del señor Roselló y sus empresas. No es una anecdótica coincidencia, sino un cúmulo de no coincidencias, siendo, además, técnicas habituales par el cobro de dádivas en este tipo de delitos”. “Los indicios son demoledores”, apostilla.

Añade el escrito de Más Madrid que Ana Millán “influenciaba de manera directa en el seno de los expedientes de contratación para teledirigir la adjudicación, las prórrogas, las mejoras o las dispensas del cumplimiento de contratos en favor de las empresas de Francisco Roselló”, quien a su vez comenzó a pagar la renta desorbitada del alquiler del ático de Millán y contratar a sus familiares. Ambos escritos recuerdan como en su declaración como investigada en el juzgado, Millán ocultó que Roselló hubiera contratado a su familia y el empresario directamente lo negó.

Las acusaciones ponen el acento en el “sorpresivo” cambio de criterio de la Fiscalía, que con los mismos indicios con los que acusaba formalmente a Millán de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y fraude a la Administración, ahora haya solicitado el archivo de la causa. Y también que lo haya hecho sin que se hayan practicado dos diligencias clave propuestas por el propio Ministerio Público: la declaración del marido de Millán, a quien ella atribuyó el origen de más de 40.000 euros en efectivo en su cuenta del banco, y otra concejala que contrató a Roselló.

El Juzgado solicitó hace unos meses una prórroga para seguir investigando, habida cuenta de la carga de trabajo que soporta, y ahora, cuando la Audiencia Provincial le ha dicho que la formulación de esa petición fue incorrecta, en lugar de volverla a pedir, decide cerrar el caso. “Si la juzgadora consideró la necesidad de prórroga es porque existían en ese momento indicios, aunque no lo argumentara adecuadamente. Sin embargo, ahora entiende que procede el archivo, sin argumentar por qué el cambio de criterio, si nada se ha instruido para llevarle a esa convicción que sustituye a la anterior”, escribe el abogado del PSOE.

En su recurso de reforma subsidiario de apelación (si la jueza lo rechaza decidirá finalmente la Audiencia Provincial), los socialistas acusan a la magistrada de “arrogarse” las funciones de un tribunal. Los indicios existentes, argumentan, justifican que se decida la responsabilidad penal de Millán en fase de vista oral y no en instrucción. Es más, para el PSOE, las pruebas recabadas por la UCO de Guardia Civil, “avalan una condena”.

Por su parte, Más Madrid ha evitado que la jueza tenga opción a rectificar su decisión y ha recurrido directamente a la instancia superior, la Audiencia Provincial de Madrid. Su representación letrada reprocha a la magistrada que haya decidido no tomar declaración a la concejala y el marido de Millán por considerarlas diligencias “inútiles”. “No puede saber cuán inútil será el resultado de una testifical hasta que no se practique”, afirma esta acusación popular.

“De aquellos polvos, estos lodos”. Con esta expresión una afectada resumía el efecto directo, pero también a la hora de redefinir un modelo, que tuvo para la situación de la vivienda en Madrid la venta de 1.860 pisos protegidos al fondo buitre Blackstone. Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados y Afectadas por la venta de viviendas públicas de EMVS (AAVVE), recordaba así y entre duras críticas una operación impulsada por el Gobierno de Ana Botella en 2013. Un procedimiento que vuelve a ser noticia, ya que según varios medios económicos e inmobiliarios, Blackstone podría estar negociando revender los miles de inmuebles. Todo ello, con la amenaza de que muchos de los contratos de alquiler no sean renovados.

La mejor posicionada al respecto de la compra es la gestora de fondos canadiense Brookfield, la cual negocia en exclusiva con Blackstone la adquisición de su Socimi residencial Fidere, que cuenta con unas 5.300 viviendas en alquiler. Entre ellas, las 1.860 de una de las operaciones de vivienda pública más polémicas de la historia reciente.

La portavoz de Más Madrid en Cibeles, Rita Maestre, preguntará al alcalde José Luis Martínez-Almeida sobre este asunto en el pleno municipal del próximo martes 24 de marzo. En un vídeo compartido en redes sociales, la concejala explica que los vecinos afectados se han organizado “contra la nueva operación con la que Blackstone pretende enriquecerse aún más vendiendo estas casas a otro fondo buitre por mucho más dinero del que pagó”. El objetivo de su partido es que “el Ayuntamiento de Madrid, ahora que los edificios están en venta, recupere el patrimonio de todos los madrileños y los vuelva a comprar”.

Para la líder de la oposición, el Partido Popular “engañó a los vecinos” al asegurarles que los alquileres no se tocarían, cuando no fue así. Arantxa Mejías recordaba en conversación con Somos Madrid que sus padres pasaron de pagar unos 500 euros mensuales cuando el Consistorio les concedió su vivienda de protección oficial en 2004 a unos 1.100 dos décadas después. “Aseguraron que las viviendas que eran con opción a compra lo seguirían siendo y tampoco fue así”, reprocha también Maestre.

La edil abordará en Cibeles la operación de venta de estas miles de viviendas y adelanta además la amenaza de que cientos de contratos dejen de renovarse: “Sabemos, a través de las familias y del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que Blackstone ha comunicado que no va a renovar los contratos. Y que estas últimas semanas el posible comprador anda visitando los edificios, concretamente en Carabanchel”. Este periódico ha contactado con Testa Homes, la filial de Blackstone que gestiona las promociones afectadas, acerca de la posible venta a Brookfield y el impacto en las condiciones contractuales de los arrendatarios. Por el momento, no han trasladado ninguna respuesta.

Lamenta Maestre que “Almeida permite a los especuladores y fondos buitre jugar a su antojo con la vivienda de los madrileños y madrileñas”. Así, dice, “ahora estamos en el de Blackstone a Brookfield y tiro porque me toca, mientras las familias caen siempre en la misma casilla: subida de alquileres y expulsión de sus barrios”.

“Aquella operación fue una vergüenza por la que hoy los madrileños seguimos pagando la factura de ese expolio, el de 1.860 viviendas públicas de la EMVS [Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo de Madrid]. Fue la primera gran alfombra roja a los fondos buitre en Madrid. Fue el PP quien creó este problema y el PP tiene la obligación moral y legal de solucionarlo”, sentencia la concejala.

El PP desdeña una posible recompra municipal: “Estupidez propia del comunismo más rancio”

Pero la propuesta de Más Madrid, que el Ayuntamiento compre esas viviendas y las devuelva al patrimonio público de la EMVS porque es “de donde nunca debieron salir” (garantizando además “alquileres indefinidos y asequibles”), se ha encontrado ya con el rechazo del Gobierno de Almeida.

El portavoz del Partido Popular en el Consistorio, Carlos Izquierdo, ha calificado la proposición de Maestre de “auténtica estupidez propia del comunismo más rancio”. Para el también concejal presidente del distrito de Carabanchel (el más afectado por la venta de los pisos públicos), las declaraciones de la edil son “discrecionales y arbitrarias”, ya que “operaciones similares se han hecho por parte de la Seguridad Social y Más Madrid no ha dicho nada”.

Anima a la líder de la oposición en Cibeles a “decir cómo quiere que se saque ese dinero para comprar casi 2.000 viviendas”. “¿Del bolsillo de todos los madrileños?”, se pregunta Izquierdo. Desde su punto de vista, la solución es “aumentar la oferta de vivienda pública y dar estabilidad al mercado”.

Una operación plagada de irregularidades sin consecuencias penales

Bajo el pretexto de garantizar la solvencia económica de EMVS, Botella provocó que 18 promociones de casas públicas de arrendamiento y de arrendamiento con derecho a compra (el 20% del patrimonio total que EMVS poseía por entonces) terminaran en manos de las sociedades Fidere Gestión y Fidere Vivienda, ahora rebautizadas como Testa Homes. Filiales todas ellas del fondo buitre Blackstone, que desembolsó menos de 128 millones de euros. Apenas 70.000 euros por casa.

Con ello, la protección desapareció y miles de personas vieron cómo de la noche a la mañana los alquileres que abonaban se multiplicaban. Lo que la exalcaldesa vendió como un simple “cambio de casero”, se convirtió en realidad en una vulneración de las condiciones iniciales de los contratos. Para Mejías, además de los perjudicados directos, “hubo miles de afectados indirectos al menospreciar un derecho ciudadano como la vivienda social, esa a la que debería poder acceder cualquier familia para vivir con dignidad”.

Por ello la noticia de un posible nuevo cambio en la propiedad ha avivado la controversia sobre un proceso que, según un informe de la Cámara de Cuentas de Madrid publicado en 2016, “vulneró las más elementales reglas de buena gestión”. El dictamen enumeraba a lo largo de 66 páginas un cúmulo de irregularidades por parte de EMVS en la enajenación de su cartera de viviendas. Entre ellas, que el Ejecutivo de Botella facilitó información privilegiada a cuatro compañías (Azora-Morgan Stanley, Lone Star, Harbour Group-Álvarez & Marsal y Magic Real State-Blackstone, la adjudicataria final) sobre las condiciones de la venta, antes de hacer pública la operación el 3 de mayo de 2013.

El órgano de control concluyó que la decisión de vender estas promociones se tomó “como poco entre el 12 de diciembre de 2012 y antes del 2 de abril de 2013”. En otras palabras, “no hubo concurrencia pública” a la hora de vender esa cartera de pisos sociales. De hecho, se habían presentado ofertas antes de que el proceso fuese abierto. Pese a todo ello, el Gobierno de Almeida sigue sin condenar explícitamente la actuación del equipo de Botella, e incluso llegó a torpedear la acusación particular del Ayuntamiento en el juicio (impulsada en la etapa de Manuela Carmena).

Finalmente la Audiencia Provincial de Madrid y luego el Supremo acabaron absolviendo a Botella; el exconsejero delegado de EMVS, Fermín Oslé y el apoderado de Fidere, Alfonso Benavides. En la vertiente administrativa, el Tribunal de Cuentas condenó en primera instancia a la exalcaldesa y siete altos cargos de su Ejecutivo, pero la sentencia fue luego revocada. Dos consejeros nombrados por el PP libraron a Botella de un castigo millonario por valor de 25,7 millones. 

En abril de 2025, el Tribunal Supremo revocó asimismo una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid y asestó un nuevo revés a los inquilinos, al rechazar que los arrendatarios de viviendas de protección oficial tengan derecho a adquirirlas por la misma cantidad que Blackstone pagó al Consistorio. Unos 70.000 euros por casa que ejemplifican el pelotazo del fondo buitre, más cerca de potenciarse todavía más con esta posible reventa.

La izquierda confederal está intentando reconfigurarse en las últimas semanas tras perder en la última década más de la mitad de su representación en los parlamentos autonómicos. Por un lado, los partidos que configuraron la coalición de Sumar están trabajando en una alianza para las próximas citas electorales después de encajar fuertes caídas en los recientes comicios de Aragón y Castilla y León, donde se quedaron sin escaños. En Extremadura, en cambio, la alianza Unidas por Extremadura que aglutinó a Podemos, IU y Alianza Verde sí consiguió mejorar su resultado pasando de cuatro a siete diputados en la Asamblea extremeña.

De momento, los pasos que han dado los partidos de Sumar se concentraron en un acto conjunto el pasado 21 de febrero bajo el lema 'Un paso al frente', en el que representantes de Movimiento Sumar, IU, Más Madrid y Comuns escenificaron su unidad de acción. Pero aún está por concretar cuál será el nombre de la coalición y, sobre todo, su principal cabeza visible tras el anuncio de la vicepresidenta Yolanda Díaz de dar un paso al lado y dejar el liderazgo del espacio. Todos los partidos han pedido informalmente al ministro Pablo Bustinduy que sea él su máximo representante, pero él ya ha dicho que, por el momento, no está dispuesto a asumir esa responsabilidad.

Podemos, por su parte, anunció una “reflexión rotunda” tras la debacle en Castilla y León del pasado 15 de marzo donde se quedaron como fuerza extraparlamentaria. A la espera de conocer más detalles de esos cambios anunciados, este jueves trascendió que su secretaria de Organización y candidata a las futuras generales, Irene Montero, protagonizará un acto en Barcelona junto al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, y el excoordinador de Catalunya en Comú Xavier Domènech. El acto adquiere especial relevancia después de la iniciativa protagonizada por el propio Rufián el 18 de febrero junto al diputado madrileño de Más Madrid Emilio Delgado, en el que ambos reclamaron sinergias entre las fuerzas de la izquierda confederal y los partidos progresistas de corte soberanista para intentar lograr la mayor representación posible en nuevas elecciones y frenar el ascenso de la extrema derecha.

Todos esos movimientos en el espacio confederal responden a la realidad de las urnas. En 2015, al poco del nacimiento de Podemos, las fuerzas de la izquierda alternativa contaban con 186 representantes en los distintos parlamentos autonómicos, una cifra que alcanzó su techo un año después, en 2016, cuando tras los procesos electorales de ese año llegaron a los 202 diputados en las cámaras regionales. Desde entonces esa cifra ha ido cayendo de forma progresiva, especialmente desde 2021. La fotografía actual muestra que esos escaños de la izquierda confederal en los territorios son solo 82, menos de la mitad que en 2015. Es más, los partidos del espacio alternativo se han quedado progresivamente sin diputados en Castilla y León, Galicia, Canarias, Cantabria y Castilla-La Mancha, mientras en Illes Balears y Euskadi solo cuentan con un parlamentario.

Los dos territorios donde más fuerza han tenido los partidos del espacio confederal en la última década han sido la Comunitat Valenciana y la de Madrid. De hecho, en esta última, los distintos partidos del espacio –primero, IU y Podemos y, después, Más Madrid– se han mantenido en los 27 escaños desde entonces. En las elecciones autonómicas de 2015 fue Podemos el que, en solitario, alcanzó esos 27 diputados. Cuatro años después, cuando se creó Más Madrid a raíz de la escisión de Podemos, la coalición regional logró 20 escaños y la alianza de Podemos e IU (Unidas Podemos - Izquierda Unida - Madrid en pie) obtuvo siete. Ese mismo esquema se repitió en 2021. Y en los últimos comicios, los de 2023, fue Más Madrid quien obtuvo los 27 escaños, mientras Unidas Podemos (Podemos + IU) no logró representación.

En la Comunitat Valenciana, la izquierda confederal (en este caso, además de IU y Podemos también se ha presentado Compromís) alcanzó su mejor cifra en 2015. Entonces Compromís logró 19 escaños y Podemos, 13, por lo que, en suma, alcanzaron los 32 diputados en les Corts, y eso que Esquerra Unida, que concurría por separado, no logró representación. Cuatro años después, en 2019, Podemos e IU sí fueron en una lista conjunta bajo las siglas de Unides Podem. Entonces la coalición logró ocho escaños que, sumados a los 17 que obtuvo Compromís, alcanzaron los 25. Las últimas elecciones valencianas fueron en 2023 y, desde entonces, tan solo está Compromís en les Corts con 15 escaños, ya que la alianza de Unides Podem no obtuvo representación.

Andalucía, otra de las plazas fuertes de la izquierda, también ha vivido un progresivo declive de la izquierda confederal. Hace una década, en 2015, la suma de Podemos e IU, que concurrieron en listas distintas, alcanzó los 20 diputados (15 de Podemos y cinco de IU). En 2018, en cambio, se logró una alianza conjunta que se denominó Adelante Andalucía y que logró 17 diputados en el Parlamento andaluz. El grupo se rompió con la escisión de las principales fuerzas políticas. Ya en 2022 –los últimos comicios celebrados hasta el momento– el proyecto Adelante Andalucía se presentó sin Podemos ni IU, que crearon su propia alianza: Por Andalucía. El primer grupo logró solo dos escaños y el segundo, cinco, por lo que la izquierda confederal alcanzó los siete escaños.

En 2015, los partidos de la izquierda confederal en Aragón –Podemos, IU y Chunta, por separado– llegaban a los 17 escaños. Desde entonces su representación se ha ido mermando si bien encajó un pequeño repunte el pasado 8 de febrero por el crecimiento de Chunta. En 2019, los tres partidos volvieron a presentarse por separado. Podemos sufrió una fuerte bajada al perder nueve escaños y quedarse en solo cinco, IU mantuvo uno y Chunta logró tres, por lo que, en suma, se quedaron en nueve parlamentarios en las Cortes aragonesas. El espacio continuó empequeñeciendo en los siguientes comicios, los de 2023. También con candidaturas independientes, los partidos de la izquierda confederal se quedaron en solo cinco diputados (tres de Chunta, uno por Podemos y otro por IU) en las elecciones de 2023. Y, finalmente, en las elecciones del pasado día 15 Podemos no logró escaños en las nuevas Cortes, pero Chunta escaló hasta los seis parlamentarios e IU mantuvo uno.

Aunque con cifras más reducidas, el fenómeno se ha repetido también en Asturias. El ciclo comenzó en 2015 con 14 escaños para la izquierda confederal, que se presentó en dos candidaturas: Podemos (nueve) e IU (cinco). En las siguientes elecciones el espacio confederal se estrechó al quedarse con solo seis representantes, cuatro de Podemos y dos de IU, que se presentó como Asturias por la Izquierda. Y en las últimas elecciones al Principado, celebradas en 2023, la izquierda confederal continuó mermando: Podemos logró un solo escaño y Convocatoria por Asturias –marca en la que concurrió IU–, tres, con lo que pasaron de los seis a solo cuatro.

El mayor éxito de los partidos a la izquierda del PSOE en Castilla y León se dio precisamente en 2015. En las elecciones de ese año Podemos obtuvo diez procuradores en las Cortes castellanas y leonesas e IU logró uno: en suma, 11 escaños para el espacio confederal. En 2019 hubo una debacle para sus intereses. Podemos e IU concurrieron por separado y la primera obtuvo solo dos parlamentarios mientras la segunda se quedó sin representación. En 2022 sí fueron juntos y únicamente lograron un representante en las Cortes, pero en los comicios del pasado día 15 ni siquiera consiguieron ese escaño y la izquierda confederal desapareció del nuevo parlamento.

En Catalunya, IU y Podem sí concurrieron de forma conjunta en las elecciones de 2015. La coalición Catalunya Sí Que Es Pot obtuvo entonces once asientos en el Parlament. Dos años después, en los comicios de 2017, la nueva coalición Catalunya En Comú Podem bajó hasta los ocho diputados, los mismos que logró en 2021. En la última llamada a las urnas a los catalanes, en 2024, los Comuns concurrieron sin Podem, que optó por no presentarse a las elecciones, y lograron solo seis escaños. En Illes Balears el espacio comenzó la década con diez diputados, los obtenidos por Podemos, pero la cifra se redujo a seis en los comicios de 2019, y eso que concurrieron juntos Podemos e IU bajo las siglas de Unidas Podemos. En 2023, última fecha con las urnas abiertas en las islas, la alianza se hundió al quedarse con un único escaño en el Parlament balear (donde Més per Mallorca sí cuenta con cuatro diputados aunque no se ha incluido en este trabajo porque en la última década también ha concurrido en alianzas con fuerzas independentistas).

Una de las comunidades donde la izquierda confederal se ha quedado sin representantes parlamentarios ha sido Galicia. En 2015 la cámara autonómica estaba configurada por las elecciones de 2012, en las que Alternativa Galega de Esquerdas (unión de Anova y Esquerda Unida) irrumpió con nueve escaños. En 2016, siguiente cita con las urnas, Podemos, Anova y Esqueda Unida conformaron En Marea, que logró 14 escaños. La coalición se llamó Galicia En Común en 2020, pero no logró ni un escaño. Tampoco obtuvieron representación Sumar ni Podemos en las últimas elecciones, las de 2024, en las que concurrieron por separado.

En Canarias, en 2015, Podemos logró siete escaños, que se vieron reducidos a cuatro en 2019, cuando la candidatura se llamó Sí Podemos Canarias, e integró a todo el espacio confederal. Desde 2023 la izquierda alternativa no tiene representación en el parlamento canario. En Navarra en 2015 se presentaron por separado Podemos e Izquierda-Ezkerra (las siglas en las que concurrió IU). En conjunto obtuvieron nueve escaños –siete de Podemos y dos de IE–, una cifra que con el mismo escenario electoral se redujo a solo tres en 2019 (dos de Podemos y uno de IE). En 2023, las últimas elecciones, la candidatura se llamó Contigo Navarra - Zurekin, y la integraron Podemos Navarra, Izquierda Unida de Navarra, Batzarre, Alianza Verde y Verdes Equo. Solo logró tres escaños.

La deriva a la baja solo se ha revertido en Extremadura. En 2015 Podemos tuvo seis parlamentarios en la Asamblea extremeña mientras la alianza Ganemos Extremadura en la que se integró IU no logró ninguno. En 2019, cuando Podemos e IU ya concurrieron juntos, cuatro, los mismos que en 2023. Pero en las elecciones de diciembre Unidas por Extremadura mejoró y alcanzó los siete diputados. En cambio, en Murcia, La Rioja, Cantabria y Castilla-La Mancha, donde Podemos e IU también se han presentado de forma conjunta desde 2015, la evolución ha sido negativa. La izquierda murciana pasó de seis diputados en 2015 a los dos actuales. Fueron cuatro los representantes del espacio confederal en La Rioja hace una década, pero desde 2019 solo tienen dos. Cantabria comenzó la década con tres escaños de Podemos-IU, que perdió en 2019 y no ha vuelto a recuperar.

Finalmente, el escenario es peculiar en Euskadi, donde en 2015 la izquierda confederal no estaba representada en el Parlamento de Vitoria. En 2016, Elkarrekin Podemos (alianza de Podemos y Ezker Batua) irrumpió con fuerza con 11 diputados, pero en 2020 su apoyo se redujo hasta los seis escaños. En los últimos comicios, los de 2024, Sumar y Podemos concurrieron por separado y solo consiguió representación la primera, con un único asiento.

“A MAR (sic) no le persigue la justicia, le persigue la izquierda”. Con estas palabras ha reaccionado este jueves la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuando la oposición le ha recordado la imputación de su jefe de Gabinete, Miguel Ángel Rodríguez, por la filtración de los datos personales de dos periodistas. “Son ustedes los que están detrás de todas las acusaciones contra mi equipo y mi entorno para hacer daño, por eso las pierden todas”, les ha dicho la dirigente madrileña a los miembros de la izquierda y, en especial, al PSOE, con cuya portavoz, Mar Espinar, Ayuso ha mantenido su rifirrafe más agrio. 

Durante la sesión de control al Gobierno de Ayuso en la Asamblea de Madrid, la socialista había asegurado antes que “Miguel Ángel Rodríguez y sus largas sobremesas están convirtiendo a Madrid una región sin ley”. “Usted no lo va a cesar porque le contrató para convertir Madrid en un lugar en el que poder hacer negocios para vivir como dios”, ha añadido.

A renglón seguido, Espinar ha reprochado a Ayuso su posición de apoyo a los ataques de EEUU e Israel en Irán. “Usted y su jefe de Gabinete tratan de arrastrarnos a los momentos más oscuros, al PP de Aznar que nos llevó a una guerra ilegal cuando los españoles no querían. Usted ha cogido el testigo de esa política cruel y carroñera. Por eso no le importan las 160 niñas asesinadas en una guerra ilegal que empezó Trump. Por eso jalea al genocida Netanyahu, porque el aprendiz ha superado al maestro”, ha añadido. “Si estuviéramos en mayo de 1808 me la imagino a usted abriendo la puerta de par en par a Napoleón con tal de que le dejaran pasar unos días en Versalles”, ha ironizado.

En su respuesta, Ayuso ha asegurado que las “campañas” promovidas según ella por la izquierda contra Madrid “provienen del entorno de la Moncloa”. A Pedro Sánchez le ha atribuido tanto la imputación de Miguel Ángel Rodríguez como la de la 'número tres' del PP madrileño, Ana Millán, cuya causa por corrupción ha sido precisamente archivada esta semana. Para Ayuso, a Espinar “le hacen los papeles” desde Moncloa, unos documentos “que le dicta encima el equipo de fracasados que han tenido que salir rebotados de la política madrileña, rescatados por Sánchez”. “Aquellos que están por su alta capacidad de hacer trabajos sucios, grabar, extorsionar, manipular y amedrentar”, ha concluido. 

El choque con Bergerot

Durante el Pleno también se han mencionado las críticas lanzadas por Ayuso al rey por haber dicho que en la conquista de América se produjeron “abusos”. La presidenta madrileña respondió el martes al monarca asegurando que esos abusos los realizaban “los aztecas” contra la población local y que “los de la cruz”, en alusión a los españoles, fueron a América a “civilizar” el continente.

“No sé si el rey le está pasando por la izquierda o que está pasada de vueltas, pero deje de hacer el ridículo diciendo de civilizar a la gente. La época de las cruzadas ya pasó”, le ha dicho la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en otro momento de la sesión de control. Ayuso ha optado entonces por sacar a colación el viaje de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a los Oscar, el pasado domingo.

“El Oscar es para Podemos, Sumar y HamásMadrid. Los mejores actores”, ha ironizado Ayuso. “Toda la vida diciendo 'la izquierda auténtica', 'la de las gentes de las calles', 'nosotros somos los del pueblo'. Pues por una pajarita, un esmoquin, el maquillaje, unas tenacillas, una casa de 400 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido”, ha añadido. A continuación Ayuso ha repasado los viajes de Díaz: “Estados Unidos, Vaticano, Festival de cine de Cannes, Punta del Este cuando se fue a ver al expresidente Mujica... Todo por el pueblo”, ha seguido, con sorna.

“Pero si no les hemos visto en Senegal con los pobres. O con los pueblos de Bolivia cuya pobreza ustedes multiplican allí para luego tenerles aquí sumidos en la misma. O ninguna comunidad necesitada en Asia mientras estrujan a los autónomos españoles”, ha añadido Ayuso, que ha recurrido al final al insulto: “Sánchez les vio venir desde el primer día. Los vio porque vio que eran los herederos del Duque de Galapagar, les olió a kilómetros. Son muy memos”, ha zanjado

El viaje a Estados Unidos de la la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sigue granjeándole críticas desde la oposición. Más Madrid le acusa de “vender Vallecas, su identidad y el Rayo Vallecano”, después de reunirse con empresarios en Nueva York para ofrecer una concesión del Estadio de Vallecas por 60 millones de euros. De materializarse implicaría su privatización, frente a la actual titularidad autonómica, aunque el espacio debería mantener su uso deportivo.

La formación que a nivel regional lidera Manuela Bergerot ha registrado la comparecencia del máximo dirigente del equipo, Raúl Martín Presa, ante la Comisión de Turismo y Deporte de la Asamblea de Madrid para que explique “las informaciones de la privatización del estadio”.

“En su viaje a Estados Unidos Ayuso ha ofrecido la venta del Estadio de Vallecas. O lo que es lo mismo, quiere vender Vallecas y su identidad, la de un equipo de su barrio lejos de la mercantilización que pretenden Ayuso y Martín Presa”, ha alertado el diputado de Más Madrid en la Asamblea Hugo Martínez Abarca, en declaraciones difundidas a los medios y recogidas por Europa Press.

Asimismo, el diputado regional ha destacado que el Rayo Vallecano “es un equipo de su barrio y de sus vecinos que se sienten orgullosos de un equipo popular”. En este sentido, ha recordado que Ayuso y Martín Presa llevan “todos estos años intentando dejar caer el Estadio de Vallecas” para justificar “sacar al Rayo de Vallecas y convertirlo en un equipo más”. “Un equipo mercantilizado, alejado de su barrio y de sus vecinos”, ha insistido Martínez Abarca.

El diputado ha sostenido que Más Madrid “va a defender con uñas y dientes” que el estadio “siga siendo público”, pero también “que esté en buen estado” y “deje de estar abandonado por la Comunidad de Madrid”. “Que sea un estadio digno de su barrio, de su pueblo y que esté en Vallecas para la afición del Rayo Vallecano”, ha manifestado.

La propia Bergerot se ha pronunciado contra esta noticia a través de X: “De esto es lo que hablamos cuando decimos que nos están robando Madrid. El Rayo es un emblema de Vallecas y de Madrid, el Rayo es patrimonio de la gente trabajadora. El Rayo no se toca”.

Los reproches han venido también desde el PSOE. La portavoz del partido en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha recordado en X que el club madrileño es “un emblema de barrio” y “mucho más que un negocio”. Para la concejala, “el estadio del Rayo no es solo una infraestructura que pueda ponerse en el escaparate para atraer inversión extranjera”, ya que también “es parte de la identidad de Vallecas y de su gente”.

En un principio, Ayuso se puso del lado del presidente rayista al plantear la posibilidad de trasladar el equipo fuera de Vallecas. Pese a que el dirigente continúa con este interés, la líder autonómica ha ido apartándose de esa postura (con la creciente contestación de Martín Presa) después de la gran oposición de una hinchada con un fuerte sentimiento de arraigo y comunidad. El deterioro del Estadio y de otras instalaciones del Rayo, incluída su ciudad deportiva en Madrid, sirvieron de pretexto a Martín Presa para justificar la posible mudanza. Ayuso se vale ahora de esa necesidad de inversión para poner sobre la mesa la privatización del recinto.

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, acaba de revelar en sus redes sociales que desde hace casi un año sufre acosos continuados en el portal de su casa, con hombres llamando a la puerta o que acuden borrachos al hogar, donde convive con su pareja e hijas. La concejala de la oposición explica que alguien publicó su dirección en un portal de Internet indicando que allí se ofrecen servicios sexuales. Maestre afirma en un vídeo, difundido esta mañana, que el caso lleva tiempo en manos de la Policía y los agentes han confirmado que se trata de anuncios anónimos difundidos en redes.

“Últimamente hay muchas mujeres que están denunciando casos de acoso muy graves. Y bueno, yo llevo guardándome mucho tiempo algo que me está pasando, desde hace más o menos un año, y no me he atrevido a contar hasta ahora”, comienza su relato la representante política en Cibeles. El vídeo está grabado en un espacio interior, desde el que la edil ha explicado que un día empezaron a aparecer hombres llamando a cualquier hora a la puerta de su domicilio, en el que también viven dos menores de edad.

Narra que, en una de esas ocasiones, uno de ellos llegó a subir “desde el portal hasta la puerta de mi casa” y a llamar al timbre o golpear la entrada, exigiéndole que le abriera. “No sabía ni quién es, ni cómo sabe dónde vivo, pero me respondió que ha estado hablando conmigo por un canal de Telegram”, indica. Fue entonces cuando descubrió que un anuncio anónimo ofrecía falsos servicios sexuales que, supuestamente, se ofrecían en esa dirección, que aparecía publicada íntegramente.

“Hay alguien dándole a hombres la dirección de mi casa para que vengan aquí pensando que pueden pagar por sexo. La última vez fue hace dos semanas”, confesó la portavoz, que no ocultó su miedo ante una situación que se prolonga. “Es muy desagradable pensar que en cualquier momento, mientras estoy bañando a mis hijas, las duermo o les doy de comer, pueden llamar al timbre”, ha lamentado en sus redes.

La vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, ha mostrado su “total y absoluta condena y repulsa ante estos hechos que está sufriendo la concejal”. Durante la rueda de prensa después de la Junta de Gobierno le ha trasladado a la portavoz de la oposición su total apoyo por parte del equipo municipal: “Cuenta con toda la ayuda en el ámbito de la protección de la Policía Municipal de Madrid, si fuera necesario incrementarla”, ha añadido.

Es una forma de decir: sé dónde vives y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado, que es tu casa

Rita Maestre — Portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento

En el vídeo compartido esta mañana por la portavoz de Más Madrid, habla de la “repugnancia” que siente ante una “sensación de invasión de la intimidad”, que le persigue desde que estos casos comenzaron a encadenarse. “Es una forma de decir: sé dónde vives, y puedo acosarte cuando quiera en tu lugar más privado”, ha considerado, aludiendo también a la percepción de una “impunidad que da el anonimato de las redes sociales”.

“Yo estoy segura de que les acabarán pillando, porque hay una investigación en marcha, pero esto lleva pasando diez meses”, ha reiterado Maestre, que denuncia un caso de “violencia digital” con perfiles no identificados pero “organizados” para acosar a la concejala. “A veces pienso si merece la pena. Esto no me pasaría si yo no fuera mujer, si no fuera de izquierda, si no fuera feminista”, asume.

No obstante, al final del vídeo ha querido apelar “a los acosadores de mujeres, a los matones de extrema derecha” o a quienes les quieren “amedrentar” por hacer política: “A todos vosotros os quiero decir una cosa: no lo vais a conseguir. No nos vamos a callar, sois vosotros los que vais perdiendo y por eso os escondéis como cobardes. Vamos a dar cada batalla hasta el final”.

La retirada de Yolanda Díaz esta semana ha conmovido al espacio político de la izquierda, que busca ahora un nuevo liderazgo tras el lanzamiento de la nueva alianza el 21 de febrero. Pero los partidos de esa coalición tienen una hoja de ruta clara que la marcha de la vicepresidenta segunda no ha trastocado sino que más bien ha apuntalado: la construcción de una plataforma nueva, que debata primero la forma del proyecto y donde la elección de los liderazgos sea el punto culminante del nuevo proceso. 

El proceso de reflexión que se ha dado la vicepresidenta segunda sobre su futuro político ha durado varios meses. La decisión, según las fuentes conocedoras, estaba tomada desde hacía tiempo, pero en las últimas semanas fue complicado encontrar un buen momento para hacerla pública, entre compromisos internacionales y la sacudida que supuso el anuncio del acto de Gabriel Rufián con Emilio Delgado.

Pero el curso final de los acontecimientos se ha encadenado de una manera virtuosa, tal y como reconocen algunas fuentes del espacio político a este diario. Primero, el cambio de ánimo que provocó el acto de Rufián, acompañado de un largo debate sobre las posibilidades de la izquierda. Y después el acto del 21 de febrero en el que Movimiento Sumar, Comuns, Izquierda Unida y Más Madrid lanzaron la nueva coalición con la que se presentarán a las generales. 

Los movimientos de Yolanda Díaz, sin necesidad de un pacto con las formaciones políticas, han ido acompañando sus pasos. Primero, anunció que se ausentaría de la presentación del sábado con el objetivo de dar el protagonismo a esas fuerzas, lo que permitió un acto coral, con intervenciones hiladas y sin liderazgos que sobresalieran. La presencia de la vicepresidenta en esa cita lo habría hecho imposible. 

Y, por último, su marcha definitiva como candidata despeja el camino para que esas formaciones puedan construir un proyecto novedoso, pese a que los principales integrantes de la coalición sean los mismos que el germen de Sumar para el 23 de julio. Lo que queda ahora es el lanzamiento de una nueva alianza que también hacia fuera lucirá diferente una vez que los partidos encuentren un rostro que los pueda representar, un liderazgo para impulsar las expectativas de su electorado en las próximas generales. 

En el trabajo que va desde el verano hasta el lanzamiento del acto, esas cuatro fuerzas han ido cosiendo confianzas y coordinando un proyecto que tiene un plan muy claro y que ha aprendido las lecciones de las experiencias pasadas, de Podemos en 2015 y de Magariños a partir del 2023: los hiperliderazgos no sirven para el medio plazo y es esencial una fórmula más coordinada, más coral y más basada en la experiencia de los partidos políticos. 

Según las fuentes consultadas por este diario, el trabajo ahora consiste en la elaboración y concreción del proyecto político, el diseño de un programa y de un discurso que pueda cambiar el ánimo de la izquierda desencantada y luego una llamada al resto de partidos de la izquierda para que pueda ser posible una reedición de lo ocurrido el 23J, por mucho que Podemos se haya desmarcado completamente. 

El último paso será el de las personas que encabecen el espacio, la elección de un liderazgo que pueda representar al espacio y también la difícil elaboración de las listas electorales. Un trabajo que tiene que ir consolidándose en los próximos meses y que irá dando nuevos pasos de aquí al próximo verano. 

Una gira de lanzamiento

Uno de los primeros pasos a partir de ahora es la consolidación de la alianza y su despliegue por los diferentes territorios del país. No se trata de un nuevo proceso de escucha como el que inició Yolanda Díaz para las pasadas generales, en el que ella era la protagonista de una cadena de actos por todo el país, sino de una presentación en la misma línea mostrada el sábado, horizontal y plural. 

Entre las próximas paradas de esa ruta están dos plazas clave para las posibilidades de la izquierda: Andalucía y Catalunya. El primer territorio es fundamental para entender el rumbo que va a tomar el espacio a partir de ahora y el alcance electoral que puede llegar a tener. La comunidad meridional moviliza a más de seis millones de votantes para las generales y celebra este próximo verano unas autonómicas. Los partidos de Por Andalucía, que son la referencia allí de lo que ahora es Sumar, se presentan con Antonio Maíllo como candidato. 

La elección del líder de IU como cabeza de cartel es un indicador de la importancia que le da el espacio a estas elecciones, con una de sus principales figuras estatales volcadas en una cita en la que esperan crecer en escaños ante un PSOE muy desgastado.

El otro territorio al que llevarán pronto la presentación de la alianza es Catalunya, un lugar en el que siempre le ha ido bien a la izquierda confederal. En Comú Podem logró ser primera fuerza allí en las elecciones de 2015 y 2016 y en los últimos comicios, Sumar se colocó en segundo lugar, por detrás del PSOE, con siete escaños, los mismos que Esquerra Republicana y Junts, pero con más votos que esas dos fuerzas independentistas. 

Catalunya centra además todas las miradas y conversaciones sobre la izquierda en las últimas semanas, a raíz de la conversación abierta por Gabriel Rufián y su difusa propuesta para una alianza que incorpore a las izquierdas independentistas y soberanistas. 

Lo que empieza a partir de ahora es una “nueva etapa” según las fuentes consultadas, en la que toca “pisar mucho territorio” y hablar con mucha gente para lograr de cara a las próximas generales una candidatura amplia que pueda pelear con Vox en todas las circunscripciones y evitar que arrase en escaños.

El principal partido de la izquierda madrileña apuesta por una nueva estrategia de cara a las próximas elecciones. Más Madrid aprobará este sábado, durante su plenario, un plan de acción para 2026 que propone patearse las calles y los barrios para preguntar a los madrileños por sus principales problemas y empezar a movilizar a la ciudadanía a más de un año de las próximas elecciones municipales y regionales.

El elemento más destacado de este plan será una campaña de visitas puerta a puerta por toda la Comunidad de Madrid, una estrategia de escucha activa en la que presentarse a los ciudadanos y recoger sus diferentes propuestas sobre su barrio y la ciudad, con el objetivo de que esta herramienta sirva para reconstruir el vínculo de los madrileños con la política.

El puerta a puerta -en inglés canvassing- es una estrategia que ya probó con éxito el actual alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, cuando su candidatura consiguió reunir a casi 100.000 voluntarios que tocaron tres millones de domicilios neoyorkinos. Su posterior triunfo electoral, basado entre otros elementos en la escucha ciudadana y frente a rivales con poderosos apoyos, está sirviendo de inspiración a movimientos de izquierdas en otras partes del mundo ante el ascenso de movimientos ultraderechistas.

El objetivo de Más Madrid es, de momento, llegar a 10.000 puertas en la capital hasta que acabe este año, después de probarlo en zonas como Villaverde, con buena acogida. “A través del puerta a puerta queremos llegar a esa mayoría social que cada día se enfrenta a lo dura que es Madrid”, asegura Rita Maestre a este periódico. La portavoz municipal culpa de esta situación a “las políticas del PP: vivienda inaccesible, deterioro de la educación pública, listas de espera en sanidad, la crianza, elevado coste de la vida, deterioro de los servicios públicos...”

Maestre considera que la mayoría social que sufre estos problemas “tiene una gran desafección por la política” y hacia ella va encaminada esta acción: “Lo que queremos es convertir esa mayoría social en una mayoría política para que los especuladores dejen de robarnos Madrid. Vamos a unir a gente que piensa distinto, que ha votado distinto, pero que quiere una ciudad asequible, una ciudad que no le expulse”, añade Maestre.

Del “Te están robando Madrid” a la “gran conversación”

Las palabras de la portavoz municipal de Más Madrid recuerdan la campaña con la que hace un mes volvió a la iniciativa política, después de su baja por maternidad. El Te están robando Madrid ocupó vallas publicitarias, carteles y también está trufando cada debate político a cargo de concejales o diputados de la formación.

“Es el momento, después de la campaña el siguiente paso era lanzarnos a esa gran conversación que necesita la sociedad madrileña, en todos los distritos, barrio a barrio”, apunta Maestre sobre un puerta a puerta que recorrerá todo Madrid pero que se centrará sobre todo en barrios con elevadas tasas de abstención, donde los voluntarios de Más Madrid quieren hablar con quienes se sienten alejados de la política institucional. También habrá especial atención a los distritos del sureste, donde se concentran con mayor intensidad los efectos del encarecimiento de la vivienda y la desigualdad urbana. El otro grupo prioritario al que dirigirse son las familias jóvenes que sufren las dificultades de criar en Madrid.

Fuentes del partido explican que la precampaña de Más Madrid huirá de actos masivos durante estos meses para buscar una campaña de base y de acumulación política, para construir “una mayoría social organizada”. Será el punto de partida para desgranar después propuestas sobre vivienda accesible, costes de crianza asumibles y acceso garantizado a servicios públicos como la educación y la sanidad.

La izquierda quema liderazgos a velocidad atropellada. Yolanda Díaz dice adiós a una nueva candidatura apenas cinco años después de recoger el testigo de Pablo Iglesias. En esta década larga que arranca con la irrupción de Podemos en la escena política, la pasarela de referentes que han relampagueado y después se han apagado es demasiado extensa. La marcha de la vicepresidenta segunda obliga a su espacio político a reinventarse una vez más para encontrar un nuevo referente o una fórmula que pueda levantar el optimismo para las próximas elecciones.

La vicepresidenta segunda anunció este miércoles que renuncia a ser candidata en las próximas elecciones. Lo hace después de una legislatura repleta de tensiones con los diferentes partidos de la coalición que tejió para el 23 de julio y que fue condición indispensable para revalidar el Gobierno con el PSOE. Y lo hace precisamente cuando la nueva alianza de esas formaciones para las generales comienza a dar sus primeros pasos públicos tras meses de diálogo discreto. 

“Quiero también dar espacio y tiempo para que lo que está naciendo corra con la fuerza que merece, y acompañarlo, cuidarlo, impulsarlo con toda mi energía y con la fuerza que me da la convicción. Y quiero cuidar también el Gobierno de coalición progresista, porque cuidar es la mejor herramienta que tenemos para seguir ganando derechos”, escribió la ministra de Trabajo en la carta en la que anunció la decisión, publicada en sus redes sociales. 

No se trata en cualquier caso de una decisión tomada sobre la marcha ni a raíz de los últimos movimientos que agitan la izquierda, como el acto del 21 o la conversación que ha activado Gabriel Rufián para una nueva fórmula de la izquierda que pueda incorporar a las fuerzas independentistas. Sino de un movimiento muy meditado, como reconoce ella misma, después de mucho tiempo como dirigente, desde Galicia hasta el Gobierno estatal pasando por el Congreso. 

Díaz reivindica en el texto su labor al frente del Ministerio de Trabajo, en el que seguirá volcada: el lugar desde el que construyó su capital político y que la llevó en 2021 a asumir el liderazgo de Unidas Podemos, por petición de Pablo Iglesias. Y el lugar en el que puso de nuevo todos sus esfuerzos a partir de su renuncia como líder orgánica de Sumar en junio de 2024, tras el batacazo de las elecciones europeas, fruto de una negociación extremadamente tensa entre los partidos de la coalición que dejó a Izquierda Unida sin escaño por primera vez desde su nacimiento. 

Pero la actual legislatura ha desgastado a todas las partes del Gobierno y las relaciones con Junts han imposibilitado sacar adelante leyes importantes. Entre ellas, la norma estrella que Díaz planeaba para esta legislatura. La reducción de la jornada laboral murió en su primer trámite en el Congreso el pasado verano por la oposición de los independentistas. La ministra ha conseguido, eso sí, avances importantes, como las nuevas subidas del salario mínimo, la ampliación de los permisos por cuidado o próximamente el Estatuto del becario. 

Todos los dirigentes y referentes del espacio de la izquierda reconocieron este miércoles la labor de la vicepresidenta en estos años: desde Mónica García, ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, hasta Antonio Maíllo, el coordinador general de Izquierda Unida, pasando por sus personas más cercanas en el Gobierno y en el partido, como Ernest Urtasun o Lara Hernández. También de otros partidos del arco parlamentario, como Compromís, o incluso del Partido Socialista. “Hay tristeza en lo personal, pero determinación política también. Ella sigue construyendo este camino con nosotros”, trasladan a este diario fuentes de Movimiento Sumar, su partido.

Todas las formaciones de la izquierda alternativa coincidieron al destacar que se trata de una decisión “personal” y aplaudieron lo que ven como un gesto de “compromiso” o de “generosidad”. Pero todas son también mucho más cautas a la hora de analizar los próximos pasos de un espacio político que tiene que llenar el enorme vacío de liderazgo que, pese a su desgaste, deja la vicepresidenta segunda.

Más Madrid, Izquierda Unida, Comuns y Movimiento Sumar lanzaron el pasado 21 de febrero un acto de presentación del nuevo proyecto político para las generales del próximo año. Una coalición que parte del espíritu unitario del 23 julio, con las organizaciones de Sumar en el Gobierno, y que pretende rearmar esa coalición de cara al futuro, aunque con un funcionamiento mucho más horizontal y cohesionado entre esos partidos a la hora de tomar las decisiones. 

Fuentes de Movimiento Sumar refuerzan esta idea y creen que sin Yolanda Díaz el acto del 21 “no habría existido”. “Hemos llegado hasta aquí por su empeño en construir una mayoría que ganara las elecciones de 2023”, sostienen. “Gracias a ella se armó la coalición que el 23J permitió que se revalidara el segundo gobierno de coalición progresista, ha logrado desplegar las políticas progresistas de transformación social de mayor calado en los últimos años pero, eso sí, Yolanda no se va a ningún lado, va a estar remando y ayudando como siempre. Su presencia va a ser determinante para que las cosas salgan bien”, destacan. 

“Los Comuns queremos poner en valor la figura de Yolanda Díaz. Ella lideró la construcción de una amplia coalición progresista que hizo posible parar a la derecha y revalidar el gobierno de coalición progresista. Así mismo, ha estado y continúa siendo la mejor ministra de Trabajo de la historia de la democracia”, trasladan mientras tanto fuentes de la coalición catalana. 

Primero el proyecto, después los liderazgos

Todos los dirigentes tratan de apartar el debate sobre los liderazgos para centrar la conversación en la necesidad de construir un proyecto político fuerte, que aparque las tensiones y que sea capaz de incorporar a Podemos para evitar la dispersión del voto en las próximas elecciones. “El trabajo sigue igual y no se altera: construir una alianza, estructuras y cosiendo confianzas. Nadie piensa ahora en los nombres. Lo decíamos hacia afuera y era una cosa real”, sostienen fuentes de Más Madrid. 

Un dirigente del espacio valora en conversación con este diario los tiempos que ha elegido la vicepresidenta para anunciar su renuncia: “La agitación de Rufián beneficia el acto del sábado, con un desborde brutal, y la ausencia de Yolanda que preanuncia su decisión de hoy”. “Sigue la hoja de ruta”, analiza sobre los plazos que se habían dado los partidos para empezar a presentar la nueva coalición. 

Una de las reflexiones que nace de este nuevo encuentro entre las cuatro fuerzas es que los modos con los que ha operado la izquierda alternativa desde la irrupción de Podemos no han funcionado a medio y largo plazo. Y que la solución a eso es una fórmula en la que los diferentes partidos tengan más protagonismo y haya una mayor coralidad tanto en la toma de decisiones como en los referentes, más allá de que esas fuerzas tendrán que buscar una persona para encabezar la futura candidatura. 

“No va a haber dificultad en encontrar ese liderazgo, todo se hará a su tiempo”, reflexiona un dirigente de la coalición, que avala esa fórmula plural en el ‘mientras tanto’, como se vio en el acto del 21 de febrero, con un cartel de iguales, sin una figura por encima del resto. “Proyecto, programa, nuevas incorporaciones y culminación de la referencia, en ese orden”, sintetiza sobre los próximos pasos a seguir. Antes de encontrar un nuevo referente, los partidos tienen pendiente presentar su proyecto por el país, empezando por Andalucía y Catalunya. Queda por delante la elección de un nuevo nombre, un debate programático, y una llamada al resto de actores. Y después las personas.

En Movimiento Sumar también entienden que las personas que vayan a asumir el liderazgo del espacio serán en todo caso “el resultado de un proceso colectivo”. “Movimiento Sumar quiere ensanchar este espacio lo máximo posible y las primarias son una forma de hacerlo”, explican sobre las fórmulas hacia el futuro. 

“La hoja de ruta no tiene por qué cambiar y ella sigue siendo la líder del espacio en el Gobierno”, añaden en Más Madrid sobre los próximos pasos. “No desaparece”, sostienen en una fuerza que, como el resto de ministros, fía buena parte del desempeño de la coalición en la tarea del Gobierno, con más de un año de legislatura por delante. 

“Continuaremos trabajando codo a codo con Yolanda Díaz y el resto de ministros, remando juntos y juntas, desde el Gobierno y desde el grupo parlamentario plurinacional. Compartimos plenamente que hay que cuidar el Gobierno de coalición, garantizando estabilidad y máxima ambición en la hora de conseguir adelantos sociales”, sostienen también en esa línea fuentes de los Comuns. 

“Igualmente, compartimos que hay que continuar avanzando en alianzas amplias que permitan consolidar derechos y ampliarlos. El acto del día 21 iba en esta dirección, y en esta dirección continuaremos trabajando: sumando, ampliando y construyendo. Los Comuns apreciamos nuestro compromiso a la hora de articular una nueva coalición que haga posible volver a vencer a la derecha y la extrema derecha”, añaden. 

Empieza, por tanto, una nueva etapa para la izquierda en mitad de una legislatura extremadamente complicada, pero que comenzará por el trabajo político antes que por los nombres, después de semanas en las que se ha especulado con la figura de Gabriel Rufián como el próximo líder de la izquierda, algo que él ya ha descartado. Y después también de meses en los que en los mentideros de la política se han designado ya a varios líderes como el del ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, que también se ha autodescartado. Este mismo miércoles Rufián lo señaló como “una de las mejores cabezas” de la izquierda. 

Lo que queda antes de un paso importante como el de la elección de una nueva persona al frente de esa coalición es un trabajo “de hormiguita”, como lo definen algunas fuentes, para seguir tejiendo alianzas y levantando un proyecto político que tendrá varios tests previos. Andalucía, el primero, con Antonio Maíllo como candidato, un territorio que él mismo ha señalado como clave para evaluar los próximos pasos de la izquierda estatal. Pero si todo va según el plan establecido, antes de las generales irán las autonómicas y hay fuerzas como Más Madrid que ya están volcadas en esa cita para conseguir los mejores resultados posibles. 

Muchas incógnitas en el futuro pero con un escenario mucho más claro tras el paso anunciado este miércoles por la vicepresidenta segunda.