En fechas recientes se ha producido la enésima polémica relacionada con la actuación de la Guardia Civil en Euskadi, en este caso ligada a una investigación que está desarrollando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) a petición de la Fiscalía de Gipuzkoa.

No es de extrañar. Para muchas personas de esta tierra, nombrar a la Benemérita es mentar a la bicha. No sólo por el polémico papel de ese cuerpo militar durante el franquismo y en muchos episodios negros de la lucha antiterrorista. En nuestros pueblos y ciudades tampoco ha sido fácil la convivencia entre los agentes y la gente. Ahí tenemos el episodio de Altsasu, sin ir más lejos.

Sin embargo, el asunto que nos ocupa es mucho menos dramático. O eso pudiera parecer. En mayo se produce un vertido de miles de litros de amoniaco en las instalaciones de la incineradora de Zubieta que mata a cientos de peces. Y no es la primera vez. ¿Accidental o provocado? ¿Falta o delito? Hay que investigarlo. Lo hace la Unidad de Medio Ambiente de la Ertzaintza, que remite un primer atestado a la Fiscalía. Sin embargo, la propia Fiscalía pide la colaboración del Seprona para evaluar los daños ocasionados por el vertido, y ahí viene el lío.

La Ertzaintza contra la Guardia Civil. “Lo nuestro” frente a “lo de fuera”. “Invasión competencial”, claman desde el Gobierno Vasco, porque la protección del medio ambiente no es una de las funciones reservadas a las Fuerzas de Seguridad del Estado en Euskadi. En realidad, no parece ser de nadie. Le corresponde a la Ertzaintza, que cubre el expediente con una unidad de diez agentes, y hacen lo que pueden. Hasta hace poco eran siete, equipados con un maletín para investigar incendios forestales y un medidor de gases tóxicos que les había regalado la Fiscalía de Medio Ambiente. En junio de 2018 el Parlamento Vasco demandó un aumento de recursos, y una mayor coordinación y cooperación con el resto de instituciones vascas (inspectores de la Agencia Vasca del Agua, agentes forestales de las Diputaciones, policías locales). Petición unánime, respuesta vacía. Seguimos parecido.

Tras tanto tiempo pidiendo a la Guardia Civil 'que se vayan', no sería de extrañar que mucha gente en este país esté deseando que vengan a levantar las alfombras del oasis vasco, ésas que tanta porquería acumulan tras décadas de gobierno de los de siempre

“Estamos enfadados”, dicen los responsables de la Ertzaintza. Yo también. Enfadado y harto. Harto de que la protección del medio ambiente sea responsabilidad de todos y de nadie. Harto de que la impunidad sea la tónica común en este país, donde se pueden abatir especies protegidas, contaminar ríos, quemar montes, abandonar residuos en cualquier sitio o, incluso, gestionar un vertedero como si fuera un saco sin fondo hasta que se viene abajo. Y se mueren las aves, pero también las personas. Y otras enferman por respirar aire contaminado. Aquí somos competentes para morirnos como nos dé la gana.

Las competencias son para ejercerlas, no para encerrarlas en un cajón. La ciudadanía vasca no tiene nada que reprochar a la Unidad de Medio Ambiente de la Ertzaintza. Es nuestra policía, y está para proteger nuestra salud y la calidad de nuestro entorno… cuando lo hace. Pero no siempre lo hace, ya sea por escasez de medios, por una formación insuficiente o por ausencia de liderazgo. ¿A quién beneficia la inactividad policial? Al infractor, al delincuente. Sobre todo, si ese presunto es cercano al poder.

Después de tanto tiempo pidiendo a la Guardia Civil “que se vayan”, no sería de extrañar que, en su fuero interno, mucha gente en este país esté deseando ahora que vengan a levantar las alfombras del oasis vasco, ésas que tanta porquería acumulan tras décadas de gobierno de los de siempre. Que empiecen por lo último y luego sigan hacia atrás: el vertedero de Zaldibar, la incineradora de Zubieta, las obras de la Y vasca, las pistas de Aralar, la caza de especies protegidas, las peleas de animales…. Llaman a la puerta, es el Seprona. Pasen, por favor. 

El 21 de febrero de este año, un muy serio José Ramón Becerra Carollo (nacido en la única ciudad de Bizkaia, en Orduña) compareció en la minúscula sede de Equo Berdeak en el barrio de San Martín de Vitoria -el más castigado por la COVID-19 en Euskadi- para comunicar que habían sido expulsados de la coalición con Podemos e IU. Horas antes había fallecido su padre y ahora le golpeaba la realidad de que tenía que montar en tiempo récord una candidatura para las elecciones vascas, que entonces todavía estaban fijadas para el 5 de abril. Con algo más de margen ahora que son el 12 de julio, Becerra lo ha logrado y su imagen recorre ya las calles vascas en un triciclo. El siguiente reto es que un partido igualmente minúsculo logre el 3% en Álava y obtenga el último escaño en juego, algo que no prevén las encuestas aunque -razona el aludido- muchas ni siquiera preguntan por ellos.

En 2016, entonces sin barba pero siempre con chaqueta, Becerra fue elegido parlamentario vasco -también por Álava- dentro de Elkarrekin Podemos y, según se felicitaba en aquella época, era el primer 'verde' en conseguirlo. Ecologista de convicción y de ejercicio -conduce un coche híbrido de 11 años de antigüedad-, ha ido adquiriendo protagonismo en la coalición y no solamente en temas medioambientales, sino también en la negociación de los presupuestos de 2020 con el Gobierno de Iñigo Urkullu o, sobre todo, en la comisión de investigación del fraude de las contratas de los comedores escolares. “Sí, sí, sí. Se está usted labrando un nombre fuera de su txoko, de su txokito medioambiental y apocalíptico”, ironizó el representante del PNV en aquel foro, David Latxaga, cuando se aprobó un dictamen que cuantificaba en 80 millones de euros las irregularidades y que enervó al partido del Gobierno.

“Es una persona con una gran capacidad de trabajo [...]. Ha sido un magnífico compañero que durante la última legislatura ha demostrado ser uno de los parlamentarios más destacados, no sólo por su enorme labor política sino también por su talante y capacidad para llegar a acuerdos. Los celebraba siempre con un helado en el postre”, opina de él su excompañera de Podemos Cristina Macazaga.

En el Parlamento y en Euskadi en general, la confluencia de Podemos con IU y Equo funcionó muy bien a nivel interno. La ruptura vino motivada porque, en las elecciones generales de otoño de 2019, Equo se alineó con Íñigo Errejón y Más País. La buena relación con el partido que entonces dirigía Lander Martínez preservó la convivencia a nivel vasco, a pesar de las turbulencias externas, todas las partes querían reeditar Elkarrekin Podemos. Pero llegó “el veto por parte de Pablo Iglesias”, en palabras del propio Becerra. Ni siquiera la mediación de los dirigentes de IU salvó los muebles. 

En aquellas jornadas, muchos excolegas de la coalición lamentaron haber perdido a un activo. Rosa Martínez, tras perder pocos días después las primarias de Podemos a favor de Miren Gorrotxategi, declaró esto a eldiario.es: “¿Becerra o Gorrotxategi? Sin duda José Ramón Becerra, porque creo que sí que tiene un proyecto muy claro de los retos que necesita Euskadi y comparto con él al 100% esa visión. Hay que ir un paso más allá en la economía, la sostenibilidad ambiental y social, y creo que ha demostrado esta legislatura solvencia y conocimiento de sobra de la política vasca”. En privado, otros ex de Podemos se ven más cercanos a Equo que al nuevo proyecto de Elkarrekin Podemos, ahora limitada al partido morado y a IU.

Becerra es valorado incluso entre los rivales políticos. Cosas de la logística, en el escaño de su izquierda se ha sentado durante esta legislatura un parlamentario del PP, Javier Ruiz de Arbulo. “Me parece un tío estupendo, serio y formado. Con ideas claras, aunque no las comparto, claro. Equo era la parte más pequeña de Elkarrekin Podemos y se ha tenido que hacer valer. Me alegro de haberle conocido. Trabaja muchísimo los temas. Se estudia mucho los discursos. Él es bilingüe, pero no tiene tanta soltura en euskera y lo trabajaba con profesores”, opina Ruiz de Arbulo, Matiza, eso sí, que cree que “la política le ha ido torciendo” porque pasó de “chocar mucho” con el Ejecutivo de Iñigo Urkullu a “acabar aprobándole los presupuestos al Gobierno” a finales de 2019. 

En Hondarribia, el grupo municipal Abotsanitz también tiene buen recuerdo de su colaboración para tratar de frenar el proyecto de macrocentro comercial en Zaldunborda, ahora en 'stand by' por una sentencia anulatoria del plan general urbanístico del municipio guipuzcoano. “Cuando empezamos a trabajar el tema de Zaldunborda hace cuatro años, pedimos ayuda y vino Joserra desde Vitoria. La disposición que mostró fue total. Fue el único parlamentario que ha venido a ayudarnos. No somos del mismo partido pero ha sido una persona cercana. Es alguien con muchos conocimientos”, dice de él Igor Enparan, el portavoz.

Ingeniero técnico industrial por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) y máster en gestión de riesgos ambientales por la UNED, es funcionario autonómico. Antes del nacimiento de Equo no había militado en ninguna otra formación, aunque lleva activo socialmente desde la adolescencia. En el instituto ya se acercó a Gesto por la Paz y se opuso al terrorismo de ETA en aulas de las que salieron compañeros que acabaron en comandos. También fue delegado independiente elegido en una candidatura de UGT a instancias de una amiga -“pero no liberado”, puntualiza- y colaboró con IU en la campaña de 1998, una formación entonces llamada Ezker Batua Berdeak y cuyo líder era Javier Madrazo. Les asesoró externamente en materia de políticas medioambientales. 

Si la agenda se lo ha permitido, ha acudido de su residencia en Bizkaia al Parlamento, en Vitoria, siempre en transporte público, “en el autobús de La Unión de las ocho de la mañana”. En sus ratos de ocio camina por la naturaleza, le gusta la música clásica y es socio de la coral de Bilbao, donde cantan sus hijos. Se ha apuntado a cursos de teatro e incluso ha hecho sus primeros pinitos como actor. El de las elecciones del 12 de julio es el guion más difícil de su carrera. ¿Logrará traducir la creciente conciencia medioambiental en votos?

José Ramón Becerra, candidato a lehendakari de Equo Berdeak, ha inaugurado hoy la campaña electoral con un acto celebrado en una Vitoria pasada por agua, en el que se ha postulado como una “opción distinta a los bloques de siempre”. El partido verde, que concurre a la cita con las urnas del 12 de julio tras una legislatura en la que ha ocupado un escaño como parte de la coalición Elkarrekin Podemos, pugna ahora por mantener la presencia en el Parlamento vasco.

El discurso de Equo, como ha subrayado este jueves Becerra, se sustenta sobre un “plan de reconstrucción verde y justa” para la Euskadi posterior a la COVID-19. Ese plan pasa por la creación de empleo -hasta 30.000 nuevos puestos- en “sectores del futuro”, por impulsar un nuevo modelo de bienestar encaminado a la reducción de las desigualdades y por la “construcción de una democracia más avanzada”. “Estamos convencidas de que podemos salir mejores de esta crisis”, ha recalcado el candidato, que considera que la suya es “una fuerza capaz de llegar a acuerdos útiles”.

Uno de los ejes para la construcción de la Euskadi que viene después de la pandemia es, para Equo, el de la “prevención y cuidado de la salud”. El partido apuesta por un incremento de la financiación de la sanidad pública y por blindarse para poder hacer frente a los posibles repuntes de coronavirus. Para ello, propone reforzar la plantilla de Osakidetza, así como primar la producción local del material sanitario que se vaya a requerir.

Sin coalición y con el viento de las encuestas en contra

Becerra ha representado a Equo en el Parlamento vasco durante los últimos cuatro años. En esa última legislatura, formaban parte de la coalición Elkarrekin Podemos, que compartían con los propios morados y con IU. Esta, sin embargo, se rompió a las puertas de la que hubiera sido la campaña de las elecciones del 5 de abril, pero que luego se suspendió con motivo de la pandemia. Esta ruptura la achacaron a un “veto por parte de Pablo Iglesias”, un “obstáculo insalvable” para la reedición de la confluencia.

Ahora, Becerra estará arropado por Edurne Baranda, Stella García y Erika Martínez, candidatas por Gipuzkoa, Bizkaia y Álava, respectivamente. Las encuestas electorales no vaticinan, sin embargo, unos buenos resultados para los verdes. El CIS ni siquiera pregunta por la candidatura de Becerra, mientras que la encuesta de Celeste-Tel para eldiario.es augura que se irá de vacío: con tan solo un 1% en intención de voto -una décima incluso por detrás de Vox-, no se apuntaría ningún escaño. Atendiendo al comportamiento de los electores que participaron en los comicios de 2016, apenas un tímido 3,9% de los que depositaron la papeleta de la coalición en la que estaba integrada Equo apostaría ahora por este partido.

El partido ecologista Equo (en Euskadi Equo Berdeak) ha acordado en asamblea este sábado que concurrirá a las elecciones vascas del próximo 5 de abril. Lo hará en solitario y con José Ramón Becerra, ingeniero bilbaíno de 50 años y parlamentario en la última legislatura dentro de la coalición Elkarrekin Podemos, como candidato a lehendakari.

Los verdes han tomado esta decisión a última hora después de la abrupta ruptura de la coalición con Podemos e IU, que las tres organizaciones vascas querían reeditar. Pero, según la versión explicada por Becerra la pasada semana, Pablo Iglesias y el que fuera líder de Equo, Juantxo López de Uralde, impidieron esa confluencia. Equo apoyó a Iñigo Errejón en las elecciones generales, si bien la federación vasca se desmarcó públicamente para salvaguarda Elkarrekin Podemos.

“La militancia del partido verde, que se mostró ampliamente favorable la semana pasada por volver a unir sus fuerzas con la coalición, pero que quedó fuera de la misma debido al veto impuesto desde la dirección estatal de Podemos, ha optado este sábado por participar en las elecciones vascas en solitario, como una sigla más”, ha informado Equo Berdeak, que se ha reunido en Ataria, en el anillo verde de Vitoria, para lanzar su carrera electoral.

Equo es consciente de la dificultad de armar una candidatura de cero con tan poco margen y sin apenas recursos -habrá que ver si el espacio que los medios públicos ofrecen a Elkarrekin Podemos se reparte con ellos- pero se apoya en que, en 2012, se quedó a “700 votos” de un escaño en el Parlamento Vasco. Además, la crisis en Podemos podría abrirles nuevas expectativas.

“En esta ocasión, con una inquietud ecologista generalizada entre la sociedad vasca que va en aumento, con los retos que implica la crisis climática y con la necesidad apremiante de abordar en Euskadi un nuevo modelo económico y productivo compatible con el medio ambiente, el partido verde cree que serán muchos los votantes que busquen respuestas en la ecología política de Equo Berdeak”, reflexiona el partido de Becerra.

Y añade: “Los partidos que han gobernado hasta ahora no han sido capaces de aportar la transformación social que necesita este país. Las propuestas de nuestra formación abordan retos globales como la emergencia climática, o sociales como el envejecimiento de la población, las migraciones, el empleo precario, … desde la perspectiva verde, progresista e ilusionante. La sociedad vasca debe saber que el espacio verde en Euskadi está en Equo Berdeak, no está en Elkarrekin Podemos, ni en EH Bildu ni en el PSE-EE”.

Han pasado tres lustros desde la inauguración del último parque eólico en Euskadi. Desde 2005, bien por la contestación social o bien arguyendo falta de subvenciones, la eólica ha sido una energía parada, pese a las optimistas promesas del Gobierno. Ahora, soplan nuevos vientos que prevén darle un empujón, ya que el Ejecutivo se ha comprometido a casi quintuplicar la potencia antes de 2030 para intentar seguir a rebufo de las directrices impuestas desde Bruselas. Para ello, como se anunció este martes, ya se están llevando a cabo pruebas en ocho emplazamientos: los resultados que estas arrojen servirán para conocer el “potencial real” de la región para la generación de energía a partir del viento.

En 2005 echó a volar el último parque eólico en Euskadi hasta la fecha, en la sierra alavesa de Badaia. Las idas y venidas entre la Diputación foral y el Gobierno central no fueron más que la antesala de las disputas que acompañarían a todas las decisiones relacionadas con la energía eólica. Tan solo un año después, cuando la construcción de un nuevo parque en la sierra vizcaína de Ordunte estaba prácticamente en marcha, el departamento de Medio Ambiente del Ejecutivo vasco reculó y frenó en seco los planes oficiales.

La declaración de impacto ambiental que emitió este departamento fue la primera de esas características: nunca antes se había frenado por esta vía un proyecto industrial tan avanzado. Se alegó una “pérdida irreparable para la naturalidad de la parte alta de la sierra de Ordunte”, así como unas consecuencias que serían “irreversibles”, tal y como recogen las crónicas publicada por 'El País' en esos días. La ciudadanía, con su oposición activa, también desempeñó un papel fundamental en la suspensión del plan, que no se retomó hasta 2010.

Julen Rekondo, ganador del Premio Nacional de Medioambiente, destaca la oposición que hubo en aquel entonces y advierte de que no se puede pasar por alto ni ocultar ahora. “Todo entronca con los montes, una seña de identidad de los vascos que se veía amenazada”, explica, y recalca la naturaleza variada de los que conformaron la resistencia a la instalación de los molinos: ecologistas, montañeros, amantes de las aves... 

Pese a ello, el plan eólico vasco se retomó en 2010, lo que coincidió, sin embargo, con el cierre del grifo a las subvenciones a esta energía, que hasta entonces habían sido de hasta el 40%. El socialista José Luis Rodríguez Zapatero limitó en 2011 el acceso a estas bonificaciones, mientras que el 'popular' Mariano Rajoy, un año después, decretó la moratoria sobre ellas. Pese a todo ello, el Gobierno vasco no se desmarcó de su plan: actualizó el de 2010 y lo amplió hasta 2020, con la intención de llegar a los 630 megavatios de potencia. La realidad es que, desde 2005, no se ha incrementado ni en un solo megavatio: la cifra de 153 (un tímido 0,65 % del conjunto de la producción eólica estatal) no ha variado un ápice.

“Un paso por detrás de Europa”

Ahora, el Gobierno vasco ha anunciado que está trabajando en el análisis de ocho emplazamientos para impulsar la energía eólica y ajustarse a las directrices europeas instalando 577 nuevos megavatios antes de 2030. José Ramón Becerra, parlamentario de Elkarrekin Podemos, se muestra sorprendido por una apuesta centrada en la energía eólica, “cuando lo que en realidad pide Europa es que se desarrollen las renovables en su conjunto”. Esto se explica por el hecho de que la eólica es la única renovable que permite tener centralizada la producción, con grandes instalaciones. “Este anuncio nos mantiene un paso por detrás del futuro de la energía”, sostiene. Cree, en cambio, que ha de apostarse por pequeñas instalaciones a nivel particular, y no por grandes proyectos como este.

Rekondo, aun así, cree que el contexto es ahora mucho más favorable que hace tres lustros, cuando la oposición se abalanzó contra el proyecto de Ordunte. “Los parques eólicos de ahora son mucho más eficientes y, si bien es cierto que el impacto existe, especialmente el paisajístico, son una alternativa que parece la indicada en el camino hacia la descarbonización”, señala. Pese a ello, pide que se hagan los estudios pertinentes y que se tenga en cuenta a la ciudadanía en su conjunto, “dando voz a todos”, más allá incluso de los mínimos que establece la ley en materia participativa.

La inversión eólica para la próxima década en Euskadi, que se estima en cerca de 600 millones de euros, correrá a cargo de la sociedad Aixeindar, participada por Iberdrola en un 60 % y el Ente Vasco de la Energía, dependiente del Gobierno, en el otro 40. Esto es también motivo de crítica por parte de Becerra, que considera que Iberdrola, una empresa privada, “seguirá teniendo los resortes de decisión en lo relativo a la producción de energía”. La apuesta, en su opinión, habría de estar encaminada hacia “la descentralización y la democratización de la energía”, que tendría que estar “en manos de la ciudadanía”.

Con una semana de retraso para que todos los parlamentarios de EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP estuvieran en sus escaños -la oposición en Euskadi suma un voto más que el Gobierno de PNV y PSE-EE en el Parlamento-, se ha aprobado finalmente el dictamen de conclusiones de la comisión que ha investigado las derivadas políticas del cártel de los comedores de los colegios públicos, un grupo de empresas que desde 2003 se repartieron el mayor contrato de la Educación vasca y que generaron un sobrecoste, según ese informe, de hasta 80,2 millones de euros, 48,5 de los cuales habrían salido de los bolsillos de las familias usuarias. Nacionalistas y socialistas, con un tono muy duro, han coincidido en criticar la alianza entre partidos tan dispares y han rebajado el asunto a una mera venganza política para desgastar al Ejecutivo de Urkullu.

El final de esta comisión de investigación, impulsada por la oposición, no ha sido sencillo. De hecho, la representante del PP en el foro, Juana Bengoechea, viró a última hora y cambió el criterio defendido hasta la fecha por su partido, que llegó a comparar este caso con los ERE de Andalucía. Bengoechea se abrió a pactar un documento menos contundente con los partidos del Gobierno pero fue desautorizada y, finalmente, los 'populares' aprobaron el borrador redactado de la presidenta de la comisión, Larraitz Ugarte (EH Bildu) ajustado con enmiendas del representante de Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, cuyo trabajo para engrasar el dictamen final ha aplaudido el PP.

“Queda acreditado un sobrecoste no justificado en la gestión de servicio de comedores de entre 70,8 y 80,2 millones de euros entre 2003 y 2015, de los cuales entre 28,7 y 33,7 millones se habrían quebrantado al Departamento de Educación, y entre 42,1 y 48,5 millones de euros se habrían detraído a las familias o a través de las cuotas de comedor”, ha argumentado Carmelo Barrio, del PP, que asumió el tema en junio en sustitución de Bengoechea.

Los representantes de PNV y PSE-EE, David Latxaga y José Antonio Pastor, respectivamente, han insistido en que las cifras no se apoyan en “nada concreto”. El socialista, por ejemplo, ha remarcado que no encuentra por ninguna parte el perjuicio para las familias y que los números están sacados “por arte de birli birloque”. Desde la bancada de Elkarrekin Podemos, Becerra ha contraatacado: “Las familias empezaron 2003 pagando un 60% del servicio, y acabaron 2015 pagando un 75%. Eso no es ilegal, coincido con usted, porque el propio sistema puesto en su día en marcha decía que el servicio tenía que ir a una autofinanciación”

Los partidos del Gobierno, han coincidido también en que la oposición tenía “preparadas” las conclusiones de antemano -“medias verdades” que son peor que las mentiras, según Latxaga- y en que se han “filtrado” en estos meses a la prensa para erosionar al Ejecutivo. Sin embargo, los otros partidos han defendido que la comisión surge porque la Autoridad Vasca de la Competencia destapó estas irregularidades y porque después fueron confirmadas en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que rebajó las multas a las empresas (Auzolagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui, Gastronomía Baska, Gastronomía Cantábrica, Eurest y Tamar Las Arenas) por la falta de control por parte de la Administración. El dictamen señala las responsabilidades de varios responsables de Educación. Los consejeros en que se ha producido el cártel de los comedores han sido de EA (Anjeles Iztueta y Tontxu Campos), del PSE-EE (la hoy ministra Isabel Celaá) y del PNV (la actual titular de Educación, Cristina Uriarte).

Mirando directamente a EH Bildu, coalición que integra en la actualidad a EA, Latxaga ha señalado: “Es tal la inquina que le tienen al PNV que, con tal de echar porquería sobre los asientos de los grupos que apoyan al Gobierno, no tienen empacho ni escrúpulos en manchar el nombre de dos consejeros que ahora militan en su formación política. La trayectoria y los testimonios del señor Campos y la señora Iztueta fueron más que elocuentes, pero da igual, les endosa una responsabilidad política que solo ustedes ven, sin piedad”. Latxaga ha denunciado también el electoralismo del PP con este tema y ha rematado las críticas atacando personalmente a Becerra, miembro de Equo, e incluso ridiculizando el cambio climático. “Sí, sí, sí. Se está usted labrando un nombre fuera de su txoko, de su txokito medioambiental y apocalíptico”, ha llegado a decir Latxaga.

“Tengo una mala noticia para todos los que van aprobar hoy el dictamen que se somete a votación. Y la mala noticia es que se les ha acabado el chollo. No van a poder exprimir más jugo al tema de los comedores escolares. No van a poder manosear este trámite. No lo podrán alargar más. Llevan casi dos años a vueltas con esta comisión y algunas de las escenas protagonizadas por sus actores, son más propias de una comedia de enredo que de un Parlamento serio. Un esperpento, un auténtico despropósito que sólo perseguía darle una patada en el trasero al Gobierno de Urkullu. Perseguía su desgaste, no mejorar la contratación pública, ni la gestión de los comedores escolares, ni nada que tenga que ver con el servicio público o el servicio a los ciudadanos”, se ha desquitado el representante del PNV. El asunto, en todo caso, no se ha agotado este jueves. Y es que Becerra interpelará este viernes a la consejera Uriarte en la sesión de control al Gobierno -la primera en más de 100 días- por las medidas que se adoptarán para corregir las fallas en el sistema detectadas por la comisión de investigación.

Las palabras de Latxaga han recordado a otros discursos recientes del PNV en la Cámara, almacenados en las hemerotecas y en el diario de sesiones, cuando la oposición se ha unido para denunciar irregularidades. En un debate sobre la investigación en torno a las oposiciones de Osakidetza, la ya exportavoz Josune Gorospe denunció una “operación PNV” y avisó a oposición y medios de comunicación: “El cazador de hoy es la presa de mañana”. Cuando se habló de Epsilon e Hiriko también hubo dureza: “El informe es parcial, sesgado y tendencioso y responde al impulso político del PP”. Lo mismo ocurrió en el 'caso Margüello', en aquella ocasión denunciado por un Gobierno de los ahora socios del PSE-EE: “Llevan dos años levantando alfombras y vendiendo humo”. Y tras la comisión del 'caso De Miguel', en la que se habló de que los partidos buscaban “con saña” alimentar “juicios mediáticos” sobre la nada.

El Parlamento Vasco ha aprobado en el breve pleno de este jueves y por amplia mayoría –pero no por unanimidad– una resolución de rechazo a los “actos de reconocimiento con ostentación pública a los presos de ETA que salen de prisión”, ya que suponen una “revictimización” para los afectados por el terrorismo y son una “dificultad añadida para la construcción de una convivencia democrática”. El texto ha partido del PP y se ha logrado una redacción conjunta apoyada también por PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos. Sólo EH Bildu se ha desmarcado del acuerdo. Según su portavoz, Julen Arzuaga, “los 'ongi etorri' no tienen ninguna voluntad de burlarse de las víctimas o de incrementar su sufrimiento”, al tiempo que ha defendido el silogismo de que, sin presos o con otra política penitenciaria, no habría este tipo de recibimientos.

Arzuaga, que es abogado de profesión, ha intervenido en la tribuna de la Cámara al modo de un penalista en un juicio, buscando un debate jurídico frente al resto de portavoces, que pedían a EH Bildu y singularmente a Sortu una valoración ética. Ha asegurado Arzuaga que en las reflexiones de otros partidos y medios de comunicación sobre este particular “se mezclan términos”. Ha indicado que “homenajear es un delito” y que “eso no ocurre” con los expresos de ETA que terminan su condena –con algunos, ya que los arrepentidos que se acogieron a la 'vía Nanclares' no tienen la misma bienvenida–. “Se acoge a una persona, no se homenajea nada”, ha repetido para asegurar que estos actos “simplemente” denuncian las “condiciones muy duras en la cárcel” de determinadas personas que son “algo más” que un mero “currículum criminal”.

“Son expresiones de acogida a la persona. No se pueden vincular con la apología de organizaciones que afortunadamente ya no existen”, ha continuado Arzuaga, que incluso ha subrayado que la Audiencia Nacional todavía no tiene un criterio fijo a la hora de castigar los 'ongi etorri' aunque ha advertido que “un amigo de un preso” ya ha sido imputado por participar en uno de ellos. Ha añadido que la izquierda abertzale reconoce a “todas las víctimas”. En ese sentido, ha asegurado que los presos de ETA también lo son porque han sufrido “incomunicación, torturas, aislamiento, dispersión y denegación de permisos”.

“Hoy es un día malo para usted y para lo que usted representa. Con su discurso lo que trata es de manipular la realidad”, le ha afeado a Arzuaga el representante del PP, Carmelo Barrio, que ha lamentado que en Euskadi se “jalee” a los terroristas y que este verano se haya producido un repunte. Ha aportado un dato: desde que en febrero de 2018 la Cámara debatió sobre este particular se han celebrado otros 80 homenajes. “Si antes era la violencia terrorista, ahora es la radicalidad lo que más aleja al País Vasco de la convivencia”, ha apostillado.

El PP ha hecho un “llamamiento” a las instituciones para que impidan este tipo de actos. En la propuesta original, en efecto, se recogía el verbo “impedir”. Pero la redacción final cerrada por los 'populares' con PNV, PSE-EE y Elkarrekin Podemos plantea más en genérico que los poderes públicos deberán “garantizar las políticas de reconocimiento, verdad, justicia y reparación debidas a las víctimas” y “redoblar los esfuerzos para promover activamente la deslegitimación del uso de la violencia”.

Desde la bancada del PSE-EE, Txarli Prieto ha articulado un discurso muy contundente, en la línea de las reflexiones del delegado del Gobierno de Pedro Sánchez en Euskadi, Jesús Loza, que alertó de que este tipo de recibimientos, singularmente por la participación de jóvenes en ellos, pueden conducir a un “rebrote” de la violencia. Según Prieto, Sortu y “parte de EH Bildu” mantienen “connivencia” y “cercanía” con el terrorismo de ETA. Son “residuos de intolerancia y fanatismo” que prueban, a su juicio, el “doble juego de una parte de la representación política de este país”. “Mientras unos están en las tumbas, otros están satisfechos de que así ocurriera y hacen una fiesta pública”, ha remachado.

Arzuaga ha entrado al trapo y ha reprochado a los socialistas los homenajes a excargos del Estado condenados por los GAL como Rafael Vera y José Barrionuevo. Sobre los niños y jóvenes, ha indicado que también hay que tener en cuenta a los que “todos los fines de semana” tienen que “preparar la mochila” para recorrer miles de kilómetros para visitar a sus familiares presos.

La reducción del debate a una mera disquisición jurídica ha irritado también al portavoz del PNV, Iñigo Iturrate. “No todo lo moralmente reprobable es delito y cualquier sociedad tiene que tener una mínima ética compartida”, ha expresado para reiterar que “matar estuvo mal” y que todo el mundo debería asumir ese principio. “Homenajear o ensalzar es absolutamente rechazable y avergüenza a cualquier sociedad decente. No se trata del 'derecho al abrazo'”, ha añadido recordando unas reflexiones de Arnaldo Otegi sobre estos actos y destacando que no son precisamente bienvenidas improvisadas, sino eventos organizados y preparados.

A Otegi también lo ha citado José Ramón Becerra, representante de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, pero para recordar que en 2001 era tremendamente beligerante con los homenajes a los GAL. “Arzuaga nos ha querido llevar a un debate terminológico. Pero la clave es para qué se juntan y cuál es el resultado respecto de las víctimas. ¿Aplicamos diferentes consideraciones éticas [a los GAL y a ETA]? No aceptan con estas palabras que matar estuvo mal. ¿Lamentan el daño causado a las víctimas en los homenajes de este verano o no?”, ha manifestado Becerra.

El parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, ha presentado este jueves una propuesta para reformar la Ley de Protección y Biniestar de los Animales de Euskadi, que data de 1993. El texto, que necesariamente tendrá que ser negociado con otros partidos para su aprobación, pasa a considerar a los animales domésticos (no sólo las mascotas, pero en ningún caso los salvajes) como “seres sensibles” provistos de derechos. Ello conlleva restringir su comercialización, regular sus cuidados, prohibir categóricamente el maltrato, el sacrificio y su empleo en espectáculos públicos. Y, sobre todo, implicaría elevar las sanciones máximas, que podrían alcanzar hasta los 100.000 euros (frente a los 15.000 euros) en los supuestos más graves, como el maltrato animal que suponga la muerte.

Becerra, en todo caso, ha reconocido que la normativa deja expresamente fuera otros ámbitos como la caza y la pesca -sectores que han hecho 'lobby' en los últimos meses en defensa de sus intereses-, los espectáculos taurinos -regulados en el ámbito estatal- y los espacios zoológicos. El parlamentario ha reconocido que es mejor ser pragmático y avanzar en lo que sea posible. “Tenemos que avanzar en asuntos que generasen consenso y en materia de animales domésticos lo hay”, interpreta el representante de Elkarrekin Podemos, que ha añadido que “el día a día del maltrato animal no viene por los toros, sino por cientos de perros, gatos, vacas o burros que viven situaciones de maltrato o abandono”, por lo que ha considerado urgente actuar en este terreno.

Según esta propuesta, que Becerra ha compartido con asociaciones animalistas, las personas titulares o responsables de los animales domésticos (que no “propietarios”) han de asumir ciertas obligaciones en el cuidado. Por ejemplo, un perro no puede estar atado más de cuatro horas seguidas, la cuerda ha de tener más de tres metros y tiene que tener en todo momento acceso a agua. También se garantiza que el transporte se realiza de forma segura y confortable. Asimismo, la propuesta plantea prohibir el sacrificio de animales o las intervenciones quirúrgicas o mutilaciones sin fines curativos. Otra novedad es que, por defecto, los animales tendrán acceso al transporte público y a los establecimientos salvo que haya un motivo justificado para que no sea así.

Becerra interpreta que los problemas de abandono y maltrato se evitarían en parte limitando el acceso a la tenencia de animales. Por ello, hay una panoplia de medidas para limitar el comercio, como la prohibición de la venta entre particulares o de la exhibición de mascotas en escaparates. Los cachorros de perro y gato, por ejemplo, habrán de venderse por catálogo y siempre con más de tres meses de edad.

En cuanto al uso de animales, se prohíben tanto las peleas y competiciones como su filmación y distribución. Igualmente, quedan vedados los circos -que en ciudades como Vitoria ya no permiten el uso de fieras desde hace tiempo- y eventos similares. Podría darse la paradoja de que un elefante no pudiera hacer un número de pelota en el circo y que se pudiera matar a un toro en una corrida, pero esta normativa no puede hincar el diente a los espectáculos taurinos.

Según Becerra, se trata de “adaptar una ley de 1993 a una sociedad más sensible con el sufrimiento y el maltrato de los animales” y buscar medidas efectivas para que estas prácticas “no queden impunes”. En este sentido, el catálogo de infracciones es muy largo y las más graves llevan aparejadas multas de elevada cuantía, 100.000 euros, por 15.000 de las sanciones actuales más onerosas.

La Cámara vasca ya rechazó el pasado mes de octubre una propuesta contra el maltrato animal de otro partido de la oposición, en este caso del PP. Becerra confía en que su texto es más completo y en que recabará más apoyos. No obstante, no dispone de mucho margen para su aprobación, ya que el Parlamento Vasco no retomará su actividad ordinaria hasta octubre y, posteriormente, apenas restarán unos meses para el final de la legislatura si se cumplen los plazos previstos.

La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos presentó hace unos días el informe de conclusiones sobre las irregularidades que culpa al Gobierno vasco de la falta de control que posibilitó un fraude que oscila entre los 70 y los 80 millones de euros. Según la comisión, las familias habrían sido las principales afectadas. He aquí algunas claves para entender cómo se repartió el pastel y lo que esto supuso:

1. 2016: se destapa el caso

Competencia y, posteriormente, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) multaron en 2016 a siete empresas por pactar un encarecimiento del servicio de comedores escolares entre los años 2003 y 2011 y 2013 y 2015. Las empresas beneficiarias eran Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (estas tres pertenecientes a MCC), Eurest, Tamar las Arenas, Gastronomía Cantábrica y Gastronomía Baska. La empresa que dio la voz de alerta, Aibak, había llegado a ‘adivinar’ ante notario cuáles iban a ser las empresas ganadoras del concurso año a año.

Si bien en un principio la cuantía global de las multas ascendía a los 18 millones de euros, el TSJPV las rebajó en un 60%, hasta los 7,24 millones, puesto que entendía que la actuación del Gobierno Vasco había contribuido a que estas considerasen que “actuaban de una manera asumible de cara al interés público”. La Fiscalía del País Vasco llegó a emprender una investigación, pero su titular por aquel entonces, Jual Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, según los que no existía ningún tipo de mercado cerrado.

2. Unas pocas empresas se reparten el pastel

José Ramón Becerra, el parlamentario de Elkarrekin Podemos que ha participado en la comisión de investigación, asegura que en los años de la crisis económica, entre 2008 y 2012, el coste facturado de los menús ascendió en casi un 50%, “en parte fruto del pacto ilícito entre las empresas para repartirse el mercado”. Se trata de un pacto tácito, técnicamente ‘colusión’ o ‘concertación’ entre empresas, que dificulta la competencia y, en consecuencia, incrementa los precios y mina la calidad. “Las empresas —comenta Becerra—, en la medida en que saben que tienen asegurado el reparto del mercado, no se van a esforzar por dar un mejor servicio”. El sistema en sí mismo ha quedado, por lo tanto, en entredicho.

La comisión de investigación no ha demostrado que hubiese un pacto expreso y por escrito, ni que existiera connivencia entre el Gobierno y las empresas, pero sí la existencia de ese acuerdo tácito e ilícito. El quebranto económico lo cifran desde la comisión en alrededor de 70 u 80 millones de euros. Es por ese motivo por el que se le exige al Ejecutivo que recupere ese sobrecoste, esos beneficios que han conseguido las empresas a costa del dinero público y del dinero puesto por las familias.

3. Las familias, las principales perjudicadas

Son esas familias las que han soportado, con su dinero, este sistema. El número de comensales de los comedores públicos ha ido creciendo con los años, pero con la crisis económica el aumento fue aun más notorio. El Gobierno hizo en 2012 los primeros cambios para estabilizar las cuotas del comedor; entre 2012 y 2017, la factura de los comedores se redujo en prácticamente un 17%. La cuota de las familias, sin embargo, se ha mantenido. “La realidad es que, cuando se acredita un sobrecoste, les repercute a las familias, que pagan el 60% del coste del servicio a través de sus cuotas, e incluso más”, asegura Becerra.

Considera que “el sistema no es ilegal, porque la orden que lo regula dice que se tenderá hacia la autofinanciación”. “Sin embargo, la situación refleja que este sistema de comedores está cargando sobre las familias el coste de un servicio cuya calidad está en entredicho y, además, el sobrecoste que ha ocasionado el pacto entre las empresas”, apunta. El informe de conclusiones de la comisión estima que “se habrían detraído a las familias” de los alumnos entre 42,1 y 48,5 millones de euros a través de las cuotas de comedor.

4. Idas y venidas en la cartera de Educación

El PNV aseguró en 2018 que había quedado claro que la Administración no había estado involucrada. Aun así, no es el único partido que ha gestionado la cartera de Educación. Este sistema de comedores escolares echó a rodar en el año 2000. Los responsables de Educación desde ese año hasta 2009 fueron consejeros de EA (que ahora está integrada en EH Bildu), después la responsabilidad recayó en manos del PSE-EE hasta 2012 y, desde entonces, corre a cargo del PNV. Por tanto, en los años abarcados por la investigación, ha habido miembros de al menos tres partidos al mando de Educación.

5. No hay “connivencia”, pero sí “responsabilidades políticas”

El informe de conclusiones sobre las irregularidades detectadas lo aprobaron todos los grupos parlamentarios a excepción de PNV y PSE-EE. El informe culpa al Gobierno vasco de la falta de control que hizo posible el fraude. El dictamen no brinda pruebas de “connivencia” entre Ejecutivo y empresas, pero da por “acreditada” la existencia de “responsabilidades políticas” en dos planos: las de los que estaban al mando de la consejería de Educación mientras todo sucedía y las de los que, una vez probados los sobrecostes y el ‘coto cerrado’ que mantenían las empresas, no hicieron nada por recuperar el dinero.

6. ¿El futuro?

La consejera, en su última comparecencia, dijo que todo va a seguir igual. De tal manera que los cambios no van a ser drásticos pese a las conclusiones de la comisión. Si bien las ampas podrán gestionar a partir del siguiente curso los comedores escolares de manera directa, Becerra cree que este modelo está “abocado al fracaso, porque es cuestionable jurídicamente que un ampa pueda gestionar unos recursos públicos, como es el personal, y porque difícilmente van a sobrevivir financieramente”.

La fundación vasca Tecnalia ha saltado a los medios de comunicación de Argentina por su labor para el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Este organismo público contrató a Tecnalia como consultora para su reestructuración y, en paralelo, el Gobierno de Mauricio Macri anunció más de 250 despidos en el INTI de un total de 3.000 trabajadores. El asunto llega este viernes a la sesión de control al Gobierno del Parlamento Vasco con una pregunta del representante de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, José Ramón Becerra, al lehendakari en la que le plantea que es la labor de la entidad vasca, de la que son patronos tanto el Gobierno autonómico como las diputaciones, “lo que ha supuesto el despido de 254 trabajadores” y “la amenaza de cierre de sus 54 centros de investigación”.

Becerra indica en su interpelación que Tecnalia “lidera” el programa ELAN Network financiado por la Unión Europa (1,5 millones hace dos años) para “aumentar” la presencia de empresas europeas en Latinoamérica y enmarca ahí la propuesta “liberalizadora” del informe entregado, por el que el Gobierno argentino abonó 7,5 millones de pesos (unos 300.000 euros al cambio). Recuerda también que el reciente rescate del FMI tiene como contrapartida la privatización de determinados servicios. El parlamentario de Elkarrekin Podemos desliza que la imagen de Euskadi en el exterior, una de las prioridades del Gobierno de Iñigo Urkullu, especialmente en lo económico, está en entredicho con lo ocurrido en Argentina.

Fuentes de Tecnalia consultadas por este periódico prefieren no hacer comentarios antes del debate parlamentario. En los momentos álgidos de la polémica en torno al INTI argentino sí se dejó claro que el informe entregado era una propuesta de reorganización de esta agencia y que los despidos, en todo caso, fueron una decisión adoptada por el Gobierno de Macri. Desde el Gobierno vasco tampoco realizan valoraciones antes del debate parlamentario, si bien ya se ha decidido que sea la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, y no el lehendakari el que responda sobre la actuación de Tecnalia en Argentina.

El 24 de abril de 2018 la Administración del Estado informó de que se había dectectado la captura ilegal de 20 tiburones de la subespecie 'cailón', 'lamna nasus' o 'marrajo sardinero' en una inspección realizada en el puerto de Ondarroa (Bizkaia). En una pregunta respondida en el Parlamento por la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras -con competencias en materia de Pesca-, Arantxa Tapia, el Gobierno vasco admite que le consta la existencia de más sanciones al respecto, si bien no las hay por la venta ilegal tanto de tiburones como de delfines o cetáceos.

Tapia ha informado de este asunto a la Cámara a instancias del representante de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos José Ramón Becerra, que asegura que lo ocurrido en abril “no es la primera vez que pasa” porque los barcos palangreros “capturan a la vez especies comerciales y protegidas”. Becerra, en una entrevista en Onda Vasca, denunció que el servicio de Inspección pesquera del Gobierno vasco “hace la vista gorda ante ilegalidades de la flota vasca”. Y no sólo en Ondarroa con los tiburones, sino en otros lugares como Zumaia, “que es una reserva marina y los barcos se meten una y otra vez”.

Becerra requirió a Tapia el número de sanciones por pesca ilegal de especies protegidas de tiburones y la consejera responde que no las ha habido en los últimos diez años. “En la práctica, la pesca de todos estos escualos, teniendo en cuenta las profundidades en las que viven, se produce en aguas exteriores del caladero Cantábrico Noroeste, siendo el control de la pesca y el desembarque de las capturas realizadas en dichas aguas competencia del Ministerio de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente”, indica el Gobierno autonómico. Y añade: “Es competencia del Servicio de Inspección Pesquera del Gobierno vasco desde la primera venta y la posterior comercialización de dichas especies”.

Los barcos han de introducir en un Diario Electrónico de A Bordo (DEA) sus capturas y el Ministerio, cuando detecta que hay escualos, lo notifica a sus inspectores para llevar a cabo el control. Al puerto de Ondarroa llegan cada año 900.000 kilogramos de tiburones. Principalmente son 'prionace glauga' o 'tintorera' y en menor medida 'isurus oxrynchus' o 'marrako dientuso'. El protegido 'marrajo sardinero', en peligro de extinción, comparte aguas con los anteriores y “taxonómicamente es muy difícil distinguirlo”, sostiene el Gobierno vasco. Los 'cailones' pueden superar los 3 metros y los 200 kilogramos.

Según Becerra, el arte del palange “no es un arte selectiva que permita evitar las capturas de especies protegidas” y cita el ejemplo de las 20.000 tortugas atrapadas en el Mediterráneo con esta técnica. Según Tapia, “el uso de dicho arte es legal” y, “al ser el 'marrajo dientuso' y el 'marrajo sardinero' especies muy similares, no existe arte de pesca que los pueda discriminar”.

El Parlamento vasco, fruto de un acuerdo político entre Elkarrekin Podemos, PP y EH Bildu que adelantó eldiarionorte.es la pasada semana, ha decidido constituir una comisión de investigación en torno a la externalización del servicio de comedores de la escuela pública para analizar si hubo responsabilidad de la Administración en el cártel que conformaron las empresas de cátering para repartirse entre 2003 y 2015 los diferentes lotes del contrato y maximizar sus beneficios, lo que según José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) ha tenido un coste de 85 millones para el Gobierno y 35 millones para las familias. La sorpresa en el debate, en el casi han tenido más importancia las conversaciones entre bambalinas que los discursos desde la tribuna, ha sido el viraje de última hora en el sentido de voto del PNV, que se iba a oponer a la investigación, después de que su socio en el Ejecutivo, el PSE-EE, haya anunciado en el hemiciclo que “no se iba a oponer” a la creación de la ponencia.

Se da la circunstancia de que los partidos del Gobierno habían presentado una enmienda de totalidad conjunta en la que rechazaban la propuesta de Elkarrekin Podemos y PP -estaba pactado que EH Bildu no la firmara de inicio para que los 'populares' no se sintieran incómodos- y se limitaban a “ratificar” a los “acuerdos” de la Cámara sobre la materia en la pasada legislatura. Entre esas decisiones se hallaba el rechazo a la comisión de investigación. Por eso mismo, la oposición había esperado hasta el regreso de la parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala -de baja médica durante muchos meses y que se reincorporó la pasada semana- para poder así contar con 38 votos frente a los 37 de los socios de Gobierno. De hecho, esta iniciativa llevaba en 'stand by' desde noviembre esperando este momento.

El 'no' del PNV parecía evidente. Tan es así que el portavoz 'jeltzale' en el debate, David Latxaga, ha realizado una durísima crítica a las intervenciones de Becerra y de las representantes de PP y EH Bildu, Juana Bengoechea y Eva López de Arroyabe, respectivamente. A su juicio, la comisión sólo tenía como objetivo “poner a Euskadi al mismo nivel de corrupción de España”, ser “una plataforma para ensuciar”.

“El PNV no es Dios, controlarle no es blasfemia”

El PNV ha dirigido sus dardos a la bancada del PP y a su “habilidad para convertir sus problemas en los problemas de todos los que se dedican a la política” y para “extender la mancha a todos para que sus pecados parezcan menores”. Latxaga ha lamentado también que en ese “viaje colectivo a los infiernos” haya buscando en Elkarrekin Podemos y la izquierda abertzale sus aliados. Ello ha motivo la dura réplica de Bengoechea: “El PNV no es dios. Esto no es una blasfemia. Controlar al pnv no es manchar la política. Sé que 'jeltzale' viene de 'Jaungoikoa ta Legezarra', pero no están en un plan divino”.

Pero antes de este encontronazo había intervenido el socialista José Antonio Pastor y había explicado que si el cambio en el modelo de gestión de los comedores aplicado en 2015 supuso un ahorro de 7 millones es lo mismo que decir que años atrás se está pagando de más. “En el grupo socialista no obstaculizaremos la comisión”, ha dicho Pastor como colofón a su primera intervención.

En ese momento, varios parlamentarios del PNV se han revuelto en sus escaños. Una de ellas, Jone Berriozabal, se ha dirigido hacia el escaño de Pastor. Tras una conversación con el representante del PSE-EE, Berriozabal ha tenido varios contactos con Latxaga y con el coordinador de su grupo, Iñigo Iturrate. Finalmente, en su segunda intervención, Latxaga ha señalado en la tribuna que su partido “no tiene nada que esconder” y, acto seguido, Luke Uribe-Etxeberria, el 'jeltzale' que marca el sentido del voto en todos los debates, ha gritado 'abstentzioa' a toda la bancada. Con ese giro de última hora, los nacionalistas han evitado quedarse solos y que se hiciera visible la ruptura de la unidad con su socio de Gobierno.

Un caso destapado en 2016

El caso de los comedores escolares fue destapado en 2016. Ese año, la Autoridad Vasca de la Competencia propuso una sanción de 18 millones -la más elevada de su historia- contra las empresas Auzo Lagun, Cocina Central Goñi, Cocina Central Magui (las tres de MCC), Eurest, Tamar Las Arenas, Gastronomía Baska y Gastronomía Cantábrica. Se consideró probado que desde el año 2003 y hasta 2011 y entre 2013 y 2015 se habían concertado para repartirse las distintas áreas geográficas en que se repartía el contrato de comedores y para maximizar sus beneficios. El sobreprecio pudo alcanzar el 30%, lo que se traduce en unos 1.040 euros de más por cada familia usuaria durante el período analizado.

Durante el pleno, los proponentes han aportado algunas cifras más concretas. Según Becerra, parlamentario de Equo y de la coalición Elkarrekin Podemos, el agujero económico podría rondar los 130 millones de euros. Como Bengoechea (PP), ha subrayado que el 35% del coste del servicio es asumido por las familias, por lo que han destacado el impacto directo en los bolsillos de la ciudadanía. “La alimentación escolar se ha convertido en un negocio y no en un servicio”, ha abundado desde EH Bildu López de Arroyabe, quien ha añadido que la nueva comisión permitirá citar a las empresas ya que se negaron a comparecer en su día ante la Cámara con un escrito idéntico.

Este asunto llegó incluso a motivar una investigación de la Fiscalía del País Vasco, cuyo titular entonces, Juan Calparsoro, archivó la causa al creer la versión de los empresarios, que declararon que no existía ningún tipo de mercado cerrado. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha rechazado uno a uno los recursos de las empresas sancionadas, que recurrieron la multa impuesta por Competencia. Eso sí, a pesar de dar por probadas las irregularidades, redujo la cuantía de las sanciones en un 60% al entender que las empresas actuaron de aquella manera por la desidia del Gobierno vasco, una de las cuestiones en las que quiere incidir, precisamente, la comisión de investigación, según han destacado los proponentes.

Para el PNV, en cambio, ha quedado claro ya que la Administración no tuvo ningún papel activo en estos hechos. “Hablen con propiedad. Estas prácticas se llaman prácticas colusorias, pactos entre empresas para eliminar la competencia entre ellas. Por mucho que se empeñen no tienen que ver con el mundo educativo. Pueden darse en cualquier otro ámbito”, ha señalado.

Se da la circunstancia de que el PNV es el partido que durante menos tiempo del investigado ha gestionado la cartera de Educación. El sistema de comedores escolares luego cuestionado se puso en marcha en el año 2000. Hasta 2009 fueron consejeros de EA (formación ahora integrada en EH Bildu) los responsables de Educación, de 2009 a 2012 la responsabilidad recayó en el PSE-EE y desde entonces hasta ahora en el PNV. Elkarrekin Podemos ha agradecido expresamente la “coherencia” de EH Bildu de apoyar la comisión a pesar de que será objeto de investigación la gestión de EA.

El archivo de la segunda investigación

De cara al curso 2015/2016, el equipo de la consejera Cristina Uriarte modificó parte del sistema de adjudicación del servicio, lo que ya generó un ahorro de 7 millones de euros anuales. Sin embargo, la empresa que puso en conocimiento estos hechos -Aibak, que llegó a 'adivinar' ante notario cuáles serían las empresas ganadoras del concurso año a año- volvió a dirigirse a Competencia para alertar de que el fraude continuaba en marcha a pesar de los cambios introducidos. Con el nuevo sistema, Aibak recibió por vez primera la homologación para optar a uno de esos lotes territoriales, pero perdió la pugna contra MCC en la comarca en la que compitieron. Una de sus marcas, Auzo Lagun, ofrece el servicio de cocina a un coste medio de 2,70 euros por comensal, aunque en el único lote en el que pugnó Aibak ese precio se bajó hasta los 2,26 por el mismo servicio. Asimismo, había áreas geográficas en las que únicamente competían entre sí dos marcas de la propia MCC.

Como adelantó eldiarionorte.es, estos hechos motivaron una segunda investigación por parte de Competencia, que llegó a solicitar un informe externo para analizar los nuevos datos. En el medio del proceso, la que fuera presidenta de este organismo de control, Pilar Canedo, salió del cargo tras ser nombrada como vocal de la CNMC estatal. La primera decisión de su sucesora, Alba Urresola, fue archivar este expediente. En su primera comparecencia parlamentaria, PP y Elkarrekin Podemos preguntaron a Urresola por esta investigación y la primera respuesta de la presidenta fue asegurar que desconocía el asunto. Tras las repreguntas de la oposición, terminó por admitir que sí existía esa causa y que se le había dado carpetazo.

Preguntaba en el Parlamento vasco José Ramón Becerra (Elkarrekin Podemos) por cuántas pistolas eléctricas Taser X26 ha comprado la Ertzaintza y por su coste y distribución entre las diferentes unidades de la Policía vasca. La consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, en su respuesta escrita, pospone la información concreta hasta al menos el 14 de febrero, cuando deberá entregar a la Cámara más información reclamada por Becerra sobre este armamento. Sin embargo, adjunta un informe con sello de “Confidencial” titulado “El Taser: Lo que nadie quiso decirle nunca”, elaborado por el “fabricante” y no por la Policía, que concluye que esta dotación policial es “segura con matices”.

El informe es un documento de 24 páginas con un “análisis pormenorizado” de “lo más íntimo y oculto de este instrumento” y en el que se prometen respuestas a todas las dudas que suscita un arma que sirve para inmovilizar a sospechosos mediante descargas eléctricas, incluidas las de “qué lesiones es capaz de producir”, “cómo puede ser utilizado como elemento de tortura” o “cómo puede producir muertes”. “La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad”, promete el encabezado del documento. No obstante, el fabricante remarca que es un instrumento menos potente que la batería de un vehículo, ya que aunque tiene 50.000 voltios (frente a los 12 de la batería) la clave es que tiene muchos menos amperios (0,0021).

La Ertzaintza ha dotado con Taser al menos a sus nuevas unidades de intervención rápida (conocidas por sus siglas PRI) que operan como apoyo a las patrullas en las tres capitales en un contexto de alerta yihadista de nivel 4, aunque no se han empleado nunca aún. Cada una cuesta 1.520 euros (frente a 40 de una defensa eléctrica normal)  y tiene un alcance de 7,6 metros. Sus descargas son de cinco segundos y toda su actividad queda registrada en una memoria interna para facilitar su control posterior y evitar abusos policiales. Según el fabricante, el arma se ha distribuido en 45 países, con 280.000 unidades en servicio.

El Taser “salva vidas”, sostiene el informe reservado, que argumenta que lo hace no porque no sea lesivo, sino porque constituye una alternativa al empleo de armas de fuego tradicionales. “Fue definitivo para una detención sin muertes ni heridos”, indica el informe sobre una operación antiterrorista en el metro de Londres.

Eficaz incluso con “enajenados mentales”

Sin embargo, el documento no oculta que el arma es “segura con matices”. En principio, no agravaría el estado de un ciudadano con marcapasos, por ejemplo, pero está probado que “el individuo suele caer inmediatamente al suelo” por la paralización muscular que provoca la descarga (con el consiguiente riesgo de lesiones), que genera “chillidos o alaridos” por el dolor, “contracciones musculares involuntarias”, “piernas rígidas”, “aturdimiento”, “sensación de vértigo” u “hormigueo”. “Rara vez” causa amnesia, por lo que el fabricante asume que puede motivarla igualmente en algunas circunstancias. “Actúa por igual independientemente de que el agresor esté bajo los efectos del alcohol y/o drogas o sea un enajenado mental”, puntualiza el documento, que alerta también que si dispara en la cabeza las agujas que producen las descargas pueden causar graves lesiones.

El Taser es “efectivo”, opina el fabricante, ya que proporciona a la Policía “el principio de la obediencia por dolor”, aunque en este caso a través de una “incapacitación temporal” y no permanente, como las antiguas defensas eléctricas. “Amnistía Internacional apoya el uso del Taser por las fuerzas de seguridad para reducir los daños en agresores como alternativa al uso del arma de fuego y que ya ha salvado la vida de miles de individuos violentos”, zanja el documento entregado al Parlamento.

El futuro de la nuclear de Garoña amenaza con convertirse en una pesadilla interminable para la ciudadanía que asiste perpleja ante el despropósito en que se han metido Nuclenor y el CSN. Y ante ese panorama, pesado y repetitivo, sin duda resulta llamativo observar cómo una central nuclear vieja, obsoleta, peligrosa, cara e innecesaria puede perpetuar en el tiempo su amenaza para las gentes de Araba y Euskadi, y también, para las de Castilla y León.

Efectivamente, es cuanto menos sorprendente que una central de casi cincuenta años de antigüedad, dotada de una tecnología obsoleta y peligrosa (es gemela de la tristemente famosa central de Fukushima) puede concitar tanto interés por parte de sus propietarios (Iberdrola y Endesa, a través de Nuclenor), como para plantear su reapertura casi como una cuestión de Estado.

Analicemos por qué. Sería incluso comprensible que el Estado quisiera mantener abierta Garoña –y el resto de las nucleares del país- si estuviera amenazado el suministro eléctrico básico de la población. Sin embargo, no es así. Nada más lejos de la realidad. En la actualidad el sistema eléctrico peninsular tiene una capacidad de producir electricidad que triplica las necesidades máximas que se pueden registrar en el día de mayor demanda del año. Por lo tanto debemos desechar esa hipótesis.

No hay riesgo alguno de interrupciones en el suministro si Garoña sigue cerrada, igual que tampoco lo habría si se clausuraran el resto de nucleares del país, algo que Unidos Podemos ha demandado recientemente en el Congreso. De hecho, en la actualidad exportamos electricidad a la supernuclearizada Francia. De igual manera, podría entenderse el interés por alargar la vida de las centrales nucleares, si sus costes de producción fuesen menores y, en consecuencia, redujeran el precio final del kWh eléctrico. Tampoco es el caso, ya que el proceso de hipotética reapertura requeriría fuertes inversiones que podrían hacerse de forma más efectiva en energías renovables.

La electricidad renovable, sea de origen eólico, hidráulico e incluso solar, es más barata que la nuclear. De hecho, si el Gobierno quisiera que el precio de la electricidad se redujese a medio plazo, debería apostar de una vez por todas por las energías limpias, no por las energías del pasado. Entonces, ¿cuál es la razón por la que Garoña pudiera ser reabierta? Muy sencillo: para crear un precedente.

Garoña no es el objetivo, es la excusa. Si se prorroga su licencia, detrás vendrán las demás centrales del Estado. Y esta realidad, aunque silenciada, nos aboca a una dolorosa constatación. Con esta decisión, se convierte a la ciudadanía en conejillos de indias de las estrategias energéticas globales y del interés empresarial más descarnado. En efecto, una cuestión central del problema son los intereses del oligopolio eléctrico. Garoña está amortizada, pero si se concediese la prórroga y no se llegase a ejecutar, las empresas propietarias posiblemente tratarán de conseguir indemnizaciones millonarias por el lucro cesante derivado de no haber podido reabrirla. Y esto son palabras mayores, habida cuenta de que el parque nuclear español se acerca al final de su vida útil en menos de diez años.

En segundo lugar, reactivar Garoña facilita mantener abierto el almacén temporal de residuos nucleares que existe en el recinto de la Central. A falta de un almacén centralizado para los residuos, la solución del Gobierno Central es dejar “sine die” los residuos en las propias centrales. Sin embargo, esta decisión no sólo alarga la vida del almacén, también prorroga el riesgo que comportan esos residuos altamente radiactivos, tanto para el medio ambiente como para la población del valle del Ebro, desde Burgos hasta Tortosa.

Así las cosas, las iniciativas en favor del cierre que se han venido desarrollando en los últimos años por parte de las instituciones y de la ciudadanía alavesa y vasca chocan con un entramado de puertas giratorias e intereses económico ocultos que tratan de desviar la atención del problema fundamental. Porque, en realidad, conseguir el cierre definitivo de Garoña es muy fácil: basta con que Nuclenor retire su demanda de reapertura y solicite el inicio del proceso de desmantelamiento.

¿Por qué entonces nadie se lo ha pedido? ¿Por qué las demandas de PSE y PNV se dirigen en exclusiva al Gobierno central cuando el trámite de reapertura es una iniciativa voluntaria a la que el Gobierno central no puede responder de forma negativa si existe un informe técnico favorable?

Y en este punto es donde vuelven a aflorar las puertas giratorias. El informe publicado esta semana por el Consejo de Seguridad Nuclear no es una novedad. Ya se sabía que iba a ser favorable. Se sabía desde que el CSN dejó de ser un organismo independiente y pasó a ser cómplice de la industria nuclear, de la mano de un Consejo de Administración dominado por el Partido Popular.

Por eso es hora de denunciar de una vez por todas que la cuestión de Garoña no es sino el punto de partida de un nuevo fraude en ciernes en torno a la política energética de este país, en el que –una vez más- retornan los omnipresentes fantasmas de las puertas giratorias, los tratos de favor, el clientelismo y los intereses cruzados entre política y empresa.

Sin embargo desde EQUO lo tenemos claro. Es hora de dar carpetazo de una vez a la cuestión de Garoña, y con ella cerrar la historia de peligros, accidentes y amenazas que ha protagonizado la energía nuclear en nuestro país. Es hora de dar paso a las energías limpias y de mirar al futuro. Es hora de que Araba y Euskadi demanden a sus representantes políticos una acción decidida que –esta vez sí- termine de una vez por todas con la amenaza perpetua que supone esta central.