La previsión de un reparto de menores tras la crisis humanitaria de Ceuta plantea un escenario complejo para la alianza entre PP y Vox en Andalucía. Una cuestión para la que el vicepresidente segundo de la comunidad, Manuel Gavira, ya ha mostrado su rechazo y por la que, en el caso de Juanma Moreno, ha pasado de puntillas. “Hay un acuerdo suscrito con el grupo Vox que es la acogida de menores con respecto a la ley, como dice la cláusula”, ha manifestado a medios dada en su visita a la ciudad autónoma. Una línea roja que ha esquivado apuntando a la gestión del Gobierno central: “Todas las personas que entraron de manera ilegal a Ceuta tienen que volver a Marruecos”.

“Más allá de eso [del acuerdo], sería un flaco favor”, ha aseverado, “estaríamos haciendo un efecto llamada con efectos imprevisibles a futuro”. Por tanto, se ha escudado en lo manifestado por el Gobierno de Pedro Sánchez y la Comisión Europea para añadir que “todos y cada uno de los migrantes tienen que volver al punto de origen en el plazo más breve”, exigiendo que se pongan “todos los recursos” para que se alcance esta finalidad. Sin embargo, el anuncio del Gobierno para impulsar una partida extraordinaria de 25 millones de euros dedicados a la atención de los niños y adolescentes que se encuentran solos en Ceuta podría menoscabar el pacto que mantiene con la ultraderecha, ya que, como mostró el propio presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, esperaba que se respetara la legalidad.

Horas antes, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ya había afirmado desde el puerto de Algeciras que se opondría “por tierra, por mar y por aire” a este reparto de menores. “La Junta de Andalucía está en contra de cualquier reparto”, ha zanjado aludiendo al documento de 150 puntos con el que logró entrar en el Gobierno andaluz. El pacto decreta en el segundo apartado referido a la Inmigración un “rechazo frontal” al reparto de menores, que sería, textualmente, la siguiente línea: “La Junta de Andalucía rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”.

Proyección turística

Con la visita institucional, Moreno se ha convertido en el primer presidente de una comunidad autónoma que visita Ceuta tras la crisis humanitaria acaecida los días 30 y 31 de julio que atrajo a la frontera a unas 80.000 personas. El líder andaluz ha calificado la actuación del Gobierno central de inoperante e incompetente, uniéndose así a la línea marcada por el PP de Alberto Núñez Feijóo, al mismo tiempo que anunciaba una serie de medidas para la colaboración entre las dos comunidades en apoyo de la economía ceutí.

“El Gobierno de la nación no ha estado a la altura”, ha reiterado Vivas por su parte, “no lo estuvo cuando se produjo la vulneración de nuestra integridad territorial y no lo está ahora cuando requerimos de una manera inaplazable la vuelta a la normalidad, garantizando la debida protección de los ceutíes y atendiendo, por supuesto, las emergencias humanitarias que surjan, pero sin olvidar nunca que la vuelta a la normalidad tiene que ser el retorno a Marruecos de todas las personas que participaron en una entrada masiva, organizada e ilegal”.

Con un ritmo de entre 25 y 30 expedientes de expulsión, ha detallado Vivas, se lograría concluir con estos trámites “en un año”. Un punto al que ha añadido que “la seguridad de nuestra frontera no puede ni debe estar encomendada al país vecino”, en referencia a Marruecos, “dicha seguridad tiene que estar encomendada a España y a Europa: tenemos un vecino que no es fiable”. Para “superar este trance” confían en su alianza con Andalucía, ha subrayado.

Las colaboraciones se fijan, según ha indicado, en un programa de comercialización turística conjunta que incorpore a Ceuta como extensión de la Costa de Sol, Cádiz y Gibraltar, al igual que apoyo en la conexión marítima con Málaga y una serie de encuentros para proyectar a la ciudad como destino empresarial con el fin de buscar inversores y cooperaciones. Asimismo, la creación de un servicio de acompañamiento a las empresas andaluzas interesadas en invertir en la capital y el acceso de las pymes andaluzas al Centro de Computación, al igual que la creación de un fondo común de capital riesgo y la intensificación de la ciudad ceutí en Canal Sur, entre otras cuestiones.

“Sensación de abandono”

Por su parte, el presidente andaluz ha calificado como “invasión” los hechos ocurridos hace 21 días y ha correspondido a las palabras de Vivas con el compromiso para apoyar la economía ceutí, “Andalucía será una de las grandes aliadas constante y permanentemente para volver a la normalidad ansiada”.

Tres semanas después, Moreno ha criticado que “en pleno siglo XXI no sea capaces de tener las cifras”, en referencia al número total de personas migrantes habiendo “tiempo más que suficiente”. Unas circunstancias “intolerables” que ha puesto de relieve al reiterar que “han agredido una parte fundamental de Andalucía y España”. “Llevamos todo este mes viendo la sensación de abandono y la impotencia de los ciudadanos de Ceuta que sobrepasa cualquier capacidad de respuesta, como hubiera sido en cualquiera de las ciudades de España, y a pesar de eso, con los recursos y las limitaciones, se da una respuesta contundente”, ha afirmado.

Moreno ha pedido la coordinación e implicación de “todos los gobiernos y administraciones” a raíz de la crisis humanitaria que aconteció en la frontera de El Tarajal. “Lamentablemente, y no me gustaría hacer esta afirmación, el Gobierno de España no ha estado a la altura de las circunstancias y ha dado una imagen de inoperancia e incompetencia que se ha comprobado desde el resto de España y Europa”, ha apuntado el popular, inquiriéndo por qué no se ha activado el mecanismo de Frontex.

En referencia a la frontera sur, compartida por Melilla y Canarias, ha apostillado Moreno, posee “unos problemas de gran intensidad donde echamos de menos un apoyo más contundente del Gobierno de la nación”. Como vicepresidente del Comité de las Regiones, ha reclamado “una mirada más seria al sur de Europa y a las regiones fronterizas”, ofreciendo su compromiso a dar “todo el apoyo” a la ciudad autónoma una vez y que asuma el cargo como presidente a partir de septiembre. Motivo por el que, ha indicado, se llevará “este asunto para tener el respaldo una de las cuatro instituciones más importante que hay en Europa, porque hoy todas las ciudades de Europa se sienten atacadas”, rechazando la imagen “de debilidad” frente a la inmigración irregular.

Blas Infante luchó como nadie para que Andalucía tuviera su propio autogobierno. Eso le costó la vida. 90 años después de su cobarde asesinato, la ultraderecha que reniega de nuestra autonomía y mancha su nombre, gobierna en Andalucía. Moreno Bonilla deshonra este aniversario al haber acordado que un representante de Vox se siente en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía por la que Infante dio su vida.

Cuando la ultraderecha interior y global amenazan a España y a la UE, a través de una oposición que no acepta que la izquierda pueda gobernar y ha ensamblado una coalición reaccionaria para deslegitimar al Gobierno desde el primer momento, y Trump, Netanyahu y los tecnoligarcas han ensayado a guerra híbrida desatada sobre Ceuta y Melilla, esta Junta de Andalucía se ha convertido en la terminal de la reacción en nuestra tierra.

El reciente pacto entre Moreno y Vox se basa en la negación del cambio climático mientras que los andaluces y andaluzas sufrimos un calor insoportable, que además potencia incendios devastadores que ya han costado 12 muertes este verano o niega la violencia machista a pesar de que en Andalucía se suceden los asesinatos y la violencia machista. Somos la comunidad autónoma donde más asesinatos machistas: se han registrado desde 2003, 290 mujeres asesinadas. El pasado año en Andalucía fueron asesinadas 15 mujeres y diez ya en lo que llevamos de 2026.

El pacto entre PP y Vox le da la espalda a la realidad de Andalucía que afronta una encrucijada de problemas que se retroalimentan. Seguimos en una desigualdad estructural, debida un modelo productivo dependiente que ha apostado todo por el sector turístico y de servicios en detrimento de la industria y la innovación, que causa entre otras consecuencias un desempleo que persiste como una herida crónica.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión

Son indiferentes ante el brutal encarecimiento de la vivienda y de la alimentación que golpea a las familias trabajadoras y demuestra que la inflación se vive de forma desigual: el salario real medio ya no mide el bienestar cuando lo esencial concentra el presupuesto.

Siguen fomentando un turismo masivo que tensa los servicios públicos municipales y el mercado de la vivienda, al reconvertir miles de alojamientos en vivienda de uso turístico.

Niegan la crisis climática que castiga sobre todo a los barrios vulnerables con una gestión del urbanismo en las grandes ciudades andaluzas donde gobierna el PP que obvia la emergencia climática y se olvida de los barrios.

Van a seguir privatizando y deteriorando la sanidad y la educación públicas, que arrastran déficits crónicos de inversión.

Ignoran que las infraestructuras ferroviarias y de transporte reclaman un impulso decidido, al igual que la transición a energías renovables y la electrificación, en un contexto de precios volátiles del petróleo.

Rechazan las propuestas de mejora de la financiación autonómica y de la quita de deuda, solo por seguir confrontando con el Gobierno de coalición.

Por todo ello, Andalucía necesita un proyecto de país que ponga la vida digna en el centro.

Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad

Hay que organizar desde ahora la oposición al Gobierno de Moreno Bonilla con mucha más contundencia, con la urgencia de estar preparados incluso para un adelanto electoral en Andalucía, construyendo una mayoría social progresista que se proyecte en una mayoría electoral.

Las elecciones generales y municipales en 2027 son cruciales para Andalucía y para la defensa de la democracia en España y en la Unión Europea. La izquierda tiene que echar el resto para ganarlas. Defendemos listas unitarias de toda la izquierda en el Senado, una cámara cuya actual fórmula de elección distorsiona gravemente la proporcionalidad.

Para ganar las elecciones necesitamos construir un potente movimiento político-social que proporcione espacios para ampliar la dimensión participativa y representativa de la ciudadanía, para la movilización del electorado progresista, construyendo una relación de confianza y cercanía con la gente corriente, aportando la esperanza de que juntas podemos mejorar, ofreciendo más seguridad frente a la situación actual de incertidumbre, desde la identificación de objetivos comunes adaptados a la sociedad actual.

Queremos impulsar que Por Andalucía sea una organización político-electoral estable, con entidad propia, que dé el salto desde la coalición a la convergencia con una estructura organizativa democrática y participativa.

Queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea

Reivindicamos que Por Andalucía sea una organización andaluza 100%, un sujeto andaluz que comparta un andalucismo democrático, ni chovinista ni excluyente, para el empoderamiento de Andalucía en un horizonte federal y que se integre como tal en la urgente coalición a nivel estatal de la izquierda alternativa.

Desde Iniciativa del Pueblo Andaluz aportamos una propuesta política que vaya más allá de las competencias autonómicas pero que son importantes para la vida de los andaluces y andaluzas porque donde acaban nuestras competencias, comienzan nuestras incumbencias.

Ese es nuestro homenaje a Blas Infante en este 90 aniversario de su asesinato. Siguiendo sus enseñanzas queremos una Andalucía por sí, con una autonomía no solo jurídica sino también estratégica, con un proyecto reformista para España y la Unión Europea desde la democracia y el federalismo, que contribuya a la transición ecológica universal para la justicia social.

Hay decisiones que definen a un Gobierno. Y hay decisiones que retratan a un presidente.

Juanma Moreno lleva años intentando convencer a los andaluces de que él es la derecha moderada. El dirigente que pone distancia con Vox. El político sensato que representa una derecha homologable, tranquila y alejada de los extremos.

Pero cuando le llega la hora de mantenerse en el gobierno, los hechos vuelven a desmontar el relato.

Moreno Bonilla ha decidido entregar a Vox las competencias relacionadas con la violencia de género. Y entre ellas, una pieza especialmente sensible: las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

No estamos hablando de una competencia administrativa menor. Estamos hablando de mujeres víctimas de violencia machista. De sus hijos e hijas. De profesionales que evalúan el daño físico y psicológico sufrido, las consecuencias de la violencia sobre los menores y el riesgo y la peligrosidad del agresor. De informes que pueden ser determinantes para que un juez adopte decisiones que afectan a la protección y seguridad de la víctima.

Y esto debería bastar para que cualquier presidente responsable tuviera muy claro que hay cosas con las que no se juega.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada

Estas unidades forman parte de un modelo de protección construido durante décadas. La Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, estableció un sistema especializado para afrontar esta violencia que Andalucía desarrolló con su propia Ley en 2007.

No fue una ocurrencia. No fue una moda. No fue una cuestión partidista.

Fue la respuesta de una sociedad que decidió que la violencia que sufren las mujeres por parte de sus parejas o exparejas requiere una respuesta específica, especializada y coordinada. Y ahora Juanma Moreno pone una parte de esa responsabilidad en manos de un partido que lleva años diciendo exactamente lo contrario.

Vox quiere derogar la Ley Integral contra la Violencia de Género. Vox ha defendido sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar. Vox ha cuestionado reiteradamente la existencia misma de una violencia específica contra las mujeres y ha atacado las políticas públicas que se han construido para combatirla. No es una interpretación del PSOE. No es una exageración. Es lo que Vox ha defendido públicamente y lleva en sus programas.

no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox

Por eso la pregunta que Juanma Moreno tiene que responder no es qué hará Vox con las unidades de valoración. La pregunta es mucho más sencilla: ¿por qué ha decidido poner esta responsabilidad en sus manos?

Moreno Bonilla sabía perfectamente lo que piensa Vox cuando le entregó Justicia. Lo sabía cuando negoció su apoyo. Lo sabía cuando repartió las responsabilidades de Gobierno. Y, aun así, lo hizo.

Después vendrán las excusas. Nos dirán que los profesionales seguirán trabajando. Que las leyes siguen vigentes. Que las unidades continuarán funcionando.

Pero nadie está discutiendo la profesionalidad de quienes trabajan en ellas. Estamos discutiendo quién tiene la responsabilidad política de dirigirlas y qué concepción de la violencia de género tiene ese Gobierno.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración

Porque no es lo mismo que las políticas contra la violencia machista estén dirigidas por quien reconoce su especificidad y defiende su protección integral, que ponerlas bajo la responsabilidad de un partido como Vox que quiere eliminar precisamente el marco legal que las sustenta.

Y esto es lo verdaderamente grave. Moreno Bonilla ha convertido la protección de las mujeres en una pieza más de su negociación política con Vox. Ha decidido que el precio de mantenerse en el poder puede pagarse con los derechos de las mujeres.

Andalucía no puede retroceder en la lucha contra la violencia de género. Necesita más recursos para las víctimas. Necesita reforzar las unidades de valoración. Necesita más profesionales y mejor coordinación entre juzgados, servicios sociales, fuerzas de seguridad y administraciones. Necesita instituciones que estén a la altura de las mujeres que acuden a ellas cuando más lo necesitan.

Y necesita, sobre todo, que nadie tenga dudas sobre una cuestión fundamental: la violencia de género existe. Tiene unas características concretas. Tiene unas causas concretas. Y por eso necesita políticas específicas.

Que Juanma las haya puesto en manos de quien niega esta necesidad, lo retrata definitivamente: no es un moderado, es un irresponsable.

El Gobierno andaluz de Juanma Moreno, una coalición de PP y Vox, ha crecido por arriba a costa de recortar por abajo. La estructura del nuevo Ejecutivo, aprobada la semana pasada, incluye un desvío presupuestario de la dotación prevista inicialmente a cubrir vacantes de empleados públicos y de otras partidas (sin especificar) para pagar un sobrecoste de más de tres millones de euros en nuevos altos cargos y en puestos de confianza nombrados a dedo.

El decreto de estructura de la Consejería de Presidencia, que pilota el vicepresidente primero Antonio Sanz, incluye la creación de las tres nuevas vicepresidencias de la Junta, además de un puesto eventual más en cada una de las 13 consejerías, esto es, “un incremento de costes” de 2,7 millones de euros que obligará a la Junta a “quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir” en la Administración Pública, además de “la minoración de otras partidas presupuestarias”, que no se especifican.

El resto del ajuste presupuestario (312.864,54 euros anuales) sería el sobrecoste por la creación de nuevas direcciones generales adscritas a Presidencia. Además, se ha creado un nuevo departamento, la Consejería de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, con una viceconsejería y dos direcciones generales, que también han provocado “alteraciones” en la estructura del Gobierno y “un coste adicional de 317.060,01 euros anuales. Todo este sobrecoste de personal, en todas las consejerías, incluye en el presupuesto los gastos de la cuota patronal de seguridad social por importe del 30% de las retribuciones.

“Desdotación de plazas”

Así consta en el informe económico y financiero de la Consejería de Presidencia, al que ha tenido acceso este periódico: “Tras la emisión de los informes económico-presupuestarios de la totalidad de los decretos que regulen la estructura de las Consejerías de la Junta de Andalucía y sus servicios periféricos, procederá, en el caso de incremento de costes, a la desdotación de plazas de administración general o a la minoración de otras partidas presupuestarias, para conservar el objetivo de equilibrio en los créditos del capítulo de gastos de personal en el conjunto de la Junta de Andalucía, preferentemente en las secciones presupuestarias que hubieran dado origen a las necesidades presupuestarias”.

Fuentes de Presidencia explican que esa “desdotación” es algo común en la gestión presupuestaria de la Junta. “La desdotación de puestos de administración general es algo habitual y consiste en quitar la dotación presupuestaria de puestos vacantes sin cubrir. No se destruye ningún puesto de administración general, solo se le quita la dotación hasta que se cubra esa vacante”, explican estas fuentes.

Los sindicatos de Función Pública coinciden en que el Gobierno de Moreno es muy dado a hacer esta suerte de “ingeniería financiera”, sin aclarar qué cuerpos de la administración pública se ven afectados, es decir, de cuántas plazas de empleados públicos prescinde la Junta (y en qué áreas) para pagar, en este caso, la contratación de nuevos altos cargos.

Desde CCOO, argumentan que estos movimientos presupuestarios “opacos” hacen que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la Junta de Andalucía, negociada con los agentes sociales y publicada en su página web, “en la práctica sea irreal”. “Se pactan y aprueban una relación de plazas que el propio Gobierno considera necesarias para el buen funcionamiento de los servicios públicos, pero luego no las dotan de presupuesto, las dejan vacías. O, en este caso, las dotan de presupuesto, pero acto seguido se lo quitan para gastarlo en otra cosa”, explican desde el sindicato.

“Recortar indios para aumentar el número de jefes”

CCOO es muy crítica con esta gestión de recursos del Gobierno de Moreno. Explican que el objetivo es “recortar indios para aumentar el número de jefes” y denuncian que, en algunas provincias (como Málaga), más de la mitad de las plazas recogidas en la RPT de la Junta están sin cubrir, algunas con dotación económica y otras sin asignación.

Antes de constituirse el nuevo Gobierno de coalición PP-Vox, el gabinete de Moreno contaba con 301 altos cargos, desde el presidente hasta los delegados provinciales. En el último Consejo de Gobierno, la portavoz de la Junta, Carolina España, anunció que la nueva estructura del Ejecutivo aumentaba esta cifra en 13 directivos más, a pesar de que Moreno hizo gala de haber suprimido una consejería respecto a la pasada legislatura, pasando de 14 a 13.

El PP andaluz siempre fue muy crítico con los gobiernos socialistas por el volumen de altos cargos y personal de confianza en la Administración. Cuando llegó al poder, en 2019, abanderó una disminución progresiva de esa plantilla pero, a medida que avanzaba la legislatura –sobre todo a partir del segundo mandato, ya con mayoría absoluta– el número volvió a incrementarse hasta superar los 300.

Duplicidad de cargos en la consejería de Vox

También Vox ha sido extremadamente crítico con el número de altos cargos y nombramientos a dedo del anterior Gobierno de Moreno. Sin embargo, la Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, que pilota el vicepresidente segundo y líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, contará con más altos cargos que una consejería normal, 35 en total, al sumar dos secretarías generales en cada una de las ocho provincias andaluzas.

Es el único departamento donde se da esta duplicidad, aunque también es una macroconsejería donde confluyen políticas muy dispares, que nada tienen que ver entre sí. Este gasto adicional alcanza los 645.656,72 euros en el presupuesto anual del personal del ejecutivo andaluz.

“El volumen de trabajo que asume la nueva Delegación Territorial se ve notablemente incrementado, por lo que, al objeto de dar cumplimiento a los principios administrativos de eficacia, descentralización funcional, desconcentración funcional y territorial, coordinación y proximidad a la ciudadanía, que el ordenamiento jurídico andaluz proclama, resulta preciso contar en las Delegaciones Territoriales de la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local con dos Secretarías Generales Provinciales”, reza el expediente del decreto de estructura de esta consejería, aprobado en el último Consejo de Gobierno.

El incremento de personal también está justificado en la creación de “forma excepcional por razones de eficacia administrativa” de dos secretarias provinciales en una sola consejería. Una posibilidad que debe ser aprobada por el Consejo de Gobierno. Estos 24 cargos provinciales, entre delegados y secretarios provinciales, se suman a otros 11 altos cargos de la Consejería que cuenta con un viceconsejero, cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

La decisión del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno (PP), de ceder a Vox el servicio para valorar a víctimas de violencia de género, el mismo que la formación ultraconservadora exigió en su momento “depurar” por su “sesgo ideológico” sigue levantando una enorme polvareda. Tras hacerlo público este periódico, las reacciones en contra se han ido sucediendo hasta llegar ahora al choque institucional: el Gobierno central reclama una “reunión urgente” a Moreno, a la vez que le insta a “rectificar” el paso dado y le recuerda que esto “puede comprometer” los fondos que recibe Andalucía. A todo esto, desde la Junta se ha reaccionado defendido su “firme y claro compromiso” contra la violencia de género y exigiendo “lealtad institucional”.

La postura del Ejecutivo centra la ha dado a conocer la ministra de Igualdad, Ana Redondo (PSOE), en una carta remitida este jueves al presidente andaluz en la que le expresa su “profunda preocupación” al considerar que la decisión “pone en cuestión el compromiso de Andalucía” con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Por eso le pide que “reconsidere” una decisión que “transmite falta de compromiso a las víctimas”.

Además, y a juicio de la ministra, trasladar estas competencias a quienes niegan la violencia de género “puede comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos” vinculados al Pacto de Estado. Esa cuantía económica, recuerda, tiene como finalidad “garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

“Víctimas de segunda”

“Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda”, advierte Redondo, “ni ver debilitadas las políticas públicas” destinadas a garantizar su seguridad, libertad y “derecho a vivir una vida libre de violencia”. De paso, le recuerda que la cuestión es todavía más preocupante porque las cifras de violencia machista son muy “preocupantes” en Andalucía, por lo que insta a Moreno a que “retome la senda de la coherencia institucional”.

La ministra, que en sus redes sociales ya había cuestionado la lealtad del Gobierno andaluz al Pacto de Estado, ha remitido la misiva también a la responsable de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López (PP). Con esta consejera, Redondo también tiene una pugna abierta después de que criticase en redes sociales la designación de un hombre como coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Sevilla.

La Junta pide “lealtad institucional”

Por su parte, Loles López ha respondido vía comunicado, en el que ha reivindicado el “firme y claro compromiso” del Gobierno andaluz con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. De paso, ha reclamado “lealtad institucional entre administraciones” y ha pedido actuar “con altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas”, aunque en ningún momento ha respondido si la Junta está dispuesta a mantener la reunión solicitada o no.

A este respecto, ha defendido que “las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía cuentan actualmente con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral”, al tiempo que ha asegurado que la Junta “continuará creando derechos, implementando recursos y mejorando los servicios para las víctimas y sus familiares”. “Las víctimas siempre han sido y son nuestra prioridad”, ha remarcado.

Después de desgranar todas las medidas que la Junta ha puesto en marcha desde la llegada de Juan Manuel Moreno a la Presidencia en 2019, la consejera ha defendido “la unidad de toda la sociedad y la lealtad institucional entre Administraciones”. En este punto, ha incluido también “la altura de miras alejada de egoístas intereses partidistas” para así contar con los “elementos imprescindibles para desterrar esta lacra de la violencia machista que impide a las mujeres ser libres e iguales”.

PSOE: que Gavira vaya al Parlamento

En paralelo a la misiva que el Gobierno central le ha enviado a la Junta, el PSOE andaluz ha solicitado la comparecencia del vicepresidente segundo, Manuel Gavira (Vox), para que informe sobre la atención y los recursos para las víctimas de violencia de género que son de su competencia. Los socialistas, asimismo, reclaman medidas “para evitar cualquier retroceso, recorte o desmantelamiento en los recursos públicos” destinados a la protección de las mujeres.

En un comunicado, la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero, ha expresado su “preocupación” y la “indignación” de “las mujeres andaluzas y españolas” por el hecho de que “aquellos que niegan la violencia machista” tengan competencias en esta materia. “Esto es gravísimo”, ha apostillado, ya que está convencida de que esto “va a ser disuasorio en este tipo de denuncias” y de que “se van a minimizar los daños que se ocasionan por la violencia de género, puesto que la niegan en sí misma”.

“Vamos a ser muy exigentes”, garantiza Montero, que le va a pedir al Gobierno andaluz que ninguna actuación por violencia de género “esté en manos de la ultraderecha que la niega”. De paso, ha enmarcado la elección de un hombre para dirigir el IAM en Sevilla en una “declaración de intenciones del PP, que está descuidando de manera muy peligrosa la vigilancia y la seguridad de las mujeres víctimas de la violencia”.

“Vox gestionará las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género (UVIVG) en Andalucía, pero no puede suprimirlas, porque están blindadas en una ley estatal”. El presidente andaluz, Juanma Moreno, “está de vacaciones”, pero el terremoto político que ha provocado la cesión de estas competencias al socio ultraderechista del Gobierno ha empujado a la parte ejecutiva del PP a lanzar un mensaje de tranquilidad.

Eso sí, siempre desde el anonimato, porque ni desde Presidencia ni desde la Consejería de Igualdad han querido valorar esta cesión de atribuciones a un partido abiertamente negacionista de la violencia de género, que ha encendido las alarmas incluso en el Ministerio de Igualdad. “El PP ha lanzado un órdago al pacto de Estado contra la Violencia de Género [firmado por populares y socialistas en 2017]. El Gobierno de Andalucía deja a las víctimas en manos de los negacionistas y defensores del machismo. No lo vamos a permitir y ya estamos estudiando medidas. Insisto, señor Núñez Feijóo, ¿está rompiendo el pacto?”, volvió a escribir este miércoles la ministra Ana Redondo, en su cuenta de X. Preguntado al respecto, su gabinete no aclaró qué “medidas” está estudiando.

La decisión del presidente Juanma Moreno de delegar en su socio de Gobierno los servicios de atención psicosocial que calibran el riesgo para las mujeres víctimas de malos tratos ha desatado una polvareda política, pero, sobre todo, mucho “miedo e incertidumbre” entre las afectadas y las trabajadoras de estas unidades, adscritas a la Consejería de Justicia, que ahora pilota el vicepresidente segundo de la Junta y líder regional de Vox, Manuel Gavira.

Ese “miedo e incertidumbre” representa, además, “un obstáculo más para estas mujeres” –víctimas de violencia machista– a la hora de acudir a las instituciones en busca de ayuda y para denunciar las agresiones que sufren, reconocen fuentes del Ejecutivo andaluz. Las atribuciones que tiene la Consejería de Justicia son las mismas que tenía antes de que Vox asumiera este departamento, pero incluso en el PP andaluz hay quien se ha “sorprendido” de que un servicio “clave” en la lucha contra la violencia de género quede en manos de un socio negacionista. “Ahí no se ha calibrado bien el mensaje que esto iba a trasladar [a la ciudadanía]. La inquietud generada es natural”, admite un miembro del Ejecutivo, que pide anonimato.

Con todo, fuentes del Gobierno de Moreno –además del Ejecutivo central– han hecho un llamamiento a la “tranquilidad” para aclarar que el grupo ultraderechista no tiene margen legal para desmantelar este servicio, esencial para jueces y policías. En efecto, la ley que regula los Institutos de Medicina Legal, donde están adscritas las UVIVG, impide que un gobierno autonómico las suprima. Desde el PP andaluz aseguran que sus socios tampoco podrán “interceder en el trabajo de sus profesionales”, que seguirán siendo “los mismos” que antes de firmar el pacto.

Ni Gavira ni su equipo, que tomaron posesión hace apenas un mes, han aclarado aún qué planes tienen para este servicio de atención a víctimas, que cuando estaban en la oposición tildaron de “supremacismo ideológico de izquierdas”, y exigieron “depurar” reclamando el nombre y apellido de sus empleados públicos y del personal de refuerzo subcontratado.

“No pueden suprimirlas, pero sí pueden cambiar los protocolos, que dependen de la Junta, y cambiar al personal que los coordina, sustituyendo a las directoras de los Institutos de Medicina Legal en las ocho provincias andaluzas, y nombrando a gente de su cuerda, hostiles con las políticas de género”, explica Miguel Lorente, que fue quien diseñó y puso en marcha la red de UVIVG en Andalucía.

Vox puede nombrar a su propio personal de confianza para dirigir los Institutos de Medicina Legal, pero tienen que ser funcionarios del mismo departamento. La mayoría de ellos lleva años de experiencia tratando con mujeres víctimas de violencia de género, con situaciones durísimas, y están muy sensibilizados con esta lacra social, que se ha cobrado ya nueve vidas en Andalucía en lo que va de año. En la plantilla, sin embargo, también hay profesionales muy críticos con el desarrollo de la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que la ultraderecha califica de “ley ideológica” y aspira a “revisar o derogar” en esta legislatura.

2.300 informes psicosociales en un año

Los profesionales de los Institutos de Medicina Legal en Andalucía –médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales– atendieron a 893 personas para esclarecer presuntos delitos contra la libertad sexual en 2024 [último año publicado], realizando valoraciones de mujeres, menores y hombres denunciados por violencia de género, según datos de la Consejería de Justicia. Además, los equipos psicosociales elaboraron 2.257 informes, solicitados por los Juzgados de Familia, para dirimir conflictos de parejas con hijos sobre diferentes medidas, regímenes de visita de los menores o guarda y custodia, entre otros.

Estos datos constan en la memoria anual de los Institutos de Medicina Legal de Andalucía, que también hace balance del trabajo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, encargados de reconocer a mujeres y menores para valorar los daños físicos, psicológicos o sociales, pero también valoran la peligrosidad objetiva de los agresores, el riesgo de reincidencia, las consecuencias físicas, psicológicas y sociales derivadas de las violencias sexuales, además de realizar informes en procedimientos civiles que afecten a las víctimas, y para recibir ayudas públicas de las administraciones.

La mayoría de estos equipos los integran empleados públicos (casi todos funcionarios), aunque también hay interinos y personal de refuerzo subcontratado, dada la “ingente cantidad de trabajo que gestionan”. Vox les señaló hace siete años, nada más entrar en el Parlamento andaluz, pidiendo sus nombres y apellidos, cuestionando su “cualificación profesional”, exigiendo que estuvieran “colegiados” además de licenciados [el 40% no lo estaba, aunque la ley no lo obliga], y acusándoles de emitir informes con “sesgo ideológico”.

Quienes han pilotado las competencias de la Consejería de Justicia hasta ahora destacan que esos equipos realizan un trabajo “humano” que va “mucho más allá de sus atribuciones”. “Muchas veces apoyan y acompañan a las mujeres y los menores cuando declaran en las salas Gesell especialmente equipadas para grabar los testimonios, con total seguridad jurídica, de forma que sirvan como pruebas preconstituidas en los juicios y eviten la doble victimización que implica tener que repetir varias veces durante el proceso y ante distintos agentes judiciales el relato de hechos dolorosos”, explicó el anterior consejero de Justicia, el popular José Antonio Nieto, que ahora dirige la cartera nueva de Inteligencia Artificial.

La Junta no dio los nombres a Vox, pero sí los números de colegiación

En 2019, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia en excedencia, Francisco Serrano, señaló directamente a esos trabajadores y pidió al Parlamento un listado con sus nombres. “Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, aseguró Serrano. La Cámara no se los dio, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Los afectados lo llamaron “caza de brujas”.

El Gobierno de coalición PP-Ciudadanos no les facilitó los nombres, pero sí su número de colegiación (los que tenían) y planteó una reforma para obligar a que todos se colegiase, rescatando una sentencia del Constitucional de 2015. El entonces vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos, Juan Marín, trató de zanjar la polémica anunciando que las UVIVG que había demonizado Vox se iban a reforzar, para que hubiera dos equipos multidisciplinares en cada provincia (entonces había nueve, una por provincia y dos en Cádiz).

El aumento de la plantilla se pagó con el presupuesto del Pacto de Estado contra la Violencia de Género que correspondía a Andalucía (3,9 millones de euros). Cuando se apagó la polémica en los medios, este refuerzo de personal se desmanteló. Fuentes del Ejecutivo andaluz aseguran que se trató de un refuerzo “temporal”.

El presupuesto anual de estos servicios de atención a mujeres ronda los 25 millones de euros, entre el gasto del personal fijo y los contratados de refuerzo. El pasado abril, ya en plena precampaña electoral, la Junta de Andalucía modificó la Relación de Puestos de Trabajo de los ocho Institutos de Medicina Legal, precisamente para crear una plaza más de forense en cada uno de ellos con funciones de coordinación de las UVIVG. Fuentes del Ejecutivo andaluz aclara que la ampliación de plantilla obedece a “las nuevas competencias sobre delitos sexuales de la jurisdicción de Violencia sobre la Mujer y el aumento de la carga de trabajo en ésta”.

Desde el 3 de abril de 2025, la Jurisdicción de Violencia sobre la Mujer asume también todos los delitos sexuales tras los cambios impuestos por la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, y se han creado nuevas plazas de jueces y fiscales especializados.

La modificación legislativa contempla que las UVIVG de los IML se ocupen también de los exámenes e informes en todos los casos de violencia sexual contra mujeres, niñas y niños, interviniendo desde las primeras fases del proceso, incluido el servicio de guardia.

Vox irrumpió hace siete años en la esfera política andaluza exigiendo la derogación de la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres y la Ley de Lucha contra la Violencia de Género, que acababan de aprobarse en el Parlamento por unanimidad, la primera, y por amplísima mayoría la segunda.

No lo consiguió, pero su primera iniciativa parlamentaria fue encaminada a tratar de identificar, con nombres y apellidos, a todos los empleados públicos, funcionarios, trabajadores subcontratados por la Junta o vinculados a ONG subvencionadas que operasen en la lucha contra la violencia machista. La solicitud formal de ese listado de personas –que los afectados llamaron “caza de brujas”– apuntaba a los servicios psicosociales y de peritaje judicial, adscritos tanto a la Consejería de Justicia como al departamento de Igualdad de la Junta de Andalucía, en el primer Gobierno de Juanma Moreno sustentado por la ultraderecha.

La motivación de aquella primera medida, en 2019, era poner en cuestión todo el sistema de protección a las mujeres víctimas de violencia machista y a sus hijos. Y el objetivo confeso era “depurar” a los profesionales –psicólogos, médicos forenses y trabajadores sociales– que evaluaban el riesgo de las víctimas, la reincidencia del agresor y la desprotección de los menores, articulando una acusación durísima: falta de cualificación y “sesgo ideológico”. “Feminismo supremacista de izquierdas”, lo llamó el promotor de la iniciativa, el entonces líder andaluz de Vox y juez de Familia inhabilitado, Francisco Serrano.

Todo esto generó una enorme polémica entonces y fue motivo de la primera bronca de aquella legislatura, en la que el entonces líder andaluz de IU, Antonio Maíllo, se desgañitó llamando “fascistas” a los primeros 12 diputados de Vox; y Serrano se mofó de su “alarmismo” tildándole de “planchabragas”.

Siete años y cuatro gobiernos autonómicos de PP y Vox después, la decisión del presidente andaluz, Juanma Moreno, de ceder a esa misma ultraderecha el control de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género de los Institutos de Medicina Legal, adscritos a la Consejería de Justicia que pilota su líder, el vicepresidente segundo Manuel Gavira, ha cimbreado la política andaluza y nacional en pleno mes de agosto.

Desde el Ministerio de Igualdad, pasando por la dirección federal socialista o la líder regional del sindicato CCOO, hasta los primeros espadas de todas las formaciones de izquierdas en la oposición –PSOE-A, Adelante Andalucía y Por Andalucía– han salido en tromba para condenar esta cesión de funciones a una formación que abandera el negacionismo contra la violencia de género y que, estando en la oposición, pidió “depurar” a los empleados públicos de estas unidades de valoración por un supuesto “sesgo ideológico”.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apuntado directamente al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole que aclare si con esta medida está desmarcándose del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, suscrito por socialistas y populares junto a otras formaciones en diciembre de 2017.

“Aquí, las consecuencias del pacto PP-Vox en Andalucía. La atención a las víctimas de violencia de género en manos de quienes la niegan. 290 mujeres han sido asesinadas en Andalucía desde 2003. Esto es una irresponsabilidad. Feijóo, ¿está usted rompiendo el Pacto de Estado?”, ha escrito en su cuenta de X, con un enlace a la información adelantada por este periódico. Su número dos, la secretaria de Estado de Igualdad, María Guijarro, ha sido más dura aún: “A los defensores del machismo les entregan las víctimas. A quienes las ignoran les dan su custodia. Estaremos muy vigilantes”.

Al equipo del presidente Moreno, esta tormenta política de verano le ha pillado prácticamente de vacaciones, fuera del curso político, con escalonadas reapariciones de sus consejeros y dirigentes del PP andaluz para condenar la actuación del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis humanitaria de Ceuta.

La secretaria general de CCOO Andalucía, Nuria López, también ha acusado a Moreno de “entregarse al negacionismo de su socio ultra”. “No todo vale para gobernar ¡Qué poco les importa la vida de las mujeres!”, ha escrito. La vicesecretaria general del PSOE y líder andaluza, María Jesús Montero, denuncia que dejar en manos de Vox estos servicios públicos es “poner en riesgo la protección de las víctimas”. “Moreno Bonilla comparte el ideario de la extrema derecha con la que el PP se ha lanzado a competir”.

El líder de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha avanzado que van a “fiscalizar al dedillo cada movimiento de la Consejería de Justicia contra las mujeres andaluzas: lo haremos en el Parlamento, en las calles y, si hace falta, en los tribunales”. Antonio Maíllo, coordinador federal de Izquierda Unida y portavoz de la coalición Por Andalucía, abunda en que “el PP no solo no pone límites a la extrema derecha sino que hace propia su agenda”.

Consultado por esta cuestión, desde la Consejería de Igualdad del Gobierno de Moreno han rehusado hacer ninguna valoración.

Un servicio “pionero” en Andalucía

La Junta de Andalucía es “pionera” en el desarrollo de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, unos servicios médico-forenses encargados de estudiar a la víctima, al agresor y a los menores expuestos a esa violencia, para luego redactar informes integrales, siempre que lo solicite el juez para usarlo, junto al atestado policial y su propia valoración, a la hora de decidir sobre las órdenes de protección y las medidas civiles cuando la mujer denuncia. También sirven a las administraciones para la concesión de ayudas públicas.

Estos equipos especializados formados por forenses, psicólogos y trabajadores sociales, adscritos a los Institutos de Medicina Legal y gestionados en Andalucía por la Consejería de Justicia, están previstos en la Ley Integral contra la Violencia de Género de 2004; y posteriormente desarrollados en la ley andaluza del mismo nombre, que fue aprobada en el Parlamento por todos los grupos (excepto IU) en 2018, cinco meses antes de la irrupción de Vox en la Cámara y de la constitución del primer Gobierno de Juanma Moreno.

Desde entonces, ya va para ocho años, el partido de Santiago Abascal ha impedido el consenso unánime necesario en el Parlamento andaluz para aprobar una declaración institucional de condena por las mujeres asesinadas por sus parejas (nueve en Andalucía, en lo que va de año).

De aquella primera legislatura de Vox, siendo el partido que sustentaba al Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, hoy quedan algunas de las exigencias que impusieron a Moreno a cambio de apoyarle la investidura. Los populares, ya con mayoría absoluta, conservan el teléfono de violencia intrafamiliar -término con el que la ultraderecha niega que haya asesinatos de mujeres por razón de género-; el nombre de una consejería de Familia; y un puñado de medidas “en favor de la vida del embrión”, eufemismo de antiabortistas.

Ahora Vox forma parte de otro Gobierno de coalición con el PP. Moreno ha delegado en su socio la Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, un macrodepartamento “más técnico que político”, confiando en poder “amortiguar el despliegue ideológico”de la ultraderecha en las políticas públicas, sobre todo aquellas donde ha proyectado sus guerras culturales: rechazo, cuando no criminalización, de los inmigrantes; negación de la violencia de género y negación del cambio climático.

La Consejería de Justicia es una “administración prestacional”, es decir, se encarga exclusivamente de proveer y mantener los medios materiales, económicos y personales (edificios, equipos, personal funcionario no judicial), pero en ningún caso puede intervenir en la función jurisdiccional ni dar órdenes a los jueces o a los funcionarios de Justicia.

En 2019, en su primera iniciativa parlamentaria, Vox reclamó por escrito a la Cámara una relación de nombres y apellidos de los empleados públicos que trabajan en las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género, exigiendo “depurar” a aquellos que emitían informes “ideológicos”, movidos por un “feminismo supremacista de izquierdas”.

Poco después, y ya al calor de la polémica suscitada, la formación ultraderechista amplió su solicitud y exigió también la lista de trabajadores de otros estamentos de la Junta de Andalucía en materia de lucha contra la violencia machista: de una ONG que trabaja para la Consejería de Igualdad en la protección de mujeres y niños, víctimas de abusos y maltrato; y de una empresa adjudicataria que colabora en los juzgados en el peritaje de daños que se producen a las mujeres agredidas por sus parejas, también contratada por Igualdad.

La formación ultra pidió los perfiles profesionales, la condición laboral y el número de colegiación de todos los empleados públicos, subcontratados o subvencionados por el Gobierno andaluz para luchar contra la violencia de género, con ánimo declarado de desmontar “chiringuitos ideológicos”.

El PP: “El margen de gestión de Vox es muy estrecho”

Este periódico ha consultado a Vox y al equipo de su líder regional, el vicepresidente segundo de la Junta y nuevo responsable de Justicia, Manuel Gavira, si prevén modificar, alterar o suprimir esas unidades de valoración de víctimas de la violencia machista que cuestionaban duramente desde la oposición. No ha habido respuesta.

Fuentes próximas al presidente Moreno ven “inviable” que Vox pueda “legalmente” cargarse estos servicios, que realizan un papel “fundamental” para jueces y policías, e insisten en que el margen de gestión de su socio de Gobierno en el departamento de Justicia “es muy estrecho, casi nulo”.

No obstante, en el Palacio de San Telmo, sede del Gobierno andaluz, no ocultan que Vox tiene ahora un “altavoz” muy potente para instalar sus consignas ideológicas en el debate público, desde la vicepresidencia de una institución tan mastodóntica como la Junta de Andalucía, y sospechan que en Justicia podrán hacer más “fuegos de artificio” que medidas con consecuencias directas para la ciudadanía. “Se van a chocar con la realidad y con la legislación vigente”, repiten los populares como un mantra. “A lo sumo, le cambiarán el nombre, pero seguirán desempeñando las mismas funciones”, bromea un consejero.

En 2024, el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por PP y Vox, cambió el nombre de la Unidad de Violencia de Género de la Policía Local para “eliminar cualquier término ideológico de género”, y centrarse así en “todo tipo de víctimas de violencia”. El partido de Santiago Abascal niega que los asesinatos de mujeres en España a manos de sus parejas o exparejas (33 en lo que va de año) tengan un componente de género y cuestiona todas las leyes y políticas públicas encaminadas a combatir esta lacra social.

En Andalucía hay ocho Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género, adscritas a los Institutos de Medicina Legal en cada provincia. El pasado mes de abril, el Gobierno de Moreno decidió reforzar a los equipos que la conforman con la creación e incorporación del “puesto de coordinador, un médico forense”, no sólo para la organización del “ingente volumen de trabajo”, sino para supervisarlas y dirigirlas.

Vox peleó duro en la negociación con el PP para quedarse la consejería de Agricultura, como ha logrado en Extremadura, Aragón y Castilla y León, y para gestionar políticas sociales y de familia. Moreno, que se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta, logró cortocircuitar esas expectativas, aunque a cambio ha firmado un acuerdo de gobierno, con 150 medidas, atravesado por todas las obsesiones xenófobas, negacionistas y ultracatólicas de Vox.

Vox entró en el Parlamento andaluz en 2019, con sus primeros 12 diputados en España, tras las elecciones autonómicas que pusieron fin a 37 años de gobiernos socialistas e hicieron presidente a Juanma Moreno.

En el primer Pleno ordinario de aquella legislatura, y haciendo uso del reglamento de la Cámara, el entonces candidato y líder regional de Vox, el juez Francisco Serrano, presentó en el registro de la Cámara un escrito solicitando “una relación detallada con los nombres y apellidos” de los trabajadores públicos de las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscrito a la Oficina Judicial y Fiscal que gestiona la Junta. También pidió identificar a los equipos psicosociales de los Juzgados de Familia y de Menores.

El partido de Santiago Abascal defendía entonces un negacionismo férreo contra las políticas de igualdad de género y lucha contra la violencia machista. De hecho, había exigido (sin éxito) la derogación de las leyes andaluzas que rigen estas políticas, a cambio de su apoyo a la investidura de Juanma Moreno. El PP no cedió en este punto, que habría supuesto deshacer un marco legislativo aprobado por la unanimidad del Parlamento.

Pero en cuanto arrancó la legislatura, Vox buscó una vía alternativa para atacar lo que dio en llamar “supremacismo de género”: reclamó a través del Parlamento andaluz la lista de empleados públicos de la Consejería de Justicia (la mayoría funcionarios) encargados de elaborar los informes sociales y psicológicos sobre las mujeres víctimas de malos tratos para los juzgados de familia.

“Una relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género; Equipos Psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores en las ocho provincias de Andalucía, entre el año 2012 y 2019 completos”, decía la solicitud que Vox llevó al Parlamento andaluz.

Esos informes sirven luego como atenuante en los juzgados, si las mujeres deciden denunciar a su agresor, y también son tenidos en cuenta por la propia Junta a la hora de conceder ayudas públicas a mujeres agredidas por sus parejas o exparejas. Los organismos públicos contra los que apuntaba la ultraderecha están formados por psicólogos, forenses y trabajadores sociales, que emiten informes para ayudar a los jueces a decidir sobre órdenes de protección y medidas civiles en violencia de género y custodias y regímenes de visitas en procesos de divorcio.

La formación ultraconservadora denunciaba entonces que muchos de esos informes estaban basados en criterios “políticos” y, accediendo al listado de funcionarios responsables, aspiraban a “depurar” entre los trabajadores “formados y acreditados” para realizar ese trabajo, y los que se mueven por “motivos ideológicos”, sin tener “capacidad profesional” ni estar “colegiados” [aunque la ley no exige la colegiación de los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que integran estas unidades].

En Andalucía, no sólo hay empleados públicos realizando esos informes psicosociales, la Junta también delega parte del servicio en entidades especializadas que les sirven como refuerzo, dado el volumen de trabajo que soportan, y el partido de Abascal siempre ha ubicado a esas organizaciones colaboradoras en la esfera ideológica de los anteriores gobiernos del PSOE.

Chocarse con la realidad y con la legislación vigente

El señalamiento de empleados públicos de Justicia, con nombres y apellidos, provocó la primera polémica en torno al recién formado Gobierno de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por Vox. El partido de Abascal trataba de demostrar que el número de agresiones y denuncias de hombres a mujeres está sobredimensionado.

“Se están violando sentencias de Altos Tribunales que exigen la colegiación. Los jueces dictan sentencias en base a informes de profesionales no cualificados y altamente ideologizados y de los que depende la libertad de un acusado o el futuro de niños”, escribió entonces Serrano en su cuenta de X (antes Twitter). El juez, que pasó de candidato estrella de Vox a ser repudiado por Abascal, había llegado a la política tras ser inhabilitado en 2011 por alterar un régimen de visitas de un menor con su padre.

El Ejecutivo andaluz no llegó a entregarle a Vox la lista de funcionarios que pedía, amparándose en la Ley de Protección de Datos. Pero, siete años después, Vox no sólo tiene en la mano los nombres de esos empleados públicos, sino las competencias sobre las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género del Instituto de Medicina Legal, adscritas a la Consejería de Justicia, que Moreno ha entregado al líder de la formación ultraderechista, el vicepresidente segundo de la Junta, Manuel Gavira.

El acuerdo suscrito entre PP y Vox que ha hecho presidente a Juanma Moreno, por tercera vez, contiene el reparto de consejerías entre ambos socios de Gobierno. La ultraderecha gestiona una sola consejería, que aglutina competencias muy dispares: Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. Pero hasta el jueves pasado, el Consejo de Gobierno no aprobó los decretos de estructura de cada departamento, que recogen las atribuciones concretas de cada departamento.

Entre ellas, se encuentra la organización de “los equipos psicosociales de apoyo a la Administración de Justicia, incluidos los equipos técnicos de menores”; la organización, a través de sus Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de las “unidades de valoración integral de violencia de género”; y el impulso de la elaboración de “protocolos de actuación en materia de violencia de género que requieran de la participación de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses”.

Son las atribuciones naturales de la Consejería de Justicia, pero ahora están en manos de una formación política que ha cuestionado severamente estos servicios públicos -tildándolos de “chiringuitos ideológicos”-, así como las políticas de igualdad de género en las que se enmarcan.

En la oposición, Vox ha sido muy crítico y muy duro con la gestión de algunas atribuciones de la Consejería de Justicia, que ahora gestionan. Sin embargo, en la práctica este departamento tiene un margen de gestión muy acotado, porque se trata de una “administración prestacional”, que se limitase a sufragar y mantener los medios materiales y humanos de la Justicia, pero con poco poder de decisión sobre unos poderes que competen al Ministerio del ramo.

Gavira no puede dar órdenes a los funcionarios de Justicia ni reclamarles un trabajo concreto. Tampoco, por ejemplo, puede pedir los informes forenses para determinar la edad de los menores extranjeros no acompañados, que la consejería elabora sólo a petición de la Fiscalía de Menores. Vox ha logrado colar en su acuerdo de Gobierno con Moreno el rechazo “frontal” a los niños inmigrantes -“No más MENAS”, reza el texto-, y también plantea medidas para verificar mejor la edad de esos menores, pero no está en su mano emitir los informes forenses, ni siquiera desde el departamento de Justicia.

La consejería de Gavira también gestiona los centros de internamiento de menores infractores, que le servirá a Vox para comprobar que la mayoría de internos por Violencia Juvenil son españoles, y que los extranjeros que hay no son exclusivamente magrebíes ni musulmanes, como suelen denunciar falsamente en sus comparecencias públicas.

Fuentes del PP andaluz explican que la cesión de la Consejería de Justicia a Vox -un departamento que nunca reclamaron, al menos, públicamente- restringe mucho el “despliegue ideológico” de la ultraderecha en las políticas públicas, al tratarse de competencias exclusivas del Estado, con estrecho margen de maniobra para la Junta.

No obstante, Gavira sí podría modificar los protocolos de las Unidades de Valoración de Víctimas de Violencia de Género -reguladas en un decreto andaluz- o recortarles el presupuesto para suprimir los refuerzos de personal, aunque entraría en conflicto con los sindicatos del sector, que representan a sus trabajadores, y probablemente, también chocaría con su socio de Gobierno. En ningún caso podría eliminar este servicio, dado que está blindado en una ley estatal.

Este periódico ha consultado a Vox y a la vicepresidencia de Gavira sobre sus planes para estas unidades de atención a mujeres víctimas de malos tratos, pero han eludido responder.

“Revisar y derogar las leyes ideológicas”

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, incluye en el penúltimo punto el rechazo a las “leyes ideológicas”, que no aparecen identificadas en el documento, aunque la ultraderecha lleva usando cuatro años este mismo término en el Parlamento andaluz para referirse a las normas y mecanismos públicos para la igualdad de género.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse. Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración, hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ha abierto una segunda investigación contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur, imputado en otra causa judicial por agresión y acoso sexual a una reportera, a raíz de una denuncia interpuesta por la testigo clave de dicha causa, acusándole de “amenazas y coacciones”, confirman fuentes jurídicas a este periódico.

La jueza María Elena Contreras ha incoado diligencias previas al apreciar que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito contra la administración de justicia de la corte penal internacional y obstrucción a la justicia, derivado de un delito de coacciones y amenazas contra un testigo en un procedimiento penal.

En un auto, la magistrada ha citado a declarar a la denunciante a finales de octubre en su juzgado para que “ratifique” la demanda que interpuso ante la Policía Nacional contra el ex CEO de Andalucía Digital Multimedia (ADM), empresa copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur Televisión.

El procedimiento judicial abierto se encuentra en fase embrionaria, aunque la denunciante ya ha presentado un escrito para personarse como acusación particular contra el que fue su jefe directo durante varios años en ADM. La jueza Contreras, que instruye el caso, estuvo más de 20 años trabajando como jueza de violencia de género.

Gustavo Fuentes y quien fuera su número dos en la productora asociada a la Radio Televisión pública de Andalucía (RTVA) estaban citados a declarar el pasado 11 de mayo en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla, él como imputado por delitos sexuales contra una reportera; y ella como testigo clave propuesta por la acusación. La declaración se suspendió en el último momento -aplazada hasta el 20 de julio- porque el ex CEO de la compañía cambió de abogado cuatro días antes.

Esa misma tarde, la exdirectiva de ADM y testigo “fundamental” en la causa contra Gustavo Fuentes recibió un mensaje privado desde la cuenta de Instagram del acusado: la notificación recibida dirigía al enlace de una entrevista en vídeo en la que se hacen comentarios violentos como estos: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “Un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La víctima acudió de inmediato a una comisaría de Policía para manifestar su temor ante estas “amenazas” por parte de Gustavo Fuentes y dijo sentirse “coaccionada” en su condición de testigo en una causa contra su exjefe por delitos sexuales a una empleada, en la que debía haber declarado ante el juez ese mismo día. Al interponer la denuncia presentó una captura de pantalla de la notificación recibida desde la cuenta personal de Fuentes en Instagram y otra del vídeo recibido, confirman fuentes de la Policía Nacional.

El delito de coacciones se considera más grave que el de amenazas en el Código Penal. El primero se castiga con una pena de prisión de seis meses a tres años, mientras que el segundo puede ser castigado con una pena de prisión de tres meses a un año. Aquí, sin embargo, confluye el agravante de que el sujeto pasivo (la víctima) es testigo en un procedimiento penal, por lo que se consideraría una “amenaza cualificada” y el castigo sería mayor, explican fuentes jurídicas.

Dos causas judiciales relacionadas, pero con procedimientos distintos

Ésta sería la segunda investigación judicial que pesa sobre el ex CEO de una productora semipública, con participación mayoritaria del Gobierno de Juanma Moreno, y un papel capital en el sector audiovisual andaluz. Sin embargo, el juez de violencia de género que instruye la causa principal contra Gustavo Fuentes ha rechazado, de momento, vincular ambos procedimientos. El magistrado Francisco José de Córdoba recibió un mes antes una copia de la denuncia por coacciones que la testigo interpuso ante la Policía -al entender que existe una relación directa con su papel en esta causa-, pero el juez decidió no tomarla en consideración.

Desde el pasado mes de marzo, el juez de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla investiga los presuntos delitos sexuales cometidos por el ex director general de la principal productora de Canal Sur a una de sus empleadas. De momento, ha orillado el delito de acoso laboral que también le imputaba la víctima -por considerarlo fuera de las competencias de su tribunal- y tampoco ha integrado en la causa la denuncia de la testigo “fundamental” por las supuestas amenazas recibidas desde el móvil del acusado.

La denuncia de la testigo contra Gustavo Fuentes es una derivada de la causa principal en la que está imputado, que se ha visto enrarecida por una circunstancia fuera de lo común: el ex CEO de la productora se enteró antes de que se lo notificaran oficialmente por una llamada del presidente de la compañía y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas-, lo que le permitió agilizar una estrategia de defensa y llevársela al juez antes de que éste tuviera conocimiento de la denuncia de la testigo, según ha confirmado este periódico de fuentes judiciales.

El mismo día que recibió el aviso del alto cargo del Gobierno andaluz, Gustavo Fuentes también acudió a la Policía para denunciar que le habían “hackeado” su cuenta de Instagram desde donde se envió el vídeo amenazante a la testigo. Acto seguido, el exCEO de ADM remitió una copia de esta denuncia al juzgado que le investiga por agresión y acoso sexual a una reportera, junto a un escrito negando haber sido él quien lo hizo, explicando que varios trabajadores de diferentes departamentos de su empresa pudieron tener acceso a sus cuentas personales, y presentando un certificado firmado por el director técnico de la productora señalando a esas personas con nombres y apellidos.

Un directivo arropado por el Gobierno de Moreno

Hasta el pasado 10 de junio, Gustavo Fuentes era un directivo de referencia y con mucho poder en sector audiovisual andaluz, muy bien relacionado con la cúpula del Gobierno de Juanma Moreno y con la dirección de la RTVA, su principal cliente.

ADM es una compañía semipública, participada por la Junta de Andalucía al 47,8% y principal proveedor de contenidos para Canal Sur, de modo que el escándalo sexual en el que se vio envuelto sacudió el panorama político y empresarial andaluz, pero no le dejó caer hasta que este periódico lo hizo público.

Fue destituido el pasado 10 de junio después de que elDiario.es revelase que un juez de Violencia de Género de Sevilla le había citado a declarar en calidad de investigado por supuestos delitos sexuales contra una reportera. Estaba denunciado desde el mes de enero, investigado por un juzgado desde febrero e imputado desde el 25 de marzo, citado a declarar inicialmente el 11 de mayo, pocos días antes de las elecciones andaluzas del 17 de mayo.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por el director general de Sandetel y alto cargo del Gobierno andaluz, Sergio Gómez Rojas, tardó 18 horas en aprobar su “cese temporal de funciones”, que horas después se convertiría en “definitivo e irrevocable”. Gustavo Fuentes también fue destituido como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de Presidencia y actual vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

La denuncia contra el CEO de ADM por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral adjunta siete declaraciones juradas firmadas por siete extrabajadoras y extrabajadores de la productora (algunos en cargos directivos) que corroboran la versión de la denunciante y aportan testimonios explícitos de situaciones de acoso sexual y laboral dentro de la empresa.

Gustavo Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación. Al margen de la investigación judicial, este periódico ha recabado una docena de testimonios de trabajadores y extrabajadores de ADM que describen situaciones de acoso sexual y laboral coincidentes con esta denuncia, y con las que han interpuesto otros empleados por mobbing.

La denunciante también adjunta 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad. Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa.

Los mensajes de WhatsApp del CEO de ADM que aparecen en la denuncia incluyen insistentes propuestas de encuentros privados a la víctima: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Tú me debes una noche loca”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”.

El pasado 20 de julio, Gustavo Fuentes declaró ante el juez de violencia de género durante casi una hora, asegurando que nunca agredió ni acosó sexualmente a la reportera denunciante, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre consentido”.

Media hora antes, dos testigos propuestos por la denunciante habían ratificado ante el mismo juez la “obsesión” que Gustavo Fuentes sentía hacia la víctima, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial.

Juan Manuel Moreno ha empezado a ensayar esta semana su estrategia para “encapsular” su pacto de Gobierno con Vox tomando distancias de la polémica generada por el proyecto para construir una mezquita en Sevilla, avalado por el Ayuntamiento.

El presidente andaluz ha dejado solo al alcalde hispalense, el popular José Luis Sanz, frente a las duras críticas de la ultraderecha, que estos días le acusa de permitir la “islamización” de los barrios de la ciudad y ha difundido imágenes suyas vestido con un turbante en la cabeza y la chilaba marroquí, generadas por inteligencia artificial.

PP y Vox, que gobiernan juntos Andalucía desde hace apenas un mes y son socios en el Ayuntamiento hispalense desde hace dos años (con dos pactos presupuestarios), hacen equilibrios para no arañar el reciente acuerdo que hizo presidente a Moreno, mientras toman posiciones para confrontar y disputarse el mismo banco de votos a nueve meses vista de la campaña para las elecciones municipales, y con el embrollo del templo musulmán como telón de fondo.

En el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, ha “sorprendido” y “preocupa” la virulencia que han usado sus socios en este asunto, por mucho que se hayan cuidado de no salpicar la entente política que acaban de firmar con ellos. Lo que está pasando en Sevilla en torno a la futura mezquita del Polígono Sur, una iniciativa empresarial privada en suelo privado, sólo se entiende desde el metalenguaje político de PP y Vox y su estrategia de “encapsulamiento”.

El acierto terminológico, que se estrenó con éxito en el primer Gobierno andaluz de coalición PP-Ciudadanos, sustentado desde fuera por la ultraderecha, permite que en un mismo recipiente quepa el abrazo de Vox a Moreno y el insulto a Sanz. Desde dentro, funciona, porque tanto desde la dirección regional del PP como desde el grupo parlamentario ultraderechista han declarado públicamente que este tema no afecta a las “buenas relaciones” entre ambos socios de Gobierno.

Es, además, lo que ha mandatado Santiago Abascal y Alberto Núñez Feijóo desde Madrid, explican fuentes próximas al presidente Moreno. “Las relaciones entre ambos partidos, después de muchos encontronazos, pasan por su mejor momento”, tras consolidarse cuatro acuerdos de gobierno consecutivos en menos de seis meses: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía.

Todos con un patrón común --el sintagma antiinmigrante de la “prioridad nacional”-- y un acercamiento ideológico a los planteamientos de la ultraderecha en materias clave, como el negacionismo climático y el retroceso en políticas medioambientales; la desregulación administrativa como palanca de una economía neoliberal; las rebajas fiscales; el recorte de subvenciones a sindicatos, ONGs y ayudas al desarrollo; la eliminación de las políticas memorialistas y otras “leyes ideológicas”, sobre todo en materia de igualdad de género y lucha contra la violencia machista y, de manera transversal a todas las políticas públicas, la identificación del extranjero como una suerte de parásito del Estado de bienestar español y una amenaza para la seguridad ciudadana.

La “hoja de ruta” hacia la Moncloa

Los pactos de gobierno PP-Vox en las cuatro comunidades son la “hoja de ruta” hacia la Moncloa, en las elecciones legislativas previstas para el primer semestre de 2027, si Pedro Sánchez cumple su objetivo de no adelantarlas. La convivencia pacífica de ambos partidos en estas latitudes es, por tanto, “fundamental” para no dañar las buenas expectativas de las derechas para expulsar del poder a las izquierdas, que arrojan ahora casi todas las encuestas.

“Es obvio que peleamos por el mismo espacio político”, dice un dirigente del PP nacional, pero se trata de “no encender” la chispa, arrojando la imagen de un Gobierno de coalición en discordia y con problemas de cohabitabilidad, como ocurrió en 2024, cuando Vox se salió de todos los gobiernos autonómicos y retiró su apoyo al PP por acoger en sus territorios el cupo de migrantes menores no acompañados que estableció el Ejecutivo central. Los nuevos pactos de gobierno contienen una cláusula específica para evitar que se repita este escenario: “No más MENAS”.

El martes pasado, el Ayuntamiento de Sevilla dio luz verde definitivamente al proyecto de la gran mezquita, que se ubicará en una parcela del distrito más deprimido de la capital andaluza --el Polígono Sur, a unos metros de las Tres Mil Viviendas--. De inmediato, Vox convocó a la prensa para anunciar que dejaba en suspenso su alianza municipal con el PP --y con ella, los últimos presupuestos de la legislatura-- y que recurriría a los tribunales para frenar la construcción del templo musulmán.

Por mucho que se apele al “encapsulamiento” del Gobierno de Moreno, en esa comparecencia estaba el nuevo portavoz de Vox en el Parlamento, el diputado Javier Cortés, que minutos antes había publicado en la red social X la imagen falsa del alcalde con la chilaba.

Y la primera rueda de prensa en el Parlamento andaluz que dio Manuel Gavira, ya con su condición de vicepresidente de la Junta in pectore, fue un ataque frontal a la mezquita y la supuesta “islamización” de los barrios de Sevilla. “Prioridad musulmana” lo llamó el líder andaluz de Vox, para reivindicar el término de “prioridad nacional” que aparecía en el pacto de Gobierno firmado junto a Moreno horas antes.

La bronca entre PP y Vox en el Ayuntamiento de la capital de Andalucía habría tenido más resonancia en la política nacional de no haber coincidido con los incendios devastadores que estaban arrasando España, y con el agotamiento de un curso político muy intenso. El proyecto de la mezquita, sobre el papel, es difícilmente achacable al Gobierno municipal del PP.

El alcalde ha respondido que no autorizar la construcción, estando todos los requisitos en regla, sería como “prevaricar”. “No cruzaré la línea de violar la ley”, dijo Sanz. También el pacto de Gobierno en Andalucía, con 150 medidas, está trufado de constantes alusiones a la “legalidad vigente”, como queriendo perimetrar las promesas antiinmigrante de Vox que recoge el acuerdo al marco de la legislación. “Lo que no permite la ley y no se puede hacer, no se hará”, anticipaban fuentes próximas al presidente andaluz.

Pero Vox no ha enmarcado esta polémica en el terreno de la legalidad ni de la iniciativa empresarial privada (que tanto reivindica en su discurso económico), sino en el marco mental que considera más rentable en términos políticos y electorales: el discurso del miedo, el odio y el rechazo al inmigrante. “Sevilla es judía, cristiana y musulmana desde hace siglos”, ha respondido Sanz a los envites de sus socios en el Ayuntamiento.

El propio Abascal, que ha intervenido a través de sus redes en la polémica, ha visto a su partido sustentar al Gobierno de Sevilla tras aprobar la licencia de obras para construir un Centro Cultural Islámico promovido por la Fundación Mezquita, con una inversión estimada de 10 millones de euros para la edificación de dos espacios, uno para el rezo musulmán y el otro para las actividades socioculturales.

La parcela de la futura mezquita se encuentra en un barrio con carencias históricas en materia de sanidad, educación, seguridad, transporte y políticas sociales. El Polígono Sur arrastra daños estructurales por falta de empleo, absentismo y fracaso escolar, delincuencia, narcotráfico, pobreza. Es un enclave en el extrarradio de la capital andaluza donde se constituyó, hace años, una autoridad única que concentra las tres administraciones del Estado implicadas en sacar estos barrios del pozo: el Comisionado para el Polígono Sur: Gobierno central, Junta de Andalucía y Ayuntamiento.

Es una zona donde las carencias endémicas de la población son también un aliciente para el discurso populista de la ultraderecha, que ha sabido permear en zonas rurales y barrios obreros, a base de demonizar a otros colectivos, igualmente pobres, igualmente excluidos, pero de otro color, de otro país, de otra raza y de otra religión.

En las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, el PSOE fue el partido más votado en todos los barrios del Polígono Sur y las izquierdas sumaron más votos que las derechas, aunque el nivel de abstención en estos barrios fue del 47,6%. Vox fue la segunda fuerza con más apoyos en muchas calles de este distrito municipal, muy por encima del PP, que cuenta con un respaldo residual.

El nombre del presidente de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) y alto cargo del Gobierno de Juanma Moreno aparece en la causa judicial que instruye el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 contra Gustavo Fuentes, investigado por agresión sexual y acoso sexual continuado a una trabajadora.

En un escrito remitido al juez, el propio acusado revela que Sergio Gómez Rojas le avisó con antelación de que la testigo clave del caso le había denunciado por “coacción” y por un mensaje “amenazante” enviado desde su cuenta de Instagram. La llamada de ese alto cargo de la Junta le permitió armar una defensa -un supuesto “hackeo” del móvil- y hacérsela llegar al magistrado que le estaba investigando antes, incluso, de que tuviera noticia de la denuncia de la testigo.

Gómez Rojas es el director gerente de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel), una empresa pública adscrita a la Agencia Digital de Andalucía (ADA), que ha pasado por tres consejerías en menos de dos años: Presidencia, que comanda el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz; Industria, que lleva Jorge Paradela; y actualmente en la cartera de Inteligencia Artificial, de reciente creación, que ha recaído en el consejero José Antonio Nieto.

A preguntas de este periódico sobre la implicación de Gómez Rojas en el embrollo judicial del ex CEO de ADM, el primero ha derivado la responsabilidad sobre Sandetel en el segundo; el segundo en el tercero, y éste, que acaba de recibir las competencias digitales, también ha escurrido el bulto: “No tenemos nada que decir sobre este tema”.

La vicepresidenta y portavoz de la Junta, Carolina España, tampoco ha querido responder este jueves por sus compañeros en el Consejo de Gobierno: “Pregúntele a Nieto”, dijo, tras subrayar que el tema está “judicializado” y, por tanto, “máximo respeto a la justicia”.

Para conocer la implicación y el papel que ha tenido el Gobierno andaluz en todo el escándalo sexual que rodea a Gustavo Fuentes y la productora ADM, una empresa participada al 47,8% por la Junta, este periódico ha recurrido también al Portal de Transparencia.

Pero ha sido el propio Gómez Rojas, en calidad de director gerente de Sandetel y presidente de ADM, quien ha rehusado dar explicaciones también por esta vía, asegurando que la principal productora de Canal Sur no está sometida a la Ley de Transparencia, en tanto que es una sociedad mercantil con más accionistas privados que públicos. Concretamente un 4,4% más de capital privado. Aunque el accionista mayoritario siga siendo el Gobierno andaluz, la empresa esté asociada estratégicamente a la RTVA, y el presidente del Consejo de Administración sea el propio Gómez Rojas, designado por la Junta.

“ADM es una entidad en la que la participación pública, directa e indirecta, no alcanza el 50% de su capital social; por tanto, y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley de Transparencia, está excluido del ámbito subjetivo marcado por la norma para la aplicabilidad de las obligaciones en la misma contempladas”, reza la respuesta escrita a través del Portal de la Junta, cuando elDiario.es requirió las actas del Consejo de Administración que aprobó la “cesión temporal de las funciones” del CEO de la productora, 18 horas después de que este periódico publicase que llevaba casi tres meses imputado por delitos sexuales.

Todas las deliberaciones del Consejo de la principal productora de Canal Sur están sujetas a la “confidencialidad” y toda la documentación que manejan es “de naturaleza privada”, defiende Gómez Rojas. La Ley estatal de Transparencia, en su artículo 2.g, obliga a “las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100”.

No obstante, varios expertos consultados remiten a algunas resoluciones del Consejo de Transparencia que recogen supuestos en los que la ley también afectaría a empresas con un porcentaje inferior, si se demuestra que la Administración pública tiene el “control” de la empresa, por ejemplo, “si dispone de la mayoría de los derechos de voto o ha designado a la mayor parte de los miembros del consejo de administración, o puede disponer de la mayoría de los votos en virtud de acuerdos con terceros”.

En 2019, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de España presentó un “criterio interpretativo” para clarificar el ámbito subjetivo de la Ley de Transparencia. Inicialmente la norma se refería sólo a sociedades mercantiles donde la Administración podía ostentar una participación superior al 50% del capital social, pero el nuevo criterio amplió la definición para adaptarla a una legislación posterior, que considera que existe “control” sobre esa empresa cuando una o varias entidades públicas pueden ejercer una “influencia dominante”.

El aviso del 14 de mayo, tres días antes de las andaluzas

De acuerdo a la documentación que Gustavo Fuentes ha remitido al juez que le investiga, el presidente de la productora ADM y alto cargo del Gobierno andaluz le llamó el pasado 14 de mayo, tres días antes de las elecciones andaluzas, para avisarle de que la testigo clave en la causa acababa de denunciarle ante la Policía por “coacciones y amenazas”, como adelantó elDiario.es.

Tres días antes, el 11 de mayo, el CEO de la productora y esa misma testigo -que había sido su número dos en la empresa- estaban citados a declarar ante el juez: él como investigado y ella como testimonio propuesto por la víctima de agresiones sexuales.

La declaración se anuló en el último momento y, ya por la tarde, la testigo recibió un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”, se escuchaba en el vídeo. Ese mismo día interpuso una denuncia ante la Policía por coacciones contra su antiguo jefe, y remitió una copia al juzgado que le estaba investigando por agresión sexual a su excompañera.

El ex CEO de la principal productora de Canal Sur se enteró de todo esto tres días después, por una llamada del alto cargo del Gobierno andaluz, que le avisó de la segunda denuncia contra él antes de que se lo notificase la Policía o un juez. Esto permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa y, ese mismo día, denunció también que su móvil había sido “hackeado” y que no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que se había enterado por Gómez Rojas.

El director gerente de Sandetel ha eludido responder a este periódico varias preguntas, entre ellas: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género, y si contribuyó a la defensa de Gustavo Fuentes con aquella llamada del 14 de mayo, avisándole de que la testigo clave del caso le había denunciado por coacciones.

Cronología de los hechos: de enero a junio

Una reportera de la productora ADM, copropiedad de la Junta y asociada a la RTVA, denunció a Gustavo Fuentes por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” el pasado enero. En febrero un juez de violencia de género de Sevilla abrió diligencias.

El 25 de marzo tomó declaración a la víctima y, acto seguido, citó a declarar a su jefe como imputado para el día 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas, pero logró aplazarla tras cambiar de abogado en el último momento. El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, “llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según varios trabajadores presentes. Ni Sanz ni ningún portavoz del Gobierno andaluz ha confirmado ni desmentido este encuentro.

Dos meses después, la mañana del martes 9 de junio, elDiario.es reveló que un juez de violencia de género investigaba a Gustavo Fuentes por delitos sexuales contra una reportera y estaba citado a declarar como imputado. La dirección de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA) se reunió de urgencia y, después de muchas horas, emitió un comunicado a las 21.30 horas descartando la dimisión de Fuentes y advirtiendo de que tampoco podía activar el protocolo antiacoso del ente público -no porque la denunciante pertenezca a una empresa asociada, la productora ADM-, sino porque ella decidió acudir a la vía judicial, sin denunciar primero internamente el caso. Ni ante la dirección de ADM ni ante Canal Sur, su principal cliente.

El Consejo de Administración de ADM, presidido por Gómez Rojas, estuvo reunido en secreto y de manera “extraordinaria” durante 18 horas. Próximo a la medianoche, difundió un comunicado anunciando el “cese temporal de las funciones” del CEO de la empresa hasta que se resolviera su situación judicial. A la mañana siguiente, los directivos de la compañía anunciaron que el cese de Gustavo Fuentes era “definitivo e irrevocable”.

El Consejo de Gobierno andaluz conformado por PP y Vox ha aprobado en su reunión de este jueves, 30 de julio, los decretos de estructura de sus 13 consejerías, el mismo número con el que terminó la legislatura anterior aunque durante más de un año hubo hasta 14 departamentos. Pese a ello, se ha incrementado en 13 el número de altos cargos respecto al gobierno anterior del PP-A, lo que se ha justificado con que es necesario para la administración autonómica “funcione como un reloj” y adaptarse mejor al nuevo organigrama del Gobierno.

El primer Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP) como presidente, entre 2019 y 2022 y en coalición con Ciudadanos, contó con 11 consejerías, lo que en su momento se vendió como un ejercicio de ahorro y austeridad, aunque progresivamente fue aumentando el número de altos cargos. En la pasada legislatura esta cifra se elevó durante más de un año hasta 14 departamentos, volviendo a 13 cuando tras la crisis de los cribados de cáncer de mama asumió la Consejería de Sanidad el ya consejero de la Presidencia, Antonio Sanz.

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España (PP) ha señalado, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, que señalado que la aprobación de estos 13 decretos de estructura de consejerías es “para tener activada toda la maquinaria de la Administración autonómica”.

Carolina España ha remarcado que lo que pretende el primer Gobierno andaluz conformado por PP y Vox tras las elecciones del 17 de mayo es “poner en marcha toda la Administración autonómica para que cuanto antes funcione todo como un reloj”, con el “objetivo prioritario” de “sacar adelante en tiempo y forma los presupuestos de la Junta de Andalucía”.

“Razonable” que haya más cargos

A preguntas de los periodistas sobre si se ha producido un aumento en el número de altos cargos respecto al Gobierno anterior, que también presidía Juan Manuel Moreno y que era del PP en solitario, la consejera portavoz ha indicado que se han creado “13 nuevos centros directivos entre direcciones y secretarías generales”, lo que se traduce en “13 nuevos altos cargos”.

Carolina España ha querido subrayar en ese punto que en relación al Gobierno anterior no se ha producido un incremento en el número de consejerías, e incluso la Junta tiene ahora una menos respecto a las 14 que llegó a tener en la segunda mitad de la legislatura anterior, concretamente entre julio de 2024 y octubre de 2025. En este contexto, ha defendido que “es razonable que haya más cargos intermedios”.

Tras destacar que en las otras comunidades autónomas que han tenido recientemente elecciones –Extremadura, Aragón y Castilla y León– sí han aumentado su número de consejerías, a diferencia de lo que ha ocurrido en Andalucía, la consejera ha explicado que en el nuevo Gobierno se han creado consejerías nuevas, como la de Vivienda y la de Inteligencia Artificial. Por ello, “hay que adaptar las direcciones generales y las secretarías a las nuevas consejerías, y ese es el motivo fundamental de los 13 altos cargos” que se han introducido en el nuevo Gobierno.

Vox recupera a Alejandro Hernández

Por lo que respecta al departamento que gestiona Manuel Gavira, responsable de Vox en Andalucía, la Vicepresidencia segunda y Consejería de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local contará con 11 altos cargos. En concreto, son el viceconsejero (el catedrático Rafael Sánchez Saus, que a finales de los 80 aspiró a ser el líder nacional de Falange Española) cuatro secretarías generales, una secretaría general técnica y cinco direcciones generales.

Contará además con ocho delegaciones territoriales de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, de los que ya han sido nombrados cinco, los de Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén y Málaga. Para el puesto de Córdoba, Vox ha recuperado para la política al que fuera su portavoz parlamentario andaluz Alejandro Hernández, diputado por esta provincia en las dos primeras legislaturas de Moreno como presidente.

Por su parte, la Vicepresidencia primera y Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que dirige Antonio Sanz (PP), que va a contar con dos viceconsejeros, de Presidencia y de Sanidad. A ellos hay que sumar que la nueva directora gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, tendrá rango de viceconsejera.

El exalcalde de Jaén, a Andalucía Global

Al departamento que dirige Sanz llega también el que fuera alcalde de Jaén entre 2023 y 2025 y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento de Jaén, Agustín González Romo, tras ser nombrado nuevo director general de Andalucía Global. Esto conllevará su salida del Consistorio jiennense, donde se mantenía como concejal tras haber sido desalojado en enero de 2025 por una moción de censura suscrita por PSOE y Jaén Merece Más

Por lo que respecta a otras consejerías, Loles López mantiene como consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía competencias en materia de violencia de género y de menores migrantes no acompañados. Asimismo, contará con la que fuera parlamentaria del PP-A por Almería Rosalía Espinosa como nueva directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), órgano adscrito a su departamento.

En lo que respecta a la Consejería de Universidad, Industria, Energía e Innovación que ha asumido Jorge Paradela, contará con una dirección general específica para la financiación, infraestructuras y recursos universitarios. Igualmente, adscrito a la Secretaría General de Industria y Energía, incorpora a un Comisionado para la Electrificación de Andalucía “con la encomienda de acelerar el desarrollo de las infraestructuras eléctricas que exige el crecimiento económico que experimenta Andalucía”.

El pasado 14 de mayo, tres días después de que el CEO de la productora de Canal Sur Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, fuera citado a declarar ante el juez como imputado por agresión y acoso sexual a una reportera, un alto cargo del Gobierno andaluz le llamó para alertarle de que había otra denuncia interpuesta contra él ante la Policía Nacional por “amenazas y coacciones” a la testigo clave de la causa en la que estaba siendo investigado.

Esa testigo “fundamental” para la acusación, que había sido su número dos en la empresa, le acababa de denunciar tras recibir un vídeo de tono “amenazante” desde la cuenta personal de la red social Instagram de Gustavo Fuentes.

El alto cargo de la Junta de Andalucía que le dio el aviso fue Sergio Gómez Rojas, director gerente de la empresa de Telecomunicaciones Sandetel (adscrita a la Consejería de Industria) y, a la sazón, presidente del Consejo de Administración de ADM. El Gobierno andaluz, a través de Sandetel, es el accionista mayoritario de la productora (con un 47,8% de participación), referente en el sector audiovisual andaluz y principal proveedora de contenidos de Canal Sur.

La llamada de este alto cargo de la Consejería de Industria permitió a Gustavo Fuentes anticipar su defensa en el caso de delitos sexuales por el que está siendo investigado en el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 5 de Sevilla: el mismo día que recibió el aviso de Gómez Rojas, el ex CEO de ADM acudió a una comisaría de Policía para interponer una 'contradenuncia' para defenderse, asegurando que su móvil había sido “hackeado” y que él no había enviado ningún mensaje amenazante a la testigo clave del caso.

El 21 de mayo, envió una copia de su denuncia al juez Francisco José de Córdoba, que le investiga por tres supuestas agresiones sexuales y el acoso sexual a una reportera, junto a un escrito contándole que el 14 de mayo había recibido una llamada del presidente de su compañía [Gómez Rojas] para ponerle sobreaviso de una segunda denuncia contra él: la de una antigua directiva de la productora, testigo clave en su procedimiento judicial, acusándole de haberle enviado un “mensaje amenazante”, según ha podido confirmar elDiario.es de fuentes judiciales.

Este periódico se ha puesto en contacto reiteradamente con el director gerente de Sandetel y presidente de ADM y le ha trasladado una serie de preguntas que ha eludido responder. La primera: desde cuándo estaba al corriente de que el CEO de su productora, una empresa semipública, estaba siendo investigado por un juzgado de violencia de género [Fuentes está imputado desde el 25 de marzo] a raiz de la denuncia de una trabajadora por “agresión sexual”, “acoso sexual continuado” y “acoso laboral” [la denuncia es del pasado enero].

Y la segunda: si el pasado 14 de mayo, cuando alertó a Gustavo Fuentes de que la testigo clave del caso acababa de denunciarle a la Policía por supuestas amenazas y coacciones, conocía ya su imputación.

La 'contradenuncia' antes que la denuncia

Es importante el momento en que Gómez Rojas puso en alerta al CEO de la productora sobre la existencia de una segunda denuncia contra él, vinculada al caso por el que está siendo investigado, porque la denuncia de Gustavo Fuentes sobre el supuesto “hackeo” de su móvil llegó al Juzgado de Violencia de Género 5 “antes” que la propia denuncia de la testigo clave contra él por coacción y amenazas.

Es decir, el acusado se anticipó a la acusación de la testigo, dejando constancia por escrito ante el juez de que el presidente de su productora y alto cargo del Gobierno andaluz le había advertido de antemano de que era objeto de una segunda denuncia, esta vez por coacciones a la testigo “fundamental” de la causa contra él por delitos sexuales a una reportera.

En la comunicación que dirige al juez del caso, Gustavo Fuentes aseguró que llevaba mucho tiempo sin ponerse en contacto con la que fuera su número dos en la compañía, y explicó que, al revisar sus redes sociales, se dio cuenta de que a través de su cuenta de Instagram se había remitido, sin su conocimiento, un reel/video a la testigo. Según su versión, ni siquiera abrió el enlace del vídeo, no conocía, por tanto, su contenido, y en ningún caso había sido él quien lo había enviado.

Ante el temor de que pudieran haber “hackeado” su terminal móvil, donde tiene las aplicaciones de redes sociales, el exCEO de la productora de Canal Sur se personó en una comisaría de Policía para interponer una denuncia. Con esa denuncia, Fuentes también se apresura a explicar al juez que las claves de acceso a sus dispositivos y aplicaciones, incluida Instagram, están alojadas en la nube de la empresa, y sugiere que algún trabajador ha podido usar esas contraseñas para enviar el mensaje amenazante.

El investigado ha aportado a la causa un certificado de su empresa, firmado por el director técnico David Pérez, para acreditar que las contraseñas de su móvil estaban en un fichero alojado en un servidor corporativo de la empresa, incluidas las claves de acceso a su portátil, entregadas por él mismo a algunos técnicos para resolver posibles incidencias. El propio Pérez ha confirmado a este periódico que firmó ese certificado, aportando el nombre y apellidos de cinco técnicos de ADM que tuvieron acceso a ese fichero, tres siguen en la productora y otros dos ya no.

David Pérez, el técnico que firma ese certificado para corroborar la 'contradenuncia' de Gustavo Fuentes, tiene el papel más atípico de la compañía: es directivo y, a la vez, representante de los trabajadores en el centro de trabajo de ADM en Málaga. En teoría, su firma avala tanto a la dirección de la empresa como a la plantilla.

Pérez no pertenece a ningún sindicato, se postuló a unas elecciones internas, en 2017, como “independiente”. Ninguno de los más de 20 profesionales de la productora con los que ha hablado este periódico le ha consultado jamás un problema laboral y todos le consideran “el hombre que la dirección de la empresa ha puesto para que figure como representante legal de la plantilla”.

El ex CEO de la compañía, de hecho, se ha apoyado en un certificado firmado por él, en calidad de director técnico de la empresa, para defenderse de sus acusaciones, señalando a otros trabajadores y extrabajadores de la productora como hipotéticos responsables de haber enviado ese vídeo amenazante a la víctima desde su cuenta de Instagram.

Gustavo Fuentes estaba citado a declarar en calidad de imputado por delitos de agresión sexual y acoso sexual continuado a una reportera de su empresa el pasado 11 de mayo, siete días antes de las elecciones andaluzas. El ya ex CEO de la productora ADM, con participación mayoritaria de la Junta de Andalucía, cambió de abogado tres días antes, logrando aplazar su declaración ante el juez de Violencia de Género número 5 de Sevilla, que instruye el caso, y la de dos testigos citados por el magistrado para corroborar la versión de la denunciante.

Una de esas testigos tiene un papel “fundamental” para la acusación, porque durante dos años fue la número dos de Gustavo Fuentes en la productora, con su despacho adjunto al del director gerente de la empresa. Ese mismo día 11, ya por la tarde, la testigo recibió un mensaje privado de su ex jefe a través de la red social Instagram: un enlace de vídeo en la que se escucha lo siguiente: “El sabor a metal frío de 9 milímetros en la boca”; “un ultimátum de 24 horas para pagar deuda con traficantes”.

La testigo acudió a una comisaría de Policía en Sevilla para interponer una denuncia por “amenazas” y posible “coacción” de Gustavo Fuentes, contra quién debía declarar en un Juzgado de Violencia de Género ese mismo día, antes de que se aplazaran las declaraciones de ambos. Una vez interpuesta la denuncia ante la Policía, la abogada de la testigo se la remitió al juez titular que investiga la denuncia de la reportera contra el ex CEO de la principal productora de Canal Sur por varios delitos sexuales.

Sin embargo, el juez Francisco José de Córdoba recibió las alegaciones de Fuentes a esta denuncia por amenazas antes que la denuncia contra él de la testigo por supuestas coacciones en esta causa. El magistrado decidió no incluir esa denuncia de la testigo como parte de la investigación contra Gustavo Fuentes, aunque ésta podría dirimirse en otro juzgado de instrucción.

Paradela, Sanz y el silencio del Gobierno andaluz

La llamada que hizo el presidente de ADM y alto cargo de la Consejería de Industria a Gustavo Fuentes el pasado 14 de mayo compromete la versión que, hasta hoy, ha dado el Gobierno de Juanma Moreno sobre este asunto. El pasado 10 de junio, tras publicarse la noticia en elDiario.es, la portavoz de la Junta, Carolina España, no supo aclarar desde cuándo sabía que el CEO de la principal productora de Canal Sur estaba siendo investigado judicialmente por delitos sexuales.

España no ofreció una respuesta, pero dejó la pelota sobre el tejado de los dos consejeros que tienen competencia directa en este asunto, el titular de Presidencia, Antonio Sanz (de quien depende la RTVA), y el de Industria, Jorge Paradela (de quien depende Sandetel, la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y, en última instancia, ADM).

A preguntas de los periodistas, durante un acto público en Jaén, Paradela aseguró que la fecha clave es el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, dijo. El cese definitivo de Gustavo Fuentes se confirmó en un comunicado del Consejo de Administración el 17 de junio, una semana después de que elDiario.es revelase que llevaba casi dos meses siendo investigado por la Justicia por agresiones sexuales.

Sanz, en cambio, apenas ha dado explicaciones públicas sobre este tema. El hoy vicepresidente primero de la Junta y consejero de la Presidencia fue el gran padrino político de Gustavo Fuentes. En 2023 allanó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el propio consejero de la Presidencia, y del que fue destituido nada más revelarse su imputación.

El número dos del Gobierno andaluz ha estado presente en todos los hitos importantes desde el lanzamiento de LAND, en la presentación de proyectos audiovisuales de ADM y en fiestas privadas que Fuentes organizaba en la terraza de la compañía, según confirmaron una decena de trabajadores de la empresa.

El Ayuntamiento de Sevilla, como estaba previsto, ha dado luz verde este martes al proyecto de la gran mezquita en el Polígono Sur y también, como estaba previsto, Vox ha vuelto a reaccionar amagando de nuevo con romper toda relación con el gobierno del alcalde José Luis Sanz (PP). Pero la cosa no ha pasado de ahí, de proclamar que “han perdido la confianza” en los populares, que paralizan toda relación –sin llegar a darla por rota– y que van a presentar un recurso de alzada contra la decisión de Urbanismo, paso previo en unos meses a irse a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La mezquita ha llevado al límite la relación en el Consistorio hispalense entre PP y Vox, donde son aliados presupuestarios (suscribieron pactos para las cuentas de 2025 y 2026) y donde los de Santiago Abascal se han convertido en la llave para que Sanz apruebe numerosas iniciativas en el pleno municipal. El deterioro de esta luna de miel se enmarca entre dos hitos, la reciente alianza PP-Vox en la Junta de Andalucía y la inminencia, en 2027, de la celebración de elecciones municipales y generales, en las que ambos partidos pugnan por un mismo sector del electorado.

El gobierno del PP ya había anunciado que la iniciativa de la Fundación Mezquita de Sevilla sería aprobada este martes tras rechazar las alegaciones urbanísticas presentadas por la formación de ultraderecha. En los informes elaborados para dilucidar estas reclamaciones, Urbanismo concluye que “la administración está obligada a dictar resolución expresa de otorgamiento cuando los informes técnico y jurídico son favorables”, como es el caso de este proyecto privado. “La administración carece de discrecionalidad”, apostilla, lo que ha secundado el propio Sanz este martes: “No cruzaré la línea de violar la ley”.

Frenarla como sea

Por su parte, Vox insiste en frenar de cualquier manera esta construcción en el Polígono Sur, que presenta como el primer paso para “islamizar toda Sevilla”. Al no atender el alcalde su petición de encargar un nuevo informe sobre la licencia, esta vez a los servicios jurídicos municipales y no a los de Urbanismo, la formación de ultraderecha ha dado un primer paso para visualizar su malestar: la suspensión de la comisión de seguimiento del pacto presupuestario, cuya convocatoria había solicitado recientemente y que se iba a celebrar este miércoles.

Para escenificar su malestar con el PP, en la sede del grupo municipal han comparecido concejales y parlamentarios de Vox, entre los que estaba su portavoz en el Parlamento andaluz, Javier Cortés, que minutos antes subió en X un mensaje con una imagen generada con inteligencia artificial del alcalde con ropaje musulmán. “El PP de Sevilla aprueba definitivamente la islamización del Polígono Sur y de los barrios que lo rodean”, denunciaba, aunque en el acto descartó consecuencias más allá del ámbito local porque “son dos mundos diferentes y así lo vamos a tratar”.

De todos modos, Vox parece dispuesto a jugar con los tiempos, ya que no ha querido elevar su malestar a definitivo dando por roto el pacto o incluso las relaciones con el PP. Eso sí, considera que “el alcalde se ha posicionado en contra de los vecinos” y ha sembrado dudas sobre la “intención real” del proyecto, su financiación y el “oscurantismo” con el que se ha tramitado. Como colofón, otro amago sin llegar a concretar de manera rotunda: “Es casi imposible mantener a un gobierno que le pone la alfombra roja a un centro de islamización”.

Concejales y parlamentarios del partido de ultraderecha acudieron a la concentración de este lunes en la que varias decenas de personas expresaron su rechazo a la mezquita, y en la que se dejaron ver varios miembros de la formación neonazi Núcleo Nacional. El portavoz municipal de Vox, Gonzalo García de Polavieja, ha asegurado este martes que no saben quién convocó la protesta, y ha llegado a defender que la presencia de neonazis será “responsabilidad” del resto de partidos si insisten en “promover la islamización”.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”

El alcalde, José Luis Sanz, ha acudido por su parte a un acto de vivienda pertrechado con un ejemplar de la Constitución, que ha exhibido cuando ha sido preguntado por esta cuestión para recordar que su artículo 16 habla de la libertad de culto. “Cuando gobiernen en Madrid, si gobiernan alguna vez, que se plantee cambiar, entre otras cosas, esta Constitución”, ha esgrimido, al tiempo que ha expresado su perplejidad por que “podría ser el primer acuerdo político que en la historia de nuestra democracia se rompiera por cumplir la ley”.

Por ello, considera “incongruente” la postura de su aliado presupuestario, al que ha vuelto a agradecer la “estabilidad” que ha aportado a la ciudad con su apoyo, por lo que no cree que ahora la vaya a romper “por intereses de partido o personales” con la vista puesta en las próximas elecciones municipales. “El acuerdo se ha cumplido en un 90% y ha beneficiado a la ciudad, pero no cruzaré la línea de violar la ley”, de ahí que haya abogado por “tomarnos un descanso” con el pacto antes de darlo por roto.

“Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer”, ha abundado Sanz, y en esta línea, ha recordado que el Ayuntamiento ha aprobado la licencia “para no prevaricar”, al contar con el “visto bueno” de los informes jurídicos de los técnicos de Urbanismo. “Tampoco podríamos haber ralentizado esa licencia de obra, porque eso también sería prevaricación”, ha apostillado, alegando que la única manera de frenar la iniciativa hubiese sido con argumentos jurídicos: “Pensábamos que Vox podía haber presentado un informe, que ellos dicen que tienen, que plantea dudas sobre la viabilidad, pero desgraciadamente no lo ha hecho”.

Un “marco jurídico sólido”

La palanca que ha intentado activar los concejales de ultraderecha ha sido la de que la licencia que se concede no se ajusta al proyecto presentado en Urbanismo. Los promotores lo presentan como un centro sociocultural que incorpora una mezquita, cuando a juicio de Vox es este uso su función principal, algo que han descartado en su informe los técnicos.

Como también se ha rechazado su petición de convocar una consulta entre vecinos y expertos, una puerta que abre el PGOU en determinados casos, el siguiente paso será un recurso de alzada para lo que tienen 30 días, abriéndose a continuación un plazo de tres meses para que Urbanismo responda. Vox llevará la resolución al máximo órgano de gobierno urbanístico, en el que tienen representación todos los partidos de la oposición, para forzarlos a retratarse.

A todo esto, la Fundación Mezquita de Sevilla ha hecho público un comunicado en el que se felicita por la obtención de la licencia, a la vez que ha agradecido a las instituciones “su labor velando por que el procedimiento haya llegado a buen término, haciendo prevalecer la ley frente a las ideologías”. “Es motivo de alegría para nosotros, así como debería serlo para todos los sevillanos, confirmar que vivimos en un marco jurídico sólido”.

La oposición ha salido en tromba este viernes a pedir explicaciones sobre las tres horas que tardó la Junta de Andalucía en activar el plan de evacuación en el incendio de Los Gallardos, en Almería, que dejó 13 muertos y 5.200 hectáreas calcinadas. Un informe de la Guardia Civil, realizado a petición del Ministerio del Interior, establece que el Gobierno andaluz activó la Situación Operativa 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales a las 19.37 horas del pasado 9 de julio, tres horas más tarde de los primeros desalojos que realizaron los propios alcaldes.

La información, adelantada por El Correo, establece una cronología preliminar sobre lo acaecido en el ya es el incendio más mortífero de este siglo en Andalucía, en la que también se registra que el Puesto de Mando Avanzado se constituyó entre las 20.00 y 20.30, en la base de bomberos de Turre. El Plan Infoca establece que el nivel 0 procede cuando los incendios no suponen ningún peligro para las personas ajenas a las tareas de extinción o para los bienes distintos a los forestales, mientras que la Situación Operativa 1 se activa cuando se exigen medidas especiales para proteger a las personas y a los bienes amenazados.

A las 19.37 horas ya se habían producido varios desalojos que afectaban a alrededor de unas 50 personas que se reubicaron en distintos complejos. No obstante, la Consejería de Presidencia sostiene que durante esas tres horas ya estaba activado el plan de preemergencia, donde se permite adoptar desalojos preventivos.

Tanto el PSOE, como Adelante Andalucía y Por Andalucía registrarán una solicitud para crear una comisión de investigación sobre el incendio declarado en Los Gallardos ante el “mar de dudas” y los distintos “puntos negros” que, considera la oposición, hay que despejar.

“Tres horas de vacío”

Así lo ha trasladado Mario Jiménez, el secretario de Desarrollo Estatutario del PSOE-A y parlamentario autonómico por Huelva, en una rueda de prensa convocada este viernes en la sede del PSOE-A en Sevilla en la que ha transmitido que la comparecencia en el Parlamento autonómico de ayer de Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, dejó “un abanido de dudas y sospechas” sobre la gestión de la emergencia.

Desde el PSOE-A se preguntan “cómo es posible” que “un incendio del que se tiene conocimiento a las 16.30 horas de la tarde, y que desde el primer minuto produjo desalojos”, no fuera “hasta las 19.37 horas”, es decir, hasta “más de tres horas” después, cuando desde la Junta se acordó “la declaración del nivel 1 en la situación operativa del plan de emergencia”, la propia ante un incendio que supone “una amenaza a la integridad y a la vida de las personas”.

El representante socialista ha remarcado que “tres horas en un incendio es una auténtica eternidad”, y desde el PSOE-A temen que en ese lapso de tiempo las decisiones que se tomaron “pudieron condicionar situaciones de peligro real para la población”, y que pudieron “haberse sentado las bases de una respuesta no diligente” o “negligente por parte del operativo de emergencia, de sus responsables políticos, que al final determinaran la situación que dio lugar al terrible balance en términos de vidas, de bienes materiales y de patrimonio forestal” que ha arrojado este incendio.

Además, se preguntan “quién estuvo al frente del operativo durante esas tres horas de vacío, quién estuvo dando instrucciones a los responsables locales, que solamente pueden operar bajo la coordinación, la supervisión y las instrucciones de la autoridad sustantiva en materia de emergencia, que es la Junta”, comparándolo con la gestión de la 'dana' de la Comunidad Valenciana del año 2024.

Llamamiento al apoyo a la comisión de investigación

A su vez, Jiménez ha criticado que Moreno no siguiera este jueves toda la comparecencia de Sanz en el Parlamento, y ha llamado la atención sobre el relevo al frente de la Delegación del Gobierno de la Junta en Almería, para la que se ha nombrado esta semana a Francisco Góngora en sustitución de Aránzazu Martín, y se ha preguntado si tiene que ver con la gestión al menos “no diligente” de la Junta sobre este incendio.

Por su parte, José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, ha subrayado que “hay 13 personas fallecidas, y creemos que se lo merecen ellos y sus familias”. Por tanto, ha realizado “un llamamiento” a todas las fuerzas políticas para apoyar la comisión de investigación, y se ha dirigido expresamente al PP y a Vox, desde la premisa de que, “cuando uno no tiene nada que esconder, no tiene miedo a que se investigue”, ha zanjado.

Asimismo, Antonio Maíllo, portavoz del grupo Por Andalucía, ha señalado que Antonio Sanz no dio respuesta en su comparecencia “a las preguntas” que hicieron “los grupos de la oposición, también Por Andalucía, sobre la concreción de los hechos” y “la ralentización y lentitud en la respuesta desde la Delegación del Gobierno” andaluz en Almería.

En este sentido, ha apuntado que Sanz demostró en su comparecencia que se sentía “acorralado” y “nervioso porque sabe que ha habido errores en la gestión”, y le ha afeado que “respondió con zafiedad y fuera de tono” en su réplica a los grupos de la oposición “en lugar de haber respondido a las preguntas” que le formularon, que quedaron “sin respuesta”, según ha advertido Antonio Maíllo. “Tres horas de diferencia que hubo entre que la gente empezó ya a evacuarse de sus pueblos y la alerta que se dio tres horas más tarde”, ha aseverado.

Gustavo Fuentes, vestido con una guayabera celeste y “aparentemente tranquilo”, declaró este martes ante un juez de violencia de género que nunca agredió ni acosó sexualmente a una de sus empleadas –delitos por los que está imputado–, aunque admitió que tuvo un “tonteo mutuo, no consumado, pero siempre ”consentido“.

El exCEO de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM) –empresa asociada a RTVA, copropiedad del Gobierno andaluz y principal proveedor de contenidos de Canal Sur– compareció durante casi una hora, respondiendo a las preguntas del juez titular, Francisco José de Córdoba, de la fiscal y de su propio abogado. Se negó a contestar las preguntas del letrado de la reportera que lo ha denunciado por tres agresiones sexuales –en 2013, 2022 y 2023–, por acoso sexual continuado y acoso laboral (mobbing) y quedó en libertad sin medidas cautelares.

Media hora antes, dos testigos habían ratificado ante el juez la “obsesión” que Fuentes sentía hacia la trabajadora que lo ha denunciado, y la “presión sexual” a la que la sometía. “Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, advirtieron en sede judicial, según fuentes presentes en el interrogatorio celebrado este martes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla.

La testigo “fundamental” para la acusación había sido número dos del exCEO en la productora, con una relación directa con él, y declaró a preguntas del juez que el acusado llegó a pedirle “que la despidiera porque se la estaba follando otro compañero”.

Tanto la exdirectiva como la otra testigo –una amiga a la que confesó las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron– coincidieron también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la periodista con el estado de “miedo” y “ansiedad” que experimentó durante los años que trabajó bajo las órdenes del directivo imputado.

“Contradicciones” en línea de defensa del acusado

La estrategia de defensa de Gustavo Fuentes, según personas presentes en el interrogatorio, pasa por intentar demostrar que siempre hubo “consentimiento” de la denunciante, y para ello buscó desmontar una de las pruebas más sólidas de la acusación: las 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono del ex director general de la productora a la víctima entre 2018 y la actualidad.

Esos mensajes ya han sido “cotejados” por la secretaria judicial por orden del juez, y validados como material probatorio en la causa, como recordó ayer el propio magistrado durante el interrogatorio. Sin embargo, el abogado de Fuentes trató de exponer que en esas conversaciones entre su cliente y la reportera hay periodos en blanco, en los que aparecen transcritos los mensajes de él, pero se han borrado las respuestas de ella, en teoría, “porque se habrían activado los mensajes temporales de WhatsApp”.

Se trata de una función de privacidad que hace que los mensajes de un chat desaparezcan automáticamente después de un tiempo determinado: 24 horas, 7 días o 90 días, y solo afectan a los mensajes nuevos, no a los enviados antes de activarlos. La representación legal de Gustavo Fuentes intenta probar ante el juez que la denunciante borró las respuestas para ocultar que, en realidad, ella consentía ese tipo de mensajes “de índole sexual” y la relación que mantenía con su superior jerárquico. Con todo, el magistrado le reiteró que los mensajes aportados como prueba por parte de la acusación ya han sido validados judicialmente.

Las mismas fuentes apuntan a que el acusado incurrió en “contradicciones” a lo largo de su declaración. Primero habría señalado que su relación con la denunciante era “estrictamente laboral”, llegando a esgrimir que por su condición de presentadora apenas frecuentaba la sede de la productora. Pero, al final de su declaración habló ya de “un tonteo mutuo, pero no consumado”.

Las testigos salieron de los juzgados a pie, acompañadas por responsables del SAVA (Servicio de Atención a las Víctimas) que atienden en los casos de violencia de género. El acusado abandonó los juzgados en coche, saliendo del parking del edificio, tras una autorización de la Guardia Civil por “por razones de seguridad”, explican fuentes del TSJA, porque había una concentración convocada a las puertas del edificio por parte del Sindicato de Periodistas para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima.

Una “espinita clavada” con la víctima

En todo momento, el juez Francisco José de Córdoba trató de ceñir el interrogatorio a los hechos concretos que se investigan en la causa, formulando preguntas en torno a fechas y lugares muy específicos. Dado el momento procesal incipiente de la causa, el magistrado perimetró mucho tanto las preguntas de la acusación y la defensa como las respuestas, evitando elucubraciones, juicios de valor, incluso contextualización de los hechos por los que se interrogaba.

Por ejemplo, a la exdirectiva de ADM le preguntó si había escuchado a su jefe decir en una ocasión concreta, en un restaurante específico, que “tenía una espinita clavada” por no haber podido mantener una relación íntima con la víctima. La testigo declaró que si bien no recordaba exactamente si lo había dicho ese día ni en ese sitio, confirmó que la frase se la había escuchado “muchas veces, recurrentemente, y delante de un montón de gente”.

La testigo clave ratificó así el relato de la reportera denunciante. La propia denuncia recoge que, tras sentirse rechazado continuamente en sus insinuaciones a la reportera, este llegó a “jactarse ante otros directivos y compañeros” de que era “la única mujer” que se le “ha resistido” y “la única tía” que le ha “hecho la cobra”, durante una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur.

Las dos testigos también confirmaron ante el juez que tenían conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Preguntada por esta cuestión, la amiga íntima de la denunciante consultó al magistrado si quería que entrara en detalles “desagradables”, tal y como se lo había contado en su momento la víctima y, con el visto bueno del juez, describió de manera explícita el “manoseo y baboseo” que le había trasladado su amiga con respecto al comportamiento de su jefe.

“Le babeaba encima, le chupaba con la lengua”, detalló la testigo durante su declaración, en alusión a dos de los episodios recogidos en la denuncia. Uno sufrido en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y el último en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

Aunque la exdirectiva de ADM no estuvo presente durante la grabación de esos programas, donde habrían ocurrido las agresiones, sí explicó al juez que la reportera le había contado que se había sentido “muy incómoda” ante la presencia del director general cuando se personaba en los rodajes. “Me preguntaba de forma recurrente dónde estaba físicamente” la denunciante, explicó.

En un momento del interrogatorio, el magistrado le preguntó por su poder de influencia y decisión sobre el personal de la empresa, dada su condición de número dos de la productora, pero ella aseguró que sólo era sobre el papel, “la realidad es que él lo controlaba todo y decidía quién entraba y quién se marchaba de la empresa”, advirtió.

El consentimiento

La cuestión del consentimiento de la reportera que trata de demostrar la defensa de Gustavo Fuentes ya aparecía anticipada en la denuncia presentada por ella el pasado enero. En esta explica de forma reiterada por qué no denunció antes a su jefe y por qué mantuvo una comunicación aparentemente cordial con él pese a las agresiones y el acoso que describe. Si respondía a los mensajes de WhatsApp con una “cortesía forzada” hacia su superior jerárquico, sostiene el escrito, no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye el texto. Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

La defensa del exdirector general de ADM ha tratado de desacreditar esa tesis. Además de sostener ante el juez que la relación fue consentida, la representación legal del acusado solicitó una copia de los informes clínicos de la denunciante, ya obrantes en el procedimiento, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad”, así como una “pérdida de diez kilos” de peso. Su estrategia pasa por vincular ese deterioro físico y psicológico con el fallecimiento repentino de la madre de la víctima, al coincidir temporalmente con parte de los hechos denunciados.

Esa fue una de las cuestiones sobre las que el juez interrogó a las dos testigos. Quiso saber si conocían que la reportera recibía atención psiquiátrica y si el origen de esa terapia guardaba relación con la muerte de su madre. Ambas respondieron que el tratamiento estaba motivado por la situación de acoso sexual que, según les había trasladado la propia denunciante, sufría en su entorno laboral. “Como yo la he visto sufriendo con este hombre no la había visto nunca”, declaró su amiga.

En el mismo sentido se pronunció la que fuera número dos de Gustavo Fuentes. “Cuando la conocí era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita”, afirmó al describir el progresivo deterioro de la reportera bajo la “presión sexual” que, según dijo, ejercía el entonces CEO y el “miedo absoluto” que ella llegó a sentir hacia quien era su superior jerárquico en la empresa donde trabajaba.

Sobre esta respuesta, el abogado del acusado protestó y el juez consintió en que “no procede”. Tras la declaración de las testigos y el acusado, el magistrado (y el Ministerio Fiscal) decidirán en los próximos días el siguiente paso del procedimiento judicial por delitos sexuales contra Gustavo Fuentes, castigados con penas de hasta siete años de cárcel.

“Ella le tenía pánico, verdadero miedo”. “Cuando la conocí, era una persona poderosa, simpática, divertida, y he visto cómo cada vez se ha ido haciendo más chiquitita” bajo la “presión sexual” de él y el “miedo absoluto que le tenía”. Dos testigos han ratificado este martes ante el juez la “obsesión” que el exdirector general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), Gustavo Fuentes, sentía hacia la reportera que lo ha denunciado por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral.

Se trata de una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del entonces CEO de la productora, y de una amiga a la que reveló las agresiones sexuales el mismo día en que se produjeron. Según fuentes presentes en el interrogatorio, las dos han confirmado ante el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla tener conocimiento de los episodios de violencia sexual denunciados porque la propia denunciante se los relató poco después de que sucedieran. Ambas han coincidido también en relacionar el “deterioro” físico y psicológico que sufre actualmente la reportera con el estado de “miedo” y “ansiedad” que atravesó durante su etapa en ADM.

Tras las dos testigos propuestas por la víctima, ha declarado el propio Fuentes, quien llegó a los juzgados de violencia contra la mujer cuatro horas antes de la hora a la que estaba citado a declarar (12.15) en calidad de imputado por agresión sexual y acoso sexual. El abogado de la denunciante había solicitado al juez que citase a las testigos y al acusado en días distintos, para evitar que se cruzasen en el juzgado, pero el magistrado rechazó la petición. Como Gustavo Fuentes se adelantó tanto a la hora de su citación, ya se encontraba en la sala de espera, contigua al juzgado número 5, cuando las testigos llegaron por separado para declarar antes que él.

Después de responder a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su abogado, Fuentes abandonó el edificio poco antes de las 14:00. Lo hizo en coche directamente desde el garaje, evitando así enfrentarse a los medios que aguardaban en la puerta principal y a los miembros de la Asociación de la Prensa de Sevilla, del sindicato SPA y del comité intercentros de Canal Sur, que se concentraron frente al juzgado para mostrar su “apoyo absoluto” a la víctima y animar a denunciar situaciones de acoso sexual y laboral como la que hoy pesa sobre el exdirector general de ADM.

Interrogatorio acotado a los hechos investigados

La expectación mediática que ha generado esta citación judicial se debe a que el productor acusado de delitos sexuales no era un ejecutivo al uso, y tampoco la compañía que dirigía. ADM es una empresa semipública, participada mayoritariamente por la Junta de Andalucía (al 48%), asociada a la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA) y principal proveedora de contenidos de Canal Sur, cuyo buque insignia es uno de sus programas en antena desde hace 26 años (Andalucía Directo).

Según fuentes presentes en la sala, durante las declaraciones de las testigos se ha escuchado reiteradamente la palabra “improcedente” por parte del juez Francisco José de Córdoba, que, siendo garantista, trató de acotar el interrogatorio para ceñirse a los hechos concretos que se investigan. El magistrado interrumpió así en varias ocasiones, tanto las preguntas de la acusación como las repuestas de las testigos, cuando entendía que se alejaban del objeto de la causa para adentrarse en el contexto laboral o en la “posición de poder” del acusado.

Cabe recordar que el magistrado dejó fuera del procedimiento el delito de acoso laboral que también denunciaba la reportera, al considerar que excedía de las competencias de un tribunal de Violencia de Género.

Tres agresiones denunciadas

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

El juez ha sido muy específico en sus interrogantes y ha preguntado a las testigos por fechas exactas. Según ha podido saber este periódico de fuentes cercanas al caso, la defensa también ha llevado un documento extenso con páginas de WhatsApp impresas.

“Basta de acoso en los medios”

Mientras Gustavo Fuentes declaraba ante el juez, decenas de profesionales del sector audiovisual se concentraron a las puertas de los juzgados, al grito de “No al acoso, sexual o laboral” y “Basta de acoso en los medios”. Con estos lemas trasladaron su respaldo y “solidaridad” a la reportera que denunció al exCEO de ADM, poniendo fin a años de silencio y “sometimiento”.

En el manifiesto leído durante la concentración, el Comité Intercentros de la RTVA y Canal Sur Televisión ha advertido de que “no podemos permanecer impasibles ante situaciones de abuso y agresión como las descritas por la compañera denunciante, menos aún cuando quien las sufre trabaja en una empresa con participación pública cuyo principal cliente es Canal Sur”, como apunta el máximo órgano de representación de los trabajadores de la radiotelevisión pública andaluza.

Los convocantes han vinculado ese silencio al temor a las represalias en un sector tan atomizado como el audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”. Ese “miedo a no volver a trabajar en una empresa audiovisual en Andalucía” hace que muchas personas permanezcan “calladas” ante situaciones de acoso sexual o laboral, han señalado durante la lectura del manifiesto.

Precisamente por ello, la concentración —respaldada también por las secciones sindicales de Canal Sur Radio y Televisión y por la Asociación de la Prensa de Sevilla (APS)— ha querido lanzar un mensaje a quienes atraviesan situaciones similares para que no se sientan solas y se animen a denunciar. “No podemos permitir que el miedo, el silencio, el ninguneo o el abuso de poder se conviertan en la norma en nuestros centros de trabajo”, sostiene el Sindicato de Periodistas de Andalucía, que ha reclamado “erradicar de nuestro sector la precariedad y el machismo estructural”, como “caldo de cultivo que alimenta los abusos”.

La protesta ha contado con el respaldo de formaciones políticas con representación parlamentaria como Adelante Andalucía y Por Andalucía. Desde Adelante avanzan que van a pedir la comparecencia en el Parlamento andaluz del consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de estrecha confianza de Fuentes, así como que se aborde la cuestión de la denuncia directamente en la comisión de RTVA. La portavoz de Igualdad de Adelante, Leticia Blanco, considera “horrible” que no exista plan de igualdad en cualquier subcontrata, “pero que no lo haya en una empresa con participación pública es inaceptable”, añade en declaraciones a elDiario.es

En septiembre de 2010, durante la gala de presentación de la nueva programación de Giralda Televisión y en presencia de trabajadores y directivos de la cadena local de Sevilla, Gustavo Fuentes “extendió un cheque de 500 euros” a nombre de una joven periodista allí presente: “Ella es mía y vale mucho. Si no le pagáis la gala, se la pago yo”.

La denuncia que interpuso, 15 años después, aquella joven contra su jefe por agresiones sexuales, acoso sexual continuado y acoso laboral arranca con aquel primer episodio “especialmente humillante”, que “sentó las bases de una dinámica de poder y control que se prolongaría en el tiempo hasta hacerse insoportable y llegar al extremo de socavar por completo su integridad física y psíquica”.

Gustavo Fuentes, ex director general de la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), comparece este martes ante un juez de violencia de género de Sevilla imputado por un delito contra la libertad sexual y otro de acoso sexual continuado, castigado con pena de prisión de uno a cuatro años (en el primer caso) y de cinco a siete meses (en el segundo, cuando existe “prevalimiento de autoridad o superioridad laboral”).

La denuncia de la reportera de ADM, avalada por las declaraciones juradas de siete testimonios directos, y acompañada por 175 páginas de mensajes de WhatsApp “de índole sexual” enviados desde el teléfono de Gustavo Fuentes a la víctima entre 2018 y la actualidad, describe tres agresiones sexuales, aportando el lugar, la hora y testigos que escucharon lo sucedido el mismo día que ocurrió o poco después.

Estas habrían ocurrido en tres fechas distintas: en 2013, en un bar del centro de Sevilla y en el interior de un taxi; en 2022, en plena calle y dentro de un coche durante la grabación de un programa para Canal Sur en Barbate (Cádiz); y en 2023, también dentro de un vehículo en Zahara de los Atunes (Cádiz), durante la realización de otro programa.

“La única tía que me ha hecho la cobra”

“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”, le dijo tras intentar besarla a la fuerza aquella primera vez, en 2013, según consta en la denuncia. Otros momentos descritos ocurrieron en presencia de testigos que aparecen, con nombres y apellidos, y pueden ser citados por el juez. En una fiesta de cierre de la primera temporada del programa A toda costa, de Canal Sur, Fuentes “se jactaba ante otros directivos y compañeros” de que [la víctima] era “la única mujer que se me ha resistido”, “la única tía que me ha hecho la cobra”, comentarios que ella tilda de “vejación sexual, humillación constante y degradación”, por hacerlos además “con carácter público”.

La apertura de la investigación judicial fue revelada por elDiario.es Andalucía el pasado 9 de junio, pero la denuncia de la reportera se registró en enero, la apertura de diligencias es de febrero y la citación judicial como imputado es del 25 de marzo, el mismo día que tomó declaración a la víctima. Hasta que se hizo público, Gustavo Fuentes tenía una de las mejores huellas digitales del sector audiovisual andaluz y nacional: aparecía en docenas de entrevistas como un “visionario” del mundo audiovisual, preconizando el futuro de la televisión, el cine y las plataformas de streaming; reconocido por liderar alianzas de la industria andaluza con los gigantes del sector, como Netflix o Movistar.

“Gustavo Fuentes, el Messi sevillano tras las cámaras”, rezaba el titular de un perfil en el medio Extradigital, en noviembre de 2023, con una foto suya junto al director general de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA), Juan de Dios Mellado. En 2023, el Gobierno de Juanma Moreno facilitó su nombramiento como presidente del clúster audiovisual de Andalucía (LAND), un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su confianza.

“Organizaba eventos y fiestas muy vistosas, traía a gente muy potente y proyectaba una Andalucía moderna, de cine. A él le gustaba rodearse de la gente que manda y hacer ostentación de su cercanía con el poder. Pero él mandaba mucho y a los políticos les encantaba verse en sus saraos”, dice hoy uno de sus estrechos colaboradores. Ese estatus de Gustavo Fuentes es el telón de fondo tras las agresiones y las situaciones de acoso sexual y laboral que describe la denuncia. “Es preciso tomar consciencia de su posición de poder, no sólo en el sector audiovisual andaluz, sino incluso en esferas políticas institucionales de la comunidad autónoma”, subraya el texto de forma insistente.

El hoy vicepresidente primero de la Junta es el gran protagonista del álbum de fotos de Gustavo Fuentes, donde aparece prácticamente todo el Consejo de Gobierno y el staff de la RTVA. “Está muy bien relacionado dentro del sector, pero sobre todo con la cúpula de la Junta, del PP andaluz y de la dirección de la RTVA”, explican fuentes del ente público.

La reportera que terminó denunciando a su jefe en los tribunales, junto a otras cinco trabajadoras de la misma productora, habían pedido amparo seis meses antes a CCOO, describiendo al detalle las agresiones y situaciones de acoso. La denuncia muestra cómo, de manera insistente, trata de justificar el no haber sido capaz de denunciar antes a Gustavo Fuentes por miedo, no sólo a perder su empleo, sino a que su jefe usara sus contactos para ahogar cualquier posibilidad de encontrar trabajo en el muy atomizado sector audiovisual andaluz, “muy dependiente de los contratos con Canal Sur”.

“El director general de ADM no actúa únicamente como superior jerárquico interno, sino como máximo responsable de una de las escasas estructuras empresariales con verdadera capacidad de absorción de empleo, producción y continuidad profesional en el audiovisual andaluz, así como de los empresarios más influyentes de todo el sector”, advierte la denuncia.

En las quinielas para entrar en el Gobierno andaluz

El pasado 7 de junio, dos días antes de revelar la imputación del CEO de ADM por delitos sexuales, en el entorno del presidente Juanma Moreno situaban al “superproductor” en las quinielas para dirigir la RTVA, sustituyendo a Mellado, e incluso como consejero de la nueva cartera de Inteligencia Artificial y Desarrollo Digital.

18 horas después de publicarse la noticia, el Consejo de Administración de ADM aprobó la “suspensión temporal” de todas sus funciones. A la mañana siguiente, se informó internamente a los directivos de la productora de que Gustavo Fuentes “no iba a volver”, y que su cese era “definitivo e irrevocable”. El terremoto que provocaron los detalles más escabrosos de la denuncia de la reportera cimbrearon los cimientos del Gobierno de Moreno, copropietario de la productora ADM (con un 48% de participación), y de Canal Sur, su principal proveedor (con una facturación anual en torno a los cinco millones de euros).

“Es una denuncia falsa. No tienen pruebas. Niego todos los hechos. Esto no ha existido y tengo bastantes datos para corroborar mi inocencia. Estoy muy tranquilo”, había explicado el propio Fuentes a este periódico, el día antes de publicarse la noticia. Tras esa llamada, salió de su despacho e informó a otros directivos de la productora que “la noticia ya va a salir”. “Llevaba semanas esperándola. En la oficina ya se sabía, todo el mundo lo sabía. Él ya nos había contado que estaba citado a declarar como investigado [el 11 de mayo, seis días antes de las elecciones andaluzas]”, cuenta un ejecutivo de ADM, corroborado por otros tres trabajadores.

“El martes 7 de abril, justo después de Semana Santa, llegó eufórico a la oficina, contando que acababa de estar con Antonio Sanz en el bar José Luis, de la Plaza de Cuba, que le había contado su situación y que estaba tranquilo: 'Quien tiene que saberlo ya lo sabe', dijo”, según estas fuentes. Nadie en el Gobierno andaluz ha aclarado desde cuándo sabía que el CEO de esta empresa semipública estaba denunciado, primero, e investigado, después, por delitos sexuales a una trabajadora.

Al día siguiente de la publicación, la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Carolina España, reconoció que no sabía “exactamente” cuándo, pero acto seguido recordó que las dos empresas públicas afectadas por este caso (la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y la RTVA) son competencia “de dos consejeros diferentes”, a los que citó por sus nombres: “están el consejero Paradela [Jorge; consejero de Industria] y el consejero Sanz [Antonio; consejero de Presidencia], no sé exactamente cómo se han enterado, no he hablado con ellos directamente”.

A preguntas de los periodistas, Paradela aseguró que la fecha clave fue el 7 de mayo, casi dos meses después de la imputación del CEO. “Esa sería la fecha y, en cuanto se supo, pusimos cartas en el asunto y el director de ADM está cesado en sus funciones”, aseguró. El problema es que la imputación de Gustavo Fuentes desencadena toda una serie de denuncias y testimonios -algunos firmados por escrito para este periódico- que dan cuenta de un “modus operandi” con sus trabajadores (sobre todo las mujeres) “déspota, cruel y violento”, que era “vox populi en el sector”.

Fuentes “se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur”, sostiene la acusación, que remite a otras denuncias y acuerdos prejudiciales por acoso laboral en la productora.

“Reserva para unos mimos; tengo ganas de ti”

El juez Francisco José de Córdoba, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla (de reciente creación), ya ha ordenado un “reconocimiento médico forense” de la denunciante para acreditar “el estado de salud psíquica de la víctima, secuelas y posible nexo causal” con las agresiones y el acoso sexual denunciados.

Este martes ha citado primero a dos testigos propuestas por la víctima: una exdirectiva de la empresa, que ejerció como número dos del CEO de la productora, y una amiga a la que reveló la agresión sexual el mismo día que se produjo. Luego tendrá que declarar Fuentes, en presencia de su abogado, el de la acusación y de la Fiscalía, que aún no ha ejercido ninguna actuación relevante en este procedimiento.

El acusado se enfrenta también a sus propios mensajes de WhatsApp, los que envió a la reportera con insistentes propuestas de encuentros privados, y que ella han sido “validados” como prueba de la acusación por el juez: “A ver si un día de estos podemos pegarnos una escapada, aunque sea un par de horas”; “Tenemos pendiente algo más privado... pero cuando tú puedas”; y lenguaje con connotación sexual e íntima: “Cariño, tengo ganas de ti”; “Reserva para unos mimos”; “Tú me debes una noche loca”; “Lo nuestro parece imposible, ojalá volviéramos a hace 10 años”; “¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?”; “Bueno, si tú te vienes, a ver si te dejo irte otra vez jajaja”.

La víctima ya declaró ante el juez para explicar la situación de “sometimiento” que sufría y que “se retroalimentaba constantemente de la relación de jerarquía respecto del denunciado”. “La impunidad con la que actúa el señor Fuentes genera en su entorno laboral una sensación de que cualquier rechazo frontal al mismo puede ser el fin de una carrera profesional, la única opción posible es intentar evitarlo, siendo ello imposible por la propia naturaleza laboral jerárquica existente”, subraya la denuncia, que describe una “situación cronificada de acoso” que empujó a la víctima a un “cuadro depresivo” del que aún se está recuperando.

La denuncia adjunta un informe clínico de la mutua y otro informe psicológico privado, que acreditan un “trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad” y “pérdida de diez kilos”.

Entre la primera agresión que consta en la denuncia y la última transcurrieron diez años. De aquel primer comentario “humillante” (“Yo voy a hacer abuelo a tu padre”) al acoso laboral descrito, cuando el CEO de la productora sabe que ha empezado una relación sentimental con un cámara de su propia empresa (“Para que se la folle otro que se vaya a la puta calle”), que consta en una de las declaraciones juradas.

Entre la última agresión y la presentación de la denuncia en un Juzgado de la Mujer pasó un año y medio. El Ministerio de Igualdad tiene publicados informes que confirman un tiempo de respuesta común en las víctimas de violencia de género: suelen tardar en verbalizar o denunciar su situación entre ocho años y ocho meses de media, según datos de un estudio promovido por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.

Esos años en los que compartió un espacio de trabajo con su jefe sin denunciarlo parecen obligarla a justificarse una y otra vez en la denuncia, tratando desesperadamente de explicar que si respondía a aquellos mensajes con “cortesía forzada” a su superior jerárquico no era por “consentimiento”, sino para “no provocar una reacción adversa por parte de una persona que percibe como poderosa, insistente y potencialmente peligrosa para su estabilidad laboral y vital”.

“La ausencia de un 'no' literal no puede interpretarse como consentimiento, sino como el resultado directo del temor fundado a las consecuencias de una negativa explícita”, concluye la denuncia.

Alfonso Rodríguez Gómez de Celis (Sevilla, 1970) siempre ha militado en la familia política del PSOE contraria a Susana Díaz, pero ahora tiende puentes con la senadora, “yo contaría con Susana siempre en mi equipo”. Defiende que “la sonrisa es el mejor antídoto contra la polarización” y está convencido de que, tras su pacto con Vox, “a Moreno se le ve ya su verdadera cara”, algo que está convencido de que la sociedad andaluza acabará por ver también.

Termina un curso político en Andalucía tras unas elecciones andaluzas que le fueron mal al PSOE, ¿esperaba mejores resultados?

Estuvo más o menos en lo que nos venían diciendo las encuestas, aunque uno siempre espera ganar y más con María Jesús Montero, que para mí sería la mejor presidenta que ha tenido la Junta de Andalucía en su historia. Y lo sería porque concita una serie de circunstancias personales: por su capacidad, por su experiencia, por su conocimiento de la administración andaluza y de la estatal, por ahormar y tener a todo el partido en torno a ella unido, que pocas veces sucede... Pero juegas contra otro equipo: no sólo vale con tener a la mejor, que es María Jesús, teníamos enfrente unas circunstancias que han sido adversas.

En las elecciones de mayo el PSOE cosechó su cifra de votos más baja de la historia en unas andaluzas, ¿corre el riesgo de convertirse en un partido irrelevante en Andalucía?

No, no va a ser irrelevante porque las circunstancias son cambiantes, pero hay algo estructural y lo estructural es el PSOE de Andalucía: lo estructural es la fuerza que tenemos en el ámbito municipal, es nuestra militancia, es nuestro partido. Pero repito que no jugamos solos, lo hacemos contra un equipo que es capaz de todo, contra un PP en el que ya le empezamos a ver la verdadera cara a Moreno Bonilla: ya se ha quitado la careta y se ha plegado de manera inmisericorde a los postulados de la ultraderecha. Y también ha claudicado a lo que le ha impuesto su partido en Madrid, porque todos sabemos que había otro acuerdo, otro papel, que tenían Antonio Sanz y Moreno Bonilla para firmar con Vox. Pero desde Madrid, Feijó y Tellado, con una simple llamada, le imponen el acuerdo que ha firmado. Por tanto, empezamos a ver la verdadera cara de Moreno, pero la sociedad andaluza no la termina de ver porque todavía tiene esa imagen de bonhomía.

Al margen de que se le caiga la careta a Moreno, ¿qué necesita hacer el PSOE andaluz para reconectar con su militancia y con el centroizquierda en general?

Creo que hay una premisa básica en este sentido, y es que la derecha y la ultraderecha han tratado de polarizar a la sociedad con la incitación al odio y haciendo que parezca que la política es irrespirable. Esto tiene un objetivo concreto, que es desafectar a las capas sociales más débiles de la participación política, esto es lo que hace que en barrios como Cerro-Amate [una zona obrera de Sevilla] no participe ni el 50% de la ciudadanía, pero participe el 80% en Los Remedios [el barrio con renta más alta]. Por eso, nuestra principal misión en el proyecto a futuro es tratar de salvar esta circunstancia, lo que no es fácil porque es un fenómeno global. Hay que hacer ver a la ciudadanía que esto va encaminado a desafectar al votante de izquierda, y por ahora lo están consiguiendo.

Tenemos el reto de comunicar y de llegar a la gente como hace Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York: tener un proyecto y trasladarlo siempre con una sonrisa

¿Le preocupa que el PSOE esté desenganchado de un votante más joven, que ahora está o con Vox o con Adelante Andalucía?

Hay una forma para salvar esta situación que para mí es fundamental aunque parezca simple, y es la sonrisa: la sonrisa es el mejor antídoto contra la polarización. Lo he comentado muchas veces internamente en el partido, tenemos el reto de comunicar y de llegar a la gente como hace Zohran Mamdani, el alcalde de Nueva York: tener un proyecto y trasladarlo siempre con una sonrisa, porque así no participas de la polarización.

¿Ahora vamos a tener pelea por la sonrisa? Porque también la reivindican el PP de Moreno, Por Andalucía, Adelante Andalucía...

Modas como la de Adelante Andalucía ya he vivido muchas: Ciudadanos, Podemos y, si nos vamos mucho más atrás, hasta aquel partido centrista que montó Miquel Roca [el Partido Reformista Democrático, PRD]. Estas modas políticas pasan, y lo de Adelante Andalucía es una moda que pasará, pero el PSOE siempre estará. Y para eso necesitamos salvar la polarización con una comunicación más amable y directa al ciudadano.

El PSOE andaluz ha aparcado cualquier autocrítica interna hasta que pasen las elecciones municipales y generales de 2027, ¿no es demasiado tiempo?

No, porque nos queda un 25% del mandato de esta Ejecutiva Federal, con ese espacio de tiempo tan corto sería muy contraproducente un proceso interno para consolidar el liderazgo de María Jesús Montero o buscar un liderazgo de futuro. Porque probablemente la ola que venga después de las elecciones dejaría atrás todo lo que se haga ahora, ya que entonces tocará un proceso interno de renovación de todas las estructuras del partido (federal, regional, provincial y local) y ahí será el momento para que todos los socialistas opinemos.

Por lo que comenta, parece como si barajase la opción de que el liderazgo de María Jesús Montero no sea demasiado largo.

No, he dicho que puede ser, pero es que no es mi opinión, es lo que dicen las normas del partido. Para mí sería sin duda la mejor presidenta de Andalucía, pero cuando llegue el momento daré mi opinión.

¿No quiere darla ahora?

No es que no la quiera dar, es que no es el momento procesal oportuno, primero porque no sé la opinión que ella tiene. Pero vamos, creo que se dan todas las circunstancias para que consolide su liderazgo.

¿Susana Díaz debe repetir como senadora?

Sí, sí, sí, Susana es una mujer con una experiencia enorme, con una capacidad política y de trabajo enorme. Susana Díaz es un activo del partido que a pesar de toda su experiencia tiene futuro en política, yo contaría siempre con ella. Y lo digo yo. Estoy seguro de que para los procesos que vienen será un activo con el que cuente el partido, debemos contar con Susana todo lo que podamos.

¿Y Juan Espadas debe continuar también como senador?

Sí, porque además de todo el trabajo hecho en Andalucía y en Sevilla, es que está haciendo una buena labor como portavoz en un Senado que el PP ha convertido en una sucursal de Génova, está haciendo su labor de oposición con mucha sapiencia.

Si yo fuera alcalde o candidato lo que querría era que coincidieran las generales y las locales el mismo día, porque nuestro principal activo hoy es Pedro Sánchez

Para el próximo curso, si Pedro Sánchez no decide adelantar, lo primero que toca son las elecciones municipales, ¿qué le parecen los alcaldes de su partido que piden que las generales sean antes porque creen que eso es mejor para ellos en las locales?

Pues no llego nunca a entender eso bien, la verdad, si yo fuera alcalde o candidato lo que querría era que coincidieran las generales y las locales el mismo día. ¿Por qué? Pues porque nuestro principal activo hoy es Pedro Sánchez, no tenemos un activo más potente. Incluso las encuestas más adversas de los medios de comunicación de derechas más adversos siempre dicen lo siguiente: que la mayoría de los españoles prefieren a Pedro Sánchez como presidente y que tiene más valoración que Feijóo. ¿Qué ocurre? Pues creo que a veces, desgraciadamente, muchos compañeros compran las tesis de la derecha.

Pues acaba un ciclo electoral en el que el PSOE, con Pedro Sánchez, se ha estrellado en todas las comunidades autónomas...

Pero eso es porque él no ha sido nunca el candidato. Por eso digo que yo, siendo el candidato en las generales, querría que fuesen juntas porque a mí me iría mejor. Sé que hay otras opiniones, pero creo que los trabajadores de cualquier municipio agradecen las políticas sociales y económicas de Pedro Sánchez, su posición nítida y férrea por la paz. Hay una pléyade enorme de circunstancias, de políticas y de avances que ha tenido este país que estoy seguro de que cuando llegue la campaña la defenderán los candidatos a alcaldes.

Entonces, ¿el principal riesgo ahora para los aspirantes socialistas son los casos de corrupción que están sacudiendo al partido?

Evidentemente ese sí es un elemento adverso, pero creo que también hay una diferencia, y también querría yo tener a Pedro Sánchez a mi lado para explicarlo. Casos de corrupción hay en cualquier ámbito, en la sociedad, en la Guardia Civil, en la Policía Nacional, en la Iglesia y en la política, porque somos seres humanos y desgraciadamente entre nosotros hay gente buena, mala y regular, con sus debilidades. La diferencia está en cómo afrontas esa corrupción, y el presidente y el partido han sido contundentes y transparentes. La ciudadanía sabe perfectamente estas cosas, como también sabe el acoso y derribo al presidente y a su entorno familiar, con procesos bastante cuestionables desde el punto de vista legal y procedimental por parte de determinados jueces.

En Andalucía, de cara a las municipales, ahora mismo el PSOE gobierna en dos diputaciones (Sevilla y Jaén) y sólo en una capital, que es Jaén. ¿Hay aspiraciones de recuperar alguna Diputación o alguna de las capitales o al revés, el temor es perder lo poco que se conserva?

El PSOE siempre va a salir a ganar el partido, y a ganar por goleada. Distinto es que tenemos un equipo enfrente y que a veces los árbitros cojean de la pierna derecha y además se les ve mucho.

¿Los árbitros son los jueces?

Sí, creo que eso es evidente. Pero reconozco que desconozco lo que es la realidad de todas y cada una de las provincias andaluzas, nunca me he desarrollado políticamente en el ámbito andaluz, siempre ha sido a nivel de Sevilla o de España, que es donde está mi vocación siempre que el partido así lo entienda. Si me centro en Sevilla, que sí la conozco mejor, creo que tenemos una oportunidad con Antonio Muñoz, que ha realizado un trabajo aceptable y positivo. Y tiene las ganas y la ilusión de volver a ser alcalde, porque ha demostrado que tiene una concepción universal de la ciudad que es muy importante. Todos los alcaldes socialistas han tenido esa vocación universal sin perder las esencias, que hay que cuidarlas, resguardarlas y mimarlas.

Es decir, que apoya a Antonio Muñoz para que repita como candidato.

Es que es nuestra mejor opción hoy, porque enfrente tenemos a José Luis Sanz, que sabíamos que no tenía un modelo universal de la ciudad. Pensábamos que venía con la vitola de jefe de mantenimiento, pero es que ni eso tampoco. Por tanto, tenemos una oportunidad.

Antonio Muñoz es ahora la mejor opción como candidato en Sevilla porque no es sólo él, sino también el equipo. Creo que fue un acierto pivotar el equipo municipal sobre los secretarios generales de las agrupaciones del PSOE

Con este respaldo, se está usted autodescartando pese a que siempre ha sido una especie de eterno candidato.

Siempre he dicho que en su momento me hubiese gustado ser alcalde, y creo que hubiese desarrollado con ese proyecto universal que tuvo Alfredo Sánchez Monteseirín. Pero eso ya pasó. Yo estoy feliz en Madrid, estoy feliz en el Congreso de los Diputados y vuelvo a repetir, esa es mi vocación. Por eso digo que Antonio Muñoz es ahora la mejor opción, porque no es sólo él sino también el equipo. Creo que fue un acierto pivotar el equipo municipal sobre los secretarios generales de las agrupaciones del PSOE, por eso mi opinión de cara al futuro es mantener esa base con los secretarios generales en el Ayuntamiento de Sevilla.

¿Cree que habrá primarias a la Alcaldía de Sevilla? En su momento se llegó a hablar incluso de la opción de Susana Díaz...

No sé si habrá primarias porque no puedo hablar por nadie, lo que sí digo es que Antonio Muñoz puede y debe desarrollar la candidatura mientras él quiera. Susana Díaz, ya lo he dicho antes, es un activo del partido y estoy seguro de que ayudará en las elecciones municipales: yo contaría con Susana siempre en mi equipo, y mira que en muchas ocasiones no hemos estado en el mismo equipo. Pero esto es como preguntarle a un madridista si no quiere a Messi en el Madrid, pues claro que quiero siempre a los mejores en mi equipo.

Puestos a analizar posibles candidatos para el PSOE en Sevilla, la otra figura que parece emerger es la de Javier Fernández, alcalde de La Rinconada y presidente de la Diputación.

Yo creo que se va a presentar a la Alcaldía en La Rinconada, que él mismo se autodescarta.

¿Pero cree que Susana Díaz y Javier Fernández serían buenos alcaldes de Sevilla, independientemente de que no estén ahora en eso?

Pues claro, y yo también sería un buen alcalde, pero es que no estamos hablando de eso. Hablamos de quién tiene las ganas y la mejor posición para ser candidato, y en este caso es Antonio Muñoz.

El acuerdo entre PP y Vox para la gobernabilidad de Andalucía despierta voces críticas con un pacto en el que se rechaza frontalmente a los niños migrantes y se refrenda el negacionismo climático, pese a que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, lo mencionara como un factor determinante en el incendio de Almería. Frente a la prometida estabilidad de la vía andaluza, organizaciones, entes sociales y sindicatos piden una apuesta común por el reparto equitativo de recursos y no ceder en los derechos adquiridos. El documento de 150 puntos se divide en 15 secciones que abarcan desde la fiscalidad, la inmigración, a la familia, la cultura y el turismo o las leyes ideológicas, que despiertan dudas y preocupaciones entre distintos sectores.

El reparto de las 150 medidas da cuenta de la importancia que le otorga a cada sección los partidos conservadores, el Sector Primario (33 puntos), la Sanidad (29), así como Vivienda (14), Inmigración (12) y Fiscalidad (11), se llevan la palma, a lo que luego le seguiría Educación (diez), Energía, industria y empleo (nueve), Familia (ocho), Medio ambiente (seis), Cultura y turismo (cinco), Gasto superfluo (cuatro), Justicia (tres), Movilidad y Transporte (tres), Leyes ideológicas (dos), y, por último, el punto 150 referido a la Lealtad institucional y Comisión de seguimiento.

Vox, que ha rebajado el tono en las cuestiones relacionadas con el feminismo y el colectivo LGTBIQ+ a lo largo de esta campaña autonómica para encarar las generales con el mayor espectro posible de votos, ha puesto énfasis en la 'prioridad nacional' a través de la inmigración y, a su vez, en el campo andaluz como sus dos estandartes principales, aunque finalmente la consejería designada para el líder andaluz de la ultraderecha andaluza, Manuel Gavira, haya sido Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local. El campo andaluz será feudo del PP, con Ramón Fernández-Pacheco al frente, al igual que Sanidad, que confía Moreno a su gestor fuerte, Antonio Sanz, y la recién creada Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, a cargo de Rocío Díaz. Tres áreas que, aún siendo baluarte de los populares, se someten a las exigencias de la ultraderecha.

Las políticas agrarias: “No hablan de la falta de rentabilidad”

“Es paradójico que algo más de medio millón de andaluces, que representan el 6% de la población, marque las políticas agrarias de los próximos cuatro años”, sentencia Jesús Cózar, secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) de Andalucía. “Muchas de las medidas propuestas ya se están llevando a cabo, como las relacionadas con la competencia en materia de aguas o la instalación de balsas de agua, y hay otras que no le competen a la Junta de Andalucía, como las relativas a la PAC [Política Agraria Común]”, detalla, “y ninguna de ellas habla del principal reto del sector primario andaluz: la falta de rentabilidad de las explotaciones”.

Al respecto, considera que la Junta debería de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para desarrollar y aplicar la Ley de la Cadena alimentaria y proteger al eslabón más débil: el productor. “Se puede hacer mucho más para evitar el cierre de muchas plantaciones, pero no lo vemos, al igual que ocurre con el control de los productos que entran en nuestro territorio o, también, las exigencias en calidad”, asegura. En todo caso, rechaza el modelo de producción intensiva y extensiva: “Las pequeñas y medianas explotaciones somos las que evitamos la despoblación, la desertificación, los incendios, las que velamos por la sostenibilidad económica, social y ambiental, cosa que no ocurre con el modelo intensivo, donde los tenedores de la tierra son grandes fondos de inversión... Cuando no les salgan las cuentas, las pondrán en otra parte”, critica el representante de UPA.

Entre las medidas “positivas” está la reducción de tasas relacionadas con los trabajadores para ayudar a la productividad o, también, la implementación de productos locales en los comedores escolares y administraciones, una cuestión en la que, también, se venía trabajando. A su vez, da por buena la protección del suelo fértil para evitar la macroinstalación de placas fotovoltaicas, pero conllevará una importante discusión: “Nos topamos con la libre elección de cada ciudadano porque, una vez más, nuestros cultivos no son tan rentables como estos huertos solares”.

Un punto en el que Cózar contempla la mayor incongruencia del Gobierno andaluz es el negacionismo del cambio climático. “No lo entendemos. Somos el sector que está padeciendo directamente los problemas derivados del cambio climático, como en nuestras cosechas afectadas por golpes de calor, épocas largas de sequía, o las trombas de agua que han generado desperfectos que jamás habíamos visto. En abril alcanzamos los 40 grados, provocando la quema de la flor del olivo y mermando así las cosechas. El techo de nuestra fábrica es el cielo, y las consecuencias ya las estamos padeciendo”, razona, “que se evide la Agenda 2030 o el Pacto Verde Europeo, donde se intenta paliar y mejorar un poquito uno de nuestros principales retos: no tiene sentido común”.

“Convierten derechos en privilegios”

Acerca de los derechos sociales que toca el acuerdo en el marco de la 'prioridad nacional', englobados en el apartado de inmigración y que señalan tanto el empadronamiento de las personas en situación irregular como el rechazo a la entrada de niños migrantes, Maribel Mora, abogada y miembro de la APDHA, indica que los recortes se han ido profundizando en las dos legislaturas anteriores. “Ya había exclusión en el acceso a la vivienda, abandono de familias migrantes y refugiadas, deterioro de los servicios sociales, así como recortes encubiertos en igualdad, memoria democrática o cooperación, y una gestión cada vez más restrictiva de los derechos sociales”, mantiene.

“Lo que hace Vox ahora es obligar al PP a escribir sobre el papel lo que, en muchas ocasiones, ya venían haciendo por la vía de los hechos: convertir derechos en privilegios y señalar a las personas más vulnerables como problema político y enemigos de la sociedad”, subraya.

Frente al alarmismo desperdigado por Vox, hay varios datos a poner sobre la mesa. Por un lado, el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, publicado por el Ministerio de Sanidad en mayo de este año, refleja que el uso del sistema sanitario sigue siendo mayor entre las personas nacidas en España (92,3%) frente a las personas nacidas en otro país (90,6%). De este último cómputo, un 92% corresponden a ciudadanos de la Unión Europea mientras que los latinoamericanos representan el 94,4% y los africanos un 85,2%. Además, se subraya que la reforma que recuperó el acceso universal para las personas en situación irregular se ha implantado a nivel autonómico de forma “desigual, perpetuando algunas situaciones de exclusión sanitaria”. “Esto nos afecta a todos como sociedad y deberíamos estar muy preocupados, porque Vox consigue normalizar a través de su bandera ideológica que hay vidas que merecen menos protección institucional y dignidad que otras”.

Asimismo, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 reflejaba en la memoria de 2024 sobre el Sistema de información de usuarios/as de servicios sociales (SIUSS) que de un total de 3.445.227 millones de usuarios, un 78,5% eran españoles (2.708.067 personas) y un 21,4% eran de otras nacionalidades (737.160 personas). En este último porcentaje, se repartiría de la siguiente manera: América Central y Sur (9,26%); Magreb (5,21%); Unión Europea (2,7%) y del resto del continente europeo (1,5%), a lo que le seguiría África subsahariana (1,04%). A su vez, las dificultades para el acceso a la vivienda se verán ahora redobladas por los requisitos de arraigo que podrían perjudicar tanto a los andaluces residentes en el extranjero que deseen volver a la comunidad como a los recién llegados, llegando a ser un 65% los que sufren estrategias de bloqueo.

De igual forma, la pensión no contributiva se distribuye a 471.309 en todo el país y, según el perfil de 2025 publicado por el Imserso, hay un 91,7% (432.157) que son nacionales españoles, mientras que un 8,2% corresponden a otras nacionalidades (un 2,26% es del resto de la Unión Europea y un 6% a otros países). A ello, habría que sumar que, de media, las personas extranjeras reciben hasta 4.000 euros anuales de media en Andalucía que un español (26.337 euros frente a 22.063 euros). Por tanto, expresa Mora, la 'prioridad nacional' “es una estrategia diseñada expresamente para criminalizar a estas mismas personas a las que se lanza a una mayor exclusión”.

Rebajas del IRPF

PP y Vox coinciden en la rebaja de impuestos. Una tesis que refuerzan a través de 11 puntos, entre los que destacan las deducciones de hasta 1.500 euros por nacimiento o adopción para fomentar la natalidad, así como el incremento del 50% para las familias numerosas. Pero también habrá una bajada progresiva del IRPF para las rentas inferiores a 60.000 euros, pero, ¿quién forma parte de esa escala? Los datos de la renta media por hogar de las declaraciones del IRPF de 2023, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), ayudaron a crear el mapa de elDiario.es.

En Andalucía, la renta media anual neta por hogar es de 32.378 euros, por debajo de la nacional que se sitúa en los 38.326 euros. A partir del mapa, se observa que por debajo y alrededor de esta cifra está el 50% de la población (un 32% tiene una renta media de entre 18.600 y 30.800 euros, mientras que el 18% oscila entre los 30.800 euros y los 34.000 euros). Por tanto, hay hasta seis tramos superiores, y más ricos, que se beneficiarían de esta bajada de impuestos, alrededor de un 42% de los hogares andaluces. Al respecto, Rafael Gelo, secretario de Política Institucional de UGT Andalucía, critica que, citando las palabras del propio presidente andaluz en referencia a las propuestas de Vox en campaña, “se está engañando a los ciudadanos”.

“Las rebajas fiscales comprometen los presupuestos del 27 al 30, ya que es un cheque en blanco para la desigualdad y no explican cómo se va a financiar la sanidad, la educación, la dependencia o los servicios sociales si van a disminuir los ingresos”. Aparte, menciona el rechazo a la condonación de la deuda para Andalucía y la financiación autonómica como una pérdida de recursos para equilibrar las cuentas de la comunidad. “Con esta reducción, las rentas más bajas no se verán beneficiadas, porque, o no declaran sus ingresos al estar por debajo del mínimo o será un porcentaje prácticamente inexistente. Bajar el mismo tipo a las rentas más ricas va a perpetuar la brecha social”, subraya.

Por otra parte, ampliar la bonificación del impuesto de Sucesiones y Donaciones a tíos y sobrinos —siempre y cuando lo permita las normas de sostenibilidad financiera, admite el acuerdo— resulta beneficioso “de nuevo, a las clases sociales más acomodadas, ya que la mayoría de las personas trabajadoras no reciben herencias significativas y la eliminación de este impuesto lo único que hace es ayudar a las desigualdades de origen”. Con respecto al sector primario, si bien admite que los autónomos y las pequeñas explotaciones necesitan apoyo, esta reducción tendría que estar condicionada por el mantenimiento del empleo y la exigencia del cumplimiento de los convenios colectivos y derechos laborales. “Hay que cuidar el sector primario en Andalucía, pero seguimos manteniendo el principio de, quien contamina, paga, porque serán las familias quienes pagarán los sobrecostes sanitarios de la contaminación”, asevera.

Con relación a la eliminación de los topes de renta para la aplicación de deducciones autonómicas para las familias numerosas, el representante sindical incide en que “el número de personas no determina por sí solo que tengan riesgos de vulnerabilidad, y de esta forma lo que se consigue es que los hogares ricos reciban lo mismo que las familias mileuristas cuando, para ser justos, debería considerarse la renta, la situación laboral y de dependencia, entre otras cuestiones”. Así como pide que las medidas para recuperar la natalidad sea basada en una educación “pública y gratuita”, en vez de incentivos “injustos”.

En cuanto al punto relacionado con los sindicatos, que el acuerdo advierte que reducirá las subvenciones en un 50% tanto para ellos como para las organizaciones empresariales y entidades privadas sin utilidad pública, Gelo es claro: “Nos mantenemos gracias a las aportaciones de nuestros afiliados y, en cualquier caso, trabajamos diariamente y contribuimos al bienestar de Andalucía”. Voces críticas con este acuerdo que, a partir de septiembre, será la hoja de ruta del Gobierno andaluz durante los próximos cuatro años.