El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha decidido acelerar la renovación de los miembros del Consejo de Administración de la RTVA, del Consejo Audiovisual, del Consejo de la Transparencia y de la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, esta última caducada desde hace dos años (septiembre de 2024).

La renovación de los órganos de extracción parlamentaria para adaptar su composición al nuevo reparto de fuerzas de los partidos surgido del resultado de las elecciones del 17 de mayo “no era una prioridad” hasta hace un mes, según admitieron entonces fuentes del Ejecutivo andaluz y del PP-A. Legalmente tenían de plazo un año para llevar los nuevos nombres al Parlamento, y los de Moreno querían tomarse su tiempo para naturalizar la alianza con sus nuevos socios de Vox, que venía de prometer “el cierre de Canal Sur”.

Pero la disolución de las Cortes y el adelanto de las elecciones generales al próximo 29 de noviembre parece haber precipitado el escenario político. La Mesa de la Cámara, donde el PP tiene mayoría absoluta, ha acordado este miércoles comunicar a los grupos políticos un plazo para presentar a sus candidatos a consejeros en los órganos de extracción -hasta el próximo 13 de octubre- permitiendo así que los candidatos se sometan a la Comisión de Nombramientos el día 20 de octubre y sean elegidos en el Pleno del 21 de octubre (todos excepto el nuevo Defensor del Pueblo, que tiene un plazo legal de tramitación distinto y se dejaría para el mes de noviembre).

De cumplirse este calendario, la renovación de los órganos de extracción estaría allanada justo antes de la elaboración de las listas electorales de los partidos en las ocho provincias andaluzas. Entre el 21 y el 26 de octubre, las formaciones políticas tienen que cerrar sus candidaturas a las generales.

Fuentes del PP aseguran que el adelanto de las legislativas no ha condicionado la decisión de Moreno de aprobar ahora los cambios de consejeros en la dirección de la RTVA y el resto de órganos. Desde el PSOE, sin embargo, sostienen que se ha precipitado la negociación entre PP y Vox “por si el resultado de las generales no es el que esperan”, esto es, en previsión de que el 29N no alumbre un Gobierno de coalición de Alberto Núñez Feijóo con Santiago Abascal.

Otra mayoría absoluta del PP

La propuesta para el nuevo reparto de consejeros elegidos por los partidos en cada órgano de extracción parlamentaria se ha hecho a partir de una “división proporcional”, según el número de diputados que cada grupo logró el 17M: cuatro consejeros para el PP, dos para el PSOE, uno para Vox, uno para Adelante Andalucía y uno para la coalición Por Andalucía, explican fuentes parlamentarias.

Los socialistas no están de acuerdo con esa distribución, porque con 28 diputados les corresponde un sillón más que a Por Andalucía, que ocupa cinco escaños. Pero las fuerzas conservadoras tienen mayoría en el Parlamento.

Esta distribución de sillones implica que los de Moreno pierden la mayoría absoluta que tenían en dichos órganos la pasada legislatura, aunque la conservarían si se suma al consejero de Vox. Los populares tienen 53 escaños [la absoluta son 55] y han perdido así el peso decisivo en los órganos de extracción parlamentaria del que disfrutaron en el mandato anterior, cuando tenían 58 diputados, aunque cabría la posibilidad de que sus socios de Vox exijan un miembro más en su cuota.

Sin embargo, el pasado mes de julio, el pacto de Gobierno PP-Vox incluyó una reconfiguración de la Mesa del Parlamento andaluz. Entonces la ultraderecha optó por quedarse con un solo asiento y no reclamó uno más, dejando así que el PP siga disfrutando de una mayoría absoluta en el órgano que controla los tiempos y las prioridades del debate político en toda la legislatura.

La decisión de activar ya la renovación de los órganos de extracción, sobre todo el Consejo de la RTVA y el Defensor del Pueblo andaluz, emana directamente del presidente de la Junta y líder del PP-A. Los candidatos que van a dirigir ambas instituciones necesitan una mayoría de tres quintos de la Cámara para salir adelante, de modo que precipitar la renovación justo antes de las elecciones generales lleva a pensar que PP y Vox ya han cerrado un acuerdo tanto sobre el reparto de sillones como de los nombres para la dirección de Canal Sur, el Defensor del Pueblo, el Consejo Audiovisual y el Consejo de Transparencia.

Los socios de Gobierno, que suman 68 de 109 diputados, ya cuentan con la mayoría de tres quintos necesaria para imponer a sus candidatos, aunque los grupos de izquierdas los rechacen en la votación del Pleno. Lo habitual es que los grupos acuerden previamente un pacto de no agresión respecto al nombre de los consejeros, que son votados por toda la Cámara. Pero el candidato a director general de la RTVA y para Defensor del Pueblo Andaluz se decide en una votación aparte, y ahí sí puede haber una fractura entre las derechas y las izquierdas.

En la pasada legislatura, hace apenas un año, PP y Vox iniciaron una negociación para renovar al director de la Oficina Antifraude del Parlamento y al Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, que llevaba dos años en funciones. La Cámara aprobó el nombramiento del juez Francisco de Paula Sánchez Zamorano -expresidente de la Audiencia de Córdoba- como nuevo director de la Oficina Antifraude, pero en el último momento el PP retiró en nombre de su candidata a la Defensoría, la presidenta de Cruz Roja Andalucía, Rosario García Palacios, porque no contaba con el respaldo de Vox. La ultraderecha acusa a Cruz Roja y otras ONGs de colaborar con las mafias en el traslado de inmigrantes usando “taxis patera”.

La coalición Por Andalucía, que pilota el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, va a registrar el 'decreto Maricarmen' en el Parlamento andaluz para someterlo a votación en un Pleno, a través de una proposición no de ley, con el objetivo de “retratar” al PP de Juanma Moreno y al resto de grupos.

La confluencia de izquierdas traslada así las reivindicaciones de las manifestaciones en defensa de la vivienda a la Cámara andaluza, metiendo de lleno al Gobierno de Moreno en la campaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Así, el Parlamento autonómico reabrirá un debate sobre una competencia exclusiva de la Junta, apenas nueve meses después de aprobarse la Ley andaluza de Vivienda, con los votos de PP y Vox, con una propuesta política diametralmente opuesta a la del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El objetivo de Maíllo es aprovechar el foco nacional de las movilizaciones por la vivienda y la convocatoria electoral para reabrir ese debate en la Cámara andaluza, apenas cuatro meses después de las elecciones que dieron una victoria rotunda a Juanma Moreno.

El diputado y líder del Partido Comunista de Andalucía, Ernesto Alba, ha recordado este miércoles que las competencias sobre vivienda están en manos de las comunidades y que la intención de su grupo es comprometer al presidente andaluz en un debate nacional impulsado por las movilizaciones masivas de este fin de semana y las acampadas en plazas de todo el país.

“Nosotros no hemos reabierto el debate sobre vivienda, lo ha abierto la calle. Lo ha abierto la Plaza de la Encarnación, Maricarmen y las protestas en Madrid”, ha dicho Alba, al ser preguntado por la iniciativa de su grupo. Los decretos de vivienda que acaba de aprobar el Consejo de Ministros, tras el anuncio de disolución de las Cortes de Pedro Sánchez, contemplan algunas medidas que ya aparecen en la Ley estatal de Vivienda y que el PP de Moreno ya ha rechazado frontalmente, y que no ha aplicado en Andalucía.

La prohibición de los desahucios, el tope a los precios de alquiler, las limitaciones al alquiler por temporada y por habitaciones, la asistencia legal para inquilinos por “rentistas avariciosos” o prohibir pisos turísticos en zonas tensionadas y revisar las licencias que ahora están en vigor (unas 95.000 en Andalucía).

El Gobierno de Moreno no ha declarado las zonas tensionadas, a pesar de que Sevilla, Málaga y Cádiz concentran los mayores problemas de acceso a vivienda y precios disparados de alquiler, en parte, por el impacto del turismo en estas ciudades. El voto de PP y Vox al 'decreto Maricarmen' en el Parlamento andaluz es previsiblemente de rechazo. Hace cuatro meses Andalucía fue a las urnas, con una participación histórica en unas autonómicas (64%), y dieron una victoria rotunda al PP de Moreno, 11 puntos por encima del PSOE, aunque perdió la mayoría absoluta por dos escaños, obligándole a formar un Gobierno de coalición con la ultraderecha.

“La gestión de la vivienda tiene ideología de fondo. Queremos llamar la atención para que Moreno no mire para otro lado, para subrayar que él tiene las competencias en materia de vivienda”, ha subrayado Alba, que también ha defendido la convocatoria de la huelga general por parte de los sindicatos CCOO y UGT.

Preguntado por las palabras de la líder del PSOE-A, María Jesús Montero, que este martes aseguró que esta huelga general es “inédita” porque “va contra la oposición por derribar los decretos de vivienda”, Alba ha matizado que esta huelga “nos interpela a todos, pero a unos más que a otros”. “La movilización interpeló al Gobierno para que llevara los decretos de vivienda, que es un acuerdo de mínimos para que la gente pobre viva un poco mejor; y también interpela a la oposición que lo ha rechazado”.

Puentes rotos con Adelante Andalucía

Alba también ha hablado de las candidaturas de izquierdas en las generales, constatando que no hay visos de entendimiento para unificar el voto progresista entre el Frente Amplio, que aúna a IU, Sumar, Más Madrid y otros partidos, y la coalición Adelante Andalucía. La formación soberanista andaluza que hoy pilota José Ignacio García fue la gran sorpresa en las autonómicas hace cuatro meses, cuando cuatriplicaron su resultado y triplicaron el número de escaños, de dos a ocho. Adelante sorpasó a la otra izquierda, de Por Andalucía, y a Vox en dos provincias.

García ya ha confirmado que se presentarán en solitario a las generales, en las ocho provincias, y ha descartado cualquier tipo de alianza para concurrir juntos, ni en las listas al Congreso ni en el Senado. Preguntado por esto, el líder del PCA ha sido muy duro: “Adelante Andalucía ha dejado claro que no es capaz de estar en un frente amplio para mejorar la vida de los trabajadores. Este objetivo que ellos han declarado es compatible con que se presenten solos [a las generales]. No. Entonces no hay tanta ambición histórica, están engañando a la gente”, ha asegurado.

Banderas rojas, estrellas rojas de cinco puntas. Banderas blancas y verdes de Andalucía, banderas de la República, banderas de Palestina. La hoz y el martillo. Banderas de Adelante Andalucía, insignias del PSOE, de Izquierda Unida, pegatinas de CCOO y de UGT. “El pueblo unido jamás será vencido”; “Sevilla será la tumba del rentismo”; “Aquí están los antifascistas”.

El problema de la vivienda en España es transversal. El malestar social que atraviesa el país es transversal. Pero las movilizaciones no lo son. La multitud que este viernes se ha manifestado en el centro de Sevilla -unos 15.000 según el Sindicato de Inquilinas; 2.500 según la Subdelegación del Gobierno- representa indudablemente opciones políticas de izquierdas.

Medio centenar de personas se ha quedado al cuidado de las casi 100 tiendas de campañas que se concentran en las Setas desde el martes pasado, en señal de presión, y que decidirán en asamblea si permanecen allí o levantan el campamento y hacen un llamamiento a la huelga general.

En la manifestación había dirigentes del PSOE andaluz, de la coalición Por Andalucía (IU, Sumar, Podemos...) y de Adelante Andalucía en la comitiva que ha discurrido entre las Setas, en el casco norte de Sevilla, y el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, entre familias, muchos jóvenes, chavales empujando sus bicicletas, carritos de bebé, abuelos con sus nietos, líderes sindicalistas, líderes vecinales, riders con el puño en alto y la mochila a la espalda... todos expresando su indignación tras ver caer los dos decretos de vivienda en el Congreso. “Aquí somos más inquilinos que caseros, pero también hay pequeños propietarios”, dice María José, del Sindicato de Inquilinas.

España vive un momento político complejo en el que el Gobierno de turno, formado por la coalición PSOE-Sumar, está celebrando, de alguna manera, la conflictividad social que se ha desatado por el traumático desahucio de Maricarmen, una anciana de 87 años, y que amenaza con una huelga general.

No hay precedentes de que una huelga general sea una buena noticia para un Gobierno, sin embargo, en la cúpula del PSOE andaluz, hoy comandada por la exvicepresidenta María Jesús Montero, creen que la coyuntura política que ha abierto el caso de Maricarmen y la votación del Congreso (el no de PP, Vox y Junts), abre una “ventana de oportunidad única”. Aquí quieren elecciones el 29 de noviembre, empezando por los alcaldes y candidatos socialistas, que llevan meses pidiendo a sus jefes orgánicos que le pidan a Pedro Sánchez que aleje las generales de las municipales lo más posible.

La multitud que hoy avanza por el centro de Sevilla, colorista, festiva, pacífica, afea a todas las instituciones su inoperancia para embridar el problema más capilar que sufre el país, según el CIS, enquistado después de ocho años de gobiernos progresistas. En la última década, los salarios se han revalorizado un 25%; el precio del alquiler un 80%.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez se siente interpelado, pero no le tiemblan las piernas. Aquí, en la manifestación, no se oyen gritos de “Perro Sánchez”, aquí se grita contra el alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, y contra el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por “permitir VPO a 350.000 euros”. De hecho, la marcha no camina hacia la sede del Gobierno en Andalucía, sita en la Plaza de España, sino a la sede de la Junta, en el Palacio de San Telmo.

“¡Los fondos buitres sois vosotros! ¡Vosotros sois los invasores!”, gritan un grupo de jóvenes, sujetando pancartas de cartón en alto. No hace ni cuatro meses que Andalucía celebró elecciones, con una participación histórica para unas autonómicas (casi un 65%), que dio al PP-A el mejor resultado de su historia (el más votado en las ocho provincias, a dos escaños de la mayoría absoluta), y propició el primer Gobierno andaluz PP-Vox.

Esas 15.000 personas que se han manifestado hoy en Sevilla, presumiblemente, acudieron a votar hace cuatro meses. La izquierda no fue derrota por la abstención ni por la desmovilización general. La “mayoría social”, a la que alude el Gobierno de Sánchez al interpelar a la oposición en políticas de vivienda, la “mayoría social” en Andalucía votó a Juanma Moreno.

El PSOE encaró las andaluzas como un “referéndum por la sanidad pública”, esperando espolear a su electorado con la indignación masiva que provocó la crisis de los cribados de cáncer de mama, y ahora se aferran a unas generales en clave de “referéndum por la vivienda”. “¡Aquí está la clase obrera! ¡Bonilla estamos en la lucha!”, grita la multitud. Una hora y media después de salir de las Setas, la cabeza de la comitiva ha llegado a su destino, dos kilómetros más allá. La marcha ha ido creciendo por el camino, sumando gente, y se planta ante el edificio barroco donde Moreno tiene su despacho con una imagen que hacía tiempo no se veía en las calles de Sevilla.

“El único hecho diferencial es Maricarmen. Es la chispa lo que ha cambiado el paisaje”, dice un alto dirigente del Gobierno de Moreno. En el entorno del presidente andaluz tenían muy claro que Junts tumbaría los dos decretos. O tenían más información o más intuición que Montero, convencida 24 horas antes de que al menos el primer decreto de vivienda, el más negociado con los independentistas catalanes, saldría adelante.

El caso de Maricarmen ha sacudido la política andaluza. A pesar de haber firmado un acuerdo de Gobierno con Vox que garantiza una estabilidad de cuatro años, el presidente de la Junta se ha visto obligado a improvisar nuevas medidas en materia de vivienda, empujado por el nuevo marco de la política nacional.

El jueves anunció en el Parlamento un nuevo bono joven de alquiler, idéntico al que regula el Gobierno central, y sufragado con fondos estatales. Moreno no teme al PSOE en Andalucía, pero tiene pánico a la “ideología”. No hay un solo día que no advierta en sus discursos contra el pulso ideológico, como quien menta al hombre del saco, para espantarlo. La ideología es la pulsión de las izquierdas. El conflicto social por la vivienda viene a impugnar un sistema que ha convertido un derecho constitucional en un valor de mercado, de especulación. En este momento raro de la política en España, la pregunta es: ¿quien representa hoy ese sistema? ¿El Gobierno o la oposición?

El Gobierno central transfirió desde 2022 más de un centenar de millones de euros para que la Junta de Andalucía pusiese en marcha el Bono de Alquiler Joven, un programa del que se beneficiaron miles de menores de 35 años –la cifra no está formalmente cerrada todavía– pero que se convirtió en todo un quebradero de cabeza para el Ejecutivo andaluz: se acumularon enormes retrasos en los pagos, lo que llevó incluso a que la Cámara de Cuentas fiscalizara lo ocurrido. Ahora, en pleno temporal social y político por la vivienda y pese a las críticas lanzadas en su momento a este programa, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), ha anunciado la puesta en marcha de unos incentivos que son un calco.

Lo ha hecho en su intervención en la sesión de control en el Parlamento en respuesta a la portavoz socialista, María Jesús Montero, subrayando que los beneficiarios podrán recibir hasta 6.000 euros (250 euros al mes durante un máximo de dos años), para lo que se destinarán 24 millones de euros que incluyen fondos estatales y autonómicos. Los aspirantes podrán destinar esta ayuda para el alquiler de una vivienda o habitación, y se tramitarán en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, por orden de llegada.

Teniendo en cuenta la partida presupuestaria anunciada, los incentivos llegarán a un mínimo de 4.000 jóvenes en el caso de que éstos consigan el máximo de 24 meses consecutivos. La última convocatoria del Bono de Alquiler Joven se abrió en enero de este mismo 2026, al transferir el Estado 34,2 millones de euros adicionales que se sumaron a los 68,4 millones anteriores para ayudas repartidas en dos tandas desde 2022. El Gobierno andaluz cerró el plazo en junio al alcanzar las 15.000 solicitudes, cuya tramitación todavía no ha concluido.

Límites de renta

Los requisitos para aspirar a la convocatoria que se lanzará en 2027 son los vigentes hasta ahora: tener entre 18 y 35 años (ambos inclusive) al presentar la solicitud y contar con unos ingresos anuales marcados por el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples). Así, si se trata de una persona sola, no deberá ganar más de tres veces el Iprem –21.600 euros anuales en 12 pagas, un sueldo de 1.800 euros–, tope que se eleva a cuatro veces el Iprem en el caso de una unidad familiar, es decir, unos ingresos de 2.400 euros mensuales.

Otras condiciones que también se mantienen es que la vivienda o habitación debe constituir la residencia habitual y permanente del solicitante, además de que debe existir contrato de arrendamiento o compromiso de formalizarlo. Los principales cambios vienen en cuanto a los límites de renta del alquiler, que para una vivienda completa serán entre 600 y 1.000 euros al mes en función de la localidad (hasta ahora el tope estaba en 900) y para una habitación oscilarán entre 300 y 600 euros mensuales, cuando en las anteriores convocatorias estaba en 380 como máximo.

El Bono de Alquiler Joven fue un programa lanzado por el Gobierno central en 2022, que ponía para ello los fondos mientras que las comunidades autónomas se encargaban de la tramitación. La Junta de Andalucía fue especialmente crítica con el sistema, al que puso todo tipo de pegas: exceso de burocracia, falta de una herramienta informática estatal, poco margen autonómico para modificaciones, tiempos de entrega de la financiación...

“Se ha hecho mal y tarde”

En su primera convocatoria, el Ejecutivo andaluz acumuló tal retraso en la concesión de las ayudas –muchos jóvenes recibieron el dinero hasta año y medio tarde– que hasta se constituyó una plataforma de perjudicados, algunos de los cuales acabaron llevando su caso ante los tribunales. “En eso nos hemos equivocado”, acabó admitiendo el presidente andaluz ante la dimensión que adquirió una cuestión que “se ha hecho mal y tarde”.

En la sesión parlamentaria de este jueves, la líder socialista, María Jesús Montero, ha apuntado con respecto al anuncio de Moreno que “cuando copia al Gobierno de España, acierta”. Eso sí, le ha recordado que “las ayudas al alquiler no sólo hay que presupuestarlas”, sino que “hay que ejecutarlas”, sentido en el que Andalucía fue “la última comunidad autónoma que ejecutó las ayudas al alquiler para jóvenes del Gobierno” central.

El problema generado por la gestión de la Junta de estas ayudas llevó incluso a que la Cámara de Cuentas analizara lo ocurrido en un informe. Esta fiscalización afeó la falta de eficacia de la consejería e incluso problemas estructurales de planificación, denunciando aspectos como la baja ejecución de los fondos y, sobre todo, retrasos muy elevados en la resolución. Esta situación originó la presentación de 24 quejas ante el Defensor, 386 recursos de reposición y 94 sugerencias y reclamaciones.

Nuevas ayudas y herencias entre hermanos

Con vistas a esta nueva convocatoria, desde la Consejería de Vivienda se resalta que es una iniciativa que se une a los tres nuevos programas de ayudas ya anunciados para facilitar el acceso a una vivienda asequible a jóvenes y familias numerosas. En concreto, están dirigidos a jóvenes de hasta 40 años, a familias numerosas y al alquiler con opción a compra para jóvenes, que permitirá descontar del precio final de adquisición el 100% de las rentas abonadas previamente. Cada una de estas convocatorias estará dotada con 25 millones de euros procedentes del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía.

Asimismo, el presidente andaluz ha anunciado este jueves que la Junta bonificará el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para heredar la vivienda familiar entre hermanos. Así, cuando una persona herede la vivienda familiar de su hermano y sea su hogar habitual, tendrá una bonificación del 99%.

Juanma Moreno y Juan Jesús Vivas han encabezado este jueves una minicumbre de Andalucía y Ceuta, en una visita oficial del presidente ceutí al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta, junto a miembros de sus respectivos gobiernos y de ambas cámaras de comercio. Ambas delegaciones han suscrito acuerdos de colaboración en materia de internacionalización de proyectos empresariales, universidades, innovación, turismo, cultura, deporte, comunicaciones y transporte. Pero nada sobre inmigración.

Desde enero de 2024, los gobiernos de Andalucía y Ceuta tienen firmado un convenio de colaboración para “agilizar” la acogida e integración de menores extranjeros no acompañados en esta comunidad y aliviar así la “crisis migratoria” que ya sufría entonces la ciudad autónoma.

Se trataba de un “instrumento de cooperación interautonómico”, que fuera “estable en el tiempo”, y que a día de hoy sigue “en activo y está desarrollándose”, reconocen en la Junta. Sin embargo, ambos presidentes han rechazado explícitamente invocar ese convenio para el traslado provisional de los niños que entraron en la incursión irregular de 80.000 inmigrantes a Ceuta que tuvo lugar hace justo dos meses -unos 2.500 siguen allí, según el Gobierno central-, que serían acogidos por la Junta de Andalucía mientras se tramitan sus expedientes.

Moreno y Vivas han coincidido hoy en que lo ocurrido en Ceuta no es un problema migratorio, sino “una invasión de la integridad territorial de España”, para justificar que ninguno de los dos haya invocado ese acuerdo de colaboración. “La inmigración no es la causa, es la consecuencia de una invasión territorial. Tenemos que poner el foco ahí para que no se vuelva a repetir”, ha dicho Vivas. “No podemos tratar esto como un fenómeno migratorio normal, porque no es normal, es una invasión”, ha abundado Moreno.

El presidente andaluz y ceutí han comparecido juntos en el Palacio de San Telmo minutos después de que el Gobierno anunciara la visita de los reyes de España a Ceuta y Melilla, los días 13 y 14 de octubre, justo después del Día de la Fiesta Nacional. Vivas ha recibido la noticia esta mañana en una llamada del propio Felipe VI. “Es la quinta vez que el rey me llama. No hay ninguna autoridad del Estado más implicada con Ceuta que el rey”, ha subrayado, tras insistir en que el presidente Pedro Sánchez no quiso atenderle los días previos a la entrada irregular de 80.000 inmigrantes, y subrayar que después de la crisis “sólo me llamó una vez”.

Vivas declaró el miércoles ante la jueza de la Audiencia Nacional que investiga la crisis migratoria de Ceuta, para enumerar cronológicamente las llamadas que hizo al Gobierno antes, durante y después de la entrada masiva desde Marruecos, y denunciar que Moncloa le derivó al exdelegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y que Sánchez no le cogió el teléfono hasta el día 30 a las cuatro de la tarde, cuando ya habían entrado los 80.000 inmigrantes en la ciudad autónoma.

La Moncloa ha desmentido el relato de horas que Vivas expuso ante la jueza, según el cual, su director de gabinete llamó a Presidencia del Gobierno ocho veces sin obtener respuesta los días previos a la entrada masiva. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por elDiario.es, el Gobierno ha examinado las comunicaciones registradas en los teléfonos del Presidente, su director de gabinete, su director adjunto y sus correspondientes secretarías, y traslada un balance de nueve llamadas con el Gabinete del Presidente Vivas. “Todas fueron diligentemente atendidas en el acto o minutos después, algo que puede comprobarse en la secuencia completa”, apuntan esas fuentes.

“Andalucía jamás os dejará solos”

El encuentro ha tenido lugar en el Salón de los Espejos, espacio privilegiado de San Telmo para visitas oficiales, donde ambos han visibilizado un tándem que escenifica el vínculo especial de Andalucía con Ceuta, recogidos en ambos Estatutos de Autonomía. “Andalucía jamás os dejará solos. Esta es tu casa”, ha comenzado Moreno, en un encuentro en el que han participado miembros de ambos gobiernos, pero también representantes del mundo empresarial de Ceuta y Andalucía.

Moreno ha pedido “no dejar que se apague el foco” sobre la crisis migratoria de Ceuta, denunciando el “caos” que vive la ciudad autónoma, que aún acoge a unos 10.000 inmigrantes que entraron de forma irregular hace justo dos meses. El presidente de la Junta ha ofrecido “apoyo y colaboración”, pero no ha hecho mención al convenio de colaboración para “contingencias migratorias”.

El presidente de la Junta ha anunciado una batería de acuerdos suscritos entre ambos gobiernos en materia de proyección empresarial, turismo, transporte y comunicaciones, cultura, deporte, innovación y universidades. Ninguna propuesta en materia migratoria. La Junta pondrá a disposición de las empresas de Ceuta la Agencia Trade, para promover internacionalmente proyectos de actividad económica.

Moreno también ha anunciado acuerdos entre ambas cámaras de comercio y en materia de turismo una promoción conjunta para atraer turistas a ambos lados del estrecho, una mejor conectividad entre el puerto de Málaga y Ceuta (vía helicópteros), y estudian subvenciones para el pasaje del ferry que conecta Andalucía con la ciudad autónoma.

En su turno, Vivas ha hecho un recordatorio tremendo de la situación que persiste en su ciudad: “Ceuta vive una de las situaciones más difíciles de su historia reciente. Hace dos meses sufrimos una invasión con la entrada masiva de 90.000 personas, usando la inmigración como un arma. La situación sigue siendo absolutamente insostenible. Continúan allí unas 15.000 repartidas en campamentos de acogida y esto está teniendo un impacto demoledor. Es un deterioro gravísimo de la seguridad, de los servicios fundamentales, educación y sanidad, deteriora nuestra convivencia y estamos en alerta en cuanto a la seguridad nacional”, ha dicho.

El presidente ceutí ha denunciado que sus ciudadanos han visto “mermados” sus derechos fundamentales. “Hemos perdido parte de libertad, vivimos en una olla a presión. El día a día de Ceuta parece una crónica de sucesos: altercados, reyertas, delitos, violencias. Es insoportable. No estamos dispuesto a que esto sea así. La única manera de volver a la normalidad es mediante el retorno a Marruecos de todos los que entraron de forma ilegal”, ha sentenciado.

La Inspección de Trabajo ha abierto una investigación a partir de la denuncia interpuesta el pasado julio por los trabajadores de la Agencia de la Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), adscrita a la Consejería del ramo, que acusan a la dirección de someter a sus técnicos a una “desprotección jurídica y patrimonial” por negarles un seguro de responsabilidad civil profesional que cubra su defensa ante cualquier litigio penal derivado de accidentes laborales en las obras públicas de las que son responsables.

El presidente del comité intercentros de AVRA, Juan Pedro Buendía, registró la denuncia el pasado 21 de julio en la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Jaén, con la firma de las cuatro secciones sindicales (CCOO, UGT, CSIF y UIPA). El escrito, al que ha tenido acceso este periódico, se apoya en dos documentos clave: una resolución de la propia dirección de la Agencia pública de Vivienda de Andalucía, de 2014, que atestigua que en ese momento sus técnicos de obra sí estaban cubiertos por una póliza específica.

Dos años después, AVRA prescindió de ese seguro y metió a su plantilla bajo el paraguas de un aseguramiento generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta de Andalucía.

El segundo documento clave, adjunto a la denuncia, es un informe fechado el pasado mes de mayo que elaboró ex profeso la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, en respuesta a una “consulta” de la dirección de la Agencia “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”. El escrito concluye que la póliza general de la Junta no protege a los técnicos de AVRA en caso de denuncias por negligencias involuntarias en sus obras, obligándoles a asumir su propia defensa legal en un proceso penal.

Empresa y trabajadores llevan meses litigando por este asunto, sin que el Gobierno de Juanma Moreno haya accedido, hasta ahora, a restituirles una póliza de responsabilidad civil que consideran “obligatoria”, en virtud del artículo 66 de su Convenio Colectivo. La dirección de AVRA asegura que la administración “no está obligada”, pero también reconoce que está en conversaciones con la plantilla y que lo está valorando. “Se está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”, confirman fuentes de la consejería a elDiario.es

El conflicto se agravó hace unos meses, cuando una aparejadora de AVRA fue imputada por un juez tras un accidente mortal en una promoción de viviendas públicas de Sevilla de la que ella era responsable directa. El 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de apartamentos de la capital andaluza, propiedad de la Agencia. La directora de la obra, personal laboral de AVRA, fue citada como investigada en una causa por un supuesto delito de homicidio por imprudencia, y se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para el desempeño de su profesión.

Es esta muerte en el tajo la que destapa la “desprotección jurídica” de los técnicos de AVRA ante litigios penales como éste, que no cubre el seguro genérico de la Junta de Andalucía. A partir de este caso, todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda unen sus fuerzas para interponer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y reclamar la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de obra, presentando como prueba clave el informe de la propia Junta de Andalucía que reconoce las “exclusiones técnicas” en el seguro generalista de sus empleados públicos.

El oficio de la Dirección General de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

La Inspección de Trabajo ha empezado a “recopilar información” sobre la denuncia de los trabajadores de la Agencia pública de Vivienda de Andalucía, por el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos sus técnicos –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”, confirman fuentes del Ministerio.

Los inspectores tienen ahora que valorar si la Junta de Andalucía está “incumpliendo” el Convenio Colectivo de los arquitectos y aparejadores que visan las promociones públicas de vivienda, si dicta un “acta de infracción” contra AVRA y le ordena “la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz sostiene que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

Entre 2012 y 2015, Andalucía se situó a la vanguardia de las políticas públicas en materia de vivienda en una España aplastada por la gran recesión, donde la gente se arrojaba por las ventanas cuando venían a desahuciarlas de sus casas. 2012, el año en que el PSOE perdió las elecciones andaluzas por primera vez en su historia, la crisis habitacional tocó techo: 500 desahucios diarios, unos 70.000 en total.

Durante tres meses, entre septiembre de 2013 y enero de 2014, un Gobierno de coalición de PSOE e Izquierda Unida tramitó medio millar de solicitudes de expropiación de viviendas a entidades bancarias, al amparo de la conocida como 'ley antidesahucios', para evitar que familias vulnerables fueran desalojadas de sus casas.

Todo lo que está pasando ahora mismo en España ya pasó antes en Andalucía: el problema, los protagonistas, las reivindicaciones y las dificultades para aprobarlas. En este mismo momento, otro Gobierno de coalición de izquierdas se tambalea, como un trapecista en el alambre, buscando el equilibrio imposible entre propietarios e inquilinos.

Una parte de España -representada por miles de personas acampadas en la Puerta del Sol de Madrid- contiene el aliento, pendiente del Consejo de Ministros de este martes, donde PSOE y Sumar se han citado para aprobar un decreto de vivienda que revierta la terrible imagen internacional de un país tras el desahucio de Maricarmen: una anciana de 87 años, con discapacidad en la mitad de su cuerpo, que llevaba 70 años en su casa sin dejar de pagar un solo mes, expulsada por un fondo buitre que compró su piso y le subió un 250% el alquiler.

La encrucijada del Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios a la izquierda tiene un precedente andaluz, muy útil para calibrar las expectativas y el mayor o menor riesgo de frustración. ¿Qué va a ocurrir? “Ojo, porque en la puerta de la casa de Maricarmen está en juego una legislatura, no ésta, sino la que viene”, avisa, desde Sevilla, el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo.

Maíllo era el líder recién llegado de IU en Andalucía, cuando la presidenta de la Junta, Susana Díaz, expulsó a los suyos del Gobierno de coalición acusándoles de una “deriva radical”. Meses antes, la consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés (IU), había desobedecido una orden de la presidenta, al realojar a familias que llevaban meses ocupando pisos en un edificio vacío propiedad de Ibercaja. Díaz le retiró a su consejera las competencias para adjudicar VPO, para devolvérselas 48 horas después, escenificando la mayor crisis política de un Gobierno progresista de coalición.

Juanma Moreno: “Menos ideología y más gestión”

Las discrepancias sobre políticas de vivienda tuvieron mucho que ver con la ruptura de aquella alianza de izquierdas (eso, y el tacticismo de Susana Díaz, que adelantó las elecciones un año para cortocircuitar el ascenso de un nuevo fenómeno político a su izquierda: Podemos).

Ahora España está instada, de sopetón, en un debate social que lleva enquistado décadas: la vivienda en este país no cumple su función social, por tanto, no cumple con los requisitos que aparece en la Constitución.

PP y Vox se han autoexcluido de este debate, aunque los populares gobiernan 11 comunidades autónomas y tienen las competencias en materia de vivienda. Han boicoteado la ley estatal del Ejecutivo de Sánchez, porque la consideran excesivamente intervencionista, se han negado a declarar zonas tensionadas (para topar el precio de los alquileres).

Los populares apuestan por fórmulas que no solivianten el mercado inmobiliario ni el turismo, como bajar impuestos a quienes aún pueden comprarse una casa (1,2 millones de contribuyentes andaluces está exento de hacer la declaración de la renta, porque sus ingresos no llegan al mínimo): “El problema se empieza a resolver cuando se construye más”, asegura el presidente andaluz, Juanma Moreno, que este lunes ha participado en el acto de la primera piedra de una promoción de viviendas de alquiler “a precio asequible” en Sevilla, una colaboración público privada con dinero del promotor, de las administraciones y de fondos europeos.

Es el mayor proyecto de vivienda pública y privada de Andalucía -691 pisos a alquiler asequible-, cofinanciado con fondos europeos, la participación del Gobierno central, la Junta y el Ayuntamiento, junto con la promotora. Dadas las circunstancias, Moreno ha preferido estar en la presentación de este proyecto en Sevilla que en Madrid, donde Alberto Núñez Feijóo se ha rodeado de sus barones territoriales para intentar resituar el debate público en un marco más propicio a sus intereses políticos: la corrupción del PSOE, la gestión del Gobierno ante la crisis migratoria en Ceuta.

“El problema de la vivienda en España necesita menos ideología y más gestión”, ha sentenciado Moreno. Un minuto antes que él, el CEO de la promotora Lagoon Living, Javier Braza, ha dicho prácticamente lo mismo: Dejémonos de ideologías. No demonicemos al sector privado. Hace falta un pacto de Estado por la vivienda“.

Pero España está lejos de un pacto de Estado. De cualquier tipo de pacto de Estado. La vicepresidenta primera del Gobierno y exlíder de Sumar, Yolanda Díaz, acaba de pedir explícitamente que la gente se movilice contra el Gobierno del que forma parte. A la parte socialista del Ejecutivo le ha indignado, como le indignó en 2023 cuando hizo exactamente lo mismo otra ministra, Ione Belarra, líder nacional de Podemos, también acusando a sus socios de “arrastrar los pies” en materia de vivienda.

Este momento álgido del Gobierno de coalición de izquierdas tiene reminiscencias del pasado. Basta retroceder a la legislatura 2012-2015 en Andalucía, cuando se gestó el primer Ejecutivo de PSOE-IU. La legislatura en la que los comunistas se estrenaron en la Junta asumiendo las competencias en materia de vivienda, cuando aprobaron la polémica 'ley antidesahucios'.

Elena Cortés (IU): “Con nuestra ley llegamos hasta donde quisimos llegar”

La ley que vino a cambiar el paradigma del debate público sobre vivienda, al regular por primera vez la “expropiación temporal de su uso” a personas jurídicas (bancos, fondos de inversión), “en una España donde la gente se tiraba por la ventana cuando venían a desalojarlas de sus casas”, recuerda la autora material de aquella ley, la exconsejera andaluza de Vivienda, Elena Cortés.

En una entrevista telefónica con elDiario.es, Cortés reconoce que todo lo que está sucediendo ahora le está “removiendo cosas por dentro”, porque los paralelismos con la encrucijada en la que hoy se encuentra el Gobierno de Sánchez son evidentes. La Ley de la Función Pública de la Vivienda de Andalucía se popularizó en los medios como 'ley antidesahucios', porque venía a responder de urgencia al drama de impagos hipotecarios que había dejado la gran recesión de 2008.

Pero el nombre original que se eligió no era casual: emanaba de la propia Constitución, para subrayar que la vivienda debía tener una “función social” y que la propiedad privada debía estar limitada por dicha función, así lo reconoce el artículo 33 de la Carta Magna. “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto en las leyes” (art. 33.3).

En 2013, el Gobierno andaluz, entonces presidido por José Antonio Griñán, aprobó por la vía de urgencia un ambicioso decreto ley que le permitía sancionar a las entidades bancarias por no sacar sus casas vacías al mercado –entonces se estimaban un millón de viviendas vacías en Andalucía– y la expropiación temporal para evitar desahucios.

“Aquella norma sacudió el debate público y puso a IU por encima del PSOE en todos los titulares de prensa”, recuerda un miembro socialista de aquel Gobierno, que reconoce que sus socios “supieron capitalizar el 100%” de aquella ley que “opacó todo lo demás que se estaba haciendo en ese momento”. “En los telediarios se hablaba de la expropiación de casas en Andalucía, pero aquello, aunque luego lo tumbara la Justicia, se corrigió mucho jurídicamente para que pudiera salir: el acierto fue expropiar el uso, no el inmueble en sí”.

En efecto, la Justicia terminaría tumbando aquella ley, aunque los mismos jueces reconocieron en la sentencia que “era necesaria una acción normativa absolutamente inmediata” en una España sacudida por la crisis financiera y la burbuja inmobiliaria, con las órdenes de levantamiento disparadas. La política nacional –sobre todo los partidos de la izquierda tradicional (PSOE e IU)– aún estaba desnortada por la indignación social del 15M.

El PP de Arenas se abstuvo; el Gobierno de Rajoy recurrió

La presión social era tan elevada, que incluso el PP de Javier Arenas (que venía de ganar las elecciones andaluzas de 2012, pero no pudo gobernar) no se atrevió a votar en contra del decreto en el Parlamento. Se abstuvo.

Los populares andaluces se quedaron en tierra de nadie. Pero, al poco de aprobarse el decreto antidesahaucios, el Gobierno de Mariano Rajoy lo recurrió ante el Tribunal Constitucional y logró que se paralizase cautelarmente. Estuvo en vigor apenas unos meses: se habían iniciado 18 expedientes de expropiación de viviendas a bancos –la norma sólo se activaba a petición expresa de las familias que iban a ser desahuciadas– y dejó en espera 520 solicitudes. Ninguna prosperaría, porque año y medio después los jueces tumbaron parcialmente la ley y declararon nulos los artículos más ambiciosos.

“Nosotros sí llegamos hasta donde quisimos llegar con aquella ley”, dice Cortés. La exconsejera andaluza de Vivienda recuerda que el proyecto de ley llegó al Consejo de Gobierno “avalado por un informe jurídico específico”, con el objetivo de “exprimir al máximo las competencias autonómicas en materia de vivienda”, y siguiendo el mismo recorrido que, años atrás, hizo la Ley de la Reforma Agraria para regular la expropiación de tierras baldías, sobre todo latifundios.

El Constitucional asestó un golpe duro a la ley, pero no la suspendió en su totalidad. Sin embargo, el siguiente Gobierno de Susana Díaz dio un volantazo en política de vivienda: metió la norma antidesahucios en un cajón y llevó al Parlamento andaluz una Ley de Tanteo y Retracto –sustituyó la expropiación por la compra preferente de viviendas a los bancos antes de que desahuciasen a sus inquilinos–, aprobada con los votos del PSOE y su nuevo socio (Ciudadanos), la abstención del PP y de Podemos, y el único rechazo de IU.

En diciembre del año pasado, el Parlamento andaluz aprobó la nueva Ley de Vivienda del Gobierno de Juanma Moreno, con los únicos votos favorables del PP y su mayoría absoluta. La norma derogó todas las leyes anteriores de gobiernos progresistas.

“Al PSOE le presionan en los despachos, a la izquierda le presiona la calle”

A Elena Cortés no le suena raro que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, haga hoy un llamamiento a la movilización de la gente para presionar al mismo Gobierno del que forma parte, horas antes del Consejo de Ministros clave para aprobar el decreto de vivienda. “No es contradictorio, al revés, es necesario: todos los gobiernos reciben presiones, el PSOE las recibe en los despachos, y la izquierda transformadora la recibe de la calle. El capital sabe cómo meterse en los despachos: yo llevaba una semana de consejera de Vivienda, y el primer empresario que recibí me preguntó: ¿a quién le doy el maletín con dinero? La concentración en la Puerta del Sol es lo que da fuerza a Sumar para negociar con el PSOE. Ojalá yo hubiera tenido una manifestación así en Plaza Nueva entonces. La movilización ayuda mucho”, asegura.

La sentencia que tumbó la 'ley andaluza antidesahucios' puso el derecho a la propiedad privada por encima de la función social de la vivienda. El drama de Maricarmen ha reabierto el debate sobre dónde residen las competencias en materia de vivienda, con el Gobierno central y las comunidades del PP intercambiando acusaciones.

En enero de 2014, el Constitucional que tumbó la ley andaluza antidesahucios consideró que la política de vivienda forma parte de la “regulación económica” de un país y, por tanto, es competencia del Estado, aunque la gestionen las comunidades. El Tribunal de Garantías no consideró este asunto al nivel de otras políticas delegadas, como la sanidad o la educación.

El Gobierno de Pedro Sánchez está ultimando su decreto –presionado por sus socios de izquierdas– sabiendo que su malísima sintonía con los tribunales puede echarle por tierra una norma tan ambiciosa como la que están exigiendo los acampados en la Puerta del Sol. Pero, al tratarse de una norma de rango estatal, no corre el mismo riesgo de la andaluza, de ser paralizada de forma cautelar por invasión de competencias.

Cortés está convencida de que la jueza podía haber impedido el desahucio de Maricarmen. “El primer artículo de la Constitución dice que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho. El legislador no eligió ese orden al azar: un Estado social no puede desahuciar a una anciana de 87 años con discapacidad que siempre ha pagado su alquiler. La ley tiene que atender al Estado social”, sentencia.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este lunes que el “grave problema” de la vivienda “necesita menos ideología y más gestión” para resolverlo, además de reivindicar la colaboración público-privada como vía para abordarlo, frente a las “proclamas” o decisiones “unilaterales”.

Son mensajes que Juanma Moreno ha trasladado durante su intervención en el acto de colocación de la primera piedra de la promoción de viviendas Lagoon Living Sevilla Este, en la capital andaluza, en la que ha subrayado que, según los estudios del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), “el acceso a la vivienda ha ido escalando” hasta situarse entre los tres primeros “problemas” para los españoles actualmente.

Moreno ha defendido que el Gobierno andaluz que preside asume este “reto” como “una línea de acción que tiene que ser prioritaria y debe ser urgente”, y ha advertido de que “si alguien cree que va a solucionar el problema de la vivienda con proclamas, no solamente se equivoca, sino que va a generar una frustración y una melancolía en la población”.

En esa línea, ha aseverado que “este es un problema muy grave, tremendamente grave”, que “requiere del concurso de todos y cada uno de los actores” que están vinculados “al ámbito de la construcción”, entre los que ha subrayado que las instituciones públicas juegan un “papel destacado”.

En ese punto, Moreno ha querido poner en valor la “colaboración y cooperación entre instituciones”, y ha reivindicado que la Junta ha “multiplicado por cuatro la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) desde el año 2019, alcanzando la cifra de 18.300”, y Andalucía se ha convertido en “la tercera comunidad autónoma que más vivienda de VPO está impulsando”.

Además, ha destacado que la Junta “lidera la construcción de vivienda libre en España”, desde el convencimiento de que, “hay un problema de oferta y demanda”, y “cuantas más viviendas se pongan en marcha, se construyan, más posibilidades habrá de romper esa diferencia entre oferta y demanda”.

Construir más para resolver el problema

De igual modo, el presidente de la Junta ha señalado que este es “un asunto tan serio” para el que “no existen varitas mágicas”. “Ya nos gustaría”, ha manifestado, “porque es verdaderamente muy frustrante ver a tantos jóvenes y a tantas familias sufrir por no poder acceder a un hogar digno”, ha apostillado Moreno, que ha comentado que él mismo se encuentra “por muchas calles de Andalucía con jóvenes” que le cuentan la “realidad dramática” que viven, en la que, pese a haberse “esforzado” en su formación y sus estudios, no pueden “ni siquiera alquilar una vivienda porque no las hay”.

En ese punto, Moreno ha sostenido que “el reto de la vivienda no se resuelve con una sola medida, ni de manera unilateral por parte de una administración en solitario”. Sería “un error”, según ha opinado el presidente andaluz, que ha rechazado además que este problema se pueda resolver “enfrentando a lo público y a lo privado”, que, en su opinión, conforman “dos esferas complementarias y fundamentales”.

Moreno ha agregado que, “después de escuchar a centenares de actores que participan en el ámbito de la vivienda, el problema se empieza a resolver cuando se construye más, movilizando mucho suelo, agilizando los trámites y los plazos, restándole cargas administrativas, burocráticas e impuestos a gran parte de los procedimientos que hay a la hora del desarrollo urbanístico y de construir una vivienda, en colaboración con los promotores y con las constructoras”.

“Tenemos que hablar con promotores y constructoras, que tener un diálogo franco y complicidad con ellos”, ha proclamado en esa línea Juanma Moreno, quien también ha apostado por sumar “todos los recursos disponibles” procedentes de administraciones como ayuntamientos, diputaciones, Junta de Andalucía, Gobierno de España y, “por supuesto, fondos europeos”.

Objetivo: 20.000 nuevas viviendas asequibles en cinco años

Moreno ha explicado que “el objetivo global es impulsar desde Andalucía 20.000 nuevas viviendas asequibles en los próximos cinco años, duplicando así el ritmo de promoción que tenemos en la actualidad”. “Es una estimación prudente y realista, no queremos vender motos, sino que hemos hecho un cálculo con el ritmo y con los recursos que disponemos, lo que podemos hacer, y podría incluso ir a más, porque contamos con una bolsa de suelo con capacidad de más de 43.000 viviendas que vamos a poner en marcha”, ha comentado el presidente de la Junta.

En esta línea ha destacado, además, que “comprar una vivienda en Andalucía será menos costoso en el año 2027”, porque “los andaluces que compren una vivienda de segunda mano podrán beneficiarse de una nueva rebaja del impuesto que se paga por la compra” merced a que desde la Junta van a “bajar el impuesto de transmisiones patrimoniales del 7 al 6,75%, y lo vamos a seguir bajando año tras año hasta llevarlo al 6%”.

Además, el presidente ha indicado que su gobierno va a “elevar el límite del precio de la vivienda para los tipos reducido y superreducido de los 150.000 a los 200.000 euros, adaptándolo más a la realidad”, y ha valorado que, estas medidas, según los “cálculos” de la Junta, “van a beneficiar a cerca de 150.000” andaluces.

Moreno ha concluido incidiendo en la idea de que “el problema de la vivienda necesita menos ideología y más gestión”, y que “cuanto más gestión hagamos y menos ideología haya, del ámbito que sea, en el ámbito de la vivienda, más fácilmente será acercarnos a la solución de este grave problema que no solamente tenemos en Andalucía, sino que tenemos en el conjunto de España”.

Miedo, ansiedad, dolor. Ansiedad. La ansiedad que no quería despertar el presidente andaluz Juanma Moreno ha trastocado la vida de Ángela Claverol, presidenta de Amama, la asociación que destapó la crisis de cribado de cáncer de mama ahora hace un año. Un seísmo en la sanidad pública andaluz que dejó al descubierto las fallas de un sistema del que, hasta en dos ocasiones acreditadas, se había alertado de la falta de personal para atender a las 2.317 mujeres que, según los datos oficiales de la Junta, quedaron expuestas. Pero, la credibilidad ha quedado en entredicho y la oposición busca una comisión de investigación para la que el PP aún no está preparado.

Claverol, que ha sido una de las caras visibles de esta contienda mediática, legal y social, recibe a este medio una hora antes de que se presente en la casa del pueblo andaluz la iniciativa apoyada por PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía, y a la que se esperaba que se uniera Vox, como les habían prometido. Aunque su tono es sereno, deja que cada una de sus palabras caigan en mitad del silencio. “Algunas nos moriremos en el camino”, acusa ante el largo camino judicial que ha abierto el Gobierno andaluz, pese a reconocer la negligencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) para así evitando la negociación de indemnizaciones individuales.

Un año después, hay 2.317 expedientes con retrasos y 23 tumores detectados tras la revisión interna de la Junta. Pero Amama sigue reclamando transparencia e información, estudia los casos y estima que hay hasta siete fallecidas a causa de la crisis del cribado. Inmaculada González, Carmen Ríos y Purificación Fernández fueron las tres primeras víctimas constatadas por la asociación de una lista que se alarga.

Se cumple un año desde que se destapó la crisis de cribado de cáncer de mama en Andalucía. Con la vuelta del curso político, ¿han recibido algún tipo de información nueva sobre lo que sucedió o han aclarado los protocolos?

Somos usuarias diarias de los hospitales con más de 700 socias, así que sabemos que los protocolos que, se supone, pusieron en marcha [bajo la denominación] del acto único no se están cumpliendo. Por ejemplo, a una compañera de la Junta Directiva le han tardado tres meses en darle un diagnóstico y tenía un BI-RADS 3. Con lo cual, el problema sigue. Hay chicas para que le detecten un cáncer han tardado más de dos meses.

El acto único fue un panfleto publicitario con el que iban a arreglar todo. También, están tardando las citas con los oncólogos, radiólogos... A fecha de hoy, no dijeron qué pasó: tú no puedes arreglar algo si no sabes lo que ha pasado. No creo que no dijeran qué ha pasado porque quieran esconder algo, sino que, creo, firmemente, que no saben lo que pasó. Dónde fallaron y dónde no. Lo que intentaron fue taparlo.

Un año después, ¿se ha retomado el diálogo con la Consejería de Sanidad? Teniendo en cuenta que se levantaron de las mesas, algo que también se les ha criticado duramente.

Nosotras no nos levantamos de la mesa en la primera reunión con el consejero Antonio Sanz, pero no conseguimos que nos hiciera caso, decía que le dejáramos trabajar. Lo que querían era, de alguna manera, callarnos, mientras nosotras decíamos que cada vez había más mujeres. En la segunda reunión de los cribados, nos hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad solo a Amama.

Entonces, vimos que cuando yo intentaba intervenir, no nos escuchaban... Cualquiera se levantaría de la mesa. Pueden criticar lo que quieran, pero la realidad es una, no hay otra. Y no, no ha habido más diálogo. Luego dijo Juanma Moreno que había intentado hablar con nosotras: eso es una mentira. Este señor no se ha dirigido personalmente a nosotras en la vida. Con lo cual, entendemos que debemos importarle bien poco.

¿Han aumentado las muertes registradas a causa del cribado?

Hay siete mujeres fallecidas por el cribado. Siete parece un número pequeño, pero a mí me parece terrorífico. Inmenso. Esas siete mujeres tenían maridos, hijos, familia..., que las querían, que ellas querían. Pero por no prestarles el auxilio de un BI-RADS 3 o haberles hecho una prueba complementaria, esas señoras han fallecido. No han fallecido por el cáncer, no, han fallecido porque las diagnosticaron muy tarde y ya no tenían arreglo. Es que eso no tiene ni nombre. Cada uno que se ponga la mano en el pecho y piense que sea su madre, su hermana o su hija.

En cuanto al cauce judicial, se contabilizaba hasta mayo unas 166 reclamaciones patrimoniales interpuestas. ¿Han aumentado? ¿Cómo sigue el proceso?

Presentadas hay alrededor de 200 y tenemos otras 40 o 50 en proceso. En muchos casos han conseguido lo que querían: que estas mujeres se aburrieran en el camino o prestaran más atención a su enfermedad. A fecha de hoy, no han resarcido a ninguna. Todas las reclamaciones patrimoniales están cumpliendo los plazos de seis meses que tienen y no contestan, con lo cual entendemos que les importan un rábano. Ya lo dijo Antonio Sanz en una entrevista, “que vayan a juicio, que tienen todo el derecho del mundo”.

Pero esto no se trata de derecho. Esto se trata de que ellos reconocieron públicamente un fallo en las mamografías del cribado y, si tú reconoces un fallo, tendrás que arreglarlo. Pero no. Vamos a dejarlas ahí, que en vez de llegar las 250, se mueren o se aburren. Menos pagan ellos. Al final, las mujeres andaluzas somos dinero.

Si piensas en el cribado de cáncer de mama como dinero, les sale a cuenta. Los juicios se están poniendo en Sevilla para 2030 o 2031... Se habrán muerto algunas

Las reclamaciones continuarán aún así.

Van a seguir, se pongan como se pongan. Nosotras no fuimos nunca por la parte penal. Las reclamaciones patrimoniales es un derecho que tienen las mujeres y nuestro abogado continúa presentándolas. Aunque, fíjese, el SAS está poniéndole difícil a nuestro abogado pedir un informe de síntesis. Es patético.

¿Lo están poniendo difícil?

Sí. Tienen unos plazos para cumplir y contestar con los informes de síntesis de una mujer. Pero hay que reclamárselo una y otra vez. ¿Qué más nos van a hacer? Atrasarlo todo hasta que te aburras en el camino o te vayas muriendo, ¡si yo lo entiendo! Si piensas en el cribado de cáncer de mama como dinero, les sale a cuenta. Los juicios se están poniendo en Sevilla para 2030 o 2031... Se habrán muerto algunas. Fíjese lo duro que es esto. Desde el punto de vista humano, facilita todo esto.

Como pedía el abogado de la asociación, que se estudiara caso por caso y se indemnizara, ¿verdad?

Es tan fácil como indemnizarlas. Tienen los expedientes. Digo yo que tendrán más de un abogado en el SAS. No les interesa el tema, pero habrán recibido esa orden. Algunas nos moriremos en el camino, pero no nos vamos a aburrir.

En el caso de Anabel Cano, fue la primera que denunció y empezará la vía de lo contencioso-administrativo. ¿Cuál es la expectativa?

A Anabel le pasa una cosa como a todas las mujeres del cribado y a todas las mujeres oncológicas del cáncer de mama: tiene un cáncer avanzado, ha tenido quimioterapia, inmunoterapia, todos los tratamientos posibles, y le ha dejado unas secuelas impresionantes. ¿Cómo está? Hecha polvo. El otro día me comentaba: “Va a hacer un año, Ángela, me están llamando los medios de comunicación”, y le dije, “a mí también”. Y me dijo, “no puedo decir que estoy bien, cada vez estoy más frustrada y desesperada”.

No es un tema que hayan arreglado, pese a los planes de choque. Yo sé cuántos oncólogos hay en mi hospital de la Macarena. ¿Cuántas salas de oncología? Si hubieran puesto más oncólogos, digo yo que habría más salas, ¿no? ¿O meterán a todos en la misma? Me hago mis ecografías y resonancias, y están los mismos. Pero nosotras no tenemos nada contra los oncólogos, radiólogos y médicos y enfermería. Hablamos con ellos y nos dicen que no es verdad, que no han metido gente. Pues, ¿cómo están todas las mujeres del cribado? Frustradas, desesperadas, hartas.

¿Se ha roto la confianza en el servicio?

Se ha roto la confianza en el Gobierno andaluz. Nosotras tenemos la confianza en los oncólogos, pero se ha roto la confianza en un Gobierno al que no le importamos las mujeres.

Fui al oncólogo en marzo, me mandó doble ecografía por mi doble mastectomía y tardó cinco meses. Si yo hubiera recaído y el cáncer vuelve de forma agresiva, estás muerta. ¿Sabes lo que han generado en toda la comunidad de cáncer de mama y los pacientes oncológicos en general? Una ansiedad y una incertidumbre... ¿No dijo que quería evitar la ansiedad? Pues ha conseguido que vivamos con más miedo todavía, porque no ha arreglado la sanidad pública ni el canal preferente para los pacientes oncológicos. Ellos tienen muchos millones de euros para tapar lo mal que lo están haciendo, pero Amama no tiene ni un duro en publicidad, lo queremos para investigación.

Se han dedicado todo este tiempo a amenazarnos, a menospreciarnos, a llamarnos mentirosas, a utilizar noticias como la del archivo de la Fiscalía cuando Amama nunca fue por la vía penal. Siempre fuimos por la administrativa, pero, fíjate, lo que intentan es utilizar las noticias para menospreciar a las mujeres con cáncer de mama y las de Amama y quedar como que 'han ganado'. Pero esto no es una lucha. En el cáncer no se gana nunca.

Ni a mí ni a una ciudadana de a pie le sirve que destituyan a una consejera, a un jefe de radiología... Si lo destituyes, será por unos motivos, ¿por qué no hablas de esos motivos?

Habla del archivo de la Fiscalía y me gustaría preguntarle por el archivo sobre el falseamiento de los historiales clínicos. ¿Lo hubieran enfocado de otra manera?

Nosotras sí teníamos las pruebas de mujeres que les aparecía el BI-RADS 3 y luego les desapareció, pero no pudimos probarlo. Esto es la lucha de David contra Goliat: mujeres sin recursos contra todo el aparato de dinero de la Junta de Andalucía. Pero no hemos perdido ni las esperanzas ni las ganas. ¿Qué esperamos de la Junta? Que salga adelante la comisión de investigación para saber qué ha pasado. Cuando detentas el poder y te importan muy poco los ciudadanos, se transforma todo en política. Dijeron que nos pagaba el PSOE o Izquierda Unida, y a nosotras nunca nos ha pagado nadie.

Nos hemos acercado con todo aquel que ha intentado ayudarnos sin importar el color político. Estuvimos reunidas con Vox y antes de las elecciones nos dijeron que apoyarían una comisión de investigación. Volvimos a llamar después de las elecciones, pero, si te he visto, no me acuerdo. Eso lo que nos demuestra es que ellos solo quieren el poder y la política, aunque no hablo solo de ellos, pero me refiero a ellos porque ahora están en la Junta de Andalucía.

¿Cree que Vox apoyará la comisión de investigación que hoy presentan en el Parlamento de Andalucía junto a PSOE, Adelante y Por Andalucía? [Esta entrevista fue realizada unas horas antes de que el grupo de ultraderecha retirara su apoyo].

A mí, personalmente, junto con la secretaria de Amama, nos dijeron que sí la iban a apoyar. Espero que la apoyen, porque es importantísimo saber qué ha pasado.

Porque del PP no esperan un cambio de postura.

A ellos se les vería la ropa que tenían tendida. Pero Vox, si les queda un poquito de decencia tras la foto que nos hicimos y lo que nos dijeron, espero que la apoyen. ¿Sabes una cosa? Las mamografías del cribado, y todo lo que pasó y todo lo que tenga que pasar, no tiene color político. Da igual que seas de Vox, de Izquierda Unida, del PSOE, de Adelante Andalucía o del PP: las mujeres andaluzas podemos ser de lo que nos dé la gana.

Pero eso no tiene nada que ver para que se hagan las cosas bien y que se investiguen a fondo. Ni a mí ni a una ciudadana de a pie le sirve que destituyan a una consejera, a un jefe de radiología... Si lo destituyes, será por unos motivos, ¿por qué no hablas de esos motivos? A mí me hubiera dado igual que la dejaran [en referencia a la exconsejera de Sanidad]. Espero que esa comisión salga adelante.

Hablando de destituciones, el exjefe de Radiodiagnóstico, Javier Castell, ya avisó en 2023 que había una sobresaturación en el sistema y no se podía asumir la carga por falta de personal.

No creemos que el problema fuera del jefe de Radiodiagnóstico porque avisó en dos ocasiones a la Junta de Andalucía de los miles de mamografías que había pendiente, no solo del cribado, sino de lo demás. Quien tenía que haber pagado las consecuencias de ese error es el gobierno de la Junta de Andalucía. No un señor, que, por más que avise, no le hacen ni puñetero caso.

Cuando nosotras vamos a los hospitales nos dicen que están descontentos, porque ellos avisan, hay un montón de noticias, como ha ocurrido con los reactivos caducados. Avisan de que faltan médicos, oncólogos, que las urgencias están saturadas, si no les hacen caso, ¿por qué lo destituyes? Muevo esto, lo otro, y a otra cosa, mariposa.

El único responsable político es el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No sé cómo puede dormir por las noches. Yo no podría

¿Ustedes han podido hablar con Javier Castell en este tiempo?

No, no hemos hablado con él, sino a través de otra persona. Todos los facultativos nos apoyan. Pero es triste, porque cuando un médico levanta la voz, enseguida lo destituyen o lo cambian, y yo también entiendo que tú no quieras perder tu puesto de trabajo, hay hijos, tienes familia. El único responsable político es el gobierno de la Junta de Andalucía de Juanma Moreno Bonilla. No sé cómo puede dormir por las noches. Yo no podría.

Quisiera volver al punto sobre el plan de choque de la Consejería de Sanidad. Se aprobó la obligatoriedad de informar y, por otra parte, se preveía ampliar las edades del cribado. ¿En esto tampoco diría que ha habido avances?

Todavía no conocemos a nadie que, con el tema de la ampliación de la edad, las estén llamando. Entiendo que tienen un serio problema dentro del SAS. Las personas que manejan esos datos, o no saben, o no quieren, o no es una noticia estupenda como poner wifi y capellanes, pero no conocemos a gente, en persona, que se le esté haciendo el acto único, que tengan la edad y la estén llamando. Sí hay facultativos que nos dicen que, más allá de un puesto, no han ampliado plantillas. ¿Tienen dinero? Lo que ha salido ahora es un contrato de 14 millones de euros para privatizar la mamografía del cribado.

El consejero Sanz afirmó que era un contrato dedicado a las unidades móviles.

Pero al haberlo privatizado y no haber comunicación ni entre la unidad móvil, ni el hospital ni las mujeres... ¿Por qué no pone los 14 millones en más máquinas, más radiólogos, más cirujanos, más oncólogos? Mete el dinero donde tiene que estar, en la sanidad pública. Entendemos que este partido está acomodado en un capitalismo feroz, pero es contra los ciudadanos. Si ya tuvimos problemas con las mamografías del cribado cuando las privatizaron, pues, si lo siguen haciendo, blanco y en botella. Nos da miedo, porque nosotras en la sanidad pública sí confiamos, y en nuestros oncólogos, en nuestros radiólogos y en nuestros enfermeros. En quien no confiamos es en la gestión del SAS.

A lo largo de este año, ¿cómo ha sido la actividad de Amama?

Este año ha sido terrible. Muy duro. Desde hace 31 años esta asociación se dedica a sostener y asistir a las mujeres con cáncer de mama, pero ha creado una ansiedad bestial. Hemos recibido muchísimas llamadas: “Ángela, no me llaman de oncología, ¿qué hago?”. Las avisaba: “Pon una reclamación por escrito”. Importante, ¿por qué no publican las reclamaciones por escrito? ¿Por qué no publican las listas de espera?

Esto ha creado una sensación, tanto en Amama como en la población, de desconfianza bestial en la gestión, no en los profesionales. Ha sido bestial luchar sin cuartel tanto para mí, como para toda la Junta Directiva y para todas las mujeres de Amama. Hay algo maravilloso en Amama, que, cuando una se mueve, vamos todas. A nivel emocional, ha sido muy triste, porque tú crees que le importas a quien está gobernando.

En julio de este año seguíamos recibiendo llamadas de mujeres que creían que eran de la crisis del cribado

La mayor parte de los casos se dieron en Sevilla, en un 90% en el Hospital Virgen del Rocío...

Tenemos mujeres en toda Andalucía, aunque ellos quisieron focalizarlo en un sitio. Estaremos enfermas, pero la cabeza nos funciona. De hecho, se ha creado la Federación Andaluza de Asociaciones de Cáncer de Mama con todas las presidentas de todas las ciudades, que además la presidencia la lleva Amama, y siguen pasando cosas. En julio seguíamos recibiendo llamadas de mujeres que creían que eran de la crisis del cribado. Por eso le decía que tenemos 40 o 50 casos que están en estudio, porque han seguido entrando por la nefasta gestión.

Así que puede seguir subiendo la cifra de 2.317 mujeres.

Ellos dijeron que era 2.317 y nosotras lo valoramos en más de 4.000 mujeres. No 4.000 mujeres que hubieran desarrollado cáncer de mama, por dios, sino aquellas que vivieron la ansiedad de descubrir que jamás las llamaron. Unas desarrollaron cáncer y otras no, pero siguen siendo afectadas del cribado por esta negligencia. ¿Esa ansiedad quién se las paga a ellas? Ocho meses para saber si tienes cáncer de mama.

Con respecto a las elecciones autonómicas, realizaron varias movilizaciones y el resultado final fue que el PP perdiera la mayoría absoluta, pero logró formar gobierno con Vox. ¿Le desalentaron los resultados?

Al revés, sentimos que habíamos despertado a mucha parte de la sociedad civil. No nos lo tomamos como un fracaso, sino como un triunfo porque se dieron cuenta de que la sanidad pública, gobierne quien gobierne, tiene que estar bien, si no, estamos todos vendidos. Le vuelvo a repetir, aquí en Amama hay mujeres de todos los partidos políticos, pero necesitamos la sanidad pública, más cuando a los pacientes oncológicos no nos cogen en ningún seguro privado.

Estamos hablando de cáncer de mama, pero para que el neurólogo viera a mi madre de 84 años han pasado nueve meses. Sigue pasando un año para que te vea el traumatólogo. No han arreglado nada, no pueden tapar lo que diariamente ve la sociedad civil. No hay cita con el médico de cabecera hasta dentro de dos semanas y me acuerdo todavía cuando solo se tardaba dos o tres días. ¿Qué ha pasado? La única manera de privatizar es cargarse la atención primaria, y este gobierno lo ha hecho, que es el único asilo que tenemos para acceder a especialistas. Así, aboco a la gente a que se haga un seguro privado para que los vean en una semana.

Para nosotras, fue alentador darnos cuenta de que podíamos incidir sobre la sociedad civil de una manera básica, hablando de salud pública. Hasta que no arreglen la sanidad pública no nos vamos a rendir y, si nos quedan otros cuatro años, vamos a seguir, y, si algunas ya no estamos, habrá muchas más detrás. Espero que se den cuenta de que la conciencia de la sociedad civil está por encima de los gobiernos.

¿Van a convocar alguna marcha con motivo del aniversario?

Hay una concentración el día 28 de septiembre en la plaza de la Contratación a donde vamos a acudir todas las feministas de Sevilla, con más de 53 asociaciones, ya que seguimos luchando por los derechos que nos han quitado, siendo uno de ellos la sanidad pública. Luego, el 19 de octubre, Día Mundial contra el Cáncer de Mama, pondremos mesas informativas por toda la ciudad.

Y, evidentemente, vamos al Parlamento para intentar que cualquier partido político y cualquier persona de la sociedad civil se dé cuenta de que los cribados no es una cosa de Amama. Nosotras no ganábamos nada. Al revés, todo esto nos ha costado dinero: en desplazamientos, un gasto emocional terrible, la salud de muchas de nosotras que no podíamos seguir el ritmo. Pero en los estatutos de Amama dice, “defender a cualquier mujer con cáncer de mama frente a cualquier cosa que la pueda adjudicar”.

¿Cómo ha sido estar en el foco mediático?

Nos ha pasado factura porque no estamos acostumbradas, algunas compañeras cayeron malas, pero había otras que estaban ahí. Aun así, yo tengo que dar las gracias a todos los medios de comunicación. Gracias a ellos conseguimos trasladar el grandísimo desastre que ocurrió y que sigue ocurriendo, porque no sabemos si está arreglado.

Pero nos puede más luchar por nuestra vida, que es la sanidad pública, antes que rendirnos. No nos dio miedo que la Junta de Andalucía nos amenazara con multas. Nos salieron por lo menos mil abogados para defendernos. Nos llamaron de toda España. Pero el problema de estar en el foco mediático es que, por ejemplo, en mi caso, utilizaran a mi propia hija. Eso me dolió mucho. Sigo viviendo en el mismo barrio, teniendo el mismo coche de 15 años, siendo pensionista. Yo no he sacado nada personal ni atacaría a nadie, jamás, que defiende algo como la sanidad pública. Aun así, seguimos adelante.

El único objetivo de Amama era alzar la voz para que cualquier mujer de Andalucía mirara su cribado de cáncer de mama y supiera si era un BI-RADS 3 y si le había hecho la prueba o no

Hace un año se publicó la noticia en la Cadena SER. ¿Cómo recuerda aquel día, aquellos momentos?

Aquellas primeras semanas fueron una debacle, porque Amama tampoco tiene una infraestructura adecuada para atender miles de llamadas. Fíjese lo bonito, que las propias afectadas que ya teníamos constatadas del cribado se pusieron a atender los teléfonos.

Yo tenía mucho miedo. Miedo que la gente se muriera, que las mujeres se murieran por no saberlo. El único objetivo de Amama era alzar la voz para que cualquier mujer de Andalucía mirara su cribado de cáncer de mama y supiera si era un BI-RADS 3. Luego aquellos se distorsionó con la política. Hicimos viajes a todas las provincias andaluzas para dar charlas de autoexploración... Hay gente que cree que Amama nació con el cribado cuando ya llevábamos 30 años dando charlas de concienciación, de prevención, con 700 socias y sostenimiento diario.

Fue durísimo. Me he acostado muchas noches llorando, muchas, muchísimas. Cada vez llegaban más mujeres del cribado y era una tragedia terrible lo que está estaba pasando. Luego nos dimos cuenta lo que había pasado, y más miedo teníamos.

Pero por fin lograron ese reconocimiento.

Pero no conseguimos que lo reconocieran de buena voz. Tuvimos que lanzar una campaña donde las propias afectadas del cribado contaban su historia por redes sociales. ¿Usted sabe lo que cuesta convencer a una mujer con cáncer avanzado para que se haga un vídeo, con el aspecto que tenemos en ese tiempo a causa de las quimioterapias, y cuente lo que le ha pasado? Cuando estás mal no tienes ganas de nada. Lo que pasa es que en Amama conseguimos algo muy bonito siempre: todas a una.

El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía ha dado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) un plazo de diez días para atender a una solicitud de información registrada por un ciudadano acerca de la “lista de espera de pruebas diagnósticas” en la comunidad autónoma andaluza.

Así se recoge en una resolución firmada por el director del Consejo de Transparencia, Jesús Jiménez, adelantada por la Cadena SER y consultada por Europa Press, y con fecha del pasado martes, 22 de septiembre, que responde a una reclamación presentada por escrito en septiembre de 2025 por un ciudadano ante dicho organismo “en materia de acceso a la información pública”.

El referido ciudadano acudió al Consejo de Transparencia tras presentar, el 21 de julio de 2025, ante el SAS una solicitud de acceso a información en relación a “la lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”, con los datos puestos al día “a la fecha más actualizada en el momento de responder” a dicha petición.

El mismo ciudadano solicitaba al SAS que, “caso de no existir un informe” con los datos reclamados, le aportara, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el número de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Provincia, tramos de tiempos de respuesta y tiempo medio de respuesta”. Además, solicitaba, “con la fecha más actual posible, a nivel provincial, el total de pacientes pendientes inscritos en el Registro de Procedimientos Diagnósticos por Especialidad y Tiempo medio de respuesta”.

El SAS, “sin ninguna herramienta”

El SAS contestó a esta petición el 19 de agosto de 2025 señalándole que “no se cuenta con ninguna herramienta que permita facilitar la información registrada” en los términos que dicha persona solicitaba sobre la “lista de espera de pruebas diagnósticas en Andalucía”.

El reclamante de la información reaccionó a dicha respuesta del SAS considerando “sorprendente” esa contestación, “puesto que lo que se solicitaba eran elementos sencillos de un básico sistema de información, que parece absolutamente imposible que no disponga el SAS, puesto que conocer lo que se solicita es absolutamente básico para cualquier planificación del servicio”, añadía el ciudadano.

En su resolución en respuesta a la reclamación del ciudadano, el Consejo de Transparencia aclara que “el Registro de Procedimientos Diagnósticos sobre el que se solicita la información es el conjunto de pacientes que en un momento dado se encuentran en espera para la realización de una prueba diagnóstica/terapéutica en atención especializada, solicitada por un médico autorizado por el Servicio Andaluz de Salud”.

“Se entiende como prueba diagnóstica aquel procedimiento que sea solicitado por facultativos que desempeñen sus funciones en consultas programadas ambulatorias de un centro de atención primaria o especializada del Sistema Sanitario Público de Andalucía”, aclara también la resolución de Transparencia antes de señalar que “es requisito exigible que el órgano o entidad interpelada realice y acredite un esfuerzo razonable para la localización de la información solicitada”.

“Satisfacer la petición con la información que obre en su poder”

En esa línea, desde el Consejo argumentan que “el esfuerzo referido exige que la entidad ofrezca, cuando sea posible, al menos la información que obre en su poder y que no exija una acción previa de reelaboración, y que permita al menos satisfacer parcialmente la petición”.

“Y este requisito no podemos apreciarlo en la resolución recaída”, advierte la resolución del Consejo de Transparencia, que llama además la atención acerca de que el SAS “no acredita motivos que le imposibiliten para proporcionar los datos de los que sí disponga, aunque no sea organizados o clasificados como requiere el solicitante”.

El Consejo de Transparencia puntualiza que “esta carencia resulta aún más necesaria de justificarse si se analiza el contenido del Real Decreto 605/2003, de 723 de mayo, por el que se establecen medidas para el tratamiento homogéneo de la información sobre las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud, y el Decreto 96/2004, de 9 de marzo, establece la garantía de plazo de respuesta en procesos asistenciales, primeras consultas de asistencia especializada y procedimientos diagnósticos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía”, que “obliga a la tenencia y remisión de determinada información sobre las listas de espera”.

El Consejo de Transparencia considera que el SAS “ha de ofrecer a la persona reclamante la información objeto de su solicitud, ocultando los datos personales que eventualmente pudieran aparecer en la misma y que excedan de la información solicitada, como pudieran ser datos sobre domicilios o teléfonos particulares, números de identificación, estado civil, etc”.

“La entidad reclamada deberá tener en cuenta que la disociación de datos personales implica no solo la supresión de la identificación concreta de las personas físicas o aquellos otros datos que pudieran permitir la misma (DNI, dirección, número de teléfono), sino también de otra información que permitiera igualmente la identificación de alguna persona física”, puntualiza también la resolución del Consejo de Transparencia.

De esta manera, dicho organismo ha resuelto que el SAS “deberá facilitar a la persona reclamante la información solicitada teniendo en cuenta lo indicado” al respecto de la ocultación de datos personales, “en el plazo de diez días a contar desde el día siguiente al que se le notifique esta resolución”.

“La entidad reclamada habrá de facilitar a la persona solicitante la información de que disponga y que se pueda obtener mediante un uso informatizado de uso corriente y que responda al menos con el contenido y nivel de desagregación lo más cercano posible al que la información ha sido solicitada”, precisa también la resolución del Consejo de Transparencia, contra la que cabe interponer contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla que por turno corresponda en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación“.

PSOE-A critica la “opacidad” del SAS

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha aludido este viernes a esta resolución en una entrevista en Canal Sur Televisión, en la que ha subrayado que “la salud es lo más importante que tenemos todos en nuestras casas”, y hay “una opacidad tremenda” en el ámbito de la Junta de Andalucía en relación a las listas de espera.

En esa línea, la dirigente socialista ha subrayado que es “importante” tener acceso a dicha información teniendo en cuenta que hay gente que “lleva meses, años, esperando una cita con el traumatólogo”, o “para poder operarse” o tener los “resultados de una biopsia”.

La Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA) carece del seguro de responsabilidad civil profesional para proteger jurídicamente a sus empleados públicos –arquitectos técnicos, aparejadores– ante cualquier litigio penal como consecuencia de accidentes laborales en las promociones de obra pública que mantiene activas en toda la comunidad.

El Gobierno andaluz prescindió de la póliza específica que cubría a los responsables de obras de AVRA, para meterles bajo el paraguas de un seguro generalista que tienen todos los empleados públicos de la Junta. Pero un informe ad hoc de la Dirección de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Hacienda, reveló el pasado mayo que esa póliza no protege a los técnicos de AVRA, obligados a asumir su propia defensa legal en caso de verse envueltos en un proceso penal.

Esa “desprotección jurídica”, denunciada al unísono por todos los sindicatos de AVRA, sorprendió al colectivo y a la propia dirección de la Agencia de Vivienda hace un año, a raíz de un accidente mortal que ha derivado en la investigación judicial en curso por un supuesto delito de homicidio por imprudencia.

El pasado 13 de marzo de 2025, un hombre de 38 años falleció aplastado por un muro mientras trabajaba en las obras de un complejo de viviendas públicas de Sevilla, propiedad de la Agencia de Vivienda de la Junta de Andalucía. La directora de esa obra (aparejadora) y personal laboral de AVRA, está imputada, y la responsable de su ejecución, está citada como testigo, confirman fuentes del ente público.

En el juicio, previsto para principios de noviembre, la empleada pública de la Junta se enfrenta a penas de cárcel e inhabilitación para ejercer su profesión. Cuando la Fiscalía o los tribunales investigan a funcionarios o trabajadores públicos, es el seguro de responsabilidad civil de la Junta de Andalucía el que se encarga de su representación jurídica y le asigna abogados. Los profesionales del Servicio Andaluz de Salud (SAS), por la especificidad de su oficio, tienen una póliza especial para defenderse de denuncias por posibles negligencias médicas, que son muy comunes.

Los sindicatos de AVRA sostienen que sus técnicos y responsables de obra tenían un seguro profesional similar, “obligatorio”, según el artículo 66 de su Convenio Colectivo, pero la Junta prescindió de esta póliza específica, “alegando recortes de gastos superfluos”, y les incluyó en el aseguramiento general para el resto de funcionarios.

La Consejería de Vivienda no ha aclarado en qué momento prescindió de la póliza de responsabilidad profesional para los técnicos de AVRA, aunque fuentes de la Agencia señalan 2016 como el año en el que se adhieren al seguro único de la Junta. Una resolución de la dirección de AVRA, de 31 de julio de 2014, recoge que, en ese momento, todo su personal sí estaba cubierto jurídicamente por el aseguramiento de la Administración ante posibles litigios penales. “Los terceros perjudicados [en obras públicas] deben dirigirse obligatoriamente contra la Administración y nunca pueden ejercer la acción de responsabilidad civil ante la jurisdicción civil contra el empleado público por actos derivados de su actividad profesional”, dice la orden, que los sindicatos consideran “plenamente vigente”

“La resolución de 2014 reconoce de forma expresa la 'situación de precariedad no deseable' en la que el proceso penal sitúa a los empleados y mandata a AVRA a asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica (abogados, peritos, procuradores) en causas penales por razón del servicio, salvo sentencia condenatoria firme por dolo o culpa grave”, esgrimen los sindicatos de la Agencia, que han adjuntado esta resolución a la denuncia registrada ante la Inspección de Trabajo.

La imputación de una empleada de la Consejería de Vivienda por el accidente mortal en una promoción pública ha destapado una situación anómala que tiene tensionado a todo el personal técnico de la agencia desde hace meses. La dirección de AVRA admite el problema pero circunscribe su afectación a “69 personas, incluyendo los jefes técnicos”.

Los sindicatos, en cambio, denuncian que la “desprotección jurídica” afecta a “muchos más, no sólo entre el personal en activo, sino de los que ya están jubilados o incluso han muerto, porque el seguro profesional cubría a los técnicos hasta diez años después de entregada la obra”. “Al eliminar esa póliza, hay extrabajadores de AVRA que quedan desprotegidos y expuestos a un litigio penal en caso de denuncias por negligencias”, explican.

“El seguro de responsabilidad civil no sólo es para la dirección de obra en sí, también existe responsabilidad en la emisión de informes técnicos, o incluso en valoraciones, en trabajos de oficina. En realidad todos los trabajadores de AVRA tenemos responsabilidad en nuestras tareas, aunque las más graves, evidentemente, son las relacionadas con los accidentes en obra”, explican desde CSIF, que sostienen que el cálculo de trabajadores afectados por la falta de seguro profesional “se queda corto”.

En una respuesta por escrito a este periódico, la Consejería de Vivienda defiende que todo su personal “está cubierto por el seguro de responsabilidad civil contratado por la Junta de Andalucía y vigente en la actualidad”. Pero, acto seguido, reconoce que “la Agencia está manteniendo reuniones con los representantes sindicales y el personal técnico sobre este asunto y está estudiando la posibilidad de incorporar la contratación de un seguro específico para el personal técnico interviniente en cada obra”.

A pesar de todo, el departamento que pilota la consejera Rocío Díaz subraya que “la Administración no está obligada a contratar un seguro decenal de responsabilidad civil de los técnicos”. La falta de acuerdo entre los trabajadores de AVRA y la dirección hizo que el pasado mes de julio el comité intercentros de la empresa pública, con la firma de todos sus sindicatos, registrase una denuncia ante la Inspección de Trabajo reclamando la apertura de una investigación por la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos de AVRA, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía.

La Junta admite que su póliza “excluye” ciertas responsabilidades

La imputación de la directora de obra en la promoción de viviendas de Sevilla donde falleció un operario, en marzo del año pasado, reveló la “desprotección jurídica y patrimonial” de todos los técnicos de AVRA que, en consecuencia, debían “asumir en primera instancia las indemnizaciones por responsabilidad civil, el pago de fianzas judiciales y la totalidad de los gastos de defensa jurídica en causas penales”, según consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Antes de denunciarlo a las autoridades laborales, la plantilla de AVRA había trasladado su preocupación a la dirección de la Agencia. La dirección de la Agencia confirmó que el seguro obligatorio específico ya no existía, pero trató de tranquilizar a la plantilla asegurándoles que el personal técnico “estaba integrado” bajo el paraguas de protección jurídica de la Junta de Andalucía, que tiene un seguro más amplio. Pero eso no convenció a la plantilla, convencida de que la póliza generalista no cubría los riesgos inherentes a su profesión.

Los trabajadores denuncian que se está incumpliendo el artículo 66 de su Convenio Colectivo, “que exige expresamente el aseguramiento de las responsabilidades derivadas de la dirección de obra, dirección de ejecución, redacción de proyectos, coordinación de seguridad y salud y demás actividades análogas, garantizando obligatoriamente la defensa jurídica del personal y la cobertura de la responsabilidad civil derivada de la vía penal, civil (tanto la de carácter leve como la grave) y la responsabilidad de carácter profesional”.

La dirección de AVRA admitió ante los representantes sindicales de la empresa que existían “dudas jurídicas” y, para resolver el conflicto interno, elevó una consulta por escrito da la Dirección General de Patrimonio, adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda, “sobre el alcance del aseguramiento de la responsabilidad civil profesional de su personal técnico”.

El pasado 25 de mayo, el director general de Patrimonio, Joaquín Gallardo, confirmó por escrito los peores temores del personal técnico de AVRA respecto a su actual inseguridad jurídica: el actual seguro de responsabilidad civil/patrimonial de la Junta de Andalucía no ofrece una protección jurídica válida a los directores de obra pública, porque el pliego de condiciones contiene “exclusiones técnicas” que les afectan de lleno.

El informe de Patrimonio, al que ha tenido acceso este periódico, confirma que quedan excluidos del seguro de la Junta “las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”; “excluye la responsabilidad decenal” (deja fuera a los agentes de la construcción, como promotores, constructores y arquitectos); se limita al “periodo de vigencia contractual” (no cubre reclamaciones formuladas con posterioridad al cese, baja o jubilación del responsable de obra) y emplea una “formulación genérica” y poco específica sobre “los riesgos que asume el colectivo técnico de AVRA”.

El documento reconoce que “la modalidad de aseguramiento” actual de la Junta de Andalucía está “delimitada por las exclusiones recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas”, entre las que figura “de manera expresa (...) la responsabilidad civil decenal, así como las responsabilidades que deban ser objeto de cobertura mediante seguros de suscripción obligatoria”.

El conflicto interno ha conciliado a todas las secciones sindicales de la Agencia de Vivienda –CCOO, UGT, CSIF y UITA– que firman la denuncia ante la Inspección de Trabajo y adjuntan el oficio de la Dirección General de Patrimonio para subrayar la “quiebra absoluta de las coberturas” y la falta de “defensa jurídica” de sus técnicos, a partir de las “exclusiones técnicas desveladas” en el seguro de la Junta de Andalucía, como reconoce el citado informe.

La denuncia, que firma el presidente del comité intercentros de AVRA, plantea el “riesgo económico y patrimonial desproporcionado” al que están sometidos estos trabajadores –expuestos a multas y a inhabilitación para el ejercicio de sus puestos–, “vulnerando el marco normativo de la Ley de Función Pública de Andalucía y la legislación de edificación”.

El escrito solicita a la Inspección de Trabajo la apertura de una investigación “de manera urgente” para constatar el “flagrante incumplimiento del Convenio Colectivo” de AVRA y las “graves deficiencias reconocidas oficialmente por la Dirección General de Patrimonio, requiriendo a la empresa la inmediata formalización de las pólizas de seguro de responsabilidad civil profesional exigidas” y procediendo al “acta de infracción”.

La Consejería de Vivienda ha rehusado aclarar en cuántas obras públicas trabajan sus técnicos en este momento en toda Andalucía. Los sindicatos calculan que hay unas 70 actuaciones en marcha de cierta envergadura, pero recuerdan que su responsabilidad civil no afecta sólo a las promociones de vivienda nueva, también a reparaciones menores de los pisos de alquiler propiedad de la Junta, que rondan los 40.000.

La directora de la obra donde tuvo lugar el accidente mortal, personal laboral de AVRA, se encuentra “muy afectada” y ha rehusado valorar su situación judicial. Este periódico se ha puesto en contacto también con su abogado, que tampoco ha aclarado si sus honorarios los paga su representada o si, como sostienen trabajadores de la Agencia, se ha hecho cargo la dirección hasta que se resuelva el conflicto sobre la falta de póliza de seguro profesional.

El pasado 4 de julio, Juanma Moreno y Manuel Gavira comparecieron juntos, por primera vez, para firmar un acuerdo de Gobierno de coalición PP-Vox en Andalucía, que incluía 150 medidas, entre ellas, un replanteamiento general de las subvenciones públicas a sindicatos, ONG y ayudas a la cooperación internacional.

“Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces. Los recursos públicos deben destinarse exclusivamente a atender las necesidades de los ciudadanos”, dejó escrito ese día el líder regional de Vox, que días después juraría el cargo como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local.

A Gavira se le ha vuelto ese tuit en contra, como un boomerang lanzado con la furia de las redes sociales, al trascender que su propio departamento -la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta- contribuyó con 18.000 euros (IVA incluido) a costear la polémica gala privada que tuvo lugar el pasado jueves en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda de Sevilla.

A la cena privada, donde se sirvió de segundo “una mariscada”, asistieron como invitados de honor el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y tres altos cargos de Vox: el secretario general de Desregulación de la Junta, Juan Antonio Aguado, la diputada nacional Reyes Romero y la senadora María Pastor. El evento consistió en la celebración de los 20 años de vida de la revista de sociedad Escaparate, y tuvo el patrocinio del Ayuntamiento y de la Junta, ambas administraciones del PP, que aportaron 36.000 euros brutos, dos contratos menores de 18.000 euros cada uno.

El asunto ha levantado una polvareda política, no sólo porque una cena privada para 400 invitados de la alta sociedad sevillana se haya pagado con dinero público, sino porque el Consistorio hizo uso de una cláusula excepcional de la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos del Conjunto Histórico, que permitió saltarse la prohibición expresa de celebrar eventos privados en las plazas Virgen de los Reyes y Virgen del Triunfo, espacios contiguos a la Giralda, la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, monumentos Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

La oposición de izquierdas ha llevado la polémica al Pleno del Ayuntamiento -donde se ha topado con la contradicción de que el anterior alcalde, el socialista Antonio Muñoz, autorizó y participó el mismo evento en otra céntrica plaza de Sevilla (San Francisco, también próxima a la Giralda)- y al Parlamento de Andalucía.

Aquí, los diputados de PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han criticado la “hipocresía” de los miembros de Vox, por denunciar las “mariscadas hasta que son ellos las que se las comen”. “Parrillada de primer plato y mariscada de segundo”, ha subrayado el parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo. “Los bien pagados. Los de las mariscadas. En Vox no tienen ninguna credibilidad. Maldita hemeroteca”, abunda la portavoz socialista, María Márquez. “Ahora les gustan los sillones y las galas para famosos, ricos y horteras”, ha dicho el líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García.

En su turno, el portavoz adjunto de Vox en el Parlamento andaluz, Rodrigo Alonso, ha tratado de explicar el viraje de su partido en este asunto. “Esto no tiene la menor importancia. Todas las consejerías dan un dinero en promoción, se ha hecho como siempre se viene haciendo. Esto no choca contra nuestros postulados y nuestros principios, de que hay que dedicar el dinero público para lo verdaderamente importante, para nada”, ha subrayado Alonso.

El diputado almeriense ha dicho que “con todo lo que está cayendo en el mundo, que el gran problema sean 18.000 euros... Con el gasóleo a 1,80 euros, y con explotaciones agrarias que se están planteando ni plantar ni recolectar, esto no tiene ningún tipo de importancia”.

La empresa responsable de esta polémica gala se llama 'Sevilla por la gracia de dios, S.L' y ha recibido en años anteriores contratos similares por parte del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía. El director de la revista Escaparate y promotor de la gala y la entrega de premios, Mario Niebla, ha cifrado el coste total del evento en 150.000 euros, de los que en torno al 20% lo habrían pagado las dos administraciones en calidad de promotores. El evento, con 400 invitados, también contaba con el patrocinio de 23 marcas y otras 24 entidades colaboradoras.

En declaraciones a los medios, Niebla ha asegurado que fue el propio alcalde de Sevilla quien le propuso celebrar la gala en la Plaza Virgen de los Reyes, y que la Diputación de Sevilla, que preside el líder del PSOE en la provincia, Javier Fernández de los Ríos, también colaboró cediéndole sus instalaciones de la Casa de la Provincia, en la misma plaza, como “camerinos y aseos para que los músicos que actuaron en el evento”.

Desde la Diputación de Sevilla matizan que esa propuesta de cesión, por escrito, no llegó a firmarse porque el promotor del evento no lo aceptó. “La Casa de la Provincia fue solicitada por la entidad interesada, pero no fue utilizada para los Premios Escaparate ni para ninguna actividad relacionada con dicho evento. Las instalaciones cerraron al público a las 21:00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado a los Premios Escaparate. En consecuencia, no hubo uso efectivo alguno de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes del evento”, sostiene la institución en un comunicado.

El pasado noviembre, todos los partidos de la oposición al Gobierno votaron en el Parlamento a favor de la creación de una comisión de investigación sobre el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la crisis política que más ha zarandeado a Juanma Moreno desde que es presidente. La mayoría absoluta del PP tumbó la iniciativa.

Diez meses después, el PP ya no tiene mayoría absoluta, pero cuenta con un socio de Gobierno, Vox, que este miércoles ha confirmado que votará en contra de la misma iniciativa que entonces apoyó. PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía han registrado hoy en el Parlamento la misma propuesta para crear esa comisión de investigación sobre los diagnósticos tardíos de cáncer de mama, que afectaron a más de 2.000 mujeres (según cifras de la Junta) y se cobró el cese de la consejera de Salud y todo su equipo.

La iniciativa conjunta de las izquierdas nace de una petición expresa de AMAMA, la asociación de mujeres con cáncer de mama de Sevilla que destapó el escándalo, y que pidió a todos los grupos que fueran de la mano. Su presidenta, Ángela Claverol, ha acompañado esta mañana hasta la puerta del registro de la Cámara a la portavoz socialista, María Márquez, el líder de Adelante, José Ignacio García, y el de Por Andalucía, Antonio Maíllo.

Pero, a la vez que entraba en registro la propuesta de creación de una comisión de investigación por la crisis de los cribados, el portavoz adjunto de Vox en la Cámara, Rodrigo Alonso, dejaba claro el viraje de 180 grados que ha dado su partido tras entrar en el Gobierno de coalición con el PP. En la negociación entre ambos partidos, Moreno llegó a ofrecer a la ultraderecha la creación de una comisión de investigación sobre los cribados si consentían en ser un socio externo y quedarse fuera del Consejo de Gobierno.

Pero Vox exigió entrar y ahora, con su líder como vicepresidente primero de la Junta y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, han desistido de fiscalizar la gestión de la crisis de los cribados de cáncer que tanto denunciaron desde la oposición. “Nosotros no somos muy de comisiones de investigación”, ha explicado Alonso en rueda de prensa, tras asegurar que “ya sabemos lo que pasó” y que su partido no se prestará “al postureo” de los partidos de izquierdas.

“Vox siempre ha exigido que haya transparencia, que se diga cuál fue el fallo. Pero los partidos de la izquierda van a manosear todo lo posible este tema para sacar rédito político, y no nos vamos a prestar a eso. En diez meses ya se ha descubierto dónde estaban los fallos y ya se han puesto sobre la mesa las respuestas. En su día tenía sentido, ahora ya no”, ha abundado Alonso. Preguntado por qué, entonces, su grupo seguía exigiendo a Moreno explicaciones sobre la crisis de los cribados hace tres meses, en campaña electoral, el diputado almeriense ha aclarado que la fórmula en la que estaban pensando en ese momento no era ya una comisión de investigación parlamentaria.

La próxima semana se cumple un año desde que estalló el escándalo de los cribados de cáncer de mama, la mayor crisis política que ha golpeado al Gobierno de Moreno, con cientos de mujeres en las calles, mostrando sus pechos cortados, y gritando “Bonilla dimisión”. El presidente de la Junta cesó a la consejera de Salud, Rocío Hernández, y a todo su equipo, y perimetró la crisis en una sola unidad del hospital Virgen de Rocío de Sevilla, el más grande de Andalucía.

Las izquierdas también han presentado una propuesta de declaración institucional en solidaridad de las víctimas de la crisis de los cribados, frente al PP, que propuso antes un mismo posicionamiento político del Parlamento sobre la crisis migratoria de Ceuta. El portavoz popular en la Cámara, Toni Martín, ha criticado al PSOE por volver a traer “el manoseado cribado de cáncer de mama”. Martín ha recordado que los socialistas centraron toda su campaña electoral en este asunto y el resultado fue “el mínimo histórico” para este artido. “Han manoseado a mujeres con cáncer de mama y han hecho mucho daño a una asociación, instrumentalizando este asunto”, concluye.

El PSOE andaluz está desplegando una batería de iniciativas parlamentarias para exigir al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con sus “obligaciones y compromisos” con la ciudad autónoma de Ceuta, que sufre una crisis humanitaria y migratoria sin precedentes desde hace mes y medio.

Una de esas propuestas es la presentación de una queja formal contra la Junta ante el Defensor del Pueblo Andaluz y de la Infancia, anunciada este martes por la secretaria general de los socialistas, María Jesús Montero, para que “investigue el incumplimiento” del convenio suscrito con el Gobierno ceutí para “agilizar” el traslado de menores migrantes a Andalucía en caso de “contingencia migratoria”, como la que está viviendo la ciudada autónoma.

El convenio bilateral se firmó en 2021, fue renovado en enero de 2024, es un compromiso “estable en el tiempo” y está “vigente” hasta 2028. Ambas administraciones firmaron un marco de colaboración para el acogimiento y la integración de menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, con el objeto de descongestionar los servicios asistenciales de la ciudad autónoma en caso de llegadas masivas, como la que se produjo en 2021 con la entrada irregular de unos 10.000 inmigrantes (1.500 niños).

El Gobierno de Moreno se ha apeado de ese convenio, que es un acuerdo de voluntad política con Ceuta, por varias razones: primero, porque el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no lo ha invocado para aliviar la presión migratoria que está sufriendo su ciudad (con 2.000 menores filiados y en torno a mil deambulando por las calles, según la estimación del Ministerio de Infancia); segundo, porque Moreno cree que acoger a esos niños en Andalucía, aunque fuera de forma provisional, provocaría un “efecto llamada” que perjudicaría a Ceuta, “que vería llegar a 200.000 menores más”. Y tercero, porque “la Comisión Europea desactivaría el espacio Schengen si los inmigrantes pisasen suelo continental”, un argumento que Moreno dio en sede parlamentaria, pero que no es exacto (no hay ninguna directriz europea que sostenga esta tesis, aunque sí ha habido presiones políticas de Bruselas y otros países miembros que han acusado a España de provocar un “efecto llamada” con su procedimiento de regularización masiva de inmigrantes).

Así las cosas, a Montero le han preguntado este martes en el Parlamento cómo valora que el presidente Vivas, el principal interesado en descongestionar la presión migratoria que sufre su ciudad, no haya invocado el convenio bilateral que tiene suscrito con Andalucía, una región que acoge ahora a 1.800 menores -a 31 de agosto- y con una capacidad ordinaria de acogida de 3.009 plazas.

“Yo conozco muy bien a Vivas, he negociado con él y, ¿quién le ha visto y quién le ve? Vivas está más al servicio de Génova [sede nacional del PP] que de la ciudadanía ceutí. El problema migratorio golpea a Ceuta, el primer impulsor del cambio legal [la reforma de la Ley de Extranjería] fue Vivas, porque sabía que tenía que hacer uso de ese artículo. Hemos visto una mutación en él, de colaboración a confrontación. No salgo de mi asombro, no le pega al Gobierno de Ceuta confrontar con el Gobierno de España por el simple interés partidista, y tarde o temprano lo pagará el gobierno de Ceuta, no se puede alimentar el odio, la confrontación y el racismo”, ha dicho Montero.

Las plazas que tiene Andalucía y las que debería tener

La capacidad ordinaria de acogida es una fórmula que estableció el Gobierno en un Real Decreto para reubicar solidariamente a los niños extranjeros entre las comunidades autónomas en función de su población. Es decir, no son las plazas disponibles que tiene Andalucía, sino las que “debería tener” en función de esa fórmula.

Según ese cálculo, Andalucía aún podría acoger a 1.200 menores más, pero la Junta rechaza esa fórmula de reparto (aunque también se niega a confirmar el número de menores que tiene acogidos y el número de plazas reales de las que dispone).

La consejera de Igualdad, Dolores López, ha reiterado este martes que “Andalucía tiene sus recursos por encima de su capacidad. Hemos sobrepasado la capacidad de los recursos. El Gobierno de Pedro Sánchez nos reventó el sistema”, pero ha eludido dar el número actualizado de menores acogidos y las plazas con las que cuenta su red de acogida.

Juanma Moreno firmó hace tres meses un acuerdo de Gobierno con Vox que recoge explícitamente el rechazo a acoger más niños extranjeros: “No más MENAS”, dice el texto, aunque acto seguido subraya que la Junta siempre cumplirá la “legalidad vigente”. La Ley de Extranjería, tras la reforma del artículo 35 el año pasado, obliga a las comunidades a un acogimiento proporcional de niños inmigrantes. El Ejecutivo andaluz presentó un recurso contra esa reforma, pero ha venido cumpliendo con la ley y Moreno ha asegurado que lo seguirá haciendo, porque su acuerdo de Gobierno con Vox así lo establece.

Sin embargo, los menores no acompañados que están deambulando por Ceuta no entran ahora mismo en ese escenario, porque aún no se han tramitado sus expedientes: para conocer su situación personal, ver si es posible el reagrupamiento familiar en Marruecos o garantizar un traslado con todos sus derechos a la península, en caso de no ser viable el regreso con sus padres.

Estos niños se encuentran en una situación provisional, para la cual, la ministra de Infancia, Sira Rego, ha invocado los convenios bilaterales de Ceuta con otras comunidades, como Andalucía, o con ONGs especializadas en este asunto. Una fórmula para descongestionar los ya muy tensados servicios públicos de la ciudad autónoma, pero que ha encontrado un rechazo en bloque de todas las regiones del PP (Sólo Navarra, gobernada por el PSOE, se ha ofrecido).

En el PSOE andaluz son conscientes que la crisis migratoria de Ceuta, dilatada en el tiempo, está achicharrando al Gobierno de España, más que a otras administraciones. Montero, como en el entorno del presidente Pedro Sánchez, acusan al PP y a sus gobiernos regionales de querer “cronificar” el problema. En las encuestas -la última el CIS- el Ejecutivo central es el gran damnificado político de esta crisis, pero el principal beneficiario no es el PP, sino Vox.

“Han querido convertir esta crisis migratoria tan compleja para hacer populismo, mimetizan el discurso con Vox. No se puede actuar con la situación de esta manera, si fuera por ellos, aquí sin cumplimiento legal, lo que proponen es meter a todos en algún sitio sin ningún derecho internacional, y el Gobierno trabaja para que retornen a su lugar de origen, pero con todas las garantías”, ha zanjado Montero.

La polémica cena de gala que, el jueves 17, se celebró en plena calle en Sevilla y obligó a cerrar la plaza Virgen de los Reyes (a los mismos pies de la Giralda) no sólo sigue dando que hablar desde el punto de vista político, sino que ya ha acabado ante el juez. El encargado de dar este paso ha sido el partido Iustitia Europa, que ha presentado una denuncia en un juzgado de Sevilla en el que apunta a delitos de prevaricación administrativa y malversación por un acto que la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento hispalense financiaron con 36.000 euros y al que acudieron el presidente andaluz, Juanma Moreno, y el alcalde, José Luis Sanz.

El evento celebraba los XX Premios Escaparate, organizados por la revista del mismo nombre y que ha generado una ola de críticas ciudadanas. Iustitia Europea denuncia al Consistorio y a Contursa (la empresa municipal de gestión turística) y a la Consejería de Turismo por dar los permisos administrativos y aportar dinero público, además de incluir también a la Diputación de Sevilla. En este último caso, lo hace en base a informaciones publicadas según las cuales cedió la Casa de la Provincia como camerino para los artistas que actuaron en la gala, extremo rotundamente desmentido por la institución provincial.

La denuncia se formula “contra quienes resulten responsables”, por lo que solicita que la instrucción determine la intervención concreta de “autoridades, funcionarios y responsables públicos”. El partido señala como una de las claves la utilización de la plaza Virgen de los Reyes, “respecto de la cual la ordenanza municipal establece una prohibición específica para determinados eventos”, a lo que se une que el Ayuntamiento asumió la condición de organizador o coorganizador y solicitó la ocupación de este espacio.

Fondos de Junta y Ayuntamiento

El presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo, ha criticado que “el dinero público no es del PP, del PSOE ni de Vox”, sentido en el que apunta hacia las tres administraciones: Consistorio (gestionado por el PP), Consejería de Turismo (que controla Vox) y Diputación (en manos del PSOE). A su juicio, los fondos públicos “no están para mariscadas, cenas privadas o galas, es de todos los ciudadanos”, acusando a las cúpulas de las formaciones políticas de “confundir las administraciones con su patrimonio”.

Este partido subraya que la propia delegada municipal de Turismo ha reconocido públicamente que una empresa privada no podía solicitar el uso de la plaza, mientras que el Ayuntamiento sí podía hacerlo. El gobierno local aportó además 14.900 euros más IVA (18.029 euros en total) y la Junta de Andalucía otros 14.900 más IVA, mediante un contrato menor de patrocinio, con lo que la suma conjunta asciende a 36.058 euros.

Respecto de la Diputación, la denuncia se hace en base a informaciones sobre la utilización de la Casa de la Provincia (en la vecina Plaza del Triunfo), en las que el promotor del evento, Mario Niebla del Toro, afirma que la corporación provincial le remitió un contrato que finalmente él no aceptó. En este sentido, la Diputación explica que este espacio fue solicitado por la organización –sin señalar el tipo de evento del que se trataba– como muchas otras peticiones que recibe de todo tipo de asociaciones e instituciones, instándose a la cesión de una sala como vestuario para artistas y de un aseo.

Petición “expresamente denegada”

Al tratarse de una casa palacio, como respuesta se establecieron condiciones de uso “especialmente rigurosas”, apunta la institución: tanto la sala polivalente como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento. La Casa de la Provincia dispone de vigilancia las 24 horas, por lo que se subraya que no era necesario “realizar contrataciones adicionales ni abonar horas extraordinarias de personal de seguridad”.

La Diputación, por cierto, recuerda que el mismo promotor solicitó el año pasado el uso de la iglesia de San Luis de los Franceses (que gestiona la institución provincial) para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento, petición que fue “expresamente denegada” al conocerse el contenido y características de la actividad propuesta. En todo caso, se insiste en que no ha habido “ni cesión, ni patrocinio, ni colaboración, ni acuerdo” para el uso de la Casa de la Provincia, que no se firmó ningún documento, que la Corporación provincial no figura en ninguna lista de patrocinadores y que no hubo representación institucional.

Por lo que respecta a la denuncia presentada ante el juez, Iustitia Europa solicita la incoación de diligencias previas para esclarecer los hechos, identificar a las personas que intervinieron en las decisiones denunciadas y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse. La formación ha pedido además que se le notifique el auto de incoación para formalizar su personación como acusación popular y ejercer las acciones que correspondan.

La polémica desatada por la gala privada celebrada el pasado jueves en la Plaza Virgen de los Reyes, a los pies de la Giralda de Sevilla, va camino del salón de Plenos del Consistorio y del Parlamento andaluz, donde la oposición de izquierdas exigirá la factura con el dinero público que ha sufragado esa “cena de lujo” a la que fueron invitados el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, y el presidente de la Junta, Juanma Moreno, entre los 400 asistentes.

Ambas administraciones, gobernadas por el PP, eran patrocinadores de este evento privado, los 20 años de vida de la revista Escaparate, que se celebró en un espacio público y privilegiado del Casco Antiguo de Sevilla, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. La aportación conjunta del Ayuntamiento y de la Junta asciende a 36.000 euros brutos (IVA incluido) a través de ambos contratos menores.

La delegación de Turismo y Cultura adjudicó este contrato a dedo por casi 15.000 euros más IVA a la empresa 'Sevilla por la gracia de dios, S.L'; y la Empresa Pública para la Gestión del Turismo de la Junta, que ahora dirige Vox dentro del Gobierno de coalición de Moreno, adjudicó un contrato similar por la misma cantidad en concepto de “patrocinio” para la XX edición de los premios, según consta en el Portal de Contratación de la Junta (donde también aparecen los contratos de ediciones anteriores).

El director de la revista Escaparata y promotor de la gala y la entrega de premios, Mario Niebla, ha cifrado el coste total del evento en 150.000 euros, según avanzó a el diario El País, de los que en torno al 20% lo habrían pagado el Ayuntamiento y la Junta en calidad de promotores. El evento, al que acudió una nutrida representación de la alta sociedad sevillana, también contaba con el patrocinio de 23 marcas y otras 24 entidades colaboradoras.

Aunque la oposición de izquierdas ha cargado duramente contra ambas administraciones, del PP, lo cierto es que el Ayuntamiento de la capital hispalense ya había sufragado estas galas privadas en ediciones anteriores, también en otros espacios públicos de la ciudad, como la Plaza de San Francisco, próxima a la Giralda, y con la participación y asistencia del exalcalde socialista, Antonio Muñoz.

A Muñoz, que acaba de ser confirmado candidato a las municipales de 2027, le han llovido las críticas por criticar ahora lo que él mismo hizo siendo regidor de Sevilla. El matiz al que se aferran fuentes socialistas es que la ordenanza municipal de ocupación de espacios públicos del Conjunto Histórico prohibe expresamente la ocupación de las plazas Virgen de los Reyes y Virgen del Triunfo para el desarrollo de eventos y actividades, espacios contiguos a la Catedral, los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, monumentos Patrimonio de la Humanidad desde 1987.

Pero el artículo 3 de dicha ordenanza introduce algunas excepciones, como los rodajes cinematográficos o publicitarios, las fiestas tradicionales, los mítines electorales y las “actividades que por sus características (corta duración, carecer de instalaciones o precisar instalaciones de escasa entidad) o por cualquier otra circunstancia concurrente, permitan una previsión razonable de no producir una incidencia relevante sobre el espacio en que tengan lugar o su entorno”, en las que se enmarcaría la polémica cena del jueves.

A preguntas de este periódico, el Consistorio hispalense se negó la semana pasada a aclarar cuánto pagó como “coorganizador” de la cena privada celebrada a los pies de la Giralda, pero este lunes, la concejal de Turismo y Deporte, Angie Moreno, ha confirmado la cifra y explicado que fue la empresa pública municipal de turismo, Contursa, la que propuso el uso de la plaza Virgen de los Reyes como “reconocimiento” a los 20 años de la revista Escaparate.

En términos similares ha justificado su asignación la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, que dirige el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira. El partido ultraderechista es socio del Gobierno de Juanma Moreno y ha apoyado los presupuestos municipales de Sanz en el Ayuntamiento de Sevilla. Vox no ha cuestionado públicamente la celebración de esta gala privada cofinanciada con fondos públicos.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, sí le ha repordado a Gavira, a través de su cuenta en X (antes Twitter), la frase con la que anunció la retirada de subvenciones a sindicatos y ONGs, que recoge el pacto de Gobierno suscrito con Moreno hace tres meses. “Se acabaron las mariscadas a costa de los andaluces”. “El que firma el pago de la cena”, ha añadido Puente.

Niebla aseguró este lunes que la Diputación de Sevilla, que preside el líder del PSOE en la provincia, Javier Fernández de los Ríos, también había colaborado con esta gala privada, “cediendo sus instalaciones próximas a la Plaza del Triunfo como camerinos y aseos para que los músicos que actuaron en el evento”.

Sin embargo, desde la Diputación de Sevilla desmienten categóricamente esta afirmacióin: “La Casa de la Provincia fue solicitada por la entidad interesada, pero no fue utilizada para los Premios Escaparate ni para ninguna actividad relacionada con dicho evento. Las instalaciones cerraron al público a las 21:00 horas y permanecieron cerradas hasta la mañana siguiente, sin que fueran empleadas como vestuario, zona de apoyo logístico ni para ningún otro fin vinculado a los Premios Escaparate. En consecuencia, no hubo uso efectivo alguno de la Casa de la Provincia por parte de la organización ni de los participantes del evento”, sostiene la institución.

La Diputación asegura que desconocía la actividad para la que se solicitó el uso de sus instalaciones como “vestuario para artistas y aseo”. “Por tratarse de una Casa Palacio, se establecieron condiciones de uso especialmente rigurosas: tanto la sala polivalente (SUM) como el aseo quedarían destinados única y exclusivamente a los artistas, sin que en ningún caso las instalaciones de la Casa de la Provincia pudieran utilizarse como espacio de apoyo general o de acceso para asistentes al evento”.

En una ocasión anterior, el mismo promotor de los premios Escaparate solicitó el uso de la Iglesia de San Luis de los Franceses para la celebración de un desfile de modelos en el interior del monumento. Al conocerse entonces el contenido y características de la actividad propuesta, la solicitud fue expresamente denegada.

El pasado 31 de agosto, un mes después de la entrada ilegal de 80.000 inmigrantes en Ceuta desde Marruecos, Andalucía contabilizaba 1.800 menores extranjeros en sus casas de acogida.

La cifra es inferior a la que había registrado ocho meses antes, el 31 de agosto de 2025, cuando la Junta enumeró a 1.954 niños migrantes (154 menos), según los datos oficiales que maneja la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad. La presión migratoria en Andalucía -principalmente en pateras que cruzan el Estrecho- es fluctuante, pero en el último medio año ha experimentado un leve retroceso.

Esos 1.800 menores extranjeros atendidos en Andalucía -un dato que la Junta ha evitado hacer público- revelan que la capacidad ordinaria de acogida de esta comunidad está al 59,8%, esto es, con margen aún para atender a otros 1.200 niños migrantes de los más de 2.000 filiados en Ceuta. El Real Decreto de capacidad ordinaria del sistema de protección y tutela de menores extranjeros, aprobado el pasado junio, estableció una fórmula para reordenar el reparto desigual la presión migratoria por comunidades.

La capacidad ordinaria es un término clave porque calcular cuántos niños debe acoger cada región en función de su población y sus recursos, es decir, la fórmula sirve para detectar dónde era más deficitaria la solidaridad, y cuáles estaban más saturadas y podían reclamar más financiación al Estado. En ese cálculo, a Andalucía le correspondía -por volumen de población- disponer de 3.009 plazas para menores migrantes.

De ahí que el Ministerio de Infancia, que pilota Sira Rego, considere que esa comunidad tiene aún margen para aliviar la presión en Ceuta y acoger a más niños de forma provisional mientras se tramitan sus expedientes. Según los datos oficiales a los que ha tenido acceso este periódico, Andalucía tiene ocupada casi el 60% de su capacidad ordinaria de acogida y aún podría recibir a unos 1.200 menores más.

Hasta ahora, la Junta había evitado hacer públicos los datos de niños extranjeros atendidos por sus Servicios Sociales, porque su rechazo no tiene tanto que ver con números y capacidad como con una estrategia conjunta de todas las comunidades del PP (incluida Ceuta) que pasa por concentrar toda la presión en el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El presidente de la Junta, que firmó hace tres meses un pacto de Gobierno con Vox rechazando explícitamente la acogida de niños migrantes (“No más MENAS”), ha explicado esta semana su negativa a cooperar con Ceuta con diversos argumentos: primero, que el presidente ceutí, el popular Juan Jesús Vivas, no ha invocado el convenio bilateral suscrito con Andalucía para “agilizar” el traslado de niños a esta comunidad en caso de “contingencia migratoria” (vigente desde 2024).

Segundo, que recibir a esos niños en la península provocaría un “efecto llamada” en la propia ciudad autónoma, con “200.000 menores más”. Tercero, que “la Comisión Europea ha advertido que esos migrantes no pueden pisar suelo continental, porque si lo hacen, se desactiva automáticamente el espacio Schengen”.

Esto último ha sido desmentido por las autoridades europeas. No hay ninguna directriz comunitaria que desactive el espacio Schengen en caso de entrada de inmigrantes, aunque políticamente la situación de Ceuta sí ha puesto a España en contra de la mayoría de países miembros, y ha generado tensiones especialmente con Italia y Dinamarca, que acusan a Sánchez de incentivar la inmigración irregular con su proceso de regularización masiva.

La oposición de izquierdas en bloque está presionando a Moreno sobre este flanco, recordándole que la acogida de menores no acompañados es competencia de Ceuta y de Andalucía, y que está en manos de ambos barones del PP aliviar la presión migratoria en la ciudad autónoma hasta que se resuelvan los expedientes individuales de cada niño.

El jueves, el presidente andaluz ofreció un nuevo argumento durante una entrevista en Onda Cero: “¿Usted aceptaría acoger a menores que ahora mismo están en Ceuta sin un refugio?”, le preguntaron. Moreno respondió lo siguiente: “El Gobierno de España tiene la capacidad legal de trasladar menores a la península. Ya lo ha hecho, y Andalucía tiene un recurso presentado cuando hizo aquel primer reparto, nos dijeron que teníamos que asumir 600 menores, pero a Cataluña y al País Vasco, cero. En Andalucía estamos por encima del 100% [de capacidad], porque nosotros seguimos acogiendo a menores no acompañados, los que van llegando en las pateras”.

En efecto, el reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería sirvió precisamente para eso: que la reubicación de menores migrantes no dependiera de la voluntad solidaria de las comunidades, sino que esa solidaridad fuera obligatoria. Es el Gobierno quien puede, ahora con la nueva ley, forzar a las comunidades a acoger un número X de niños extranjeros, en función de su capacidad ordinaria.

Pero no puede mover a esas personas sin tramitar primero sus expedientes y garantizar sus derechos. Es en ese impasse en el que la ministra Rego propuso a las comunidades acuerdos bilaterales para repartir la presión migratoria de Ceuta entre todos, de forma temporal. Es a eso a lo que se ha cerrado en banda Moreno (Navarra sí ha ofrecido esa ayuda), a pesar de tener un convenio suscrito con la ciudad autónoma, desde 2024, que ambos territorios han usado en el pasado sin que se desate la polémica.

Al ser preguntado si es el pacto PP-Vox en Andalucía y el rechazo taxativo al acogimiento de menores lo que tiene maniatado al presidente de la Junta, Moreno explicó que “el acuerdo dice que voluntariamente no sumamos más menores no acompañados, pero la ley la cumplimos”. “Los que llegan a través de pateras tenemos la obligación de acogerlos, y lo hemos hecho. Esta misma semana, la pasada y la anterior”, ha subrayado, que defiende que Ceuta no se apoyo en Andalucía para aliviar su carga migratoria, porque “en que esas personas pongan un pie en la península, que es su objetivo, Ceuta se convierte en el punto de entrada a Europa. Y eso puede atraer un efecto llamada y otra invasión”.

El debate de solidaridad con Ceuta en el Parlamento andaluz ha degenerado en un estallido de insultos y expresiones malsonantes entre PP y Vox, socios del Gobierno de Juanma Moreno, y la bancada de las izquierdas. No han pasado ni 48 horas desde que se inició la primera sesión de control de la legislatura, tras las elecciones del 17 de mayo, y el ambiente político es irrespirable.

En parte, porque el horizonte no son los próximos cuatro años de legislatura, que mencionó reiteradamente Moreno el día antes, tratando de desincentivar a sus ya de por sí desmoralizados adversarios del PSOE. El horizonte son las próximas elecciones generales. Sus señorías están en precampaña, en plena guerra dialéctica, y la primera línea de confrontación es la crisis de Estado que vive Ceuta, probablemente la peor que ha encarado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en ocho años.

“¡Aquí no cabe la moderación!”, ha anunciado la diputada de Vox María Eiberle, al abrir el debate sobre la situación de Ceuta. Una frase que sirve tanto de presentación como de epitafio de la recién estrenada legislatura en Andalucía.

El arranque del curso político, bajo el primer Gobierno de coalición PP-Vox, recuerda mucho a aquella legislatura del año 2019, cuando se estrenó el primer Ejecutivo de Moreno -poniendo fin a 37 años de socialismo en el poder- y la ultraderecha irrumpió en la primera institución española. Ambos factores, inéditos, convirtieron las primeras sesiones del Parlamento en tormentas políticas, con cruces de insultos y palabras gruesas entre la bancada de la izquierda destronada y la llegada de los diputados ultra. “¡Fascistas!”; ¡Planchabragas!“, se decían entonces, a micrófono abierto.

Algo parecido ha ocurrido este jueves en la Cámara andaluza que, tras evaporarse la mayoría absoluta de Juanma Moreno, ha sufrido un abrupto retorno al pasado: de aquel espacio zen bajo el efecto narcotizante de una política hipotensa [58 diputados del PP]al volcán en erupción que acostumbramos a ver en el Congreso.

Los insultos cruzados han vuelto a poblar el diario de sesiones, incluso en boca de un vicepresidente de la Junta, flamante consejero de Turismo y Justicia, Manuel Gavira, que aún no se ha ajustado el traje institucional y sigue ejerciendo como portavoz del grupo ultra, pero desde el sillón verde del Gobierno. “Los puteros son ustedes”, le ha soltado el vicepresidente Gavira a la bancada socialista en su primera intervención desde la tribuna, cuando el PSOE ha denunciado que las unidades de valoración a víctimas de la violencia de género han recaído en manos de Vox, “un partido negacionista”.

“Puteros”, “sinvergüenzas”, “nazis”, “idiotas”, “racistas”, “machistas”, “hipócritas”. La segunda sesión del Pleno empezó por la mañana, temprano, con las primeras preguntas de la oposición a Gavira. Ahí fue cuando los socialistas se refirieron a Vox como un partido de “machistas y racistas”, y el vicepresidente de la Junta les llamó “puteros”.

El PSOE protestó, exigió que se retirase el exabrupto del diario de sesiones, la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre, consintió a cambio de borrar también los duros calificativos que los socialistas habían dedicado a su socio de Gobierno. Más adelante volvió a ocurrir: Mestre silenció el micrófono del diputado socialista Mario Jiménez, cuando tildó de “sinvergüenzas” a sus señorías del PP por intentar hacer ingobernable Ceuta y reventar la situación“, pero lo dejó pasar cuando el portavoz popular, Toni Martín, le respondió en su turno con el mismo calificativo.

El PSOE de María Jesús Montero, el más vilipendiado por una mayoría parlamentaria abiertamente conservadora (PP y Vox suman 68 diputados de 109), elevó un escrito de queja a la presidenta de la Cámara acusando su “imparcialidad”. “Vox no ha pedido que se retire del diario de sesiones el calificativo de machistas y racistas, no se dan por aludidos, quien lo ha hecho en su nombre es la presidenta del Parlamento”, mascullaron los socialistas. Ni unos ni otros consintieron borrar sus insultos del diario de sesiones, lo hizo Mestre “de oficio” y en clave salomónica.

En ese ambiente belicista -con Moreno y Montero fuera de la Cámara, acompañando la visita de Pedro Sánchez al proyecto de hidrógeno verde en Huelva- se llegó al debate sobre la crisis migratoria de Ceuta, una proposición no de ley impulsada por Vox. Se preveía un duelo convulso, porque la semana previa PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía habían vetado una iniciativa similar del PP, aduciendo que era un subterfugio para atizar al Gobierno.

Las proposiciones no de ley son meros posicionamientos políticos del Parlamento, a veces sobre asuntos que competen al Ejecutivo central, y donde afloran las contradicciones de los grupos que van a rebufo. Aquí, PP y Vox buscaban retratar las contradicciones de las izquierdas, obligándoles a votar un texto que brindaba apoyo público a Ceuta, a la par que exigía dimisiones de ministros y tiraba por tierra la política inmigratoria del Gobierno.

La iniciativa de Vox que se ha debatido -cercenada por los grupos de izquierdas- conjugaba esas dos facetas: reafirmación de la soberanía española de Ceuta y Melilla, rechazo a las pretensiones de Marruecos sobre el territorio español y la condena a las declaraciones de ministros marroquíes... Se apeó la crítica al Gobierno de España por su tibieza en el conflicto con el reino alauita y la petición de cese del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska. Aun así, el tono bronco del debate no invita a la izquierda a votar a favor. Estos suelen ser debates trampa: votar sí es alinearse con la derecha, votar no es rechazar en bloque toda la iniciativa, incluida las partes de más consenso, por ejemplo, reafirmar la soberanía española de Ceuta.

Pero aquí importa más el debate que el resultado. La discusión la abrió la diputada de Vox María Eiberle, que planteó el debate como un pulso entre españoles buenos y malos. Ahí es donde sentenció la muerte de la “moderación” -entiéndase, la vía andaluza de Moreno-. “O con Marruecos o con España; o con las mafias y las ONG que trabajan para ellas o con los españoles; o con los invasores o con los españoles. La izquierda andaluza pertenece a la mafia del traidor Sánchez”, dijo.

El discurdo de Eiberle, leído, tocó techo cuando denunció que “ponerle camas nuevas a los inmigrantes en Ceuta” era una “traición” a España. El primero en recoger el testigo fue el coordinador federal de IU y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que comparó el hostigamiento de Vox con “los nazis”. “Usted lleva un crucifijo colgado del cuello pero se ha olvidado de la compasión cristiana que representa”, le dijo Maíllo, afeándole que no hubiera mencionado a los 141 inmigrantes que murieron en el mar intentando cruzar la frontera.

Así es la imagen que ofreció el Parlamento de Andalucía, “extensión de Ceuta”, en palabras del presidente Juanma Moreno. “¡Aquí no cabe la moderación!”, ha proclamado su socio de Gobierno, instándole a ponerse cómodo en el nuevo “frente común contra el traidor Pedro Sánchez”. Ya se lo había anticipado Gavira tres meses antes de convertirse en su vicepresidente primero: “¡Vamos a polarizar mucho! Quieren llenar España y Andalucía de moros”.

Con todavía miles de extranjeros hacinados en Ceuta -unos 3.000 menores- Andalucía y el resto de comunidades gobernadas por el PP se han negado a acoger provisionalmente a esos niños para descongestionar la ciudad autónoma, cargando toda la responsabilidad sobre el Ejecutivo central. Tampoco el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha echado mano del convenio bilateral que tiene firmado con Moreno desde 2024 para casos de contingencia migratoria como ésta. Las izquierdas andaluzas les acusan de “boicotear” las soluciones que ofrece el Gobierno para intentar aliviar la crisis.

En paralelo, el Parlamento Europeo estaba aprobando, a esa hora, una iniciativa impulsada por los populares y la ultraderecha (rechazada por socialdemócratas, liberales e izquierdas) para denunciar “la instrumentalización de los migrantes irregulares es una herramienta de guerra híbrida”, defender que la “soberanía e integridad territorial de Ceuta y Melilla deben respetarse”, para “alertar por el efecto llamada de la regularización a gran escala en España, que envía el mensaje equivocado”, y para exigir a España que “debe aplicar el Pacto sobre Migración y Asilo y cooperar con Marruecos para la readmisión de migrantes”.

Ana Redondo, ministra de Igualdad, carga contra el Gobierno andaluz tras haber dejado en manos de Vox el área de Justicia, a donde están adscritas las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, al calificar como “incoherente” y de “sinsentido” que un “partido negacionista” dirija este órgano encargado de evaluar a las víctimas de violencia machista. A renglón seguido, la ministra ha reiterado la necesidad de reunirse con Juanma Moreno, presidente de la Junta, indicando que este miércoles estará ella y su equipo “a su entera disposición” de forma presencial antes de su vuelta a Madrid.

El Gobierno central convocó hoy el Comité de Crisis sobre violencia de género por primera vez en Andalucía debido a la “preocupación” que despierta el número de asesinatos machistas cometidos en los últimos años en la comunidad. En 2024 se registraron un total de 10 mujeres asesinadas, cifra que ascendió a 15 en 2025 y, en lo que llevamos de año, la comunidad ya cuenta con 10 víctimas, de las que seis fallecieron en Málaga, “un porcentaje muy elevado con respecto al peso poblacional, lo que da 10 puntos por encima en Andalucía y 40 puntos en la provincia”, aseveró la ministra en una rueda de prensa tras guardar un minuto de silencio para condenar el crimen de una mujer de 88 años, 37º víctima mortal en España por violencia de género el pasado 11 de septiembre en San Sebastián de los Reyes.

“Solicitamos en junio una reunión y no hemos recibido respuesta”, subrayó Redondo, “estamos a plena disposición para seguir avanzando y reforzando la cadena de protección”, destacando que “cada eslabón” importa, entre ellos, el compromiso de las instituciones públicas. Por ello, señaló directamente al dirigente popular por adjudicar Justicia al vicepresidente segundo y líder andaluz de la ultraderecha, Manuel Gavira, y advirtió que el Estado “estará muy vigilante”, ya que, entre otras cuestiones, las unidades de valoración “se pueden sufragar con los fondos del Pacto de Estado” contra la violencia de género.

En el Comité de Crisis, convocado en la Delegación del Gobierno en Andalucía, estuvo presente Carmen Martínez, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y Loles López, consejera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad, representante de la Junta de Andalucía a la que se refirió la ministra. “Que esté la consejera es una obligación y me encantaría también analizar las unidades de valoración, pero por eso escribimos a Moreno Bonilla y queremos que este tema se responda de alguna manera desde la autoridad autonómica”, insistió Redondo.

El control de las pulseras 'antimaltrato'

La ministra también se ha referido al escrito firmado por la Audiencia Provincial de Málaga fechado en julio en el que se advierte de los errores de localización de las pulseras antimaltrato tanto de víctimas como de investigados, adelantado por ABC, y que fue remitido al Ministerio de Igualdad y al Observatorio contra la violencia doméstica y de género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

“Lamentablemente, en este escrito no se hace llegar al Ministerio casos concretos, son valoraciones genéricas, y ya vimos lo que ocurrió con una valoración genérica de la Fiscalía en la memoria de 2024”, en referencia a la polémica generada por el órgano judicial que, en su informe, refirió que había fallos “puntuales”, aunque luego rectificara y añadiera que las víctimas habían estado “protegidas en todo momento”. Al respecto, Redondo indicó que necesitan conocer “exactamente lo que entienden desde la Audiencia que ha fallado y en qué casos ha fallado, sino es muy difícil. Lo que sí les digo es que ninguna mujer con dispositivo Cometa ha sido asesinada”

No obstante, el oficio judicial también alerta de los errores técnicos del Centro Cometa, el servicio encargado de hacer el seguimiento de las pulseras antimaltrato. A ello, la responsable de Igualdad añadió que “se han reforzado todos los protocolos” y que la redacción de las nuevas licitaciones recogían el año pasado las recomendaciones realizadas, pese a que lamentó que el CGPJ no se mostrara de acuerdo con la recomendación que se le hizo desde su instancia para mejorar la formación en materia de género en la judicatura.

VioGén y el caso de Franyel

Andalucía cuenta con un escollo que, por el momento, es insalvable: solo un tercio de los municipios están incluidos en el sistema VioGén, en el que se incluyen las medidas de seguridad para proteger a las mujeres víctimas de violencia machista. Solo el 37,2% de las corporaciones locales están inscritos, es decir, 292 de un total de 785 municipios. Unas competencias que están en mano del Ministerio del Interior pero materia en la que Igualdad ha expresado su preocupación.

“Los municipios tienen que hacer un convenio para que haya medios disponibles, que son los policías locales y la guardia civil”, recordó Redondo, “hay zonas en las que faltan efectivos o se deciden otras prioridades”. “Hacemos un llamamiento a que los municipios valoren ingresar en este sistema de protección”, añadiendo que comprenden las dificultades que atañen, por ejemplo, a los municipios con menor población en el que apenas hay policías desplegados para cumplir con todas las funciones.

Por último, la ministra se refirió al caso de Franyel, una mujer trans de 35 años asesinada a manos de su pareja en San Pedro de Alcántara (Marbella) en el mes de agosto. La Asociación Trans de Andalucía–Sylvia Rivera (ATA) emitió un comunicado en el que exigía que se adecuara el tratamiento institucional que está recibiendo el crimen, ya que, al no haber solicitado el cambio registral de sexo se ha procesado su caso por lo penal en vez de los tribunales especializados de violencia sobre la mujer.

“La ley trans nos indica que para ser considerada víctima de violencia de género tendría que haberse registrado, esto es constitutivo, no declarativo”, un hecho que ha condicionado la investigación: “Hay que aplicar la ley y, en este sentido, nos lleva a discernir que constitucionalmente no está inscrita”. En vista de las palabras de la ministra, se deduce que, en consecuencia, Franyel no será reconocida póstumamente como víctima de violencia machista.

Cruce de acusaciones

Una vez terminado el Comité de Crisis, la consejera andaluza de Igualdad criticó con dureza el posicionamiento del Gobierno central, tachando de “decepcionante” la actitud de la ministra de Igualdad en un comunicado. “No ha aportado ninguna solución”, indicó, añadiendo que el mayor número de asesinatos machistas que se dan en la comunidad se debe a que es la que concentra más población, pese a que los discursos negacionistas y la falta de recursos, como indican los expertos, también son un elemento clave para entender el contexto andaluz.

Sin hacer referencia a las medidas adoptadas o recomendaciones que se pudieran dar durante el encuentro, López pidió al término de la reunión más explicaciones sobre los fallos de los que dio cuenta la Audiencia de Málaga: “No ha dicho nada ni ninguna propuesta ante los fallos permanentes de las pulseras antimaltrato que hemos tenido conocimiento que continúan produciéndose”.

Pero a lo que no aludió fue a la carta que había remitido el Ministerio. Un detalle que sí mencionó en el Parlamento andaluz durante su intervención este jueves a las consultas formuladas por Vox, a los que replicó dejando claro desde un primer momento que “la violencia de género existe, desgraciadamente existe” y pidiendo unidad entre los grupos políticos de la Cámara autonómica.

A continuación, reiteró ante la oposición que “las pulseras siguen fallando, existen déficit en los cuerpos policiales para proteger a las mujeres”, aunque esta última cuestión quede fuera de la competencia ministerial y, para zanjar el asunto, añadió que Redondo acudió a Sevilla para “mentir”: “El 6 de agosto [la ministra] mandó una carta al Gobierno andaluz y el mismo 6 de agosto yo le respondo”, subrayó, enseñando el escrito ante las cámaras.

Sin embargo, fuentes del Ministerio de Igualdad señalan que la respuesta consistió en notificar que se había recibido la misiva y que se llevaría a cabo la tramitación. “Moreno nunca contestó y ninguno, incluida la consejera, ha dado nunca una fecha y hora para una reunión”, indican, ya que el motivo principal de la carta era emplazar un encuentro para discutir qué ocurrirá con las unidades de valoración de violencia de género, dependientes ahora mismo de la cartera de Vox, cuestión que no mencionó la consejera López en su intervención.

El Partido Popular era reticente a entrar de lleno en el debate “técnico” de la reforma del sistema de financiación autonómica, pactada entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC, porque suponía evidenciar la falta de consenso entre sus once gobiernos autonómicos sobre una propuesta de modelo alternativo.

El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso trató la semana pasada de impedir que el debate territorial saltara de pantalla, arengando al resto de presidentes autonómicos del PP a dar plantón al Consejo de Política Fiscal y Financiera donde iba a votarse la reforma, forzando así al Ministerio de Hacienda a suspender el encuentro e impedir que la tramitación de la propuesta avanzara por el camino pedregoso hacia el Congreso.

El llamamiento al boicot de Ayuso no fue escuchado por sus compañeros. En el Gobierno de Juanma Moreno afean a la presidenta madrileña que, con este bandazo “ineficaz”, desviara el foco de la “derrota política” del Gobierno ese día, que logró sacar adelante su reforma con el voto en contra del 87% de las comunidades, solo con el apoyo de Cataluña y Canarias.

Andalucía comparte la estrategia de confrontación de Díaz Ayuso contra el Gobierno de Sánchez —mandato unívoco de Génova— pero el estilo de Juanma Moreno no es la “deslealtad institucional”, mascullan en su entorno. La consejera andaluza de Hacienda y vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, acudió al encuentro con el ministro Arcadi España para trasladarle su 'no' rotundo a la propuesta de reforma, insistiendo en que “es un traje a medida para el independentismo catalán, pactado bilateralmente con ERC de espaldas al resto de comunidades”.

De los 21.000 millones adicionales que Hacienda prevé añadir a la caja común, Andalucía recibiría 4.846 millones más de los que ahora ingresa (23% del total), una cifra sensiblemente superior a la destinada a Cataluña (4.686 millones), y superior a la reclamación aprobada por el Parlamento andaluz en 2018 con los votos de PSOE y PP.

La Junta rechaza el nuevo modelo porque, según sus cálculos, bajaría varios escalones en financiación por habitante (siendo la comunidad más poblada) y siempre por debajo de la media nacional. “Andalucía recibiría 244 euros menos por habitante ajustado que Cataluña, una diferencia que se eleva a 418 euros respecto a Cantabria, 248 euros frente a Madrid y 223 euros respecto a Baleares”, advierten desde la consejería.

Pero antes de entrar en la reunión, la Junta de Andalucía había dejado por escrito sus alegaciones técnicas a la propuesta de reforma del modelo de financiación, y esas primeras alegaciones son interesantes porque dan un paso adelante en el debate: trascienden el discurso machacón esgrimido hasta ahora por Juanma Moreno, más allá del “pecado original” del pacto preferente para Cataluña, y desnudan que Andalucía sí tiene una propuesta alternativa.

Una de esas contrapropuestas del Gobierno de Moreno entronca precisamente con las reivindicaciones que María Jesús Montero, la exministra de Hacienda responsable de la reforma del modelo, hizo como consejera andaluza del ramo en 2018, cuando llevó al Parlamento el primer rediseño formal del modelo de financiación autonómica, aprobado por la Cámara con el voto sorpresivo y sorprendente de Juanma Moreno, entonces líder de la oposición y líder del PP andaluz con poco predicamento en su propio partido.

Decía entonces la exministra —y luego vino a reafirmarlo Moreno ya como primer presidente andaluz del PP— que Andalucía necesitaba urgentemente estrechar el desfase existente entre su población de derecho (la real, la empadronada) y la población ajustada (recalculada a partir de elementos de corrección, como el número de personas mayores o de nacidos; la dispersión poblacional, etc. que influyen en el gasto de los servicios).

En Andalucía, como en la Comunidad Valenciana, el problema actual de infrafinanciación no emana solo del actual modelo, sino de esa brecha entre la población real y la ajustada. En el caso andaluz, en 2018, Montero puso cifra a ese desfase: 220.000 andaluces que no computaban para el Estado en términos de reparto financiero, es decir 220.000 andaluces “que contribuyen al Estado con sus impuestos sin recibir nada a cambio”, dijo entonces.

El primer consejero de Hacienda de Moreno, Juan Bravo, hoy vicesecretario general del PP y portavoz de Hacienda en el Congreso, hizo suya esa misma premisa y actualizó la cifra en 2021: 197.879 andaluces, calculando que serían necesarios 556 millones de euros para corregir ese desequilibrio entre la población real y la ajustada.

Esto, que siempre se ha dicho en voz alta en Andalucía, encontraba la complicidad de otros territorios infrafinanciados, como Valencia, Murcia y Castilla La Mancha, con cuyos presidentes Moreno firmó sendos acuerdos bilaterales para pedir al Gobierno una reforma del modelo.

En esos acuerdos, firmados entonces por barones del PSOE y del PP, se anticipaban las contrapropuestas que la Junta ha trasladado por escrito al Ministerio de Hacienda, casi seis años después. Esas propuestas ya chocaban de frente con las reivindicaciones dispares de otras comunidades como Galicia, Castilla y León, Aragón o Extremadura, que tienen su agujero financiero localizado en otros factores, como la despoblación o la dispersión de sus habitantes.

Alberto Núñez Feijóo, entonces presidente de la Xunta, abanderó en el norte de España otro frente común de estas comunidades con singularidades comunes, y una propuesta de reforma del modelo contraria a los intereses de Andalucía. Moreno también firmaría un pacto con Feijóo para exigir al Gobierno la reforma del modelo, pero el documento no pasaría de ahí, sin ahondar en reclamaciones específicas sobre la población ajustada.

Las alegaciones que Andalucía envió al Ministerio de Hacienda hace unos días insisten en sus reivindicaciones pero, por primera vez, introducen por escrito un planteamiento que confronta con los intereses de esas otras comunidades hoy gobernadas por el PP: “en ningún caso se debe de aceptar una propuesta de población ajustada que implique una desviación de más del 1% respecto a su población de derecho”, ha trasladado la Consejería andaluza de Hacienda al Ministerio, descubriendo por primera vez una alternativa concreta.

El ministro España se congratula de que la Junta de Andalucía haya entrado, al fin, en un debate de números, y anticipa que esta propuesta golpea de frente las expectativas de una mejor financiación para Castilla y León, Galicia, Aragón y Extremadura, todas en manos del PP.

El 1% de la población real de Andalucía, según los datos del INE actualizados a 1 de julio de 2026, son 87.780 personas, un desvío notablemente inferior al que calculó Bravo en 2021, y que admitiría implícitamente un recorte del 50% de los recursos adicionales que se reclamaron entonces (esos 556 millones de euros).

El informe de la Cámara de Cuentas

Las alegaciones de la Junta tienen importancia política, primero porque meten al Gobierno de Moreno de lleno en un debate de cifras y cálculos sobre población y sobre el coste de sus servicios públicos, es decir, sobre la arquitectura misma del Estado. De esto va la película. Y la Junta ha entrado en esta película —que hoy dirige el Gobierno de Sánchez— porque arrastra desde hace años un problemón gordo que no tiene Ayuso en Madrid: una “infrafinanciación” que deja a la comunidad más poblada de España entre 4.000 y 5.000 millones por debajo de lo que le correspondería para costear eficientemente sus servicios públicos: sanidad, educación, dependencia...

La “infrafinanciación” de Andalucía con el actual modelo de reparto de fondos, caduco desde 2014, es un consenso de todas las fuerzas políticas del Parlamento, suscrito así en un documento aprobado en 2018, poco antes de que el PSOE perdiese el poder tras 37 años ininterrumpidos gobernando.

Esta semana, la Cámara de Cuentas ha realizado un informe de fiscalización sobre los resultados para Andalucía del sistema de financiación de las comunidades de régimen común, insistiendo en que “los recursos del Fondo de Garantía” de servicios públicos fundamentales “solo cubrieron el 78,48% del gasto liquidado, generando una insuficiencia de 4.333,15 millones de euros anuales” en esta comunidad.

“En términos per cápita, el déficit de financiación de los servicios esenciales para Andalucía se mantuvo de forma estructural a lo largo de toda la serie, aunque con una tendencia descendente: desde 971,07 euros por habitante en 2009 hasta 560,73 euros en 2023, con una media anual de 514,53 euros por habitante”, se puede leer también en el documento.

El órgano de fiscalización de la Junta de Andalucía denuncia que ese déficit de recursos tiene que ver con una mala ponderación de variables de la población ajustada, que hace que el cálculo de gasto en sanidad, educación y servicios sociales no sea correcto. Es decir, que hay un desajuste notorio entre el número de habitantes que necesitan y demandan esos servicios públicos y la capacidad de estos para dar respuesta a todos.

La Cámara de Cuentas también censura, en consonancia con la tesis del Gobierno de Moreno, “el diseño y reparto” de los mecanismos complementarios de financiación: Fondo de Suficiencia Global y Fondos de Convergencia, que considera “limitados”. Pero también cuestiona la política fiscal de Moreno —esa bajada masiva de impuestos, bandera del PP en las últimas tres elecciones andaluzas— que ha mermado los ingresos de la Junta para sostener los servicios públicos por debajo de la media nacional.

“La capacidad tributaria normativa de Andalucía se sitúa por debajo de la media de las comunidades de régimen común durante todo el período analizado, con un índice medio per cápita de 82 sobre una media de referencia de 100”. “Todas las comunidades autónomas de régimen común, con una única excepción, presentan un índice de capacidad superior al de Andalucía, que ocupa así la penúltima posición del conjunto”, reza el documento.

A Moreno le interesa hablar seriamente de la reforma del modelo de financiación, más allá de discutir que el marco inicial de debate lo ha construido el PSOE a imagen y semejanza de Cataluña, a partir de un pacto bilateral con sus socios de ERC. Y en ese debate técnico, Andalucía ha empezado a concretar sus contrapropuestas al modelo originalmente diseñado por Montero, hoy jefa de la oposición en el Parlamento regional.