Tuvo la feliz idea en un viaje a Tokio. Vio algo que le gustó y, cuando tuvo poder suficiente como presidenta de la Comunidad de Madrid, ordenó imitarlo. Lo había visto también en las películas. Con dinero público –14 millones de euros– se construyó un campo de golf en Chamberí, un distrito céntrico de la capital. Los vecinos nunca lo pidieron y el Ayuntamiento de Madrid, cuyo alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, era compañero de partido y enemigo íntimo de Esperanza Aguirre, denegó la licencia. El Ejecutivo autonómico aprobó entonces una declaración de interés público para salvar el veto municipal y siguió adelante con la obra. En el camino de aquel proyecto excéntrico se perdieron algunos millones de euros que acabaron en manos de familiares de su vicepresidente, Ignacio González.

El feo asunto, uno más y no el más grave del mandato de Aguirre, acabó en los tribunales. La Fiscalía Anticorrupción pide ahora penas de cárcel para varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid, entre ellos González, y para algunos empresarios que se lucraron con la ejecución de aquella idea de la presidenta.

La autora intelectual del proyecto sale sin daño del embrollo judicial. Acudió como testigo al juicio que se celebra en la Audiencia Nacional. Defendió la presunción de inocencia de quien fue durante años su principal colaborador, Ignacio González, y alabó su idea copiada de Tokio y de las películas de abrir un campo de golf en el centro de la ciudad: “Mejor eso que un helipuerto que solo utilizaba José Bono para ir a su casa”, le contó al tribunal. Sobre los “chanchullos” en la ejecución de la obra, Aguirre no recordaba nada. Sobre el negocio corrupto, Aguirre nunca supo nada. Se enteró de todo por los periódicos, según confesó.  

Esperanza Aguirre atesora el gran mérito de seguir indemne tras haber sido la presidenta del Gobierno más corrupto en la historia de la Comunidad de Madrid.

Su asistente, viceconsejero y consejero de Deportes, Alberto López Viejo, fue condenado en el caso Gürtel a 27 años de cárcel por sus negocios corruptos con la trama que lideraba Francisco Correa. Esa red delictiva logró decenas de contratos a dedo en la Comunidad de Madrid que presidió Aguirre.

Su vicepresidente y consejero de Justicia, Alfredo Prada, fue condenado a siete años de cárcel por prevaricación y malversación de fondos públicos en la construcción del Campus de la Justicia. 

El expresidente Ignacio González, número dos de Aguirre durante su último mandato y su heredero cuando dejó el cargo, está procesado en varias causas de corrupción y estuvo encarcelado nueve meses en 2018 por uno de los casos.

Francisco Granados, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero de Transportes y de Presidencia, ha sido condenado en dos causas distintas por amaños de contratos y revelación de secretos. Además, está procesado por la financiación ilegal del PP de Madrid en una pieza separada del caso Púnica.

La Audiencia Nacional mantuvo unos meses imputada a Esperanza Aguirre como presidenta del PP de Madrid, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, y de la fundación del PP-Madrid, Fundescam. En estas tres instituciones presididas por Aguirre, la investigación judicial detectó numerosas irregularidades delictivas por los que están procesados tanto el gerente del PP, Beltrán Gutiérrez, como el secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados y la directora general de Medios de la Comunidad de Madrid.

Durante la investigación del caso, la Fiscalía Anticorrupción no halló a ningún responsable político que declarara o probara que Aguirre conocía las irregularidades en los tres órganos que presidía. El juez, previa petición del fiscal, desimputó a la expresidenta madrileña.  

Esperanza Aguirre estuvo imputada en 2014 por un delito de desobediencia. Se dio a la fuga mientras unos agentes de movilidad intentaban multarla tras aparcar con su coche en un carril bus de la Gran Vía para sacar dinero de un cajero automático. El vehículo de Aguirre derribó en la escapada una motocicleta aparcada de uno de los agentes.

Para buscar ayuda en aquella causa que amenazaba su futuro político como candidata a la alcaldía de Madrid, la dirigente del PP se reunió con el decano de los juzgados de Plaza Castilla, José Luis González Armengol, y con el comisario de policía José Manuel Villarejo, uno de los jefes principales de la mafia policial que entre 2012 y 2016 perpetró numerosas operaciones ilegales contra los adversarios políticos del Gobierno del PP.

En esa reunión, grabada por Villarejo, la imputada por desobediencia reclamó apoyo al comisario de Policía, personado como acusación popular contra Aguirre.

Esperanza Aguirre: La clave para mí es que tú no pidas diligencias.

Villarejo: Confía... Nosotros no vamos a pedir nada. O sea, nosotros lo que... Vamos, yo te voy a plantear dos opciones.

Esperanza Aguirre: No, no. La opción es... Cuando yo declare, si es que declaro, o si no declaro... A la vista de lo que hay, no pedir nada más. Eso es lo ideal.

Villarejo: No pedir nada más. E incluso nosotros decir: «A la vista de la declaración de la señora... tal, nosotros no... consideremos que ya está suficientemente aclarado y no pedimos...» Con lo cual, si nosotros no pedimos, que somos la acusación, nadie va a pedir.

Villarejo: Esto no se lo digas a tus abogados. A tus abogados diles que nosotros somos unos hijos de puta y unos duros... Porque los abogados largan mucho.

Esperanza Aguirre: No, no. A mis abogados no les digo nada.

Aguirre evitó el juicio porque entró en vigor una reforma del Código penal aprobada por el Gobierno del PP en julio de 2015 que despenalizaba ese tipo de faltas.

Con estos antecedentes judiciales -el núcleo de su Gobierno condenado o procesado por corrupción y ella misma imputada en varias causas de las que se libró in extremis- cualquier persona se habría retirado avergonzada de la actividad política. Cualquier persona menos Esperanza Aguirre, que sigue dando lecciones de ética desde diarios de sesgo conservador, como The Objective. La comentarista política escribió hace poco en ese medio: “Cuando se descubre que un colaborador ha delinquido, lo lógico y lo honesto es dimitir del puesto en el que te han colocado los ciudadanos, como hizo Willy Brandt y como hice yo, cuando fue detenido el que había sido mi vicepresidente en la Comunidad de Madrid, y eso que, casi nueve años después, aún no sé por qué le detuvieron”.

Aguirre no sabe (eso dice) por qué detuvieron y encarcelaron a Ignacio González. Eso le llevó a dimitir de sus cargos en 2018. Pero muchos años antes, desde febrero de 2009, gran parte de su equipo de colaboradores principales había sido imputado por corrupción vinculada a la gestión del Gobierno que ella misma presidía. Y nunca dimitió del puesto en el que le habían colocado los ciudadanos.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha comparecido este jueves como testigo en el juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de la capital. Ante el tribunal, Aguirre ha defendido que fue una “buena idea” levantar esa infraestructura en el distrito de Chamberí, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas. 

“Me parecía que era muy positivo en vez de tener un helipuerto para que el ministro [José] Bono pudiera ir a dormir a su casa”, ha mantenido Aguirre. En las sesiones previas del juicio, otros testigos, como el que fuera director de Ingeniería del Canal de Isabel II, afirmaron que ese helipuerto daba servicio “sobre todo” a los hospitales cercanos —Fundación Jiménez Díaz y Clínico— “para el tema de trasplantes”. 

Aguirre ha afirmado, por otra parte, que se trajo la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid de un viaje que hizo a Japón cuando estaba en la oposición y Joaquín Leguina era presidente de la Comunidad. “Entonces era presidente del Canal Roque Gistau (...). Yo le llamé y le pregunté si eso no se podría hacer. Y él me dijo que era caro o era difícil y dijo que no. Pero cuando llegué a la presidencia, pues lo propuse”, ha aseverado.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción de varios jardines, estanques, un campo de fútbol y un helipuerto en la cubierta de uno de los depósitos del Canal. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel modificaron el proyecto eliminando el helipuerto y la zona de ajardinamiento e incluyendo un nuevo campo de golf con césped artificial.

Esas variaciones, según la investigación del juez Manuel García Castellón, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. 

Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

A este respecto, Aguirre ha afirmado que ignoraba los vínculos familiares de Ignacio González con los contratos del Canal. “Hoy en día, 20 años después, por la prensa sí que sé qué es lo que es, pero entonces no”, ha aseverado. Aguirre ha dicho que ni Ignacio González ni el entonces director gerente del Canal Ildefonso de Miguel le comunicaron los pormenores de la ejecución de las obras. 

“De hecho, mi mayor sorpresa fue cuando el Ayuntamiento [de Madrid] denegó la licencia y entonces ahí es cuando yo sí estuve de acuerdo en declararlo de interés general”, ha mantenido Aguirre, quien también ha tenido unas palabras para el exalcalde de Madrid Alberto Ruiz Gallardón. “Es público que el señor Gallardón y yo somos amigos, pero en política tenemos discrepancias. Y es verdad que yo dije, pero bueno, ¿cómo es posible que no se considere de interés general que los vecinos de Chamberí tengan un parque?”, ha señalado. 

El campo de golf acabó siendo derribado porque el Tribunal Supremo falló, a instancias de varias asociaciones vecinales, que la “utilidad pública” con la que Esperanza Aguirre sacó adelante el proyecto cuando se opuso el Ayuntamiento de Ruiz Gallardón nunca fue tal. El desmontaje y demolición del campo de golf tuvo un coste de 300.000 euros.

Aguirre dimitió de su cargo en 2017 como concejala en el Ayuntamiento de Madrid tras la entrada en prisión de Ignacio González por este caso que le ha acabado llevando al banquillo.

Lourdes Cavero, la mujer del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, ha comparecido como testigo ante el tribunal de la Audiencia Nacional que juzga a su marido. En el interrogatorio, que apenas ha durado diez minutos, la mujer ha negado que Dragados pagara la reforma del jardín de su chalet de Aravaca poco después de que ACS —su empresa matriz— resultara adjudicataria de las obras del campo de Golf que el Partido Popular levantó en el centro de Madrid. Este juicio deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del ese campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II.

“Yo esos documentos no los reconozco (...). Dragados no intervino absolutamente para nada en el jardín de mi casa”, ha respondido Cavero cuando la fiscal le ha exhibido dos facturas emitidas a nombre de una paisajista y pagadas por Dragados correspondientes a la misma dirección en la que está ubicada la casa de González y Cavero. Esas facturas fueron halladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cuando registró su domicilio en 2017.

La mujer ha asegurado que le entregaron la casa sin jardín y que ella se encargó de gestionar la reforma con la paisajista Lucía Serredi, a la que pagó 9.000 euros en efectivo a medida que iban avanzando las obras en entregas de 1.500 euros. “¿Tiene recibo de esos pagos?”, le ha preguntado la fiscal. “No tengo ningún recibo”, ha respondido Cavero, quien ha asegurado que sacó ese dinero de sus cuentas bancarias y que a ella no se lo entregó ninguna persona. 

La fiscal ha recordado que, durante la fase de instrucción, la paisajista dijo que fue Dragados quien le envió los presupuestos. Serredi estaba citada como testigo este lunes, pero no acudió a la citación. El presidente del tribunal ha comunicado en la sesión de este martes que cuenta con informes médicos que acreditan que es una persona de 86 años con un delicado estado de salud, lo que no aconseja su traslado a la Audiencia Nacional. Y que, en consecuencia, se reproducirá la declaración que prestó durante la investigación. 

En la sesión de este martes también ha comparecido Paz González García, que fue concejala en el Ayuntamiento de Madrid con Alberto Ruiz Gallardón. González García formaba parte del Consejo de Administración del Canal que acordó por unanimidad la adjudicación directa a Dragados de la modificación del contrato que suprimía la creación de un helipuerto y zonas ajardinadas para instalar el campo de golf.

A preguntas de la fiscal, González García ha defendido que su voto favorable se debió a que consideraba que “todos los acuerdos venían respaldados por los informes técnicos y jurídicos necesarios” y a que los consejeros tenían solo la “información básica”.

La testigo ha asegurado también que “nunca” tuvo información de que ese contrato incluía la subcontratación de la sociedad Tecnoconcret (TCT), propiedad del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos. “¿Esa información la considera relevante para emitir un voto?”, le ha preguntado entonces la representante del Ministerio Público. “Por supuesto”, ha respondido la testigo. El Ayuntamiento de Madrid, que en su día puso reticencias al proyecto, ejerce la acusación particular en el juicio.

La sesión de este martes ha contado con la declaración de otros testigos que han respaldado la tesis de Ignacio González y el resto de acusados de que la adjudicación fue totalmente legal. Es el caso de la presidenta de la mesa de contratación, que ha insistido en que nadie le dio “ninguna indicación” al respecto y en que no tenía “ninguna relación” con Ignacio González. 

“Si en 650 contratos nos dedicamos a ver quiénes son los accionistas de los que se presentan, no le quiero contar lo que podríamos tardar”, ha dicho cuando la fiscal le ha preguntado si el Canal indagaba de algún modo la composición accionarial de los licitadores. 

La declaración de otros testigos ha evidenciado las contradicciones con lo afirmado hace casi una década ante el juez instructor. Es el caso de una antigua trabajadora de Soto Once, empresa especializada en negocios deportivos que resultó adjudicataria de la explotación del campo de golf junto a una filial de ACS (Iridium) y la citada TCT. 

Durante la fase de instrucción, esta trabajadora afirmó que cuando en Soto Once se supo que iban a acudir a la licitación con Dragados, Iridium y TCT, se sabía que Pablo González estaba detrás de esta última. Este martes, ante el tribunal, ha afirmado que no conocía la “relación exacta” que esta empresa tenía con el hermano del entonces presidente de la empresa pública de aguas y vicepresidente autonómico. “Han pasado veinte años, mi recuerdo es bastante difuso”, ha dicho la testigo cuando la fiscal ha señalado esta contradicción.

El juicio por el supuesto amaño del campo de golf que el Partido Popular construyó en el centro de Madrid ha acogido este lunes la declaración como testigos de más de una decena de testigos, la mayoría de ellos vinculados al Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas sobre la que se levantó esa infraestructura deportiva ya demolida. 

Entre ellos, ha comparecido el que fuera consejero de Medioambiente durante el Gobierno de Esperanza Aguirre, Mariano Zabía, quien ha negado la existencia de “intereses ocultos” en los contratos del Canal adjudicados a familiares de Ignacio González, entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid. Zabía, quien era vicepresidente de Canal de Isabel II, ha dicho que no percibió de ninguna manera que hubiera interés en beneficiar a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos, quienes también se sientan en el banquillo.

Los hechos que se están enjuiciando se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.  

Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a la citada TCT, que obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. 

Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Ante el tribunal, Zabía, al igual que otros testigos, ha dicho en reiteradas ocasiones que no podía recordar determinadas cuestiones planteadas por las acusaciones. “¿Usted recuerda que en ese Consejo de Administración se dijo algo de que esas empresas estaban vinculadas a Ignacio González? ¿Ese dato lo recuerda? ¿Le podía pasar desapercibido?”, le ha preguntado la fiscal. “Vamos a ver, ese dato no lo recuerdo. Es posible que me pasase desapercibido, digamos, pero no creo que me pasase desapercibido un dato en principio relevante. Pero insisto, no le puedo contestar taxativamente porque no lo recuerdo”, ha respondido el testigo. 

En la sesión de este lunes también ha comparecido Adrián Martín López de las Huertas, quien en la época de los hechos investigados era director de Ingeniería del Canal de Isabel II. Ante el tribunal, el testigo ha dicho que la idea de modificar el proyecto del Tercer Depósito para realizar un campo de golf “partió de Esperanza Aguirre”, quien entonces era presidenta de la Comunidad de Madrid. El testigo, que fue quien dio el visto bueno a ese proyecto, ha reiterado que “nunca” recibió presiones para firmar ese documento. 

“¿Alguien de Dragados le comentó que don Ignacio González estaba influyendo en el proyecto, estaba interviniendo, estaba inmiscuyéndose de alguna manera?”, le ha llegado a preguntar la fiscal. “No”, ha respondido el testigo, quien llegó a estar en prisión provisional por este caso aunque finalmente el caso fue archivado para él.

El tribunal ha comunicado que aplaza al jueves la declaración como testigo de Esperanza Aguirre, prevista inicialmente para este miércoles, debido a que este día finalmente no habrá jornada de juicio. 

En el año 2007, Ignacio González usó una empresa pública que él mismo presidía para denunciar en los tribunales a un grupo de vecinos que le resultaba molesto porque interfería en sus planes para construir un campo de golf en pleno centro de Madrid, sobre las instalaciones del Canal de Isabel II en Chamberí. Los llevó a la Justicia porque, en una de sus protestas, plantaron un árbol en las instalaciones de esta empresa pública, junto a las obras para levantar el recinto deportivo.

Este grupo de vecinos se había levantado en armas un año antes al descubrir que el proyecto de parque que Alberto Ruiz-Gallardón había ideado para el Tercer Depósito del Canal en Chamberí —una zona verde de 24.000 m² cerrada al público— había cambiado con la llegada a la Comunidad de Esperanza Aguirre y de su mano derecha, González. El presidente del Canal quería abrir allí un campo de prácticas de tiro de golf que ocuparía casi todo el terreno disponible, dejando a los vecinos sin el parque prometido.

Además de manifestaciones, recogidas de firmas y otras protestas clásicas, un grupo de residentes de la zona decidió plantar una morera en el parque Santander para reivindicar la necesidad de áreas verdes, en el espacio situado junto al campo de golf en construcción. Fueron parados por la seguridad privada del Canal, denunciados ante la Policía y llevados a los tribunales en un juicio de faltas surrealista por plantar un árbol, del que fueron absueltos. El proceso tuvo el efecto contrario al que hubiera deseado Ignacio González. Los vecinos utilizaron el episodio judicial para interpretar una pantomima en una de las fiestas con las que sufragaban sus acciones en los tribunales, que a la larga acabaron tumbando el proyecto. El salto a los medios del clan de la morera —como se autodenominaron— también sirvió para que otros chamberileros se unieran a la causa contra el campo de golf.

“Todo olía mucho a chamusquina” recuerda casi dos décadas después la portavoz de la asociación vecinal Parque Sí, que lideró la lucha para recuperar el parque y desmantelar el campo de golf. Mercedes Arce apunta a que los vecinos fueron los primeros que vieron movimientos extraños en el tejemaneje de empresas que se encargaron del proyecto, a partir de que Gallardón denegara la licencia urbanística para las obras: “Siempre sospechamos que algo raro había, pero no teníamos ninguna prueba”. Hasta que una noticia en Público hizo saltar las alarmas a principios de 2009. “La primera denuncia la pusimos a raíz del artículo de Manuel Rico sobre TCT. La firmamos 400 personas”, añade en conversación con este periódico.

Según el auto de apertura de juicio oral, que ha comenzado esta semana, Ignacio González adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto a TCT (Tecnoconcret), empresa participada por su hermano y su cuñado. TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%, según el auto. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambos contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

La asociación Parque Sí en Chamberí pone el foco en los efectos perjudiciales para el vecindario que tuvieron estas supuestas corruptelas. “Nos ha privado de un parque 16 años”, lamenta Mercedes Arce aludiendo al tiempo que pasó entre que el campo de golf fue construido y desmantelado, antes de que el parque actual fuera inaugurado. Cientos de vecinos dedicaron muchas horas de su tiempo a las protestas y a las acciones judiciales que acabaron tumbando el campo de golf por irregularidades urbanísticas, en un proceso judicial distinto del que ahora tiene lugar. “Solo para el informe técnico que se presentó al juez tuvimos que dedicar un año y medio de reuniones, todos los domingos”, recuerdan.

Indignados con la petición de penas de la Fiscalía

Por eso ahora este grupo vecinal se ha indignado al conocer que la Fiscalía pedirá solo seis años de cárcel por dos delitos de cohecho, atenuados por la dilación en el juicio. “La demora judicial no puede hacer olvidar el enorme perjuicio social causado a los vecinos, que tuvieron que esperar años para recuperar un espacio público que les correspondía”, explican en una carta que quieren hacer llegar a la entidad. “Es una persona que ha hecho mucho daño a los vecinos de Chamberí”, recalca Arce al recordar que su asociación interpuso hasta tres denuncias en la Fiscalía contra Ignacio González en los años 2007, 2009 y 2010, esta última querella por la vía penal. Las tres fueron archivadas por el entonces fiscal de Madrid, Manuel Moix, sin hacer ninguna indagación ni estudiar las pruebas presentadas. El mismo al que González, según conversaciones intervenidas por la Audiencia Nacional, quería ver convertido en Fiscal Anticorrupción.

La petición de penas de la Fiscalía será previsiblemente la más baja del proceso, ya que la Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, y suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los vecinos recuerdan ahora que Ignacio González se negó a recibirles cuando le escribieron intentando que rectificara su decisión: “Le escribimos muchísimas veces para que reconsiderara la construcción del campo de golf”, rememoran. La única relación con el expresidente del Canal, que luego llegó a presidente de la Comunidad de Madrid, fue la judicial a través de diversos procesos con los que acabaron demostrando la ilegalidad de las instalaciones. El primer presidente del Canal que les atendió fue Ángel Garrido, ya con la sentencia firme en la mano. “Él sí que fue cercano a los vecinos y dialogante, pero antes no nos recibió nadie”, recuerdan. Los 16 años de lucha vecinal hasta conseguir el actual parque de 55.000 metros cuadrados están narrados en el documental De interés general, estrenado en cines y que actualmente está disponible en Filmin.

El final del negocio del campo de golf llegó oficialmente con la sentencia ratificada en el año 2016, pero según los vecinos el cierre de las instalaciones llegó antes con la quiebra de TCT, que se encargaba de la gestión de las instalaciones y cuyo final de la actividad fue certificada por el administrador concursal. El coste para los ciudadanos fue elevado, ya que a las mordidas que se juzgan ahora Parque Sí añade otras partidas: 16 millones de euros de sobrecostes en el campo de golf y 300.000 euros para demolerlo después de la sentencia. Además de 20.000 euros que pagó la Comunidad de Madrid al despacho Cuatrecasas para que Ignacio González litigara contra los vecinos.

Aunque lo más importante para la asociación es el daño que sufrieron los miles de habitantes del entorno. A día de hoy siguen recibiendo testimonios de chamberileros que recuerdan cómo los niños de los colegios de la zona se hacinaban en un pequeño parque infantil mientras al lado diez personas jugaban al golf en la mayor parte del parque. “No basta con juzgar las posibles responsabilidades penales: también debe reconocerse el daño causado al interés general”, sentencian.

“Yo tuve la idea de ponerlo en el centro de Madrid. Mátenme a mí, pero la idea fue mía. Lo había visto en el extranjero”. La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre asumió en 2018 en una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid que se trajo de un viaje a Japón la idea de levantar un campo de golf en el centro de Madrid, sobre los antiguos depósitos del Canal de Isabel II, la empresa pública de aguas. 

Casi una década después de aquellas palabras, esa infraestructura deportiva está demolida después que fuera declarada ilegal tras la oposición de los vecinos del barrio, que reclamaban que los 120.000 metros cuadrados se convirtieran en un parque público y no en un campo de golf. Y quien fuera su delfín Ignacio González se sienta en el banquillo acusado de urdir un sistema para que las adjudicaciones de ese proyecto “recayeran en algún momento en una empresa vinculada a sus familiares”. 

La Audiencia Nacional acoge a partir de este martes el primero de los tres juicios pendientes que tiene Ignacio González por el llamado caso Lezo, el macrosumario que durante casi siete meses de 2017 le hizo cambiar su chalé en el acomodado barrio de Aravaca por una celda de la prisión de Soto del Real.

En esos procedimientos se le acusa de haber cobrado mordidas millonarias y de haber amañado contratos durante la época en la que estuvo al frente del Canal de Isabel II. Presidió esa empresa pública encargada de suministrar agua a todos los madrileños entre 2003 y 2012, al tiempo que era vicepresidente autonómico. Después, a partir de 2012, sucedió en el cargo a Esperanza Aguirre. 

La vista oral que se inicia este martes deriva de la investigación por el supuesto amaño en la construcción del citado campo de golf en terrenos del Canal de Isabel II. El auto de apertura de juicio oral recoge un compendio de actividades corruptas para favorecer a su hermano y su cuñado, a los que la empresa pública adjudicó de forma encubierta una parte del proyecto. 

La Fiscalía solicita en esta pieza para González seis años de cárcel por dos delitos de cohecho. La Comunidad de Madrid, personada como acusación particular, eleva esa petición a 16 años de prisión, ya que suma además delitos de malversación de caudales públicos y fraude a las Administraciones Públicas. También reclama una multa de 1,5 millones de euros. El Ayuntamiento de Madrid se suma a la petición de la Fiscalía, mientras que la acusación popular de PSOE y Adade reclama para él diez años de cárcel y Comisiones Obreras, ocho años. 

Los hechos que se van a enjuiciar se remontan a hace más de veinte años. En 2003, la empresa de aguas encargó a ACS —posteriormente, Dragados— la construcción del campo de golf. Pero, un año después, Ignacio González e Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal, modificaron el proyecto “con el fin de beneficiar a familiares” del entonces vicepresidente regional, según acreditó la investigación del juez Manuel García Castellón.  

Esas variaciones, añade su auto de apertura de juicio oral, eran tan “sustanciales” que hubieran necesitado de una nueva licitación. Pero ambos “convinieron con Dragados” que el Canal le adjudicaría directamente el modificado pero con la condición de que subcontratara a TCT, una empresa del hermano de Ignacio González, Pablo Manuel; su cuñado, Juan José Caballero; y un socio de estos últimos. 

TCT obtuvo de la subcontrata con Dragados más de tres millones de euros, pero no podía hacerse cargo del proyecto porque “carecía de capacidad” para ello. Así que recurrió a otras dos sociedades —Onlygolf y Fieldturf—, a las que impuso una mordida del 8%. Fueron finalmente 266.972 euros para el hermano de González, su cuñado y su socio José Antonio Clemente. Recibieron ese dinero en sobres de efectivo a través de 49 entregas. 

Además, TCT también fue adjudicataria, junto a otras empresas, de la gestión, explotación y ajardinamiento del proyecto en otra licitación que el juez también consideró “innecesaria e irregular”. Ambas contratos supusieron para TCT un beneficio total de 504.780 euros, según recoge la resolución judicial.

Ocho sesiones y medio centenar de testigos 

Según el calendario fijado por el tribunal, la vista se extenderá durante ocho sesiones. Acabará previsiblemente días antes de que se inicie la campaña electoral de las próximas elecciones generales. Está previsto que declaren casi medio centenar de testigos. Entre ellos, más de una decena de exmiembros del consejo de administración del Canal de Isabel II y altos cargos autonómicos y municipales durante el periodo investigado. Figuran en este listado la expresidenta Esperanza Aguirre o los exconsejeros de la Comunidad de Madrid Mariano Zabía, Engracia Hidalgo, Elvira Rodríguez o Fernando Merry que, a su vez, formaban parte en esa época del consejo de la empresa pública. 

También están citados hasta 22 técnicos, entre ingenieros, directores de proyecto y personal técnico que intervinieron en la tramitación, supervisión, informes y seguimiento de las obras. Algunos de ellos llegaron a estar imputados durante la investigación. Entre los citados como testigos figuran también casi una decena de directivos de las sociedades adjudicatarias de las obras (Dragados/ACS, UTE gestora Green Canal Golf, Soto Once e Iridium), así como de las mercantiles subcontratadas para la ejecución de los trabajos. 

Deberá comparecer, asimismo, Lourdes Cavero, esposa de Ignacio González, a quien se le cita en relación con los presuntos beneficios económicos y comisiones derivadas del desvío de fondos a favor de los familiares del expresidente. 

La compra “inflada” de Emissão

El reparto de comisiones también sobrevuela otra de las piezas del caso Lezo que llevarán a González al banquillo en 2027. Se trata de la que indagó en la compra “inflada” de la sociedad brasileña Emissão por parte del Canal entre 2012 y 2014. La adquisición del 75% de esa compañía, que se supone que abría las puertas de la empresa pública al mercado brasileño, se cerró por 31 millones de dólares, pero su valoración cayó al poco tiempo hasta los cinco millones. Los investigadores calculan que esta operación generó un perjuicio de entre 6,4 y 9,6 millones de euros para las arcas públicas “debido al sobreprecio pagado”. 

En ese “sobreprecio” estaban incluidas las “ilícitas comisiones” que fueron a parar al bolsillo de los investigados, según detalla el auto de apertura de juicio oral, de marzo de 2020. Aquí González sí habría sido beneficiario directo de esa mordida. Y además habría sacado más tajada que sus colaboradores en un reparto de comisiones que supuestamente él mismo se encargó de hacer: mientras fijó para sí mismo una mordida de 1,8 millones de dólares, reservó para los otros cuatro imputados 900.000 dólares por cabeza.

Entre los que supuestamente recibieron mordidas está Edmundo Rodríguez Sobrino, testaferro confeso de González en esta operación y su hombre fuerte en Latinoamérica. La Fiscalía atribuye en esta causa al expresidente madrileño delitos de fraude a la Administración en concurso con malversación y solicita para él ocho años de cárcel. La Comunidad de Madrid eleva la petición a once años. 

Otra supuesta comisión —en este caso, 1,8 millones de euros a repartir con su mano derecha en el Canal, Ildefonso de Miguel— está detrás de la tercera pieza del ‘caso Lezo’ que sentará en el banquillo al expresidente madrileño. Es el dinero que supuestamente ambos habrían cobrado a cambio de la adjudicación en 2007 a OHL por 360 millones de euros del fallido proyecto del tren entre Móstoles y Navalcarnero. Según el auto de apertura de juicio oral, del 4 de junio, la constructora fundada por Juan Miguel Villar Mir obtuvo dicho contrato a través de un concierto criminal entre su consejero Javier López Madrid y el alto directivo Rafael Martín de Nicolás con González y De Miguel. 

La Fiscalía solicita que se condene a cuatro años de cárcel a González por delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo, cohecho activo y falsedad en documentos mercantil. Según la resolución judicial, los directivos de OHL idearon un “plan” para hacerse con la licitación que consistía en presentar la oferta más baja en costes y asegurarse la concesión y también la posterior modificación del proyecto.

La idea era que compensarían la pérdida de ingresos por haber presentado una oferta tan baja por medio de la citada mordida de 2,5 millones de dólares (1,8 millones de euros al cambio de entonces). En el otro lado de la trama estaban González y De Miguel. Se trataba de que ambos influyeran en el consejero delegado del consorcio público Mintra, que debía conceder la adjudicación. 

Completan la presunta trama criminal otro cargo de OHL, Felicísimo Damián Ramos, director de Control de Gestión de la constructora, y Adrián de la Joya, histórico socio del comisario Villarejo con domicilio en Suiza. De la Joya movió el dinero entre distintas cuentas de su propiedad al tiempo que retiraba el dinero de la mordida, que acabó en las manos de De Miguel para su reparto. 

La operación Púnica de corrupción ligada al Partido Popular ha tardado más de una década en convertirse en una sentencia. Más de 200 folios describen una red de “clientelismo político e intercambio de favores” basada en el dominio total que el PP de Esperanza Aguirre ejercía en Madrid en esos años, ejecutado a través de la “posición de poder político” de Francisco Granados y su capacidad para hacer y deshacer en su propio interés y el de su partido. La empresa Waiter Music consiguió más de 10 millones de euros en adjudicaciones públicas para organizar fiestas y eventos en todo el sur de Madrid a cambio de pagar muchas cosas: desde fiestas privadas en casa de políticos hasta cierres de campaña del PP en el Palacio de los Deportes.

La Audiencia Nacional puso en marcha la operación Púnica en octubre de 2014. Decenas de agentes de la Guardia Civil entraron en ayuntamientos de todo el sur de la región y se llevaron detenidos a alcaldes, concejales, altos cargos y empresarios. Y el nombre de un municipio por encima de todos. El epicentro de la trama: Valdemoro. Era donde Francisco Granados había sido alcalde, donde decenas de contratos públicos estaban bajo sospecha y donde el PP gobernaba sin oposición desde 1999. Se trataba de uno de los grandes feudos de la derecha en el sur de la región donde los de Aguirre solían celebrar pomposos actos de campaña con los primeros espadas del partido a nivel nacional.

Que el nombre de Granados —regidor del municipio entre 1999 y 2003 antes de dar el salto a la Comunidad de Madrid— estuviera a la cabeza de la lista de imputados no fue una sorpresa. El otrora hombre fuerte de Esperanza Aguirre y carismático consejero había dejado su escaño en el Senado medio año antes, cuando trascendió que había tenido una cuenta bancaria en Suiza. Las diligencias que entonces llevaba el juez Eloy Velasco, sustituido más tarde por Manuel García-Castellón, demostraron que esa cuenta fue el origen de sus problemas, pero no el mayor de ellos.

La Púnica tuvo media docena de ramificaciones y algunas de ellas han tardado más de una década en llegar a juicio. La última ha sido la que tiene que ver con Waiter Music: la empresa de Aranjuez que dominó durante una década la organización de fiestas patronales, carnavales, cabalgatas y cualquier tipo de eventos allí donde gobernaba el PP y donde Francisco Granados tenía un hilo del que tirar. Como mano derecha de Esperanza Aguirre, tal y como describe la Justicia, siempre tenía un hilo del que tirar.

José Luis Huerta fue uno de los primeros detenidos en declarar ante el juez Eloy Velasco en la Audiencia Nacional en octubre de 2014. En su primera comparecencia ante el juez explicó que había conocido a Granados cuando era alcalde y él un empleado de una empresa de eventos. Montó Waiter Music en 2004 y la organización de las fiestas de Valdemoro le abrió las puertas de otros muchos municipios. Ese día sacó pecho de su trabajo: “La discoteca móvil la inventé yo”. Y negó con vehemencia haber amañado concursos públicos o agasajado a políticos a cambio de obtenerlos: “Nunca en la vida, eso lo he llevado por bandera y en la profesión se me distingue por eso”.

Cuatro años después José Luis Huerta volvió a la Audiencia Nacional para reconocer lo que ahora declara probado una sentencia. Que su cercanía a Francisco Granados y al PP le introdujo en ayuntamientos del tamaño de Valdemoro, Móstoles o Algete y también de otros más pequeños como Ciempozuelos, Chinchón, Torrejón de Velasco, San Martín de la Vega y Moraleja de Enmedio. Más de 15 millones de euros en organización de eventos, la mitad salidos de las arcas del pueblo que había gobernado Francisco Granados. Que no fueron, en muchas ocasiones, a cambio de nada. El empresario de Waiter Music falleció en 2020, pero su confesión retumbó en el juicio y figura en la sentencia. Tuvo que hacer “servicios extras” para mantener el favor de Granados y el PP.

Mítines, comuniones y copas navideñas

La contabilidad de José Luis Huerta era un galimatías de números rojos, números verdes y columnas difícil de desentrañar si uno busca una lista normal de contratos públicos adjudicados y cobrados o pendientes de cobro. Waiter Music tenía el privilegio de obtener adjudicaciones a dedo, tener sobrecostes de decenas de miles de euros y de presentar empresas del mismo dueño cuando hacían falta tres candidatos para vestir el fraude. Pero también pagaba un peaje al PP y sus políticos a cambio, y a veces ese dinero era a fondo perdido. “Con toda su cara”, dijo en su confesión de 2018 el empresario Huerta para simbolizar que muchas veces no se le pagaba.

La sentencia declara probado que la empresa de José Luis Huertas, tal y como confesó él mismo, gastó miles de euros en regalos y gastos personales a políticos del PP. En 2008, según la sentencia, pagó 68.000 euros por una fiesta posterior a la comunión de la hija de Francisco Granados a la que, según el propio empresario, acudió la propia Esperanza Aguirre. La sentencia tiene incluso fotos de la comunión de un hijo de la alcaldesa de Algete, también sufragada por el empresario. Una fiesta de cumpleaños del entonces consejero de la Comunidad de Madrid. Bolsos. Pero el gran beneficiario no fue Granados ni sus colaboradores. Fue el Partido Popular.

Waiter Music estuvo años organizando y pagando mítines, reuniones, fiestas y encuentros del Partido Popular en distintos puntos de la Comunidad de Madrid donde gobernaba. Años en los que Esperanza Aguirre, felizmente olvidado el 'tamayazo', encadenaba mayorías absolutas y se dedicaba a inaugurar hospitales y paradas de Metro mientras Mariano Rajoy se hacía con las riendas del PP nacional y José Luis Rodríguez Zapatero gobernaba en la Moncloa. Según la sentencia, la mano de la Púnica estuvo detrás de algunos de los grandes mítines del PP de esa época.

La sentencia menciona el cierre de campaña de las elecciones municipales y autonómicas que el PP celebró en el Palacio de los Deportes en mayo de 2007. Con Esperanza Aguirre, Mariano Rajoy y Alberto Ruiz-Gallardón dando paso a la holgada mayoría absoluta de la 'lideresa' con el acompañamiento musical de las Azúcar Moreno. También el mitin celebrado en Valdemoro que, un año después, metió en la campaña de las generales de 2008 a José María Aznar. Ese día un enardecido Francisco Granados arengó al público con improperios al doctor Luis Montes y Aznar, que cumplía cuatro años fuera de la Moncloa, se lanzó contra Zapatero, instando a ganar sin “hacer chorradas con la ceja”.

La sentencia menciona más peajes 'populares' con los que Waiter Music potenció los actos del PP por toda la región. “Multitud de eventos” en Valdemoro, pero también una lista larga de “extras” en Ciempozuelos, donde gobernaba la condenada María Ángeles Herrera. Allí Waiter Music montó eventos del partido e incluso un mitin de 2008 donde se entregó una medalla a Rodrigo Rato, que con los años pasaría por la cárcel. En Móstoles, localidad de más de 200.000 habitantes, los jueces también hablan de un “elenco de irregularidades” en la contratación de Waiter Music “favoreciendo el desvío de dinero público y destinándolo al pago de eventos privados organizados por el Partido Popular” y su grupo en la localidad en las elecciones autonómicas de 2011.

No todos los contratos adjudicados a Waiter Music son considerados delictivos y no todos los políticos encausados han terminado condenados. Junto con Francisco Granados y sus sucesores al frente de la alcaldía de Valdemoro (José Miguel Moreno y José Carlos Boza) son condenados los regidores de Ciempozuelos y Moraleja de Enmedio, pero otros son absueltos, como es el caso de los dos exalcaldes de Móstoles encausados. En su caso no hay pruebas de que ellos gestionaran de forma directa la contratación de Waiter Music. En una ciudad como Móstoles, dice la Audiencia Nacional, llegar a ese nivel de irregularidades “debía de contar con el conocimiento y autorización de autoridades, funcionarios públicos municipales e integrantes del Grupo Municipal Popular de Móstoles, que promovieron, facilitaron y autorizaron este tipo de prácticas”.

Dos tramas en el Madrid de Aguirre

Las fechas de la sentencia conocida esta semana, y que todavía es recurrible, revelan una cosa: que la Púnica y la Gürtel convivieron en paz y armonía en distintas zonas de Madrid y con distintas familias del PP durante varios años. Mientras los de Francisco Correa parasitaban los ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda del Rey de la mano de sus alcaldes, la Púnica conquistaba ayuntamientos del sur de la mano de Francisco Granados. Todo mientras Esperanza Aguirre conquistaba la Puerta del Sol y empezaba su fulgurante ascenso hasta la consideración de lideresa con unos mítines organizados por las tramas corruptas. Porque si algo une a la Gürtel y la Púnica, además de los contratos amañados y las comisiones, es la organización de actos de Esperanza Aguirre como moneda de cambio.

La resolución de la Audiencia Nacional zanja con una condena de dos años de cárcel la participación de David Erguido, entonces concejal de Aranjuez, pero “hombre de confianza” de Granados como asesor en la consejería que, con el tiempo, se convirtió en un dolor de cabeza para el PP nacional. Tuvo que dejar su escaño en el Senado tras ser imputado en la Púnica y se mantuvo como diputado regional del PP de Isabel Díaz Ayuso en Vallecas hasta su desaparición de las listas del partido para las autonómicas de 2021.

Erguido llevaba desde 2010 en la Asamblea de Madrid, donde entró en sustitución del hoy también condenado Alfredo Prada, y según la sentencia maniobró como concejal de Algete para que Waiter Music fuera contratada. Pero también obtuvo un beneficio para sí mismo. Waiter Music le organizó un evento en marzo de 2008 en el campo de golf del Canal de Isabel II, con la intervención de “cuatro mariachis” y con un coste de 1.800 euros “pendiente de liquidar con dinero público”. El mismo campo de golf que levantó Esperanza Aguirre en 2007 en Chamberí, que fue declarado ilegal por los tribunales y demolido y cuya adjudicación será juzgada como parte del caso de corrupción Lezo.

Muy por encima de Erguido, la sentencia otorga un papel protagonista a Francisco Granados en el ascenso y caída de Waiter Music y su papel como organizador de eventos de cabecera del PP de diversos municipios. Él tenía una “capacidad real de influencia” en Valdemoro, primero como alcalde y después como consejero de Aguirre, aunque no tuviera voz ni voto oficial en las contrataciones de su antiguo ayuntamiento. Pero sí tenía una “posición de poder político”. También con respecto a la Comunidad de Madrid. La Audiencia Nacional no le condena por todas las acusaciones que se vertieron sobre él, pero mantiene que usó su poder para que la Fundación Arpegio, salida de una empresa pública dependiente del gobierno regional, financiase con dinero público el concierto 'Night of the Proms' del que se había encaprichado y que organizó Waiter Music en el Palacio de los Deportes.

Esta no es la primera sentencia madrileña del caso Púnica. Francisco Granados ya fue condenado por el chivatazo que recibió de un guardia civil y que casi da al traste con la operación, y varios alcaldes han sido condenados por aliarse con el empresario David Marjaliza y contratar de forma irregular a Cofely para gestionar la eficiencia energética de sus municipios. Pero Granados todavía tiene un juicio relevante en el horizonte. Por las adjudicaciones supuestamente irregulares de suelo público desde la empresa regional Arpegio —la de la Fundación del concierto Nigh of the Proms— y de obras de construcción de Metro, una de las grandes promesas electorales de Esperanza Aguirre en esos años.

Aguirre, sus campañas y algunos de sus juramentos políticos son el telón de fondo de muchas de las piezas separadas del caso Púnica. Además del juicio pendiente por estas adjudicaciones, la Audiencia Nacional tiene en cola enjuiciar a Granados y al entonces gerente del PP en Madrid, Beltrán Gutiérrez, por delitos electorales en la financiación de la campaña del partido de 2011. La principal beneficiada, Esperanza Aguirre, no está en la lista de los acusados porque según el juez Manuel García-Castellón no hay pruebas de que “tuviera conocimiento” de la existencia de una caja B en el seno de su propio partido.

La sentencia conocida esta semana añade una capa de pintura al cuadro de corrupción de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y su Partido Popular. Políticos que facilitaban contratos públicos a cambio de organizar actos del partido pero también fiestas y comuniones para el bolsillo propio. Una trama Púnica cuya verdad judicial no ha hecho más que empezar con varios juicios por delante en los que la financiación de los grandes éxitos electorales de Esperanza Aguirre estará, una vez más, bajo la lupa sin la lideresa en el banquillo.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid ha charlado con Santiago Abascal sobre su carrera profesional, su visión de España y la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno el pasado mes de abril, donde ambos están de acuerdo en que hay que “habrá que derogar inmediatamente”, y que califican como una estrategia de Pedro Sánchez para “tener un voto comprado”: “Tenemos que estar preparados para que Sánchez haga cualquier cosa para mantenerse en el poder, para alargar la convocatoria de elecciones, para alterar el censo electoral con nacionalizaciones masivas y fraudulentas”, ha expresado Abascal.

La imputación de Zapatero por organización criminal, falsedad y tráfico de influencias en el caso Plus Ultra no ha tardado en salir en la conversación publicada por The Objective. Ambos han insistido en que “ya son muchas presunciones de inocencia juntas”, haciendo referencia a “la de Zapatero, la de Koldo, la de Ávalos, la de Cerdán, la de la mujer de Sánchez, la del hermano de Sánchez, pero además la de los jueces y los policías y los guardias civiles”. Por su parte, Santiago Abascal sostenía en la entrevista que en Gobierno de Pedro Sánchez “es cada vez más peligroso” y que la imputación de Zapatero “no debilita al Gobierno, sino que radicaliza a Pedro Sánchez y le convierte en mucho más peligroso para los españoles”. El líder de Vox cree que para luchar contra Sánchez deben “trabajar en los tribunales presentando denuncias, trabajar con movilizaciones sociales como la de este fin de semana y por supuesto en los parlamentos haciendo una oposición absolutamente férrea a este Gobierno”.

Esperanza Aguirre preguntaba al líder de Vox si la imputación de Zapatero serviría para que Sánchez convoque elecciones. “No, yo creo que Sánchez está absolutamente atornillado al poder. Sabe que perder el poder le sitúa el banquillo de los acusados”, respondía Santiago Abascal. Sobre la imputación del expresidente del Gobierno, Abascal cree que “esto debe desgastar a cualquier alternativa política”, pero que “muchos votantes socialistas dan por descontada esa corrupción. Entonces, tenemos que estar preparados para que Sánchez haga cualquier cosa para mantenerse en el poder”. De cara a unas futuras elecciones generales, Santiago Abascal reflexiona sobra que una estrategia: “No se pueden afrontar las elecciones con los errores del año 23, dándolas por ganadas ni demonizando alguna de las fuerzas políticas que se presenta”, explica el líder de Vox, que está de acuerdo con Esperanza Aguirre en que “hay que demonizar a Bildu, a los que roban y pactan con Bildu”.

De vuelta a la regularización de migrantes, Abascal insistía en que “tenemos un Gobierno que está trayendo muchos problemas a los españoles en el orden económico, que miente sobre las cifras económicas del país, que oculta que los españoles nos hemos empobrecido y además promueve una invasión migratoria llamando a toda África y toda América que vengan”. El presidente del partido ultra sostiene que “el país hay que reordenarlo” y que “hay que ir a las elecciones ofreciendo con claridad los programas políticos y no demonizando al de al lado, aquel con el que tienes que pactar y no dando las elecciones por ganadas”.

Aguirre ha comparado la regularización de migrantes impulsada por el actual Gobierno con otras que se realizaron durante las legislaturas de Aznar o Zapatero, pero justifica las decisiones de los dos expresidentes: “Yo lo defiendo, porque si un señor tiene un trabajo aquí, pues me parece muy bien que se le conceda la residencia, no la nacionalidad”.

El ámbito internacional

La que fue presidenta de la Comunidad de Madrid por el PP cree que “es bastante positivo las los acuerdos que se están haciendo en algunas comunidades autónomas” Vox junto al Partido Popular, tras las elecciones autonómicas que se han celebrado estos últimos meses en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. “Sé que hay gentes de mi partido que dicen que quieren gobernar en solitario, me parece estupendo. Yo siempre he querido gobernar en solitario y lo he conseguido, pero hay veces que no se consigue”, explica Aguirre.

Ambos han criticado “el intervencionismo que nace fundamentalmente en las instituciones europeas y que ha sido obra de dos grandes partidos”. Santiago Abascal tiene “esperanza”: “No estamos condenados porque en el Parlamento Europeo ya hay una mayoría alternativa a los acuerdos Partido Popular-Partido Socialista. Es posible el acuerdo del Partido Popular si quiere cambiar de socio, tanto con Patriots, que es el tercer partido de Europa, que lo presido yo, como con conservadores y reformistas de Georgia Meloni. Eso ya conforma una mayoría parlamentaria”. Sin embargo, ambos sostienen que Pedro Sánchez “tiene apoyo internacional de lo peor de cada casa”.

En Europa, Esperanza Aguirre ve “imprescindible que el Partido Popular deje de unirse a los socialistas y a los verdes para hacer ese tipo de regulaciones absurdas que yo, como ganadera y agricultora consorte me tienen absolutamente indignada. Y estoy muy contenta porque Dolors Montserrat creo que opina como yo”. “Opina como tú, pero no sé si vota como queremos”, ha bromeado como respuesta Abascal.

Después de hacer un repaso por la vida de Santiago Abascal y coincidir ambos en desear la salida de Pedro Sánchez del Gobierno, el líder de Vox ha querido mandar unas palabras a sus votantes: “Un mensaje a los españoles en general de esperanza, de que las cosas se pueden cambiar, de que podemos lograr deshacernos de este Gobierno mafioso, pero también un mensaje de alerta. Las elecciones no están ganadas”.

Pasado San Isidro y a pocas fechas de que empiecen las fiestas de verano, podemos decir sin temor a equivocarnos que lo castizo está de moda. Pero, ¿qué es lo castizo? La respuesta daría para un artículo aún más largo que este que comienza aquí, pero un vistazo a Instagram nos haría sospechar que algo de explotación distorsionada de la memoria de las clases populares madrileñas hay en la moda.

Grupo Taller de Historia Social —una un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid centrado en la historia del mundo del trabajo, las clases populares y el conflicto social en la España Moderna— e investigadores de la Universidad Complutense han juntado fuerzas para hablar de las clases populares con la propiedad que otorga la investigación histórica.

La iniciativa ha tomado la forma de unas jornadas divididas en dos días y dos espacios de honda raigambre popular. La primera de las sesiones se desarrolló en el Centro Cultural La Corrala (gestionado por la Universidad Autónoma de Madrid) este viernes 29 de mayo. La segunda, tendrá lugar en el Ateneo La Maliciosa el próximo 11 de junio.

“La intención es intentar ver la parte más desmitificadora de estos barrios, que están siempre muy vinculados con un cierto toque casticista, y darle un sentido más histórico y real a las personas que los habitaban”, explica José Antolín Nieto, historiador de la Autónoma con el que hemos hablado de El Rastro, sobre cuya historia guía un paseo en el contexto de las jornadas.

Nieto habla con el poso de quien ha escrito tres volúmenes sobre las vivencias del mercado, de quien se ha criado entre el bullicio de los puestos de la Plaza del Campillo del Mundo Nuevo y de quien ha vendido su libro (I, II y III), hecho después de cientos de horas en archivos, los domingos por la mañana en El Rastro.

SOMOS MADRID: Ahora está de moda el tema de lo castizo, una cosa muy estética…

JOSÉ NIETO: Claro, nosotros lo que queríamos, a través sobre todo de nuestras investigaciones, es darle una imagen real a la sociología de los barrios. En ese sentido, la intervención de Victoria López-Barahona en las jornadas es interesante porque ha rescatado una fuente que no se conocía mucho sobre una parte del barrio de Lavapiés, en concreto el barrio de las Niñas de la Paz.

Tendemos a pensar que todo comienza en una fecha determinada y de una manera que se conoce con exactitud, pero no es exactamente así según cuentas en el primero de tus libros

Efectivamente, el comercio surge de manera paulatina. El Rastro nace alrededor del matadero, donde comienza a haber una proliferación de vendedores con tiendas y, al mismo tiempo, de vendedores que son de ambulancia pura y dura, es decir, que con su cuerpo van transportando la mercancía. Madrid crece mucho a partir de la llegada de la Corte a Madrid en 1561, el matadero lo hace con la ciudad y el barrio crece alrededor suyo. Se asientan zapateros, curtidores, guarnicioneros, gente que manufacturaba con tendones cuerdas de guitarra… luego llegan al Cerrillo del Rastro (hoy Vara del Rey) otra serie de oficios y se empiezan a vender productos no relacionados con el matadero, esencialmente la ropa usada en el siglo XVIII.

Hay fechas que sí sabemos. En 1751, por ejemplo, encontramos la primera referencia de una venta en domingos a través de una redada hecha por los alguaciles a tres vendedoras ambulantes. Son denunciadas por el gremio de prenderos (tratantes de ropa usada). El mercado crece y hay que regularlo, los primeros permisos son de 1811.

Luego, a lo largo del XIX el mercado va creciendo en importancia

En la historia del siglo XIX va permeada en torno a dos elementos: la persistencia del mercado diario y la aparición de los bazares.

Empecemos por lo primero

Hoy hemos perdido el mercado diario, que dura hasta 1984. Antes, existían el vendedor ambulante y el vendedor al que el Ayuntamiento ponía una estructura. Eso lo puedes ver incluso en películas del siglo XX como en Mi tío Jacinto. Ese mercado diario era una realidad prácticamente desde el año 1730 en la zona del Cerrillo y en las calles aledañas.

Y los bazares aparecen a mediados de siglo, ¿verdad?

Son la reutilización de tenerías antiguas y en algunos casos de casas de vecindad. Solamente conocemos un bazar de nuevo cuño, de construcción exclusiva para la venta ambulante, que es el bazar del Federal, que estaba en la otra parte de la Ronda de Toledo. Los bazares facilitaban a una parte de los vendedores un resguardo ante las inclemencias del clima, el espacio físico para poder exponer su mercancía, almacén y unos servicios públicos que el Ayuntamiento nunca ha proporcionado: los urinarios.

Mucha gente dice que habían desaparecido en los años 60, pero yo he visto bazares todavía a finales de siglo. Mi padre ha estado almacenando género hasta bien entrado los ochenta en bazar. En la derivación del bazar del Federal y en otro que no era al cien por cien un bazar, pero en el que había gente que vendía dentro, que era en la corrala Cambalache. La derribaron hace dos días, como quien dice. Te diría yo creo que había otro bazar que ha estado hasta bien entrados en los años 90, incluso a principios del 2000 —lo que pasa es que la gente no la considera un bazar—, el propio Centro Cultural La Corrala de la Autónoma, donde organizamos las jornadas.

El tercer libro de tu trilogía lo comienzas en 1936, ¿cómo fue la existencia de El Rastro durante la guerra?

Tardé mucho en escribir la tercera parte del libro de El Rastro porque quería encontrar información verosímil de su existencia durante la guerra. Pude hacerlo por una fuente que hasta la fecha no tenía una fácil consulta, la Biblioteca Digital de la Biblioteca Nacional.

Encontré ahí una entrevista a dos vendedores de uno de los bazares, en concreto del Bazar del Médico. En el Rastro hay incluso restos de la guerra, cayó un obús en uno de los bazares y hay fotografías de la Puerta de Toledo con trincheras. Ellos dicen que a pesar de todo hubo Rastro. De hecho, afirman que estaban colaborando con el Gobierno republicano y mandando repuestos de coche al Ejército.

Bueno, en definitiva, hay Rastro durante la guerra. Hay asociaciones de vendedores que me pidieron la información porque en la época de la pandemia el Ayuntamiento de Madrid cerró el rastro durante siete meses. Me decían, “si no se ha cerrado ni durante la guerra”. Consideraban que era un sitio seguro, al aire libre. En algún momento los centros comerciales estaban abiertos y El Rastro no.

¿Qué pasó después de la guerra?

Las cosas del Ejército republicano, desde armamento hasta material de automóviles, acaban en El Rastro. Es curioso el tema de la Galería Bayón. A partir de los cuarenta comienza a haber otro tipo de venta: en las galerías. Son otro tipo de institución dentro de El Rastro que tiene como función fundamental, en gran parte, la venta de productos relacionados con las antigüedades. Pero las primigenias, como esta de los hermanos Bayón, tenían como punto de referencia el producto derivado de la incautación del Ejército republicano. Ellos tienen contacto con el Ejército, que les va pasando el material. Y se hacen de oro.

Luego está el tema del estraperlo. La gente vende todo lo que puede, con situaciones muy vinculadas con la ilegalidad. Una cantidad importante de productos básicos, comida en muchos casos. El Estado mira hacia otro lado porque sabe que la economía está desestructurada y la gente tiene que comer.

No sé si tienes tú constatado ahí un ámbito de resistencias cotidianas

Sí, yo creo que hay una línea de continuidad con las resistencias que hubo en el siglo XIX. Eso yo creo que lo refleja muy bien Ramón de Mesonero Romanos cuando dice que El Rastro es una zona díscola, muy rebelde, con gente que ha hecho que se convierta en una especie de isla dentro de la ciudad. De hecho, Mesonero Romanos habla de la necesidad de domesticarla y que metan en El Rastro un tipo de teatro específico para que sus habitantes vayan entendiendo cuál es la forma adecuada de comportarse en una sociedad burguesa.

Pienso que la venta en las galerías o a través del estraperlo son formas también de resistencias ante el sistema. Hay un elemento que a lo mejor es meramente simbólico, pero significativo. En Lavapiés, al lado de Cabestreros, se ha conservado una fuente de la Segunda República. ¿Cómo es posible esto? Primero, por la dejadez del propio Ayuntamiento y luego por la propia idiosincrasia del barrio.

El Partido Comunista intenta ya desde muy pronto hacer en El Rastro reparto de propaganda. Hay incluso una apropiación del espacio, aunque sea minoritaria, con intentos del Partido Comunista de asentarse dentro del barrio y dentro del mercado, haciendo rifas para recaudar fondos e instalando células del partido. También algunos de los anarquistas de Madrid que estaban resistiendo en el interior utilizaron el barrio y el mercado para hacer acciones políticas. Son evidentemente resistencias muy difíciles de localizar.

Y esto yo creo que vuelve a emerger un poco en los momentos de la Transición, con la eclosión contracultural y las razias de la extrema derecha

Ya eso lo he vivido en primera persona, aunque de una manera un tanto marginal. Durante los años 1978 y 1979 hubo unos periodos bastante duros. En la parte de Cascorro comenzaron a ponerse puestos políticos de izquierda o de grupos como la COPEL (Coordinadora de Presos en Lucha). Hay un documental del NO-DO que lo muestra, evidentemente con sesgo ideológico. Aparece cómo la gente se arremolina en torno a los puestos políticos, muchos de quienes están allí llevan megáfono y cuentan lo que había pasado en el ámbito de la movilización política de su sector. En la grabación se dice que no tienen apoyo de los vendedores, pero era mentira.  

Esto sucede en el contexto de la reacción de los grupos de ultraderecha, sobre todo los Guerrilleros de Cristo Rey, que actuaban en connivencia con la policía. Iban con todo tipo de cadenas y pegaban a diestro y siniestro. A vendedores, compradores y a los miembros los tenderetes de propaganda política. La Policía siempre acudía como 15 minutos tarde a pesar de que había un coche de policía a 500 metros

Lo viví por las carreras que se organizaban desde Cascorro hacia abajo. Bajaban por la Ribera de Curtidores, pero también llegaban por las calles anexas y hasta el Campillo, donde yo vendía. Tenía 10 años, 12 como mucho, y durante cuatro o cinco semanas recuerdo estar con las típicas lecheras de los grises al lado de nuestros puestos. Estábamos atemorizados y fue bastante dramático.

Ya que estás contándonos estas vivencias, ¿cómo es tu vinculación personal con El Rastro?

Comienza con un tío mío que era mecánico y debía de tener algún tipo de situación que le permitía vender piezas y recambios de coches. Probablemente, sacaba parte de los recambios de los talleres militares y vendía en el antiguo bulevar, que ahora es la Ronda de Toledo. Mi padre empezó a vender poco después. Era un manitas con la juguetería de madera, aunque luego empezó a vender herramientas. En los 70 mi hermano, que por desgracia ha fallecido recientemente, empezó a vender sellos porque hubo una exposición universal de Filatelia en Madrid en el año 75, y él aprovechó la afición que mi padre tenía a los sellos (también él vendió sellos y monedas después de herramientas). Mi madre fue vendedora, primero de novelas y después de artículos de mercería y de ropa de crío. La tradición familiar empezó en 1957 y terminó hace dos días.

La vinculación de tus libros sobre El Rastro es bien material…

Yo soy hijo de la crisis económica de principios de los 2000. Al principio, tuve una experiencia muy positiva en mi ámbito de investigación, me concedieron unas cuantas becas y un contrato predoctoral. Cuando acabé la tesis en 1999 me concedieron un contrato postdoctoral, pero en el curso 2001-2002 se acabó. Esperanza Aguirre se cargó la política educativa de becas universitarias.

Yo había dejado El Rastro sobre 1998 para terminar la tesis y tuve que volver al mercado. Le dije a mi madre: “Mamá, la situación en la que estoy es complicada, tengo que volver para vender, pero tengo una idea, tengo información suficiente como para hacer un libro sobre la historia del mercado”. Mi madre me financió el libro y empecé a vender el primer volumen en el puesto. Luego, ya más liberado de presiones económicas, saqué el segundo y el tercero. Para mí El Rastro también ha sido un mecanismo de resistencia.

Inevitablemente, tengo que hacerte la pregunta más tópica ¿Cómo ves El Rastro hoy y en qué crees y que ha cambiado?

A menudo hay una visión pesimista, pero yo tengo una panorámica del mercado de 300 años. La palabra resiliencia no me gusta mucho, pero a lo mejor la podemos utilizar para el mercado.

A pesar de todas las podas que ha tenido, la desaparición de los bazares, de la venta de diario, de los intentos de traslado y cierre… se ha mantenido siempre en el mismo lugar, a diferencia de otros mercados europeos. Mercat dels Encants en Barcelona es muy interesante pero es un mercado extrarradio y al mismo tiempo un mercado que se ha trasladado muchísimas veces del lugar. Feira da Ladra, en Lisboa, o el mercado de Las Pulgas, en París, son mercados que tienen sus características propias, pero son relativamente más recientes que El Rastro.

Tiene una cantidad ingente de enemigos, eso sí. Por ejemplo, los grandes almacenes —que abren también los domingos— los supermercados grandes, y el gran enemigo de El Rastro, Internet y la compra por Wallapop. Sin embargo, sigue estando ahí.

Probablemente, hay productos que estén estandarizados, sí, pero eso también pertenece a una lógica del rastro aunque mucha gente no lo vea. Ya en 1820 había una producción de zapatos nuevos exclusiva para El Rastro. La estandarización estaba presente mucho tiempo atrás. No sé si es que soy demasiado optimista, pero creo con un poco de difusión y con más de apoyo institucional, cosa que nunca ha tenido, El Rastro puede subsistir. Yo creo que lo de El Rastro es cíclico.

Pero imagino que la gentrificación lo estará afectando

 Ahí es donde está cambiando un poco más, porque hay una gentrificación importante del barrio y los nuevos residentes no lo comprendan al cien por cien, como los de hace 40 años. No entienden los ruidos a primera hora de la mañana de un domingo. Antes, una parte importante de los vecinos que tenían alguna propiedad en los bajos de los edificios los alquilaban a los vendedores para la mercancía, nosotros le hemos llamado siempre a eso encierres. Ese tipo de cosas, unidas a que el ayuntamiento en determinado momento dejó un poco de la mano de Dios la limpieza —ahora parece ser que eso se ha hecho de una manera bastante eficaz— crea ciertos problemas.

A mí me duele, por ejemplo, que cuando desaparece el Bazar del Médico lo que se edifica sea un Burger King. Te quedas como diciendo, hostia, esto ya no es mi barrio, no es mi mercado.

Con el lema “aquí no desahucia ni Dios”, el Sindicato de Inquilinas de Madrid desplegaba una gran pancarta sobre la fachada en el que vivía hasta el pasado 7 de mayo Mariano Ordaz. Vecino de la calle del Carnero, en el centro de la capital, este jubilado de 67 años fue desalojado con un gran despliegue de ocho furgones policiales. Al quinto intento la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, conocida como VOT, lograba expulsarle de la casa en la que había pasado toda su vida.

No lo evitó la enorme resistencia desplegada por el sindicato, con dos personas colgadas del bloque que acabaron arrestadas. Ni los intentos de Mariano por regularizar su situación para continuar en una vivienda que se le caía a cachos. Tampoco influyó el hecho de que la VOT cuente con diversas propiedades más en la zona que le reportan unos ingresos continuados.

A pocas semanas de la visita del Papa León XIV, que celebrará diversos actos en Madrid del 6 al 9 de junio, la organización no demostró caridad cristiana. No es la primera entidad de corte católico inmiscuida en este tipo de dinámicas en los últimos tiempos. Coyunturas en la que la espiritualidad choca con el dinero y con la avaricia, uno de los pecados capitales.

La hermandad del marido de Aguirre desmantela una residencia y un colegio

Si una organización católica puede provocar más de un arqueo de cejas a Robert Prevost, que pasó varias décadas como misionero en Perú en entornos humildes que le marcaron profundamente, esa es la Hermandad del Refugio. Presidida por Fernando Ramírez de Haro, marido de Esperanza Aguirre y poseedor del título nobiliario de conde de Bornos, la institución ha emprendido en los últimos años una serie de polémicas operaciones con objeto de dejar atrás los números rojos y aumentar sus ingresos.

La Hermandad del Refugio nació en 1615 con el propósito de “ayudar a los necesitados de Madrid”. Sin embargo, en los tiempos recientes ha dejado de lado dos de las principales herramientas para esta labor con sendas clausuras. Por un lado, la de la residencia de ancianos necesitados en la calle Pez, convertida en un hostel o albergue para turistas. Por otro, la del colegio concertado, pero de precios modestos, Purísima Concepción (cuyo nuevo uso sigue siendo una incógnita tres años después). Sobre este último punto, vecinos de Malasaña lo han definido como “una tragedia para un barrio en trance de degradación”. “No sé con qué cara asiste a misa”, reprochó un progenitor a Ramírez de Haro el último de día de clases en el centro, que tenía 372 años de historia.

Después de despojarse de esas actividades, la Hermandad apuesta desde 2025 por explotar la iglesia de San Plácido, ubicada en la calle de San Roque, además de las visitas que ya organizaban en San Antonio de los Alemanes (calle de la Puebla). Un filón que combinan con otras apuestas comerciales más controvertidas, aprovechando el tirón de la especulación inmobiliaria y la explotación turística en pleno centro de la capital.

La más sonada es la reconversión de la residencia de mayores en el número 1 de la calle Pez en un alojamiento temporal, mediante la cesión a la empresa hotelera Asistencia y Ayuda Yadisema SL. Los responsables de la agrupación religiosa firmaron un contrato en 2020 con la compañía, a la que cedieron las obras y su posterior explotación durante los próximos 20 años, después de desalojar a 41 personas de avanzada edad. Más tarde, continuaron con el proyecto a través de un plan especial solicitado al Ayuntamiento que lidera José Luis Martínez-Almeida, por el que proponían levantar un hostel donde facturar más de tres millones de euros anuales. El negocio logró arrancar en 2024.

La actividad social de la Hermandad del Refugio se focaliza ahora en su comedor social, en la corredera Baja de San Pablo. “Mi madre es la que me está sacando del apuro y sé que eso le pasa mucho a personas en situaciones parecidas. Me parece fatal que cuando esos mayores necesitan ayuda les dejemos tirados”, contaba a Somos Madrid una mujer que asistía al servicio en relación con el fin de la asistencia a población anciana por parte de la entidad católica para mejorar sus resultados financieros.

El desahucio de Mariano: la policía, a las órdenes de una entidad católica

La Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, más conocida por sus siglas VOT, es una rama de la familia franciscana, también llamada Orden Franciscana Seglar (OFS). La organización fue fundada en 1221 para laicos que deseen vivir el carisma franciscano sin abandonar su vida secular. 800 años después, esa misión ha tomado la forma del desalojo de un jubilado de 67 años en el centro de Madrid que llevaba toda una vida en su casa.

Fue el pasado 7 de mayo, al quinto intento y con un enorme operativo policial con ocho furgones e incluso la intervención del cuerpo de bomberos para bajar de las alturas a dos activistas que se colgaron como acción protesta. Decenas de personas, coordinadas por el Sindicato de Inquilinas, trataron de impedir un desalojo precedido por una situación de enorme inestabilidad en la vivienda de Mariano.

El techo de la cocina se vino abajo el pasado año, mientras las humedades carcomen la casa del pensionista. Pero Mariano no quería dejar la casa para la que se llevaron a cabo los arreglos porque, sostenía, la VOT no le iba a dejar regresar a ella cuando se marche. “Es una treta para que me vaya”, contaba a este medio, al tiempo que relataba cómo acumuló algunas deudas que ahora pretendía saldar paulatinamente. Lo que no podría enfrentar eran “subidas abusivas del alquiler”. Apuntaba también que la orden posee múltiples propiedades comerciales o habitacionales en el entorno, por lo que sus impagos pasados no comprometían la situación económica.

Doble rasero en un colegio católico: alumnos sin Halloween y fiesta de famosos previo pago

El Colegio Internacional G. Nicoli, en Chamberí, es “fruto de la colaboración de las Hijas de la Caridad [comunidad religiosa de monjas] y del Colegio Internacional J. H. Newman de Madrid”. Esta última entidad ya sabía lo que era estar envuelta en operaciones irregulares, después de que en otro centro en el barrio de San Blas se viera obligada a cerrar un gimnasio privado en una parcela cedida al colegio concertado para usos educativos.

El pasado diciembre, el Nicoli se convirtió en la comidilla del barrio por un debate de carácter más bien moral, por una cuestión de principios o de integridad. Familias del centro mostraron su rechazo, algunas en público y otras en privado, a lo que sucedió el pasado 31 de octubre entre sus paredes. Como viene siendo habitual y pese a las peticiones de algunos padres y madres, la dirección del centro vetaba cualquier festejo de Halloween por el origen pagano y ajeno a la cultura cristiana de dicha celebración. Los niños y niñas no podían acudir disfrazados o con la cara pintada. Pero esa misma noche, decenas de famosos e influencers disfrutaron de una fiesta privada por todo lo alto en el Nicoli, con el terror como gran temática.

La diferencia entre la iniciativa de las familias y la que sí se llevó a cabo es que esta última fue previo pago: sus organizadores abonaron un alquiler a la Fundación Escuela de los Oficios, organización nacida fruto de la mencionada colaboración entre la comunidad de monjas y el Newman. Un ente responsable del colegio desde su creación en 2018.

Las cuentas en redes de Ester Expósito o Brays Efe mostraban cómo los invitados consumieron alcohol en las zonas comunes del recinto. La madre de un estudiante del Nicoli admitía incluso su preocupación “por si hubiesen quedado restos de drogas el lunes siguiente, pastillas de LSD con caritas sonrientes o animalitos que los niños podrían probar por curiosidad”. Hablaba de “hipocresía”, mientras otro padre veía un “doble discurso”.

“Entendería el enfado de quien tenga sentimientos religiosos, aunque yo no los tengo”, opinaba otra progenitora. Entre los disfraces de la noche había un diablo (“ángel caído”, como lo definía una madre que quitaba hierro al asunto) o, para terminar de redondear la paradoja, un trabajador de Tecnocasa (el propio Brays Efe). Familias tacharon de “incoherente” la decisión del Colegio, que prefirió no emitir declaraciones en respuesta a este medio. “La verdad es que según parece fue el fiestón de la noche, pero no arruines la reputación del cole, eh”, remataba una madre

Esa misma reputación que la el Papa León XIV trata de reconstruir para la Iglesia católica entre controversias como las relatadas, cruces de reproches con la ultraderecha y lo más grave: casos de abusos y pederastia que siguen mermando la imagen de la institución.

Hace justo 19 años Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre se montaban juntos en el primer vagón del Metro de Madrid que llegaba hasta la Terminal 4 de Barajas. Gallardón había impulsado el trayecto de la línea rosa del suburbano para conectar el centro con el aeropuerto, durante su época como presidente regional. Aguirre, que le sucedió en el cargo, había encargado las obras hasta la T4, privatizándolas mediante la fórmula de concesión.

La ampliación de la línea 8 llegó con polémica, porque el Gobierno de Aguirre quería que el Ministerio de Transportes —por entonces en manos de Magdalena Álvarez (PSOE)— fuera el que asumiera el coste por conectar una infraestructura del Estado gracias al suburbano. Pero la responsabilidad regional de toda la red de Metro pesó más en la discusión y la mandataria del PP acabó asumiendo las obras, aunque optó por la privatización para no tener que cargar su coste al presupuesto regional.

La obra supuso una subida de tarifas para todos los viajeros que salían o entraban en la red metropolitana desde la T4. La Comunidad de Madrid estableció un suplemento de 2 euros (luego llegó a los 3 euros actuales) para compensar las obras que alcanzarían en transporte público la entonces nueva terminal, excavando 2,5 kilómetros de túnel. Aprovechando ese momento, también estableció el mismo suplemento para la parada Aeropuerto T1-T2-T3, que ya estaba construida desde el año 1999.

Las obras para llegar a la T4 habían arrancado en mayo de 2006 y las ejecutaba una empresa creada por FCC y Caja Madrid para explotar esta concesión, que asumió el coste de los trabajos, unos 58,5 millones de euros. Así se completaba un trazado de 13,8 kilómetros y seis estaciones que —en palabras del propio Gallardón— “contribuía eficazmente al despegue económico de la ciudad”. Aguirre iba más allá y el día de su inauguración definitiva colocaba a la capital de España al nivel de Londres. “Con la nueva estación de Metro, el aeropuerto de Madrid se pone a la altura de Heathrow, el único europeo que tiene dos estaciones de Metro convencional”, aseveró entonces.

El nombre de la empresa que obtuvo la concesión era Metro Barajas SA y el plazo para rentabilizar la inversión alcanzaba los 20 años, a contar desde el inicio de la construcción. Fue en mayo de 2006, hace justo ahora dos décadas. Aunque la propiedad pertenecía a FCC y Caja Madrid (al 50%), su empresa matriz se llamaba Globalvia, una compañía que obtuvo otras concesiones de Aguirre como la línea 9 de Metro hasta Arganda del Rey y varias líneas de Metro Ligero.

El capital de Globalvia era inicialmente español, pero la empresa cambió de manos de forma progresiva a partir del año 2013, cuando FCC y Bankia —la evolución de Caja Madrid— dieron entrada a varios capitales extranjeros, que en 2016 acabaron haciéndose con todo su accionariado. Actualmente está operada por los fondos OPTrust, PGGM y USS, que gestionan inversiones procedentes principalmente de pensiones.

El dato de cuánto ha recaudado Metro de Barajas SA con este suplemento durante los últimos veinte años no se ha hecho público. Antes de su lanzamiento el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) aseguró que abonaría importes en función del nivel efectivo de demanda de viajeros que emplearan el billete con suplemento. Habría también deducciones fijadas por determinados estándares de calidad, aseguraba la nota de prensa de la concesión. Los usuarios del abono de transportes están exentos de su pago, así como los trabajadores de Barajas.

Por el camino, el CRTM tuvo que abonar también una indemnización a la concesionaria porque la EMT de Madrid arrancó en el año 2010 un servicio de autobús directo hasta el aeropuerto, no previsto inicialmente en el contrato de concesión y considerado competencia directa. Desde entonces se han desembolsado más de 5,2 millones de euros, ya que solo en el año 2024 hasta 589.628 pasajeros del bus se subieron o bajaron en la T4.

Dos conexiones más con la T4

La Comunidad de Madrid no ha explicado qué va a hacer con el tramo hasta la T4 coincidiendo con el fin de la concesión, o incluso si levantará el suplemento actual de tres euros, que fue implantado para pagar las obras, ya amortizadas. A preguntas de este medio, la Consejería de Transportes guarda silencio.

El Gobierno de Ayuso apuesta actualmente por multiplicar las conexiones con el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Previsiblemente tendrá listo en los próximos meses otro enlace a través de la línea 5, alargando el túnel desde Alameda de Osuna hasta las terminales T1-T2-T3. Será la tercera vía férrea en llegar a la Barajas después de la citada línea 8, que alcanzó la T4 en 2007, y el Cercanías de Madrid, que apareció allí en septiembre de 2011, esta vez sin suplemento adicional al haber asumido el coste de estas obras el Ministerio de Transportes.

La cuarta conexión llegará con la ampliación de la línea 11 de Metro por Valdebebas, cuyo proyecto informativo incluye otra parada más en la T4, dentro de las siete estaciones que prevé esta extensión. Y también está en proyecto un quinto enlace, con la red de AVE, ya anunciada por el Ministerio de Transportes.

“Se le notan los tijeretazos”. “Una dramaturgia al servicio de un apolillado nacionalismo españolista”. “Más de 140 minutos de égloga pastoril destinados a enardecer el sentimiento nacionalista frente al invasor mameluco”. Son algunas de las críticas que recibió en su estreno Sangre de mayo (2008), la película más ambiciosa y el gran fiasco de la carrera de José Luis Garci, ganador de un Oscar por Volver a empezar (1982) y uno de los pocos directores españoles que ciertos sectores de la derecha española salvan del desdén (cuando no del odio). Esa misma derecha que insiste en el discurso de los “subvencionados” para descalificar el séptimo arte patrio, por mucho que las ayudas reviertan positivamente en la economía o contribuyan al desarrollo artístico de todo el país.

Frente a esos duros comentarios de la prensa especializada, Esperanza Aguirre calificó Sangre de mayo como un “resultado artísticamente muy satisfactorio”. Lo hizo para responder a las críticas de la oposición en la Asamblea de Madrid, el mismo lugar donde pronunció la frase “yo destapé la trama Gürtel”. Una visión condicionada por el papel de la expresidenta autonómica en la película, financiada casi íntegramente a través de Telemadrid, con un proceso mucho más opaco y discrecional que el que regula las ayudas habituales al cine español. Aguirre fue más que la madrina del proyecto: se convirtió en su principal impulsora y la que encargó a Garci una gran producción con la que conmemorar los 200 años del levantamiento del pueblo madrileño contra el ejército francés.

Según datos de la Comisión de Empresa de Telemadrid, la televisión autonómica invirtió 15.570.477 euros “a dedo sin concurso público” para que la productora de Garci, Nickel Odeon, levantara la película. Una cantidad generada con una aportación extraordinaria al presupuesto del ente público a través la Consejería de Educación. Todo ello pese a los informes negativos de la Dirección Económica del Ejecutivo de Aguirre. A esa cifra hay que sumar otros 1,2 millones para la promoción y distribución del largometraje, a través de una contratación con la empresa Alta Classics, según recogió infoLibre.

Un masivo (y arbitrario) apoyo institucional que no fue correspondido en los cines. La recaudación en salas, después de su estreno el 3 de octubre de 2008 (ni siquiera llegó a estar lista para el 2 de mayo), no llegó a los 745.000 euros. Los datos, recopilados por el Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), implican que su taquilla recuperó menos de un 5% de la inversión pública.

Aunque fue una de las producciones con mayor presupuesto de aquel año y de la historia del cine español, ocupó la 21ª posición a nivel de recaudación entre las películas españolas de 2008. Por comparar, otra película histórica lanzada ese mismo ejercicio logró un respaldo del público mucho más elevado: Los girasoles ciegos, de José Luis Cuerda, recaudó 4,2 millones de euros en todo el país y 5,7 millones a nivel global. Y eso que la temática de la Guerra Civil, según dicen, agota al público. El presupuesto de esta adaptación de varios relatos del libro homónimo de Alberto Méndez, con guion del propio Cuerda y Rafael Azcona, fue de cinco millones más otros 600.000 euros en marketing. En total, apenas un tercio respecto al del drama histórico de Garci.

Al director de El crack (1981) le fue algo mejor cuando su epopeya galdosiana se emitió en televisión, por supuesto a través de Telemadrid. Se emitió el 26 de diciembre del propio 2008 y logró un 17% de cuota de pantalla en la comunidad, con 332.000 espectadores. Esto es, casi el doble de los que logró en el cine, donde la eligieron menos de 127.000 personas.

Quienes no se perdieron Sangre de mayo, o al menos posaron antes de su proyección, fueron las personalidades políticas que acudieron a su preestreno en los cines Callao de la Gran Vía. Además de la propia Aguirre, retratada junto a Garci, se dejó ver por allí el exministro de Trabajo de José María Aznar y expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana (a la postre condenado a diez años de prisión por corrupción).

Un fiasco que Aguirre justificó atacando a Zapatero

Ante la debacle de Sangre de mayo, Aguirre llegó a responsabilizar al ICAA y al Ministerio de Cultura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con un rocambolesco argumentario: “Me ha escandalizado, cuando hoy mismo me he enterado gracias al control parlamentario, que el Instituto de la Cinematografía le ha denegado a la productora de esta película el permiso para el doblaje al inglés y la reproducción de copias para asistir a festivales internacionales a los que había sido invitada la película. Resulta que a José Luis Garci, que es de los pocos directores españoles que tienen el Oscar, como no ha sido de los de la ceja y no aplaude a ZP, se le niega incluso la participación en festivales”, afirmó la expresidenta en la Asamblea, como recoge esta crónica de El Mundo.

El ICAA respondió que su negativa era a abonar a la productora Nickel Odeon una copia en inglés “con dinero público al margen de toda subvención reglada” y calificó las palabras de Aguirre de “rotundamente falsas”. En un comunicado, la entidad trasladó que no posee “en ningún caso, la facultad de aprobar o prohibir el permiso para que una película española se doble o subtitule al inglés con el fin de participar en certámenes internacionales”. Y añadían: “Una productora que ha recibido una ayuda directa de 15 millones de euros por parte de la Comunidad de Madrid/Telemadrid [subvención quince veces superior a la máxima que pueden percibir como ayuda estatal las películas españolas] no precisa que también se haga una copia subtitulada a expensas del dinero público”.

En cualquier caso, la incidencia de este doblaje en la proyección internacional de la película habría sido mínima, ya que la inmensa mayoría de festivales (y todos los de mayor prestigio e influencia) pasan las películas en versión original subtitulada.

Años después, y pese a la proliferación del discurso difamatorio hacia las subvenciones desde sectores reaccionarios, la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid siguen concediendo ayudas directas. Ocurrirá con lo nuevo de Woody Allen, que se rodará íntegramente en la región y cuyo título incluirá “Madrid”, según el acuerdo de patrocinio al que llegó el cineasta con los gobiernos de Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, por el que accederá a sendas subvenciones de 1,5 millones cada una. Según fuentes municipales, estas aportaciones servirán para sufragar la cuarta parte del presupuesto de la película, estimado en 12 millones de euros.

El bicentenario del 2 de mayo, la obsesión de Aguirre en plena crisis económica

Conmemorar los 200 años de la rebelión popular contra las tropas napoleónicas (aunque en realidad este pasaje solo ocupa los últimos 40 de sus 150 minutos de Sangre de mayo) se volvió uno de los principales caballos de batalla de Aguirre durante su presidencia de la Comunidad de Madrid. La Fundación Caja Madrid y el Gobierno autonómico financiaron publicaciones y algunas actividades canalizadas a través de la Fundación Dos de Mayo, creada para la ocasión, por un valor de ocho millones de euros. Todo el cuando la crisis económica ya hacía estragos entre la población.

El entonces director de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, denunció ante Miguel Blesa el “despilfarro” de la fundación estrella de Aguirre y expresó que algunas cifras presupuestadas eran “disparatadas”. Estas cuentas no incluyen actividades como la exposición Madrid Dos de Mayo: Un pueblo, una nación, que dirigió Arturo Pérez Reverte a cambio de 300.000 euros, ni por supuesto la inversión en el drama de Garci.

El responsable de El abuelo (1998) volvió a beneficiarse del potencial económico de Telemadrid, ya que produjo y presentó el espacio Cine en blanco y negro entre 2009 y 20212, que según eCartelera costó 865.000 euros. Consistía en un debate sobre cine, precedido por la emisión de una película, y cada programa salía a unos 7.000 euros. Además, la cadena pública financiaba parcialmente todas sus películas desde Historia de un beso (2002). Muy sonado fue en su momento el cameo del exalcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, en la igualmente fracasada Holmes & Watson. Madrid Days (2012). Garci, la única persona capaz de salvar las diferencias y unir a Gallardón y Aguirre.

El drama histórico-detectivesco, convertido en objeto de culto ya desde su tráiler, también tuvo su cuota de controversia. Esa vez, después del estreno: tras conseguir apenas 60.000 euros en su primer fin de semana, mes y medio después experimentó un inaudito aumento en su recaudación superior al 5.000%. De unos 185.000 euros acumulados en los cines del 7 de septiembre al 14 de octubre, la recaudación bruta de Holmes y Watson subió hasta los 194.616 euros en solo una semana. La película pasó de vender entradas por valor de 682 euros en la semana previa a la anomalía a rozar los 9.000 durante esos siete días que causaron suspicacias. No tardaron en emerger acusaciones de autocompra de entradas para garantizar que la cinta pudiera beneficiarse de ayudas sujetas a logros en taquilla.

Un Garci menor a partir de Galdós

Garci se sirvió en Sangre de mayo de dos de los Episodios Nacionales firmados por Benito Pérez Galdós, La Corte de Carlos IV y El 19 de marzo y el 2 de mayo. Así, el material de partida que adapta junto a Horacio Valcárcel (su habitual coguionista) parecía augurar una calidad mínima. El problema estuvo en trasladar esos relatos, entre la épica, el costumbrismo y la intriga palaciega, a una película de dos horas y media.

El resultado es un drama de afán panfletario, deslavazado, irregular, sin ningún sentido del montaje (el uso de la cámara lenta en la escena más ambiciosa de la película es irrisorio) y en definitiva una de las peores películas de un director capaz de crear grandes obras. La terminan de lastrar la dificultad de construir escenas de acción verdaderamente potentes, un desenlace anticlimático o la sensación de descuido que transmite su rodaje en estudio, por mucho que haya exteriores como la Puerta del Sol o la plaza mayor de Torrelaguna. Este último problema es especialmente curioso, pues de ello se encarga el oscarizado Gil Parrondo, al igual que en la anterior Tíovivio c.1950 (2004), estupenda película coral cuya gran fortaleza es la construcción histórica, narrativa y emocional a través de los decorados.

Al largometraje, que actualmente no está disponible en ninguna plataforma más allá de YouTube, se le pueden encontrar eso sí algunos hallazgos. Especialmente en el plano interpretativo, con Miguel Rellán, Enrique Villén, Manuel Galiana, Fernando Guillén Cuervo y Tina Sáinz a la cabeza (Quim Gutiérrez y Paula Echevarría solo hacen lo que pueden con dos personajes protagonistas tan faltos de color como la fotografía de la película). Optó a siete premios Goya (Sáinz como mejor actriz de reparto y seis categorías técnicas), aunque no logró ninguno en una ceremonia que coronó una película contra la manipulación sentimental, mediática y económica del Opus Dei: Camino (Javier Fesser, 2008).

También tiene cierta gracia el retrato del Madrid decimonónico, sobre todo en un prólogo narrado por el propio Garci que dibuja ese centro castizo de la ciudad ahora arrasado por las políticas de fomento especulativo emprendidas por la propia Aguirre y retomadas por su discípula Ayuso. Una ciudad que es Corte y a la vez Villa, con ansias de nobleza y espíritu de plebe. Un Madrid del pueblo que por supuesto merece una película que aborde los sucesos del 2 de mayo. El problema, claro, es que es insostenible mantener ese enfoque popular durante dos horas y media con una producción levantada desde la élite madrileña.

Una habitación señorial llena de cuadros de personajes nobles, una cama con una marquesa moribunda, dos de sus hijos, cada uno a un lado de la cama, y una sirvienta. Además, un cura que pronuncia la extremaunción. Fuera se escucha el cantar de los buitres. Esta es la imagen inicial de Est Deus in Nobis (2026), un corto satírico sobre la codicia de las clases nobles y su hipocresía. La cinta se divide en dos partes claras. La primera refleja los últimos minutos de la marquesa marcados por los llantos y las buenas palabras de quienes le acompañan. La segunda muestra el verdadero rostro de los personajes una vez fallece la protagonista, cuando salen a la luz las viejas rencillas entre hermanos y su pugna por quedarse con la herencia de la muerta.

“Menos mal que me voy antes de que se disuelva España, que los socialistas quieren vender como Judas por unas cuantas monedas. Si no son ellos, serán los moros, que llevan siglos queriendo vengarse y descuartizar la grandísima obra que hizo Isabel la Católica echándolos a todos, moros y judíos. Prometedme que vais a estar siempre unidos y os vais a querer tanto como el señor os quiere”, afirma moribunda en sus últimas palabras con vida.

La escena es desternillante y el tono del cortometraje es de comedia. Pero el trabajo adquiere una especial relevancia porque la autora y directora es Oliva Ramírez de Haro, que proviene de una de las familias nobles más conocidas de Madrid. Su padre es Íñigo Ramírez de Haro, exdiplomático, dramaturgo y escritor enfrentado con su propio hermano, el conde de Bornos, Fernando Ramírez de Haro y Valdés, que es además marido de la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre.

Todos conocen las miserias de la aristocracia, hasta el punto de que Íñigo llevó a su hermano Fernando ante los tribunales porque el esposo de Aguirre vendió en 2012 un cuadro familiar de Goya por más de cinco millones de euros, pero no repartió el dinero con sus hermanos. En noviembre, un juez condenó al conde de Bornos a pagar a su hermano Íñigo 853.732,83 euros. “La Justicia funciona, pero tengo miedo de la mano larga de Esperanza Aguirre”, confesaba este último en una entrevista con elDiario.es poco antes de que quedase visto para sentencia.

Inspirada en hechos reales

“Es una sátira inspirada en hechos reales. Me he inspirado en mi familia, en la historia que pasó y el dolor tan fuerte que sufrimos cuando se murió mi abuela”, explica Oliva Ramírez de Haro en conversación telefónica con elDiario.es. “Todo parecía idílico, a su manera, de una familia muy cercana que se decía lo mucho que se quería y cuando mi abuela murió tuve la sensación de un completo rechazo a los vínculos familiares y promesas irrompibles. Y de ahí llegaron los buitres”, añade. Las aves carroñeras son todo un símbolo del cortometraje. Nada más comenzar la grabación se escucha a los cuervos y, en un momento, la sirvienta afirma en alto: “La señora marquesa ha criado cuervos”.

La directora no cree que esa durísima pugna entre hermanos por el legado de sus padres se circunscriba únicamente a la aristocracia. “El corto es tan fuerte porque es una historia universal, que pasa en todos los países y en todas las clases sociales”, señala Ramírez de Haro. Ella reconoce que el cortometraje lo ha hecho “para sacar el dolor” que mantenía tras el fallecimiento de su abuela y el agrio enfrentamiento entre su padre y su tío. “Da miedo contarlo y muchas veces en las familias existe la ley de no hablar las cosas. Pero cuando no se hablan las cosas es cuando el rencor se queda dentro y hace que los odios se instalen”, remacha.

Las alusiones explícitas a miembros de su familia son constantes. En un momento dado, el hijo mayor le quita unos pendientes a su madre ante el asombro y el enfado de su hermana: “Son para Esperanza. Lleva esperando desde nuestra boda”. Que se utilice el nombre de Esperanza “no es casualidad”, según destaca Oliva Ramírez de Haro. “Casualidad no hay nunca, ya he dicho que está inspirado en mi familia”, apunta sin tapujos. La directora no teme represalias ni por parte de Aguirre ni por la de otros familiares: “La familia ya está perdida para siempre, desde mucho antes de hacer el corto”.

Antonio de la Torre, Cecilia Freire y Antonio Dechent

En su estreno como directora –lleva años en el mundo del cine trabajando en distintos proyectos como ayudante de dirección–, Ramírez de Haro ha contado con un elenco de lujo. El personaje que interpreta al hermano mayor lo representa Antonio de la Torre y en el papel de su hermana está Cecilia Freire. El cura está interpretado por Antonio Dechent, María Miguel hace de sirvienta y María José Alfonso, de la abuela que fallece. “Por casualidad di con Antonio de la Torre, se lo ofrecí y me dijo que iba a leer el guion y que si estaba bien lo haría. Creo que le pareció un buen reto”, explica la directora.

El cortometraje se presentó en el último festival de Málaga y, tal y como explica Ramírez de Haro, la idea es que “ahora empiece su vida” en el resto de festivales tanto a nivel estatal como internacional este año y el próximo. Después confía en poder poner el trabajo a disposición del resto del público “a través de alguna plataforma”. Oliva se licenció en Literatura Inglesa en la Universidad de Manchester y posteriormente completó un programa de dirección cinematográfica en la École Supérieure de Réalisation Audiovisuelle (ESRA) de París, antes de cursar un máster en Cine Documental en la Universidad de Tel Aviv. 

Dinero público financiando una asistencia gestionada por empresas muy diferente a la ofrecida en los hospitales públicos. Ese podría ser el resumen de 30 años de privatización de la sanidad que la nueva Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS) pretende frenar con la derogación de la norma 15/97. A pesar de que no revierte los conciertos ya suscritos, la ley empieza su tramitación con la vocación de dificultar que el dinero de todos acabe engrosando las arcas de una compañía privada tras mercadear con la salud de la ciudadanía. Pacientes que no se trasladan, hospitales dopados, pruebas nocturnas y condiciones laborales paupérrimas forman una realidad que rodea a un modelo extendido, sobre todo, en la Comunidad de Madrid y el País Valencià, levantados por los gobiernos de Esperanza Aguirre y Eduardo Zaplana y en los que han profundizado sus sucesores.

Si uno lee los comunicados que emite el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz, en todos ellos aparece que el centro pertenece a la red pública de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, traspasar las puertas del hospital y empezar a escuchar a sus trabajadores supone percatarse de que sus condiciones laborales, así como la forma de funcionar, están supeditadas al máximo rédito económico que se puede granjear la empresa que lo gestiona: Ribera Salud. El centro fue inaugurado por Aguirre en 2011 y se construyó directamente para ser externalizado.

Tania García San Martín, presidenta del comité de empresa y delegada de Satse en el Hospital de Torrejón, recalca que las precarias condiciones en las que se ven obligados a trabajar redundan en una peor calidad asistencial del paciente. “Los públicos se rigen por el estatuto marco. Nosotros, por un convenio de clínicas privadas y laboratorios en el que también hay incluidos hasta centros odontológicos de apenas cuatro trabajadores”, compara.

Por otra parte, esta técnico de rayos se queja de que las ratios también son mucho mayores en los centros de gestión indirecta. “En lo público, normalmente hay el doble de enfermeras que de médicos, y aquí estamos a la par. La dirección dice que las recomendaciones de las guías médicas del Ministerio de Sanidad son eso, recomendaciones, y no obligaciones”, se explaya. Y añade: “No se atiende igual a un paciente en Alcalá que aquí. La sobrecarga de trabajo que tenemos favorece que aparezcan los errores humanos”.

El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges

Una sobrecarga de trabajo con consecuencias

Martín recalca desde Torrejón que la elevada movilidad del personal es otro problema debido a su bajo salario, algo que en la pública no sucede. “Las enfermeras nuevas que entran se van porque esto es insostenible. Compañeras se han ido a otros hospitales públicos de la Comunidad con una jornada reducida y cobran lo mismo que nosotras aquí trabajando ocho horas”, ilustra la delegada sindical, quien compara el Hospital de Torrejón con una fábrica de hacer churros. “Vamos muy rápido y sin tiempo de escuchar al paciente”, comenta la técnico de rayos, quien hubiera deseado que la nueva ley impulsada por Mónica García también revirtiera los conciertos ya suscritos.

La sobrecarga de trabajo tiene efectos en el personal. “Vienen a trabajar con ansiolíticos”, asegura la presidenta del comité de empresa del centro torrejonero. “El porcentaje de trabajadores que ha estado o está de baja por ansiedad es altísimo, y eso que no siempre la coges. A nosotros nos quitan mucho dinero y a veces preferimos venir a trabajar”, dice Martín. Las sustituciones, denuncia la delegada de Satse, muchas veces las realiza Ribera Salud desde una aplicación móvil. “Contratan enfermeras para ir a quirófano cuando a lo mejor nunca han estado en uno. Aquí llega gente que lleva años sin haber trabajado y no saben hacer nada. Es uno de los riesgos más grandes que tenemos en el hospital”, incide.

Prohibido el traslado de pacientes

La empresa Ribera Salud, al igual que Quirón con otros hospitales en la Comunidad de Madrid, cobra una cifra concreta por los pacientes que cubre de una zona determinada. Esa cifra se puede ver incrementada si atrae pacientes de otras zonas, como intentan hacer continuamente, pero también al contrario. “En Torrejón está prohibidísimo trasladar pacientes, solo se hace lo mínimo indispensable. Nos lo quedamos todos, estemos preparados para ello o no, porque derivar significa perder dinero”, sintetiza Martín. Por eso, en muchos de estos hospitales se crearon especialidades que en otros centros sanitarios del mismo nivel no existen. 

Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable

Algo similar es lo que ocurre en el Hospital Universitario de Vinalopó, en Elche, también gestionado por Ribera Salud. “No derivan a no ser que un neonato requiera una UCI, pero tiene que ser algo de extrema urgencia”, sostiene una técnico de laboratorio y auxiliar de enfermería que trabaja en el centro alicantino desde su inauguración en 2010 y que prefiere no dar su nombre. Este es el único hospital público de la Comunidad Valenciana, región en la que nació el modelo Alzira, que continúa con una gestión externalizada.

Vinalopó sufre la fuga de personal: “Esto es un hospital de paso. Mucha gente se lo toma como puente, para coger puntos y acabar en la pública, porque el ritmo que llevamos es inaguantable”, añade esta trabajadora. Ello conlleva que más de la mitad de los trabajadores estén recién salidos de la carrera. “Hay mucho conocimiento que te lo da la experiencia”, apuntilla esta auxiliar de enfermería que, según recalca, el temor cunde entre la plantilla a la hora de expresar sus quejas.

Más pruebas para pacientes de otras áreas

Desde el Hospital Universitario General de Villalba, gestionado por Quirón, Néstor Fernández Val suscribe lo planteado por las dos sanitarias. Él es delegado de CCOO en el centro madrileño y uno de los referentes del sindicato en lo que a hospitales concesionados en la región se refiere, además de auxiliar de enfermería. “Se nota que a este hospital viene mucha gente de otras áreas que no le corresponde, y se nota que a esas personas se les hacen más pruebas diagnósticas”, denuncia.

Del mismo modo, Fernández asegura que en Villalba se realizan pruebas y resonancias, o cirugías, a pacientes que no son de su área pero que sufren largas listas de espera en la pública. “No sabemos si la Comunidad se lo comunica o cómo lo consiguen, pero el hospital llama a esos pacientes para ofrecerles una cita mucho antes, lo que ralentiza a los pacientes de su área, a quienes muchas veces posponen”, desarrolla el sindicalista basándose en los testimonios de los propios pacientes.

La explotación por parte de Quirón del Hospital de Villalba hace que las resonancias magnéticas no paren ni siquiera de madrugada. “Vimos las citas y casi todos eran pacientes de Fuenlabrada o lugares con hospitales públicos con listas de espera de meses, y aquí les citaban en unos 15 días”, describe Fernández. De hecho, ahora han instalado un camión tráiler en el aparcamiento en el que en su interior se continúan realizando resonancias.

Un modelo de inequidad territorial

Esta realidad fraguada a través de tres décadas de privatización es lo que llevan denunciando desde hace años en la Asociación Ciudadana en Defensa de la Sanidad Pública del País Valencià. Eduardo Zafra, su vicepresidente, enfatiza a elDiario.es que el mayor impacto que ha supuesto la gestión indirecta de los hospitales públicos ha tenido lugar en las cuentas de resultados de las diferentes empresas. “Los pacientes hemos tenido en general una atención correcta, pero sí se han introducido elementos de inequidad territorial”.

Este médico jubilado subraya que los hospitales del modelo Alzira fueron “dopados”. Así lo explica: “Más allá de crear unidades de alta complejidad en hospitales de esta categoría, la Administración ha dejado de invertir en los departamentos públicos que tenían a su alrededor, provocando su deterioro. Hay muchas formas de favorecer la privatización”.

Los activistas piden más

Por otra parte, el momento político en el que la ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado el inicio de tramitación de la norma hace dudar a los activistas en defensa de la sanidad pública de su materialización real, desde donde reclaman mayor ambición al Ejecutivo. “Queremos una ley que revierta la privatización al completo, también los acuerdos tomados hasta la fecha”, reivindica Matilde Iturralde. 

Por su parte, N. Flores, una médico que trabaja en un hospital público de la Comunidad de Madrid e integra la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad (CAS), el colectivo que desde 2005 lucha por la derogación de la 15/97, no entiende por qué han esperado hasta ahora para presentar una ley así. “No apoyaron la iniciativa legislativa popular que promovimos, y aun así tampoco abarcan muchas de nuestras reivindicaciones”. Se refiere, por ejemplo, a que la norma no es retroactiva, por lo que no eliminaría la gestión indirecta ya establecida en numerosos hospitales de España.

Para evitar que la gestión indirecta por parte de empresas privadas de la sanidad española vaya a más, el departamento de García ha recalcado que esta debería tener un “carácter excepcional” y que debe estar acompañada de una evaluación previa. Ante dicho extremo, la médica jubilada vasca se queja de que sean expertos en quienes recaiga la potestad de dar vía libre o no a los conciertos. “El Informe Abril Martorell se hizo a petición el Gobierno, lo hicieron expertos, y fue la entrada de la gestión indirecta en la sanidad pública hace 30 años”, ilustra.

Derogar la ley sin alternativa para la privada

Por otro lado, la norma explicita que las administraciones sanitarias deberán publicar periódicamente información detallada sobre contratación, conciertos, resultados de salud y calidad del servicio. Este articulado de la ley podría evitar situaciones como la que se produce en la Comunidad de Madrid. La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha perdonado a 71 millones a Quirón y Ribera Salud tras asumir y tratar a sus pacientes desde otros hospitales públicos. 

“Aquí ha habido una dejadez tremenda por parte de la Administración. Cuando explotan estos casos se echan las manos a la cabeza, pero en realidad debería haber sido el Tribunal de Cuentas el que debería haber intervenido desde el principio”, se explaya la misma Iturralde. El PSOE madrileño ya ha anunciado que pedirá al Tribunal de Cuentas la apertura de una investigación por el perdón de Ayuso a las dos empresas privadas.

Flores, la médica madrileña, subraya que todos los esfuerzos deberían estar enfocados en sacar el interés privado de un derecho público y esencial como es la sanidad. “Se debería derogar la ley, pero sin ningún tipo de alternativa para que las empresas hagan negocio con nuestra salud, y para eso hay que dotar al sistema público de mayor financiación y recursos con la idea de que llegue a todos los ciudadanos”, desarrolla.

La médica jubilada afirma desde Araba que la inestabilidad parlamentaria que surfea el Gobierno de coalición no es ningún síntoma halagüeño de cara a aprobar la norma. “Parece paradójico. ¿No han tenido tiempo de hacer esto antes?”, se pregunta antes de proponer una auditoría externa: “Debemos saber cuáles son las fortalezas y los puntos flacos de nuestro sistema sanitario, ya muy descapitalizado”. Todas las políticas que se adopten sin esa auditoría global serán un parche, finaliza.

Nueva controversia en el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM), sumido desde hace meses en una enrevesada lucha interna por su control. Esta vez, sin embargo, la polémica se desplaza hacia un aspecto a priori mucho menos agitado: la concesión de colegiados de honor. Un reconocimiento anual otorgado desde 1988 a figuras destacadas por sus méritos en favor de la arquitectura y la profesión, se dediquen o no a ella.

La Junta de Representantes del COAM, a propuesta de la Junta de Gobierno que lidera el decano Sigfrido Herráez, decidió el pasado 23 de marzo nombrar colegiados de honor a cuatro personas: la arquitecta especializada en protección del patrimonio Amparo Berlinches; el artista y diseñador con formación arquitectónica Guillermo Pérez Villalta; el responsable del departamento de comunicación del servicio gráfico y publicaciones del COAM, Pedro Ibáñez y, aquí llega la opción más llamativa, Enrique Porto Rey.

Este arquitecto es especialmente conocido por su etapa como director general de Urbanismo en la Comunidad de Madrid de 2003 a 2006, bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. Porto dimitió cercado por la polémica en torno a la aprobación de proyectos urbanísticos vinculados a sus anteriores intereses empresariales privados y a sus socios. El bautizado como 'caso Porto' derivó en su imputación, aunque finalmente esta causa por corrupción fue archivada.

El escándalo urbanístico que provocó su salida de la Puerta del Sol se enraizaba con su etapa previa en el Ejecutivo de Aguirre. Antes de ocupar su alto cargo, Porto se dedicaba a participar en la redacción de planes urbanísticos de diversos municipios. Su empresa, Plarquin, trabajó para múltiples localidades como Aranjuez, San Lorenzo de El Escorial, Villanueva de la Cañada o Majadahonda.

La Fiscalía Anticorrupción entendió que, al pasar al Gobierno regional, la autoridad encargada de aprobar esos planes maniobró en determinadas ocasiones para que salieran adelante proyectos que favorecían a su antigua empresa o a parcelas de su propiedad y para ignorar informes técnicos contrarios a esas ordenaciones urbanísticas. En el caso de Villanueva de la Cañada, Ecologistas en Acción alertó de los “daños ambientales producidos en el desarrollo urbanístico del municipio por las irregularidades cometidas”.

Su periplo judicial se alargó hasta 2009, cuando el juez de Instrucción número 4 de El Escorial le imputó por una prevaricación urbanística debido a una presunta maniobra para bloquear indebidamente, entre 2003 y 2008, la reconversión en hotel de un palacete de El Escorial llamado El Enebral, que se alza sobre suelo no urbano protegido. Según el denunciante, la Comunidad de Madrid retrasó la iniciativa con el objetivo de ampliar el ámbito físico de la recalificación “para favorecer a La Granjilla”, una finca aledaña de la familia Aguirre, aunque esa acusación no aparecía en la denuncia. La causa también acabó archivada.

Contrario a la exhumación de Franco por un supuesto peligro para las personas

Porto volvió a la primera línea mediática diez años después, cuando en 2019 emitió un polémico informe de peritaje a solicitud de la Fundación Francisco Franco. Un documento utilizado en decenas de recursos judiciales para frenar la exhumación del dictador por un supuesto peligro físico para las personas en el Valle de los Caídos (hoy de Cuelgamuros).

Aseguraba Porto que “la ejecución de estas obras constituye una notable alteración en el espacio y la perspectiva interior de la Nave y las condiciones estructurales y de seguridad del suelo del edificio”. Por ello, argumentaba, “afectan de manera muy importante sobre la seguridad de personas y bienes”. Una postura en la que se reiteraba en conversación posterior con elDiario.es: “Allí va a haber turistas, fieles, no es una cosa baladí”.

El ex alto cargo de Aguirre recalcó, además de la cuestión de la seguridad, que “el edificio está protegido por unas normas y las obras que pretenden hacerse no están permitidas por ellas”. Desde su punto de vista, “se intenta hacer pasar por menores unas obras que son mayores y esa calificación de obra mayor implica la obligación de redactar un proyecto, un director de obra o un coordinador de seguridad, ya que la obra tiene sus dificultades”.

“El informe me lo encargó la Fundación Franco y no sé cómo ha llegado a los demás recurrentes. Me contrataron por mi estudio privado, porque soy un experto en temas urbanísticos”, explicaba Porto sobre su participación en el caso. Sus conclusiones sirvieron para poner más trabas a la exhumación del dictador: los recursos se multiplicaron y llegaron a una decena de juzgados, todos ellos con la incorporación del análisis del ex responsable de Urbanismo en el equipo de Aguirre. El arquitecto avisaba que “si los procedimientos llegan a fases posteriores del proceso judicial y se me requiere para confirmar el informe”, solo acudiría “en el caso del recurso de mi cliente, que es la Fundación Franco”. Finalmente, la visión de Porto no se impuso en esta batalla judicial y la exhumación se llevó a cabo.

La oposición en el COAM pide homenajes independientes y a figuras externas

En una nota interna que el área de comunicación del COAM traslada a Somos Madrid, la organización recoge los logros profesionales que a su parecer justifican los honores a Porto: “Profesor en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, ha publicado más de 20 libros y 100 artículos sobre la aplicación práctica del urbanismo en España. Ha redactado planes generales de ciudades como Palencia, Burgos, Albacete, La Coruña, Soria, Cáceres o Villanueva de la Cañada [uno de los que desembocó en su periplo judicial]”. En el COAM resaltan su vez su etapa como director general de Urbanismo y Planificación Regional de la Comunidad de Madrid, así como la de presidente de la Academia Española de Urbanistas.

Jesús San Vicente, líder de la candidatura alternativa en los últimos comicios a decano (NEXOCOAM) que se quedó a apenas 176 papeletas de la elección después de un turbulento proceso, explica en conversación con este periódico sus dudas ante el modelo actual de distinciones en la entidad. Lo hace, eso sí, sin entrar a valorar el reconocimiento a Enrique Porto: “La figura del colegiado de honor debería de otorgarse a personalidades de fuera de la profesión y fuera de Madrid para garantizar la independencia del proceso”. Es lo que sucede este año con Pérez Villalta, propuesto por el entorno del propio San Vicente.

Cita otros nombres que lo merecerían por su notable contribución al urbanismo o la arquitectura desde otros sectores, caso de la todavía alcaldesa de París, Anne Hidalgo, o el ingeniero de caminos Manuel Melis, una de las grandes mentes pensantes detrás del soterramiento de la M-30. Escritores como Antonio Muñoz Molina, activistas vecinales como Manuela Navarro o cronistas de la Villa como el periodista Pedro Montoliú han recibido igualmente estas insignias honoríficas.

Tres contratos adjudicados a Madrid Network entre 2020 y 2024 por la Consejería de Sanidad del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso han vuelto a poner sobre la mesa el enigmático blindaje que desde hace 15 años protege a la asociación fundada por iniciativa de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre y cuyos constantes impagos del macropréstamo público que recibió en 2011 ya han provocado un agujero de más de 70 millones en las cuentas regionales.

A la pregunta de si la Consejería de Sanidad considera ajustada a la ley la adjudicación de esos contratos relacionados con proyectos financiados por la UE a una asociación que desde 2018 no ha devuelto ni un euro a la Comunidad de Madrid, fuentes autorizadas respondieron lo siguiente: “No existe [señala también la respuesta] ninguna relación con préstamos o financiaciones de dicha entidad [Madrid Network]; la vinculación se limita exclusivamente a la contratación puntual de sus servicios como expertos en gestión de proyectos europeos”. “Estos contratos”, agrega la respuesta, “se realizaron conforme a la normativa de contratación del sector público mediante la figura del contrato menor, al tratarse de necesidades técnicas específicas y por un importe dentro de la legalidad”.

El Gobierno de Ignacio González puso en manos de Madrid Network en 2015 el reparto de 10,5 millones en subvenciones cofinanciadas por la UE pese a que la Comunidad tenía ya datos de que buena parte de los 80 millones del préstamo traspasados en 2011 iba cayendo en picado. En febrero de 2017 —mandato de la expresidenta Cristina Cifuentes—, la Comunidad firmó la extinción anticipada de aquellos dos convenios. Lo anuló de forma anticipada para “agilizar y acortar los plazos restantes de tramitación” de aquellos fondos.

Impagos recurrentes en perjuicio de la Comunidad

Más allá del aspecto jurídico así como de la contradicción que entraña dar adjudicaciones públicas a una entidad morosa aun tratándose de cuantías pequeñas —las tres adjudicaciones suman 34.912 euros—, el episodio desvela otra paradoja: porque los tres contratos, de los conceptuados como “menores”, tienen por objeto el asesoramiento a las fundaciones de tres hospitales públicos (12 de Octubre, Infanta Leonor y Sureste) en gestión económico-financiera. Y resulta que la encargada de prestar tal apoyo es la asociación que repartió 47 préstamos entre empresas “asociadas” de las que solo 19 han cumplido o están cumpliendo los plazos de amortización.

Los tres contratos comparten la condición de menores —aquellos cuya cuantía no supera los 15.000 euros si se trata de servicios y suministros— pero, sobre todo, comparten una circunstancia que alimenta los interrogantes sobre la relación del Gobierno madrileño con Madrid Network. Y esa circunstancia común se resume en lo que sigue: que se le otorgaron esos contratos cuando, lejos de ser un factor coyuntural, los impagos de las cuotas anuales de devolución del préstamo multimillonario ya se habían convertido en el patrón seguido por una entidad que en sus primeros años tuvo como presidente al consejero de Hacienda de Madrid, pagó por asesoramiento 1,8 millones a Equipo Económico —la mercantil del exministro Cristóbal Montoro— y para cuyo departamento de prensa trabajó Isabel Díaz Ayuso antes de desembarcar en el Parlamento regional en 2011.

Pese a la recurrencia de los impagos del préstamo de 2011, las fundaciones de investigación de los tres hospitales públicos antes citados eligieron a Madrid Network. Actuaron así porque —se lee en la respuesta de la Consejería de Sanidad— “tras realizar una prospección de mercado y valorar tres ofertas de diferentes empresas, se optó por Madrid Network por considerar que su propuesta se ajustaba mejor a las necesidades técnicas y económicas del servicio”. Y ese servicio “consistió en apoyo administrativo, económico-financiero y de gestión para la correcta ejecución y justificación de proyectos europeos” en los que participan la fundación vinculada a los hospitales Infanta Leonor y el del Sureste así como la del 12 de Octubre. Esas dos fundaciones —aduce el Ejecutivo madrileño— no disponen “de medios propios”. Ninguna de ellas mantiene “relación continuada” con Madrid Network. En el caso del contrato del 12 de Octubre, fechado en 2020, año de la pandemia, la adjudicación “obedece a circunstancias excepcionales, siendo la única colaboración” con Madrid Network.

Una entidad que nunca publica sus cuentas

Oficialmente, Madrid Network es en efecto una entidad privada cuyas cuentas nunca han sido de acceso general —ni parlamentario— porque solo las asociaciones de “utilidad pública” están obligadas a depositarlas en el registro. Y Madrid Network nunca ha adquirido ese rango pese a que, en mayo de 2011 y para su reparto entre terceros dedicados al amplio campo de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación), la Comunidad de Madrid le transfirió 80 millones aportados por el Ministerio de Ciencia y que necesariamente había que devolver al Gobierno central.

Dado que Madrid Network es un pagador moroso a gran escala, han salido del presupuesto público regional las cuotas de devolución al Ministerio de Ciencia. Es decir, al departamento que bajo el Gobierno de Zapatero asignó a la Comunidad de Madrid aquellos 80 millones que acabaron en manos de Madrid Network. Según fuentes del Ministerio de Ciencia, a fecha de 12 de febrero el Gobierno madrileño ya había desembolsado 85.381.122 euros, de los cuales 74.708.223 corresponden al principal del préstamo, y 10.748.624 a intereses. La última cuota se girará a final de 2026 con vencimiento en febrero de 2027. Su importe será menor que los ya cargados: 865.355 euros.

Los documentos oficiales remitidos por el Ejecutivo autonómico en respuesta a una pregunta del diputado socialista Daniel Rubio señalan que Madrid Network distribuyó 46 préstamos entre terceros y se reservó para sí misma uno de 2,58 millones sobre el que la tabla no facilita ningún dato. De esos 47 proyectos beneficiados con créditos a bajísimo interés (1,232%), más de la mitad —27— han acabado en los tribunales porque las prestatarias no han devuelto el dinero. En algunos casos, no han desembolsado ni un euro.

Entre las empresas beneficiadas figuran dos de Ildefonso de Miguel, que fue la mano derecha del sucesor de Aguirre al frente de la Comunidad, Ignacio González; y una asociación encabezada por Manuel Lamela, quien como consejero de Sanidad en la etapa de Aguirre lanzó una persecución inquisitorial contra los médicos del hospital Severo Ochoa, a los que acusó de matar a pacientes mediante “sedación irregular”.

De los 80 millones concedidos en 2011 por el Gobierno de Aguirre, Madrid Network solo ha devuelto 10,9 a través de dos cuotas de devolución, una abonada en 2016 y la segunda, en 2017. Y así consta en las memorias anuales que, pese a la escasa información en ellas ofrecida —esos documentos no equivalen a lo que conocemos como cuentas—, mantuvo ocultas el equipo de Ayuso hasta que el Supremo le obligó el pasado mes de octubre a difundirlas.

“Objetivos cumplidos”

Pese a que desde 2018 Madrid Network no ha devuelto ninguna cantidad al Gobierno madrileño y pese a que es la asociación la que ha llevado a los tribunales al Ejecutivo para cuestionar el calendario de amortización y bloquear así el preceptivo pago de las cuotas, la Comunidad no se ha planteado en ningún momento anular el convenio por el que en 2011 le transfirió 80 millones. De hecho, y cuando la Cámara de Cuentas de Madrid ya llevaba tres años avisando del creciente agujero provocado por los impagos, la Consejería de Educación volvió a subvencionar a Madrid Network: le dio 106.974 euros en 2023 y 229.877 al año siguiente. Hace un mes, portavoces de la Comunidad sugirieron, sin dar detalles, que se ha interpuesto una demanda judicial contra Madrid Network. De tal demanda no hay, de momento, ningún rastro.

La conexión oficial entre el Gobierno de Madrid y Madrid Network se mantuvo hasta que en septiembre de 2025 la Comunidad se desvinculó de la asociación a través de un escrito firmado por el entonces consejero de Educación, Emilio Viciana. Destituido por Ayuso en febrero, Educación tiene ahora como consejera a Mercedes Zarzalejo. Hace una semana, y ante la pregunta de la diputada de Más Madrid Marta Lozano sobre qué motivos habían conducido a la Comunidad a darse de baja como socia de Madrid Network, Zarzalejo dijo lo siguiente: “Muy sencillo. Hemos decidido darnos de baja en esta asociación porque hemos cumplido los objetivos que motivaron incluirnos en ella”. La bancada parlamentaria del PP celebró con risas la respuesta. Y la consejera sonrió.

“Que me ha dado un biquiño, ¿qué será un biquiño?”. Esperanza Aguirre acaba de recibir la llamada de Silvia Jato. La exmiss y presentadora tiene una misión, como los Blues Brothers, aunque la suya no es de Dios sino de la TVG: “Traer a gente de fuera de Galicia y que, cuando salga, lleve un corazón galego”. Así es como se titula la secuela de A miña gran cidade, un programa en el que un celebridad local trataba de convencer a un famoso de que se quedase a vivir en su ciudad. De aquel experimento surgió este spin off en el que, ante los escasos empadronamientos, el objetivo, más modesto, se rebaja a empapar de galeguidade al invitado. Tras Bertín Osborne, Terelu Campos, Boris Izaguirre y Jesulín de Ubrique –sí, está vivo– el primer repoker se completaba con Aguirre.

“Esperanza Aguirre”, arranca con tono de Carrusel Deportivo la voz en off que, sobre imágenes de archivo, nos presenta a “una de las figuras políticas más reconocibles de la España reciente”. Tras enumerar sus cargos –y su origen aristocrático– habla de una trayectoria pública “tan larga como intensa” en la que protagonizó episodios tan mediáticos como el accidente del helicóptero en el que también volaba Mariano Rajoy, los atentados de Bombay e incluso “un sonado desacuerdo con un agente de policía por una infracción de tráfico”. Si tenemos en cuenta que lo que sucedió fue que Aguirre, mal aparcada, desoyó las indicaciones y se dio a la fuga, arrollando la moto del agente, es fácil suponer que, si TVG quisiese ponerle un corazón –aunque fuese galego–, a Hitler, nos lo presentase como alguien que vivió “un sonado desacuerdo con el gobierno de Polonia sobre la soberanía del país”.

El programa, de tono tan blanco –o blanqueador– que casi carece de trama, sumerge a Aguirre en la comarca ourensana do Ribeiro: empieza con un recorrido por la capital, Ribadavia. Cuando aparece el Camino de Santiago, ella recuerda una anécdota de su marido, que lo hizo en 22 días desde Roncesvalles. Una noche, estaba tan cansado que, cuando llegó al albergue, “sacó a uno de la cama y se metió en la cama caliente”, contó entre risas. Faltó el off para explicar que se trataba de otro desacuerdo.

Durante el paseo, la condesa, pese a estar acompañada por un equipo profesional de televisión, lamenta reiteradamente no tener un móvil para fotografiar las numerosas “casonas” medievales. Se ve que le tira la curiosidad aristocrática y el historiador local le explica que en Ribadavia había mucha riqueza porque el vino daba “moitos cartos”. “Eso es pasta, ¿no?”, pregunta en varias ocasiones, para asegurarse.

Los falsos amigos dejan el primer momento explotado en redes por TVG, con su obsesión por los chistes rijosos, como cuando otro Corazón Galego, Bertín Osborne, se ofreció a embarazar él mismo a las mujeres que practicaban el ritual de fertilidad de A Lanzada. Cuando a Aguirre le explican que en Ribadavia la religión adora el “polbo á feira”, a ella –que poco después presumirá de liberal– sólo le falta santiguarse. Rápidamente le aclaran que se trata de ese sabroso octópodo que ningún juego de mesa acepta como animal de compañía. Será por cosas como esa que el historiador, Antonio, el único que no le dará la máxima puntuación en todo el programa, valora su inmersión con un tres sobre cinco. “Bueno, ella lo intentó. Ahí estuvo, manteniendo el tipo”.

Durante la comida, menu degustación en horario madrileño –las tres de la tarde–, Aguirre se reconoce como “radical, porque voy a la raíz”, aunque “como buena liberal, si me demuestran que estoy equivocada, no tengo ningún inconveniente en reconocerlo y pasarme a la doctrina contraria”. Por algún motivo, mientras devoraba las fabas de Lourenzá, sonaba como fondo la banda sonora de Parque Jurásico. Y eso que las habas no parecían tan grandes.

Como tercera “experiencia”, la expresidenta madrileña, probó el traje tradicional. Hasta ahora, sólo se había atrevido con el de chulapa, pero en el obradoiro de Mercedes, se atrevió. Aquí, el programa, que no pisó ni uno de los múltiples charcos en la trayectoria de Aguirre –ni el tamayazo que la llevó al poder de la comunidad, ni la cantidad de subordinados suyos que se las tuvieron que ver con la justicia– perdió una oportunidad fantástica de hacerlo. Fue en el momento en el que le colocaron el sapo, el collar con una joya –que recuerda vagamente al batracio– que las madres regalaban a sus hijas con la llegada del primer nieto.

En 2016, cuando la corrupción rodeaba al PP de Madrid, Aguirre tronaba en la asamblea: “Debo haber nombrado a unos 500 cargos en mis 33 años de vida política. Me han salido rana solo dos”. Hoy son ya, al menos, dos docenas. Por eso, quizá, insistía en que la alhaja –ahí posproducción decidió introducir un sonoro “croac”– “no tenía ninguna pinta de sapo”. Le faltaría el traje. O la gomina.

Tras superar por los pelos sus últimos tests, Aguirre cerró el primer programa con un 24/30 en galeguidade. “Lo ha bordado”, insistió la voz en off, inasequible al desaliento. Un momento... ¿primer programa? Sí, porque cada Corazón Galego tiene dos entregas. En la siguiente –que se promete durísima e igual de apasionante que la primera– le esperan un balneario, un peeling y los cantos de taberna. En el avance, Silvia Jato no oculta su sorpresa porque Esperanza se conozca la letra de A Rianxeira. Se ve que no ha estado muy pendiente de los últimos congresos del PP de Feijóo, el gallego que llegó a liderar el partido tras un sonado desacuerdo entre Ayuso y Casado.

El PP de Madrid ha perdido la cuenta de sus cargos públicos condenados por corrupción. El último juicio, una de las muchas ramas de la trama Púnica, envió a prisión hace unas semanas a media docena de alcaldes del partido en la región, condenados por cobrar mordidas de la empresa Cofely, a cambio de adjudicaciones en planes de ahorro energético a largo plazo. Dos de sus últimos secretarios generales, Francisco Granados e Ignacio González han pasado por la cárcel y están pendientes de nuevos juicios, aunque Granados ya ha recibido la primera condena por recibir un chivatazo de la Guardia Civil. El que fue gerente durante más de una década, Beltrán Gutiérrez, también se sentará en el banquillo previsiblemente este año: la Fiscalía Anticorrupción le pide tres años y seis meses de cárcel por llevar una contabilidad paralela en dinero negro. Sumarios como Púnica, Lezo, la Ciudad de la Justicia, indagaron en las diferentes formas de saqueo de dirigentes populares madrileños en empresas públicas como el Canal de Isabel II, que gestiona el agua, en la construcción de colegios concertados, en la adjudicación y privatización de hospitales, en la anterior Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, en la construcción de edificios judiciales, en la frustrada línea de tren a Navalcarnero, en el gasto en publicidad del Gobierno regional, en la contratación de actos públicos o fiestas patronales...

La Justicia acumula además pruebas sobradas de que durante más de una década las campañas electorales de Aguirre, la madrina política de Ayuso, se pagaron con dinero que salía de la Comunidad de Madrid. De que sus encuestas internas se sufragaron también con fondos públicos. De que la sede del PP madrileño también se pagó y se reformó con dinero negro.

Esta semana arranca otro juicio, el de Waiter Music, la empresa que organizaba a la vez fiestas en distintas administraciones gobernadas para el PP y montaba después los mítines del partido e incluso actos familiares para sus cargos públicos. No solo son escándalos del pasado. La actual número 3 del PP regional y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, fue ascendida a esos puestos por Isabel Díaz Ayuso cuando ya se conocía su imputación, está siendo investigada por cobrar de un empresario al que había adjudicado contratos desde el Ayuntamiento de Arroyomolinos. De momento, se le atribuyen cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública. Otro juzgado investiga el fraccionamiento de contratos en la construcción de centros de Formación Profesional, algunos de ellos ya bajo el mandato de Isabel Díaz Ayuso.

Con semejante historial delictivo, pasado pero también presente, el Partido Popular de Madrid intenta erigirse en látigo contra la corrupción. Lo repite la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, cada uno de sus consejeros y también los cargos del Partido. Definen a Sánchez como el presidente del “Gobierno más corrupto de la democracia”. Lo hacen desde la sede institucional de la Comunidad, en los mítines del partido y también en las redes sociales. Las ruedas de prensa del Gobierno de Madrid suelen iniciarse con ataques al Gobierno de Sánchez, antes incluso de que llegue el turno de preguntas. Lo hace casi a diario Ayuso, ajena a los escándalos protagonizados por el PP, pese a crecer políticamente a la sombra de Esperanza Aguirre, quien le proporcionó sus primeros sueldos. En mítines de partido pero también en actos institucionales.

Su elocuencia a la hora de atacar al PSOE contrasta con el silencio que mantiene sobre las condenas por corrupción de sus compañeros de partido y las investigaciones a altos cargos de su Gobierno en el caso de la FP o a su estrecha colaboradora y amiga, Ana Millán, que continúa como número 3 del PP regional y fue colocada como vicepresidenta en la Asamblea regional pese a los graves cargos que pesan contra ella.

Elocuente fue la visita hace unos meses a la Ciudad de la Justicia, donde casi 20 años después, Ayuso intenta recuperar el proyecto que supuso una condena de ocho años de cárcel a otro de los popes del PP, Alfredo Prada, vicepresidente de la Comunidad en su día. El proyecto faraónico consumió más de 300 millones de euros. Cuando los cargos populares, comandados por la presidenta, volvieron a la explanada de Valdebebas, al norte de la capital, donde solo se levantó uno de la docena de edificios que se habían proyectado, nadie habló del elefante en la habitación. Como si no hubieran pasado veinte años desde la primera piedra de Aguirre, no se hubiera despilfarrado una millonada y no hubiera cargos del partido condenados a prisión. Ayuso rodeada de alcaldes y altos cargos de la Comunidad presentó otra maqueta y una inversión de 700 millones más hasta 2029 para unificar allí todas las sedes judiciales de la capital. El redondeo del proyecto superará los 1.000 millones de euros.

Una historia similar a la del tren a Navalcarnero. Otro proyecto estrella del aguirrismo que embarrancó entre clamorosas sospechas de corrupción. El Gobierno de Aguirre, con María Dolores de Cospedal como consejera de obras públicas, decidió acometer la obra y de paso denunciar que el gabinete de Rodríguez Zapatero no cumplía con la red de transporte en su comunidad. El resultado: 300 millones de euros adjudicados a la empresa OHL, propiedad entonces de un amigo de la presidenta, Juan Miguel Villar Mir, y según la Fiscalía Anticorrupción una comisión de 2,5 millones para Ignacio González, en aquel momento vicepresidente de Aguirre, y a la postre su sucesor. El asunto se investiga en una de las ramificaciones del caso Lezo y Anticorrupción pide para González cuatro años de cárcel y para López Madrid, el yerno de Villar Mir, seis y medio. El juicio aún no tiene fecha.

Ahora que el Ministerio de Fomento se ha prestado a finalizar la obra, los consejeros de Ayuso aluden al proyecto sin mencionar aquellas primeras piedras como si fuera un mero incumplimiento del Gobierno central y apremian a Óscar Puente. Las desventuras de Aguirre, González y OHL con el tren son otro tabú para el gabinete de la presidenta.

Mientras urge al ministerio a completar la infraestructura o se felicita del futuro Campus de la Justicia sin mencionar los problemas en los tribunales de ambos proyectos, el portavoz de Ayuso, Miguel Ángel García Martín, alude al de Sánchez como “el gobierno más corrupto de la democracia”. Es costumbre en cada una de sus comparecencias públicas, antes incluso de que llegue la ronda de preguntas. Lo hizo también en su comparecencia del cierre del año el 23 de diciembre, tras el último consejo de Gobierno antes de vacaciones en el que ocultó a la prensa un acuerdo para pagar al grupo Quirón, el mayor adjudicatario de la Comunidad y donde trabaja con una identidad falsa la pareja de la presidenta, Alberto González Amador, 214 millones de euros que no figuraban en el presupuesto, y otros tantos para rescatar a otros hospitales privatizados que gestiona el grupo Ribera Salud. Como tantos miércoles, el portavoz de la Comunidad aludió al “peor gobierno de la democracia” y a las tramas de corrupción que sacuden al entorno de Sánchez.

La semana anterior, en el Pleno de Presupuestos, lo repitieron todos y cada uno de los consejeros de Ayuso y los diputados que salieron a la tribuna. El discurso monopoliza los actos del PP de Madrid, que pese a ser el que más condenados acumula en la organización, se puso de ejemplo en el último congreso nacional, que reeligió a Feijóo como presidente. En esa cita tomó la palabra, Alfonso Serrano, que ya formó parte del comité electoral de Esperanza Aguirre en 2011, una de las campañas que la Justicia considera bajo sospecha, y que acumula 14 años como diputado en la Asamblea de Madrid. Desde el atril Serrano, el lugarteniente más fiel de Ayuso, puso como ejemplo a su organización y se permitió impartir consejos al resto del partido.

El PP de Madrid cargan contra Sánchez, el PSOE y sus socios de Más Madrid, a los que llegan a acusar de ser cómplices de la corrupción mientras tratan de enterrar los problemas judiciales de su número tres y de dirigentes que fueron la columna vertebral del partido y apadrinaron a la actual dirección, con Ayuso y Serrano a la cabeza.

Púnica: un secretario general imputado y cinco alcaldes con condenas

La trama a la que dio nombre Granados, Púnica, como bautizó a la red la Guardia Civil, es la traducción del nombre de la flor en latín, mantiene 11 años después muchas ramificaciones en los juzgados. Con la construcción bajo mínimos en la resaca de la crisis inmobiliaria, David Marjaliza, empresario y socio de Granados, urdió una organización mafiosa para amañar contratos en sistemas de ahorro energético en municipios del PP. Marjaliza acabó confesando y acaba de ser condenado en diciembre. Junto a él tienen penas de prisión seis alcaldes de la época, cinco de ellos del Partido Popular (Collado Villalba, Móstoles, Torrejón de Velasco, Sevilla La Nueva y Moraleja de Enmedio), uno del partido socialista, en Parla, y un independiente (Serranillos del Valle).

Pero el grueso del caso sigue sin juzgar e indaga en la caja B que se descubrió en el PP de Madrid y en la fortuna del propio Granados, que acabó reconociendo la propiedad de un millón de euros encontrados en el altillo de una vivienda de sus suegros y al que la Guardia Civil atribuye varios millones más en cuentas de Suiza, individuales o compartidas con su ex socio David Marjaliza.

Granados, que ocupó la secretaría general, fue mano derecha de Aguirre y a quien nadie parece conocer hoy en el PP, está acusado de liderar una organización para amañar contratos y financiar irregularmente al partido en Madrid entre 2007 y 2011, en connivencia con el gerente Beltrán Gutiérrez. El que fuera secretario general está imputado además por los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Este mismo enero se inicia el juicio por el amaño de contratos en la adjudicación de eventos en Madrid, en el que se pide a Granados seis años de cárcel.

Ignacio González: tres casos de amaño de contratos y comisiones ilegales

El sucesor de Granados en la secretaría general del PP, cuando Esperanza Aguirre lo destituyó en 2011 por “pérdida de confianza” fue Ignacio González, elegido además como el relevo al frente de la Comunidad cuando la presidenta decidió renunciar, también está involucrado en varios casos de corrupción. En la trama Lezo se le acusa de amañar la adjudicación de un campo de golf del Canal de Isabel II en el barrio de Chamberí. Su juicio en la Audiencia Nacional está fijado para septiembre de 2027, se le acusa de cohecho y de prevaricación.

En la pieza relacionada con el tren a Navalcarnero se le atribuye cohecho y falsedad documental, la petición es de cuatro años de prisión. Hay todavía una tercera ramificación del caso: la compra de una empresa brasileña a través del Canal de Isabel II por un precio inflado del que habrían salido también comisiones ilegales. La Justicia atribuye al que fue secretario general del PP de Madrid, presidente de la Comunidad y que hoy es otro apestado en el partido, malversación de caudales públicos y administración desleal por un supuesto desvío de fondos de más de nueve millones y medio de euros.

Gürtel, epicentro en Madrid

Si Ayuso y su mano derecha Alfonso Serrano, que aplaudieron durante cuatro años (entre 2011 y 2015) desde sus escaños en la Asamblea de Madrid a Ignacio González primero como vicepresidente de Aguirre y luego ya como presidente de la Comunidad, hacen ver ahora que no lo conocen de nada, cómo preguntarles por la cascada de condenas a su partido en Gürtel. Diferentes tribunales han probado que la red de Correa y cía tuvo como epicentro la Comunidad de Madrid y algunos de los ayuntamientos más emblemáticos para el PP: Pozuelo de Alarcón, Majadahonda, Boadilla del Monte. La gran trama de corrupción del PP llevó a prisión a Alberto López Viejo, consejero de Aguirre, condenado a 31 años de prisión por amañar contratos y cobrar sobornos, al que fue alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (38 años de cárcel) al de Boadilla del Monte Arturo González Panero, alias el Albondiguilla, 36 años, al de Pozuelo Jesús Sepúlveda (14 años) al de Arganda del Rey Ginés López (cinco años) junto a otros concejales y cargos de las agrupaciones locales del partido. El propio PP de Madrid fue condenado como persona jurídica en tres ocasiones por lucrarse de los delitos cometidos por la red corrupta liderada por Correa. En Boadilla del Monte, la Audiencia Nacional le obligó a devolver más de 200.000 euros con los que financió sus campañas electorales.

Caso FP: adjudicaciones a dedo y contratos troceados en la era Ayuso

Pero la sombra de la sospecha del amaño de contratos en adjudicaciones públicas por parte de la Comunidad de Madrid se extiende también sobre la gestión de la propia Ayuso y de dirigentes muy cercanos a ella como el presidente de la Asamblea regional, Enrique Ossorio, y su consejera de Economía, Rocío Albert. Una investigación de elDiario.es ha revelado cómo en la Consejería de Educación se adjudicaron obras a dedo bajo el sistema de fraccionar facturas para no convocar concursos públicos en la construcción de centros de FP, entre 2021 y 2023. Los responsables de la Consejería de Educación entonces eran el propio Ossorio y su número dos era Rocío Albert. Ambos están aforados como presidente del parlamento regional y consejera de la Comunidad, por lo que cualquier investigación sobre ellos debería llevarla a cabo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La jueza del caso, que investiga delitos de prevaricación, prorrogó el pasado septiembre durante seis meses el sumario.

La número 3 del partido, imputada por cobrar de un empresario

El ejemplo más paradigmático de la doble vara de medir de Ayuso y los suyos con los casos de corrupción es el de su colaboradora y amiga, Ana Millán. La exalcaldesa de Arroyomolinos está acusada de cuatro delitos por la jueza que investigó los contratos adjudicados en su etapa municipal a un empresario que a su vez le realizó pagos. A pesar de estar imputada desde 2022, y mientras ataca al Gobierno de Sánchez y a sus socios de izquierdas, Ayuso decidió ascender a Millán en el partido, donde ahora ejerce como secretaria de organización, además de blindarla en la Asamblea de Madrid, como vicepresidenta, con su correspondiente aforamiento.

La magistrada de Navalcarnero que investigó el asunto halló indicios de cuatro delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y fraude contra la administración pública y se inhibió en favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el único competente para investigar a un miembro de la Asamblea. A principios de diciembre, el Tribunal devolvió el caso a la magistrada para que complete sus pesquisas. La imputación por corrupción no impide a Millán ser un valor en alza en el partido: además de los ascensos en la asamblea y la organización, Ayuso le ha encomendado presidir la gestora del PP en Fuenlabrada.

El nuevo año judicial será decisivo para varios exministros y altos cargos vinculados al PP y al PSOE que afrontan resoluciones y juicios inminentes que pueden acabar con penas de cárcel. El Tribunal Supremo debe pronunciarse sobre los recursos presentados por antiguos responsables políticos, mientras se enjuiciarán causas por corrupción que abarcan desde el uso irregular de dinero público hasta tramas de espionaje y tráfico de influencias. 

Para los primeros meses de 2026 está previsto el juicio contra el exministro socialista José Luis Ábalos, quien fuera su asesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama en la parte de la causa centrada en los contratos de mascarillas de la pandemia adjudicados a dedo por el ministerio de Transportes. Los dos primeros, que están en prisión provisional desde el pasado noviembre, se enfrentan a condenas de hasta treinta años de cárcel. 

Aunque está fuera del Gobierno desde 2021 y fue expulsado del PSOE el pasado junio, Ábalos fue una figura clave en el ascenso de Pedro Sánchez: ministro, secretario de Organización del PSOE y hombre de máxima confianza del presidente del Gobierno. Fue él quien defendió en el Congreso la moción de censura que logró sacar al PP de Mariano Rajoy del Palacio de la Moncloa en 2018 precisamente con un discurso basado en la regeneración democrática y la lucha contra la corrupción. 

Su imagen en el banquillo acusado de favorecer al comisionista Aldama a cambio de mordidas y otras prebendas será un duro golpe para el Gobierno, que tendrá que afrontar las sesiones del juicio mientras salen a la luz nuevas revelaciones de la otra parte de la causa, la centrada en el presunto amaño en las adjudicaciones de obra pública y en la que está investigado también Santos Cerdán, quien sustituyó a Ábalos en la Secretaría de Organización del PSOE y que pasó casi cinco meses en prisión preventiva. 

Ábalos está en la misma situación desde el pasado noviembre. Tras el juicio, lo previsible es que en verano llegue la condena, que será firme al ser del Tribunal Supremo, lo que augura que pasará mucho tiempo en prisión a la espera del avance del resto de procedimientos que tiene abiertos. En esta vista se sustanciará su relación con el empresario Aldama, el “nexo corruptor”, según la Guardia Civil, a cambio de comisiones, y se analizarán los contratos de mascarillas que dos entes dependientes de su departamento —Adif y Puertos del Estado— también adjudicaron a la empresa de la trama junto a la contratación de una de sus supuestas exparejas en empresas públicas. 

Vuelve la guerra sucia del PP

Más de una década ha tenido que transcurrir para que se juzguen otros hechos que, sin embargo, devuelven a la actualidad uno de los episodios más oscuros de la democracia reciente. En abril comenzará la vista oral por Kitchen, la operación orquestada desde el Gobierno de Mariano Rajoy para sabotear el caso de corrupción más grave en la historia del Partido Popular, el de su financiación irregular o caja B. 

En el banquillo se sentarán los mandos policiales que integraron la brigada política que orquestó el PP cuando llegó al Gobierno en 2012 para atacar primero a los independentistas catalanes y luego a Podemos. Entre medias, todos ellos participaron presuntamente en una maniobra para hacer desaparecer las pruebas que guardara el ex tesorero del PP Luis Bárcenas y que pudieran incriminar al partido y sus dirigentes en la causa abierta por financiación ilegal. 

Las mayores penas de cárcel que solicita la Fiscalía Anticorrupción son para el ex jefe operativo de esos policías, el comisario Eugenio Pino, y para los máximos responsables políticos del Ministerio del Interior, su titular, Jorge Fernández Díaz, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. Para los tres, Anticorrupción solicita 15 años de cárcel. La última vez que un ministro del Interior se sentó en el banquillo fue por el terrorismo de Estado de los GAL durante el Gobierno de Felipe González. Como entonces, ahora también los supuestos delitos de la Operación Kitchen se sufragaron con dinero público de los fondos reservados. 

La vista comenzará el 6 de abril y se extenderá hasta finales de mayo. Comparecerán como testigos el expresidente Rajoy y sus segundas en el Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y en el partido, María Dolores de Cospedal, para quien el actual juez del caso deberá decidir próximamente si cambia su situación a imputada a la vista de nuevas revelaciones y una solicitud del PSOE. Entre los policías juzgados estarán el excomisario Villarejo, el ex chófer de Bárcenas Sergio Ríos y José Luis Olivera, de actualidad reciente por su participación en el montaje contra Miguel Urbán y Podemos. 

La corrupción del PP de Madrid, 12 años después

A hechos aún más antiguos alude la pieza ‘Waiter Music’ del caso Púnica que sentará en el banquillo a partir del 19 de enero al ex secretario general del PP en la Comunidad de Madrid y antiguo consejero de Justicia Francisco Granados. La macrocausa de corrupción contra el PP madrileño de Esperanza Aguirre cumplió en octubre 11 años desde que se produjeran las primeras detenciones y aún restan varios juicios por celebrarse. 

La Fiscalía Anticorrupción pide este caso para Granados seis años de cárcel por dos delitos de fraude en la contratación y otros tantos de prevaricación. El que fuera mano derecha de Esperanza Aguirre ya fue condenado a dos años de cárcel en otra pieza del caso, por el chivatazo de un guardia civil cuando estaba siendo investigado. Granados habría maniobrado para que varios ayuntamientos del PP y un ente regional contrataran en las fiestas de las localidades a Waiter Music, la empresa de su amigo José Luis Huerta que no será juzgado porque falleció en 2020. 

Junto a Granados se sentarán en el banquillo el ex senador y antiguo diputado regional David Erguido, que también ejerció como asesor de Esperanza Aguirre, y once personas más, entre ellas, seis alcaldes del Partido Popular cuando el poder de la formación en la región madrileña ya era omnímodo. Se trata de los exalcaldes de Valdemoro José Carlos Boza y José Miguel Moreno; los antiguos regidores de Móstoles Esteban Parro y Daniel Ortiz; la exalcaldesa de Ciempozuelos María Ángeles Herrera, y el de Moraleja de Enmedio Carlos Alberto Estrada. 

Los antiguos alcaldes se enfrentan a peticiones de dos años de cárcel o simplemente de inhabilitación por parte de Anticorrupción. Sin embargo, la acusación popular, que ejerce Adade, solicita penas de entre 13 y 27 años de cárcel para algunos. 

El hermano de Sánchez, en el banquillo

Como ocurre con la agilidad en el Tribunal Supremo a la hora de juzgar a Ábalos el juicio contra el hermano de Pedro Sánchez no se dilatará tanto tiempo en la Audiencia Provincial de Badajoz. Se sentarán en el banquillo 11 personas después de que la instructora del caso concluyera que la Diputación de Badajoz creó la plaza de responsable de los conservatorios para que la ocupara David Sánchez y que este se presentó al proceso de selección y a la entrevista “para simular la legalidad formal del procedimiento”.

El candidato socialista a la Junta de Extremadura en las últimas elecciones, José Miguel Gallardo, concurrió procesado porque la jueza Beatriz Biedma concluyó que resulta “inverosímil” que, como presidente de la Diputación, no supiera que el fin de la creación del puesto era que recayera en el hermano de Pedro Sánchez, ya que se conocía “de forma generalizada”. También le acusaba de haber participado “directamente” en los hechos al tener la competencia para el nombramiento. Gallardo ha dimitido de su puesto de secretario general del PSOE extremeño después de haber cosechado el peor resultado de la historia en la comunidad autónoma. 

Una denuncia de Manos Limpias que incluía informaciones falsas originó el procedimiento. El pseudosindicato ultra pide 3 años de cárcel para David Sánchez por delitos continuados de tráfico de influencias, prevaricación administrativa y nombramiento ilegal. La Fiscalía dice que el auto de procesamiento de la jueza está plagado de “conjeturas” y solicita la absolución para todos los acusados. 

Los ministros de Aznar

En los próximos meses dos pesos pesados del Gobierno de José María Aznar se juegan su entrada en prisión. El Tribunal Supremo decidirá sobre los recursos a la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid contra Rodrigo Rato en el caso de su fortuna personal. El tribunal condenó al exvicepresidente del Gobierno a 4 años y 9 meses de prisión por fraude fiscal, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, por ocultar patrimonio en el extranjero. El Supremo ya confirmó la condena a cuatro años y medio de cárcel contra Rato por las 'tarjetas black', causa por la que ya cumplió su pena de prisión. 

Por su parte, Eduardo Zaplana se enfrenta a cumplir diez años y cinco meses de cárcel por los delitos a los que le condenó la Sección Cuarta de la Audiencia de Valencia: prevaricación, cohecho, falsedad y blanqueo de capitales. El tribunal también le impuso una multa superior a los 25 millones de euros como responsable del cobro de sobornos entre 1997 y 2000, cuando ocupaba el puesto de presidente autonómico en una trama de adjudicación de las estaciones de servicio de las inspecciones técnicas de vehículos (ITV). Zaplana, al que controvertidos informes médicos sobre su estado de salud le evitaron la prisión en el pasado, podría ingresar en la cárcel si el Supremo confirma la sentencia de la Audiencia Provincial.