La imputación del jefe de la UDEF con el Gobierno del Partido Popular José Manuel García Catalán es el último episodio de una instrucción judicial, la de las maniobras policiales contra Podemos, que avanza lentamente en la Audiencia Nacional desde que se abrió hace más de dos años. El principal impulso de las actuaciones procede de los abogados de la formación política, que vienen solicitando al juez unas diligencias de investigación que suelen ser acordadas por el apoyo puntual del fiscal o porque la Sala de lo Penal ordena a Santiago Pedraz que las practique, después de que este las haya rechazado en primera instancia. En estas fechas se cumplen diez años de los hechos investigados y la prescripción planea en contra de las víctimas y a favor de los presuntos culpables. 

En el caso de la guerra sucia a Podemos no hay una unidad especializada que actúe como policía judicial, como suelen encargar los jueces a la UCO de Guardia Civil o la UDEF de Policía Nacional en casos complejos. Por tanto, no hay atestados policiales que presenten al juez los indicios sobre los que actuar. Cuando los letrados de Podemos logran sortear las reticencias del magistrado instructor, Pedraz ordena a la Unidad de Asuntos Internos que recabe documentación de los archivos policiales o cita a tal o cual testigo o investigado. Y ahí acaba su colaboración. Aun así, la impunidad con la que se manejó la Policía contra Podemos en tiempos del PP dejó tal reguero de pistas que ha sido posible aflorar, muy lentamente, maniobras hasta ahora ocultas, así como a sus responsables.

Un ejemplo de la lenta marcha del caso se escenifica en una de sus vertientes, el montaje de la cocaína a Miguel Urbán. Pese a los indicios de que fue un caso inverosímil y fabricado para acceder a las cuentas del partido y acusarle de financiación irregular, su principal responsable, el comisario José Luis Olivera sigue sin ser investigado. 

La tesis de Pedraz es que la declaración de un testigo que se inventó la disparatada historia ya justifica que Olivera, que dirigía un órgano de coordinación policial sin agentes operativos, ni confidentes, abocara a la Fiscalía a abrir unas pesquisas al máximo nivel. Olivera consiguió que en la investigación prospectiva contra Podemos participaran las unidades de la Policía especializadas en antidroga y contra los delitos económicos complejos. Recientemente, los magistrados de la Sala de lo Penal han asumido el argumento de Pedraz para no imputar por ahora a Olivera aunque han dejado una puerta abierta para que eso cambie en el futuro.

Pedraz se negó a investigar el montaje de la cocaína a Miguel Urbán en dos ocasiones. Primero, rechazó que el fundador de Podemos se personara como perjudicado en la causa, a raíz de la información de elDiario.es que desveló el montaje. Otro juzgado había inadmitido una querella presentada por el propio Urbán. Finalmente, la Sala de lo Penal ha obligado al juez Pedraz a investigar los hechos. Ahora, hay investigación pero no investigados.

El confidente que se inventó la historia ha declarado como testigo en una comparecencia repleta de olvidos difíciles de explicar. Pedraz se ha negado a imputarle. Tampoco ha rechazado investigar a uno de los mandos que dijo presenciar la colaboración del chivato con otros agentes desde una mesa próxima. Este policía que ha salvado la imputación le dijo al juez que solo intercambió unas palabras con el autor del invento de la cocaína, pero que su breve charla solo versó sobre “auriculares”.

El juez decidió en febrero de 2024 admitir una querella de Podemos por las maniobras del Ministerio del Interior contra la formación política en tiempos del Partido Popular. Parecía que así se cerraba uno de los grandes espacios de impunidad de aquel periodo. Jueces y fiscales se han negado a abrir hasta ahora una causa centrada en la Operación Cataluña, contra los líderes del proceso soberanista. Por su parte, el caso Kitchen ha llegado a juicio con Jorge Fernández Díaz como supuesto máximo responsable, después de que el juez García Castellón cerrara abruptamente la investigación a María Dolores de Cospedal y evitara esclarecer el papel de Mariano Rajoy. 

La única causa que había abordado las maniobras contra Podemos fue el caso Dina, una pieza de la causa Villarejo sobre el robo y difusión del contenido de un teléfono móvil a una estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. Pero el juez García Castellón pronto dio un volantazo y convirtió en sospechosos a quienes la Audiencia tuvo que devolver con el tiempo su condición de perjudicados, la propia Dina Bousselham y Pablo Iglesias. 

La querella de Podemos se presentó por organización criminal, apoderamiento, revelación de secretos, prevaricación administrativa, falsedad documental, malversación de fondos públicos y un delito contra las instituciones del Estado, si bien estos últimos quedaron fuera de la admisión a trámite de Pedraz. El juez también rechazó otorgar la condición de investigados, por falta de indicios contra ellos, al ministro del Interior Jorge Fernández Díaz y al director de la Policía entonces, Ignacio Cosidó. 

Así, la lista de imputados hasta ahora está encabezada por el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que siguen varios mandos policiales, miembros de la brigada política que puso en marcha el PP en el Gobierno. 

Operación Bolívar. Operación Venus

En la causa se investigan varias maniobras contra Podemos, casi todas concentradas en el primer semestre de 2016. En diciembre de 2015, Podemos había obtenido 69 diputados, lo que amenazaba el Gobierno del PP si se daba un pacto de coalición. Hasta las elecciones de junio de 2016, se prodigaron las investigaciones prospectivas, los dosieres policiales y las informaciones periodísticas basadas en los anteriores. Entre las principales maniobras de la brigada política y la prensa afín está la redacción y difusión del informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o  el viaje a Nueva York de tres mandos policiales para manipular pruebas contra Podemos por “mandato” de Rajoy.

El juez, sin embargo, se ha negado a incorporar los expedientes completos de Bolívar y Venus, como bautizó la UDEF las operaciones que intentaron mantener vivas, sin éxito, las citadas maniobras contra Podemos del informe PISA y el viaje a Nueva York. Podemos también le ha pedido que investigue cuánto dinero público se empleó en ello. El juez ha dado un no por respuesta. El magistrado ha hecho lo propio con la solicitud de documentación que sobre el montaje a Urbán conste en la unidad antidroga de la Policía. 

En la causa también se investiga el invento de la falsa cuenta de Pablo Iglesias en Granadinas. En este caso, la investigación ha permitido determinar con precisión cómo la policía política del PP construyó el bulo en apenas tres semanas. El venezolano que fabricó el documento para la brigada política, que publicó Okdiario, está en paradero desconocido. 

Pedraz se negó a imputar al policía que consultó a Pablo Iglesias en las bases de datos policiales con la excusa de que pertenecía al círculo más próximo a un investigado por narcotráfico, en este caso Miguel Urbán. La Sala de lo Penal le obligó a rectificar. El juez también ha rechazado la imputación del jefe que antecedió en la UDEF a José Manuel García Catalán, Manuel Vázquez, ‘El Fiti’. 

La causa contra Podemos está huérfana de los comentarios que Villarejo anotaba en sus agendas sobre la guerra sucia contra Podemos, casi desde que el partido se creó. El juez Santiago Pedraz ha rechazado recabar al Juzgado que investiga al comisario esos dietarios y tampoco las grabaciones que aludan a la guerra sucia contra el partido.

El comisario jubilado Eugenio Pino, director adjunto operativo de la Policía durante la operación Kitchen, ha exculpado en su declaración , uno por uno, al resto de los acusados en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional. También se ha eximido a sí mismo de responsabilidad al calificar el espionaje a Luis Bárcenas y su familia como “una operación de inteligencia” ante la información de que el tesorero, desde la cárcel, iba a enviar a Suiza al chófer Sergio Ríos en relación con cantidades de dinero supuestamente ocultas en ese país. Pino ha dicho que la operación Kitchen es un término acuñado por un periodista y que nunca fue un operativo ilegal.

El comisario Pino está considerado el artífice de la brigada política del Partido Popular durante el primer mandato de Mariano Rajoy. En su declaración como acusado –Anticorrupción pide 15 años de cárcel para él– ha contestado únicamente a su abogado ya que el tribunal, a quien había accedido a responder, no ha formulado preguntas. Ha dicho que nunca habló del operativo alrededor de la familia Bárcenas ni con el ministro, Jorge Fernández Díaz, ni con su segundo, Francisco Martínez, para quienes la Fiscalía también pide 15 años de cárcel.

Pino ha asegurado que la operación fue legal y estuvo justificada porque la Policía no podía dejar pasar por alto la información acerca de que Bárcenas iba a enviar a Suiza al chófer. Luego, ha contado, quedó desmentida esa primera información y se obtuvo otra que apuntaba a que el dinero estaba en Paraguay y era gestionado por Ángel Sanchís, antiguo cuadro del Partido Popular, lo que provocó su fin.

Eugenio Pino ha acusado al hijo de Bárcenas de cometer delitos pese a que nunca ha estado investigado. El exDAO ha dicho que el joven dijo viajar a Chile y que él cree que estuvo en países de su entorno, entre los que se encuentra Paraguay. “Yo creo que no se había ido a Chile sino a sitios cerca, a mover cosas...”, ha asegurado Eugenio Pino.

Fue en ese momento cuando él, Pino, ordenó cancelar el operativo sobre la familia Bárcenas al considerar que ya no podía prosperar, con el hijo de Bárcenas moviendo dinero en el extranjero, según su versión, y el coche que iba a salir para Suiza aparcado en un garaje sin haberse movido.

El antiguo número dos de la Policía ha señalado a Ignacio Cosidó, que nunca estuvo imputado, como conocedor de la operación Kitchen desde su inicio. Ha declarado que cuando él tuvo conocimiento por Andrés Gómez Gordo –policía en excedencia al servicio entonces de María Dolores de Cospedal– de que “alguien estaba tocando” al chófer de los Bárcenas, montó una reunión con conocimiento del entonces director general Cosidó. Y que fue este, Cosidó, en una llamada telefónica, con Andrés Gómez Gordo y Marcelino Martín Blas –ambos acusados– presentes en su despacho, quien le ordenó que pusiera a trabajar en ello al comisario Villarejo. Así es como habría empezado la operación Kitchen, según Pino. Luego ha dicho que quien había contactado con el chófer, por su propia cuenta y antes de la impliación del resto, había sido Enrique García Castaño, 'El Gordo', comisario que no está siendo juzgado por problemas de salud.

Se da la circunstancia de que Cosidó ya ha declarado en el juicio como testigo y no puede rebatir las afirmaciones de Pino que, como el resto de acusados, pidió declarar después de los testigos. En la misma línea, el comisario jubilado ha implicado en el conocimiento del operativo “legal” a otros testigos que han declarado durante el juicio, caso del exjefe de la UDEF, Manuel Vázquez, 'Fiti', y del comisario general de Policía Judicial de la época, Santiago Sánchez Aparicio, 'Chati'. Ambos dijeron que habían oído algún fugaz comentario sobre un operativo sobre la familia Bárcenas distinto a la investigación de sus subordinados en la UDEF, pero que no tuvieron más conocimiento de ello.

Pino se ha referido a Manuel Morocho como “el chico” y ha negado que le presionara en sus investigaciones sobre Gürtel, de las que nunca quiso saber nada. El inspector jefe al frente de los casos de caja B y Gürtel, Manuel Morocho, declaró en el juicio que Pino le sobrecargó de trabajo y le envió al nido de la brigada política para que revisara el informe PISA contra Pablo Iglesias, entre otra carga adicional de trabajo.

El exDAO Pino ha dicho este lunes que Morocho no llegó “ni a ver” el informe PISA. En otro momento se ha referido a Pablo Iglesias, sin citarle, como “un personaje” al que hubo que investigar porque había una querella contra él en el Tribunal Supremo. Precisamente ante alto tribunal fue presentado el informe PISA y este lo despreció, como haría después la Audiencia Nacional.

Denuncia una presunta maniobra de Baltasar Garzón

Además, Pino ha denunciado una maniobra del abogado Baltasar Garzón. Ha dicho que se ofreció a defenderle y que se lo hizo saber a través de otro comisario, Jesús Figón, destinado entonces en Brasil. Figón era el agregado de Interior y fue detenido, juzgado y condenado tiempo después por matar a su mujer en el país sudamericano. Fue defendido por el despacho de Garzón.

Eugenio Pino ha dicho que fue asistido en un primer momento por un abogado del despacho de Garzón, Ilocad. El exDAO ha explicado que el bufete decidió después asignarle otro letrado. También ha declarado que no ha sabido hasta la celebración del juicio que ese abogado que tuvo en primer lugar pasó a representar a Enrique García Castaño. Con ese otro abogado, García Castaño empezó a colaborar y señaló a Pino como uno de sus superiores que le ordenó robar los discos duros del PP. García Castño, conocido como 'El Gordo', no está siendo juzgado por motivos de salud.

García Castaño reconoció en fase de instrucción que la operación Kitchen existía, que estaba al margen de la causa judicial contra el PP en la Audiencia Nacional y que él recibió la orden de Pino y del secretario de Estado Martínez de robar los discos duros del PP con presunta información sobre la caja B. Pino ha dicho este lunes que cree que es mentira que García Castaño allanara un local de Rosalía Iglesias en busca de una grabación de Mariano Rajoy y que él nunca supo que había clonado tres teléfonos de Bárcenas, ambas actuaciones reconocidas por el comisario García Castaño, conocido como 'El Gordo'.

Pino ha dicho que García Castaño le fue a visitar ya estando jubilado y que le trasladó un mensaje: “Dice la Fiscalía que no les des tanta caña, que si colaboras ahora con la Operación Cataluña te tratarán bien”. Según ha dicho Pino, García Castaño le trasladó un mensaje de Baltasar Garzón: “Si lo cuentas todo, la Fiscalía tiene para ti una prevaricación”. Aludía una acusación por un delito menor, pero Pino ha añadido que se negó porque es “inocente”.

En el momento de esos hechos, Baltasar Garzón era ya pareja de Dolores Delgado, por entonces fiscal general del Estado. La defensa que el despacho de Garzón hizo de Pino y García Castaño en aquella época fue objeto de polémica por la vinculación entre el abogado y la fiscal general. Después esa polémica se recrudeció cuando Dolores Delgado no accedió a renovar en Anticorrupción a Ignacio Stampa, uno de los dos fiscales que había impulsado los casos Kitchen y Villarejo.

El comisario José Manuel García Catalán ha sido citado el próximo 25 de junio para declarar como investigado en la causa que instruye el juez Santiago Pedraz por las maniobras policiales para atacar a Podemos durante el Gobierno de Mariano Rajoy, según el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. García Catalán, jubilado recientemente, era el jefe de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía cuando viajó a Nueva York en abril de 2016 para intentar obtener un testimonio contra los fundadores de Podemos por parte de un exministro de Hugo Chávez.

El mismo día prestará declaración, también como investigada, otra agente del Cuerpo, subinspectora en el momento de los hechos, que continúa hoy en la UDEF y que viajó junto a García Catalán a Nueva York. Con estas dos nuevas imputaciones ya son investigados los tres policías nacionales que participaron en la maniobra. El tercero es el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, que aparece en la grabación de la reunión asegurando al confidente que la actuación policial está avalada por “un mandato” del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

La grabación de la reunión con el exministro de finanzas venezolano Rafael Isea consta ya en las actuaciones de la causa que instruye Pedraz desde febrero de 2024. En la cúspide de los investigados está el secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, que se sienta estos días en el banquillo de los acusados del caso Kitchen. Le acompañan varios miembros de la denominada ‘brigada política’ del PP. Al igual que Martínez, el policía que habló del “mandato” de Rajoy, José Ángel Fuentes Gago, también está siendo juzgado por el espionaje ilegal a Bárcenas. 

Como viene informando elDiario.es, la causa por la guerra sucia a Podemos avanza lentamente y con la amenaza de prescripción de unos delitos por hechos acaecidos hace una década. Ninguna unidad especializada ha sido requerida para que actúe como policía judicial y la Sala de lo Penal ha rectificado a Pedraz en varias ocasiones ordenándole que practique diligencias y cite a investigados, siempre a iniciativa de los abogados de Podemos. Pedraz, por ejemplo, se niega a imputar al comisario José Luis Olivera, artífice del montaje de la droga contra Miguel Urbán, pese a que la Sala de lo Penal ha advertido de indicios de delito en la maniobra. 

La imputación de García Catalán y de su entonces subordinada por el viaje a Nueva York es también fruto de un recurso de la representación de Pablo Iglesias contra la negativa del juez a investigarlos. El informe favorable al recurso que ha emitido el fiscal del caso, Vicente González Mota, ha resultado clave para la imputación de los policías. En el rechazo inicial del juez había pesado esta vez la confusión entre el número de carnet profesional de la policía finalmente investigada y un testigo, agente este de Asuntos Internos. Pedraz acuerda la declaración de García Catalán y la agente “visto el informe del Ministerio Fiscal y constatando el error padecido”, recoge su auto.

El comisario José Manuel García Catalán declaró en la causa como testigo el pasado mes de diciembre. Respondió “no recuerdo” a todas las preguntas que se le formularon sobre el encuentro con el ministro venezolano en Nueva York. Al requerírsele por la afirmación de Fuentes Gago de que habían viajado a las órdenes del presidente del Gobierno, García Catalán declaró que en ese momento había salido de la sala para ir “al servicio” y que no lo escuchó, según se puede comprobar en el vídeo de comparecencia en el juzgado de Pedraz que publicó elDiario.es.

El viaje a Nueva York de los tres policías es una de las maniobras de la brigada política que se desarrollaron en el primer semestre de 2016, cuando arreció la guerra sucia a Podemos. El partido de Iglesias venía de obtener 69 diputados en los comicios generales de diciembre de 2015 y la repetición electoral de junio siguiente podía arrojar un Gobierno de coalición progresista que desalojara a Mariano Rajoy de La Moncloa. En esos meses fue filtrado el informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anónima) o la falsa cuenta del líder de Podemos en un banco del Caribe. También se fraguó el montaje de la cocaína contra Miguel Urbán con el objeto de llegar a las cuentas del partido. 

La pata mediática

El intento de demostrar que Podemos había sido financiado por Venezuela, incluso años antes de que se decidiera formar el partido, fue una maniobra retransmitida casi en directo. El diario ‘Abc’ dedicó el 13 de mayo una portada al acta de la declaración de Rafael Isea en el consultado español que incluía el número de carnet profesional de los dos agentes que la firmaban. El 15 de mayo de 2016, elDiario.es publicó: “Interior envió a Nueva York al jefe interino de la UDEF para traer un testimonio contra Podemos”.

Tres años después, en 2019, la web moncloa.com publicó un extracto de aquel encuentro. Es el mismo en el que Fuentes Gago delata que la Policía trabaja contra Podemos a las órdenes del Gobierno del Partido Popular. La grabación, de una hora, ya está incorporada a la causa que investiga Pedraz en la Audiencia Nacional. 

Los policías se habían desplazado a Nueva York para que Rafael Isea les validara la fotocopia de un documento de pago de 2008 a la Fundación CEPS. En ella trabajaban varios fundadores de Podemos, si bien el partido se creó seis años después, en 2014. La brigada política, que veía frustrado su intento de demostrar la financiación ilegal de Podemos, buscaba atribuir un delito fiscal a sus líderes por no haber declarado correctamente la supuesta cantidad, 7,1 millones de euros, que CEPS habría cobrado por sus trabajos de asesoría en Venezuela. La Fundación asegura que fueron 3,7 millones, coincidentes con lo declarado a Hacienda.

elDiario.es tuvo acceso al audio íntegro del encuentro. En él, el exministro Isea se muestra preocupado por la publicación del documento que había realizado previamente ‘Abc’. Tiene miedo por la situación de su familia, que sigue en Venezuela. Él está en Estados Unidos colaborando con la DEA y piensa en España como un lugar de refugio para los suyos.

Los policías españoles prometen a Isea que así será, pero él tiene muchas dudas de validar lo que presentan porque el documento incluye firmas y fechas que no le cuadran. Se trata de una fotocopia que les ha hecho llegar un personaje que le produce “vértigo”, según la expresión que Isea utiliza para referirse al abogado español condenado por estafa José Aliste, de cuya colaboración con la brigada política ha informado este periódico.

Fuentes Gago lleva las riendas de la reunión. Intenta convencer a Isea de que sus compañeros de la UDEF libran una batalla contra la corrupción y que ahí se enmarca desenmascarar a los supuestos defraudadores fiscales de Podemos. “Aunque lleguen los de Podemos, que no va a pasar, pero aunque lleguen los de Podemos, es que se lo van a tener que comer. Ahora, pues si nos ayuda que no lleguen los de Podemos… ¡Me cago en la mar! Mejor para todos, mejor para todos”, asegura José Ángel Fuentes Gago. Isea acabará firmando, pero cuando a los pocos días lee, otra vez en 'Abc', la publicación del documento con su firma piensa que los policías españoles le han traicionado y corta la colaboración.

Se da la circunstancia de que José Ángel Fuentes Gago es mano derecha del artífice de la brigada política, Eugenio Pino (exDAO). En el momento del viaje a Nueva York estaba destinado en la embajada española en Países Bajos. La explicación está en la recompensa que el Ministerio del Interior dio a los miembros de la brigada política a través de destinos en el extranjero, los mejor remunerados, y medallas pensionadas. Fuentes Gago fue enviado además a una ciudad, La Haya, donde Pino ya había destinado a su esposa. El matrimonio ingresaba al mes más de 25.000 euros brutos de fondos públicos. 

La UDEF, ariete contra la oposición y en defensa del PP

Por su parte, el ahora investigado José Manuel García Catalán es un claro exponente de la politización de la Policía aquellos años. García Catalán aterrizó en la UDEF siendo un comisario recién ascendido y sin experiencia en los delitos económicos. El Gobierno necesitaba de un policía afín ideológicamente para controlar los informes que salían del grupo dirigido por Manuel Morocho e hizo a García Catalán jefe de la Brigada Central de la que dependía.

El propio Morocho ha declarado en el juicio de Kitchen las presiones que sufrió durante su investigación del caso Gürtel, en especial tras la llegada del PP al Gobierno en 2012. Entre los policías de la cadena de mando que señaló estaba el antecesor de García Catalán, el también comisario Manuel Vázquez, ‘Fiti’. Este se entregó a las consignas del Ministerio del Interior para ser recompensado con un último destino como jefe superior en su Galicia natal. Cuando Vázquez logró su objetivo, García Catalán pasó de jefe de Brigada a mandar en toda la UDEF.

elDiario.es desveló el polémico nombramiento de García Catalán como jefe de la Brigada Central de Delitos Económicos, la columna vertebral de la UDEF, cuando este ya había aterrizado en su despacho pero no se había hecho oficial. El revuelo motivó que Fernández Díaz paralizara el nombramiento siete meses, con tiempo para que fuera interpelado en el Congreso por los hechos y dijera que era un invento de este periódico y de la oposición. En abril de 2016, durante el viaje a Nueva York, García Catalán actuaba todavía como jefe interino de la UDEF, al frente de la cual sería formalmente nombrado poco después. 

“El verdadero objetivo de la diligencia no era la búsqueda de la verdad material, sino la obtención de una declaración que legitimara la información previamente filtrada a la prensa y que sirviera como coartada para continuar con la campaña de desprestigio contra mi cliente, otras personas del partido y la propia formación”, recoge el escrito de la representación de Pablo Iglesias que ha motivado la imputación de García Catalán. 

La acusación que ejerce Podemos aprecia en el viaje a Nueva York de los policías los delitos de falsedad en documento público, prevaricación, malversación de fondos públicos, revelación de secretos y organización criminal.

El exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha negado este jueves que existiera la operación Kitchen ante el tribunal que juzga los hechos. Martínez ha afirmado que ese nombre responde a “una denominación de la prensa” y solo ha admitido conocer una investigación “de inteligencia” desarrollada la Policía para intentar descubrir el dinero que pudiera tener oculto Luis Bárcenas cuando entró en prision, quiénes podían ser sus testaferros y si había nuevos implicados. “Yo presumo que [los policias] actuaban dentro de sus funciones y dentro de la legalidad. No tenía ningún motivo para cuestionarlo”, ha afirmado.

Por otra parte, Martínez ha negado haber ordenado los delitos cometidos por el comisario Garcia Castaño y que este confesó en fase de instrucción. Conocido como 'El Gordo' en la Policía, García Castaño declaró que Martínez le había ordenado encontrar los discos duros que podría tener escondidos Bárcenas con información sobre la financiación ilegal del PP.

“Radicalmente, no”, ha dicho sobre esto Martínez. “Eso de los discos duros de Bárcenas es una espese de leyenda mediática que ha tenido mucho recorrido”, ha dicho. Más adelante, el ex número dos de Interior ha añadido que siempre ha pensado que la grabación de Bárcenas a Rajoy, supuestamente realizada en 2010 y en la que Rajoy aparecería hablando con naturalidad de la caja B del PP, nunca ha existido.

Martínez cumple el guión principal de las defensas ante las evidencias de los seguimientos a la familia Bárcenas y la captación como confidente del chófer de la familia. Esta línea de defensa pasa por admitir la operación pero atribuirla a un fin legal, contribuir a la investigación de los casos Gürtel y caja B. El investigador principal de esos casos, Manuel Morocho, que actuaba a las órdenes del juez Pablo Ruz, ha declarado durante el juicio que nunca fueron informados de esta supuesta “operación de inteligencia”.

Morocho además denunció años de acoso por sus superiores para entorpecer la investigación de la corrupción del PP. Esta mañana, Martínez ha dicho: “No lo ordené [el acoso] ni lo conocí, y permítame que exprese mis dudas de que eso fuese así. Lo que sí escuché es que había una relación a veces conflictiva del señor Morocho por parte de sus compañeros, no sé si es verdad o no, pero no ordené absolutamente nada respecto del señor Morocho”. 

El antiguo número dos del Ministerio del Interior ha negado que ordenara a García Castaño clonar los teléfonos de Bárcenas que habría entregado al policía el chófer. También ha negado que supiera algo del allanamiento de un local de Rosalía Iglesias por parte del 'Gordo' , que buscaba allí el pendrive con unas supuestas grabaciones que incriminarían a Rajoy con la caja B del PP.

En el capítulo de negaciones, Martínez se ha desvinculado igualmente de cualquier espionaje a Bárcenas en prisión o del ingreso del chófer a la Policía como pago por su colaboración. “No es posible amañar un proceso como ese”, ha dicho.

Francisco Martínez ha anunciado que solo contestará a las preguntas de su abogado y del tribunal, si las tuviera. Se ha negado, por tanto, a responder a la Fiscalía Anticorrupción, que pide 15 años de cárcel para él por malversación de fondos públicos y varios delitos de revelación de secretos, entre otros.

Respecto de la posible malversación, Martínez ha dicho que su única función con los fondos reservados era firmar partidas globales, y que su rúbrica debía ir acompañada por uno de los otros dos autorizados. En este sentido ha asegurado que los pagos a un colaborador de una operación concreta no es nunca del conocimiento del secretario de Estado de Seguridad aunque haya sido incluido en los documentos que firmaba. En la documentación aportada a la causa, los policías no incluyeron el término Kitchen o el nombre de Sergio Ríos.

Ni palabra de los mensajes que señalan al ministro

El secretario de Estado de Seguridad ha evidenciado el pacto de no agresión con el ministro Fernández Díaz, con el que mantuvo un fuerte enfrentamiento durante la instrucción. El abogado de Francisco Martínez no ha formulado una sola pregunta sobre los cuatro mensajes que señalan a Jorge Fernandez Díaz en el caso Kitchen y que motivaron que el ministro se siente en el banquillo de los acusados con una petición de 15 años de cárcel de Anticorrupción. 

La sintonía entre ambos acusados se había apreciado durante la sesiones anteriores. Entre ellos y también entre los abogados de ambos. Uno de esos mensajes es el primer rastro de Kitchen en la causa. Fue enviado el 13 de julio de 2013 y en él, Fernández informaba a Martínez del nombre del colaborador de la brigada política, el chófer de la familia. 

Martínez sí ha aludido a este hecho, pero ni siquiera ha mencionado que la comunicación del ministro fuera por mensaje o que este fuera uno de los que él aportó a dos notarios cuando intuía que iba a ser imputado. Simplemente ha dicho que el ministro le preguntó si sabía de algún infiltrado en entorno de la familia Bárcenas y que antes de que le contestara, Fernández Díaz le facilitó a él el nombre del chófer.

El juicio del caso Kitchen alcanza este jueves su cénit con la declaración del principal acusado, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz. La Fiscalía Anticorrupción solicita para el político 15 años de prisión como máximo responsable del espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados. La operación Kitchen, como el comisario Villarejo bautizó al dispositivo, pretendía robar las pruebas que el extesorero del Partido Popular pudiera esconder de la financiación irregular de la formación durante más de veinte años. 

Fernández Díaz está en el mismo origen de la operación Kitchen, según la acusación. El exministro dejó el primer rastro que consta de la maniobra ilegal. El 13 de julio de 2013, a las 20:29, el entonces ministro del Interior envió un mensaje a su número dos, Francisco Martínez: “Chofer. B: Sergio Ríos Esgueva (ahora hay esa función con su mujer). Es importante”. Ríos Esgueva era el chófer de la familia Bárcenas que la brigada política captó como topo y pagó con los fondos reservados.

En el momento del mensaje, Bárcenas llevaba dos semanas en la cárcel y el juez Pablo Ruz le había citado tres días después a declarar. El extesorero había pedido hacerlo de forma voluntaria. Todas las alarmas estaban encendidas en la sede del PP en Génova ante la posibilidad de que Luis Bárcenas confesara la gestión de dos décadas de dinero negro de los empresarios. Unos fondos sin declarar que fueron utilizados para financiar el partido y pagar los sobresueldos de sus dirigentes, incluido el que aparece en los papeles como “M. Rajoy”.

El secretario de Estado de Seguridad con la Kitchen, Francisco Martínez, aportó el anterior mensaje y otros tres ante dos notarios en 2020. Circulaba ya el insistente rumor de que el número dos de Interior iba a ser imputado por la operación ilegal. Martínez leyó una entrevista a Fernández Díaz en la que el ministro se desentendía de cualquier operativo siquiera parecido a la Operación Kitchen y decidió anticiparse entregando a los notarios la prueba de que el ministro mentía. 

No ha habido más indicios directos de la implicación de Jorge Fernández Díaz en la operación. Es por eso que la defensa del exministro se centra en desacreditar los mensajes de WhatsApp. Durante la vista han declarado los dos peritos a los que acudió Martínez. Los dos han confirmado que se limitaron a comprobar que esos mensajes estaban en el teléfono propiedad del antiguo secretario de Estado y que habían sido enviados por alguien que aparecía identificado en el terminal como “Jorge Fernández Díaz”, pero que sus competencias no incluyen una pericial para determinar que ese número corresponde a determinado abonado. 

Cuando Fernández Díaz termine de prestar declaración le seguirá Martínez. Ambos protagonizaron un agrio enfrentamiento en el careo que organizó García Castellón en fase de instrucción. Martínez, sobre el que se especuló si elevaría las responsabilidades de Kitchen hacia arriba, mantiene una actitud conciliadora en los últimos años. En el Congreso justificó los comentarios incautados por la Policía en su móvil contra Rajoy, Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Fernández Díaz por la ofuscación y la soledad que llegó a sentir. 

Durante las sesiones del juicio, Martínez y el ministro se han comportado de forma cordial entre ellos. Sus abogados también han colaborado. El letrado de Martínez no formuló una sola pregunta al perito de la defensa que asegura que los mensajes ante notario están manipulados. El letrado Pedro Colina, del despacho de José Antonio Choclán, accedió a la petición de la defensa de Fernández Díaz de que el turno de sus declaraciones cambiara y el ministro fuera antes. Jesús Mandri, en representación de Fernández Díaz, utilizó el argumento de que todo lo que hay contra su cliente son los mensajes aportados por Martínez ante notario y que la Policía nunca encontró en su móvil cuando se presentó por sorpresa en su domicilio, en marzo de 2020.

Hasta ahora, la tesis de Francisco Martínez es la misma que la del grueso de los acusados: la Kitchen no existió, lo que ocurrió fue que la Policía emprendió una “operación de inteligencia” que buscaba el dinero de Bárcenas —pese a que ya habían aparecido 47 millones en Suiza— y a sus testaferros dentro de los casos caja B y Gürtel. La tesis se desmorona ante la evidencia de que el juez Pablo Ruz y el investigador policial a sus órdenes, Manuel Morocho, nunca supieron de la Kitchen mientras se estaban desplegando los seguimientos y la sustracción de información a la familia. Así lo ha detallado Morocho en su comparecencia en el juicio como testigo. 

La tesis de García Castellón

La tesis que ha llegado hasta el juicio es la del juez instructor, Manuel García Castellón, quien cerró el caso situando en su cúspide a Fernández Díaz. Los fiscales de Anticorrupción que impulsaron el caso, Ignacio Stampa y Miguel Serrano, denunciaron en el recurso contra el cierre de la instrucción de que García Castellón hubiera dibujado “una línea roja” de protección alrededor de la cúpula del Partido Popular y no ahondara en la línea de investigación que apuntaba abrumadoramente hacia María Dolores de Cospedal, la secretaria general de la formación.

Según esta tesis del juez, Fernández Díaz ideó la Kitchen sin comentarlo con su amigo y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Y lo hizo pese a que el ministro no aparecía en los papeles de Bárcenas y la prueba que pretendía robar el Ministerio del Interior era una supuesta grabación en la que Rajoy aparece hablando de la caja B con Bárcenas.

La misma tesis sostiene que las reuniones entre Cospedal y el comisario Villarejo estaban amparadas por el “derecho de reunión” y las instrucciones de la número dos del PP para “parar la libretita” (los papeles de Bárcenas) no son indicio para investigarla. Tampoco sumó para García Castellón las anotaciones de pago de Cospedal al comisario recogidas en las agendas de Villarejo, a las que la Policía da total credibilidad. 

El protagonista ausente del juicio del caso Kitchen es el comisario Enrique García Castaño, conocido en la Policía como 'El Gordo'. Las graves secuelas que sufre por un accidente cardiovascular motivaron que todas las imputaciones que pesaban sobre él en la macrocausa Villarejo fueran archivadas, también las derivadas de su papel destacado en el espionaje a Luis Bárcenas. Sus declaraciones durante la instrucción, cuando aún conservaba la salud, supusieron un hito: 'El Gordo' confesó la existencia de la operación, su participación en ella, que el objetivo era sustraer los “discos duros” de la caja B del PP y que él mismo recibió la orden de la cúpula del Ministerio del Interior para recuperarlos.

Las acusaciones solicitaron incorporar su testimonio al juicio. Desde el lunes de la semana pasada, el tribunal ha escuchado nueve horas de preguntas y respuestas del comisario durante siete comparecencias ante el juez Manuel García Castellón, entre enero de 2019 y diciembre de 2020. A diferencia del resto de jornadas del juicio, que comenzó el 6 de abril, estas sesiones no se han podido seguir a través de YouTube. El tribunal que preside Teresa Palacios ha alegado que durante las declaraciones de García Castaño se reprodujeron audios grabados por Villarejo y que, tanto en esos como en otras grabaciones del comisario, aparecen datos que afectan a la privacidad de terceros.

La vista es pública, por lo que cualquiera puede acceder a la sala de la Audiencia Nacional en un polígono industrial de San Fernando de Henares (Madrid). Desde el lunes de la pasada semana y hasta este miércoles, sesión incluida, la retransmisión por Internet ha estado cortada. Los espectadores por la web podrán regresar al juicio el jueves, cuando el ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez abra el turno de las declaraciones a los acusados.

elDiario.es ofrece a continuación una muestra de los audios que se han reproducido en la sala del juicio durante estas dos semanas y que no han podido ser seguidas en la retransmisión.

“Me comenta que en los discos duros está toda la contabilidad en A y en B”

Después de dos declaraciones en las que intenta esquivar la existencia de una operación ilegal y su responsabilidad en la misma, García Castaño comparece el 26 de marzo de 2019 como investigado y asegura desde el principio que va a colaborar. Cuenta que el director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, le había encomendado vigilancias a la familia Bárcenas porque las que realizaba la Unidad de Asuntos Internos no estaban dando resultado. Y que, en un momento dado, le dice que vaya a ver al número dos de Interior, Francisco Martínez.

“Hablo con él [con Martínez] y me dice que la preocupación que hay es que de la información que este señor ha robado o se ha llevado, no sé cómo ha hecho, unos discos duros en los que hay toda la contabilidad que en estos años ha estado realizando este señor. Por un lado, las donaciones que se le daban, que no se sabía cuántas donaciones, cuánto recibía y cuánto se quedaba. Por otro lado, los pagos que hacía en B y los pagos que no hacía en B y todo ese tipo de cosas”, dice ante el juez El Gordo, jefe entonces de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía, la élite en captación de fuentes, vigilancias y espionaje electrónico.

García Castaño acaba de confesar una orden desde la cúpula del Ministerio del Interior en 2013 para recuperar las pruebas –“discos duros”– que, al parecer, se había llevado Bárcenas de la sede de Génova sobre la caja B del partido en el Gobierno. El caso costaría el poder al PP mucho después, en 2018, cuando la primera sentencia del caso Gürtel dio por probada esa financiación irregular del partido durante al menos dos décadas, lo que motivó una moción de censura.

“Lo de la libretita sería mejor poderlo parar”

La frase que sentencia la implicación de Cospedal en la Operación Kitchen no ha podido ser escuchada tampoco mientras era reproducida en el juicio. Cospedal le da instrucciones a Villarejo para que evite la publicación de los papeles de Bárcenas, la contabilidad secreta del Partido Popular. Él le asegura que se pone manos a la obra. Cospedal declaró en el juicio, esta vez en abierto, que no había hablado nunca por teléfono con Villarejo. Esta es la evidencia de que mintió. Solo las informaciones periodísticas han permitido que se conozca.

“No te he podido conseguir más que billetes de 500”

La Operación Kitchen, como el resto de piezas del caso Villarejo, parte de la documentación incautada al comisario durante su detención en noviembre de 2017. En una de esas grabaciones aparece él mismo entregando la mensualidad de los fondos reservados que cobró durante dos años Sergio Ríos Esgueva, el chófer de la familia Bárcenas. Son 2.000 euros que en esta ocasión Villarejo le lleva en billetes de 500 euros. “No te he podido conseguir más”, le dice en referencia a que no ha podido llevarle billetes de menos importe.

Esa grabación es una de las pruebas del empleo de los fondos reservados, dinero público, en el pago de una operación que tenía como objetivo beneficiar al PP destruyendo las pruebas que le incriminarían en una causa judicial. En casa de Villarejo también aparecieron justificantes de los pagos al chófer.

“Llevaba una figura religiosa, por si alguien me veía”

El testimonio de García Castaño implicó el reconocimiento de varios delitos. Entre ellos, la sustracción de información de los teléfonos de Bárcenas que le suministró el chófer o el allanamiento de un local de Rosalía Iglesias donde supuestamente estaba el pendrive con las grabaciones del tesorero a Mariano Rajoy y Javier Arenas sobre la caja B del partido.

El comisario asegura que allí dentro no había nada mientras que Bárcenas ha declarado en el juicio que en un arcón guardó la memoria portátil donde se hallaban esas grabaciones y que dos meses después de salir de la cárcel fue a recogerlo y ya no estaba.

“Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”

Después de que estalle el escándalo de la Kitchen, los implicados empiezan a tomar posiciones para defenderse. En una reunión entre García Castaño y Villarejo este incita a su compañero a que amenace al número dos de Interior, Francisco Martínez, con tirar de la manta y difundir el material que tiene del PP.

La conversación es confusa, pero Villarejo parece aludir a los audios que incriminan a Rajoy, sobre todo uno en el que aparecería destruyendo la hoja de liquidación de la caja B de su partido. García Castaño dice que él no tiene nada, apenas “cuatro cosas de Bárcenas”. Villarejo sigue en su tesis: “¿Te parece poco? ¿Una operación para quitarle al Bárcenas los papeles que comprometían al presidente? No me jodas, macho...”. En un momento dado, García Castaño ha dicho: “Menos mal que fui listo y no se me ocurrió dárselo a nadie”.

“Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”

Uno de los aspectos de malversación de fondos públicos que se investiga en el juicio es el ingreso en la Policía del chófer de los Bárcenas con 42 años. El principal indicio es que Villarejo aparece en una grabación proponiendo la maniobra al secretario de Estado de Seguridad. “Si lo metemos a policía, lo tenemos pescado”, dice en el audio el comisario. Se refiere a que si ingresa en el Cuerpo, Sergio Ríos Esgueva nunca contará lo que hizo.

Uno de los acusados en el juicio de Kitchen, el inspector jefe José Ángel Fuentes Gago, pasó en dos años de presidente del sindicato de la escala superior de la Policía a cobrar un sueldo público de 14.000 euros brutos mensuales, como agregado del Ministerio del Interior en Países Bajos durante el Gobierno del Partido Popular. Tal fue la fortuna de Fuentes Gago que consiguió un destino en la misma ciudad del extranjero donde la Policía había destinado unos meses antes a su esposa. Ella era enlace del Cuerpo en Europol, también cargo de libre designación, con una retribución de más de 10.000 euros brutos mensuales. José Ángel Fuentes Gago obtuvo la mayor recompensa de cuantas repartió el Ministerio del Interior a todos los implicados en las maniobras de la brigada política durante la primera legislatura de Mariano Rajoy.

La confusión del término 'brigada patriótica', popularizado mediáticamente, radica en que ignora que sus integrantes, si actuaron por el amor a España, no fueron recompensados únicamente con el amor de España. Los policías, algunos de ellos con una carrera mediocre, engordaron sus cuentas bancarias con destinos en el extranjero, los mejor remunerados. A ello hay que sumar las primas de las medallas 'roja' al mérito, que incrementan en un porcentaje del 10% acumulables su asignación mensual de por vida. Siete de los ocho policías que se sientan en el banquillo de Kitchen fueron condecorados con una de ellas. Fuentes Gago y Bonifacio Díez Sevillano disfrutaron además de destinos en el extranjero.

Este lunes ha sido el turno para los testigos propuestos por la defensa de José Ángel Fuentes Gago en el juicio de Kitchen. El comisario Juan Rueda ha sido propuesto con la intención de descartar irregularidad alguna en el nombramiento de Fuentes Gago. Sin embargo, su testimonio ha evidenciado la discrecionalidad de un sistema aprovechado para repartir recompensas.

Rueda fue subdirector general de Relaciones Internacionales y ejercía de secretario de la Comisión de Destinos en el Exterior. El testigo ha explicado: “Cada Cuerpo [Policía y Guardia Civil] nos mandaba un listado de todos los candidatos que habían solicitado ese puesto y sus currículums. No obstante, la Dirección nos mandaba una terna de los tres que consideraba más idóneos”. El comisario ha añadido: “Si en la comisión no nos parecía que eran idóneos podíamos analizar los currículums de los compañeros que habían solicitado esa plaza”.

Los abogados no han preguntado a Rueda si en alguna ocasión desoyeron las recomendaciones de “la dirección”. Sin embargo, el comisario ha tenido que precisar quién representaba a esa “dirección”. “¿Entiendo que se refiere al director adjunto operativo (DAO)?”, le ha preguntado el abogado del PSOE. “Sí, porque el director general estaba en la comisión”, ha respondido Rueda. Traducido al lenguaje de Kitchen: Ignacio Cosidó, que se ha librado de la imputación, participó como director general de las recompensas de los destinos en el extranjero. Y quien los promovía no era otro que Eugenio Pino, DAO de la Policía entonces y para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita 15 años de cárcel por la operación Kitchen.

El comisario Juan Rueda ha olvidado comentar que, en ocasiones, ni siquiera llegaban tres recomendados por Pino y que solo había un nombre en la lista. Fue el caso del acusado en Kitchen Bonifacio Díez Sevillano, quien había ejercido de mano derecha del DAO hasta que este le recomendó en exclusiva para el puesto de agregado de Interior en México, donde se embolsó 11.000 euros netos al mes hasta que fue cesado con el cambio de Gobierno. Ocurrió igual con Jesús Vicente Galán, jefe de seguimientos en Asuntos Internos cuando la Unidad se implicó en el espionaje a Bárcenas. Galán solo ha comparecido como testigo en el juicio. Su destino, con una retribución similar, fue Mauritania.

El acusado José Ángel Fuentes Gago ejerció de presidente del Sindicato Profesional de Policía (SPP) durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Conjurado entonces para acabar con la “politización” del Cuerpo por los socialistas, Fuentes Gago comenzó a colaborar estrechamente con Ignacio Cosidó, aún con el PP en la oposición. Fuentes policiales elevan su influencia hasta el punto de que los dos nombramientos más relevantes de la Policía con el siguiente Gobierno fueron susurrados por él: Eugenio Pino, como número dos, y Enrique Barón, comisario general de Información.

Fuentes Gago aguantó en el sindicato hasta la primavera de 2013. Entonces se incorporó a un puesto en Policía Judicial de Cantabria. En enero de 2014 pasó a ser letrado de la Jefatura Superior de esa comunidad autónoma. Las acusaciones sospechan que el destino en Santander era una cobertura formal a su trabajo real, como 'hombre para todo' de Eugenio Pino en constantes viajes a Madrid. Su defensa intenta demostrar que cuando se desarrolló el núcleo de la operación Kitchen, en el verano de 2013, Fuentes Gago no estaba en la capital.

La comisión del Congreso de los Diputados sobre el uso partidista de la Policía concluyó que el Gobierno había hecho un uso “fraudulento” del catálogo de puestos de trabajo en el Cuerpo con el fin de esconder los verdaderos destinos los agentes dedicados a espiar a la oposición. La documentación recabada por los diputados sirvió para concluir que Fuentes Gago estuvo destinado en Casa Real entre el 13 de enero y el 8 de octubre de 2015. En realidad, el policía nunca pisó la Zarzuela, pero en esos meses viajó en ocho ocasiones a Cataluña, en pleno apogeo de la guerra sucia a los separatistas.

El uso irregular del catálogo de puestos de trabajo en la Policía apareció de forma reiterada en el interrogatorio de la comisión de investigación a Pino. El DAO despachó las preguntas con displicencia hacia los diputados. Ante ellos aseguró que esa práctica entraba dentro de la normalidad más absoluta del funcionamiento de la Administración. Es más, aseguró que destinó a Casa Real a Fuentes Gago porque algunos sindicatos y el PSOE se habían quejado de los 16.000 euros en dietas que costaba tenerle en Madrid cuando su destino era un puesto anodino en Santander.

José Ángel Fuentes Gago estuvo destinado en La Haya hasta que hubo un cambio de Gobierno. Fueron casi tres años en los que pudo embolsarse alrededor de medio millón de euros de fondos públicos, gastos aparte y sin contar lo que percibía su mujer, a la que también había enviado a La Haya el Gobierno del PP.

“Con un mandato” de Rajoy

Durante su destino como representante del Ministerio del Interior en Países Bajos, Fuentes Gago viajó a Nueva York a reunirse con un exministro de Hugo Chávez para que firmara una declaración dando por buena una fotocopia de unos supuestos pagos a fundadores de Podemos. En la grabación de esa reunión se le oye decir que si Podemos no llega al Gobierno, “mejor para todos”. También confiesa a su interlocutor que ha viajado hasta allí “con un mandato” del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la lista de servicios al Gobierno del Partido Popular, Fuentes Gago aparece como el muñidor de la entrevista entre el director de Antifrau, Daniel de Alfonso, y el ministro Fernández Díaz, en la que se aborda la operación Cataluña. O el informe que exculpó de cualquier irregularidad al comisario Villarejo después de que El País publicara que el policía tenía 12 sociedades en paraísos fiscales.

Fuentes Gago fue destinado a un puesto burocrático en la Jefatura Superior de Policía de Madrid cuando el PSOE llegó al Gobierno. Allí permaneció hasta abril de 2021. Entonces, el Sindicato Profesional de Policía (SPP) que presidió le liberó para ejercer la actividad de defensa laboral de los agentes. Unos meses después, en septiembre, la Dirección de la Policía le suspendió de empleo y sueldo por su procesamiento en Kitchen. Su recurso por la vía contencioso-administrativa no prosperó. En la actualidad trabaja en una academia para la formación de opositores a la Policía.

Por primera vez una sentencia judicial da por acreditada la guerra sucia sin muertos que practicó el Gobierno del Partido Popular contra Podemos, especialmente virulenta cuando en 2016 la formación vislumbró la posibilidad de alcanzar el poder. La Audiencia Nacional ha condenado al comisario José Manuel Villarejo a 3 años y medio de prisión por haber entregado a dos medios de comunicación la tarjeta de un teléfono previamente robado, propiedad de Dina Bousselham, estrecha colaboradora de Pablo Iglesias. El objetivo, dice el fallo, era “el descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general”.

En el momento de los hechos, Villarejo era un puntal del grupo de mandos policiales, la brigada política, que actuaban en las operaciones Cataluña y Kitchen, las otras dos patas de la guerra sucia del Partido Popular. Por el espionaje a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados, Villarejo se enfrenta a una petición de Anticorrupción de 19 años de cárcel en un juicio que se celebra estos días. 

La sentencia de la Sección Tercera considera probado que Okdiario y El Confidencial publicaron varias informaciones que redundaban en el “descrédito” de Podemos y de su partido a partir del material contenido de la tarjeta del móvil Dina Bousselham. A los periodistas les llegó el material robado de manos del comisario Villarejo, condenado en consecuencia por un delito de revelación de secretos. 

“El acusado José Manuel Villarejo Pérez descargó sus archivos [de la tarjeta] en un lápiz de memoria, creando los días 14 de abril y 11 de julio de 2016, dos carpetas tituladas Dina 2 y Dina 3, haciendo entrega de tales archivos descargados a periodistas de su círculo de confianza, entre los que uno y otros eran recíprocamente fuentes informativas, para que se elaboraran y publicaran diversas informaciones en descrédito del partido político Podemos y del por entonces secretario general, Pablo Iglesias Turrión”, describe el fallo. 

Okdiario sacó de la tarjeta material para ocho informaciones periodísticas sobre comentarios de Pablo Iglesias y otros líderes del partido en un chat. El Confidencial, por su parte, publicó tres noticias con material de la tarjeta, según el fallo. Previamente, dos periodistas del Grupo Zeta habían hecho entrega al comisario de una copia de la tarjeta que aseguran había llegado de forma anónima a su medio. 

Tres batallas de la guerra sucia

El Ministerio del Interior desarrolló al menos tres operaciones de carácter político contra la oposición durante la primera legislatura de Mariano Rajoy. Una de ellas se juzga estos días, consistente en utilizar a la Policía para hacer desaparecer las pruebas que el tesorero del PP Luis Bárcenas pudiera tener sobre la financiación irregular del partido. 

La primera de esas maniobras extrajudiciales fue la Operación Cataluña. Como en el caso de Podemos se buscaba el descrédito de unos políticos, los líderes del proceso soberanista. El desinterés o la negativa de jueces y fiscales ha motivado que la Operación Cataluña no sea objeto de una gran causa judicial en la Audiencia Nacional, si bien el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia firme por una de sus escaramuzas: el intento de introducir material robado sobre los Pujol en el caso contra el expresident y su familia. El director adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino fue condenado a un año por revelación de secretos. Ahora se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en el caso Kitchen.

La guerra sucia contra Podemos es investigada en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional entre continuas cortapisas. El juez Santiago Pedraz admitió en febrero de 2024 una querella del partido a partir de los mensajes incautados al ex número dos de Interior en el caso Kitchen sobre las maniobras contra la formación política. Desde entonces el caso avanza lentamente y casi únicamente por el impulso de los abogados de la formación política. 

Las declaraciones de testigos e imputados, así como abundante documentación incorporada a la causa, han ido permitiendo cuadrar el puzle de la guerra sucia contra el partido. Este avance se ha producido pese a obstáculos como la negativa del juez a solicitar información clave a la Policía o la de incorporar a la investigación el montaje contra el fundador de Podemos Miguel Urbán. La Policía acusó falsamente a Urbán de financiar el partido con la venta de 40 kilos de cocaína con el objetivo final de atribuir financiación irregular a Podemos. En unos casos y otros las decisiones de Pedraz han sido corregidas por la Sala de lo Penal. 

Esos obstáculos judiciales a esclarecer la guerra sucia contra el partido de Iglesias tienen un precedente en la actuación del instructor de la causa Tándem o Villarejo, donde se enmarcó la pieza Dina. El juez Manuel García Castellón quiso convertir los indicios contra Villarejo en una causa contra el entonces vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, por haber guardado la tarjeta que le dieron los periodistas de Zeta durante seis meses sin informar a su colaboradora. 

García Castellón dirigió todos los esfuerzos del caso Villarejo, entonces la entonces causa judicial más relevante en los tribunales, en lograr la imputación del vicepresidente del Gobierno progresista. Finalmente, el Tribunal Supremo rechazó imputar a Iglesias ante el relato sin fundamento e interesado de García Castellón. 

La sentencia del caso Dina no ahonda en si Villarejo actuó a las órdenes de sus superiores, embarcados, por otra parte, en una operación para dañar a Podemos, muy intensa en el momento de la filtración de la tarjeta de Bousselham a medios afines. El fallo dice incluso que no elaboró notas informativas, como sí hizo en la operación Cataluña, sobre el asunto de Podemos. 

Una nota informativa sobre Podemos atribuida a Villarejo, que no consta en el procedimiento Dina, ya forma parte de la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 sobre la guerra sucia a Podemos. Se trata de un escrito sobre la supuesta existencia de “pitufeo” —un método de blanqueo de capitales en pequeñas cantidades— dentro del partido y que se utilizó para vincular la falsa venta de cocaína por Urbán con dicha práctica. 

Las agendas de Villarejo

Por otra parte, las agendas de Villarejo describen que el comisario atacó a la formación política prácticamente desde su formación y que lo hizo en contacto permanente con la cúpula del Ministerio del Interior. Las agendas son valoradas por los investigadores como un indicio consistente que luego se debe contrastar con hechos acaecidos. El investigador policial del caso Villarejo lo enunció así en el juicio de Kitchen: “El señor Villarejo no se engaña a sí mismo. [Las agendas] eran para consumo interno”.

La sentencia del caso Dina ha sido dictada por los tres mismos jueces que integran el tribunal del caso Kitchen. Su ponente, como ocurrirá con el fallo del espionaje a Bárcenas, ha sido la presidenta de la Sección Tercera, Teresa Palacios. La mención a que Villarejo no tenía encomendada formalmente ninguna investigación sobre Podemos puede ser una señal sobre el futuro fallo e Kitchen. Allí los investigados defienden que trabajaban en encontrar un supuesto dinero escondido por Bárcenas, pero la acusación se centra en que esa investigación como tal nunca existió, ocultando el verdadero interés, que era sabotear el caso de la caja B del PP.  

Hugo Chiquero, quien firmó en 2016 dos declaraciones responsabilizando a Miguel Urbán de la venta de 40 kilos de cocaína venezolana en un pub de Malasaña, ha declarado este viernes en la Audiencia Nacional que no recuerda nada de sus confidencias a la Policía, según fuentes presentes en la comparecencia. Chiquero ha dicho no recordar los hechos que denunció y a duras penas ha reconocido que acudió a la Policía, aunque tampoco ha acertado a ofrecer ningún detalle de su colaboración.

El 'soplón' ha comparecido como testigo en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por las maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del Partido Popular. En la causa está imputado el exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez y varios miembros de la brigada política del PP.

En las notas que el comisario José Luis Olivera envió a la Fiscalía Antidroga, con el objetivo de investigar a Miguel Urbán y a Podemos, aparecía una declaración de Chiquero en la que el confidente escribía a bolígrafo en los márgenes que alguien había dejado alguien previamente entre frases impresas. Chiquero ha dicho que no acertaba a ver si era su letra cuando el abogado de Podemos ha pedido que se le mostrase aunque sí ha reconocido su firma al pie.

En esa declaración, el testigo aseguraba que Miguel Urbán entró a finales de 2015 en el pub en el que él supuestamente trabajaba, el Nueva Visión de Malasaña, y que junto con el dueño subieron al piso superior y vendió a un tercero 40 kilos de cocaína. Con las ganancias habría invitado a los presentes en el bar mientras esparcía cocaína en la barra para que esnifaran todos y gritaba que la operación era para financiar a Podemos, según Chiquero.

Con ese disparatado testimonio, Olivera, que estos días se sienta en el banquillo de la operación Kitchen, impulsó una operación contra Miguel Urbán, fundador de Podemos, que pretendía llegar a las cuentas del partido durante los meses en los que la formación aspiraba a alcanzar el Gobierno en coalición con el PSOE, en 2016. En esa época, Urbán era eurodiputado de Podemos. Chiquero también le acusó de trapichear con droga por las esquinas de Malasaña.

El fiscal del caso, Vicente González Mota, ha preguntado a Hugo Chiquero sobre lo que contó a la Policía o si esta le condicionó. Él ha respondido que no se acordaba. Lo que sí recordaba es que la Fiscalía Antidroga no le coaccionó cuando fue allí a ratificar su testimonio ante la Policía.

González Mota también le ha preguntado a Chiquero si ha tenido problemas con la justicia, a lo que ha respondido que no. También ha negado que cobrara por aquella colaboración. Chiquero ha dicho que ningún policía se ha puesto en contacto con él antes de su declaración. El testigo ha comparecido por videconferencia desde Toledo.

La representación del PSOE, que ejerce la acusación popular, ha requerido a Chiquero por si sabía si Miguel Urbán era “alto o bajo” y si tenía pelo o era calvo. El testigo ha contestado negativamente: no recordaba nada de eso. En su nota informativa, Olivera trasladaba a la Fiscalía que Urbán era amigo del 'soplón' y que este llevaba una foto de él en la cartera en la que también aparecía el dueño del Nueva Visión.

El montaje de la cocaína contra Miguel Urbán es una línea de investigación dentro de la causa de la guerra sucia contra Podemos. El juez Santiago Pedraz investiga el caso obligado por la Sala de lo Penal, que corrigió su decisión de archivar las actuaciones en este sentido.

Por ahora han prestado declaración tanto el perjudicado, Miguel Urbán, como Olivera y dos de sus subordinados, que intentaron enmarcar en la normalidad su actuación por la trascendencia de los hechos denunciados por Chiquero. “Era perfectamente creíble”, llegó a afirmar ante el juez Miguel Ángel Barrado, comisario jubilado que pasó décadas en la lucha contra el narcotráfico. Por ahora, Pedraz se ha negado a imputar al cerebro del montaje, José Luis Olivera.

El inspector jefe de la Policía Manuel Morocho ha revelado un dato que vuelve a vincular a María Dolores de Cospedal con los acusados en el caso Kitchen, concretamente con José Luis Olivera. Después de que hayan quedado acreditados los nexos entre la exsecretaria general del PP y el comisario Villarejo –sin que haya tenido consecuencias penales para ella–, Morocho ha explicado en el juicio que el jefe de la UDEF en 2009 le confesó que él había filtrado a Cospedal uno de los documentos incautados al número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sobre la presunta relación de Luis Bárcenas con el caso de corrupción.

A preguntas de la abogada del PSOE, Morocho ha dicho que identificaron las siglas L.B en los documentos incautados al grupo de Correa por la suma de varios indicios. Uno de ellos fue una copia digital de un fax en la que el número dos de la trama, Pablo Crespo, identifica a Luis Bárcenas al lado de esas siglas. El documento está relacionado con “unas instrucciones concretas” sobre unos proyectos a los que aspiraba el grupo Ros Roca en Castilla y León.

En ese momento, José Luis Olivera era el jefe de la unidad anticorrupción de la Policía y, por tanto, jefe de Morocho. Así ha relatado el policía lo ocurrido ante el tribunal del caso Kitchen: “Me dice: oye, dame el fax. Yo se lo di, como otros documentos que me pedía. Me dijo: 'ese documento ya me he encargado yo de que lo tuviera Cospedal'. Yo me quedé estupefacto. Me dijo: 'Lo tiene en su caja de seguridad'. No sabía qué decirle ni por donde me venían los tiros. Era un documento importante para construir la prueba en el procedimiento”.

La revelación de Morocho ahonda en los indicios sobre cómo los mandos policiales Villarejo y Olivera sabotearon el caso Gürtel, mucho antes de que arrancara la pieza de la caja B del PP. En una grabación de Villarejo se le escucha contar a la comunicadora Ana Rosa Quintana cómo él mismo y Olivera, que está presente en el encuentro, evitaron que el caso Gürtel alcanzara a la cúpula del Partido Popular.

La filtración del documento a Cospedal se produjo durante el Gobierno socialista de Zapatero y en fechas próximas a que Villarejo conociera a la secretaria general y esta, junto a su marido, anticipara al policía el encargo de “trabajos puntuales”, tal y como recoge una grabación realizada en pleno estallido del caso Gürtel.

Cospedal ignoró durante su declaración como testigo el textual de las grabaciones que constan en la causa Kitchen de ella hablando con Villarejo y, sobre el encargo de trabajos al comisario, se limitó a negarlos. “Yo no le hacía encargos. Le hacía preguntas”, aseguró la antigua número dos del PP.

Los primeros fiscales Anticorrupción del caso intentaron indagar en la relación entre Villarejo y Cospedal desde su inicio, pero a eso también se negó el instructor de la causa, el juez Manuel García Castellón. El magistrado archivó la investigación contra ella en un auto en el que dejó por escrito que las reuniones entre la política y el comisario estaban amparadas por el “derecho de reunión”.

Tanto Villarejo como Olivera están en el banquillo de los acusados como partícipes de la operación de sabotaje a la causa judicial de la caja B del PP. A Olivera se le acusa de haber intentado sobornar a Morocho con un puesto en Lisboa, primero, y luego en la embajada que él quisiera. Ambos puestos estaban altamente remunerados.

El policía ha vuelto a explicar estos hechos en la jornada de este miércoles y su negativa. Olivera recibió una llamada de alguien a quien llamó “ministro” durante el encuentro del ofrecimiento y lo utilizó para demostrar a Morocho que la oferta estaba avalada por el propio Jorge Fernández Díaz.

'Cospedín' supervisaba el trabajo de Morocho

Otro de los indicios que ha apuntado a Cospedal durante esta jornada ha sido la afirmación de Morocho de que los informes que él realizaba sobre la caja B del PP se demoraban meses en la mesa de sus superiores antes de ser enviados al juzgado. Esos informes eran analizados por un inspector jefe entonces sin competencias para ello, Andrés Gómez Gordo, al que sus compañeros llamaban “Cospedín”.

Gómez Gordo había regresado a la Policía para gestionar la colaboración del topo Sergio Ríos. Cuando se captó al chófer de la familia Bárcenas, Gómez Gordo trabajaba como jefe de la escolta de Cospedal en la Presidencia de Castilla-La Mancha. Se sienta en el banquillo de Kitchen con una petición de cárcel de Anticorrupción de 15 años.

Morocho ha afirmado que supo de la intervención de Gómez Gordo sobre sus informes porque “un día se le escapó” a Manuel Vázquez, 'el Fiti', jefe en ese momento de la UDEF y que ha declarado como testigo en Kitchen.

La gravedad de la intervención de Gómez Gordo radica en que, según ha deslizado Morocho, está vinculado con que el Partido Popular tenía los informes de la Policía y de Hacienda sobre el caso de la caja B antes que el juez. “Era consciente, yo no, el auto de diciembre de 2013 del juez Ruz, en el sentido de que había un conocimiento de la representación del PP de los informes de la Agencia tributaria y la Policía, puesto que critican el contenido y lo ponen en un papel. Estaban tanto tiempo [en manos de sus jefes] hasta que se entregaban que eran escrutados desde diferentes ángulos”, ha expuesto el policía.

Mariano Rajoy abrió este jueves un frente más en el intento por limpiar su legado. A la recurrente insistencia por negar que presidió un partido que se financió con dinero negro de los empresarios, y que él mismo recibió parte de esos fondos, suma ahora la defensa de la actuación del Ministerio del Interior durante su primer gobierno. El expresidente negó la guerra sucia del caso Kitchen y, alineado con los acusados, defendió “una operación policial legal” que buscaba el dinero que pudiera tener escondido Luis Bárcenas y descubrir la identidad de sus testaferros. La tesis contraria, según la cual una operación parapolicial trató de sabotear el caso judicial de la caja B, sienta en el banquillo al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita una condena de 15 años de prisión.

Habían preguntado ya a Rajoy las acusaciones populares de PSOE y Podemos cuando el abogado de Villarejo interrogó al expresidente por si se interesó por una operación “de inteligencia sobre las cuentas en el extranjero” de la mujer de Bárcenas, Rosalía Iglesias. Rajoy respondió que no, pero añadió que quería decir algo más al respecto. “Lo conocí luego. No ha habido ninguna operación política. Luego conocimos que hubo una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Pero era una operación policial. Estoy convencido de que esa operación se adecuó a la legalidad”, afirmó el testigo.

Las defensas del caso Kitchen esgrimen esta versión porque, entre otros motivos, no pueden negar los seguimientos a la familia de Bárcenas ni los pagos con fondos reservados al chófer de la familia para que actuara de topo. La prueba de todo ello es abrumadora. Casi dos años después de arrancar el dispositivo, uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo, al que los demás llamaban 'Cospedín' por su relación profesional con la entonces secretaria general del PP, introdujo una serie de datos en las bases policiales para que pareciera que estaban compartiendo sus trabajos con los verdaderos investigadores de la caja B. No sirvió y 'Cospedín' y el resto han acabado en el banquillo.

Nada más aportó Rajoy. Con esta frase, además de negar un operativo tan grave cuando aún no llevaba dos años en el poder, Rajoy salió al rescate de su amigo Fernández Díaz. La tesis que se juzga es que el ministro del Interior fue el máximo responsable político de aquella operación Kitchen. El juez instructor dibujó “una línea roja de protección” alrededor de la cúpula política del partido, según escribieron los fiscales del caso. Pero su tesis triunfó ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Rajoy no respondería por la operación Kitchen –tampoco Cospedal– y el trámite de su declaración como testigo sería la única consecuencia para él.

Rajoy afirmó que su percepción de Bárcenas cambió cuando supo que tenía 47 millones escondidos en Suiza. La de los investigadores del caso Gürtel también. La primera prueba del botín en el extranjero fue una comisión rogatoria sobre la existencia de una cuenta en el Dresdner Bank con 22 millones que llegó a España el 16 de enero de 2013. El 14 de junio siguiente, ya con los papeles de Bárcenas publicados, se recibió otra información judicial suiza con el hallazgo de 25 millones de euros en el Lombard Odier.

El primer rastro de la operación Kitchen, o del operativo legal para Rajoy, es del 13 de julio de 2013. Habían pasado siete meses desde que empezara a aflorar la fortuna del tesorero, pero según Rajoy, en el verano se activó una operación secreta y legal para encontrar más dinero y testaferros. Una operación que se inició 48 horas antes de que Bárcenas declarara, a petición propia, después de pasar 18 días en prisión y de que El Mundo publicara una confesión realizada con anterioridad sobre la financiación irregular del PP.

Según Rajoy, no fue el temor a que el PP implosionase por aquellas revelaciones lo que motivó las maniobras de policías ajenos a la investigación del caso Gürtel y la caja B. En la versión del expresidente coincidió que unos policías comenzaron a investigar el caso de la caja B de espaldas al juez porque era su “obligación”.

“No tengo ni idea de lo que es eso”

Y si no existió una operación ilegal, continuaría el razonamiento del expresidente, él no pudo participar en ella, ni siquiera confluir en su interés por que la caja B del PP no aflorara. Y con ella las anotaciones sobre pagos a “M. Rajoy” incluidas. Por eso, sus contactos con el tesorero en aquellos meses eran tan insignificantes que los ha olvidado. Solo recuerda uno y porque ha aparecido publicado “casi todos los días” en estos últimos quince años, según explico al tribunal. Es aquel que escribió en SMS a Bárcenas cuando de la confesión del tesorero pendía su futuro: “Luis, sé fuerte”. A la postre, la primera sentencia del caso Gürtel incluyó una alusión a la caja B que desvelaría Bárcenas y eso motivó una moción de censura que terminaría desalojando del poder al autor del mensaje de texto.

Rajoy también dijo que no recordaba otro mensaje de Bárcenas en el que éste le pedía “hablar con Javier [Arenas]” el 5 de marzo de 2013, con los papeles de la caja B ya publicados y la amenaza de prisión para el tesorero en pie. “No lo recuerdo. No sé si me lo mandó o no. Reconocerlo no puedo porque no lo he mandado yo”, plantó Rajoy. “¿Recuerda que Bárcenas le dijese que tenía que hablar con Javier?”, le insistió la abogada del PSOE. “No”, zanjó Bárcenas.

El 26 de abril de 2012, Rajoy había escrito otro SMS a Bárcenas: “Luis, nada es fácil, hacemos lo que podemos”. La acusación de Podemos le preguntó por este mensaje y Rajoy respondió: “No tengo ni idea de lo que es eso”. Otro SMS que le escribió el tesorero decía: “Tú sabrás a lo que estás jugando”. Respuesta del expresidente: “Es un mensaje de hace más de 13 años. Ni me suena”.

La pregunta del abogado de Villarejo a Rajoy por si se interesó por una “operación de inteligencia” sobre Rosalía Iglesias está precedida de la afirmación del comisario en 2021 en el Congreso acerca de que él informaba a Rajoy de los avances de Kitchen a través de un número de teléfono que le habían facilitado. El juez García Castellón citó a Villarejo, que le entregó el número. Comenzaron unas pesquisas que no se agotaron por el cierre de la instrucción decretado por el magistrado el 29 de julio de 2021.

Rajoy no llegó a estar imputado. Ni siquiera declaró como testigo. Los indicios contra Cospedal no tenían relevancia penal, concluyó García Castellón. Y la responsabilidad de la Kitchen recayó en Fernández Díaz y en su secretario de Estado. A este último también le lanzó un diminuto salvavidas Rajoy este jueves. La defensa de Fernández Díaz le preguntó por las responsabilidades de un ministro del Interior sobre los fondos reservados, habida cuenta de que Rajoy también fue responsable de la cartera en 2001.

“A veces da la sensación de que no queremos ser conscientes de cuál es la funcionalidad de un ministro o secretario de Estado. No es tener confidentes ni saber en qué se gasta el dinero porque no tiene sentido. Es disparatado. Jamás supe nada de confidentes ni operaciones, ni fondos reservados y estuve un tiempo en el Ministerio del Interior”, dijo Rajoy. En su exposición de motivos, la ley que regula los fondos reservados, 11/1195, destaca en su exposición de motivos “la especial obligación de los ministros que tengan a su disposición gastos reservados de informar periódicamente a la comisión parlamentaria”.

Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz escuchaban a Rajoy desde los bancos para los acusados. “El secretario de Estado firmaba las grandes partidas (...) A partir de ahí no hacía absolutamente nada. Es absurdo pretender que el secretario de Estado se dedique a eso”, afirmó. Tanto Fernández Díaz como Martínez están acusados de malversación de fondos públicos, entre otros delitos.

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha negado este jueves, ante el tribunal de Kitchen, cualquier relación con una operación ilegal de espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. Rajoy ha ido más allá y ha negado que aquella maniobra parapolicial, con cargo a los fondos reservados, fuera una operación ilegal por la que su ministro del Interior se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 15 años de cárcel. El antiguo jefe del Ejecutivo, que comparecía como testigo, con obligación de decir verdad, ha dicho también que no recordaba uno solo de los mensajes que se intercambió con Bárcenas en aquella época, en pleno estallido del caso de la caja B del PP.

Rajoy se ha excusado en que los mensajes de Bárcenas no los enviaba él y que, por tanto, no los recordaba. Solo ha admitido saber de uno de ellos, aquel el que él mismo le pedía ser “fuerte” ante las imputaciones que pesaban sobre el guardián del secreto de la caja B del partido que Rajoy presidía. “De ese me he acordado porque a lo largo de 15 años se ha publicado casi todos los días, así que supongo que sí”, ha dicho sobre la existencia del mensaje.

Cuando Rajoy excusaba su desmemoria en el hecho de que era Bárcenas quien enviaba los mensajes, la abogada del PSOE, Gloria Pascual, le ha exhibido una llamada perdida que él hizo al tesorero el 6 de marzo de 2013, antes de que entrara en prisión. La presidenta del tribunal ha declarado improcedente la pregunta, como ha ocurrido en numerosas ocasiones durante el interrogatorio, y Rajoy no ha llegado a contestar.

Cuando se le ha preguntado por el SMS en el que Rajoy trasladó a Bárcenas “hacemos lo que podemos”, el testigo ha contestado: “No tengo ni idea”. Los mensajes se produjeron dos meses después de que se descubriera la cuenta de Bárcenas con 48 millones de euros en Suiza. Sin embargo, Rajoy había declarado un poco antes que su “relación” con el tesorero cambió cuando se produjo ese descubrimiento.

La acusación popular del PSOE ha abierto el interrogatorio a Rajoy por constituir la parte que pidió su comparecencia en el juicio. Rajoy ha comenzado respondiendo a varias preguntas con un escueto “no”, como cuando se le requirió por su posible conocimiento de la operación Kitchen. Al ser preguntado sobre los apelativos como 'El Asturiano' o 'El Barbas' que utilizaban Villarejo y otros miembros de la brigada política para referirse a él, a su conocimiento de la operación y las peticiones que querían trasladarle, Rajoy ha dicho: “Yo me llamo Mariano Rajoy, como todo el mundo sabe, y luego cada uno me llama como quiere. Por lo tanto, pregúntele a ellos”

Más adelante, Rajoy se ha explayado al respecto: “No hubo ninguna operación política. Luego conocimos que había una operación policial cuyo objetivo era coger el dinero del señor Bárcenas y averiguar quiénes eran sus testaferros. Ni el ministro ni el presidente del gobierno están en las operaciones policiales. Estoy convencido de que esa operación policial se adecuó a la legalidad”.

Rajoy se ha enfrentado a todas las evidencias obtenidas durante la instrucción y el juicio de que la operación Kitchen no tenía nada que ver con la investigación contra Bárcenas en la Audiencia Nacional. Respecto al uso de fondos reservados, Rajoy ha apelado a sus dos años como ministro del Interior para asegurar, en contra de lo que dice la Ley, que el titular de la cartera no tiene ninguna responsabilidad sobre los fondos reservados. También ha dicho que el secretario de Estado de Seguridad no conoce el detalle de su uso. Francisco Martínez, que ocupó ese cargo durante el mandato de Rajoy, también se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción no ha formulado una sola pregunta a Rajoy. César Rivas ha llegado incluso a interceder por los intereses del testigo al interrumpir una pregunta de la abogada del PSOE por considerarla improcedente.

Mariano Rajoy también ha negado ordenar al abogado Javier Iglesias hacer tres ofertas diferentes a Bárcenas, antes de ingresar en prisión y ya dentro, para que no tirara de la manta en el caso de la caja B. En contra de lo declarado en el pasado por Iglesias, que dice que conoce a Rajoy, pero niega esos ofrecimientos, el expresidente del PP y del Gobierno ha dicho que vió a Iglesias en Génova “dos o tres veces” porque era el abogado del extesorero del partido Álvaro Lapuerta. Durante la instrucción, el juez Manuel García Castellón nunca citó a Rajoy a declarar, ni siquiera como testigo.

Cospedal no recuerda que mandó parar “la libretita” de Bárcenas

La desmemoria ha inundado igualmente la declaración de María Dolores de Cospedal, que ha comparecido a continuación. Hasta tal punto que las grabaciones que obran en la causa no son recordadas por la exsecretaria general del PP, quien llegó a estar imputada. Cospedal ha dicho que no recuerda haber hablado nunca por teléfono con Villarejo pese a que una de sus llamadas es recogida en una grabación del comisario, incorporada a la causa, en la que ella dice, en relación con los papeles de Bárcenas: “Eso de la libretita sería mejor poderlo parar”.

La citada conversación se produjo en el verano de 2013. Cospedal ha dicho que tampoco recuerda haber prometido a Villarejo que hablaría en 2017, cuatro años después, con el ministro de Economía y con el fiscal general, cuando ella era ministra de Defensa, para intentar solucionar los problemas judiciales y con el Sepblac (Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales del Banco de España), que ya entonces se cernían sobre el comisario. Esa grabación está incorporada igualmente a la causa, si bien ni el juez García Castellón, ni su sucesor, Antonio Piña, decidieron valorarla como le había pedido Asuntos Internos.

La ceremonia de la confusión en la declaración de Cospedal ha arrancado ya al principio. Cospedal ha dicho que cuando conoció al comisario este era un policía “en excedencia con empresas y recién condecorado por el ministro [socialista] del Interior”. Se refiere a una medalla roja que no puede ser concedida a policías en excedencia. Además, Villarejo había vuelto de su excedencia a la Policía en 1993, un total de 16 años antes del encuentro en el que ambos se conocen en el despacho de Cospedal en la sede nacional del PP en la calle Génova.

De la grabación que no ha podido escapar Cospedal ha sido de la que recoge esa primera entrevista con Villarejo en 2009. Ha reconocido que se lo presentó su marido porque el comisario quería conocerla y que ella accedió. “Si una persona pedía verme, y era una persona normal y corriente, que no tuviera ningún problema de ninguna parte... yo recibía a mucha gente y era una persona [Villarejo] que, según decía él, tenía unas magníficas relaciones con toda la prensa. Y yo creo que todos los periodistas hablaban con él”, se le ha ocurrido a Cospedal.

La ex secretaria general del PP ha desarrollado su interés por Villarejo: “Estábamos siendo observados, espiados, seguidos por alguien que tenía que ver con el Ministerio del interior”. En aquella época, Cospedal consiguió organizar un gran revuelo con la tesis del espionaje por parte del Gobierno socialista de la sede del PP, una acusación de la que nunca hubo evidencias. El otro interés por Villarejo eran las filtraciones a la prensa que afectaban a su “amiga” Rita Barberá. Ha llegado a decir que era su “obligación” recibir al comisario, preocupada como estaba por las “filtraciones” sobre el PP.

Cospedal ha incurrido en otras contradicciones. Ha reconocido una de ellas. En fase de instrucción hablo de cuatro reuniones con Villarejo que han pasado a ser “ocho o nueve”. En ninguna de ellas, ha asegurado, le realizó encargos, pese a que en la de 2009 en su despacho, se oye a su marido y a ella proponerle “trabajos puntuales”.  “Le hice preguntas, pero no encargos, que son cosas distintas”, ha afirmado.

Esa relación casi anecdótica con el comisario que ha querido presentar Cospedal se ha visto torpedeada por la declaración horas después de quien era su jefe de gabinete, José Luis Ortiz, que también estuvo imputado en la causa. Ortiz ha dicho que él organizaba las reuniones entre Cospedal y Villarejo y ha introducido un matiz importante. Frente a la insistencia que Cospedal defiende que mostraba el policía, Ortiz ha dicho que “alguna vez” fue la secretaria general del PP quien solicitó el encuentro.

Mención aparte merece la relación de Cospedal con uno de los acusados, el comisario Andrés Gómez Gordo. Cospedal ha dicho que le conoce porque fue jefe de seguridad de la Presidencia de Castilla-La Mancha entre 2013 y 2015. Esta afirmación es comprometedora en varios aspectos. En primer lugar, porque ese no era el puesto por el que se contrató a Gómez Gordo. Según consta en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, Gómez Gordo ejerció como “Director General de Documentación y Análisis”.

Por otra parte, que Gómez Gordo estuviera a las órdenes directas de Cospedal en 2013 significa que comenzó a participar en la Operación Kitchen mientras trabajaba como funcionario de la administración de Castilla-La Mancha. Posteriormente regresó a la Policía y fue condecorado con una medalla pensionada.

La declaración de Cospedal ha estado marcada por una condición anómala, la de testigo que estuvo imputada. Por ello, la presidenta del tribunal la ha advertido de que podía volver otro día con abogado –incomprensiblemente no se le había informado de ello– y que, si se quedaba, ella intercedería ante las preguntas que buscaran incriminarla. Cospedal ha decidido continuar sin abogado. De su doble condición este jueves es responsable Manuel García Castellón, quien imputó dos meses a Cospedal, para luego archivar la causa contra ella pese a las evidencias que se han puesto de manifiesto hoy, cinco años después, durante su declaración.

Zoido: “No tuve conocimiento de la operación”

La sesión de este jueves también ha contado con la comparecencia como testigo de Juan Ignacio Zoido, quien sucedió a Jorge Fernández Díaz al frente del Ministerio del Interior en 2016. A preguntas de la abogada del PSOE, Zoido ha negado haber tenido conocimiento de la existencia de actividades parapoliciales de espionaje al extesorero del PP con la intención de sustraer las pruebas que guardara sobre la financiación ilegal del partido. “No tuve ninguna noticia de que hubiese esa operación con esa denominación o con otra o que se estuviesen utilizando esas prácticas dentro del Ministerio del Interior”, ha afirmado.

Después, a preguntas de la acusación popular de Podemos, Zoido ha admitido que no realizó auditoría alguna sobre el uso de fondos reservados para financiar esa operación. “No tenía obligación de hacer una auditoría del anterior ministro”, ha explicado Zoido, que ha mantenido que el sistema de fondos reservados está “muy definido” y que su control depende de la Secretaría de Estado de Seguridad. 

La investigación permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas se utilizaron para sabotear la investigación de la financiación irregular del PP. A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (ocho inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

Luis Bárcenas dedicó este lunes los pasajes más relevantes de sus seis horas de declaración en señalar al elefante en la 'cocina' de Kitchen, Mariano Rajoy. La tesis que juzga el tribunal imputa al ministro del Interior de aquel Ejecutivo, Jorge Fernández Díaz, la máxima responsabilidad del operativo para robar pruebas incriminatorias del PP. Pero a la sospecha de que Fernández Díaz no podía estar en la cúpula de una maniobra así, ni dejar informar de ella a su amigo el presidente, se suma ahora la acusación de Bárcenas. Según el extesorero, Rajoy aparece en una grabación tratando el asunto de la caja B del PP. Con su acusación, Bárcenas convierte a Rajoy en el máximo interesado en que la operación Kitchen lograra su objetivo. 

El extesorero del PP se sentó este lunes por primera vez ante un tribunal de la Audiencia Nacional como víctima y no en calidad de acusado. Su testimonio no tuvo el peso que el de las víctimas en otros casos: Bárcenas estaba en la cárcel cuando su familia fue espiada y le robaron la documentación. Además, nada podía aportar de lo que se tramó en las cúpulas del Ministerio del Interior y la Policía. 

Pero el caso Kitchen no existiría sin el caso de la caja B. Y de este, Bárcenas tiene mucho que decir. La operación parapolicial pretendía hacerse con las pruebas de la financiación irregular del PP que podría haber escondido Bárcenas al entrar en prisión en el verano de 2013. Entre esas pruebas habría una grabación de 2010 en la que Bárcenas y Rajoy abordarían el asunto de la caja B. 

Bárcenas explicó que en 2010, cuando ya había estallado el caso Gürtel y él estaba imputado, subió al despacho de Mariano Rajoy y le entregó “una fotocopia” con el saldo que quedaba de la caja B para su liquidación. “Ya no tenía sentido seguir”, afirmó. Según su relato, el presidente se mostró “extrañado” de que pudiera haber un rastro documental de los ingresos de dinero negro de los empresarios y el reparto en forma de sobresueldos y financiación de campañas. A continuación, Rajoy habría tomado el papel y, sin levantarse de su silla, se giró e introdujo el papel en una máquina trituradora. “Se oye en la grabación”, explicó el extesorero. 

Esta es la segunda ocasión en la que Rajoy aparece mencionado en el juicio de Kitchen. La declaración más importante hasta la fecha ha sido la del inspector jefe al frente de la investigación. Gonzalo Fraga explicó que el juez pidió a Asuntos Internos identificar a la persona que se escondería tras los alias de 'El Asturiano' y 'El Barbas', utilizados por Villarejo y los otros miembros de la brigada política en los audios incautados. La identificación de Mariano Rajoy “no ofrece dudas”, declaró el inspector jefe Fraga. Los protagonistas de Kitchen hablaban de enviar mensajes al presidente del Gobierno y del PP y daban por hecho su conocimiento del operativo. 

Aún quedan semanas para las declaraciones de los acusados. Uno de ellos, José Manuel Villarejo, motivó el tímido intento del juez García Castellón por ahondar en la presencia de Rajoy en la operación Kitchen. Ante la comisión del Congreso, Villarejo captó la atención asegurando que informaba puntualmente a Rajoy de los avances del operativo. A continuación, el juez le citó y el comisario le entregó un número de teléfono con el que habría contactado en varias ocasiones con Rajoy. 

Dio tiempo para averiguar que el teléfono, efectivamente, pertenecía al PP. Pero antes de que se lograra conocer a quien estaba asignado en el momento de los hechos, García Castellón cerró el caso. Quedó flotando la duda de si la afirmación de Villarejo tenía fundamento o era otro juego de prestidigitación del policía: una verdad, la existencia del número de teléfono y su uso por Rajoy, junto a una mentira, que él se hubiera escrito con el presidente alguna vez y no conservara los mensajes. 

Este lunes, Bárcenas se tuvo que defender de la andanada de las defensas cuestionando la existencia de la grabación. Pero hubo otra época en que la existencia del audio no era una tesis que procediera del extesorero. Los comisarios que protagonizaron la operación Kitchen estaban convencidos de su existencia, tal y como demuestran las grabaciones del caso Villarejo. Este lunes, Luis Bárcenas les dio la razón. Y no solo eso. Para el ex tesorero, la brigada política buscó la grabación, la encontró y la puso fuera del alcance del juez Pablo Ruz, que investigaba la caja B del PP. Este lunes Bárcenas confirmó que nadie más que él ha escuchado el supuesto audio. 

En el juicio, las acusaciones y defensas se las ingeniaron para sortear la censura del tribunal e introducir en sus preguntas la cuestión de la existencia de las pruebas presuntamente robadas. Aunque, como se encargó de recordar el fiscal, si los policías llegaron a robar o no esas supuestas pruebas, incluida la grabación de Rajoy, no es algo de lo que tengan que responder los acusados. Si se demuestra que cometieron delitos durante su búsqueda serán condenados igualmente. 

Los abogados más beligerantes con el tema fueron los de Fernández Díaz y Francisco Martínez. El primero cuestionó que Bárcenas guardara el pendrive con la grabación de Rajoy en el local de restauración de muebles de su esposa y que al salir de prisión tardara dos meses en ir a comprobar que seguía allí. El letrado de Martínez insistió en la declaración de 2021 en que Bárcenas cambió de versión y negó haber grabado a Rajoy. El tesorero contestó que aún tenía esperanzas de un acuerdo con el PP que garantizase que su mujer no iba a entrar en prisión y que su estrategia de defensa en papeles de Bárcenas pasaba por no admitir esa grabación.

Contra la declaración de Rajoy

La declaración de Bárcenas este lunes choca frontalmente con el testimonio de Mariano Rajoy en el caso de la caja B. Allí, el expresidente dijo que en 40 años de militancia nunca había escuchado a alguien del PP hablar de la “caja B”. “Es metafísicamente imposible”, añadió, en referencia a que Bárcenas le hubiera entregado la última página de la contabilidad del dinero negro. Mariano Rajoy siempre ha negado que el “M. Rajoy” de los papeles de Bárcenas tenga alguna credibilidad y, por tanto, rechaza haber cobrado sobresueldos. 

De la declaración de Bárcenas este lunes llamó la atención un silencio. En ningún momento pronunció el nombre de su máxima enemiga en el partido, María Dolores de Cospedal. La secretaria general en tiempos de la Kitchen llegó a estar imputada por el cúmulo de indicios en su contra que aparecen en las agendas de Villarejo, las grabaciones del comisario y el teléfono de Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad. Pero el cierre abrupto de la instrucción por parte del juez Manuel García Castellón incluyó el archivo de la causa para Cospedal. 

Solo de pasada, Bárcenas señaló a la dirección del PP en la época para situarla en la cúpula de la operación Kitchen. El tesorero situó el inicio del operativo en la decisión del partido de destruir los discos duros que había dejado en la sede de Génova “dos días después” de su declaración ante el juez Ruz confesando la financiación irregular del partido. Está previsto que tanto Mariano Rajoy como María Dolores de Cospedal declararán como testigos antes de que acabe la semana. 

El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas ha confirmado en el juicio del caso Kitchen que encargó desde la cárcel “destruir los audios” en los que Mariano Rajoy habla supuestamente de la caja B del Partido Popular. A preguntas del fiscal, Bárcenas ha declarado que conoció en la prisión de Soto del Real a un recluso que presumía de tener conocimientos informáticos, por lo que el extesorero le pagó por destruir los audios y otra documentación que guardaba “en la nube” aprovechando un permiso penitenciario que tendría Isidro Sánchez, que así se llamaba el recluso.

Bárcenas ha reconocido como suya una nota incautada a Sánchez en la cárcel. “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R. cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso…”, decía la nota que se ha exhibido este lunes. Luis Bárcenas ha dicho que se trata de su letra, pero que alguien la ha modificado.

El fiscal no le ha preguntado por qué la persona a la que se dirige se llama Alex y no Isidro, nombre de su compañero recluso. A preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, Bárcenas ha explicado que “le llamaban Alex”. Sánchez habría cobrado 4.000 o 4.500 euros, según el extesorero. El dinero se lo había entregado el chófer de la familia, el acusado Sergio Ríos.

Más adelante, a preguntas de su abogada, Bárcenas ha precisado que se trataba de tres audios. En uno de ellos aparecía él dando explicaciones sobre “la contabilidad extracontable del partido y como funcionaba”, en referencia a la caja B; en otra una conversación breve con Mariano Rajoy; y otra, algo más extensa, con el que era su “buen amigo”, el señor Arenas.

En el turno para la acusación popular de Podemos, Bárcenas ha ahondado en el contenido de esos audios. En el que aparece Rajoy, Bárcenas acude a ver al presidente del PP en su despacho después de haberse reunido con Arenas. En el encuentro le entrega “una fotocopia” sobre el saldo existente en la caja B del partido y solicita instrucciones. Rajoy, según ha contado, se “extraña mucho” de que la financiación irregular esté por escrito y el tesorero le explica que su antecesor, Álvaro Lapuerta, y él necesitaban anotar las entradas y salidas en alguna parte. En el audio se escucharía cómo Rajoy se gira en su silla y destruye los papeles en una trituradora, según ha contado Bárcenas.

Luis Bárcenas ha dicho que esas grabaciones estaban en un pendrive, junto a la documentación sacada de Génova, en el local de restauración de su mujer, y que también se alojaban “en la nube”, de donde ordenó a otro preso que las destruyera. Bárcenas ha dado por hecho que el pendrive es parte del material que le habría robado la brigada política.

Las defensas han tratado de poner en duda la solidez del testimonio de Bárcenas en todo lo relacionado con estas grabaciones poniendo de manifiesto las contradicciones de los diferentes interrogatorios a los que se ha visto sometido desde 2013. Este lunes, el extesorero ha afirmado que esos supuestos audios no los ha escuchado nadie más que él, aunque durante la fase de instrucción sí dijo que los habían escuchado otras personas.

Entre ellos, la periodista Marisa Gallero, que en enero de 2016 publicó en el El Mundo un artículo titulado 'Bárcenas acusa: Tengo grabado a Rajoy recibiendo un sobre'. Según Bárcenas, ese pendrive con las grabaciones es parte del material que le sustrajo la brigada política mientras estaba en prisión en el marco de la Operación Kitchen. “¿No le comenta [a la periodista] que le han robado ese audio?”, le ha preguntado el abogado del exministro. “No me suena el artículo, no sé”, ha respondido Bárcenas.

“¿Con qué nos quedamos?”, ha llegado a preguntar la presidenta del tribunal, Teresa Palacios. Bárcenas ha respondido que estaba en momentos distintos, que no es lo mismo ser testigo que investigado y que esas respuestas eran parte de su estrategia de defensa. 

La defensa del ex número dos de Interior, Francisco Martínez, también ha cuestionado los cambios de versión de Bárcenas sobre la mera existencia de las grabaciones, dado que en declaraciones de los años 2018 y 2019 negó que él hubiera grabado a nadie. Bárcenas ha explicado que en ese momento estaba en “situación de entendimiento” con el PP y ha reconocido que la relación con el partido se rompió “definitivamente” en 2021, tras la entrada en prisión de su mujer, Rosalía Iglesias.

A la pregunta de si el recluso cumplió con las instrucciones de destrucción de los archivos “en la nube”, Bárcenas ha dicho que no lo sabe porque nunca más le vio, pero que cuando salió de la cárcel el material que debía borrar ya no estaba. El extesorero ha recordado que Sánchez fue detenido a la mañana siguiente de salir de permiso, que no pudo completarlo y que fue devuelto directamente a Soto del Real desde los juzgados de Plaza de Castilla. Bárcenas ha atribuido a Instituciones Penitenciarias la decisión de alejar a Sánchez de él dentro de la cárcel y ha contado cómo un tiempo después fue trasladado a otra prisión.

Isidro Sánchez declaró el pasado jueves que la nota no le fue incautada a él, que cobró 5.000 euros a través de una tercera persona y que le denunció por quedarse con el dinero de Bárcenas. Sánchez dijo que no le dio tiempo a cumplir con el encargo por la extraña detención por una requisitoria de la que nunca más se supo.

Implica en la Kitchen a la cúpula del PP

Bárcenas ha implicado al Partido Popular, concretamente a su dirección, en la operación Kitchen. La Fiscalía Anticorrupción llegó a acusar al juez Manuel García Castellón de dibujar “una línea roja” en la instrucción con la que hizo imposible ahondar en esa línea de la investigación. El ex tesorero ha relacionado con la operación Kitchen que “dos días después” de declarar él en la Audiencia Nacional sobre la existencia de la caja B, el PP decidió destruir sus ordenadores. María Dolores de Cospedal, entonces secretaria general del PP, llegó a estar imputada, pero García Castellón archivo la causa contra ella en el auto que sirvió para cerrar la instrucción.

También ha recuperado otro episodio, del que ya habló en el juicio de la caja B, las visitas de Javier Iglesias, un abogado al que la brigada política considera su nexo con Mariano Rajoy, pese a que uno y otro niegan que apenas se conozcan. Iglesias se reunió con Bárcenas antes de entrar en prisión y fue a visitarle también cuando estaba allí de forma provisional. En total fueron tres encuentros y el abogado hablaba, según Bárcenas, “en nombre de quienes entonces dirigían el Partido Popular”.

En febrero de 2013, también antes de que el extesorero entre en la cárcel, Iglesias le había pedido que cambiara “los conceptos y cantidades” de los papeles sobre la financiación irregular, que ya había publicado El País, o su mujer entraría en prisión. Se trataba, según ansiaba el PP, de “crear la incertidumbre de cuáles son falsos o ciertos o si todos son una falsificación”, ha dicho Bárcenas. “[Javier Iglesias] me ofrece pagarme 500.000 euros” que aportarían “empresarios afines” al partido y solucionar así el contencioso del despido que mantenía con el PP. Bárcenas se negó.

En Semana Santa, Bárcenas envió su último mensaje a Rajoy, con un tono muy duro. Fue el Miércoles Santo. Al día siguiente, por la mañana, Javier Iglesias contacta con él para decirle: “Se te ha ido un poco el tema. Tenemos que vernos”. Es la prueba de que el abogado Iglesias, 'El Largo', es un interlocutor directo con Rajoy, según ha defendido Bárcenas.

Al ingresar en la cárcel, Iglesias acudió a visitarle y le amenazó con que si tiraba de la manta su esposa, Rosalía Iglesias, también entraría en prisión, ha relatado a preguntas de la abogada del PSOE. El encuentro tuvo todas las facilidades con las que no contaba el abogado de Bárcenas para reunirse con él. Se celebró en una sala habilitada para ello. Esta circunstancia y el hecho de que hablara en nombre de Rajoy demuestra, según Bárcenas, que al abogado lo enviaba el PP y la “implicación” del Ministerio del Interior, de la que depende Instituciones Penitenciarias.

Durante el interrogatorio del fiscal, el extesorero del PP ha afirmado que Ignacio Peláez exfiscal que defendía a varios investigados del caso Gürtel, lo visitó un día en la cárcel en 2013 y le dijo que había la posibilidad de desmontar el caso. “Me dijo que las grabaciones de Peñas [el exconcejal del PP que denunció el caso] están manipuladas y que algunos policías lo pueden acreditar y eso cambiaría el discurrir del procedimiento que estaba pendiente de enjuiciamiento”.

Según Bárcenas, Peláez, ya fallecido, le dijo que uno de esos policías era José Manuel Villarejo y que le pidió una cantidad de “no menos de seis millones ni más de 12”. “Yo le dije que si era así, si el procedimiento estaba viciado que contase conmigo para la parte alícuota que correspondiere porque tenía el máximo interés en este tema”, ha detallado. No obstante, la operación no salió adelante. 

Las coartadas con que los mandos policiales de la época del Partido Popular pretenden hacer pasar la operación Kitchen por una actuación legal comenzaron a aflorar en la sesión del juicio de este martes, tras más de siete horas de declaraciones. Uno de los testigos, el inspector jefe jubilado Juan Vicente Galán, ha asegurado que uno de los acusados, el antiguo jefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas le dio la orden de vigilar a Rosalía Iglesias, la esposa de Luis Bárcenas, cuando éste entró en la cárcel. Y añadió que no se trataba de espiarla sino de protegerla “sin ser detectados”.

La Unidad de Asuntos Internos de la Policía, dedicada a perseguir delitos cometidos por otros agentes, reconvertida a labores de protección de la mujer de Bárcenas es tan increíble como la imagen que pretendió ofrecer este martes Galán. De 68 años, el policía estuvo imputado en el caso Kitchen, aunque luego decayeron las acusaciones contra él. Ante el tribunal ha intentado aparecer como un simple subordinado de Martín Blas, si bien su perfil es muy distinto: Jesús Vicente Galán fue miembro de la brigada política y no solo participó en Kitchen, también atacó a Podemos y fue recompensado con un destino en la Embajada de Mauritania (más de 11.000 euros mensuales) y una medalla pensionada, pasando a ingresar en el 'club de los diezmileuristas' que el PP organizó entre mandos afines.

La Audiencia Nacional juzga el dispositivo parapolicial con objeto de encontrar y sacar de la circulación el material de la caja B del PP que pudiera guardar Luis Bárcenas o su familia después de que el tesorero entrara en prisión. El Ministerio del Interior hizo de la Unidad de Asuntos Internos en tiempos del PP un grupo operativo sobre el terreno en la Operación Cataluña. Y según aparece en el sumario de Kitchen repitió la operación para espiar a la familia del tesorero.

“Marcelino me dijo que Rosalía Iglesias estaba en peligro y que teníamos que darle protección sin ser detectados”, ha afirmado esta tarde ante el tribunal Jesús Vicente Galán. Se da la circunstancia de que Iglesias, Bárcenas y el hijo del matrimonio, Guillermo, ejercen la acusación particular porque creen que el único peligro que soportaron fue el que representaban policías como Martín Blas o el propio testigo.

Galán ha dicho que trasladó a sus subordinados la instrucción de Martín Blas y que ellos reaccionaron como lo había hecho él a recibirla, “con extrañeza”, la de unos policías que tienen que proteger a alguien sin que ese alguien se entere.

Comienzan las delaciones

Con la declaración del inspector jefe jubilado llegaron los 'cuchillos voladores' al juicio. En la sesión de este martes y en la de ayer, la defensa de Martín Blas se había afanado en restar importancia a los indicios de la participación de Asuntos Internos en el operativo Kitchen. Apenas unos coches y unos agentes que podían haber pasado casualmente cerca de los escenarios del espionaje. Todo eso se derrumbó con el testimonio de Jesús Vicente Galán quien, por otra parte, negó enemistad alguna con Martín Blas. Aunque parece que no es recíproco.

El abogado de Martín Blas ha preguntado a Galán por la denuncia que el comisario de Asuntos Internos de la época puso contra él en 2016, relacionada con un conflicto con los agentes que investigaban el caso del Pequeño Nicolás. Galán dijo que desconocía que su ex jefe le hubiera denunciado. “Siempre hemos tenido un trato correcto. De inferior a subordinado. Y le estoy agradecido por haberme llevado a la unidad, donde yo había estado hacía años”, ha declarado. Mientras, Martín Blas, sentado al lado de su abogado, se afanaba en pasarle papeles y señalarle párrafos.

Para terminar de romper el falso aroma de cordialidad, el abogado de Martín Blas ha recordado a Galán sus declaraciones en fase de instrucción. En las tres aseguró que “jamás había recibido una orden de Martín Blas para vigilar a Rosalía Iglesias”, según el letrado. Justo lo contrario de lo que acababa de declarar.

Jesús Vicente Galán ha asegurado que decidió retirar las vigilancias, que se prolongaron durante una o dos semanas, cuando detectó a otros policías haciendo lo mismo. Está acreditado que hasta 70 agentes del Área Especial de Seguimientos de la estructura antiterrorista de la Policía se repartieron las vigilancias de la familia Bárcenas durante meses 24 horas al día.

Tres años después del inicio de la operación Kitchen, el 18 de abril de 2016, Jesús Vicente Galán y otros de los acusados por el espionaje a Bárcenas, Bonifacio Díez Sevillano, se reunieron “con una fuente anónima catalogada de máxima fiabilidad” y así lo dejaron por escrito. Se trata del venezolano que fabricó el bulo de la cuenta falsa de Pablo Iglesias en el Caribe a cambio de un permiso de residencia en España. Así consta en la investigación que se sigue en el juzgado de Santiago Pedraz.

Ese mismo año, Jesús Vicente Galán fue recompensado con el puesto de agregado de Interior en Mauritania. Ya había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Rojo, que supone un incremento del 15% del sueldo mensual de por vida. Al regresar de Mauritania fue destinado a una sección operativa de una comisaría de Madrid y en 2023 se jubiló. Ha pasado por la brigada política del PP sin que siquiera se haya conocido su rostro.

El que se está celebrando en la Audiencia Nacional desde la semana pasada solo es uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España, todos ellos impulsados desde el Gobierno de Mariano Rajoy y que elDiario.es recoge en un documental Las tres guerras sucias del PP. En el caso de Kitchen, que es lo que se está juzgando en el citado tribunal, se investiga cómo distintos mandos policiales utilizaron medios públicos para tratar de tapar casos de corrupción vinculados al PP como el caso Gürtel.

Además de Kitchen, desde el Gobierno de Rajoy se impulsó lo que se llamó la Operación Cataluña. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

Por otro lado, cuando en 2014 irrumpió en el panorama político Podemos, esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

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Las tres 'guerras sucias' del PP es un documental de elDiario.es narrado y documentado por Pedro Águeda. Está codirigido por José Manuel Romero y Sara Cuesta, productora y guionista del documental. La edición y el montaje es de Alejandro Corral, que también ha participado en el diseño junto a David Velasco. En la dirección de fotografía y grabación ha estado Salvador Fenoll. La productora ejecutiva es Izaskun Pérez.

La Audiencia Nacional ha comenzado a juzgar esta semana el caso Kitchen, uno de los tres episodios de la última guerra sucia en España. Con la excusa del desafío soberanista, el Ministerio del Interior activó en 2012 a un grupo de mandos policiales dispuestos a combatir a los enemigos del PP —de España, se justificaban ellos— orillando los tribunales de justicia. Alumbraron dosieres con informaciones erróneas, cuando no pretendidamente falsas, sobre los líderes del procés, que luego filtraban a medios de comunicación de la derecha, coincidiendo con momentos álgidos del proceso soberanista.

En 2014 irrumpió en el panorama político Podemos y esos mismos mandos policiales, con los mismos políticos al frente, repitieron el 'modus operandi' de la Operación Cataluña ahora contra la formación emergente. Cuando en 2016 se vislumbró la posibilidad de que alcanzara el Gobierno, la ofensiva arreció contra el primer partido que alcanzaba ese vigor electoral a la izquierda del PSOE desde que se restauró la democracia. Jerarcas venezolanos a los que perseguía la justicia de su país y la estadounidense, españoles condenados por estafa, fotocopias dudosas, extractos bancarios fabricados... Todo valía para evitar que “los comunistas” llegaran al poder.

En este contexto, salvar a “los suyos” no supondría un obstáculo. Algunos de esos mandos policiales por convicción ideológica, otros por arribismo, los más por ambos motivos, se prestaron a sabotear la investigación judicial de la caja B del PP, que amenazaba la pervivencia de Mariano Rajoy en el Gobierno. Y con el engranaje de la guerra sucia en marcha, los policías se dedicaron a hacer lo contrario de lo que la Ley y su función pública les tenía reservado: en lugar de perseguir el delito se dedicaron a borrar las pruebas.

Los indicios recogidos en el caso Villarejo apuntan a que en el banquillo de la Kitchen faltan piezas fundamentales en el engranaje de esa guerra sucia. La principal ausencia es la de la ex secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Tampoco comparece el comisario Enrique García Castaño, 'El Gordo', quien sufrió un ictus que le incapacita para ser juzgado.

José Manuel Villarejo no aparece en la foto pese a que la mayor petición de condena de la Fiscalía, 19 años, es para él. En activo, el comisario jubilado hizo de la toga de abogado otra de sus herramientas para extorsionar. Ahora hace uso de la prerrogativa de sentarse en estrados junto a su abogado y no con el resto de acusados.

Jorge Fernández Díaz

Francisco Martínez

Eugenio Pino

José Manuel Villarejo

Enrique García Castaño, 'El Gordo'

José Luis Olivera

José Ángel Fuentes Gago

Andrés Gómez Gordo

Marcelino Martín-Blas

Bonifacio Díez Sevillano

Sergio Ríos Esgueva

Antiguo miembro de la seguridad del PP en la sede de Génova y conductor de Francisco Granados, ni siquiera era policía cuando arrancó la Operación Cataluña. Su participación se ciñe a colaborar con la brigada política robando información de los Bárcenas e informando de los movimientos de la familia cuando el tesorero entró en la cárcel. Cobró más de 50.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía. Hoy está suspendido de funciones. 

No hubo fisura por la que pudiera colarse una flecha de la acusación, aunque no era momento de lanzar una sola. Los acusados en el juicio de Kitchen desfilaron por la primera sesión como una legión romana, dejando que sus rencillas descansaran en la silla que quedaba habilitada como distancia entre cada uno de ellos. Abogados con clientes irreconciliables, caso de los letrados de Francisco Martínez y Jorge Fernández Díaz, llegaron a repartirse los argumentos para pedir al tribunal que se anule el juicio. Tiempo habrá para que la inocencia de unos dependa de la culpabilidad de otros y la formación se descomponga.

“¿Qué hace una operación parapolicial como tú ante un tribunal como este?”, vinieron a exponer los abogados de los acusados para defender que la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario. A la cabeza, Jesús Mandri, letrado del exministro del Interior. Fue el primero en preguntarse cómo puede estar juzgando el tribunal del caso Villarejo un operativo que nada tiene que ver con los encargos que la élite del país hacía al policía a cambio de dinero y que protagonizan cada una del resto de piezas de la macrocausa. 

Aquí, de haber, siguió el letrado, hay una operación desde el Ministerio del Interior para robar información comprometedora para el PP que guardaría la familia de Bárcenas. En esa operación habría participado Villarejo. Pero por una vez, el comisario habría sido únicamente otro actor más del operativo. 

Mandri continuó que si lo único que une la Kitchen con otras piezas como la King, la Carol, la Pit o la Land es el propio comisario Villarejo. Y eso justificaría la competencia de la Audiencia Nacional siempre, según establece la Ley, que los delitos a investigar en Kitchen fueran competencia de la Audiencia Nacional, algo que a juicio de este y el resto de los abogados de la defensa no ocurre. 

Ni en el encubrimiento –para provocar que la investigación judicial de la caja B avanzara–, ni la malversación de fondos –por los pagos de fondos reservados al chófer de los Bárcenas–, ni la revelación de secretos –por la documentación robada al hijo y la mujer del extesorero–, ni el cohecho —por el dinero que recibió Villarejo– son algo de lo que se deba encargar, sin más, la Audiencia Nacional, argumentó el abogado sobre los delitos de los que acusa la Fiscalía. 

Según esta tesis, la operación Kitchen debería haber sido investigada en un juzgado ordinario de Plaza de Castilla y no en el especializado de la Audiencia Nacional. “¿Si se hubiera encontrado droga en el domicilio del señor Villarejo se habría investigado en la misma causa?”, dijo el abogado de Fernández Díaz. “Bien traído”, le aplaudiría poco después el de Francisco Martínez.

Esa sintonía entre letrados distó de la relación entre dos acusados que evitaron mirarse a la cara durante toda la mañana. Ya lo hicieron durante el careo que organizó el juez García Castellón en 2020, cuyas imágenes desveló elDiario.es la pasada semana. “Me has llamado idiota integral, me has llamado cabrón, me has llamado hijo de puta, me has llamado miserable…”, le soltó el exministro a su antiguo número dos. 

Fernández Díaz se sienta en el banquillo porque Martínez acudió a un notario con unos mensajes que delataban que el ministro sabía de la operación Kitchen, incluso antes que él. Al borde de la imputación tras ser señalado por uno de los comisarios, y harto de que su antiguo jefe diera entrevistas diciendo que no sabía nada de ningún operativo, Martínez se buscó un escudo protector. 

El resto de abogados de la defensa fue adhiriéndose a este motivo de nulidad del juicio y el resto de los presentados por los abogados de Fernández Díaz y Martínez. Hay dos comisarios que se profesan un odio todavía mayor que los dos anteriores. Son Villarejo y Marcelino Martín-Blas, ex jefe de Asuntos Internos. Sus abogados también coincidieron en los primeros compases de esta estrategia de defensa. 

Este martes será el turno para que la Fiscalía y el resto de las acusaciones rebatan jurídicamente los argumentos de la defensa pidiendo la nulidad. Y con el resto de trámites de cuestiones previas y petición de prueba se ira completando la vista hasta el jueves. La semana que viene comenzará con el responsable policial de la investigación de Kitchen, el investigador jefe de Asuntos Internos, Gonzalo Fraga.

Será la primera prueba para el plan de cordialidad y unidad de acción de los acusados. Fue el campeón mundial del peso pesado Mike Tyson quien popularizó en los noventa la siguiente frase: “Todo el mundo tiene un plan. Hasta que le dan un puñetazo en la boca”.

Nota de la sesión: Eugenio Pino, artífice de la brigada política, fue el mandamás de la Policía durante los cuatro años de guerra sucia sin muertos y se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel en Kitchen. Este lunes llegó a la Audiencia Nacional y al alcanzar el control de seguridad, un policía nacional le pidió, como a todos, el DNI. Pino “tiró de placa”. De placa de jubilado, concretamente. La única que puede usar desde 2016. El policía le insistió por el DNI. Y Pino le espetó que si no sabía quién era. “Sí, usted fue DAO. ¿Me deja el DNI, por favor?”.

La ruta del dinero público desaparece en un ángulo muerto del Estado. Es allí donde se confinan los fondos reservados, el dinero de los contribuyentes que escapa a cualquier fiscalización por el interés superior de la seguridad. El caso Kitchen permitió descubrir que en el año 2013, un total de 57.943,43 euros de esas partidas no estuvieron destinadas a combatir el terrorismo o el crimen organizado. Se utilizaron para sufragar una operación parapolicial contra la acción de la Justicia, concretamente para sabotear la investigación de la financiación irregular del partido en el Gobierno, el Partido Popular.

A partir de este lunes se sientan en el banquillo de los acusados dos políticos y ocho policías —a un noveno es imposible juzgarle por motivos de salud—. Uno de los delitos que se les atribuye es la malversación de fondos públicos, el dinero de los gastos reservados.

A esa cantidad habría que sumar otra cifra incalculable: lo que costó que 70 policías nacionales (8 inspectores jefes, dos subinspectores, ocho oficiales y 52 policías) del Área Especial de Seguimientos se dedicaran durante cuatro meses a perseguir a la familia Bárcenas en lugar de vigilar a sospechosos de terrorismo, función que tenían asignada.

La investigación de los fiscales Miguel Serrano e Ignacio Stampa, auxiliados por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, abrió en Kitchen una rendija desde la que observar otra falla del sistema. Los fiscales Anticorrupción solicitaron la desclasificación de la orden que regula los fondos reservados desde 1995, tomaron declaración a los gestores de ese dinero público y concluyeron que había “disfunciones e irregularidades en la gestión y el control de estos fondos reservados”. En la operación Kitchen ese descontrol “habría permitido la utilización ilícita de los fondos reservados, propiciando tanto la financiación de una operación policial intrínsecamente ilegal, como el enriquecimiento personal de altos mandos policiales”.

La normativa que rige en la actualidad fue aprobada en 1995 con la intención de que no se volviera a repetir el desvío de fondos reservados para algo tan grave como el terrorismo de Estado de los GAL. Aquella novedosa legislación lleva posibilitando durante más de 40 años lo que pretendía erradicar: el manejo de los fondos reservados de manera discrecional por mandos policiales, sin apenas control ni justificación. Se hizo una Ley que siguió facilitando la trampa.

En 2021 ya habían aflorado las irregularidades en Kitchen y pasado tres años desde la caída del Gobierno que albergó esas prácticas. A la comisión del Congreso acudió a declarar el entonces responsable de los fondos reservados en el Ministerio del Interior, José Antonio Rodríguez, director en ese momento del Gabinete de Estudios y Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad. El alto cargo socialista, número tres en la práctica del departamento que dirige Grande-Marlaska, admitió que la normativa sobre los fondos reservados no había cambiado y que tampoco estaba previsto que eso ocurriera en el futuro. 

El sumario de la Operación Kitchen desveló que solo la Policía disfrutaba mensualmente de 250.000 euros y que estos son repartidos al arbitrio de una sola persona, el director adjunto operativo. Durante los hechos investigados esa persona era Eugenio Pino, el comisario al que el Partido Popular entregó el mando operativo de la Policía. Considerado el artífice de la brigada política que actuó entre 2012 y 2016, Pino se sienta desde este lunes en el banquillo de Kitchen para enfrentarse a una petición de 15 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El hombre de los maletines

La Fiscalía Anticorrupción fijó su interés en una figura que atesoraba más secretos de los que la denominación del cargo o su nula relevancia pública podían anticipar. Es Miguel Ángel Bayo, funcionario facultativo, no policía, que entonces llevaba 32 años destinado en la Dirección Adjunta Operativa del Cuerpo. Las respuestas de Bayo a 46 minutos de preguntas del fiscal Ignacio Stampa desvelaron en abril de 2019 cómo se pudo financiar, bajo una apariencia de legalidad, el espionaje al ex tesorero del PP. 

Miguel Ángel Bayo Herranz quiso rebajar su trabajo con los fondos reservados como el de mero “cajero pagador”. Pero dos meses antes, elDiario.es había desvelado la propuesta secreta que el DAO Pino había hecho para que a Miguel Ángel Bayo se le concediera una medalla pensionada. Bayo era, según ensalzaba el DAO, el “encargado de la gestión y control de todo lo relativo a los fondos o gastos reservados del Cuerpo Nacional de Policía, a nivel nacional, teniendo la información que maneja en este ámbito carácter secreto, de acuerdo a la normativa de secretos oficiales”.

Según esa normativa, Bayo se dirigía a la Secretaría de Estado de Seguridad con una carpeta que incluía los gastos del mes anterior, recogía la cantidad estipulada por el director operativo y se la llevaba en un maletín. Después atendía a las distintas unidades facultadas para solicitar fondos reservados, que acudían a él con una autorización verbal de Pino y firmaban un recibo. 

Ante el juez y los fiscales, el facultativo habló de “una cosa mecánica, de buena fe”. “Pero no estamos hablando de un banco, ni de una empresa mercantil. Estamos hablando de la Policía”, le interrumpió el fiscal Stampa. 

El facultativo Bayo describió en su declaración cómo se aplica en la actualidad la orden firmada el 12 de septiembre de 1995 por el entonces ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch. Esta orden desarrollaba la Ley de Fondos Reservados aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados siete meses antes. Fue el modo en el que el poder legislativo reaccionó a las revelaciones sobre los asesinatos de los GAL, una operación gestada y sufragada desde el Ministerio del Interior entre 1983 y 1989.

Miguel Ángel Bayo Herranz, el hombre de los maletines, al que sus superiores concedieron dos pistolas del Cuerpo, declarará como testigo en el juicio. Se jubiló poco después de declarar en la instrucción del caso Kitchen.

Pérez de los Cobos: solo “control contable”

Otro testimonio relevante durante el juicio será el del interlocutor de Bayo en la Secretaría de Estado de Seguridad de la época, Diego Pérez de los Cobos. El coronel retirado de la Guardia Civil dijo en su declaración que la normativa le atribuía un papel de “control contable” de los fondos reservados. Su trabajo consistía, según explicó, en confirmar que la suma de los gastos en operaciones se correspondía “hasta el último céntimo” con el total justificado a través de la firma de los directores adjuntos operativos y los responsables de las comisarías generales de Policía y jefaturas de Guardia Civil. Cualquier otra comprobación adicional estaba supeditada a que no hubiera concordancia en las cifras, algo que no ocurrió durante los siete años que estuvo en el cargo. El “control efectivo” de para qué se utilizan los gastos reservados está acotado “a los responsables de las unidades”, añadió el coronel ante el juez.  

Los fiscales Stampa y Serrano habían conseguido que el Consejo de Ministros accediera a desclasificar la instrucción de los fondos reservados. La Fiscalía Anticorrupción concluyó que la documentación remitida a la Secretaría de Estado no se ajustaba a la normativa legal y que desde este órgano del Ministerio se libraban los fondos antes de comprobar la documentación remitida desde la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.

La versión de Pérez de los Cobos fue que “en la Secretaría de Estado se conocían los datos que el DAO de cada Cuerpo acreditaba con su firma, que se estaba gastando ese dinero de fondos reservados en esas operaciones que ellos habían denominado de la forma que quisieran”. Y hasta ahí el control que establece la normativa vigente.

Junto a la firma del jefe del Gabinete de Estudios y Coordinación debe ir la del secretario de Estado de Seguridad, entonces Francisco Martínez. Como el ministro Jorge Fernández y los policías Eugenio Pino y Andrés Gómez Gordo, Martínez se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por la Fiscalía, que le atribuye la responsabilidad sobre ese dinero.

Pérez de los Cobos aludió repetidamente a la “orden comunicada” sobre el uso de fondos reservados de 1995. Esa “orden comunicada” establece que en el justificante que entrega cada Cuerpo en Interior aparezca un apartado para operaciones y, dentro de este, el dinero destinado a colaboradores de las Fuerzas de Seguridad. Sin embargo, en Interior no ha aparecido ninguna ficha sobre la Operación Kitchen u otra que se pueda identificar con el espionaje al tesorero del PP. Por otra parte, la Dirección Adjunta Operativa de la Policía del Gobierno actual entregó al juez del caso 121 apuntes sobre pagos al chófer y gastos relacionados con su colaboración que encontró en sus archivos. Para su remisión a la Audiencia Nacional, el instructor tuvo que solicitar previamente al Consejo de Ministros que retirara a esos documentos la clasificación de secretos. 

Fuentes conocedoras de la operativa con los gastos clasificados aseguran que en las partidas no siempre se incluye el nombre de la operación o el detalle del reparto del dinero en distintas funciones que se deben escribir en las casillas de los anexos de la citada instrucción de Belloch, unos criterios ya bastante laxos de por sí.

El Gordo: “No se sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía”

El comisario Enrique García Castaño era el jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), una de las estructuras que más fondos reservados manejaba. No se sentará en el banquillo porque es el acusado aquejado de las graves secuelas de un accidente cardiovascular. En su declaración como investigado ante el juez Manuel García-Castellón, en el mismo sumario de la operación Kitchen, García Castaño aseguró: “Hay mucho dinero de los fondos reservados que no se sabe para quién es. ¡Hasta códigos se ponen! (…) ¿Cómo voy a poner que estoy pagando a un jefe de inteligencia?”.

El juez García-Castellón solicitó al Ministerio del Interior toda la documentación que pudiera guardarse de una operación denominada Kitchen o similares. Nada similar se encontró. En el domicilio de Villarejo habían aparecido “Gastos colaborador Sergio JRE, en referencia al chófer de los Bárcenas reclutado como confidente (53.000 euros en total durante dos años)”.

Los gastos para el conductor salieron de los fondos reservados de Interior destinados a la Dirección Adjunta Operativa. Andrés Gómez Gordo, el policía que dejó de ser asesor de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha para controlar al chófer, reconoció al juez que los 2.000 euros limpios al mes durante dos años o los 700 de la pistola que le entregaron salió del dinero bajo secreto de la DAO. Contra Gómez Gordo pesa también la acusación más grave de Anticorrupción, por la que la Fiscalía le pide 15 años de cárcel. 

Otro de los acusados en el caso Kitchen, José Ángel Fuentes Gago, en apariencia una suerte de jefe de gabinete de Pino, también recogió en mano el dinero. Fuentes Gago lo hizo para un viaje al extranjero dentro de otra operación, según declaró el ex secretario general de la DAO Felipe Lacasa al juez. Fuentes Gago encabezó la delegación que viajó a Nueva York en 2016 para intentar recabar un testimonio contra Podemos de un exministro de Hugo Chávez. En la grabación de aquel encuentro se oye a Fuentes Gago decir que acude “con un mandato” de Mariano Rajoy, por entonces presidente del Gobierno. 

Las fuentes consultadas por elDiario.es aseguran que en el reparto de fondos reservados para la Policía el peso de la DAO creció entre 2012 y 2016 exponencialmente frente a otras unidades que tendrían más justificado el pago a confidentes, como la antiterrorista o la policía judicial, encargada esta última del narcotráfico o la corrupción.

“La Comisaría General de Policía Judicial recibe 70.000 euros al mes. Cómo va a saber el secretario de Estado si es para una operación en el Pozo del Tío Raimundo (un barrio de Madrid) o una operación en Canarias. Eso al secretario de Estado le da igual”, declaró García Castaño, ex jefe de una de las unidades que más fondos reservados manejaba, la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO). “El secretario de Estado no sabe si cobra el conductor o el primo de Rosalía [Iglesias, la mujer de Bárcenas] (…) Es lo normal, es que funciona así”, añadió. La Fiscalía sospecha que García Castaño se quedó con parte de los fondos reservados, que recibía al margen de cualquier justificación por su unidad.

El abrupto cierre de la investigación del caso Kitchen decretado por el juez Manuel García Castellón en julio de 2021 impidió resolver varias incógnitas que habían surgido durante los más de tres años de investigación llevada a cabo por los fiscales Anticorrupción y los policías de Asuntos Internos. El episodio del asalto en casa de los Bárcenas por un hombre armado y disfrazado de cura y el espionaje al que fue sometido en la cárcel el ex tesorero son los más significativos. En ambos, la propia víctima apunta a la participación del Centro Nacional de Inteligencia, que ya había dejado rastro en grabaciones y seguimientos a la familia Bárcenas, y cuya implicación en el espionaje habían deslizado los investigadores y otros implicados. 

A esos indicios se suma ahora uno que había pasado inadvertido: las cámaras en el exterior del chalé de Bárcenas en la estación de esquí de Baqueira Beret colocadas presuntamente por el CNI. En el escrito de defensa de Francisco Martínez, ex número dos de Interior, se solicita la desclasificación de las grabaciones realizadas por esas cámaras y cualquier otra grabación que proceda de “vigilancias realizadas sobre el señor Bárcenas, sobre su esposa o sobre los inmuebles de su propiedad”. Todas ellas serían ajenas a la actuación del Ministerio del Interior. 

Las imágenes captadas por las cámaras ocultas en el exterior del chalé de Baqueira fueron “remitidas al Ministerio del Interior el viernes 2 de agosto de 2013”, en pleno apogeo de la operación Kitchen, según refleja la defensa de Martínez en su escrito. El señalamiento del CNI queda en evidencia a continuación, cuando el ex número dos de Interior pide que se incorporen a la causa todos los autos dictados “por el magistrado especial del artículo 342 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial”, esto es, el juez del Supremo que autoriza en secreto las actividades del CNI. El tribunal del caso Kitchen decidirá al respecto en el trámite de las cuestiones previas del juicio. 

La conclusión de que la operación Kitchen fue ideada por el ministro del Interior Jorge Fernández Díaz sin la participación del presidente del Gobierno y del PP, Mariano Rajoy, ni de la secretaria general del partido entonces, María Dolores de Cospedal, no es, por tanto, el único cabo suelto de la causa judicial. La posible participación del servicio de Inteligencia español aporta un tercer vértice a este triángulo de impunidad política: Soraya Sáenz de Santamaría, la vicepresidenta del Gobierno de Rajoy y responsable del Centro Nacional de Inteligencia. Al igual que Rajoy, Sáenz de Santamaría nunca fue citada a declarar en la instrucción del caso Kitchen. Pero al igual que el expresidente y Cospedal tendrá que comparecer como testigo en el juicio. 

El comisario de la Policía Enrique García Castaño no se sentará en el banquillo de Kitchen porque un accidente cardiovascular le ha dejado graves secuelas. Fue él quien en fase de instrucción decidió colaborar y señaló al secretario de Estado Francisco Martínez como coordinador de la operación de espionaje a Bárcenas. García Castaño, conocido como ‘El Gordo’, reconoció su participación en los hechos y al tiempo reveló cómo la Policía no fue la única que actuó fuera de control judicial. 

“Lo detectamos varias veces, había gente con motos y cámaras grabando una reunión de la mujer de Bárcenas”, afirmó en su declaración de enero de 2019. “Intentamos averiguar quiénes eran, pero la documentación de los vehículos que alquilaban era falsa”, añadió. 

El chófer de la familia, Sergio Ríos, captado como colaborador a sueldo por los acusados en Kitchen, explicó al juez que tanto García Castaño como José Manuel Villarejo le hablaban con naturalidad y a menudo de la implicación del CNI en el espionaje extrajudicial durante los encuentros que tenía con ellos para trasladarles información o cobrar en efectivo de los fondos reservados.

Por otro lado están los mensajes de Martínez con el ministro Fernández Díaz que el número dos de Interior depositó ante notario y entregó a la Policía cuando Asuntos Internos acudió a su domicilio con orden judicial en marzo de 2020. El 13 de julio de 2013, recién empezada la operación Kitchen, Martínez alude al “contacto Cecilio” que Fernández Díaz había quedado en facilitarle previamente. 

En el teléfono móvil intervenido a Martínez este había dejado algunas reflexiones y líneas de defensa. En una de ellas afirmaba: “Tengo muy claro que en el asunto que nos ocupa hubo otros servicios que intervinieron”. Después, Martínez declararía que su contacto en el CNI era el director, Félix Sanz Roldán, y que se limitó a preguntarle por el conocimiento que pudiera tener el servicio de Inteligencia sobre dinero de Bárcenas en el extranjero. Un portavoz del CNI rechazó hacer cualquier comentario al ser preguntado por este periódico en 2020, cuando surgieron los primeros indicios de la participación del Centro en el espionaje a los Bárcenas. 

Un cura pobre, con abogado de pago y dinero en prisión

Enrique Olivares García se llevó a la tumba la verdad sobre su asalto a la casa de la familia Bárcenas, armado con un viejo revólver y disfrazado de cura. ¿Actuó en solitario, fruto de la enajenación, o lo hizo a las órdenes de alguien? En libertad vigilada, Olivares falleció el 15 de enero de 2022 cuando aún estaba por aclarar su presunta participación en la operación Kitchen. La Fiscalía había planteado en su recurso contra el cierre de la instrucción si Olivares había actuado por su cuenta o a las órdenes de algún “servicio de la seguridad del Estado”.

La lógica apuntaba a que los mandos policiales que habían reconocido la operación Kitchen estuvieran detrás del asalto del falso cura, pero igual que El Gordo reconoció haber sustraído información de los teléfonos de Bárcenas o haber allanado un local de la familia, todo sin orden judicial, negó taxativamente la actuación de Enrique Olivares fuera obra de la Policía. Muy enfadado le contó al juez que en 40 años de encargos delicados jamás se le habría ocurrido hacer algo propio de “una película de Alfredo Landa”.

El falso cura, un individuo casi en la indigencia y miembro de una humilde familia, contó para su defensa con un abogado que le pagó alguien cuya identidad continúa en secreto. Aquel abogado, Andrés Ruiz Cubero, es hermano del funcionario de prisiones que intentó vender material grabado por Villarejo después de coincidir con él cuando ambos cumplían condena en Estremera. 

El letrado negó a elDiario.es que su defensa de Olivares estuviera vinculada con su hermano o que le hubiera contratado alguien relacionado con la política o los servicios de Información y aludió a un favor personal. “Enrique estaba trastornado. ¿A quién se le podría haber ocurrido utilizarlo para algo así?”, declaró en 2022.

El segundo interrogante se refiere a los ingresos de Olivares estando en la cárcel: ¿quién cebaba continuamente la cuenta del preso? Y por último, ¿quiénes son y qué querían los policías que visitaron en prisión a Olivares el 1 de diciembre de 2015, apenas unos días después de que aparecieran las primeras informaciones publicadas sobre la operación Kitchen?. De los policías, este periódico solo pudo determinar que pertenecían a la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), no vinculada a la Kitchen. La Dirección General de la Policía evitó cualquier comentario al ser preguntada por esta cuestión.

Respecto a la cuenta del peculio del preso, esta llegó a reunir 4.751,28 euros. Olivares recibía ingresos de una pensión de 368 euros y otros periódicos de 250. “Perteneciendo a una familia sin recursos, Enrique Olivares recibía sistemáticamente ingresos en su cuenta penitenciaria de peculio, cuyo origen puede coadyuvar a demostrar que no habría actuado de modo aislado y autónomo”, llegaron a escribir los fiscales Ignacio Stampa y Miguel Serrano. Pero el juez García Castellón concluyó: “No se ha recabado ningún indicio que permita sostener, con la seriedad que un proceso penal de esta naturaleza reclama, que el asalto al domicilio del señor Bárcenas estuviera directamente relacionado con la operación Kitchen”.

Una comisión judicial integrada por el juez, los fiscales y una médico forense de la Audiencia Nacional llegaron a visitar a Olivares en prisión después de sufrir el ictus, ante las noticias de cierta recuperación. La forense quedó en redactar un informe que, según fuentes del caso, iba a recomendar que se le tomara declaración. Pero entonces, la médico cayó enferma y después llegó la pandemia. Antes de su reincorporación, el juez despachó el caso del falso cura. García Castellón hizo que lo trasladaran a la Audiencia Nacional y que otro forense dictaminara: no estaba en condiciones de declarar.

Nadie es quien parece en la cárcel de Bárcenas

La cárcel es protagonista del tercer interrogante de Kitchen: el espionaje a Bárcenas mientras su familia era vigilada 24 horas en el exterior. Así se lo contó al juez el propio Luis Bárcenas: “Yo detecté una persona que infiltraron en el módulo en el que yo estaba para hacerme labores de seguimiento (…) Me seguía y tomaba notas”. La coartada de ese supuesto preso entre los reclusos del módulo de Bárcenas es que había sido detenido intentando introducir droga en España con un velero. Pero un buen día desapareció del módulo. Bárcenas y otros presos pensaron que había cambiado a otro, pero luego supieron que ya no estaba en la cárcel. 

Bárcenas describió ante el juez y los fiscales gráficamente el episodio del espía: “La foto del individuo que se correspondía con el carnet de la persona que estaba haciendo el seguimiento era un dominicano, pero el señor que estaba haciendo el seguimiento era un señor español, blanco, blanquísimo. Y no de color café con leche, como era el dominicano, no. O sea, que habían infiltrado a una persona con tal nivel de torpeza que en lograr de fabricar un NIS [Número de Identificación de Seguridad, una suerte de carnet de recluso], no sé si se puede hacer, le habían asignado el NIS de otra persona, que habría estado ya en el Centro Penitenciario y que era un dominicano”.

Luis Bárcenas le dijo al juez y a los fiscales que cree que detrás del espionaje en prisión está el Centro Nacional de Inteligencia y el interés de la entonces vicepresidenta del Gobierno, de la que dependía el servicio de espionaje español, en que el caso de la caja B no salpicara a Mariano Rajoy. 

La historia del falso dominicano se cruza con el episodio del informático colombiano al que Bárcenas pidió que, al salir de permiso, accediera a la 'nube' y borrara archivos que allí guardaba. En una de ellas, Rajoy aparecería hablando con Bárcenas mientras introduce en una destructora de papel en 2009 pruebas de la caja B del partido. O ese creerían los policías de la Kitchen. De esa grabación ha hablado el ex tesorero en varias ocasiones, en sede judicial y en el Congreso, asegurando que estaba en el local de su mujer que allanó ilegalmente García Castaño, El Gordo. Bárcenas se ha contradicho al respecto. Ante el juez del caso Kitchen aseguró que él nunca ha grabado a nadie.

El colombiano, de nombre Isidro Sánchez, era un experto informático que se ofreció a hacer el trabajo durante un permiso de seis días. Según explicó Sánchez al juez, Bárcenas únicamente le pidió que solicitara a Google eliminar las noticias aparecidas sobre su mujer, Rosalía Iglesias. El ex tesorero, por contra, declaró que el trabajo consistía en borrar documentación de la 'nube', pero negó que allí hubiera ninguna grabación hecha por él.

Bárcenas pactó entregar a Isidro Sánchez una cantidad de dinero, que oscilaría entre los 1.500 y los 3.000 euros, que el recluso le requirió para comprar material informático. Se lo entregaría la mujer de Bárcenas, a través del chófer infiltrado, Sergio Ríos. La cita del chófer con este preso aparece reflejada en la agenda de Villarejo. 

Isidro Sánchez contó que no pudo hacer el trabajo porque fue detenido en la habitación de la pensión donde se alojó durante el permiso. El Gordo reconoció en el juzgado que sus agentes le habían seguido porque alguien les informó del día que salía de la cárcel. La Policía detuvo al colombiano por una reclamación de un juzgado de otra causa pendiente y lo devolvió a prisión. Bárcenas asegura, sin embargo, que cuando salió de la cárcel, en la 'nube' ya no quedaba nada.

Antes o después de salir de permiso, los funcionarios hicieron un cacheo sorpresa en la celda del colombiano y le encontraron la anotación de Bárcenas: “Alex, hay que destruir todos los audios de M.R cuando yo te dé la orden. No debe quedar nada. Es mi compromiso. Haz el favor de ir recuperándolos. Abrazo”. Bárcenas asegura que él escribió esa nota. El colombiano dice que nunca existió.

El 13 de agosto de 2013, el comisario Villarejo escribió en su diario, junto al apelativo “Andi” (Andrés Gómez Gordo, comisario imputado y ex asesor de Cospedal): “Datos de colombiano colaborador de MACO”, en posible alusión a la cárcel. El 3 de septiembre de 2013, junto al nombre “Chisco” (Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad), Villarejo apunta: “Coche de (ininteligible). Ayuda Prisiones. Tema ordenadores, copia en teléfono”. El 3 de octubre, el aludido es BIG (comisario Enrique García Castaño): “2 paquetes con notas a un preso tercer grado”.

La historia de la Kitchen en prisión abre una serie de interrogantes: ¿Era el colombiano en realidad un colaborador de la Policía que engañó a Bárcenas? ¿Fue su detención durante el permiso una maniobra de distracción? ¿Quién borró los datos de la 'nube'? Y, sobre todo, ¿estaba allí la grabación de Rajoy destruyendo papeles de la caja B del PP?