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La comisión de investigación del fraude de los comedores escolares públicos atribuye responsabilidades al Gobierno vasco

El Parlamento apunta a cuatro consejeros de Educación (dos de EA, una del PNV y otra del PSE) como "responsables políticos" del 'caso comedores' , que supuso un sobrecoste "no justificado" de entre 70,8 y 80,2 millones de euros

Comedor escolar en Guadalajara

Comedor escolar JCCM

Todos los grupos parlamentarios, a excepción de PNV y PSE, han aprobado en comisión el informe de conclusiones sobre las irregularidades detectadas en el fraude de los comedores escolares de la escuela pública. Este informe, que ha salido adelante con los votos de la oposición (que es mayoría en la Cámara de Vitoria) culpa al Gobierno vasco (en concreto, a su Departamento de Educación) de la falta de control que hizo posible el fraude, cifrado entre 70 y 80 millones de euros. De ellos, la comisión cree que entre 42,1 y 48,5 millones "se habrían detraído a las familias" de los alumnos a través de las cuotas de comedor. El dictamen será elevado al pleno del Parlamento vasco para su debate y aprobación definitiva.

La comisión de investigación creada en el Parlamento Vasco el año pasado apunta a las "responsabilidades políticas" de los cuatro consejeros que estuvieron al frente del Departamento de Educación entre 2003 y 2017, unos cargos desempeñados, sucesivamente, por dirigentes de EA --actualmente integrada en EH Bildu--, el PSE y el PNV. Aunque el informe no los cita por su nombre, se trata de Anjeles Iztueta y Tontxu Campos (EA), Isabel Celaá (PSE) y la actual consejera Cristina Uriarte.

El dictamen no aprecia pruebas de "connivencia" del Gobierno vasco con las empresas defraudador, pero sí considera "acreditada" la existencia de "responsabilidades políticas", que corresponderían a "las personas que entre 2003 y 2017 han ocupado la Dirección de Gestión Económica, la Viceconsejería de Administración y Servicios, y la Consejería del Departamento". A estas personas se les considera como "responsables" por "inacción" ante los indicios de concertación de las empresas y por su falta de respuesta al producirse un quebranto patrimonial en la Administración.

En esencia, entre 2003 y 2015 siete empresas (tres del mismo grupo) gestionaron el sistema de comedores escolares. Una especie de 'coto cerrado' (como lo califica Elkarrekin Podemos), donde las empresas se repartieron casi 800 millones de euros. Al tratarse de un reparto 'tácito' del mercado, los precios por los que se ofrecían los menús eran más caros de lo que habrían sido de no haberse producido esta concertación. El dictamen sostiene que el daño económico afecta de manera directa a las familias usuarias vía cuota de comedor y, de manera indirecta, a toda la ciudadanía al haberse incrementado el presupuesto de la mayor contrata de Educación. El modelo de comedores, ideado en 2000 por un consejero de EA, Inaxio Oliveri, se financiaba en un 65 % con cargo a la Administración y en un 35 % mediante el pago de los usuarios.

En su día, Competencia impuso una sanción histórica de 18 millones a las empresas contratistas del servicio de comedores por haberse repartido el mercado. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ratificó la existencia de graves irregularidades en respuesta a cada uno de los recursos de las compañías afectadas, pero redujo la multa en un 40 % al entender que la responsabilidad empresarial es menor si "año tras año" y "sin reserva alguna" los contratos tenían el visto bueno de "la Administración convocante".

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