Los protocolos se han convertido en el día a día de la relación de la administración con la ciudadanía. Pero el Ayuntamiento de Badalona no dispone de ninguno para las personas más vulnerables: las que no tienen un hogar. Así lo ha admitido el consistorio que encabeza Xavier García Albiol a la magistrada que autorizó el desalojo de centenares de migrantes que malvivían en un instituto abandonado del municipio, en un informe al que ha tenido acceso elDiario.es.

La abierta negativa de Badalona a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas. Muchos no tuvieron otra que acampar bajo de un puente de la C-31, al que acudieron otras personas sin hogar de Badalona o Barcelona hasta que, de nuevo, fueron desalojadas este miércoles.

La magistrada de lo contencioso-administrativo autorizó el desalojo solicitado por Albiol. No lo condicionó, tal y como había pedido la Fiscalía, a que el Ayuntamiento ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, sino que se limitó a obligar al consistorio a prestar “atención social” a los desalojados, sin más concreciones.

Una vez ejecutado el desalojo, la Fiscalía y las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, consideraron que el Ayuntamiento había incumplido igualmente la orden judicial, ya que no había personal de servicios sociales para atender a los migrantes. Sin embargo, la magistrada rechazó la petición del Ministerio Público para “verificar” si Albiol había actuado conforme le obligaba el auto.

De todas las peticiones planteadas por la defensa de los migrantes y la Fiscalía tras el desalojo, la magistrada solo aceptó una: requerir al Ayuntamiento de Badalona para que aportara el protocolo de atención a personas sin hogar. La sorpresa ha llegado con la respuesta del consistorio.

El informe ocupa tres páginas. La primera transcribe literalmente un artículo de la ley de Servicios Sociales de Catalunya. A renglón seguido, el jefe de los servicios sociales de Badalona reconoce que el consistorio no dispone del protocolo requerido por la jueza, si bien le adjunta medio folio de una “metodología de intervención” para las personas sin hogar.

Según el responsable municipal, “dentro del marco legal”, en referencia a la normativa autonómica, “no existe una obligación específica que el Ayuntamiento de Badalona ni otra administración competente tengan que disponer de un protocolo de atención a personas sin hogar por parte de los servicios sociales”.

La interpretación de la ley que hace Badalona consiste en que sus obligaciones legales pasan por “disponer de un modelo de abordaje integral que proporcione una respuesta a las necesidades sociales de las personas sin hogar”.

Todo ello pese a que la norma citada por el Ayuntamiento como marco legal dispone que los ayuntamientos son los encargados de detectar las situaciones de vulnerabilidad, ofrecer asesoramiento e intervenir. Cabe recordar que el propio Albiol, el día del desalojo, aseguró que los servicios sociales habían dado “hospedaje temporal” a 16 migrantes.

De lo que sí dispone el Ayuntamiento es de una “metodología de intervención”, en palabras del jefe de servicios sociales a la jueza, para personas sin hogar, que consiste en cuatro puntos: detección de personas que duermen en la calle e información; valoración de los servicios sociales “con especial atención a los indicadores de vulnerabilidad”; apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia [Badalona cerró su albergue para personas sin hogar en 2024]; y seguimiento posterior.

La respuesta a la jueza de los servicios sociales de Badalona termina con otra confesión: el responsable municipal admite que ha solicitado apoyo a la Diputación de Barcelona para desarrollar un plan local de abordaje del sinhogarismo.

La colaboración con la Diputación, agrega el jefe de servicios sociales, “promoverá el diseño y la elaboración de un plan y, si cabe, un protocolo de atención” a personas sin hogar. En cualquier caso, tarde para los desalojados del B-9, que se han repartido en otros asentamientos informales, habitaciones de familiares o amigos o albergues proporcionados por la Generalitat y entidades sociales, aunque dentro de pocos días finalizará la estancia de varios de ellos.

La Fiscalía, indignada

La respuesta de los servicios sociales de Badalona ha provocado una reacción dura de la Fiscalía. En un escrito remitido a la jueza tras consultar la respuesta de Badalona, el Ministerio Público constata que el día del desalojo del B9 el consistorio no aplicó ni un protocolo de atención a personas sin hogar (porque no tiene) ni la “metodología de intervención” remitida al juzgado.

“En especial”, incide la fiscal, los puntos de la “metodología” que contemplan el apoyo y derivación a recursos municipales de emergencia y seguimiento posterior de los migrantes. “La gran mayoría de las personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social y emergencia habitacional se quedaron en la calle”, zanja el Ministerio Público.

Es más, la Fiscalía destaca las condiciones meteorológicas adversas (lluvia y frío) de diciembre del año pasado cuando se ejecutó el desalojo. Los migrantes, concluye la fiscal, tuvieron que acampar primero en la plaza de al lado del B9 y luego bajo el puente de la C-31 “sin ningún tipo de actuación de soporte o ayuda efectiva por parte del consistorio”.

“No puede entenderse cumplido el auto” que autorizó el desalojo pero obligaba a Albiol a proporcionar atención social a los migrantes, apostilla la fiscal.

El pasado miércoles, murió un hombre en la plaza Elisa Reverter de Badalona. Tenía 52 años y vivía en la calle desde hacía tres. Se llamaba Jordi y es la decimotercera persona sin hogar que pierde la vida en Catalunya en lo que va de año. Al día siguiente de su deceso, se confirmó la muerte de otro hombre, también en Badalona.

Esta ciudad, en la que ya han fallecido cuatro personas sin hogar en lo que va de año, inició el recuento de este 2026. Fue el día de Reyes, al mediodía, cuando un hombre de 54 años fue hallado muerto por la ola de frío. Como Jordi, había nacido en Catalunya.

Además de nacionalidad, ambos compartían el hecho de haber sido personas integradas en la sociedad. Con un trabajo estable y una familia. Pero por giros del destino, acabaron perdiéndolo todo, lo que les llevó a vivir -y a morir- en la calle. En el caso del primer fallecido, el detonante fue un divorcio. Jordi, en cambio, era un carnicero a quien un cúmulo de “malas decisiones” le hizo perder el trabajo y la relación con la familia, según cuentan quienes le conocieron.

“La crisis de la vivienda está en un punto tan crítico que es muy fácil acabar en la calle. Y, una vez ahí, es muy difícil salir. No podemos dar la espalda a esta realidad, porque mañana nos podría pasar a cualquiera de nosotros”, apunta Jaume Ventura, portavoz de Badalona Acull, una entidad que trabaja con personas sin hogar.

Los datos apoyan la versión de Ventura. Al menos, los que hay disponibles. Es difícil hacer una radiografía completa del sinhogarismo puesto que depende de los Ayuntamientos realizar el censo y consistorios como el de Badalona aportan pocos datos. En cambio, el de Barcelona sí realiza un estudio elaborado cuyos resultados, según confirman entidades expertas, pueden ser extrapolables a los de otra gran ciudad como Badalona.

Según un informe del Servicio de Atención Social al Sinhogarismo en el Espacio Público, (SASSEP) cerca del 14% de las personas sin hogar en Barcelona tienen un empleo y el 40% recibe prestaciones o ayudas como la Renta Garantizada o el SMI. Es decir, que más de la mitad cuentan con ingresos estables. “La vivienda es tan cara que, a veces, un sueldo no es suficiente. Mucha gente sobrevive como puede y, a la que hay cualquier contratiempo, acaba en la calle”, añade Ventura.

Además, destaca que en el conjunto de Catalunya, el 27% de personas sin hogar son de nacionalidad española. Sumando a estas las que provienen de algún estado de la UE y las que ya han conseguido los papeles, el resultado es que sólo el 35% de quienes duermen en la calle están en situación administrativa irregular, según datos de la Sindicatura de Greuges (Defensor del Pueblo catalán).

“Por mucho que diga la derecha, es mentira que en la calle sólo estén delincuentes y migrantes. Hay personas de todo tipo, a quienes la vida no les ha ido bien. Por eso debemos plantar cara a los que instauran el discurso de odio”. Estas palabras de Jaume Ventura hacen referencia al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, que en diversas ocasiones ha relacionado el sinhogarismo con la inseguridad. Una de las polémicas más recientes se remonta al desalojo del B9, tras el cual aseguró que no se iba a gastar “ni un euro en dar vivienda” a sus residentes, de los que dijo que la “inmensa mayoría eran delincuentes”.

Y algo parecido ha sucedido esta semana, durante la cual han muerto dos personas sin hogar en Badalona. En una entrevista en Catalunya Ràdio, Albiol aseguró que uno de los fallecidos venía “de algún país del este” y que “tenía antecedentes penales”. Sobre el caso de Jordi, catalán que había regentado un negocio propio, aseguró que los motivos que le llevaron a acabar en la calle “no son sólo un tema económico, sino que también influyen mucho los aspectos psicológicos y problemas personales”.

Si bien es cierto que las personas sin hogar tienen una tasa muy alta de problemas de salud mental, esta es una situación que se deriva de su estancia en la calle. “Es consecuencia y no causa”, según resume Beatriz Fernández, presidenta de la Fundació Arrels. De hecho, los datos vuelven a desmentir a Albiol. Según la última encuesta de personas sin hogar del INE, en 2022, el 33% de personas que acaban en la calle en Catalunya lo hacen por cuestiones relacionadas con la vivienda.

En cambio, sólo el 2,7% duermen al raso tras haber estado en la cárcel; el 9% tras haber emigrado y el 6,9% por problemas de adicciones.

Estos datos, según Badalona Acull y Arrels, desmontan el discurso de la derecha, que relaciona el sinhogarismo a la delincuencia y a la migración. El perfil de personas que duermen al raso va “mucho más allá de esa simplificación”, apunta Fernández. Y lo ha hecho siempre. “El perfil no ha cambiado. Simplemente es que está aumentando mucho el número de personas en esta situación y, por tanto, la problemática se hace más visible”, añade.

Además, apunta a otro factor, que es la cronificación. La crisis de la vivienda y la precarización laboral hace que cada vez sea más difícil salir de la calle y eso provoca que las personas nacionales y con trabajo, ya sean estables o informales, tengan más peso en las estadísticas.

Por eso, desde las entidades apuntan a la importancia de que los consistorios, asistidos por la Generalitat y el Gobierno, aporten ayudas y alternativas habitacionales a quienes estén en riesgo de perder la calle. Algo que aseguran que no sucede.

El Ayuntamiento de Badalona ha insistido en que ofreció “en diversas ocasiones” ayuda a Jordi, así como a las otras tres personas sin hogar que murieron antes que él en la ciudad. Pero desde Badalona Acull recuerdan que en el municipio no hay ningún servicio de atención a esta problemática. El único albergue que había, Can Bofí Vell, con capacidad para 80 personas, cerró sus puertas en 2024 después de que el consistorio acumulara una deuda millonaria con la empresa que lo gestionaba.

Desde entonces, en Badalona no hay albergues ni pisos de alojamiento temporal para acoger a personas sin hogar. De hecho, según constató una investigación de elDiario.es, el gobierno de Albiol devuelve cada año la mitad de fondos que le otorga la Generalitat para hacer frente a esta lacra social. “No se gasta el dinero porque no existe el recurso concreto para el cual está destinado”, dijeron a preguntas de este medio.

La única política con la que cuenta Badalona para atender a personas en situación de calle son las operaciones Frío y Calor, que se activan durante las semanas con temperaturas excepcionalmente altas o bajas. Se trata de un recurso en el que se ofrece pasar una noche en un polideportivo o equipamiento municipal. El problema es que no permite la entrada de animales de compañía y, a menudo, tampoco de pertenencias como colchones o carritos. “Muchos no lo aceptan porque se les obliga a cumplir unas normas que, a veces, no quieren seguir”, reconoce el mismo alcalde Albiol.

“Ofrecer estas alternativas tan puntuales no ayuda en nada”, opina Ventura, de Badalona Acull. Una noche al raso puede suponer más problemas que soluciones ya que, a menudo, significa perder las pertenencias y un buen lugar de pernocta en el que están resguardados y seguros. “Necesitamos políticas que vayan a la base del problema y que, sobre todo, no den la espalda a esta situación que está tan cronificada que, cualquier día, podría afectarnos a cualquiera de nosotros”, insisten.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, no tendrá que justificar su negativa a abrir el albergue municipal para personas sin hogar tras promover el mayor desalojo de España. Así lo ha decidido la magistrada que autorizó la petición del alcalde para echar a los centenares de migrantes que malvivían en el antiguo instituto B9 de la ciudad.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada rechaza la solicitud de la Fiscalía, que había pedido que el alcalde explicara por qué no se puso a disposición de los migrantes desalojados el albergue municipal que el propio Albiol cerró en 2024. La abierta negativa del consistorio a dar un techo a los migrantes provocó una crisis social sin precedentes, con decenas de personas durmiendo en la calle hasta que la Generalitat y entidades sociales lograron realojarlas.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, han recurrido la resolución. Argumentan las letradas que pedir cuentas a Albiol sobre su negativa a abrir el albergue supone una medida “esencial” para discernir si el consistorio dejó en la calle a los migrantes “por falta de alternativa habitacional real o por una decisión política”.

El razonamiento de la magistrada Meritxell Quella para denegar la petición de la Fiscalía ocupa tan solo un párrafo. No argumenta la jueza sobre el caso concreto del B9, sino que se limita a considerar que la petición para que Albiol explique la negativa a abrir el albergue “excede” de las competencias que la ley otorga al juzgado a la hora de autorizar un desalojo solicitado por una administración.

La magistrada añade una consideración relevante. Recuerda que cuando autorizó el desalojo del B9 no lo condicionó a que el Ayuntamiento diera un nuevo techo de emergencia a los migrantes. En consecuencia, a su juicio, la petición de la Fiscalía para “verificar” si Albiol cumplió con el auto que dio el visto bueno a echar a los migrantes del instituto está “desprovista de utilidad”.

La jueza precisa, más de dos meses después y con los migrantes ya desalojados, el contenido de su auto de diciembre de 2025. La Fiscalía había pedido expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados.

No detalló entonces la magistrada en qué debía consistir esa “atención social”, si bien el Ayuntamiento ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

La falta de concreción judicial permitió a Albiol dejar en la calle a centenares de personas. Este diario fue testigo de que los servicios sociales municipales no atendieron a varios de los desalojados, que tuvieron que acudir, acompañados de sus abogadas y de activistas del Sindicat d'Habitatge de Badalona, hasta la sede central del consistorio para que la administración que tenía la obligación de atenderles les ayudara.

El albergue municipal al que se refería la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

Sin indagar qué ha sido de los desalojados

La defensa de los migrantes también había solicitado a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona.

La jueza rechaza esa petición y solo ha solicitado al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de los servicios sociales municipales, tras lo cual decidirá si archiva el procedimiento administrativo que autorizó el desalojo del B9.

En su recurso, las abogadas de los migrantes recuerdan a la jueza que su intervención “no puede limitarse a un control meramente formal” de que el desalojo se llevó a cabo, sino que debe intervenir “como garantía constitucional de protección de los derechos fundamentales afectados por la actuación administrativa” del consistorio.

Los datos de la Generalitat sobre los realojamientos, razonan las abogadas, resultan “esenciales” para “disponer de una visión completa y objetiva de los hechos y contrastar con la información facilitada por el consistorio, a menudo parcial o imprecisa”. El objetivo, agregan, es que la magistrada pueda disponer de toda la información para saber “si la atención social ordenada se prestó de forma real, efectiva y suficiente”.

“La obligación del Ayuntamiento de prestar atención social y garantizar una alternativa habitacional a las personas vulnerables no nace del desalojo del B9, sino que es un deber legal preexistente”, argumenta el escrito de las letradas de los migrantes.

Esta no es la única causa abierta sobre el B9. La Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, en la que ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

¿Xavier García Albiol cumplió con su obligación de prestar atención social a los migrantes que echó del instituto B9 de Badalona? Es lo que quiere aclarar la Fiscalía. En un escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, el Ministerio Público solicita a la magistrada que autorizó el mayor desalojo de España “verificar” el cumplimiento de la resolución judicial por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Las dudas que expresa la Fiscalía se pudieron constatar el pasado 17 de diciembre, cuando los Mossos d'Esquadra ejecutaron el desalojo: lejos de proporcionar un techo de emergencia, el Ayuntamiento de Badalona dejó en la calle a centenares de migrantes que malvivían desde hacía dos años en el B9. Los ocupantes no tuvieron más remedio que acampar en una plaza las primeras noches. Entidades sociales y la Generalitat realojaron a la mayoría, aunque otros terminaron bajo un puente de la autovía, donde siguen más de un mes después.

La solicitud de la Fiscalía se produce ante el juzgado contencioso-administrativo que autorizó el desalojo instado por Albiol. El Ministerio Público no se opuso a la medida, pero pidió expresamente que el consistorio ofreciera un techo de emergencia a los migrantes, petición que la magistrada rebajó a que el Ayuntamiento prestara “atención social” a los desalojados. Es decir, la jueza no precisó si debían ser realojados o no. El consistorio ya había advertido al juzgado de que no iba a proporcionales una alternativa de vivienda.

En su escrito, el Ministerio Público, a la vista de los informes presentados por el consistorio sobre la atención social a los migrantes el 17 de diciembre, reclama a la jueza “verificar si la resolución [de desalojo] se ha cumplido en sus propios términos”.

Para ello, la fiscal solicita que la magistrada requiera al Ayuntamiento de Badalona que aporte el protocolo de atención a las personas sin hogar de sus servicios sociales. Además, pide que el consistorio indique “por qué el albergue municipal no se habilitó como recurso habitacional de emergencia y por qué no se puso a disposición de las personas desalojadas en situación de vulnerabilidad y sin medios propios para tener un lugar donde cobijarse”.

El albergue municipal al que se refiere la Fiscalía es el de Can Bofí, donde diariamente dormían 45 personas sin hogar y que Albiol cerró en 2024. Antes del desalojo del B9, además, el consistorio se negó a mantener una reunión con la Taula Sense Llar de Badalona (plataforma de la que participan entidades como Cáritas) para abordar una solución social al desalojo. Tal y como desveló elDiario.es, Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar.

El escrito de la Fiscalía tiene fecha del pasado 8 de enero, sin que conste que a fecha de hoy, según fuentes jurídicas, la magistrada Meritxell Quella haya remitido requerimiento alguno al Ayuntamiento de Badalona.

Las abogadas de los migrantes, Marta Llonch y Mireia Salazar, son contundentes. “El Ayuntamiento de Badalona, en contra de sus obligaciones legales y del auto que autorizó el desalojo, optó por empujar a más de 100 personas a una situación de sinhogarismo, en invierno y con previsión de temporal”, reza su escrito aportado al juzgado. Según las letradas, el consistorio podría haber optado por suspender el desalojo o pedir una nueva autorización.

En paralelo, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación a Albiol, a partir de una denuncia del eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens. Según fuentes jurídicas, el Ministerio Público ha requerido para la investigación penal el expediente completo del desalojo del juzgado contencioso.

Contradicciones entre el Ayuntamiento y los Mossos

Las cifras del informe que, a requerimiento de la jueza, aportaron los servicios sociales de Badalona contrastan con las cifras de los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Badalona.

Mientras que los cuerpos policiales reportaron que los servicios sociales de Badalona atendieron a 50 personas (de las 181 desalojadas, según la policía catalana), el Ayuntamiento de Albiol indicó en su informe que “ofreció apoyo, orientación y atención” a 127 personas.

Este diario fue testigo de que no había personal de servicios sociales de Badalona para atender a los migrantes en la plaza contigua al instituto tras su desalojo, sino que eran los voluntarios y las abogadas de los migrantes las que recogían sus datos para hacer un seguimiento.

Una de las pocas mujeres que malvivía en el B9 tuvo que ir con militantes del Sindicat d'Habitatge de Badalona y su abogada en coche hasta la sede del Ayuntamiento a buscar ayuda. Tal y como informó elDiario.es, servicios sociales no proporcionó un techo a la mujer, sino que tras su visita a las oficinas se le programó una entrevista en Barcelona para evaluar si podía entrar la semana siguiente en una casa de emergencia en la capital catalana (no en Badalona).

Para las abogadas de los migrantes, la información “manifiestamente errónea, vaga, desajustada y contradictoria” del informe muestra la “mala fe” en su elaboración por parte de los servicios sociales badalonenses. Su objetivo, ahondan las abogadas, sería que la magistrada no se pronuncie sobre si el Ayuntamiento cumplió con la resolución que le obligaba a prestar atención social a los migrantes.

La defensa de los migrantes solicita a la jueza tener “información completa” sobre los realojos, que en su mayoría fueron asumidos por entidades sociales y la Generalitat en vez del Ayuntamiento de Badalona. Sin todos los datos, argumentan las letradas, no se podrá realizar una “correcta valoración judicial” sobre el cumplimiento de la orden de desalojo

Para ello, las abogadas piden a la magistrada que oficie al departamento de Derechos Sociales de la Generalitat para que aporte la relación completa de personas realojadas y los criterios que se emplearon, el tipo de alojamiento de emergencia ofrecido así como las fechas de inicio y final y los municipios donde se produjeron.

La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por el desalojo el pasado 17 de diciembre del antiguo instituto B9 de la localidad, que dejó en la calle a alrededor de 400 personas, en su mayoría migrantes. El consistorio promovió el mayor desalojo de España y se negó a ofrecer un techo alternativo a los ocupantes, que tuvieron que ser atendidos por varias entidades sociales.

Tal y como ha adelantado la agencia EFE y ha confirmado elDiario.es, la Fiscalía de Barcelona ha acordado investigar la denuncia presentada por el eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, quien acusó a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación administrativa.

Fuentes fiscales han precisado que las pesquisas las asumirá un equipo conjunto formado por el servicio de diligencias de investigación y el servicio contra los delitos de odio del Ministerio Público.

El asentamiento estaba instalado en el antiguo instituto municipal B9 de Badalona y fue ocupado en junio del 2023 por migrantes provenientes de anteriores desalojos de naves de la ciudad. También había hombres que sobrevivieron al incendio de la nave de Sant Roc de 2020 en el que murieron tres migrantes. La mayoría está en situación irregular en España y sus ingresos, si es que tienen, dependen de la recogida y venta de chatarra u otros empleos informales.

El Ayuntamiento de Badalona ya comunicó a la jueza que autorizó el desalojo que no pensaba ofrecerles una vivienda de emergencia pese a su situación de pobreza extrema. El alcalde fue explícito tras el desalojo. “Pedro Sánchez dice que hay que acoger a todo el mundo, y ahora le corresponde a él buscarles vivienda”, lanzó, tras alarderar en público de que no iba a destinar “ni un euro” a ayudar a los migrantes.

Una de las claves de la investigación será determinar el grado de cumplimiento por parte del Ayuntamiento de la letra pequeña de la orden judicial de desalojo. La magistrada autorizó el desalojo solicitado por el consistorio que encabeza Albiol, aunque obligó al Ayuntamiento a “prestar atención social” a los ocupantes.3

Para Asens, el desalojo sin alternativas realizado por el Ayuntamiento supone incumplir la resolución judicial. “En un estado de derecho, nadie está por encima de la ley y la investigación es una buena noticia para los derechos humanos”, ha manifestado el eurodiputado, que ha confiado en que el alcalde termine en el banquillo de los acusados “para dar explicaciones sobre sus actos reprobables”.

Desde el consistorio han tildado la denuncia de los Comuns de “despropósito” y han defendido que el desalojo del B9 se cumplió “de manera escrupulosa” la resolución judicial.

Más de un mes después del desalojo, unos pocos migrantes (a los que se han sumado otras personas sin hogar de la zona) viven en un campamento debajo de un puente de la C-31. La mayoría fueron reubicados en albergues o pisos de emergencia tras el trabajo a contrarreloj de las entidades sociales y, después, del Govern, que no evitó episodios de tensión en Badalona contra los migrantes.

Además de negarles un techo alternativo, elDiario.es desveló esta semana que Albiol ha devuelto una cuarta parte de los fondos del Govern para atender a personas sin hogar. El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.

El Ayuntamiento de Badalona ha devuelto a la Generalitat el 25% de los fondos que el Ejecutivo catalán pone a su disposición para atender a las personas sin hogar en los dos últimos años. Según los datos obtenidos por elDiario.es, el consistorio de Xavier García Albiol (PP) ha retornado 112.348 euros a la Generalitat del contrato programa que el departamento de Derechos Sociales pone a disposición de los ayuntamientos para emergencias sociales. Se trata del dinero correspondiente financiar los gastos derivados de 15 plazas de alojamiento temporal y 10 de urgencia que nunca se llegaron a activar.

Este sábado se cumplió un mes del mayor desalojo de España, instado por Albiol. El 17 de diciembre, unas 400 personas fueron expulsadas del antiguo instituto B9, en Badalona, y todavía hay medio centenar de ellas durmiendo en la calle, bajo un puente de la autopista C-31. “No vamos a gastarnos ni un euro en darles vivienda”, dijo el edil dos días antes del desalojo. Aunque la justicia avaló el desalojo, la magistrada ordenó al edil proporcionar “atención social” a los expulsados, frente a lo cual Albiol argumentó que no disponía de “capacidad” para garantizar un techo de emergencia a los ocupantes.

Precisamente la falta de espacio es el argumento que dan desde el Ayuntamiento para haber retornado el dinero de la Generalitat. Desde el consistorio recuerdan que devolver parte de los fondos del contrato programa, si no se usan, es “un funcionamiento normal” y argumentan que, en este caso, “el recurso concreto para el cual es ese dinero no existe”.

El dinero otorgado por la Generalitat sirve, según el contrato programa, para cubrir los gastos de “alimentación, ropa, transportes o trámites” de las personas sin hogar alojadas en viviendas compartidas, pero también contempla, en casos “excepcionales”, aquellos que residan en pensiones o albergues.

En Badalona, en efecto, hoy no hay pisos ni albergues pensados para atender a personas sin hogar. Pero durante los dos primeros años de este mandato, la ciudad sí contaba con el albergue municipal de Can Bofí Vell, que fue inaugurado en 2020 y daba alojamiento temporal a personas en situación de calle. Pero Albiol lo mandó cerrar en 2024 después de acumular una deuda insostenible con la cooperativa que prestaba el servicio.

Además de prestar ayuda al alojamiento temporal, los fondos de la Generalitat también acompañan a los servicios de acogida de emergencia pensados para noches con temperaturas extremas. Estos operativos, conocidos como Operación Frío u Operación Calor, no se organizan en pisos, sino en espacios municipales (pabellones o polideportivos) que sirvan de refugio climático.

Albiol tampoco activó estas soluciones de emergencia ni en 2023 ni en 2024 y por eso devolvió el dinero que le correspondía para cubrir los gastos de hasta 10 plazas. La primera Operación Frío de Badalona llegó en enero de 2025 y la segunda en enero de este 2026, pero ninguno de los dos operativos, organizados con la Cruz Roja, fue sufragado con fondos provenientes del contrato programa de la Generalitat, según apunta el Ayuntamiento.

En la Operación Frío de este año, en el pabellón La Colina (a las afueras de Badalona), estuvo activo durante 8 días y tenía disponibles 20 plazas. En total, llegó a acoger a 73 personas.

Cuatro años de ayudas al sinhogarismo

2022 fue el primer año en el que el Ayuntamiento de Badalona echó mano del contrato programa para abordar el sinhogarismo. Desde entonces, ha presupuestado un total de 1,4 millones de euros, de los cuales la Generalitat ha sufragado el 65%, es decir, 915.000 euros. Pero de todo ese dinero, Badalona ha usado y justificado cerca del 75%.

El dinero solicitado es para dos áreas diferentes: Por un lado, la atención primaria a personas sin hogar, lo que incluye el sueldo de un profesional, así como los gastos derivados de las plazas de acogida. Por otro, el programa Sostre 360, pensado para jóvenes en situación de sinhogarismo y que se pide desde 2023, año en que Albiol llegó a la alcaldía.

Durante lo que lleva de mandato, Albiol ha usado el 100% de los recursos destinados a jóvenes en situación de calle, pero del resto del dinero, ha empleado lo presupuestado para la contratación de una persona referente, por valor de 27.684 euros anuales (una jornada partida). Lo sobrante -y devuelto- es lo que se debía haber dedicado a sufragar los costes de esas 25 plazas residenciales, que ni en 2023 ni en 2024 se llegaron a activar, según ha confirmado la Generalitat a este diario.

Por otro lado, todavía falta de conocer la gestión de 2025, que deberá esperar al cierre del ejercicio y a la elaboración de la pertinente justificación. Pero el consistorio ya ha avanzado a elDiario.es que el dinero correspondiente a los gastos derivados de las plazas de alojamiento temporal y de urgencia tampoco se ha gastado. Así que es de esperar que los números sean los mismos que los de los años anteriores.

Fuentes de la oposición de Badalona lamentan desconocer los datos y el detalle de la gestión del Ayuntamiento de Badalona respecto al sinhogarismo y afean al consistorio que no haya “hecho más” para dar salida a esos fondos de los que ya disponía. “Sobre todo siendo que hay más de 300 personas durmiendo en la calle, una de las cuales murió el pasado 6 de enero, después de la noche más fría en años”, añaden.

Por su parte, el consistorio responde que el hecho de que no se hayan gastado estos fondos responde a que “en los últimos 20 años no ha habido la preocupación de construir pisos” e insisten en que “ningún gobierno, de ningún color político, se ha preocupado de tener un servicio de acogida”. En este sentido, recuerdan que el Ayuntamiento está llevando a cabo una promoción de vivienda de Protección Oficial y explican que, si los gobiernos anteriores hubieran querido resolver la situación del sinhogarismo, podrían haber iniciado ellos las promociones y reservado unas plazas en las mismas para alojamiento temporal de personas sin hogar.

Este medio ha preguntado al consistorio de Albiol si tiene pensado reservar algunas de esas viviendas para acoger a personas en situación de calle, pero no ha recibido respuesta.

Un 62% menos de pernoctas desde la llegada de Albiol

El Ayuntamiento de Badalona hace años que usa los fondos del contrato programa, como otros municipios, para diversas cuestiones, como la atención a personas con problemas de salud mental o gente mayor. Pero no empezó a pedir dinero para hacer frente al sinhogarismo hasta que se incluyó la segunda adenda del contrato por la Covid, entonces bajo la alcaldía en funciones de Aïda Llauradó, de los Comuns. En ese momento, se pidieron 107.000 euros para equipamientos de emergencia y que las personas en situación de calle pudieran confinarse.

La inestabilidad política que ha sufrido Badalona en el último lustro, con hasta cuatro cambios de alcalde y dos mociones de censura en sólo dos legislaturas, ha tenido consecuencias en la gestión del uso de los fondos para hacer frente a emergencias sociales. La llegada de Albiol al Ayuntamiento en 2023 ha supuesto una disminución de la atención en todas las áreas de emergencia.

Los fondos para acogida temporal no contemplan sólo el sinhogarismo, sino también las personas desahuciadas, desalojadas o a los menores no acompañados. Muchos de estos servicios son gestionados por la Generalitat, aunque estén físicamente en Badalona. El único recurso municipal para el sinhogarismo que había en la ciudad era el albergue de Can Bofí Vell, que acogía a medio centenar de personas hasta 2024.

También se nota una bajada sustancial en alojamiento de urgencia, que es el que atiende a personas en situación de calle sobrevenida, como las víctimas de violencia de género que deben salir de sus hogares. También se cuentan en esta categoría las plazas de emergencia climática para personas sin hogar (que se activan tanto en verano como en invierno). En total, en el primer año del actual mandato de Albiol, esta categoría tuvo un 88% menos de usuarios y un 62% menos de pernoctaciones.

Diversas entidades llevan meses denunciando que Albiol incumple “sistemáticamente” el convenio firmado con la Generalitat que regula los fondos que se otorgan para hacer frente a las emergencias sociales. A cambio de las aportaciones económicas, todos los ayuntamientos catalanes se comprometen a erradicar las desigualdades y las discriminaciones. “Por contra, Albiol tiene unas políticas aporofóbicas que buscan perseguir a los pobres hasta el exterminio”, aseveran desde Badalona Acull.

“Es una administración irresponsable, con políticas irresponsables que tienen consecuencias desastrosas”, insisten desde esta entidad, que es la que se está encargando de acompañar a las centenares de personas sin hogar en la ciudad y las que está consiguiendo un techo para los desalojados del B9 que hace un mes fueron expulsados.

¿Cuándo se revela un secreto? ¿Es delito siempre desvelar información reservada? Las preguntas surgen a raíz del resultado judicial opuesto de dos causas recientes: la condena al ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de datos reservados y la exculpación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, por haber proporcionado al pleno detalles de la atención médica a un sintecho fallecido en la localidad.

La primera condena de la historia de España a un fiscal general en ejercicio, duramente criticada dentro del propio Tribunal Supremo, se fundamentó en la ya célebre nota de prensa de la Fiscalía para desmentir el bulo que el diario El Mundo había publicado sobre el pacto ofrecido por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en su causa por fraude fiscal.

Según adujo el Supremo, el deber de confidencialidad de García Ortiz “no desaparecía” por el hecho de que la información sobre el pacto ofrecido por González Amador a la Fiscalía ya fuera de dominio público y hubiera sido desvelada por varios medios de comunicación. Es decir, aunque fuera información ya divulgada, el fiscal no podía darla.

Al contrario que el caso de García Ortiz, los datos que Albiol desveló ante un pleno municipal retransmitido en directo no se conocían porque formaban parte del expediente médico del hombre sin hogar fallecido en Badalona en junio de 2024 dos semanas después de ser atendido en Urgencias.

El caso contra Albiol fue archivado en agosto de 2025. El abogado Andreu Van den Eynde, que representa a la acusación de Guanyem Badalona, pidió reabrirlo a principios de septiembre. A la espera de la resolución del recurso por parte de la Audiencia de Barcelona, la sentencia del fiscal general se cruzó en el caso Albiol.

En su escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es, Van den Eynde advierte a los magistrados que la sentencia del ex fiscal general “presenta singulares analogías” con el caso de Albiol. Considera el letrado que la interpretación de una revelación de datos que el Alto Tribunal tejió en la causa contra García Ortiz es aplicable al del alcalde de Badalona.

La comparación con el cirujano

La sentencia del Supremo sobre el ex fiscal general, argumenta Guanyem Badalona, “aborda un debate relevante sobre la imposibilidad de responder a una noticia con una revelación de secretos”. Van den Eynde, de forma nada casual, apostilla que el Supremo consideró punible este tipo de actuación “incluso con referencias específicas a supuestos de datos de salud”.

El abogado se refiere a uno de los apartados más polémicos de la sentencia contra García Ortiz, en el que el Alto Tribunal compara su actuación con la de un cirujano plástico que, según el Supremo, “nunca podría terciar en la polémica confirmando o desmintiendo la realidad de esa operación”.

Sin ser cirujano pero sí alcalde, eso mismo fue lo que hizo Albiol tras ser preguntado por una asociación vecinal por la muerte del sintecho.

“Como fue al Hospital de Badalona, tengo aquí, no el parte, porque eso es privado, pero sí el porqué murió esta persona, y se lo voy a leer textualmente. Me lo han enviado desde el Hospital, eh”, lanzó el político del PP al pleno. A continuación, difundió parte de los síntomas, el diagnóstico, las pruebas y el tratamiento médico al que fue sometido el sintecho en el Hospital de Badalona.

“Si usted cree que estoy violando su privacidad, me denuncia”, lanzó el alcalde a la líder de Guanyem Badalona, Dolors Sabater, que así lo hizo. Tras haberse completado la investigación, la defensa del alcalde, que ejerce el penalista Cristóbal Martell, logró otro éxito (como en las otras causas anteriores en las que ha estado investigado) con el archivo del caso. La Fiscalía también había pedido exculpar a Albiol.

La tesis fiscal fue asumida por el juez: el alcalde, dejó escrito el magistrado en el auto de archivo, no disponía de los “informes médicos” del sintecho que murió, sino tan solo de “unas notas preparadas por su equipo” para dar respuesta a la pregunta de los vecinos en el pleno. En esas notas que Albiol divulgó en el pleno se incluían tratamientos y diagnósticos del finado. Además, el alcalde no dio el nombre del paciente en el pleno (aunque todo el mundo sabía que se trataba del fallecido).

Albiol se salvó porque, a criterio del juez, divulgó datos médicos contenidos en unas “notas”, pero no el expediente completo (que no llegó a salir del Hospital, tan solo se consultó para dar la información al alcalde). Preguntó por unos datos para responder a los vecinos y, según declaró él mismo ante el instructor, “salvaguardar la honorabilidad del Hospital”, pero sin rebasar la línea roja penal.

Algo parecido (pero con resultado penal opuesto) ocurrió con García Ortiz: el propio ex fiscal general explicó que su petición para recabar datos sobre la propuesta de acuerdo del novio de Ayuso empezó para defender la profesionalidad de los fiscales encargados del caso, pues El Mundo les había atribuido la propuesta de conformidad, que en realidad salió de la defensa de González Amador.

En suma, dos causas en las que un superior pidió información reservada para responder y ser transparente ante la ciudadanía. Pero una es delito, y la otra (por ahora) no. Sí hay una diferencia: una la investigó el juez natural de Badalona y la otra un Tribunal Supremo de mayoría conservadora.

Este miércoles, durante las celebraciones del día de Reyes, un hombre sin hogar murió en Badalona en plena ola de frío. Casi 24 horas después del deceso, sus pertenencias seguían en el párquing en el que perdió la vida. Un saco de dormir, una esterilla y algunas mantas, custodiadas por un par de velas que han dejado los vecinos. También hay bolsas de comida; nadie sabe quién las ha puesto allí, pero se comenta que un buen samaritano puede haberlas dejado como ayuda para la próxima persona que escoja ese rincón como refugio durante la noche.

“Ojalá tenga más suerte el próximo”, murmura Marta, una vecina de la zona, mientras observa el altar improvisado. “Estamos devastados”, dice. “Le veíamos casi cada día y ahora ya no está. Además, no se han llevado ni sus cosas, como si fuera un perro”, apunta esta mujer, extrañada de que la policía no retirara sus enseres al levantar el cuerpo.

Marta veía a menudo al fallecido, que solía pernoctar en la entrada de ese párquing, y se enteró de su muerte a través de un grupo de whatsapp de gente del barrio. Informaron porque muchos de los vecinos le conocían, solían hablar con él y dejarle incluso algo de comida. En esas conversaciones, la víctima, que era de nacionalidad española, les contó que su vida cambió radicalmente a raíz de un divorcio que no pudo gestionar y le hizo acabar en la calle. Según lo que supieron los vecinos, llevaba poco tiempo, apenas unos meses, durmiendo al raso cuando murió.

Este hombre ha sido la primera persona sin hogar en morir al raso en plena ola de frío y, a la espera de que la autopsia confirme lo que sospechan las entidades, víctima de una hipotermia. Pero pocas horas después de encontrar su cuerpo, los Mossos d'Esquadra hallaron otro cadáver, esta vez en Barcelona, sumando así dos muertes en menos de 24 horas. “El frío hace enfermar muy rápido a la gente. Un resfriado común se puede convertir en una neumonía, y eso en algo peor”, sostiene Josep Ventura, miembro de la entidad Badalona Acull.

Ventura fue de las primeras personas en saber de la muerte del hombre en Badalona. El martes, hacia las 11 del mediodía, uno de los vecinos que tenía buena relación con la víctima, le llamó por teléfono. “Me pidió ayuda, me dijo que estaba frío y no sabía qué hacer. Mientras yo intentaba contactar con Servicios Sociales, le dije que le bajara una taza de caldo. Pero cuando regresó, ya había fallecido”, recuerda el voluntario.

Desde Badalona Acull señalan directamente al Ayuntamiento de Xavier García Albiol, al que acusan de llevar a cabo unas políticas “aporofóbicas que buscan perseguir a los pobres hasta el exterminio”. Aseguran, también, que han sido incapaces de hablar con el consistorio desde meses antes de que Badalona se pusiera en el centro del debate sobre el sinhogarismo, a raíz del masivo desalojo del instituto B9.

“Es una administración irresponsable, con políticas irresponsables que tienen consecuencias desastrosas”, insiste Ventura, que asegura que Servicios Sociales no está acompañando debidamente a las cerca de 300 personas que la entidad calcula que duermen al raso en Badalona. Por su parte, desde el consistorio niegan la mayor y aseguran que el hombre que murió este martes sí había sido atendido por Servicios Sociales y que, por contra, había denegado la ayuda.

“Es la excusa que ponen cuando hay problemas. Y es normal que rechacen la ayuda porque estar en la calle tiene consecuencias graves para la salud mental que les hacen desconfiar de cualquiera”, explica Ventura. “Muchas personas sin hogar se sienten más protegidas y arropadas por los voluntarios y los vecinos que por las administraciones”, añade.

Con este comentario, el voluntario hace referencia a la cuarentena de personas que siguen bajo el puente de la autopista C-31 tras el desalojo del B9, hace ahora tres semanas, y que han rechazado las ofertas de realojo temporal de la Generalitat. Pero también es una crítica a la respuesta del alcalde Albiol ante el temporal gélido.

Nadie duerme en el pabellón de Albiol

El mes de diciembre ha venido marcado por dos temporales: uno de lluvias -en el que Badalona se llevó la peor parte- y otro de frío. En vista de las inclemencias de tiempo, tanto la oposición del Ayuntamiento como diversas entidades sociales llevaban semanas pidiendo al alcalde que pusiera en marcha la Operación Frío y diera alguna alternativa a las personas sin hogar.

Finalmente, esta respuesta se hizo derogar hasta el pasado 4 de enero, cuando Albiol anunció la apertura del pabellón la Colina para acoger a quien estuviera en situación de calle. Pero nadie acudió la primera noche. En las tres noches que lleva operativa esta solución, sólo ha recibido la visita de tres personas, según apuntan desde Badalona Acull.

Se trata del único recurso residencial público de la ciudad de Badalona, después de que Albiol decidiera cerrar en 2024 las puertas de la antigua masía de Can Bofí Vell, un centro que acogía a 45 personas. A pesar de eso, este miércoles al mediodía, a penas un día después de la muerte del hombre que dormía en el párquing y con temperaturas muy por debajo de la media, tampoco había nadie en el pabellón.

“Es un dispositivo mal hecho. Está lejos, cuesta llegar y no hay nada dentro. Vienen días muy peligrosos y Albiol no sabe gestionarlos”, sostiene Aïda Llauradó, líder del grupo municipal de Badalona en Comú y quien hizo público el deceso del martes a través de su cuenta de X.

El Ayuntamiento niega la entrada al pabellón tanto a periodistas como a entidades, pero estas aseguran -según lo que les han podido contar las pocas personas que han acudido a las instalaciones- que la primera noche no había camas ni se sirvieron comidas calientes. Desde el consistorio desmienten estas afirmaciones -sin aportar más datos.

Por su parte, Albiol publicó en X una fotografía durante la segunda noche, en la que se veía una imagen del polideportivo con mesas y apenas una quincena de camas -cuando en Badalona se cuentan más de 300 personas sin hogar- con el logotipo de la Cruz Roja.

“Yo ni loco voy allí”, sostiene, contundente, Amin. Este joven, que rehúye dar su nombre real, vive en la calle desde hace seis meses y subsiste haciendo “trabajitos”. Aunque no lee la prensa ni ha recibido ninguna visita de Servicios Sociales, se ha enterado de la apertura del pabellón la Colina. Pero está demasiado lejos (a más de 45 minutos andando del centro). “¿Para qué? Si dicen que no dan comida…No me fío”, sostiene.

De lo que no se había enterado Amin es de la muerte de un hombre en un parking situado apenas a tres calles de donde hoy él está pidiendo limosna. Se lo dijo una vecina que, cada día, cuando sale de su casa, le saluda. A veces también le lleva un café y un bocadillo, como el que se está comiendo ahora. Mientras habla con este medio, se le acerca otra mujer, ya casi anciana, a saludarle. “¡Buen provecho!”, le dice. Y, después de una pausa dubitativa, añade: “Y… Abrígate, por favor”.

El desalojo del antiguo Instituto B9 no es un error ni una improvisación. Es una decisión política consciente. Albiol ha convertido un problema de gestión pública en un conflicto ciudadano, no para resolverlo, sino para obtener rédito político. En una Badalona sacudida por la crisis de la vivienda, el gobierno municipal ha optado por la peor salida posible: culpar a las personas excluidas del mercado del alquiler para ocultar su propia inacción.

En lugar de ofrecer alternativas dignas —como había sido el albergue de Can Bofí Vell, donde además se las acompañaba en procesos de inclusión social— optó por cerrarlo. Lo que realmente hacía falta era reforzar los recursos existentes. Pero Albiol eligió lo contrario y bloqueó la apertura de un comedor social impulsado por entidades. También se ha negado a activar la Operación Invierno, pese a las reiteradas demandas de En Comú Podem. Estas decisiones han condenado a las personas sin hogar a sobrevivir bajo temperaturas gélidas y lluvias torrenciales.

Como era previsible, el desalojo del B9 no ha resuelto ningún problema. Al contrario: ha desplazado la situación a la calle y ha obligado al vecindario a convivir con la misma realidad, ahora dispersa en diferentes zonas. Además, desde el mismo día del desalojo, el gobierno del PP incumplió la orden judicial, que condicionaba la actuación a la garantía de una atención social y habitacional.

La Generalitat, por su parte, también actuó tarde y de manera deficiente. Hoy, pese a la reubicación provisional de una parte de las personas afectadas, más de medio centenar continúa viviendo bajo el puente de la autopista y en otros asentamientos.

Además, en lugar de incrementar la inversión en uno de los barrios con menos recursos de toda Catalunya, el gobierno de Albiol y la Generalitat han cerrado el Consorci Badalona Sud, el ente público que desarrollaba proyectos sociales y comunitarios para el conjunto de la población de los barrios de Sant Roc, Artigues, El Remei y El Congrés. Esto no es proteger al vecindario; es abandonarlo.

Estos recortes tampoco se deben a una falta de presupuesto. En 2024 Badalona cerró con un superávit récord de 78 millones de euros. Además, el Pleno del Ayuntamiento acaba de aprobar, como es habitual, la financiación de la Generalitat para las personas sin hogar, así como políticas de inmigración, acogida y antirracismo. El dinero existe; lo que falta es voluntad.

Lo que estamos viendo es una estrategia política de derechas: recortar en servicios públicos y convertir la pobreza en un problema de orden público para justificarlo. Una estrategia que perjudica a toda la ciudadanía, pero que señala y estigmatiza especialmente a las personas migradas, convirtiéndolas en chivo expiatorio.

Este discurso facilita que la extrema derecha capitalice el malestar en los barrios. No es ninguna novedad. En Badalona se está ensayando una forma de gobernar basada en el miedo, el racismo y la renuncia a las políticas sociales. Es la misma lógica que vemos en la Italia de Meloni o en los Estados Unidos de Trump: menos derechos y más mano dura; menos soluciones y más culpables; menos política social y más propaganda.

Estas políticas no mejoran la convivencia, la rompen. Tampoco reducen la precariedad, la cronifican. Ni aportan seguridad: generan fractura social. El objetivo final es que la ciudadanía acepte menos derechos a cambio de una falsa sensación de seguridad, cuando no existe ninguna seguridad posible sin derechos.

En el antiguo Instituto B9 vivía mayoritariamente gente que no buscaba problemas, sino simplemente un lugar donde dormir. Como ocurre a menudo en contextos de pobreza, desigualdad y abandono institucional, se produjeron situaciones vinculadas a la salud mental o a las adicciones de una minoría que dificultaron la convivencia, hasta el punto de provocar una muerte. Sin embargo, estas realidades tenían respuesta.

Podían prevenirse con proyectos sociales especializados, en colaboración con entidades de experiencia contrastada, y con medidas de seguridad. Porque todos los vecinos y vecinas, también las personas que malviven en un edificio abandonado, tienen derecho a ser protegidas y a no tener que convivir con situaciones de violencia. Los servicios públicos fuertes y universales son la verdadera inversión para el bienestar colectivo.

Pero el alcalde optó por la degradación, la impunidad y la crispación en los barrios, priorizando la rentabilidad electoral por encima de una gestión responsable. Lo más grave es que Albiol no ha aportado ningún dato fiable sobre delincuencia y, en cambio, ha logrado instalar la percepción de que la mayoría de los afectados eran problemáticos y criminales.

La mayoría son personas sin red de apoyo, muchas afectadas por la Ley de Extranjería, con empleos precarios y salarios bajos, y con enormes dificultades para acceder a una vivienda incluso si tienen regularizada su situación. No es casualidad: es su modelo político. Pero en lugar de cuestionar leyes injustas, la especulación inmobiliaria o la discriminación, el gobierno municipal presenta a estas personas como una amenaza. Eso tiene un nombre: racismo institucional.

Mientras tanto, se destinan millones de euros a políticas de escaparate —como una campaña de Navidad de 2,5 millones de euros o tener el árbol de Navidad más alto—, mientras el alcalde impide que se acoja a quince personas en una parroquia para que no duerman en la calle, e incluso tolera llamamientos a la violencia ciudadana. No es nada cristiano, pese a no perderse ninguna procesión.

Con esta estrategia, Albiol esperaba un clamor popular a favor de la mano dura. Pero también se ha encontrado con una respuesta diferente: una ola de solidaridad de la gente trabajadora de Catalunya, que también sufre la crisis de la vivienda y no quiere normalizar ver a personas durmiendo a la intemperie, así como el apoyo de entidades de base. Recordemos que en Badalona, y especialmente en Sant Roc, la memoria de las barracas no está tan lejana.

Hay que desenmascarar esta manipulación y combatirla con valentía, tanto en las calles como en las instituciones. Frente a los recortes y la criminalización, los Comuns seguiremos defendiendo el derecho a la vivienda, más inversión en los barrios, servicios públicos fuertes y salarios dignos. Con la convicción de que la solidaridad, la acogida y la justicia social siguen siendo la fuerza que define a Catalunya.

Núria Font es una catedrática jubilada pero, en lugar de pasar las navidades preparando comidas y cenas o yendo a comprar regalos, su vida está, desde hace una semana, debajo de un puente de la autopista C-31. Allí va cuando se levanta y no regresa a su casa hasta que se acuesta porque allí es donde quedan, todavía, varias decenas de las personas que fueron expulsadas del instituto B9 en Badalona, en el que ha sido el mayor desalojo de España.

Ella es una de los más de 100 voluntarios que se movilizaron el 17 de diciembre, el día en que el Ayuntamiento de Xavier García Albiol echó a centenares de personas sin ofrecerles alternativas. “A las puertas de la Navidad, con un frío que pela y con un temporal de lluvias muy bestia”, resume Font que, además de voluntaria, es también una de las portavoces de la entidad Badalona Acull.

Conjuntamente con otras organizaciones como Cáritas, Cruz Roja, CCOO o diversos sindicatos de vivienda, Badalona Acull lleva casi dos semanas dejándose la piel para que todos los desalojados del B9 encuentren un techo bajo el que dormir. Han sido quienes, junto a los afectados y sus abogados, han negociado con la Generalitat para que, ante la negativa de Albiol, se les encuentre un techo a todos durante, al menos, dos meses. Tiempo durante el cual puedan empezar a regularizar su situación o encontrar trabajo.

Pero es un proceso que va para largo y, con las navidades de por medio, todavía hay gente que sigue al raso. Por eso, los voluntarios también son quienes garantizan que, mientras encuentran un techo, coman caliente cada día, se puedan vestir con ropa adecuada para el frío y reciban atención médica.

¿Cómo está la situación en el puente de la C-31?

Ya van 14 días, imagínate. Y es que además, cada día ha llovido. Y vale que sacamos la basura, barremos y limpiamos como podemos, pero no deja de ser vivir debajo de un puente, con frío y humedad constante. Y claro, estamos empezando a ver gente que presenta principios de enfermedades respiratorias.

Suerte que vienen sanitarios voluntarios, porque también hemos tenido casos bastante graves como un chico que se rompió un pie u otro al que le tuvieron que amputar un dedo después de que se le infectara una herida. Fueron los sanitarios quienes vieron el corte y le llevaron al hospital. Si no hubieran venido, igual tendrían que haberle amputado la mano entera.

¿Por qué todavía no se ha reubicado a las personas que quedan bajo el puente?

Hasta ahora, se ha ido reubicando a la gente en los albergues o recursos que estaban más cerca como Masnou, el Prat, Malgrat o Calella [localidades que están entre media hora y hora y media en tren]. Y, cuando esos se llenaron, la Generalitat nos ofreció plazas en Girona o Lleida [a más de dos horas de Badalona] y muchos las han rechazado. Puede parecer raro que no quieran irse, pero es que hay quien tiene trabajo aquí y no puede hacer desplazamientos tan largos.

Hay un señor que, por ejemplo, trabaja de noche y dijo que no quería irse a Lleida porque no hay transporte público a esas horas y tampoco puede permitirse perder el trabajo. El primer objetivo es ubicarlos donde sea para sacarlos del frío y la lluvia, pero claro, hay que tener en cuenta estas circunstancias.

Contando las plazas en albergues y centros de acogida que han sido rechazadas, ¿la Generalitat habría ofrecido cobijo a todas las personas que fueron desalojadas del B9?

Es que el acuerdo inicial con la Generalitat era que las plazas fueran en el cinturón de Barcelona. Y entendemos que no haya suficiente espacio, pero también tenemos que comprender que haya quien no quiera irse tan lejos. Porque es perderlo todo, los amigos y la red que puedan tener, además del trabajo.

Es una situación muy compleja y, además, hay una barrera de idioma importante. Tenemos algunos traductores, pero no pueden estar siempre allí. Y hay que explicarles cuánto tiempo podrán estar en este albergue, dónde está, qué condiciones tiene… Y ellos, lo que quieren, es un trabajo. Muchos prefieren un empleo a un techo porque necesitan el dinero para mantener a sus familias.

Con este gran despliegue de voluntarios y, tras el pacto con la Generalitat, ¿se han acercado otras personas sin hogar al campamento del puente o proceden todos del B9?

De esto se ha hablado bastante y no, la gente que pernocta bajo el puente viene del B9. Es verdad que hay otras personas sin hogar que vienen a comer, pero no están acampados.

¿Tienen previsión de cuándo podrían tener todos un techo?

La verdad que no. Las personas que quedan ahora son más difíciles. Algunas tienen problemas de salud mental o de adicciones. Se necesita personal profesional que sepa cómo acercarse a ellos, cosa que no está pasando. De hecho, la administración nos da una plaza y somos nosotros, los voluntarios, los que les llevamos hasta allí con nuestros coches particulares. Y, muchas veces, no tenemos la formación necesaria para trabajar con ellos.

¿Han trasladado esa necesidad a la administración?

Claro. La Generalitat ha estado trabajando, el problema lo tenemos con el Ayuntamiento. Si al principio realojaron a algunas personas a las que Servicios Sociales les estaba haciendo seguimiento, todo acabó cuando Albiol hizo esas declaraciones tan fuertes. Por eso, de Albiol no esperamos nada.

Albiol odia la pobreza, la Badalona que le gusta es la de esos pisos que valen 800.000 euros y están llenos de expats

¿Están satisfechos con el papel que ha jugado la Generalitat?

Estamos a la expectativa de ver si cumplen lo prometido. De momento es pronto, porque el dispositivo se pactó el día 23 de diciembre y luego vinieron las fiestas y claro, ha tenido que ser el voluntariado el que diera la cara. Es a partir de ahora cuando podremos ver si cumplen: si dan un techo a todo el mundo y si cumplen con la segunda parte del acuerdo, que es mantenerles el alojamiento dos meses y, durante ese tiempo, ayudarles con los trámites de regularización, prestaciones sociales, etc.

De momento, todo son promesas. Pero, insisto, la responsabilidad es del Ayuntamiento, que no sólo los ha echado del B9 sino que, además, decidió cerrar el único albergue para personas sin hogar que había en Badalona, una ciudad de 200.000 habitantes. No tenemos operación frío para atender a las personas sin hogar en invierno, tampoco un comedor social… Albiol odia la pobreza, la Badalona que le gusta es la de esos pisos que valen 800.000 euros y están llenos de expats.

Dice que las fiestas han retrasado la actuación del dispositivo pactado con la Generalitat, pero el voluntariado no ha dejado de aparecer ni un solo día.

No. Yo misma he ido todos los días, todo el rato. Sólo me escapé un momento para comer con mi familia el día 25. Ha habido una respuesta fantástica por parte de mucha gente y entidades. Cada día se ha cocinado, se les ha dado ropa, se les ha acompañado hasta los albergues e, incluso, les han acogido en sus propias casas.

Esta dedicación del voluntariado contrasta con las manifestaciones de vecinos que se opusieron a que los desalojados pudieran refugiarse en una parroquia que se había ofrecido a acogerles. ¿Cómo viven ustedes esta reacción de sus propios vecinos?

Es el discurso de Albiol, de un alcalde que no tiene concejalía de vivienda pero, en cambio, tiene concejalía de desokupación. Y es un político que cuenta con mayoría absoluta en la ciudad. Lo sabemos y estamos acostumbrados, pero es verdad que, durante las manifestaciones, nos quedamos muy preocupados y muy tristes. La única parte buena es que estas manifestaciones provocaron que la Generalitat se movilizara, porque, si no, esto se iba a desmadrar.

Se está consiguiendo que los pobres se enfrenten a los pobres, que veamos al que es más pobre como nuestro enemigo, el que nos puede quitar la casa o el trabajo

Después de estas semanas ¿definiría a la población de Badalona como racista?

Esto es difícil de entender, pero el problema es que se está consiguiendo que los pobres se enfrenten a los pobres. Los conflictos que ha habido con la gente del B9, las manifestaciones y las protestas, no eran de gente de clase media. Han conseguido que veamos al que es más pobre como nuestro enemigo, el que nos puede quitar la casa o el trabajo.

El mensaje que ha calado estos días es: “Imagínate, si al Ayuntamiento les ha costado dos años y medio sacarlos de un espacio municipal, cuando te entren a ti, no les podrás echar nunca”. Y esto afecta mucho en los barrios más humildes, porque son los que más tienen que perder.

¿Lo del B9 ha sido excepcional o el desalojo sin alternativa habitacional es algo frecuente en Badalona?

En Badalona tenemos, de media, 40 desahucios al mes. Hay familias que se van a la calle cada día y que se espabilan como pueden. Lo del B9 no es excepcional, es el pan nuestro de cada día. Es verdad que ha tenido mucho eco por la cantidad de personas, por las fechas y por el color de piel de los habitantes, pero lo de dejar a la gente en la calle es muy habitual. Por eso los voluntarios somos tan importantes en Badalona.

¿Cuánto tiempo dedica usted a hacer de voluntaria?

Mucho. Y estas semanas, todo el día. ¡Todavía no he podido ir ni a comprar los regalos de Navidad! Depende de la situación que estemos acompañando, pero es que no es fácil. Es gestionar muchas cosas y ganarte la confianza de la gente. Y no solo ayudarles con trámites, sino que también hay que hacerles compañía. Son muchas horas y yo, al menos, tengo la suerte de estar jubilada. Hay quien dedica su tiempo a jugar al dómino, y está bien. Pero yo prefiero esto.

En 2005, John Gibson, presentador de una cadena de radio conservadora, descubrió una mina con un libro que denunciaba la maldad intrínseca de los demócratas en Estados Unidos. Había “una guerra contra la Navidad”, una conspiración progresista para que desapareciera esa fiesta cristiana. El libro tuvo un gran éxito gracias al apoyo y cobertura que le dio en Fox News un personaje mucho más influyente, Bill O'Reilly. El subtítulo incluía todo lo que necesitabas saber: “Cómo una conspiración progresista para prohibir la sagrada fiesta cristiana es peor de lo que pensabas”. En las guerras culturales, no sales de la trinchera con el arma en la mano con intención de ser sutil.

En la tradición de reciclar las polémicas más enconadas y estúpidas que llegan de EEUU, hemos tenido estos días una reedición española de esa pelea bastante artificial. Fue Alberto Núñez Feijóo quien dio al público asistente lo que esperaba en la cena de Navidad del PP madrileño. Cualquier cosa que simbolizara la maldad natural de la izquierda servía: “Si uno es católico, ¿por qué tiene que pedir perdón por serlo? Vienen nuevos y buenos tiempos para la gente honesta. No os voy a decir felices fiestas. Os voy a decir: feliz Navidad”.

Nadie ha visto a ningún católico pedir perdón en España y no hay nada mejor que inventarse una situación irreal (en este caso, que los católicos sean atacados por serlo). Y luego, la coda supuestamente antilaica. Nada de “felices fiestas”, que es cosa de rojos que quieren prohibir o ignorar la fiesta, como decía el libro de Gibson. En la línea de la conocida frase, la historia se repetía como farsa.

Ni siquiera la resurrección de la polémica es nueva. En 2020, Pablo Casado escuchó a Pedro Sánchez en el Congreso hablar de “las fiestas del afecto”, por las vacaciones navideñas, y creyó que era necesario enarbolar la bandera cristiana profanada: “¿Tanto le cuesta felicitar la Navidad, que es el nacimiento de Jesús? ¿En un país cristiano, en una civilización occidental?”.

El elemento de ficción también estaba presente en EEUU. La Navidad no había desaparecido del discurso público ni mucho menos de la esfera comercial y de consumo de las fiestas. Siempre ha sido un reclamo perfecto para la compra de cantidades notables de comida y regalos. Supermercados y grandes almacenes lo saben muy bien. Pero si uno busca lo suficiente, siempre puede encontrar algún impío que merezca ser castigado.

Bill O'Reilly se ocupó de buscar empresas del sector de servicios que empleaban la expresión 'Felices fiestas' y convocaba a sus partidarios para que aplicaran la presión correspondiente. En realidad, la palabra 'Navidad' era omnipresente en los catálogos y páginas web de esas compañías.

Por otro lado, 'Felices fiestas' no era una invención reciente ni procedía de los revolucionarios años sesenta. Se ha utilizado desde hace mucho más de un siglo en EEUU, como lo demuestran anuncios y artículos aparecidos en periódicos, y es posible encontrar su uso en una fecha tan lejana como 1863.

Para confirmar el artificio del escándalo en su vertiente española, es fácil encontrar a dirigentes del PP felicitando las fiestas en años anteriores sin ningún problema y sin creer que estaban traicionando al Niño Jesús.

En el fondo de la polémica, muy al fondo, puede haber un intento de que no desaparezcan los valores religiosos en sociedades occidentales en las que las jerarquías católicas o protestantes perdieron hace tiempo el monopolio de establecer lo que es moral o inmoral. Luego llega la actualidad y te hace una enmienda a la totalidad.

La crisis de Badalona fue un ejemplo evidente de que no hay tal defensa de los valores cristianos, sino que solo es un truco para atacar a los presuntos ateos o agnósticos. El desalojo de un instituto abandonado en el que vivían 400 personas, inmigrantes pobres, obligaba a las administraciones implicadas a ofrecerles una alternativa para que no tuvieran que dormir en la calle en invierno. La jueza que autorizó el desalojo solicitado por el Ayuntamiento le obligaba a “prestar atención social” a los ocupantes.

No era esa la intención del alcalde Xavier García Albiol. Optó por la chulería y exigió que Sánchez les buscara una casa (las competencias en servicios sociales son de los gobiernos autonómicos y los ayuntamientos). Muchos de los afectados acabaron pernoctando debajo de un puente y lugares similares. Cuando Cruz Roja se preparó para acoger a algunos de los migrantes en una parroquia del barrio de Sant Crist, una manifestación de vecinos apoyada por Albiol lo impidió.

Ninguna voz relevante se ha alzado en el PP para cuestionar al alcalde, que obtuvo el 55,7% de los votos y 18 de los 27 concejales en las elecciones de 2023. Más bien al contrario. Feijóo lo certificó el lunes: “No es ninguna solución el incumplimiento sistemático de la ley ni la okupación. Lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley en su municipio”. Sobre dejar a la intemperie a centenares de personas (153 han sido realojados, según dijo el lunes la Generalitat), no dijo nada.

Un centenar de párrocos y entidades religiosas reprochó a Albiol su actuación con un comunicado. Denunciaron que se había abandonado a los pobres ignorando por completo el mensaje cristiano. Pero no solo al alcalde: “Denunciamos también a una parte de la sociedad que ha salido a la calle no para acoger, sino para expulsar; no para cuidar la convivencia, sino para blindar privilegios. Ese rechazo organizado, cargado de racismo y xenofobia, no es una opinión: es una negación de la dignidad humana. 'Fui forastero y no me acogisteis' (Mateo, 25:43) no es un lema piadoso, es un veredicto”.

Abandonar a su suerte a los más vulnerables es una negación directa de Cristo, dice ese versículo. Eso plantea dificultades políticas en estos tiempos. La crueldad con los inmigrantes es un recurso que da votos en algunas ciudades y regiones y el PP no quiere que Vox se los lleve todos. Es mucho más fácil decir 'Feliz Navidad' y dar una patada a los necesitados. A este ritmo, llegará el día en que reclamar que se cumpla el mensaje del evangelio será considerado un ataque anticristiano.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se ha enzarzado con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, a cuenta del desalojo de migrantes del instituto B9 de la ciudad de hace doce días. Tras acusar la ministra al alcalde de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia”, Albiol ha replicado tildando al Ejecutivo de “irresponsables”.

La negativa de Albiol, en contra de lo que prevé la ley, de realojar a las personas que echó del instituto abandonado en el que malvivían desde hacía más de dos años derivó en un problema social sin precedentes en Badalona. Instigados por el alcalde, varios vecinos incluso protestaron contra la apertura de una iglesia para acoger a los migrantes.

En una entrevista en la Cadena SER este lunes, la ministra y portavoz Saiz ha acusado a Albiol de haber actuado con “inhumanidad, racismo y xenofobia” en el desalojo del B9 y de “dejar durmiendo en la calle a familias y niños”.

Saiz también ha lamentado que la actuación de Albiol se haya producido con el “silencio atronador” del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha sido “incapaz de decir nada” a un alcalde que “no es la primera vez que tiene actitudes de este tipo”.

Tal y como ya hiciera el día del desalojo, en el que Albiol culpó al Gobierno de la situación, el alcalde, en un mensaje en X, ha replicado a Saiz y ha tildado al Ejecutivo de “Gobierno de irresponsables”.

“Ministra, cumplir la ley no es racismo. No hay nada más racista e inhumano que lanzar el mensaje que la inmigración ilegal es bienvenida y después dejarlos tirados en medio de la plaza Catalunya, además de fomentar la okupación ilegal en contra de la convivencia de los vecinos. España necesita inmigración, pero que venga a trabajar y a contribuir como el resto de ciudadanos”, ha aseverado Albiol.

Doce días después del desalojo, una treintena de personas (están tanto desalojados del B9 como otras personas sin hogar) permanecen acampadas en un puente bajo la carretera C-31 de Badalona. La cifra de personas que ya han sido realojadas por la Generalitat y entidades sociales ha ascendido a 153. Menos de 20 fueron realojadas por el Ayuntamiento de Badalona (antes del desalojo del B9).

La voluntad del Ejecutivo catalán es seguir trabajando con otras administraciones y entidades sociales para buscar alojamiento a personas desalojadas del instituto que se encuentran en una situación especialmente vulnerable.

Según los datos de la Generalitat, la conselleria de Derechos Sociales y entidades sociales consiguieron realojar el pasado día 23 a 35 personas; el día 24, a otras 20; y entre el día de Navidad y el viernes, a nueve más, que se sumaban a las 83 a las que ya se había ofrecido alojamiento los días previos.

Lo clásico en estas fechas es escribir un cuento de Navidad, que nos saque por un rato de la agenda informativa y nos reconcilie con el espíritu navideño, en la tradición de tantos cuentos navideños desde el fundacional de Dickens. Así que voy con el mío.

Nuestro cuento de Navidad lo protagoniza un alcalde, uno de un gran municipio, en el área metropolitana de una importante capital. No le pondremos nombre, solo será “el alcalde”, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, no se precipiten que es solo un cuento, ficción pura.

Por ponernos en antecedentes, diremos brevemente que nuestro alcalde protagonista es de derechas, incluso muy de derechas, pero ya lo era hace años, cuando ser muy pero muy de derechas no estaba tan bien visto como hoy. Gobierna con mayoría absoluta, hay que decirlo también, su discurso populista de derechas muy de derechas le funciona extraordinariamente bien. Ya le funcionaba hace años, cuando proponía sin disimulo “limpiar” su ciudad de inmigrantes, especialmente rumanos de etnia gitana; y ahora que el viento de los tiempos le favorece, arrasó en las últimas elecciones municipales.

Nuestro cuento comienza en la Nochebuena, como suele pasar con los cuentos de Navidad. El alcalde llega a su casa tras visitar algunas dependencias municipales para felicitar las fiestas a policías, bomberos y otros trabajadores que tienen turno en una noche tan especial. En su recorrido ha pasado también, sin detenerse, junto al puente bajo el que acampan varios centenares de personas que días atrás fueron desalojadas de un instituto abandonado, por orden del alcalde y sin darles alternativa pese a estar obligado a ello. De camino a casa también ha visto a vecinos que se han organizado para ayudar a los desalojados, y otros vecinos también organizados pero estos para impedir que los acojan en parroquias o dependencias municipales. Con estos últimos vecinos el alcalde se ha detenido unos minutos para tranquilizarlos: no permitirá que ningún delincuente se quede en el municipio, les ha prometido.

El alcalde de nuestro cuento llega por fin a casa, donde lo espera su familia para la cena navideña. En la tele está a punto de empezar el mensaje del rey, y el alcalde se sirve un aperitivo para verlo. El rey habla de una “crisis de confianza” que alimenta “extremismos, radicalismos y populismos”, y el alcalde asiente con agrado, está de acuerdo en todo. Muy buen discurso, dice a su mujer al terminar. Después se sientan a la mesa, el alcalde, su mujer, sus hijos y otros familiares que se reúnen en fiestas señaladas.

Comienzan con unos entrantes: ibéricos, quesos, canapés variados y algo de marisco. Comen con gusto mientras comentan el discurso del rey, y el alcalde intercambia algunos whatsapps con compañeros de partido que comparten su valoración positiva, antes de soltar el móvil lejos de la mesa. Después sirven la sopa, y el alcalde descorcha una botella de tinto. La conversación ya es totalmente navideña: planes familiares, ausencias recordadas, anecdotario de años anteriores, cómo pasa el tiempo, ríen con ganas y hay algún momento de emoción. De pronto les sobresalta un estruendo en la calle. Petardos. El perro de la familia se esconde bajo una cama, el alcalde se asoma a la ventana y ve correr a unos adolescentes.

Con la llegada del cordero abren la segunda botella de tinto, de una bodega diferente, y el alcalde lo cata con gusto, observa el brillo rojizo, mete la nariz en la copa, da un sorbo corto que paladea, se le nota por fin relajado, las últimas semanas han sido intensas pero ahora puede desconectar y disfrutar la cena navideña, así que propone otro brindis, feliz navidad, familia. Durante la cena su móvil no deja de vibrar, pero no lo atiende, la norma en casa es que en la mesa no hay móviles, y menos en Nochebuena.

La sobremesa la trasladan al sofá, junto al gran árbol de navidad y el belén. Abren una botella de cava, acercan una bandeja de dulces navideños, ponen la tele buscando algún programa especial, se oyen más estallidos en la calle, el alcalde maldice a los niñatos de los petarditos. Intercambian regalos de amigo invisible, al alcalde le ha tocado un pijama, lo agradece: me gusta, y parece muy calentito.

Canturrean un villancico, los hijos están graciosos, enseñan memes y vídeos divertidos que han recibido en sus móviles. El alcalde se acuerda de que todavía no ha mirado su teléfono, así que lo coge, ahora sí. Tiene más de veinte mensajes: todos son felicitaciones navideñas de familiares, amigos, compañeros de partido. También le ha escrito uno de sus concejales: noche tranquila, alcalde, que tengáis buena fiesta; aunque según lo lee oye acercarse una sirena que cree de ambulancia. El ulular se aproxima, atraviesa su calle y se aleja hasta desaparecer. Nada extraordinario, en estas noches siempre hay unas cuantas emergencias, se dice.

Los hijos se marchan, que han quedado con amigos, también el resto de familiares, y el alcalde se queda solo con su mujer. En el sofá, con media botella de cava todavía, en la tele actuaciones musicales, el alcalde responde a los mensajes de felicitación, lee también las primeras valoraciones políticas al discurso del rey, acaba soltando el móvil, se sirve otro cava, se come un polvorón, se adormila en el sofá, y a estas alturas del cuento los lectores seguimos esperando que en algún momento suceda algo, que el cuento haga honor a la tradición, que haya un giro sorprendente, que suceda algo mágico, que el espíritu navideño se manifieste de repente, que aparezca el fantasma de las navidades pasadas o el de las futuras, que llame a la puerta un invitado sorpresa, que el alcalde o su familia tengan un percance y les acabe ayudando quien menos esperaban, que le paguen con su propia medicina, que aprenda una lección, que se dé cuenta de lo miserable que es, que se arrepienta, que triunfe la justicia poética, que los lectores nos reconciliemos con la humanidad y triunfe la navidad; pero resulta que no, que no pasa nada, que el alcalde se queda felizmente dormido en su sofá sin que haya sucedido nada extraordinario, porque quizás ya los cuentos de navidad no valen, no funcionan, no dicen nada, se han vuelto igual de insensibles que la realidad, y somos nosotros los que tenemos que hacer algo para cambiarla. Venga.

El mal existe y en estos tiempos se manifiesta con insolencia. Miren lo que está ocurriendo en Badalona, donde, a la hora en que escribo estas líneas, todo indica que decenas de inmigrantes africanos pasarán una gélida Nochebuena bajo el puente de una autopista. Nuestras ciudades refulgen estos días con las bombillitas de la Navidad y muchos hogares y lugares públicos exhiben belenes donde un niño judío pasa sus primeras horas de vida en el pesebre de un establo. Pero pocos establecen una conexión entre lo que ahora celebran con alborozo y derroche y lo que ocurre en Badalona y muchos otros lugares del planeta, incluida una Gaza no tan lejana a los escenarios de la pasión de Jesús de Nazaret.

“Si Cristo existiera, sería un MENA”, reza la portada de la revista Mongolia de este mes de diciembre de 2025. Está bien traído: Jesús era un niño pobre y desplazado, sus padres habían ido a Belén en cumplimiento de una decisión administrativa de Cesar Augusto sobre los lugares de empadronamiento de los súbditos del imperio. Todas las posadas de Belén estaban llenas y María tuvo que dar a luz en un pesebre. Hoy tendría que hacerlo bajo un puente o en el cajero de un banco.

Soy escéptico sobre la bondad natural del ser humano, le tengo mucha admiración a Rousseau, pero pienso que en esta materia pecó de optimista. Los seres humanos pueden convertirse en una jauría con demasiada facilidad. Como la que se opuso el pasado domingo a que un puñado de los africanos desalojados en Badalona fueran albergados en una iglesia de su barrio.

No me basta la explicación de que a la gente –llámese Ku Klux Klan, llámese nazis, llámese colonos de Cisjordania, llámese vecinos de El Ejido, Torre Pacheco o Badalona– se le va la olla tan solo porque hay ideólogos y políticos que les envenenan el corazón y la mente. Intoxicadores los hay, por supuesto, pero no puedo explicarme el ascenso en tantos momentos históricos de partidos y movimientos basados en el odio a otros seres humanos sin sospechar la existencia de una tendencia al mal en la condición humana.

“El mal es la ausencia de empatía”, concluyó el capitán Gustave Gilbert, el psicólogo que entrevistó a los nazis juzgados en Núremberg. Gilbert encontró en todos ellos una incapacidad absoluta para ponerse en el lugar de sus víctimas, una colosal indiferencia a sus sufrimientos. Pero sabemos que los nazis juzgados en Núremberg no habrían podido hacer las barbaridades que hicieron si esa ausencia de empatía no hubiera infectado a millones de alemanes de su tiempo.

Vivimos ahora en Occidente un momento que podría denominarse Berlín 1933. Mucha gente se está creyendo que la culpa de sus penurias la tienen los que aún son más miserables que ellos. Los inmigrantes, los moros, los negros, los panchitos… Es lo que escuchan de los ultras, pero, en buena medida, también es lo que quieren creer. Lo quieren creer porque esto les simplifica la vida, les evita informarse bien, les evita pensar por su cuenta, les permite formar parte de una manada, les satisface emociones tan poderosas como el miedo y el odio.

El mal se está banalizando de nuevo. Incluso se ha puesto de moda, como dice con perspicacia Gabriel Rufián. Trump bombardea en el Caribe lanchas que podrían ser de pescadores, pero dice que son ejecuciones extrajudiciales de narcos y nadie le chista. Su gobierno felicita la Navidad de 2025 mezclando joviales villancicos con imágenes de la brutalidad policial en la detención y deportación de inmigrantes, y millones de americanos se ríen satisfechos. La crueldad tiene mucho público potencial.

El gran combate de nuestro tiempo ya no es tanto el que opone a derechas e izquierdas, sino a bárbaros y humanistas. Jesús de Nazaret, cuyo nacimiento recordamos en estas fechas, fue indudablemente un gran humanista. “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, predicaba. Puedo imaginármelo durmiendo esta Nochebuena con los africanos bajo el puente de Badalona.

Todos los que hemos sido educados en la tradición cristiana somos conscientes de que su antropología se basa en la idea de que todos los seres humanos comparten la misma dignidad porque han sido creados por Dios. Esta concepción contribuyó decisivamente a la consolidación de un universalismo moral de gran importancia para Occidente, que más tarde, ya en la Edad Moderna, sería reinterpretado y secularizado en las teorías de los derechos naturales, dejando asimismo una huella indirecta en el posterior lenguaje de los derechos humanos.

En su influyente libro 'Against the Tide', el historiador económico Douglas Irwin muestra además cómo ciertas corrientes del pensamiento cristiano contribuyeron tempranamente a legitimar el comercio como una actividad socialmente necesaria y moralmente admisible. A pesar de sus raíces anti-comerciales, el cristianismo terminó consolidando la doctrina según la cual todas las riquezas y recursos del planeta tierra habrían sido dispersadas deliberadamente por Dios para fomentar el comercio y la cooperación pacífica entre seres humanos. Ya en el siglo V, algunos pensadores cristianos como Teodoreto, nos dice Irwin, entendían que la ausencia de autosuficiencia económica obligaba a las sociedades a cultivar la amistad a lo largo del mundo. Consecuentemente, los seres humanos no serían otra cosa que hermanos obligados a compartir la herencia de los escasos recursos naturales que nos ha legado el planeta Tierra.

Es sabido, sin embargo, que esta cosmovisión fue sepultada por las prácticas brutales de conquistas, guerras, matanzas y esclavitud, no pocas veces justificadas también en nombre del cristianismo. No obstante, incluso en los peores momentos de la historia, como los que sucedieron a la invasión de América por parte de las tropas españolas, la sociedad cristiana sufría en su seno la viva tensión entre la doctrina del imago Dei —todos somos hijos de Dios— e interpretaciones ad hoc elaboradas para justificar nuevas jerarquías sociales y étnicas. Quizás no hay mejor ejemplo que el debate de Valladolid de 1550, donde Bartolomé de las Casas defendió como iguales en naturaleza a los indios americanos frente a quienes consideraban que eran seres inferiores que merecían los castigos que los conquistadores les estaban infligiendo. Esta tensión permanente explica por qué el cristianismo fue tanto fuente de crítica como lenguaje legitimador del dominio.

Posteriormente, con la consolidación de los Estados-nación, el universalismo cristiano fue progresivamente subordinado a lógicas nacionales y propietarias, en un proceso que reinterpretó —y en parte vació— el principio del imago Dei, aunque perviviendo como tradición discursiva —que es la forma en la que me llegó a mí cuando era niño, por ejemplo—. Es esta lenta ruptura con los principios cristianos básicos la que explica la paradoja de los actuales partidos de extrema derecha —y sus votantes— que se declaran cristianos, pero, al mismo tiempo, albergan un odio profundo frente a aquellos seres humanos nacidos como pobres en otras partes del mundo. Se trata de una reconfiguración identitaria del cristianismo que vacía su universalismo moral y lo convierte en un dispositivo cultural de exclusión nacional, un giro especialmente presente en los movimientos fascistas.

Los recientes incidentes de Badalona, donde más de 400 inmigrantes se quedaron en la calle tras ser desalojados de un viejo instituto en el que se refugiaban del frío, son una manifestación contemporánea de esta deriva. A pesar de que el ayuntamiento estaba obligado por la justicia a buscar una salida habitacional a estas personas, tuvo que ser en primera instancia la Iglesia la que se ofreció a dar cobijo a una parte de los afectados. Frente a ellos, un par de centenares de vecinos racistas maniobró para evitar esa ayuda que la Iglesia ofrecía. Una muestra de fascismo que condensa lo peor de la especie humana: el deseo de no permitir ni la más ligera ayuda a las personas que más lo necesitan.

Según nos dice la prensa, el alcalde del municipio, el ultra Xavier García Albiol —del PP—, acudió a la improvisada manifestación fascista para intentar mediar. En los audios grabados se escucha, sin embargo, cómo lo que hace el alcalde es ofrecer recomendaciones a los exaltados para que no incurran en delitos de odio que luego puedan ser utilizados como pruebas en los tribunales. Además de eso, que es más una colaboración con los fascistas que una mediación, el alcalde vio cómo fracasaba su propuesta de permitir a los inmigrantes dormir al menos esa misma noche en la Iglesia: los vecinos fascistas no aceptaron siquiera esa mínima cesión.

En realidad, Albiol ha podido comprobar de primera mano que es mucho más fácil incitar a la población a subir con antorchas al monte que luego convencerles de que la prudencia es más adecuada y que lo razonable es bajar civilizadamente. Este alcalde del PP fue uno de los primeros en incitar al odio con su discurso anti-inmigración, y hasta ahora lo ha podido rentabilizar políticamente. Sin embargo, en estos momentos se siente desbordado porque son otros los que canalizan un odio que ya no encuentra límites. Es exactamente lo que le ocurre al PP en toda España: por mucho discurso antiinmigración, es la extrema derecha de Vox la que gana con cada episodio como el de Badalona.

Por fortuna, organizaciones de clase como CCOO, y también vecinos particulares y las propias organizaciones de la Iglesia, han sido ejemplo a la hora de asistir y ayudar a personas cuyo principal hándicap fue nacer en el sitio inadecuado en un mundo desigual. Todos ellos serían hoy la versión más avanzada y coherente de nuestro histórico Bartolomé de las Casas, quien consecuentemente también denunció los maltratos y abusos contra aquellos pobres atravesados por las lanzas españolas. Por el contrario, los elementos fascistas que se manifestaban el otro día, junto con los líderes de Vox y PP que han alimentado este clima o que directamente protegen y animan estos comportamientos, hubieran estado en 1550 alineados con aquellos otros teólogos que, olvidándose de las raíces cristianas, preferían la rentabilidad de un mundo desgarrado en guerras y miseria.

Como este tipo de situaciones enseña, no es demasiado atrevido conjeturar que la mayoría de esos manifestantes fascistas —así como los líderes de Vox y PP que les incitaron o aplaudieron— se marcharon luego a finalizar los preparativos de las fiestas de Navidad; seguramente pusieron belenes en sus casas y festejaron en familia el nacimiento de aquel niño palestino de cuya prédica ya nadie se acuerda porque el nacionalismo étnico y el atractivo del dinero se lo ha comido todo.

Por eso cabe la reflexión de hasta qué punto una parte de nuestra sociedad ha vaciado de contenido las palabras que dice venerar —cristianismo, dignidad, humanidad— y las ha reducido a un decorado cultural sin obligaciones morales. No hay belén que pueda ocultar el hecho de que negar cobijo, comida o abrigo a quienes duermen en la calle no es solo una barbarie política, sino una quiebra ética profunda. Si el cristianismo significa algo más que folklore y consigna identitaria, entonces se expresa primariamente en la obligación de socorrer al vulnerable. Todo lo demás —las antorchas, los gritos, la cobardía institucional y la complicidad calculada— no es tradición, ni orden, ni defensa de nada: es simple y llanamente fascismo envuelto en papel de Navidad.

Más de un centenar de curas y colectivos religiosos de todo el país han firmado un manifiesto en el que critican la actuación del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, en el desalojo de más de 400 migrantes de un instituto abandonado en la ciudad.

“No se puede hablar de seguridad cuando se fabrica exclusión”, reza el manifiesto, que publica elDiario.es. “No se puede gobernar fomentando el miedo y señalando al extranjero como problema”.

Los firmantes denuncian que, “amparándose en la ley”, tanto Albiol como “las instituciones” han “abandonado directamente a los pobres” . “No se puede invocar el orden mientras se destruye la vida”, afirma el texto, que califica de “negación de la dignidad humana” lo ocurrido en Badalona durante la pasada semana.

El comunicado critica duramente que se expulsara a los 400 migrantes que llevaban ocupando ese espacio “ante la ausencia de alternativas habitacionales” desde 2023 y se les dejara en la calle “en pleno invierno” sin ningún lugar al que ir.

Sobre las protestas ciudadanas que impidieron acoger a parte de estos desalojados en una parroquia de Badalona, el manifiesto reprocha el “racismo” y la “xenofobia” de los vecinos que, en lugar de ayudar a los desalojados, salieron a la calle para “expulsar” y “blindar” sus privilegios.

“El resultado fue claro”, prosigue el texto. “hombres, mujeres y jóvenes sin techo y una ciudad incapaz de mirarlos como hermanos”.

El comunicado concluye asegurando que Jesús “no se identifica con el poder que desaloja” sino con “el pobre desalojado”. “[Jesús] no camina con quien criminaliza la miseria, sino con quien la sufre”.

“Una Iglesia, unas instituciones y unos movimientos sociales que callan ante esta injusticia traicionan el Evangelio y vacían de sentido la palabra humanidad”, concluye el manifiesto. “Ninguna ciudad es justa si deja a gente en la calle”.

El eurodiputado de los Comuns, Jaume Asens, ha denunciado al alcalde de Badalona por el desalojo del antiguo instituto B9 de Badalona. Según ha explicado a Catalunya Ràdio, Asens acusa en la denuncia a Albiol de denegación de servicio público por motivos discriminatorios, delito de odio, delito de desobediencia a la autoridad judicial y delito de prevaricación administrativa.

“Albiol se cree que Badalona es Estados Unidos y que puede actuar como Trump, pero no puede estar por encima de la ley”, ha afirmado este miércoles. El eurodiputado ha recordado que la resolución judicial que autorizaba el desalojo le condicionaba a una alternativa de alojamiento garantizada, que no se ha realizado por parte del Ayuntamiento de Badalona.

Tras el desalojo del antiguo instituto, los migrantes que dormían en sus instalaciones han continuado buscando cobijo en Badalona. Ante la falta de asistencia del consistorio, liderado por un Albiol que se niega a ofrecerles solución, el Govern y las entidades sociales llegaron a un acuerdo para alojar a los que duermen en la calle y a los que ocuparon un albergue municipal vacío.

Las entidades sociales y el Govern de la Generalitat han cerrado un acuerdo para reubicar a buena parte de los desalojados del antiguo instituto B9 de Badalona que están acampados bajo el puente de la C-31, así como los que ocuparon hace unos días el antiguo albergue de Can Bofí Vell. Según han confirmado fuentes del Govern, la mediación se ha alargado durante toda la noche y este martes, y han participado además del ejecutivo, las entidades sociales de Badalona y la Sindicatura de Greuges.

Con esta intervención, que podría alargarse hasta dos meses, el Govern considera que se acaba con el problema generado tras el desalojo del antiguo instituto, cuando cerca de un centenar de las personas que quedaban dentro quedaron sin techo y repartidas en diferentes zonas de la ciudad. Una situación que se agravó debido a la falta de atención que el Ayuntamiento de Xavier García Albiol decidió que se les dispensara.

Precisamente este martes la Fiscalía ha instado al juzgado que autorizó el desalojo a que requiera “de forma urgente” al Ayuntamiento si ha atendido a las personas que expulsó del instituto B9 y cómo lo ha hecho, tal y como reclamaba la interlocutoria judicial. En su auto, el juzgado de Badalona dejaba claro que, si bien autorizaba el desalojo del edificio ocupado, las personas que estaban dentro debían ser atendidas por los servicios sociales de la ciudad, algo que no se ha producido.

Unas horas antes de alcanzar este acuerdo, el operativo para acoger de urgencia en una parroquia a varios de los migrantes desalojados del instituto B9 en Badalona había quedado definitivamente descartado. Las entidades sociales que lo lideraban, entre ellas Càritas, han reconocido que renuncian al dispositivo por falta de seguridad de los realojados debido a las protestas a las puertas de la iglesia. 

Aunque eran solo una quincena los que debían ser alojados temporalmente en la parroquia Verge de Montserrat, finalmente el boicot de algunos ciudadanos contrarios a dar cobijo a los inmigrantes ha acabado por frustrar su acogida. Con todo, las entidades sociales han informado que les han reubicado en otros emplazamientos, aunque no han indicado cuáles para evitar nuevas movilizaciones. 

“Ante la presión ejercida de algunos vecinos y vecinas, la vulneración del derecho de acogida a un espacio propio, y con la voluntad de no añadir más sufrimiento a los miembros de la comunidad parroquial, se ha decidido suspender el dispositivo de emergencia temporal de B9 de Badalona en la parroquia”, han comunicado desde Càritas.

El plan de acogida, que estaba ya preparado el domingo antes de que fuera boicoteado, implicaba además de Càritas a la Fundación Llegat Roca i Pi y a Sant Joan de Déu Serveis Socials, además de Cruz Roja, que era quien debía gestionar el espacio y aportar el material. Contaban también con el apoyo económico del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat, que ha estado inmerso en negociaciones con entidades y con el Síndic de Greuges para encontrar una salida.

Sin embargo, la intención del Ayuntamiento que gobierna Xavier García Albiol ha sido no dar asistencia a los desalojados del B9, cerca de 400. Asimismo, ha acusado a Gobierno y Generalitat de no hacerse cargo de ellos, aunque la sentencia que avalaba el desalojo también ordenaba a los servicios municipales badaloneses que debía actuar. 

Sea como sea, Càritas explica en un comunicado que ya asumido el realojo de 52 personas, entre las que se cuentan las quince que debían dormir en la parroquia. Algunos equipamientos son privados de entidades y otros, de la Generalitat, según fuentes al corriente de la situación. Los hay además en Badalona y fuera de la ciudad. Entre ese medio centenar no se cuentan los que ocuparon el albergue municipal Can Bofí Vell, a los que Derechos Sociales ha trasladado también este martes a otros emplazamientos. Eran entre 20 y 30. 

En la noche del domingo, alrededor de 150 vecinos impidieron el acceso a la parroquia a los trabajadores de Cruz Roja —que transportaban material de primera necesidad como colchones, mantas, comida y productos de higiene— e incluso llegaron a increpar e insultar a dos de las personas que iban a pasar la noche en el recinto, según han confirmado fuentes de Càritas. Tras el episodio, las entidades mantuvieron conversaciones con Albiol para intentar que, a partir del día siguiente, algunas personas pudieran refugiarse en el interior del recinto, al menos durante el mes previsto inicialmente como emergencia. 

En este contexto, Albiol convocó el lunes por la tarde reuniones con vecinos, una de ellas en el aparcamiento del campo de fútbol del barrio de Montigalà, con el objetivo de mediar con ellos. Según fuentes de Càritas, el alcalde explicó, a través de un megáfono, que las quince personas que iban a ser acogidas no tenían antecedentes penales, que algunas de ellas trabajaban y que su estancia se limitaría a pernoctar entre las 20.00 y las 8.00 horas.

Sin embargo, el mensaje no convenció a la mayoría de los vecinos, que mantuvieron su negativa a permitir la estancia de estas personas en el recinto. La portavoz de Càritas, Mercè Darnell, presente en el encuentro, asegura que algunos le respondieron al alcalde cuestionando su discurso, ya que hasta ese momento él había defendido públicamente que la mayoría de desalojados del B9 eran delincuentes. 

De hecho, este mismo martes, el alcalde ha dicho, en una entrevista en RAC1, que “bastantes” de los desalojados del B9 son delincuentes –aunque ha admitido no tener cifras que lo demuestren– y que algunas entidades sociales se han negado a acoger a estas personas porque son “conflictivas”.

Ocupación desalojada en pocas horas

En paralelo al dispositivo de realojo liderado por las entidades, un grupo de afectados por el desahucio del B9 ha ocupado este martes otro equipamiento municipal, de nuevo un instituto en desuso, el Ventura Gasol. Pero han sido desalojados a las pocas horas.

La Guardia Urbana de Badalona y los Mossos d'Esquadra han expulsado a los ocupantes sólo dos horas después de que entraran. Media docena de personas había accedido al espacio, pero algunos vecinos alertaron rápidamente a la policía local.

El instituto lleva años cerrado. En el exterior del espacio se han concentrado entidades de apoyo a los colectivos vulnerables y en defensa de una solución para los migrantes del B9, pero también han acudido badalonenses contrarios a la ocupación. Se ha producido algún abucheo y la policía ha separado a los dos grupos, sin más incidentes.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, fijó hace meses el instituto ocupado B9 como uno de sus objetivos políticos e instó judicialmente a su desalojo. Se trataba de trasladar una imagen de dureza ante lo que él llama delincuencia –aunque la policía no halló en el edificio a ninguna persona con una orden de detención pendiente– y de aparecer ante los vecinos como la antítesis de las decenas de inmigrantes que malvivían en el local de titularidad municipal.

El desalojo se autorizó y efectuó la semana pasada pero, aunque el auto judicial mandataba explícitamente a los servicios sociales del municipio a hacerse cargo de la situación, el alcalde dejó bien claro que no atenderían a las personas desahuciadas. Una gestión que priorizó que acabó generando varios campamentos a la intemperie, como el que se formó bajo la carretera C-31, una nueva ocupación, en este caso del antiguo equipamiento de Can Bofí Vell, y la entrada en acción de las entidades sociales de la ciudad.

Ni la negativa a la atención social ni los discursos incendiarios han servido para resolver un problema de vivienda y convivencia que, ahora, una vez trasladado a la calle, amenaza con convertirse en un choque entre vecinos. Una parte de ellos se han organizado para protestar en contra de los inmigrantes, otros, junto a las entidades sociales, están dispuestos a mostrarles su apoyo.

El pasado fin de semana un dispositivo solidario liderado por Cruz Roja tenía previsto acoger a una parte de los migrantes en la parroquia Verge de Montserrat, del barrio de Sant Crist. Pero un grupo de personas, alentadas por el propio alcalde, organizó una protesta a las puertas de la iglesia que impidió el acceso de las personas necesitadas de asistencia.

La respuesta ha llegado este lunes, cuando cerca de 400 personas se han manifestado frente a la masía de Can Bofí Vell, en Badalona, para protestar por los hechos ocurridos en los últimos días tras el desalojo de las personas que ocupaban el antiguo instituto B9 de la ciudad. En la concentración, separada por un cordón policial, han acudido también decenas de personas en contra de los inmigrantes desalojados. Esto ha generado una tensión que entre ambas partes que ha durado durante toda la concentración.

Se han escuchado silbidos, abucheos e incluso insultos racistas y homófobos, como “quítale el micro al negro de mierda”, “sois unos maricones” o “negros hijos de puta”. Estos gritos se han producido de manera simultánea a cánticos como “La solidaridad, nuestra mejor arma” o “no se entiende, gente sin casas y casas sin gente”, coreados por los manifestantes y miembros de las entidades convocantes.

La protesta ha sido organizada por el Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya y la Organització Juvenil Socialista de Catalunya, junto con otras entidades. El portavoz de la organización juvenil, Mamadou Yero Seydi, ha denunciado públicamente que el pasado domingo alrededor de 150 seguidores del alcalde Xavier Albiol impidieron la entrada de quince personas desalojadas, en situación de vulnerabilidad, a la parroquia de la ciudad donde iban a recibir alojamiento temporal durante un mes.

Por su parte, la portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya ha señalado que estos episodios son “consecuencia de una crisis de vivienda que las instituciones están demostrando ser incapaces de resolver, así como de la campaña de criminalización que están llevando a cabo Albiol y sus seguidores”.

Desde el Sindicat afirman que están realizando un seguimiento de las personas desalojadas y que la mayoría de ellas se encuentra actualmente durmiendo en la calle, muchas todavía bajo el puente de la C-31, debido a la falta de alternativas habitacionales ofrecidas por las autoridades. Aunque unas 40 personas han recibido opciones de alojamiento temporal, consideran que estas medidas no son “suficientes” para dar respuesta a la situación.

Sin solución habitacional

Mientras la falta de gestión por parte del Ayuntamiento enciende los ánimos en al calle, los inmigrantes siguen sin tener una solución para pasar las noches, cuando se cumple una semana de su desalojo y cuando las temperaturas comienzan a ser más duras en los primeros compases del invierno. Una parte de ellos ya habían abandonado el antiguo instituto badalonés antes del desalojo. Otros continúan en el campamento bajo la carretera, equipados con tiendas de campaña.

Un tercer grupo de unas 15 personas fue el que optó por entrar sin permiso en Can Bofí Vell. Esas instalaciones habían sido, de hecho, las señaladas por la Generalitat para ser habilitadas por el consistorio, por tratarse de un antiguo albergue. Badalona carece de equipamientos de este tipo y el Govern entendía que podía ser una solución de emergencia adecuada. Pero Albiol se negó a proporcionar el espacio.

Otra parte del colectivo desalojado es la que está a la espera de los próximos pasos de las entidades sociales, que cuentan con el apoyo de Cruz Roja, Cáritas y otros colectivos, además del departamento de Asuntos Sociales del Govern.