Una habitación señorial llena de cuadros de personajes nobles, una cama con una marquesa moribunda, dos de sus hijos, cada uno a un lado de la cama, y una sirvienta. Además, un cura que pronuncia la extremaunción. Fuera se escucha el cantar de los buitres. Esta es la imagen inicial de Est Deus in Nobis (2026), un corto satírico sobre la codicia de las clases nobles y su hipocresía. La cinta se divide en dos partes claras. La primera refleja los últimos minutos de la marquesa marcados por los llantos y las buenas palabras de quienes le acompañan. La segunda muestra el verdadero rostro de los personajes una vez fallece la protagonista, cuando salen a la luz las viejas rencillas entre hermanos y su pugna por quedarse con la herencia de la muerta.

“Menos mal que me voy antes de que se disuelva España, que los socialistas quieren vender como Judas por unas cuantas monedas. Si no son ellos, serán los moros, que llevan siglos queriendo vengarse y descuartizar la grandísima obra que hizo Isabel la Católica echándolos a todos, moros y judíos. Prometedme que vais a estar siempre unidos y os vais a querer tanto como el señor os quiere”, afirma moribunda en sus últimas palabras con vida.

La escena es desternillante y el tono del cortometraje es de comedia. Pero el trabajo adquiere una especial relevancia porque la autora y directora es Oliva Ramírez de Haro, que proviene de una de las familias nobles más conocidas de Madrid. Su padre es Íñigo Ramírez de Haro, exdiplomático, dramaturgo y escritor enfrentado con su propio hermano, el conde de Bornos, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, que es además marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Todos conocen las miserias de la aristocracia, hasta el punto de que Íñigo llevó a su hermano Fernando ante los tribunales porque el esposo de Aguirre vendió en 2012 un cuadro familiar de Goya por más de cinco millones de euros, pero no repartió el dinero con sus hermanos. En noviembre, un juez condenó al conde de Bornos a pagar a su hermano Íñigo 853.732,83 euros. “La Justicia funciona, pero tengo miedo de la mano larga de Esperanza Aguirre”, confesaba este último en una entrevista con elDiario.es poco antes de que quedase visto para sentencia.

Inspirada en hechos reales

“Es una sátira inspirada en hechos reales. Me he inspirado en mi familia, en la historia que pasó y el dolor tan fuerte que sufrimos cuando se murió mi abuela”, explica Oliva Ramírez de Haro en conversación telefónica con elDiario.es. “Todo parecía idílico, a su manera, de una familia muy cercana que se decía lo mucho que se quería y cuando mi abuela murió tuve la sensación de un completo rechazo a los vínculos familiares y promesas irrompibles. Y de ahí llegaron los buitres”, añade. Las aves carroñeras son todo un símbolo del cortometraje. Nada más comenzar la grabación se escucha a los cuervos y, en un momento, la sirvienta afirma en alto: “La señora marquesa ha criado cuervos”.

La directora no cree que esa durísima pugna entre hermanos por el legado de sus padres se circunscriba únicamente a la aristocracia. “El corto es tan fuerte porque es una historia universal, que pasa en todos los países y en todas las clases sociales”, señala Ramírez de Haro. Ella reconoce que el cortometraje lo ha hecho “para sacar el dolor” que mantenía tras el fallecimiento de su abuela y el agrio enfrentamiento entre su padre y su tío. “Da miedo contarlo y muchas veces en las familias existe la ley de no hablar las cosas. Pero cuando no se hablan las cosas es cuando el rencor se queda dentro y hace que los odios se instalen”, remacha.

Las alusiones explícitas a miembros de su familia son constantes. En un momento dado, el hijo mayor le quita unos pendientes a su madre ante el asombro y el enfado de su hermana: “Son para Esperanza. Lleva esperando desde nuestra boda”. Que se utilice el nombre de Esperanza “no es casualidad”, según destaca Oliva Ramírez de Haro. “Casualidad no hay nunca, ya he dicho que está inspirado en mi familia”, apunta sin tapujos. La directora no teme represalias ni por parte de Aguirre ni por la de otros familiares: “La familia ya está perdida para siempre, desde mucho antes de hacer el corto”.

Antonio de la Torre, Cecilia Freire y Antonio Dechent

En su estreno como directora –lleva años en el mundo del cine trabajando en distintos proyectos como ayudante de dirección–, Ramírez de Haro ha contado con un elenco de lujo. El personaje que interpreta al hermano mayor lo representa Antonio de la Torre y en el papel de su hermana está Cecilia Freire. El cura está interpretado por Antonio Dechent, María Miguel hace de sirvienta y María José Alfonso, de la abuela que fallece. “Por casualidad di con Antonio de la Torre, se lo ofrecí y me dijo que iba a leer el guion y que si estaba bien lo haría. Creo que le pareció un buen reto”, explica la directora.

El cortometraje se presentó en el último festival de Málaga y, tal y como explica Ramírez de Haro, la idea es que “ahora empiece su vida” en el resto de festivales tanto a nivel estatal como internacional este año y el próximo. Después confía en poder poner el trabajo a disposición del resto del público “a través de alguna plataforma”. Oliva se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad de Manchester y posteriormente completó un programa de dirección cinematográfica en la École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de París, antes de cursar un máster en Cine Documental en la Universidad de Tel Aviv. 

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

“Que me ha dado un biquiño, ¿qué será un biquiño?”. Esperanza Aguirre acaba de recibir la llamada de Silvia Jato. La exmiss y presentadora tiene una misión, como los Blues Brothers, aunque la suya no es de Dios sino de la TVG: “Traer a gente de fuera de Galicia y que, cuando salga, lleve un corazón galego”. Así es como se titula la secuela de A miña gran cidade, un programa en el que un celebridad local trataba de convencer a un famoso de que se quedase a vivir en su ciudad. De aquel experimento surgió este spin off en el que, ante los escasos empadronamientos, el objetivo, más modesto, se rebaja a empapar de galeguidade al invitado. Tras Bertín Osborne, Terelu Campos, Boris Izaguirre y Jesulín de Ubrique –sí, está vivo– el primer repoker se completaba con Aguirre.

“Esperanza Aguirre”, arranca con tono de Carrusel Deportivo la voz en off que, sobre imágenes de archivo, nos presenta a “una de las figuras políticas más reconocibles de la España reciente”. Tras enumerar sus cargos –y su origen aristocrático– habla de una trayectoria pública “tan larga como intensa” en la que protagonizó episodios tan mediáticos como el accidente del helicóptero en el que también volaba Mariano Rajoy, los atentados de Bombay e incluso “un sonado desacuerdo con un agente de policía por una infracción de tráfico”. Si tenemos en cuenta que lo que sucedió fue que Aguirre, mal aparcada, desoyó las indicaciones y se dio a la fuga, arrollando la moto del agente, es fácil suponer que, si TVG quisiese ponerle un corazón –aunque fuese galego–, a Hitler, nos lo presentase como alguien que vivió “un sonado desacuerdo con el gobierno de Polonia sobre la soberanía del país”.

El programa, de tono tan blanco –o blanqueador– que casi carece de trama, sumerge a Aguirre en la comarca ourensana do Ribeiro: empieza con un recorrido por la capital, Ribadavia. Cuando aparece el Camino de Santiago, ella recuerda una anécdota de su marido, que lo hizo en 22 días desde Roncesvalles. Una noche, estaba tan cansado que, cuando llegó al albergue, “sacó a uno de la cama y se metió en la cama caliente”, contó entre risas. Faltó el off para explicar que se trataba de otro desacuerdo.

Durante el paseo, la condesa, pese a estar acompañada por un equipo profesional de televisión, lamenta reiteradamente no tener un móvil para fotografiar las numerosas “casonas” medievales. Se ve que le tira la curiosidad aristocrática y el historiador local le explica que en Ribadavia había mucha riqueza porque el vino daba “moitos cartos”. “Eso es pasta, ¿no?”, pregunta en varias ocasiones, para asegurarse.

Los falsos amigos dejan el primer momento explotado en redes por TVG, con su obsesión por los chistes rijosos, como cuando otro Corazón Galego, Bertín Osborne, se ofreció a embarazar él mismo a las mujeres que practicaban el ritual de fertilidad de A Lanzada. Cuando a Aguirre le explican que en Ribadavia la religión adora el “polbo á feira”, a ella –que poco después presumirá de liberal– sólo le falta santiguarse. Rápidamente le aclaran que se trata de ese sabroso octópodo que ningún juego de mesa acepta como animal de compañía. Será por cosas como esa que el historiador, Antonio, el único que no le dará la máxima puntuación en todo el programa, valora su inmersión con un tres sobre cinco. “Bueno, ella lo intentó. Ahí estuvo, manteniendo el tipo”.

Durante la comida, menu degustación en horario madrileño –las tres de la tarde–, Aguirre se reconoce como “radical, porque voy a la raíz”, aunque “como buena liberal, si me demuestran que estoy equivocada, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo y pasarme a la doctrina contraria”. Por algún motivo, mientras devoraba las fabas de Lourenzá, sonaba como fondo la banda sonora de Parque Jurásico. Y eso que las habas no parecían tan grandes.

Como tercera “experiencia”, la expresidenta madrileña, probó el traje tradicional. Hasta ahora, sólo se había atrevido con el de chulapa, pero en el obradoiro de Mercedes, se atrevió. Aquí, el programa, que no pisó ni uno de los múltiples charcos en la trayectoria de Aguirre –ni el tamayazo que la llevó al poder de la comunidad, ni la cantidad de subordinados suyos que se las tuvieron que ver con la justicia– perdió una oportunidad fantástica de hacerlo. Fue en el momento en el que le colocaron el sapo, el collar con una joya –que recuerda vagamente al batracio– que las madres regalaban a sus hijas con la llegada del primer nieto.

En 2016, cuando la corrupción rodeaba al PP de Madrid, Aguirre tronaba en la asamblea: “Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos”. Hoy son ya, al menos, dos docenas. Por eso, quizá, insistía en que la alhaja –ahí posproducción decidió introducir un sonoro “croac”– “no tenía ninguna pinta de sapo”. Le faltaría el traje. O la gomina.

Tras superar por los pelos sus últimos tests, Aguirre cerró el primer programa con un 24/30 en galeguidade. “Lo ha bordado”, insistió la voz en off, inasequible al desaliento. Un momento... ¿primer programa? Sí, porque cada Corazón Galego tiene dos entregas. En la siguiente –que se promete durísima e igual de apasionante que la primera– le esperan un balneario, un peeling y los cantos de taberna. En el avance, Silvia Jato no oculta su sorpresa porque Esperanza se conozca la letra de A Rianxeira. Se ve que no ha estado muy pendiente de los últimos congresos del PP de Feijóo, el gallego que llegó a liderar el partido tras un sonado desacuerdo entre Ayuso y Casado.

El PP de Madrid ha perdido la cuenta de sus cargos públicos condenados por corrupción. El último juicio, una de las muchas ramas de la trama Púnica, envió a prisión hace unas semanas a media docena de alcaldes del partido en la región, condenados por cobrar mordidas de la empresa Cofely, a cambio de adjudicaciones en planes de ahorro energético a largo plazo. Dos de sus últimos secretarios generales, Francisco Granados e Ignacio González han pasado por la cárcel y están pendientes de nuevos juicios, aunque Granados ya ha recibido la primera condena por recibir un chivatazo de la Guardia Civil. El que fue gerente durante más de una década, Beltrán Gutiérrez, también se sentará en el banquillo previsiblemente este año: la Fiscalía Anticorrupción le pide tres años y seis meses de cárcel por llevar una contabilidad paralela en dinero negro. Sumarios como Púnica, Lezo, la Ciudad de la Justicia, indagaron en las diferentes formas de saqueo de dirigentes populares madrileños en empresas públicas como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua, en la construcción de colegios concertados, en la adjudicación y privatización de hospitales, en la anterior Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, en la construcción de edificios judiciales, en la frustrada línea de tren a Navalcarnero, en el gasto en publicidad del Gobierno regional, en la contratación de actos públicos o fiestas patronales...

La Justicia acumula además pruebas sobradas de que durante más de una década las campañas electorales de Aguirre, la madrina política de Ayuso, se pagaron con dinero que salía de la Comunidad de Madrid. De que sus encuestas internas se sufragaron también con fondos públicos. De que la sede del PP madrileño también se pagó y se reformó con dinero negro.

Esta semana arranca otro juicio, el de Waiter Music, la empresa que organizaba a la vez fiestas en distintas administraciones gobernadas para el PP y montaba después los mítines del partido e incluso actos familiares para sus cargos públicos. No solo son escándalos del pasado. La actual número 3 del PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, fue ascendida a esos puestos por Isabel Díaz Ayuso cuando ya se conocía su imputación, está siendo investigada por cobrar de un empresario al que había adjudicado contratos desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos. De momento, se le atribuyen cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Otro juzgado investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de Formación Profesional, algunos de ellos ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Con semejante historial delictivo, pasado pero también presente, el Partido Popular de Madrid intenta erigirse en látigo contra la corrupción. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada uno de sus consejeros y también los cargos del Partido. Definen a Sánchez como el presidente del “Gobierno más corrupto de la democracia”. Lo hacen desde la sede institucional de la Comunidad, en los mítines del partido y también en las redes sociales. Las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid suelen iniciarse con ataques al Gobierno de Sánchez, antes incluso de que llegue el turno de preguntas. Lo hace casi a diario Ayuso, ajena a los escándalos protagonizados por el PP, pese a crecer políticamente a la sombra de Esperanza Aguirre, quien le proporcionó sus primeros sueldos. En mítines de partido pero también en actos institucionales.

Su elocuencia a la hora de atacar al PSOE contrasta con el silencio que mantiene sobre las condenas por corrupción de sus compañeros de partido y las investigaciones a altos cargos de su Gobierno en el caso de la FP o a su estrecha colaboradora y amiga, Ana Millán, que continúa como número 3 del PP regional y fue colocada como vicepresidenta en la Asamblea regional pese a los graves cargos que pesan contra ella.

Elocuente fue la visita hace unos meses a la Ciudad de la Justicia, donde casi 20 años después, Ayuso intenta recuperar el proyecto que supuso una condena de ocho años de cárcel a otro de los popes del PP, Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad en su día. El proyecto faraónico consumió más de 300 millones de euros. Cuando los cargos populares, comandados por la presidenta, volvieron a la explanada de Valdebebas, al norte de la capital, donde solo se levantó uno de la docena de edificios que se habían proyectado, nadie habló del elefante en la habitación. Como si no hubieran pasado veinte años desde la primera piedra de Aguirre, no se hubiera despilfarrado una millonada y no hubiera cargos del partido condenados a prisión. Ayuso rodeada de alcaldes y altos cargos de la Comunidad presentó otra maqueta y una inversión de 700 millones más hasta 2029 para unificar allí todas las sedes judiciales de la capital. El redondeo del proyecto superará los 1.000 millones de euros.

Una historia similar a la del tren a Navalcarnero. Otro proyecto estrella del aguirrismo que embarrancó entre clamorosas sospechas de corrupción. El Gobierno de Aguirre, con María Dolores de Cospedal como consejera de obras públicas, decidió acometer la obra y de paso denunciar que el gabinete de Rodríguez Zapatero no cumplía con la red de transporte en su comunidad. El resultado: 300 millones de euros adjudicados a la empresa OHL, propiedad entonces de un amigo de la presidenta, Juan Miguel Villar Mir, y según la Fiscalía Anticorrupción una comisión de 2,5 millones para Ignacio González, en aquel momento vicepresidente de Aguirre, y a la postre su sucesor. El asunto se investiga en una de las ramificaciones del caso Lezo y Anticorrupción pide para González cuatro años de cárcel y para López Madrid, el yerno de Villar Mir, seis y medio. El juicio aún no tiene fecha.

Ahora que el Ministerio de Fomento se ha prestado a finalizar la obra, los consejeros de Ayuso aluden al proyecto sin mencionar aquellas primeras piedras como si fuera un mero incumplimiento del Gobierno central y apremian a Óscar Puente. Las desventuras de Aguirre, González y OHL con el tren son otro tabú para el gabinete de la presidenta.

Mientras urge al ministerio a completar la infraestructura o se felicita del futuro Campus de la Justicia sin mencionar los problemas en los tribunales de ambos proyectos, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, alude al de Sánchez como “el gobierno más corrupto de la democracia”. Es costumbre en cada una de sus comparecencias públicas, antes incluso de que llegue la ronda de preguntas. Lo hizo también en su comparecencia del cierre del año el 23 de diciembre, tras el último consejo de Gobierno antes de vacaciones en el que ocultó a la prensa un acuerdo para pagar al grupo Quirón, el mayor adjudicatario de la Comunidad y donde trabaja con una identidad falsa la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, 214 millones de euros que no figuraban en el presupuesto, y otros tantos para rescatar a otros hospitales privatizados que gestiona el grupo Ribera Salud. Como tantos miércoles, el portavoz de la Comunidad aludió al “peor gobierno de la democracia” y a las tramas de corrupción que sacuden al entorno de Sánchez.

La semana anterior, en el Pleno de Presupuestos, lo repitieron todos y cada uno de los consejeros de Ayuso y los diputados que salieron a la tribuna. El discurso monopoliza los actos del PP de Madrid, que pese a ser el que más condenados acumula en la organización, se puso de ejemplo en el último congreso nacional, que reeligió a Feijóo como presidente. En esa cita tomó la palabra, Alfonso Serrano, que ya formó parte del comité electoral de Esperanza Aguirre en 2011, una de las campañas que la Justicia considera bajo sospecha, y que acumula 14 años como diputado en la Asamblea de Madrid. Desde el atril Serrano, el lugarteniente más fiel de Ayuso, puso como ejemplo a su organización y se permitió impartir consejos al resto del partido.

El PP de Madrid cargan contra Sánchez, el PSOE y sus socios de Más Madrid, a los que llegan a acusar de ser cómplices de la corrupción mientras tratan de enterrar los problemas judiciales de su número tres y de dirigentes que fueron la columna vertebral del partido y apadrinaron a la actual dirección, con Ayuso y Serrano a la cabeza.

Púnica: un secretario general imputado y cinco alcaldes con condenas

La trama a la que dio nombre Granados, Púnica, como bautizó a la red la Guardia Civil, es la traducción del nombre de la flor en latín, mantiene 11 años después muchas ramificaciones en los juzgados. Con la construcción bajo mínimos en la resaca de la crisis inmobiliaria, David Marjaliza, empresario y socio de Granados, urdió una organización mafiosa para amañar contratos en sistemas de ahorro energético en municipios del PP. Marjaliza acabó confesando y acaba de ser condenado en diciembre. Junto a él tienen penas de prisión seis alcaldes de la época, cinco de ellos del Partido Popular (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Sevilla La Nueva y Moraleja de Enmedio), uno del partido socialista, en Parla, y un independiente (Serranillos del Valle).

Pero el grueso del caso sigue sin juzgar e indaga en la caja B que se descubrió en el PP de Madrid y en la fortuna del propio Granados, que acabó reconociendo la propiedad de un millón de euros encontrados en el altillo de una vivienda de sus suegros y al que la Guardia Civil atribuye varios millones más en cuentas de Suiza, individuales o compartidas con su ex socio David Marjaliza.

Granados, que ocupó la secretaría general, fue mano derecha de Aguirre y a quien nadie parece conocer hoy en el PP, está acusado de liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011, en connivencia con el gerente Beltrán Gutiérrez. El que fuera secretario general está imputado además por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este mismo enero se inicia el juicio por el amaño de contratos en la adjudicación de eventos en Madrid, en el que se pide a Granados seis años de cárcel.

Ignacio González: tres casos de amaño de contratos y comisiones ilegales

El sucesor de Granados en la secretaría general del PP, cuando Esperanza Aguirre lo destituyó en 2011 por “pérdida de confianza” fue Ignacio González, elegido además como el relevo al frente de la Comunidad cuando la presidenta decidió renunciar, también está involucrado en varios casos de corrupción. En la trama Lezo se le acusa de amañar la adjudicación de un campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí. Su juicio en la Audiencia Nacional está fijado para septiembre de 2027, se le acusa de cohecho y de prevaricación.

En la pieza relacionada con el tren a Navalcarnero se le atribuye cohecho y falsedad documental, la petición es de cuatro años de prisión. Hay todavía una tercera ramificación del caso: la compra de una empresa brasileña a través del Canal de Isabel II por un precio inflado del que habrían salido también comisiones ilegales. La Justicia atribuye al que fue secretario general del PP de Madrid, presidente de la Comunidad y que hoy es otro apestado en el partido, malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.

Gürtel, epicentro en Madrid

Si Ayuso y su mano derecha Alfonso Serrano, que aplaudieron durante cuatro años (entre 2011 y 2015) desde sus escaños en la Asamblea de Madrid a Ignacio González primero como vicepresidente de Aguirre y luego ya como presidente de la Comunidad, hacen ver ahora que no lo conocen de nada, cómo preguntarles por la cascada de condenas a su partido en Gürtel. Diferentes tribunales han probado que la red de Correa y cía tuvo como epicentro la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos más emblemáticos para el PP: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte. La gran trama de corrupción del PP llevó a prisión a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, condenado a 31 años de prisión por amañar contratos y cobrar sobornos, al que fue alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años de cárcel) al de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, 36 años, al de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años) al de Arganda del Rey Ginés López (cinco años) junto a otros concejales y cargos de las agrupaciones locales del partido. El propio PP de Madrid fue condenado como persona jurídica en tres ocasiones por lucrarse de los delitos cometidos por la red corrupta liderada por Correa. En Boadilla del Monte, la Audiencia Nacional le obligó a devolver más de 200.000 euros con los que financió sus campañas electorales.

Caso FP: adjudicaciones a dedo y contratos troceados en la era Ayuso

Pero la sombra de la sospecha del amaño de contratos en adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid se extiende también sobre la gestión de la propia Ayuso y de dirigentes muy cercanos a ella como el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y su consejera de Economía, Rocío Albert. Una investigación de elDiario.es ha revelado cómo en la Consejería de Educación se adjudicaron obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP, entre 2021 y 2023. Los responsables de la Consejería de Educación entonces eran el propio Ossorio y su número dos era Rocío Albert. Ambos están aforados como presidente del parlamento regional y consejera de la Comunidad, por lo que cualquier investigación sobre ellos debería llevarla a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del caso, que investiga delitos de prevaricación, prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.

La número 3 del partido, imputada por cobrar de un empresario

El ejemplo más paradigmático de la doble vara de medir de Ayuso y los suyos con los casos de corrupción es el de su colaboradora y amiga, Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos está acusada de cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados en su etapa municipal a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, y mientras ataca al Gobierno de Sánchez y a sus socios de izquierdas, Ayuso decidió ascender a Millán en el partido, donde ahora ejerce como secretaria de organización, además de blindarla en la Asamblea de Madrid, como vicepresidenta, con su correspondiente aforamiento.

La magistrada de Navalcarnero que investigó el asunto halló indicios de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a un miembro de la Asamblea. A principios de diciembre, el Tribunal devolvió el caso a la magistrada para que complete sus pesquisas. La imputación por corrupción no impide a Millán ser un valor en alza en el partido: además de los ascensos en la asamblea y la organización, Ayuso le ha encomendado presidir la gestora del PP en Fuenlabrada.

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.

Diversas tramas de corrupción colonizaron administraciones madrileñas gobernadas por el PP entre 2004 y 2015. Este periodo de pillaje institucional, en parte ya juzgado y condenado, se corresponde con el de la hegemonía casi absoluta del partido en la Comunidad de Madrid, donde gobernó en solitario con mayoría absoluta, así como en más de 100 municipios de la región. Redes empresariales delictivas sobornaron en ese tiempo a decenas de dirigentes públicos del PP para lucrarse mediante el amaño de contratos.

Una de esas tramas delictivas se enriqueció a costa de las fiestas patronales de grandes municipios gobernados por el PP y también gracias a eventos organizados por la Comunidad de Madrid para publicitar sus obras públicas durante el mandato de Esperanza Aguirre.

La Audiencia Nacional celebra del 19 de enero al 21 de marzo próximos el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) sentará en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Granados, y entre dos y cinco años para el resto de exalcaldes procesados.  

La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año.

Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”. 

El auto de procesamiento señala que muchos de los contratos adjudicados en este tiempo se amañaron por parte de los gobiernos locales a favor de José Luis Huerta y su empresa Waiter Music u otras firmas vinculadas a la misma. El empresario también se encargó en algunos casos de organizar de manera gratuita eventos privados del PP en estos municipios a cambio de la adjudicación de los contratos de las fiestas patronales. “Se trataba de una empresa [Waiter Music] que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”, señala el auto de procesamiento. “José Luís Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos”.

El principal acusado en esta causa es Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero autonómico y mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, donde ejerció durante siete años (2004 a 2011) como secretario general. El auto de procesamiento atribuye a Granados ser el intermediario entre los alcaldes y el empresario que lograba los contratos para organizar festejos, y también de procurar a Waiter Music contratos de la Comunidad de Madrid, donde ejerció como consejero de Transportes, de Presidencia y de Justicia. “Granados fue el que introdujo a José Luis Huerta en sus relaciones con el Ayuntamiento a través de su amigo, y concejal en el mismo, José Carlos Boza. Entendemos que sin su apoyo y colaboración 'desde atrás' José Luis Huerta no habría tenido el acceso que tuvo a la contratación fiel con el Ayuntamiento de Ciempozuelos, lo que se tradujo, entre otras cosas, a abonar 'regalos'”, señala el auto judicial.

Junto a Granados, la Audiencia Nacional juzgará también a quien fue senador, diputado regional, y concejal en Algete, David Erguido, asesor durante un tiempo de la entonces presidenta Esperanza Aguirre, además de seis exalcaldes del PP en Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moareno; Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz; Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada. 

Esperanza Aguirre ideó en 2009 una ley que iba a poner a los hospitales del sistema sanitario madrileño a competir: con su sistema de libre elección, cada paciente elegiría dónde quería tratarse, le tocara o no ese hospital por zona. Además, puso a competir a actores de distintos ámbitos: la pública competiría con la gestión privada, y viceversa, pese a las distintas naturalezas de ambas. En la Comunidad de Madrid hay cinco hospitales públicos de gestión privada que controlan Quirón (Fundación Jiménez Díaz, Villalba, Infanta Elena de Valdemoro y Rey Juan Carlos de Móstoles) y Ribera Salud, que gestiona el Hospital de Torrejón, el de los polémicos audios en los que el CEO instaba a anteponer el beneficio económico a la salud.

El resultado de aquel cambio político, casi dos décadas después, es una transferencia constante y acelerada desde hospitales públicos hacia hospitales concertados, que tienen un incentivo empresarial importante: por cada paciente que captan de otra zona reciben un plus, más allá del canon fijo que les abona la Comunidad de Madrid por atender a la población que les corresponde por zona (la Jiménez Díaz no tiene un canon, sino un concierto singular por el que cobra cada servicio que presta). La pública no aplica estrategias de captación, puesto que su naturaleza es la equidad y prioriza el orden de lista de espera o los casos más urgentes, sea o no eficiente.

El Gobierno de Ayuso ha hecho públicas el último día del año las listas de citas entrantes y salientes de cada hospital madrileño en 2024, unos datos que solía publicar en las memorias del Sermas de manera agrupada y cuya publicación ahora ha fraccionado, lo que hace que sea más difícil compararlos, una información que publicó el activista Óscar H en la red social X.

Los cinco hospitales de gestión privada han logrado captar en un año 247.295 pacientes, casi todos provenientes de los hospitales públicos, con La Paz a la cabeza. También se les han ido algunos pacientes, pero de manera residual en comparación con los que llegan.

Como avanzó elDiario.es, la Fundación Jiménez Díaz (Quirón) es la que más pacientes de otras zonas absorbió en 2024 (97.000) y por estos recibió de la Comunidad de Madrid más de 176 millones de euros extra a su presupuesto, según lo aprobado en el antepenúltimo Consejo de Gobierno. Le sigue el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles (61.000), Villalba (34.000), Torrejón (29.800) y Valdemoro (23.000). Todos ellos gestionados por estos dos gigantes sanitarios, ambos parte de conglomerados extranjeros (la alemana Fresenius y la francesa Vivalto Santé).

Para encontrar el primer hospital público que resulta atractivo para pacientes que se cambian desde otras zonas hay que irse al sexto puesto del ranking: Puerta de Hierro, con 12.600 pacientes que llegaron, pero del que se marcharon 22.000, es decir, quedó con un saldo negativo.

Con este sistema mixto de libre elección que instauró Aguirre y que ha continuado con todos los gobierno del PP, los hospitales de gestión privada puede diseñar líneas estratégicas de captación. Por ejemplo, centrarse en la maternidad o traumatología, especialidades muy rentables, o mantener la lista de espera un poco por debajo de la pública, pero no demasiado, para no incurrir en gasto excesivo, como admitía el CEO de Torrejón.

De hecho, la lista de espera es una palanca importante de captación. En algunos hospitales, como acreditó elDiario.es, la espera para los pacientes de fuera del área es más corta que para la población adscrita al hospital, con el objetivo de captar a estos pacientes “no cápita” que suponen un plus económico (la Comunidad ha de pagar por ese tratamiento). Toda esta estrategia es ilegal en los hospitales públicos y no se aplican distintas velocidades en las listas de espera.

Obviamente, cuanto más pacientes tienen en su área o más personas reciben de libre elección, más dinero ingresan de la partida de los presupuestos las empresas privadas, que han ido aumentando la facturación y los conciertos con la sanidad pública madrileña de manera exponencial desde que gobierna Isabel Díaz Ayuso. Sin embargo, ese dinero no se compensa exactamente con el ahorro que supone tener menos pacientes en los hospitales de gestión pública, que siguen afrontando gastos fijos estructurales (edificios, personal, material), aunque pierdan pacientes de manera constante desde hace una década.

El dinero que la Comunidad de Madrid destina a estas empresas sanitarias no se publica de manera transparente y global. Por una parte, está lo presupuestado cada año por el Gobierno de Ayuso. Por ejemplo, el crédito inicial asignado a los cuatro centros hospitalarios de Quirón en el cuatrienio 2021-2024 era de 2.543 millones, pero la suma de los pagos efectuados en total a lo largo de esos ejercicios roza los 5.000 millones. Esto se debe a los pagos por pacientes de libre elección, deudas atrasadas que se pagan de manera puntual en Consejos de Gobierno o fallos judiciales que obligan a la sanidad de la Comunidad de Madrid a hacer desembolsos.

Por ejemplo, en 2020 Madrid pagó de manera extraordinaria 903 millones que debía a operadores sanitarios privados, una deuda que arrastra desde la época de Cristina Cifuentes y cuyo montante no ha desvelado la Comunidad de manera desglosada. Durante 2022 también hubo un acelerón de pagos por facturas atrasadas a Quirón por fuera del presupuesto y, en tres meses, el gobierno de Ayuso —cuya pareja es proveedor de una rama del grupo— desembolsó 400 millones a través del sistema excepcional de “convalidación de gastos”. Ni las concesionarias ni la Comunidad desglosan estas cantidades aduciendo que “está todo publicado”.

Uno de los elementos de la Navidad en Madrid que más sorprende a los que llegan de fuera a la capital es ver cómo muchos belenes situados en instituciones públicas vienen acompañados de la bandera de España, colocada por metros para cubrir las mesas sobre los que se asientan los montajes.

El origen actual tiene que ver con la respuesta desde los gobernantes del PP al referéndum independentista de Cataluña del año 2017, en forma de fervor nacionalista español que políticos como Almeida desplegaron en elementos tradicionalmente madrileños como las luces de Navidad o la representacién del nacimiento de Jesús.

Pero la primera política en montar esta combinación inesperada fue Esperanza Aguirre. Lo hizo de forma inesperada, por un malentendido que tuvo con su entonces director general de Relaciones Institucionales de la Comunidad de Madrid, Fernando Martínez Vidal, por aquel entonces dirigente también del PP y ahora concejal por Vox en el Ayuntamiento de Madrid.

Cuentan las crónicas de la época, en un error que reconoció la propia Esperanza Aguirre, que en la Navidad del año 2004, cuando ostentaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, puso objeciones al nacimiento que había montado en el patio de la Casa de Correos, sede del gobierno regional. “Fernando, este belén no tiene la bandera”, le dijo al responsable, que tomó buena nota y movió hilos para adaptar el montaje a los gustos de la mandataria.

Al día siguiente el belén de la Puerta del Sol lucía una enorme bandera de España, llamando la atención de cuantos por allí pasaban y también de la propia Aguirre, que volvió a reclamar la presencia de Martínez Vidal, para volverle a llamar la atención y asegurarle que no le había entendido: en lugar de “la bandera”, la presidenta regional le había pedido que colocara una “lavandera”, como es tradicional en este tipo de montajes.

La historia la recordaba en TikTok hace unos días el periodista David Andújar, que calificaba la anécdota como “el mejor cuento de Navidad de la historia”.

Había una vez un sistema sanitario totalmente público del que todo un país estaba orgulloso hasta que en algún momento todo empezó a cambiar. El éxito electoral de quienes piensan que el Estado debe funcionar como una empresa fueron reventándolo todo por dentro. Más de dos décadas después, ese proyecto neoliberal nos devuelve noticias de hospitales públicos gestionados por empresas privadas que priorizan la atención de pacientes en función de la rentabilidad de sus tratamientos sobre las necesidades de salud de la población a la que atienden. ¿Cómo hemos llegado a esto?  

Con Marcos Pinheiro, jefe de Sociedad de elDiario.es, explicamos en qué consiste el esquema del hospital de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde la dirección del centro ha dado órdenes de maximizar los beneficios económicos por encima de los criterios médicos. Sergi Pitarch, director de elDiario.es en la Comunitat Valenciana, nos recuerda cómo fue el modelo Alzira en esta comunidad, la primera en privatizar la sanidad. Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, repasamos el proceso privatizador de la sanidad madrileña que dos décadas después ha perdido la calidad asistencial que le caracterizaba mientras ha engordado el negocio de las compañías privadas.    

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Nada de lo que ocurre en Madrid se entiende sin Esperanza Aguirre. Sin las políticas de esta aristócrata-liberal que sembró buena parte de los desastres que hoy padecemos, incluido el deterioro de la Sanidad pública. Un legado terrible, levantado sobre la más absoluta impunidad.

Hace unos días –por fin– Esperanza Aguirre perdió algo en los tribunales. Es la primera vez, aunque solo le afecta de refilón: el condenado fue su marido, en un asunto en el que ella participó y del que también se lucró. Fernando Ramírez de Haro vendió un retrato de Goya por más de cinco millones y se comprometió por escrito a repartir el dinero con sus hermanos. Nunca lo hizo, así que uno de ellos, Íñigo Ramírez de Haro, le llevó a los tribunales. Tras un largo proceso judicial, acaba de ganar. El nombre de Esperanza Aguirre no figura en la sentencia, pero le tocará pagar: el matrimonio está en gananciales, así que tanto el botín del Goya como su devolución iban al mismo bolsillo común.

Aguirre no solo se benefició de la venta de ese Goya: también fue clave en toda la operación. El comprador –casualmente– fue el constructor Villar Mir, que en esas mismas fechas buscaba los permisos y un cambio en la ley del Gobierno regional para la operación Canalejas: un nuevo hotel de lujo levantado sobre varios edificios protegidos, que terminaron arrasados.

La sentencia es histórica por ser insólita. Que Aguirre salga mal de un juzgado es una rareza absoluta. Un unicornio. Un eclipse total de sol. Hablamos de la misma Esperanza Aguirre que se libró del Tamayazo, de la Gürtel, de la Púnica, de Fundescam, de modificar arbitrariamente una línea de metro que hundió varios edificios y hasta de fugarse de unos guardias de tráfico que la iban a multar.

No intentes repetir ni una sola de estas andanzas. Si no eres la lideresa del Partido Popular de Madrid, seguro que acabarías mal. Es la misma impunidad que Ayuso ha heredado, la que disfruta hoy.  

Esperanza Aguirre ganó varias elecciones a la Comunidad de Madrid con trampas, dopada con dinero negro. En la trama Púnica, se encontraron numerosas pruebas de financiación ilegal en el PP de Madrid –aún pendientes de juicio, porque para determinados asuntos la lentitud de los tribunales es brutal–. 

Tras varios meses imputada, la Audiencia Nacional decidió que no había indicios suficientes como para sostener que Aguirre supiera algo de esas campañas amañadas. La lideresa se libró, a pesar de que la Justicia encontró financiación ilegal en Fundescam –que ella presidía–, en el PP de Madrid –que ella presidía– y en el Gobierno autonómico –que casualmente también presidía–. 

Total, solo era la líder del partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid y quien decidía hasta el color de las viviendas de VPO –una vez que no le gustó un bloque de pisos lo ordenó repintar–. Pero del dinero negro con el que se pagaban sus mítines, según la Justicia, la lideresa nunca se enteró. 

¿Adivinan qué juez de la Audiencia Nacional decidió librar a Esperanza Aguirre de ese caso de corrupción? Exacto: el muy famoso Manuel García Castellón. El mismo que vio terrorismo en la muerte de un turista por un infarto, para así poder imputar a Puigdemont.

Más increíble aún fue cómo Aguirre se escapó sin un rasguño de otro proceso judicial: su fuga tras encararse con dos agentes de la Policía Municipal. Había parado el coche en pleno carril bus de la Gran Vía, en el centro de Madrid. Los agentes actuaron como harían con cualquier otra persona: le pidieron los papeles para sancionarla. Aguirre se encaró con ellos –“O multita o bronquita”– y acabó huyendo en el coche, derribando una moto policial y refugiándose en el garaje de su palacete, mientras los agentes la perseguían por las calles del centro.

Años después, supimos que detrás de una de las acusaciones populares que se personó en aquel juicio estaba el siniestro comisario Villarejo. Esperanza Aguirre habló con él para que dejara de molestar. Y lo logró. Hay un audio que acredita aquella conversación. 

El juez que investigó aquella fuga primero intentó rebajarla a una simple falta. La Audiencia de Madrid lo corrigió y le ordenó reabrir el caso. Más tarde archivó la causa, con argumentos asombrosos: “No está acreditada la desobediencia” porque los policías la persiguieron con las luces puestas pero no con las sirenas, y por eso ella no se enteró. También sostuvo que no había delito alguno en derribar la moto de uno de los agentes cuando salió de allí a todo gas –a punto estuvo de atropellarlo–. En su auto, el juez incluso pone en cuestión “la credibilidad” del testimonio de los policías; lo nunca visto.

¿Y quién fue este juez? Se llama Carlos Valle. Fue famoso en los 80 por ordenar una redada contra mujeres que supuestamente habían abortado. Más recientemente, fue el que investigó al humorista Héctor de Miguel por un chiste sobre dinamitar la cruz del Valle de los Caídos y que, durante el interrogatorio, comparó esa broma con amenazar con “volar la plaza de Pedro Zerolo” o “apedrear a homosexuales pederastas”. 

El Consejo General del Poder Judicial tramitó una queja contra él por estas palabras. Fue archivada sin sanción.

Pero volvamos a Esperanza Aguirre y ese trébol de cuatro hojas que la libra de todo mal en los juzgados. Aún más alucinante –y más caro– fue lo que ocurrió con el Hospital Puerta de Hierro, de la red pública de Madrid. Cuando se construyó en 2008, el plan era que sus 135 habitaciones fueran dobles. Pero a última hora el Gobierno de Aguirre decidió que no: que mejor que las habitaciones fueran individuales. Así se hizo, pero la Comunidad de Madrid siguió pagando a la concesionaria –a ver si pensabas que era público de los de verdad– como si el número de camas fuera el anterior. 

Durante nueve años, la Comunidad de Madrid pagó por 135 camas de hospital que nunca existieron. En total, aquella frivolidad de convertir las habitaciones dobles en individuales pero abonando el mismo precio acabó costando 30 millones de euros a las arcas públicas. La Fiscalía Anticorrupción pidió imputar a Esperanza Aguirre y al entonces consejero de Sanidad, Juan José Güemes, por prevaricación y por malversación. La jueza que llevaba el caso, Mónica Aguirre de la Cuesta, se negó.

El hospital Puerta de Hierro fue uno de los siete que Esperanza Aguirre construyó con este modelo de gestión. En este artículo de Raquel Ejerique se explican bien todos los escándalos que acompañaron a esa privatización encubierta, cuyas consecuencias estamos pagando hoy. 

Una de sus decisiones más polémicas fue acabar con los distritos sanitarios. Dar a cada madrileño la libertad de elegir a qué hospital quiere ir, sin importar dónde viva. La teoría liberal se vendió como una fórmula para poner a todos a competir. La práctica ha sido ese desastre que hoy ha aflorado en otro de esos hospitales, el de Torrejón.

La empresa que gestiona ese centro, Ribera Salud, cobra de la Comunidad de Madrid por dos conceptos. Primero, por los pacientes de la zona. Un canon por el que la empresa se compromete a atender a todos ellos, cuando caigan enfermos. Pero esa libertad de elección permite a este hospital competir por atraer a pacientes de otras áreas, que se cobran aparte.

¿El resultado de este modelo de incentivos? Que a Ribera Salud le sale más rentable atender a los vecinos que no son de Torrejón, porque por los otros no cobran más. Los audios que esta semana ha desvelado El País y los documentos que ha publicado elDiario.es demuestran las consecuencias de este modelo: es más importante el EBITDA que las listas de espera, aunque esto suponga prestar un peor servicio.

Hoy desvelamos una exclusiva más. La dirección del hospital de Torrejón modificó el triaje en Urgencias para calificar como leves a pacientes graves. Al mismo tiempo, atendían primero a los pacientes más leves que se presentaban en urgencias, para así aligerar la lista de espera y ganar más dinero con enfermos sencillos de atender. Todo esto solo se explica porque la rentabilidad era más importante que la salud de los madrileños.

Después de tres décadas de gobiernos del PP, el resultado a la vista está. Madrid es la autonomía que menos invierte por paciente de toda España. Y un 12% de toda su población –cerca de 800.000 personas– está esperando cita para que les vea un especialista. Al tiempo, el Gobierno de Ayuso ha pagado al grupo Quirón el doble de lo presupuestado durante los últimos cuatro años. 

Aguirre fue el molde, Ayuso es la réplica. Son los mismos métodos, los mismos abusos, y sobre todo la misma impunidad. Nada cambia porque nada les pasa. La historia se repite porque nunca se corrigió.

P. D. El próximo martes 9 de diciembre, a las 22:10, emiten en La 2 un documental sobre mi carrera profesional. Forma parte del programa ‘En Primicia’, que retrata la vida de distintos periodistas a partir de algunas de las noticias más importantes que han contado. ¡Espero que te guste! Me grabaron durante una semana, pero aún no he visto el resultado final. Aquí puedes ver el tráiler:

Cuando Esperanza Aguirre aterrizó en la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, en 2003, llegaba con el bagaje de haber sido ministra de Cultura de José María Aznar y con varias polémicas a cuestas. Para ganar de nuevo Madrid, la joya de la corona del Partido Popular –que había mandado al presidente Alberto Ruiz-Gallardón a ser candidato a la alcaldía y había puesto a Aguirre, más neoliberal aún, para sustituirle en la comunidad–, Esperanza Aguirre puso la sanidad como uno de los ejes de su campaña. Iba a recortar las listas de espera, a abrir más centros. “Haré todo lo posible para mejorar la sanidad madrileña, de forma que ningún ciudadano tenga que esperar más de un mes para ser sometido a una intervención quirúrgica”, prometía en aquellos meses en los que se disputaba la presidencia con el socialista Rafael Simancas. Hoy, Madrid tiene la lista de espera de primera visita del especialista más alta de España y más de un millón de personas aguardando prueba diagnóstica.

El dosier de promesas de aquella campaña de 2003 incluía la construcción de 50 nuevos centros de salud y siete nuevos hospitales en la región. En ese momento, todo el sistema de atención a pacientes en Madrid era público, desde la construcción de edificios a las prestaciones sanitarias y servicios como lavandería o cafetería. De todo era responsable la Comunidad de Madrid. Se dio por sentado que Aguirre hablaba de ampliar ese modelo.

Se le escapó una frase reveladora de su verdadera opinión sobre lo público cinco meses antes de llegar a las urnas, aunque nadie reparó entonces en ella: “Haré que la sanidad pública madrileña sea tan buena o mejor que la sanidad privada”. Su referente, como el de su jefe Aznar, estaba en las empresas privadas, a las que pronto iba a meter en el sistema para “mejorar” los servicios no sanitarios y luego para “gestionar” directamente la salud de los madrileños. Ese modelo es el que ha llevado a que Madrid sea la región con más penetración de los seguros privados, una apetecible plaza para las multinacionales y, como demuestra el reciente caso de los audios del hospital del Torrejón, un lugar donde el beneficio empresarial puede fagocitar el servicio público, anteponiendo el negocio a la salud de los madrileños, como admitía un líder de la empresa Ribera Salud en un encuentro con ejecutivos de ese hospital.

La semilla: empresas constructoras

Cuando Aguirre tomó posesión del cargo de nueva presidenta de la Comunidad de Madrid, se evidenció la verdadera estrategia sanitaria que iba a llevar a cabo. Junto a su consejero de Sanidad, Manuel Lamela, asignó 2.280 millones de euros a un Plan de Infraestructuras Sanitarias 2003-2007 en el que metió de lleno, y por primera vez en Madrid en democracia, a empresas privadas. Estas adelantarían el dinero y construirían los edificios sanitarios a cambio de un canon anual de dinero público que se prolongaría 30 años. Acudieron a los concursos grandes compañías, algunas de ellas salpicadas más tarde por casos como Gürtel o Púnica, que se quedaron con los servicios no sanitarios: gestionaban la limpieza, cocinas o el mantenimiento del edificio que podían a su vez subcontratar. También se encargaban del alquiler de los espacios dedicados a restauración o comercios. Ante las suspicacias que suscitó este modelo entre los partidos de la oposición y los sanitarios, Aguirre solía preguntarse en alto si era necesario que los camareros y las lavanderías de un hospital fueran públicos. En su mente, si era privado sería “más eficiente” y esto no tocaba el corazón de la sanidad.

Así se construyó el hospital del Tajo en Aranjuez, el Infanta Leonor en el barrio de Vallecas (Madrid), el hospital del Sureste en Arganda, el Infanta Cristina en Parla o el del Henares en Coslada en los primeros años de gestión de la lideresa del PP, que tenía como referente a Margaret Thatcher y que importó de Reino Unido esta gestión público-privada pese a que en aquel país estaba ya suponiendo problemas económicos y hubo quiebras. Pero en el hospital de Valdemoro fue más allá y anunció que lo gestionaría enteramente una empresa privada, Capio Sanidad (que después se integraría en el actual grupo Quirón), incluyendo médicos, por lo que la Sanidad madrileña pagaría una cantidad fija, 330 euros por cada paciente que habitaba esa zona sanitaria. Esto era un salto cualitativo. Ya no se trataba de lavandería, era el personal médico y de enfermería contratado por una empresa privada el que atendería la salud de los madrileños de esa área.

Con los hospitales ya abiertos o a medias y Aguirre reelegida en 2007, las constructoras reclamaron más dinero, aduciendo que no les salían las cuentas. En septiembre de 2010, la presidenta accedió a pagarles un extra y a subir el canon. Lo llamaron “restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión”. El extra sumó más de cuatro millones de euros por “sobrecostes” en la obra y el incremento del canon anual –que suponía el pago de unos 80 millones– de un 2,4% para el resto de ejercicios hasta el año 2035. Esta decisión del equipo de Esperanza Aguirre se conoció por un informe de la Cámara de Cuentas, de 2012.

Hospitales directamente privados

Para la segunda legislatura de Aguirre, y con Juan José Güemes como consejero de Sanidad, la lideresa había prometido otros cuatro hospitales: en Carabanchel, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles (el Rey Juan Carlos), que atenderían a unos 800.000 vecinos. Una vez refrendada como presidenta, desveló que, en estos casos, serían directamente centros de gestión privada, ampliando así la red de hospitales privados que reciben dinero público por prestar el servicio de atender pacientes. Atrás quedaba el límite de privatizar solo lo que no fuera médico.

Hubo un momento incluso que Aguirre se planteó la privatización de los centros de salud adscritos a estos hospitales, como desveló el empresario Arturo Fernández, uno de los que acudieron a la reunión montada por Güemes en el Hotel Ritz en 2008 para ofrecer “las oportunidades de negocio” del plan de infraestructuras sanitarias madrileñas. Güemes, años después, ha defendido en la comisión parlamentaria que auditaba la deuda de la Comunidad de Madrid en 2017 que “la colaboración público-privada es más eficiente en coste y tiempos de ejecución”. 

Modelo Alzira

La luz inspiradora para Madrid en esos años era el modelo Alzira, de Ribera Salud (la misma empresa de los audios del hospital de Torrejón y que hasta hace poco dirigía Alberto de Rosa, hermano del diputado del PP Fernando de Rosa). Lo abrió Eduardo Zaplana en esa localidad, totalmente privado para prestar servicio público, en 1999. Tuvo que ser rescatado en 2003 con dinero de las arcas, afloraron sobrecostes y más tarde se evidenció que fue 61 euros más caro por paciente que los hospitales públicos.

Aun así, Aguirre insistía en 2008 en ese modelo, mientras que, ante el malestar de organizaciones médicas y sindicatos, defendía su gestión: “No hemos privatizado la sanidad en Madrid, nada de la sanidad en Madrid es privado. La sanidad madrileña es universal, gratuita y cada vez de mayor calidad”, dijo en declaraciones a la Ser en octubre de ese año. En esa legislatura fichó a Antonio Burgueño, que venía de Adeslas, y que se convirtió en director general de hospitales de la Comunidad de Madrid. En 2020 lo fichó Isabel Díaz Ayuso como asesor externo para la pandemia.

Además, en un paso más para profundizar en la competitividad y rentabilidad de un sistema de prestación –que antes de Aguirre estaba alejado del beneficio puro y duro– la entonces presidenta introdujo en 2010 el llamado 'sistema de libre elección', por el que los ciudadanos podían ser atendidos en el hospital que desearan, estuviera o no en su distrito. Esto suponía, y supone, que los hospitales se ponen a captar pacientes como si fueran clientes y a competir con marketing o apretando costes, fomentando unos servicios frente a otros (por ejemplo, partos, que son muy rentables) e invirtiendo para salir bien en los indicadores y resultar atractivos: por cada paciente que trataran, recibían dinero público. Este 'sistema de libre elección' ha llevado a que Quirón haya multiplicado por seis los pacientes que capta de la sanidad pública madrileña en la última década, tal y como desveló elDiario.es.

Pronto se empezaron a ver las costuras de ese 'milagro' de eficiencia y en 2012 Aguirre empezó a anunciar recortes sanitarios. Por ejemplo, reduciendo la cartera de servicios gratuitos (como la vacuna del neumococo o tratamientos para tabaquismo), aumentando listas de espera o empeorando las condiciones de los médicos y sanitarios. En medio de las vacaciones navideñas de 2011, una Aguirre que iba a dimitir por sorpresa nueve meses después, aprobó con su mayoría absoluta la ampliación de la jornada laboral de 35 horas semanales a 37,5 y rebajas en el sueldo a los funcionarios enfermos durante los días en que estuvieran de baja. El malestar durante esos años empezó a gestar las “mareas blancas”, contra las que el mismo gobierno regional inició una campaña de descrédito.

El rizo final: de público a privado

Pero si se ha dado un paso extremo y en falso durante los gobiernos del PP de Madrid en la sanidad, ese fue el intento de privatizar directamente hospitales que eran públicos. El 17 de septiembre de 2012, Esperanza Aguirre anunció su dimisión aduciendo motivos personales. Le sustituyó, sin pasar por las urnas, Ignacio González, que puso a un 'neocon' en sintonía con Faes a gestionar la sanidad de Madrid: Javier Fernández-Lasquetty, pupilo de Aguirre y más tarde peso pesado del gobierno de Ayuso (hasta 2023).

Lasquetty, gestor sanitario en los años de la crisis económica, quiso aplicar la receta que heredó, pero con un tirabuzón extra, la reversión de público a privado, y presentó el 31 de octubre de 2012 un plan de privatizaciones de servicios sanitarios que incluía seis plantillas hospitalarias, 27 centros de salud y casi cualquier actividad no sanitaria de los hospitales. La justificación fue la coyuntura económica y la necesidad de ahorro: “Lo más responsable, por no decir lo único responsable, es ir a ese modelo”, dijo el consejero en la Asamblea de Madrid.

Al plan lo llamaron de medidas de garantías de sostenibilidad del sistema sanitario. Fue aprobado a los dos meses con la mayoría absoluta del PP. Sin embargo, la oposición frontal de las mareas, que atrajeron a las calles a miles de ciudadanos indignados, y un recurso judicial hicieron que el gobierno de Ignacio González tuviera que desistir de este plan, menos de dos años después de presentarlo como una receta mágica para la crisis económica.

Aparcado este salto extremo, los sucesivos gobiernos del PP hasta hoy no han vuelto a atreverse a abrir ese melón, aunque las privatizaciones de servicios y la entrega de dinero público a los gigantes del sector sanitario ha continuado de manera constante. La estrategia de privatización se ha mantenido, también con Ayuso, que ha desembolsado desde 2021 más de 5.000 millones a Quirón, el grupo principal en la Región, el doble de lo presupuestado. Su gobierno también rescató al polémico Hospital de Torrejón con más de 33 millones en julio. En 2022, decidió cerrar las urgencias que había en atención primaria y que descongestionaban las de los hospitales. Según un informe de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad, el gasto sanitario para la gestión privada en la Comunidad de Madrid representaba ya el 41,3% de la inversión total ese año.

No ha habido reversiones a lo público, como hizo el gobierno progresista del Botànic de la Comunitat Valenciana con el hospital de Alzira, sino al contrario, privatizaciones de servicios esenciales como el de laboratorios clínicos, la unidad del dolor (en Vallecas) o la gestión de historiales de pacientes en hospitales públicos madrileños. El gobierno actual sigue trabajando y defendiendo el modelo que inició hace 20 años Esperanza Aguirre. Como dijo Ayuso en una visita al hospital Madrid Río, de la empresa HM, las privadas gestionan “con eficiencia, sin ellos no se podría abarcar todo”. Los audios del CEO de Torrejón arrojan dudas ahora sobre si de esa “eficiencia” se beneficia, y cuánto, el ciudadano.

No fue un simple cambio de usos en el suelo. Se recalificó una manzana entera a solo unos metros de la Puerta del Sol. Se vaciaron siete edificios históricos de arriba a abajo y se siguió excavando para construir un parking. Hubo que cambiar el Plan General y eso lo hizo en 2013 el Ayuntamiento gobernado por Ana Botella. Hubo que cambiar la ley madrileña de protección del Patrimonio (para rebajarla) y eso lo hizo, en solitario, el PP de Esperanza Aguirre. Se llamó Operación Canalejas, pero bien podría haberse bautizado como 'La Gran Recalificación'. No hay muchos antecedentes en España de una actuación urbanística como esta en uno de los solares más codiciados del país.

Por la misma época en la que todo se tramitó entre la Comunidad, el Ayuntamiento y la Asamblea de Madrid, el principal beneficiado, entonces dueño de OHL, Juan Miguel Villar Mir, alto cargo en la dictadura reconvertido en empresario de las obras públicas y, sobre todo, amigo personal de Aguirre, salvó de la ruina al marido de la entonces lideresa del PP con la compra de un cuadro de Goya por el que le pagó cinco millones de euros. La venta del cuadro derivó en cisma con la familia política de Aguirre. Con su cuñado que lo denunció y va ganando en los tribunales. (Con la otra familia política, el Partido Popular de Madrid, no hubo problemas: apoyó la operación hasta el final).

Doce años después de todo aquello, los grandes protagonistas de la operación están oficialmente jubilados. Esperanza Aguirre ya solo comparece en tertulias de televisión para decir que está muy en contra de la corrupción y que durante aquellos maravillosos años al frente de la Comunidad de Madrid no se enteró de lo que luego ha ido apareciendo en los sumarios: desfalcos en la empresa pública del agua, comisiones irregulares en la adjudicación de colegios concertados, en la privatización de la sanidad, dinero B en las cuentas de su propio partido, una sede pagada en negro... Ana Botella se retiró de la política. Y Villar Mir, fallecido en 2024, desapareció antes de OHL, un gigante empresarial venido a menos y vendido al capital mexicano que ahora dirige la familia Amodio.

El edificio Canalejas, en cambio, sigue en pie, en medio de una enrevesada disputa empresarial. En 2017 otro tiburón de los negocios, Isai Scheinberg, fundador de Poker Stars con su fondo Mohari, compró la mitad de la sociedad por 215 millones de euros. Desde entonces la convivencia en el accionariado ha sido poco apacible. Lo último es que ambos socios, Mohari y OHL, han sellado la paz y se acaban de repartir el complejo. Según fuentes conocedoras de un acuerdo que todavía no se ha oficializado, Mohari se quedará el hotel Four Seasons, el último gran cinco estrellas llegado a la capital, su parte del parking y la tienda de Hermés, con entrada desde la calle. OHLA (el nuevo grupo ha añadido una vocal a su nombre de siempre) mantiene la galería comercial con sus firmas de hiperlujo y también el Food Hall del sótano.

Y ahí, precisamente, en la planta -1 se esconde el gran fiasco de la operación: 3.000 metros cuadrados para restaurantes sin vistas a la calle que nunca acabaron de despegar.

Este jueves, mientras arriba, en la galería comercial, Rolex, Cartier, Ermenegildo Zegna, Valentino y otras firmas de gran lujo facturaban ajenas al Black Friday y a las ofertas, sin carteles de precios en sus escaparates, un piso más abajo todo estaba desierto. Imposible encontrar una señal en el resto del centro comercial de que hay más vida en Canalejas. No hay carteles ni indicaciones ni escaleras que bajen directamente. Al llegar a la galería de restauración, a través de un ascensor escondido, solo permanece un local abierto, el Garelos, del restaurador Antonio Couceiro. En este turno de mediodía no ha cobrado un solo menú. Y la pareja que se acerca lo hace para preguntar dónde están los baños.

Cientos de millones de euros después, en los bajos de la última “milla de oro” en la capital, donde la suite del hotel se reserva a partir de 25.000 euros la noche, en el mismo edificio que ha vendido áticos por 13 millones de euros, intenta resistir un hostelero de Betanzos (A Coruña) que vende raciones de pulpo, empanada y merluza a precios razonables. Desde hace tres semanas ha habilitado un servicio de reparto, visto que a la galería que un día llamaron “food hall” ya no entra nadie.

Las escaleras mecánicas que bajan del centro comercial están clausuradas por orden de los caseros, de momento OHLA y Mohari. Y en recepción a quien pregunta por los restaurantes, los guardias de seguridad le responden que la galería está en obras.

Tras la barra de ese único local abierto, Couceiro asegura que todo es parte de una estrategia para que abandone, como lo vinieron haciendo, uno detrás de otro, los propietarios del resto de locales, unos 30 cuando arrancó. Pero el empresario, con otros cuatro restaurantes repartidos por la ciudad, está dispuesto a aguantar con una renta de 10.000 euros al mes, más gastos y dos empleados en nómina. Por eso lo de servir platos a domicilio, una forma de enjugar mínimamente las cuentas e ir tirando.

Couceiro espera que ahora que la planta parece haber quedado en manos de OHLA, sus caseros se avengan a negociar. Desde luego, el food hall lo da por finiquitado. “Abrirán seguramente otra galería de tiendas porque aquí lo de la restauración es imposible de reflotar”, asume el fiasco, mientras ya solo pretende recuperar parte de la inversión y el lucro cesante de su contrato a diez años, y que mientras tanto la propiedad cumpla con sus obligaciones igual que él asume las suyas.

Durante los últimos meses, otros restauradores se quejaban en privado de “mobbing inmobiliario”. Calificaban así las maniobras de la propiedad como cerrar la mayoría de accesos desde el edificio a la planta -1, o que sus empleados respondan a los clientes que el food hall está cerrado por reformas e incluso los grandes cortinones que aparecieron tapándolo todo una mañana.

Uno tras otro los restaurantes fueron echando la verja y ahora la planta entera es un páramo. El runrún en Canalejas era que el grupo Mohari, donde invirtió el exfundador de Poker Stars al abandonar la casa de apuestas, pretendía aprovechar las instalaciones para montar un casino en el subsuelo del complejo y que para eso tenía que desalojar a los inquilinos.

El rumor ha perdido consistencia ahora que Mohari se limitará a explotar el Four Seasons y Hermés.

Abierto ya solo quedan el Garelos de platos gallegos y, durante cuatro horas, el Salvaje, que un día sirvió comidas y ahora ofrece cocktails de cuatro a ocho de la tarde. Atrás quedó la ruidosa inauguración hace cuatro años cuando se instalaron una treintena de locales: italianos, especializados en carnes, arrocería e incluso una franquicia de ostras. Las animaciones con bailarines desaparecieron y la pirotecnia que acompañaba a los platos se fue apagando. Como el resto del Food Hall.

Uno de los empleados que estuvo desde el principio sostiene que el planteamiento fue equivocado incluso en los detalles más pequeños. Recuerda que a la entrada había un botones que recibía a los clientes con capa y sombrero. “Espantaba a la clientela, todos daban por hecho que entrar a comer supondría un sablazo”.

Desde el Garelos, Couceiro atribuye la ruina al prohibitivo precio de los alquileres. Había restaurantes pagando 30.000 euros al mes por el alquiler, gastos aparte, que luego vendían cervezas a seis euros y vinos a cuatro. Otro despachaba perritos calientes, que calentaban en el microondas, y bebida, por 30 euros.

Al final, el gran pelotazo inmobiliario y el capitalismo salvaje de las grandes constructoras y fondos acabó explotando por el lado más débil: el del cliente que no estaba dispuesto a pagar cinco euros por un refresco en un local sin vistas a la calle ni terraza. Por mucho que para levantar el edificio hubiera que cambiar leyes, planes urbanísticos y hasta comprar un Goya a la familia de la política de turno. Y mientras el conflicto se resuelve, en el epicentro del lujo, a unos metros del kilómetro cero de España, tras 'La Gran Recalificación', un pequeño restaurador intenta resistir sirviendo a domicilio tortilla de Betanzos a 13 euros o chipirones a 15,50.

(Ni OHLA ni el grupo Mohari han atendido la invitación de elDiario.es para participar en este reportaje).

Un juez ha condenado al marido de Esperanza Aguirre a pagar 853.732,83 euros a uno de sus hermanos por el cuadro familiar de Goya que vendió en 2012 para salvarse de la ruina. La sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es y que todavía es recurrible, explica que Fernando Ramírez de Haro vendió la obra inédita de arte al empresario Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros y que nunca cumplió su promesa de devolver a sus hermanos la parte que correspondía a cada uno por ser un cuadro de la familia. La sentencia obliga al conde de Bornos y marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid a pagar ese dinero, así como unos intereses que acercan al millón de euros el dinero que el aristócrata debe pagar a su hermano Íñigo.

El caso del Goya de Esperanza Aguirre quedó visto para sentencia el pasado mes de septiembre en un juzgado de Madrid. Un cuadro que la familia política de Esperanza Aguirre almacenó durante años en su palacete del centro de Madrid hasta que en 2012 acudieron a la galería Sotheby's para que un experto confirmara lo que todos sospechaban: ese retrato de Valentín Belvís de Moncada Pizarro, aristócrata fallecido a principios del siglo XIX, era una obra inédita de Francisco de Goya. El cuadro, con un potencial valor millonario, formaba parte de la masa hereditaria de Ignacio Ramírez de Haro, fallecido dos años antes, sin que la herencia se hubiera partido entre sus hijos.

Ahogado por deudas millonarias, Fernando Ramírez de Haro –casado en gananciales con Esperanza Aguirre– llegó a un acuerdo con sus hermanos: vendería el cuadro para hacer frente al agujero económico y, con el tiempo y cuando pudiera, devolvería su parte a cada uno de sus hermanos, a razón de algo más de 850.000 euros por cabeza. Lo dejó por escrito, incluso, en un documento: “Don Fernando ha adoptado la decisión de entregar a cada uno de sus cuatro hermanos y a su sobrina” esa cantidad. El cuadro fue vendido al constructor Juan Miguel Villar Mir por 5,8 millones de euros en el verano de 2012, con su empresa OHL sumergida en la operación urbanística 'Canalejas' dirigida por la Comunidad de Madrid de Esperanza Aguirre.

La transacción millonaria que salvó de la ruina al marido de Esperanza Aguirre se pudo llevar a cabo porque las autoridades no conocían la existencia del cuadro atribuido a Francisco de Goya, lo que podría haber llevado a su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que habría complicado su venta. No instaron ese proceso ni los Ramírez de Haro ni Villar Mir ni tampoco Esperanza Aguirre, cuya administración regional es la encargada de proteger estas obras de arte. “No creo que debamos decir nada por el momento, es muy peligroso desde el punto de vista mediático y político”, escribió Aguirre sobre el cuadro en un correo 2012.

Las acusaciones del diplomático y dramaturgo Íñigo Ramírez de Haro contra su hermano Fernando –que heredó el título de conde de Bornos de su padre– se dirigieron por la vía civil después de que los tribunales rechazaran una causa penal. Un juicio que quedó visto para sentencia el pasado mes de septiembre en un juzgado de la calle Rosario Pino de Madrid y que ha terminado en condena para el marido de Esperanza Aguirre: está obligado a pagar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo por la parte del Goya que le corresponde y que nunca le devolvió tras vendérselo a Villar Mir para saldar sus deudas. Una cantidad a la que habrá que sumar los intereses en caso de ser firme y llegar a ejecutarse.

Los hermanos de Íñigo Ramírez de Haro que comparecieron en el juicio, entre ellos el marido de Aguirre, se esforzaron por convencer al magistrado de que el demandante era “conflictivo” y que el actual conde de Bornos, incluso, renunció a la herencia de su madre para pagar una deuda que, en cualquier caso, nunca se había comprometido a devolver. La sentencia rechaza ese argumento y explica que se comprometió de forma clara en febrero de 2014, cuando firmó un documento: “Don Fernando ha tomado la decisión de entregar a cada uno de sus cuatro hermanos y su sobrina la cantidad de 853.732,83 euros”.

No era una “mera declaración de intenciones”

“Queda excluido que se trate de una mera declaración de intenciones sin efectos obligatorios e ineficaz jurídicamente”, dice la sentencia para tumbar la principal línea de defensa del marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid: que ese compromiso firmado en 2014 no era una simple expresión de buena voluntad. “El documento expresa una verdadera voluntad” y su obligación de devolver el dinero es “patente y manifiesta”. “Resulta clara y exteriorizada la voluntad real de obligarse”.

La sentencia rechaza los argumentos que desplegó la defensa del marido de Esperanza Aguirre durante el juicio. Que ese cuadro fuera herencia exclusiva de Fernando Ramírez de Haro como primogénito del padre o que la herencia de la madre a la que renunció pudiera neutralizar esa deuda. Tampoco le exime de pagar que ese reconocimiento de deuda no incluyera detalles como el tiempo que tenía para devolver el dinero: “No impide la exigibilidad de la deuda al considerarse que ha transcurrido un tiempo prudencial que no admite más dilaciones en el cumplimiento de lo acordado, pues han existido propuestas diversas para hacerla efectiva”. Así lo atestiguan, dice el juez, los correos cruzados entre los hermanos para intentar buscar una solución.

La sentencia, dictada por un juzgado de primera instancia de la capital, todavía es recurrible ante la Audiencia Provincial y después lo será ante el Tribunal Supremo, pero establece la condena de Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre: pagar 853.732,83 euros a su hermano Íñigo, además de unos intereses y unas costas procesales que acercan esa cantidad al millón de euros.

El caso se tramitó durante años en la jurisdicción penal hasta que la Audiencia Provincial de Madrid echó el cierre definitivo a la causa a principios de 2023. La querella del cuñado de Esperanza Aguirre relataba que su hermano le había engañado: en el seno de la familia se urdió la simulación de la donación para facilitar el proceso. El tribunal, después de una abrupta investigación con archivos, reaperturas y recusaciones, entendió que había pruebas de que el marido de Esperanza Aguirre había “inventado” esa donación, pero no suficientes elementos para llevar el caso a juicio con varios delitos encima de la mesa. La eximente de parentesco entre los hermanos, la falta de indicios, la negativa de la Fiscalía a acusar por fraude fiscal y la veracidad de los documentos, aunque nacieran de un invento consensuado y perpetuado con una nota de voz, cortaron el paso a la vía penal.

“Debo un pico al banco”, dijo Fernando Ramírez de Haro en el juicio mientras explicaba que vendió un cuadro, dijo, “que era mío”. Una comparecencia en la que aseguró que se puso en manos de sus abogados –“está todo hecho correctamente, de esos temas jurídicos se ocupan otras personas”– y en la que recibió el apoyo de su hermana Beatriz. “No somos juristas, repetimos como papagayos lo que nos decían los profesionales”, dijo antes de afirmar algo que el juez descarta: “Es una donación, es indiscutible, lo sabe toda mi familia, lejana o cercana”. Fuentes de su defensa han rechazado hacer comentarios.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado este lunes el Plan de Inclemencias Invernales de Emergencias de cara a la temporada de invierno y las previsibles nevadas en la Sierra de Guadarrama. Una vez más, lo ha hecho ataviada con un chubasquero reflectante, en el que no faltaba el logo regional. Unos 'disfraces' que la líder autonómica conservadora no pierde la oportunidad de utilizar cada vez que puede.

Y es que no hay nada como un responsable político con casco y chaleco reflectante para poder decir aquello de “disculpen, estamos trabajando”. Para ello, no sabemos si por decisión propia, por indicación de su famoso jefe de gabinete Miguel Ángel Rodríguez o por imitación de la 'lideresa' madrileña Esperanza Aguirre, hay que aprovechar las oportunidades que ofrece el cargo.

¿Hay una obra de un colector de aguas? Casco y chaleco. ¿Se construye un centro de salud en algún municipio de la región? Casco y chaleco. ¿Se presenta un plan de inclemencias invernales y hace buen tiempo? Casco, chaleco y llegada triunfal en helicóptero. Y si el tiempo no lo permite: chubasquero. Lo importante es que sea reflectante.

Pero no todo iba a ser usar chalecos reflectantes. Como representante de todos los madrileños es importante intentar representar a la mayoría de profesiones posibles. Y para ello hay, de nuevo, que aprovechar los regalos que te ofrece el alto cargo político. Por ejemplo, si visitas un centro de formación profesional, para qué hacerlo con ropa de calle. Siempre puedes vestirte con un traje de cocinera y ser una más entre los estudiantes.

No faltan tampoco las oportunidades de visitar hospitales, centros de salud, centros sanitarios especializados o el Zendal (sea lo que sea esa nave industrial). El ámbito sanitario es perfecto para el mundo del disfraz político porque siempre se puede encontrar alguna oportunidad para ponerse una bata blanca, ropa esterilizada o incluso algo sobre la cabeza.

En estos casos, siempre es mejor que sean visitas a lugares en los que no estés obligada a llevar mascarilla. O, en su defecto, no tener barba y que se te pueda ver bien la cara.

Por desgracia para nuestros políticos, no siempre es posible el disfraz o no hay nada a mano que favorezca. En ese caso, lo importante es ponerse al volante, a veces literalmente, y ofrecer a los fotógrafos oficiales o a los fotoperiodistas algunas instantáneas para el recuerdo.

Es cierto que los vehículos agrícolas, especialmente los tractores, están bastante vistos, por lo que encontrar vehículos menos habituales siempre incrementa la épica de las fotografías. Ya se trate de una locomotora, un metro o un coche de rallies.

Pero mención aparte merecen los eventos deportivos. Aunque una alta autoridad suele acudir a los palcos, no es menos cierto que se deben aprovechar los éxitos del deporte para introducirse en el disfraz político, aunque solo sea de cintura para arriba.

En estos casos no importa el motivo: sirven ascensos de división, títulos nacionales o internacionales, o incluso en carreras multitudinarias, donde hasta se puede participar si la juventud lo permite.

Tampoco hay que dejar de lado los deportes minoritarios. No vaya a ser.

Eso sí, nunca hay que olvidar quién te ha puesto en el cargo, así que es muy, pero que muy importante tener en cuenta para quién trabajas y aprovechar las fiestas regionales para calzarte el traje regional y llevarlo con orgullo. Y si no te gusta del todo, siempre puedes optar por usar el masculino, que queda más moderno.

Mención aparte, como decíamos anteriormente, tiene la verdadera pionera del disfraz. La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, no solo se calzaba el casco y el chaleco reflectante. También echaba algún palazo e incluso bailaba chotis. Porque siempre vale la pena disfrazarse, pero vale aún más una imagen del político arrimando el hombro y cogiendo la pala, aunque sea solo simbólicamente.

íñigo Ramírez de Haro sabe lo que son las miserias de la aristocracia porque lleva años conviviendo con ellas. Su último paso por los juzgados fue para reclamar más de 700.000 euros a su hermano Fernando, el actual conde de Bornos y esposo de Esperanza Aguirre, por vender un Goya familiar y no repartir el dinero. En su última novela, 'Los Hipócritas' (Renacimiento), este diplomático, dramaturgo y escritor dibuja una UNESCO llena de cinismo, mentiras, machismo y racismo mientras espera que una sentencia diga si recupera o no el dinero del Goya apócrifo que su hermano, denuncia, vendió a escondidas.

En su anterior libro, ‘La Mala Sangre’, repasa su historia familiar y cómo su relación con su hermano se trunca cuando vende el Goya y, además, nunca le paga su parte. En ‘Los Hipócritas’ la obra de arte vuelve a aparecer, pero esta vez como un lejano objeto de conflicto. ¿Qué ha cambiado desde ese primer libro?

Ha cambiado en que 'La Mala Sangre' eran ocho historias familiares que terminaban en el conflicto entre mi hermano y yo causado por el cuadro y el juicio no había empezado. En 'Los Hipócritas' su entrada es indirecta, la novela es esa historia tortuosa de amor, celos, deseos, soledad y fracaso con el juego de que el protagonista, un viejo diplomático, vivía frente a la casa de los condes de Bornos, los propietarios del cuadro. Aprovecho para contar cómo se encontró ese cuadro, o cómo decía la leyenda familiar que se había encontrado. Nunca he sabido si era cierto o no.

Ha dicho varias veces que, en su faceta literaria y de dramaturgo, hace “autoficción”. ¿En qué personaje de este libro se refleja Íñigo Ramírez de Haro? ¿En el que se llama como usted, en todos…?

Ese es el juego fascinante de la ficción. Como ya decía Nabokov, que está en 'La Mala Sangre', solo la ficción dice lo verdadero. Entrar en ese juego en que no se sabe qué es ficción y qué realidad porque es lo mismo. Estos días me estoy planteando demandar a Íñigo Ramírez de Haro, el autor de 'Los Hipócritas', porque he visto que en la novela hay un personaje que llama a Íñigo Ramírez de Haro “hijo de puta”, por tanto quiero poner una demanda en defensa de mi honor.

Su familia vuelve a salir en el libro, en este caso como responsables de un crimen del franquismo. ¿Un paralelismo con el juicio que ha tenido lugar hace pocas semanas por el Goya?

El proceso está siempre en el autor de la novela porque yo vivo con el juicio, no se ha terminado, está visto para sentencia y esa sentencia seguro que será recurrida por la parte que pierda. El juicio es una especie de vida paralela, pero lo que pasó el otro día es especialmente doloroso porque, hasta ahora, mis hermanos no se habían mostrado mentirosos. Ahora, además de ladrones, mentirosos y calumniadores. En vez de ir a los hechos, parte del juicio iba justamente a denigrarme moralmente como persona y eso establece una nueva situación en la que puedo claramente decir: estamos en guerra. Y como decía Heráclito, la guerra es el padre de todas las cosas. Veremos cómo se desarrolla, en 'Los Hipócritas' quería que quede claro que el juicio del cuadro está presente.

¿Qué espera de la sentencia? En su nuevo libro, las pocas menciones que hace a la Justicia no son precisamente optimistas.

Este es un juicio en el que un ciudadano de a pie se enfrenta a una política en España y la mano larga de la política, de Esperanza Aguirre, hace que sea absolutamente imprevisible lo que ocurre. Está claro que ella lo intenta, pero yo tengo que creer en la Justicia española porque si no crees en la Justicia realmente se rompe la baraja. La Justicia, el tercer elemento de poder de Montesquieu, es la base de la democracia, si no crees en la Justicia se acaba la democracia y entramos, inevitablemente, en el autoritarismo.

Yo como ciudadano creo en la Justicia y, al mismo tiempo, en este juicio contra una política que claramente intenta influir en los jueces, al final me ocurre como al famoso juez en Berlín. Creo que lo intenta y lo ha conseguido con una jueza que tuvimos que recusar, pero en estos momentos doy mi voto de confianza al juez de este proceso para que sea imparcial, va a ser imparcial. Es un voto de confianza de creer que en España la Justicia funciona. Mucho de los problemas políticos, en realidad, con una Justicia rápida, imparcial y eficaz se resolverían, las leyes están escritas y hay que aplicarlas, y que el que delinque tenga una Justicia rápida y eficaz. Tengo confianza en que el juez será imparcial, pero inevitablemente siempre tengo miedo de esa mano larga de Esperanza Aguirre.

No hace un dibujo especialmente positivo de la diplomacia. Toda la novela se desarrolla en una votación para elegir a la directora general de la UNESCO. ¿Es la diplomacia española una “cueva de mediocridad”, como llega a afirmar el protagonista?

El protagonista es un viejo diplomático y su joven becaria quiere hacer las oposiciones. Hay una parte de la novela con las enseñanzas del primero, la vida de un diplomático, y en ese sentido la diplomacia española es muy decepcionante. En la historia universal de la infamia, la diplomacia solo ha ido a peor. Desde un José Manuel García-Margallo, el gran inquisidor, hasta el pequeño inquisidor José Manuel Albares que tenemos ahora.

Resulta deprimente para una persona que, como el protagonista, ha estado en la diplomacia española, ver cómo al final es un foco de mediocridad y amiguismo. Lo que define a la diplomacia española es justamente la mediocridad y, sobre todo, el miedo.

El hilo conductor de la historia, al menos el más evidente para el lector, es un alto diplomático sexualizando a una becaria hasta llegar al delirio de que se ha “enamorado” de ella tras meses despreciándola. Un embajador se refiere a ella como “guarrilla”. ¿Es otro tipo de hipocresía, el que acaba con un jefe con la mano en la rodilla de su becaria, con insultos machistas?

La hipocresía está absolutamente generalizada en la novela. La atraviesa, es un elemento clave. El punto central de la novela es una relación que, ya de entrada, un jefe con una subordinada, es una relación problemática. Lo que he querido es un desarrollo de esa relación sacando todos los distintos elementos de este tipo de relaciones. Primero se plantea que, de entrada, no puedan existir y que seguro que va a ser abuso. Segundo, existe la libertad individual y los sentimientos: “¿Es posible que frente a esa necesaria regulación de proteger al débil no solo haya abuso y esa diferencia de poder y lo que dices, los insultos... es posible que el sentimiento sea real? Que aparezca el amor, el deseo, esa ansiedad de saber qué siente la otra persona.

Si es una relación de abuso y desprecio, diría que no, eso está, pero también la posibilidad de que exista un sentimiento real, amor. ¿Qué ocurre cuando aparece eso?

La asamblea general de la UNESCO termina pidiendo a gritos a una becaria que se case con su asaltante. ¿Tan mala opinión tiene de sus antiguos compañeros? ¿Es esto lo que podemos esperar del poder?

Yo no hago púlpito ni mensaje, cuando escribo, no quiero hacer esa generalización de lo que se puede esperar. Yo pongo un caso concreto que, como caso concreto, es universal.

El racismo también aparece en su novela. ¿Qué racismo vio usted en sus años en la diplomacia? El protagonista incluso bestializa a una persona negra.

Es otro de los elementos clave de la novela y por eso lo introduzco. El racismo está generalizado en el mundo y frente a lo que se oye habitualmente no es solo una cuestión de blancos occidentales. He vivido en cuatro continentes, he visto cómo hay un racismo árabe feroz contra los negros, en Japón contra los que no sean japoneses... en general salen perdiendo los africanos, y por eso introduzco a un personaje africano.

El racismo está instalado en todos los continentes y países en los que he vivido, y muchas veces se confunde con el clasismo. Está simplificado y es lo que he querido combatir en la novela rozando –es una novela, no una tesis ni un ensayo– esa idea universal de que el racismo está generalizado en el mundo entero.

¿Quién es el mayor “hipócrita” de todos los representados, de forma explícita o metafórica, en el libro?

El mayor hipócrita... yo huyo de los superlativos. En el libro la hipocresía está generalizada en todos los individuos y los protagonistas también son grandes hipocritones. Pero también está en los políticos que cito, Margallo y Albares, Esperanza Aguirre también es un buen ejemplo de hipocresía, o cuando Pedro Sánchez dijo que no sabía “nada” cuando se descubrió la corrupción de los que le rodeaban. ¡Me recordó inmediatamente a Esperanza Aguirre!

Yo veo la hipocresía instalada a nivel individual, en los políticos a diario, en instituciones como la UNESCO, que queda reflejada en la novela como el foco de la hipocresía universal... la iglesia católica, como casi todas las religiones, es uno de los grandes focos de hipocresía... se llama 'Los Hipócritas' porque atraviesa a todos. Saber cuál es el mejor me resulta más difícil.

¿Cómo vivió el juicio del Goya? Ver a dos de sus hermanos afirmando, entre otras cosas, que es usted “problemático”.

Lo viví como una sorpresa, nunca pensé que mis hermanos pudieran llegar a ser tan miserables y pudiesen caer tan bajo como personas de principios. Es llamativo que mi hermano pueda decir “me queda un pico de deuda” cuando duerme en un piso que vale, por lo menos, ocho millones y tiene por lo menos tres fincas que valen varios millones cada una. ¿No puede vender nada? ¿O hay un placer en tener un pico de deuda e ir de víctima por el mundo? Tal nivel de hipocresía, calumnia y codicia son niveles que yo, realmente, nunca me habría esperado de mis hermanos.

Acudió usted como público, sin capacidad de intervenir. ¿Se mordió la lengua más de una vez?

Fue inconsciente, fue al escuchar determinadas acusaciones, como cuando mi hermano dijo que mis padres me consideraban una persona conflictiva y que por eso se lo dieron todo a él, un razonamiento verdaderamente inverosímil. O escuchar a mi hermana con una grabación pública diciendo que yo era el autor. Eran unas mentiras tan colosales que ahí me salió, espontáneamente y sin pensarlo, una reacción de sorpresa ante la miseria de hermanos que estaba viendo.

¿Qué nos enseña ‘el Goya de Aguirre’ sobre la nobleza, la aristocracia y su forma de relacionarse con el mundo y entre ellos? ¿En qué se parece al protagonista de ‘Hipócritas’?

Nos enseña muchas cosas. Primero, que la historia del Goya nunca habría tenido lugar si Esperanza Aguirre no hubiese sido presidenta de la Comunidad de Madrid. La venta en 2012 a Villar Mir siendo ella presidenta regional, la Comunidad le quita la protección al edificio Canalejas, el posterior pelotazo de Villar Mir con esa operación... aprendes lo que es la corrupción.

La corrupción del poder, cómo ocurre, cuando unos hermanos tienen la mejor voluntad de ayudar a uno para salvarle de la cárcel con una casualidad imprevisible, inimaginable, un cuadro de mucho valor. Que sea capaz de no querer compartir con sus hermanos por codicia, implicando que para él la familia ya no es la familia, ese final de la familia es una lección universal y yo lo he vivido. Mucha gente me escribe diciéndome que les está pasando lo mismo. ¿Vale la pena acabar con los sentimientos por un dinero que te sobra y no va a cambiar tu vida?

La segunda lección, que se desarrolla en 'Los Hipócritas' haciendo el juego de la procedencia familiar del protagonista, es que durante siglos hemos vivido una aristocracia con valores: la honorabilidad, la excelencia, la virtud, el aristos griego. Y hemos llegado a un punto fascinante, el sábado pasado el país se volcó con la boda del hijo de la duquesa de Alba. ¿Me puedes decir qué ha hecho ese señor para que tenga esa presencia? Es la sensación de decadencia de la clase social más envidiada a lo largo de los siglos. Hemos llegado a un punto donde yo veo que el conde de Bornos y doña Beatriz Ramírez de Haro, condesa de Murillo y grande de España, en vez de pertenecer a lo que se llamaría esa gran aristocracia española, lo que se ha convertido es en “aristocanalla”. La aristocracia es una especie en extinción.

Lo dijo José María Blanco White, la maldición que tiene España es que todos sus gobiernos se le parecen. La idea de que la herencia de la Inquisición y el catolicismo es convertir a España en rebaños con pastores me hace llegar a la conclusión de que donde más me puedo situar es en los valores de la independencia y la excelencia. Y como decía Nietzsche, quien necesita de un pastor es que tiene inteligencia de borrego.

Una de las historias de lucha vecinal más exitosas de los últimos años en Madrid celebra con una gran proyección su ciclo de exhibición en salas de cine y otros espacios de la geografía nacional. Se trata de De interés general, un documental que narra el pulso que los chamberileros mantuvieron con la Comunidad de Madrid para derribar un campo de golf y levantar encima un parque público.

La película fue levantada con el impulso de los propios vecinos y la implicación de un equipo de cineastas que quería contar la historia, para difundir su ejemplo entre otros colectivos. Y vaya si lo consiguieron: primero pasó por salas comerciales, con una acogida mayor de la esperada para un documental sin apenas presupuesto y sin una gran empresa distribuidora detrás. Miles de personas acudieron a ver la historia, que también viajó fuera de Madrid, con proyecciones en distintos espacios de la geografía nacional. Llegó hasta el Parlamento Europeo, como ejemplo de cómo un grupo de vecinos puede torcer el brazo a la más poderosa de las administraciones.

“El contenido es local, pero cuenta algo universal”, defendía su director, Miguel Ángel Sánchez, “es la historia de David contra Goliat”, añadía en una de las conversaciones con el periódico Somos Chamberí, con motivo del estreno en cines de la cinta.

Tres años después del inicio de aquel camino, De interés general celebra el éxito de su acogida con un acto final en el Ateneo de Madrid. En él participarán la histórica activista Paca Sauquillo, presentando el filme, y habrá una mesa redonda al finalizar con Jorge Nacarino, presidente de la FRAVM, el citado director del documental y Carmen Ochoa, junto a Mercedes Arce, dos de las vecinas que impulsaron el movimiento ciudadano.

La cita es este miércoles 8 de octubre desde las 19.00 horas en el Ateneo (C/ Prado 21).

La devolución del préstamo de 80 millones que en 2010 otorgó el Gobierno de Zapatero a la Comunidad de Madrid para I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) le ha costado ya a la Administración regional un mínimo de 51,89 millones de euros que debería haber pagado Madrid Network, la opaca asociación público-privada fundada por Esperanza Aguirre y que inyectó 1,8 millones a Equipo Económico SL, la empresa del exministro Cristóbal Montoro.

Inicialmente presidida por el entonces consejero de Hacienda, Aguirre traspasó de inmediato a Madrid Network aquellos 80 millones procedentes del Gobierno central: lo hizo mediante un convenio que sigue en vigor. Pero que la entidad, cuyas cuentas mantiene la Comunidad ocultas a cal y canto, no haya pagado desde 2018 las cuotas anuales para la devolución del préstamo no ha tenido un efecto visible: porque, además de devolverle al Ministerio puntualmente las cuotas anuales que deberían salir de las cuentas de la asociación y no del erario público, en diciembre de 2023 el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso la subvencionó con 106.974 euros para I+D+i procedentes de la UE (Fondos Feder); en 2024 y también en diciembre, la subvención creció hasta 229.877 euros. En la convocatoria de ayudas de 2023 hubo solo 11 beneficiarios; en la del año siguiente, 16. A la pregunta de por qué se subvenciona con más de 300.000 euros en dos años a una entidad que adeuda a la Administración madrileña no menos de 51,89 millones, fuentes autorizadas de la Consejería de Hacienda respondieron así: “El Ejecutivo regional no puede denegar subvenciones concedidas en concurrencia competitiva, de hacerlo incurriría en prevaricación”.

Es la Cámara de Cuentas de Madrid la que en su último informe publicado sobre los números de la Comunidad desvela que al cierre de 2023 la provisión de fondos para afrontar los impagos de Madrid Network sumaba “51.893 miles de euros” acumulados a partir de 2018. En otras palabras: dado que el “riesgo de impago” era persistente -el entrecomillado pertenece al informe del organismo fiscalizador sobre 2020-, la Comunidad debía incluir en sus presupuestos de cada ejercicio un gasto equivalente a la cuota anual que había que transferir al Ministerio. ¿Por qué? Porque la gestión del préstamo de 80 millones para el fomento de la innovación se había triangulado en mayo de 2011, cuando el Gobierno de Aguirre firmó el convenio con Madrid Network. A partir de ahí, cada año Madrid Network debía abonar a la Comunidad de Madrid la cuota establecida antes del 15 de enero y la Comunidad de Madrid debía a su vez pagarle al Gobierno central antes del día 30 de ese mismo mes. Pero el triángulo se quedó cojo una vez que Madrid Network dejó de pagar.

En el informe del organismo fiscalizador madrileño sobre 2023 se lee lo que sigue: “La cuenta de Créditos a corto plazo de la ACM [Administración de la Comunidad de Madrid] recoge, entre otros, 55.472 miles de euros que corresponden a un préstamo del convenio con AIG [Asociación de Interés General] Madrid Network, de los que 51.893 miles de euros son cuotas impagadas desde el ejercicio 2018, que han sido reclamadas por la Comunidad de Madrid y se encuentran en vía judicial. Ante la persistencia de esta situación y siguiendo las recomendaciones de esta Cámara contenidas en informes anteriores, la Comunidad de Madrid viene dotando desde 2021 una provisión por el total de los importes impagados”.

La consulta de distintas sentencias sobre los impagos de Madrid Network indica que es la asociación y no la Comunidad la que acudió a los tribunales para justificar su negativa a satisfacer la cuota fijada respecto a la devolución del préstamo. Ya en su informe sobre 2020 la Cámara de Cuentas dio cifras de la deuda acumulada al cierre de aquel ejercicio: 27,7 millones. En 2021 aseguraba que la cuantía ya se había situado en 32,25 millones. En 2022, alcanzaba ya los 43,24 millones. Y en 2023 salta a los 51,89 millones ya antes citados. Así las cosas, a falta de que el organismo fiscalizador publique su informe sobre 2024, los datos apuntan a que la deuda puede estar rozando ahora mismo los 70 millones de euros.

Sobre lo sucedido con los litigios por el impago de cuotas a la Comunidad de Madrid no hay todavía información definitiva. No obstante, y a la pregunta de si desde la fecha de aprobación del informe de la Cámara de Cuentas sobre 2023 (30 de diciembre de 2024) ha satisfecho la asociación alguna cantidad que minore la deuda contabilizada al final de ese año, la respuesta de la Consejería de Hacienda fue escueta pero taxativa: “No”.

Inscrita como asociación sin ánimo de lucro, Madrid Network no ha atendido las reiteradas llamadas de este medio para conocer el porqué de los impagos y solicitarle las memorias anuales justificativas de gasto. En las memorias debe aparecer el cómputo de los préstamos que ha ido realizando Madrid Network con los 80 millones que en 2010 entregó el Gobierno central al madrileño y que este transfirió con celeridad a la asociación tras disolver el organismo público (el IMADE, investigado en Gürtel y en Púnica) que en teoría debía gestionar esos fondos. Pero, además, en las memorias debe figurar un dato de máxima relevancia: qué empresas han obtenido préstamos de Madrid Network, en qué fecha, por qué importe y si los beneficiarios han devuelto el crédito.

El Gobierno de Ayuso ha eludido confirmar de forma explícita si también hubo impago de cuota por parte de Madrid Network en 2024, pero sí ha corroborado que el incumplimiento iniciado en 2018 ha vuelto a repetirse este año de 2025. Es por eso que la cifra fijada por la Cámara de Cuentas para 2023 -los 51,89 millones- se queda corta: la cuota anual de devolución de aquel préstamo a bajísimo interés (1,232%) ascendía a 9,091 millones cada año. Según la Comunidad de Madrid, ahora es de 8.112.010,73. En resumen, si a lo contabilizado en 2023 se le suman 8,1 millones por 2024 y otro tanto por 2025, el importe de lo que la Comunidad de Madrid lleva gastado para cubrir con dinero público los incumplimientos de Madrid Network se acerca ya a los 70 millones.

El Ministerio de Ciencia no ha accedido a desglosar por anualidades la cuantía (principal más intereses) de las cuotas saldadas por el Gobierno de Madrid. “A fecha de hoy -fue su respuesta-, la Comunidad de Madrid está abonando en tiempo las cuotas de los libramientos recibidos. De los 80 millones de euros del préstamo concedido, el importe pendiente de amortizar es de 5,367 millones de euros”.

La historia de Madrid Network, donde Isabel Díaz Ayuso trabajó con un sueldo mensual neto de 4.219 euros hasta que en julio de 2011 obtuvo un escaño en la Asamblea de Madrid, se asemeja al cauce del Guadiana. Desde su fundación en 2007, con unos estatutos que asignaban la presidencia a quien ostentase el cargo de consejero de Hacienda de Madrid, ha permanecido siempre opaca, pero sin que la enorme paletada de dinero público con que Aguirre la fortaleció ocupara un espacio en la escena política madrileña.

No obstante, en la última década hubo momentos en que salieron a la superficie episodios bajo sospecha, como la concesión de préstamos —impagados— a una empresa vinculada al exconsejero de Sanidad Manuel Lamela, el político que persiguió al equipo médico del Hospital Severo Ochoa bajo la acusación falsa de que practicaban sedaciones ilegales, y a dos de Ildefonso de Miguel, quien fue la mano derecha del expresidente —todavía pendiente de juicio— Ignacio González.

El primer presidente de Madrid Network fue Antonio Beteta, consejero madrileño de Hacienda desde su constitución, en 2007, hasta que en diciembre de 2011 se incorporó como secretario de Estado al equipo ministerial de Cristóbal Montoro tras ganar Mariano Rajoy las elecciones generales. En junio de 2016, Madrid Network modificó sus estatutos: se eliminó la condición la cláusula hasta entonces vigente sobre cómo la presidencia debía recaer sobre el consejero de Hacienda o sobre quién designase.

Durante el mandato de Beteta como máximo responsable madrileño de Hacienda, la empresa fundada por Cristóbal Montoro —la ya citada Equipo Económico— engrosó sus cuentas con 314.360 euros gracias a contratos adjudicados por la Comunidad por servicios hasta hoy desconocidos. Así consta en el mismo informe de la Guardia Civil que destapó cómo Equipo Económico había cobrado de Madrid Network 1,8 millones de euros entre 2008 y 2011.

Aunque tras el estallido del caso Montoro circuló la versión según la cual la Comunidad se desligó hace años de Madrid Network, el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid incluye entre las actividades del programa de investigación de la Consejería de Educación la “participación en la asociación Madrid Network y sus actividades como socio de la misma”.

La historia del Goya de Esperanza Aguirre ha quedado vista para sentencia en un juzgado de Madrid. La vista celebrada este martes se prolongó durante tres horas en las que parte de la familia política de la expresidenta madrileña asistió a un cruce de acusaciones entre hermanos por el cuadro inédito que su marido, Fernando Ramírez de Haro, vendió al constructor Juan Miguel Villar Mir por más de cinco millones de euros para hacer frente a “una deuda importante”. “Era un momento grave y difícil para mí y vendí el cuadro, que era mío, todavía debo un pico al banco”, ha explicado el actual conde de Bornos al juez mientras se defendía de la acusación de su hermano Íñigo: haber roto su compromiso de reponer ese dinero a sus hermanos por la venta urgente del cuadro familiar.

La sala de vistas de la calle Rosario Pino de Madrid acogió el encuentro de las dos facciones de la familia Ramírez de Haro, herederos y descendientes del difunto conde de Bornos. Algunos resoplaban cuando un testigo decía que el cuadro era de todos los hermanos y otros bufaban de vuelta, mientras otro aseguraba que era propiedad exclusiva de uno de ellos, el marido de Esperanza Aguirre, el actual conde que ahora esperará unas semanas hasta saber si la sentencia le da la razón o le obliga a pagar más de 700.000 euros a su hermano Íñigo.

Entre testigos y abogados dibujaron la trayectoria del retrato del marqués de Villanueva del Duero hasta su venta al presidente de OHL. Beatriz Martínez de Haro explicó que fue su hermano Javier quien acudió a James MacDonald, “el gran experto en Goya del mundo mundial”, el que podía convertir un cuadro apócrifo en un Goya. Se subió a una escalera, cogió una linterna, y cantó victoria observando los botones de la chaqueta del retrato: “Es un Goya precioso”.

Ese aval de la gran casa de subastas británica Sotheby's tenía un objetivo: que Fernando Ramírez de Haro pudiera pagar las deudas millonarias que había adquirido gestionando las fincas de sus hermanos. “Tenía una deuda importante y la asumí yo con mis bienes. Yo asumí esa deuda tan importante, era un momento grave y difícil para mí y vendí el cuadro, que era mío. Todavía debo un pico al banco”, explicó durante la vista el esposo de Esperanza Aguirre, que cifró ese remanente en más de un millón y medio de euros.

Ningún familiar del condado de Bornos discutió que se trataba de un cuadro familiar que se puso al servicio de Fernando Ramírez de Haro para salvar esas deudas que también arrastraban a Esperanza Aguirre, casada con él en gananciales. La pelea jurídica, que primero naufragó por la vía penal y ahora ha culminado en este juicio civil, es si Fernando Ramírez de Haro tenía derecho a vender el cuadro y no repartir ese beneficio, en determinadas condiciones, entre sus cinco hermanos.

El abogado de Íñigo Ramírez de Haro, el hermano demandante, defendió que esa donación nunca existió, que la familia modificó irregularmente la lista de bienes donados y heredados y, finalmente, incumplió su promesa de 2014 de terminar devolviendo ese dinero. Sus hermanos Fernando y Beatriz opinaron en sentido contrario: “Es una donación, es indiscutible, lo sabe toda mi familia, lejana o cercana”. Según explicaron, una tradición de los condes de Bornos de traspasar bienes familiares al heredero del título.

La concreción de las respuestas sobre actas notariales, testamentos, donaciones y tradiciones hereditarias de la nobleza se iban diluyendo a medida que avanzaban los interrogatorios. “Yo en estos asuntos no estoy muy preparado, lo han llevado los abogados, está todo hecho correctamente, se han pagado todos los impuestos, de estos temas jurídicos se ocupan otras personas”, dijo el marido de Esperanza Aguirre. “No somos juristas, repetimos como papagayos lo que nos decían los profesionales”, añadió su hermana Beatriz.

Del audio a la escopeta de oro del tío Pepe

En su alegato final de conclusiones, el abogado de Íñigo Ramírez de Haro resumió años de pleitos para reclamar que su hermano Fernando le pague los más de 700.000 euros que le corresponderían por el cuadro. “No hay donación, lo que hubo fue una situación de crisis, la esposa de don Fernando explicó llorando que tenían una situación catastrófica y don íñigo está impregnado del código de honor de la familia e hizo lo que pudo por ayudar”. Fue engañado, denuncia, con la venta del cuadro y la no recuperación del dinero.

El engaño, según explica la demanda, es cuando en 2014 se firma un documento en el que el actual conde de Bornos y esposo de Esperanza Aguirre se compromete a reponer a sus hermanos parte del dinero procedente de la venta del cuadro. Un documento que para Íñigo Ramírez de Haro era un “contrato” en toda regla y que para sus hermanos Fernando y Beatriz era solo una “declaración de intenciones”.

“Estaba muy agobiado y con la mejor intención del mundo hice la declaración, si me iba bien y me recuperaba haría lo que pudiera”, explicó. “Renuncié a la herencia de mi madre”, añadió. El legado contempla un edificio en San Sebastián, una villa en Biarritz, dinero en uno de los bancos más importantes de Suiza y dos pisos en París, en uno de los cuales reside su hermano Íñigo. Pero en ningún caso se comprometió por escrito a devolver dinero: “No es un contrato, no lo llame contrato, es un propósito que tuve con la mejor voluntad y generosidad”.

Según su abogado, el cuadro era suyo y no hay dinero que devolver: “No había ninguna deuda que reconocer, los hermanos nunca han tenido ningún derecho sobre el cuadro”. El debate sobre qué bienes habían sido donados y qué bienes habían sido usados, supuestamente, para inflar la herencia y equilibrar la balanza, llegó hasta “la escopeta de oro del tío Pepe”, que el juez consideró demasiado antes de cortar las preguntas sobre el arma.

Parte de la comparecencia de Beatriz Ramírez de Haro ha girado en torno a un audio desvelado por elDiario.es. El que ella envió a sus sobrinos, hijos de Esperanza Aguirre, explicando que se habían inventado la donación del cuadro a su padre para que pudiera venderlo y salvarse de la quiebra. Este martes, ante el juez, la hermana del demandante y el demandado dio a entender que ese audio era un relato “muy vestido y decorado” para conseguir el apoyo de la familia de Esperanza Aguirre en un momento delicado. “Era un elemento de presión, no es cierto lo que digo en el audio”.

El juzgado de primera instancia 49 de Madrid tiene ahora la misión de bucear entre años de conflicto familiar por un cuadro que se vendió en un contexto ajeno al juicio. Más de cinco millones de euros que salvaron de la ruina al matrimonio de Esperanza Aguirre por un Goya que esquivó la protección institucional y que acabó en manos del máximo accionista de OHL mientras esa constructora encabezaba la mastodóntica operación Canalejas.