La comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, gobernado en minoría por el PP, debatirá este viernes si concede la licencia de construcción a un centro cultural islámico, con una mezquita, junto al Polígono Sur, uno de los distritos más desfavorecidos de la capital andaluza, donde se ubican las Tres Mil Viviendas.

La propuesta, aunque se trata de una iniciativa privada en suelo privado, requiere los pertinentes permisos del Consistorio, y esto ha soliviantado sobre manera a Vox, socio del alcalde José Luis Sanz (PP) para la aprobación de sus Presupuestos y, desde hace una semana, socio también del futuro Gobierno andaluz de Juanma Moreno.

El grupo municipal de Vox cargó duramente contra los populares el martes, tras conocerse detalles del proyecto, pero ha sido el propio líder de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira, a la sazón, vicepresidente 'in pectore' de Moreno, quien ha tomado las riendas de la polémica, este miércoles para trasladarla personalmente al Parlamento andaluz.

El grupo municipal de Vox ha suspendido la convocatoria de prensa que tenía prevista para dejar a Gavira todo el protagonismo sobre este asunto. El futuro vicepresidente andaluz ha anunciado que harán lo posible por “paralizar” la construcción de la mezquita y, de paso, forzando un simil extraño entre esta iniciativa privada y la famosa “prioridad nacional”, el concepto antiinmigrante que aparece en el pacto PP-Vox. “Estamos en contra de la islamización de nuestros barrios y de esta prioridad musulmana”, ha dicho.

Gavira se ha llevado consigo al Parlamento un recorte del diario Abc, con el siguiente titular: La mezquita del Polígono Sur tendrá centro médico de 'prioridad musulmana', comedor e información para turistas. “Estoy esperando que todas esas personas que decían que Vox era racista, que lo digan ahora de esto. A todos esos que decían que la prioridad nacional era ilegal, que salgan ahora y digan algo de esto”, ha retado, durante la rueda de prensa.

El futuro vicepresidente andaluz ha aprovechado la polémica sobre la mezquita en Sevilla para defender, con más énfasis, algunos de los postulados xenófobos que aparecen en su acuerdo firmado por Juanma Moreno: la prioridad nacional, que plantea discriminar a los inmigrantes en el acceso a determinadas prestaciones sociales y a la vivienda protegida; pero también la eliminación de las clases de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que imparten 96 escuelas andaluzas para unos 2.000 alumnos.

“Esos defensores del Plan de Lengua Árabe y Cultura Marroquí, que sepan que aquí tienen un centro para dar lengua árabe y cultura marroquí, que no hace falta hacerlo en los centros públicos educativos de toda Andalucía”, ha remarcado Gavira, señalando la página del diario Abc. “Yo lo que quiero es que todos ustedes hoy se vayan con este concepto, prioridad musulmana, y todos los que decían que Vox era racista por lo de la prioridad nacional, que lo digan de esto”, ha insistido.

Un periodista le ha recordado que el concepto “prioridad musulmana” del titular era sólo “una licencia” de la periodista que firmaba esa noticia, y le ha preguntado por qué comparaba el proyecto de una entidad privada -como la mezquita de Sevilla- con la premisa de la “prioridad nacional” que afectará a los servicios públicos, una vez asumido por el futuro Gobierno de PP y Vox.

Gavira le ha afeado que trate de darle “lecciones lingüísticas” y ha insistido en subrayar que su grupo en el Ayuntamiento de Sevilla ha puesto el asunto en manos de los servicios jurídicos del partido para tratar de “paralizar” la construcción del centro cultural islámico. “Vamos a llevar todas las acciones judiciales, políticas y administrativas necesarias para que esto no pase”, dice.

El futuro consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local ha comparado las mezquitas con los “centros de MENAS [menores extranjeros no acompañados]” que gestiona la Junta de Andalucía, y ha defendido que los políticos que permiten estos proyectos “no viven” cerca de ellos. El acuerdo de Gobierno firmado por Moreno y Gavira también incluye, literalmente, la frase: “No más MENAS”, junto a un “rechazo frontal” a que la Junta acoga a más niños extranjeros.

El centro cultural islámico de Sevilla, junto al Polígono Sur, tendrá una mezquita o sala de oración de 400 metros cuadrados y celosía andalusí en su revestimiento exterior. Este proyecto, de la Fundación Mezquita de Sevilla, está a la espera de la obtención de la correspondiente licencia, a la espera de que la comisión de Urbanismo se reúna el viernes para estudiar el expediente.

En cuanto a la mezquita en sí, que ocupará un 20% de la superficie total, estará en el interior del conjunto, “con forma de triángulo, al igual que el solar donde se asentará”, con una decoración inspirada en los paños de sebka de la Giralda, esto es, los paneles arquitectónicos con forma de red de rombos o celosía tan característicos del antiguo alminar, informa Europa Press.

Al hacerse público el proyecto, el grupo municipal de Vox difundió una nota de prensa cargando duramente contra sus socios del PP: “No sabemos si el Gobierno [municipal] del PP se ha rendido al hecho de que se instale con normalidad en Sevilla una cultura que denigra a la mujer; ayer ya lo vimos rindiendo homenaje al converso Blas Infante”, decía el portavoz municipal de esta formación, Gonzalo García de Polavieja.

Polavieja se estaba refiriendo al homenaje institucional al “padre de la patria andaluza” -como viene reconocido en el Estatuto de Autonomía-, celebrado el pasado lunes en el Parlamento, y al que asistió el presidente Moreno y todos los grupos de la Cámara, excepto Vox, que siempre ha dado plantón a estos actos.

Esta vez, su ausencia fue más llamativa, porque en cuestión de horas entrará a formar parte del Gobierno autonómico y Gavira será su vicepresidente, pero él mismo ha confirmado que seguirá ausentándose de estas efemérides porque, dice, “la Andalucía que queremos no es la que representa Blas Infante [al que siempre han tildado de ”islamista“, ”nacionalista“ y ”radical“] Queremos una Andalucía q sea más España”.

Otras mezquitas frustradas en Sevilla

El vicepresidente del patronato de la Fundación Mezquita de Sevilla, Jalid Nieto, ha explicado a Europa Press que la previsión es que las obras estén listas en un periodo máximo de tres años y que antes de que finalice este 2026 puedan comenzar los trabajos. “Se trata del punto de partida de un proyecto privado --recalca-- sobre suelo que no es municipal, a diferencia de lo que ocurrió en Los Bermejales, que dio problemas”.

En efecto, el primer intento de construir una mezquita fue en ese barrio periférico de Sevilla tras un acuerdo en 2004 con el Ayuntamiento, siendo alcalde el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín, que cedió una parcela junto a la ronda SE-30. Sin embargo, el proyecto contó con un rechazo vecinal durísimo e incluso hubo una sentencia al respecto por parte del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). Con posterioridad, parcelas de Santa Bárbara y Pino Montano fueron también opciones que estuvieron sobre la mesa.

Jalid insiste en la idea de ese carácter privado y en el hecho de que “se ajusta a la ley”. En cuanto a la mezquita, tendrá una capacidad para 400 o 500 personas, por lo que resta importancia al tamaño, dado que se trata de un proyecto “mucho más amplio y existen salas de oración similares en naves o bajos de edificios, parecido al complejo de la M-30 de Madrid, que también contiene salas de exposiciones, de reuniones y una escuela infantil”, por lo que prefiere referirse al proyecto como centro cultural islámico y no reducirlo todo a la mezquita.

La propia fundación ha sido quien ha adquirido el terreno, desechada la vía de la cesión municipal, y para hacer realidad la iniciativa cuenta con diferentes fuentes de inversión, totalmente privadas, según adelantó Abc, de modo que se garantizan que no haya trabas burocráticas y que el complejo, que tiene una altura de dos plantas --salvo la sala de oración, que tiene solo una-- pueda estar levantado en un corto espacio de tiempo en el terreno situado entre las calles Poeta Manuel Benítez Carrasco y Ronda Nuestra Señora de la Oliva, próximo al Parque Celestino Mutis.

El vicepresidente de la Fundación Mezquita de Sevilla valora, además, este emplazamiento y la posibilidad de colaborar de un modo u otro con una zona vulnerable de la ciudad, al tiempo que señala que para atraer una nueva fuente de riqueza a Sevilla, debe contener un centro de negocios e inversiones y una oficina de turismo “que pongan en relación los valores de la ciudad con todas las tierras tradicionales del Islam”.

El objetivo principal del futuro centro cultural islámico es servir como un “vibrante centro comunitario y un referente cultural islámico que satisfaga las necesidades espirituales, sociales y educativas de la comunidad musulmana sevillana”, ofreciendo un espacio para el culto, la enseñanza, el aprendizaje y la interacción intercultural. A la vez, busca “enriquecer la vida cultural de la ciudad y fomentar la convivencia armoniosa”, contribuyendo al desarrollo social y económico sostenible de Sevilla y “proyectando una imagen positiva del Islam”, como recoge dicho documento.

El presupuesto, estimado según el método simplificado del Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), supera los diez millones de euros y cubre terreno, construcción, equipamiento y operación. En concreto, la adquisición del terreno, el coste total de la construcción, los costes técnicos, licencias municipales e impuestos, que supone una partida presupuestaria de 10.868.491 euros.

La Fundación Mezquita se creó en 2004 como herramienta legal, de representación de los musulmanes de Sevilla y para la construcción y mantenimiento del centro cultural y mezquita de la ciudad. En la actualidad cuenta con un centro que sirve como 'musal-lah' (lugar de oración) y centro comunitario, un espacio, abierto y activo desde 2002 situado en la Plaza Ponce de León.

La Oficina Andaluza Antifraude (OAAF) está investigando al jefe de prensa nacional de Vox, el periodista Álvaro Zancajo, por compaginar este trabajo con su puesto en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).

El órgano de fiscalización, adscrito al Parlamento andaluz, admitió a trámite la denuncia registrada por el grupo Adelante Andalucía, que acusó a Zancajo de cobrar un sueldo público de unos 60.000 euros al año mientras trabajaba para la formación ultraderechista y acompañaba a Santiago Abascal en su atención a medios por toda España.

La notificación de la admisión a trámite, a la que ha tenido acceso este periódico, es del pasado 23 de abril (antes de las elecciones andaluzas), y está firmada por el director de la OAAF, Francisco de Paula Sánchez Zamorano. Durante la campaña electoral, el candidato y portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ya acusó a Zancajo de “no dedicar ni un minuto de su tiempo a ese consejo, sino que trabaja para Vox, lo cual es ilegal”, y exigió su cese en el ente público. También amagó con elevar su denuncia ante la Fiscalía si la Oficina Andaluza Antifraude “no actúa”, denunciando una “presunta financiación ilegal” de Vox.

En la denuncia, la formación andalucista señaló que la labor de Álvaro Zancajo con el partido “incumple” la ley 18/2007 de la RTVA y el reglamento de incompatibilidades del propio Consejo. Zancajo fue nombrado miembro del Consejo de RTVA en 2022, y dos años después, en 2024, empezó a desempeñar su trabajo como coordinador nacional de comunicación de Vox.

El artículo 11.3 del Reglamento del Consejo de Administración de la RTVA prescribe que “el ejercicio del cargo deberá desarrollarse en régimen de dedicación absoluta y exclusiva, siendo incompatible con cualquier otro cargo, profesión o actividad públicos o privados, incluidos la docencia y los cargos electivos de representación popular en colegios, cámaras o entidades que tengan atribuidas funciones públicas”.

El reglamento también aclara que un consejero “tiene un deber activo de adecuación de su situación profesional y de evitación de acumulación de actividades incompatibles”. La incompatibilidad de su labor como consejero de la RTVA y jefe de prensa de Vox, denuncia Adelante Andalucía, “puede comprometer la apariencia de independencia del órgano y la confianza de la ciudadanía en la integridad del ente público”.

El escrito de la formación andalucista pedía “actuaciones de comprobación e investigación oportunas para esclarecer si, en el período comprendido desde su nombramiento de consejero hasta la actualidad, concurre una situación de incompatibilidad, conflicto de intereses o incumplimiento del deber de dedicación absoluta y exclusiva al consejo”.

Este miércoles, García ha hecho pública la apertura de investigación por parte de la Oficina Antifraude y ha afeado a Vox que empezase prometiendo que “iban a cerrar Canal Sur” y han acabado “llevándoselo calentito y pidiendo más paquitas” de Canal Sur. El grupo ultraderechista ha tenido a Zancajo como miembro del Consejo de Administración de la RTVA durante la pasada legislatura, aunque el periodista ha estado acompañando a Abascal en las campañas electorales de Extremadura, Aragón y Castilla y León.

El portavoz nacional de Vox confirmó hace unos días que existe un acuerdo paralelo entre el PP de Juan Manuel Moreno y la ultraderecha, al margen del pacto suscrito y anunciado para formar Gobierno en Andalucía. En ese segundo acuerdo estarían pactando una mayor presencia de Vox en los órganos de extracción parlamentaria, singularmente en el Consejo de la RTVA. El portavoz andaluz de la extrema derecha y futuro vicepresidente de la Junta, Manuel Gavira, no ha querido confirmar las palabras del dirigente nacional y ha apelado a la “discreción” de las negociaciones con el PP de Moreno, sin descartar que exista ese “acuerdo oculto”, como lo ha llamado.

Álvaro Zancajo, periodista vinculado a los informativos de Antena 3, fue director del Canal 24 Horas de TVE hasta la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez y el nombramiento de Rosa María Mateo al frente del ente público. Mateo destituyó a Zancajo y este denunció a RTVE en los tribunales. En primera instancia, la cadena pública fue condenada a indemnizarle con 25.000 euros, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anularía el fallo más tarde, dando la razón a la dirección de RTVE.

En 2020, el primer Gobierno de Juanma Moreno, en coalición con Ciudadanos y apoyado desde fuera por Vox, nombró a Zancajo jefe de informativos de Canal Sur, aunque no pertenecía al ente público. Antes de un año, el 28 de diciembre de 2020, fue destituido por el director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado.

La Inspección de Trabajo ha abierto un expediente a la productora Andalucía Digital Multimedia (ADM), copropiedad del Gobierno de Juanma Moreno y principal proveedor de Canal Sur, por irregularidades en la elaboración de su Plan de Igualdad, aprobado un mes antes de la denuncia contra su CEO, Gustavo Fuentes, por agresión y acoso sexual a una reportera, confirman a elDiario.es fuentes del Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

La Inspección investiga “la legitimidad para negociar el Plan de Igualdad del delegado sindical” de la productora que firmó y avaló el documento ante el Ministerio de Trabajo, en diciembre de 2025, a pesar de llevar más de cuatro años en excedencia, como adelantó este periódico. Los inspectores notifican a la compañía el motivo que justifica el acta de infracción y dan un plazo para corregirlo o presentar alegaciones.

Desde 2022, todas las empresas con más de 50 trabajadores [ADM tiene 258] están obligadas a elaborar un Plan de Igualdad que preserve la equidad laboral y salarial entre hombres y mujeres de la plantilla, la promoción femenina en puestos directivos y la prevención del acoso sexual en el trabajo. También están obligadas a registrar dicho Plan en la plataforma digital del Ministerio de Trabajo (REGCON).

Las irregularidades en el diseño y desarrollo del Plan de Igualdad, al tratarse de un imperativo legal para las empresas, conllevan sanciones de hasta 225.000 euros por parte de la Inspección de Trabajo, además de la pérdida de bonificaciones y ayudas públicas y la prohibición absoluta para contratar o licitar con las Administraciones Públicas. Sin los contratos de Canal Sur, “la facturación de ADM se vería muy resentida y la viabilidad de la empresa estaría seriamente comprometida”, admitieron a este periódico fuentes próximas al Consejo de Administración de ADM.

La principal productora de Canal Sur, referente en el sector audiovisual andaluz, registró este documento el 18 de diciembre de 2025, pocos días antes de que su director general fuera denunciado (y posteriormente imputado) por un Tribunal de Violencia de Género acusado de delitos sexuales contra una trabajadora.

La imputación de Gustavo Fuentes, revelada por este periódico, derivó en su cese como CEO de la compañía y como presidente del Clúster Audiovisual de Andalucía, un grupo de empresas con participación y financiación de la Junta, fruto de la estrategia digital impulsada por el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, persona de su estrecha confianza.

Gustavo Fuentes es quien redactó el “compromiso expreso de impulsar la redacción e implementación” del II Plan de Igualdad de ADM, “junto a la Comisión Negociadora que cuenta con la representación legal de los trabajadores”. La Inspección de Trabajo investiga ahora la validez legal de ese documento, después de que este periódico revelara que el delegado sindical que firmó el Plan, en diciembre de 2025, no había negociado ni participado en la elaboración del mismo, porque llevaba más de cuatro años en excedencia y trabajando para la Universidad de Cádiz (UCA).

“Habrán dicho: que lo firme Paco y nos quitamos el marrón de que tenga la firma de un delegado sindical, pero yo dudo que mi firma, estando en excedencia, tenga algún valor. Ya han pasado, ¿cuántos años? ¿Seis?”, confesó el antiguo delegado sindical de ADM, Francisco de Asís Miguélez, a un excompañero de la empresa, en una conversación grabada, difundida por elDiario.es.

Entre la documentación que pueden requerir los inspectores del Ministerio a la productora estarían las actas de esa Comisión Negociadora para corroborar si el Plan de Igualdad se sometió a una “negociación colectiva previa”, como exige la ley.

Miguélez también aventuró que si la productora amagaba con despedir a alguien por acoso sexual, haciendo uso del II Plan de Igualdad (con el Plan Antiacoso) que le hicieron firmar, cualquier juez podría tumbar ese despido puesto que el documento carecía de “validez legal”, al no haber sido fruto de la negociación colectiva. “Cualquiera que tenga un caso de estos y le quieran meter algo de [Plan de] Igualdad para despedirlo, con que diga que yo no he estado en la empresa estos años... Y a mí el juez me va a preguntar: ¿tú estabas ahí? Y yo le digo: No, yo estoy en la UCA, aquí está mi contrato con la UCA”, explicó.

Ese supuesto que planteó entonces el delegado sindical no tardaría en producirse. Un mes después de la firma y del registro del II Plan de Igualdad de ADM, quien fue denunciado por acoso sexual en los tribunales -y no a través de los mecanismos internos de la empresa- fue el propio director general de la compañía, que había impulsado la renovación del Plan de Igualdad, dejando en manos de su número dos, Óscar González-Barba, la “recepción de las denuncias” por acoso.

Gustavo Fuentes explicó a este periódico que fue él mismo quien activó el Protocolo Antiacoso para que abriera una investigación interna, después de recibir la citación judicial como imputado por delitos de agresión y acoso sexual a una reportera. Esa investigación interna recayó en manos del Compliance [director legal] de la productora, una figura nueva que también introdujo el II Plan de Igualdad. Un puesto para el que fue nombrado José Antonio Jiménez de León.

Jiménez de León elaboró “un informe independiente recabando testigos para comprobar la veracidad” de la denuncia contra él, pero sólo tomó declaración al denunciado, ni a la víctima -“porque ya había elegido la vía judicial ajena a la empresa”- ni a ninguno de los compañeros de trabajo que fueron testigos de los hechos denunciados, según el relato del exCEO. Tras el despido de Fuentes, la dirección “provisional” de la compañía reunió a la plantilla y anunció la reapertura de dicha investigación, admitiendo que se había “cerrado en falso”.

“Claramente irregular”

El Plan de Igualdad de una empresa es un requisito obligatorio para poder contratar con las administraciones públicas. La Inspección de Trabajo debe determinar ahora si el documento que les presentó la productora de Canal Sur fue fruto de “un proceso de diálogo social entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, a través de la constitución de una Comisión Negociadora”, como establece el Real Decreto 901/2020, que regula los planes de igualdad. “Los planes de igualdad, incluidos los diagnósticos previos, deberán ser objeto de negociación con la representación legal de las personas trabajadoras”, reza la ley.

Las fuentes jurídicas consultadas coinciden en que “una persona sin relación laboral con una empresa no puede ejercer la representación legal de los trabajadores”, salvo que un sindicato le haya designado expresamente (que no es el caso). Miguélez se había presentado como delegado sindical por parte de UGT en las últimas elecciones internas de la productora, celebradas hace 11 años (2015). Tanto UGT como CCOO sostienen que su firma en el Plan de Igualdad de ADM, “estando en excedencia voluntaria, sin empleo ni sueldo, era claramente irregular”.

Tras la publicación de elDiario.es, la semana pasada, el antiguo delegado sindical remitió un escrito a la dirección de ADM notificando su “renuncia a la excedencia voluntaria” que disfrutaba desde hacía casi un lustro, y pidiéndoles que informasen oficialmente a la Seguridad Social de la “extinción de manera definitiva de cualquier vínculo laboral” con la productora.

El II Plan de Igualdad de ADM, con un periodo de vigencia desde el 2 de diciembre de 2025 al 1 de diciembre de 2029, cita a los dos responsables de la Comisión Negociadora mixta -empresa y plantilla- en cumplimiento de lo dispuesto en la ley: “Por parte de la empresa, María Elena Anguita, actual número dos del director de Recursos Humanos, Óscar González-Barba (muy próximo a Gustavo Fuentes); y por parte de la representación legal de los trabajadores, Francisco de Asís Miguélez Martínez, operador de cámara”, que en ese momento ya llevaba más de cuatro años fuera de la compañía.

El directivo de la productora que contactó con Miguélez para que firmar el II Plan de Igualdad fue José Ramón García-Japón, subdirector general de ADM, según confirmó él mismo a este periódico. García-Japón admite que el antiguo delegado sindical estaba “en excedencia, con un acuerdo con la empresa sin empleo ni sueldo, pero sigue cubriendo la representación de los trabajadores”. “Nuestros asesores legales dieron el visto bueno, nos han dicho que sí se puede hacer”, aseguró.

elDiario.es ha preguntado a la nueva dirección de la compañía, pilotada ahora por el número dos de Gustavo Fuentes, Óscar González-Barba, si maneja algún informe jurídico que avale la firma en el Plan de Igualdad de un delegado sindical que lleva casi cinco años de excedencia, pero no ha obtenido respuesta.

La dirección de la productora mantiene que “los firmantes” del II Plan de Igualdad fueron “los representantes legales de los trabajadores ante la autoridad laboral”, y que el Ministerio de Trabajo “autorizó la inscripción” en su plataforma, “por lo que reconoció que es totalmente legal”. El Ministerio que gestiona Yolanda Díaz alberga la plataforma de registro, es decir, da el soporte pero es cada autoridad laboral, en este caso la de la Junta de Andalucía por el ámbito de actividad de la empresa, la encargada de resolver si el registro es procedente o no.

La Consejería de Empleo del Gobierno andaluz es la autoridad laboral competente para investigar y sancionar las posibles irregularidades en el II Plan de Igualdad de la productora de Canal Sur. Fuentes de este departamento aseguran que sus técnicos “no tenían manera de saber si ADM nos ha colado un Plan de Igualdad falsificado en el registro”.

“Nuestros técnicos verifican que el nombre del representante de los trabajadores que firma el Plan es el mismo que salió elegido en las últimas elecciones sindicales, que en ADM fueron hace 11 años, y ese dato coincidía. Luego, si esa persona está en excedencia o ya no trabaja allí, nosotros no podemos saberlo porque no tenemos acceso a sus datos de la Seguridad Social”, explican desde la consejería.

Diversos sindicatos se están poniendo en contacto estos días con los trabajadores de la productora para impulsar nuevas elecciones sindicales. ADM, con 258 empleados y dos centros de trabajo (uno en Sevilla y otro en Málaga), carece de comité de empresa ni de secciones sindicales. El único delegado de personal que queda, tras la renuncia de Miguélez, es David Pérez, que se presentó a unas elecciones internas en la sede de Málaga en 2017, pero también es directivo de la compañía. Sus compañeros le identifican como “un hombre de la dirección”.

“Estoy absolutamente orgullosos de Juanma Moreno, de su resultado y de su tercer mandato como presidente”. Así despejó este lunes Alberto Núñez Feijóo las preguntas sobre el pacto con Vox que ha permitido a su partido retener la Junta de Andalucía. Un “orgullo” que hace extensivo al resto de barones autonómicos que han revalidado este año sus gobiernos, pero insuficiente para que el líder del PP lo ratifique con su presencia en las tomas de posesión de sus presidentes.

Feijóo no ha asistido a ninguna de las cuatro ceremonias de toma de posesión de los presidentes del PP de este 2026. No estuvo en abril a las de María Guardiola y Jorge Azcón en Extremadura y Aragón, respectivamente. Tampoco en junio en la de Alfonso Fernández-Mañueco en Castilla y León. Ni este pasado domingo a la de Moreno en Andalucía, donde el presidente andaluz reconoció que “los acuerdos no gustan al 100% ni a las partes que lo firman”.

La explicación de su ausencia la dio el propio Feijóo en la misma entrevista en Antena 3 en la que mostró su “orgullo” por los acuerdos con Vox. “No tiene ningún sentido que vaya a Andalucía, y no hay absolutamente nada más”, espetó a la presentadora, después de apuntar que no ha “ido a ninguna toma de posesión de ningún presidente autonómico”.

Feijóo se refiere solo a las cuatro de 2026, porque sí ha asistido como jefe del PP al menos a dos tomas de posesión de presidentes autonómicos. En 2022 acudió a Andalucía a la de Juan Manuel Moreno, al mismo al que ha plantado ahora. Ya en 2023, Feijóo podía haber elegido más de media docena de barones a los que respaldar con su presencia. Optó por Isabel Díaz Ayuso. Y en 2024 refrendó a su sucesor al frente de la Xunta, Alfonso Rueda.

Desde el equipo de Feijóo explican a elDiario.es que, como no ha ido “a ninguna de las últimas” —de este 2026—, el líder del PP no podía “ir tampoco a la de Andalucía”. Según explicó Feijóo en Antena 3, la que marcó la tendencia fue la toma de posesión de Guardiola porque “tocó un día de semana” que el líder del PP “no podía ir”.

Efectivamente, Guardiola tomó posesión como presidenta de Extremadura para un segundo mandato el 30 de abril. Era entre semana, un viernes. Ese día, Feijóo no tuvo agenda pública, según la documentación remitida entonces por el PP, lo que no es óbice para que pudiera tener agenda privada. Tampoco la tuvo el sábado ni el domingo.

Al acto en Mérida acudió el secretario general, Miguel Tellado, quien había teledirigido las conversaciones entre el PP y Vox para investir a la presidenta extremeña. Fue el pacto más complicado de alcanzar porque sentó las bases de los siguientes al incluir por primera vez la “prioridad nacional”. Guardiola ha sido la única que ha necesitado una segunda sesión de investidura para recibir el apoyo de Vox.

Tellado también asistió a la toma de posesión de Jorge Azcón. A Zaragoza le acompañó su predecesora en el cargo y actual vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra. Fue un 30 de abril, jueves, a las cinco de la tarde. Ese día había sesión plenaria en el Congreso que incluía votaciones, recuerdan desde el equipo de Feijóo para explicar su ausencia. Aquella jornada concluyó antes de la una de la tarde después del debate de dos decretos y las votaciones pendientes.

La tercera de las tomas de posesión fue la de Mañueco, el 11 de junio. Otro jueves, motivo aducido por el equipo de Feijóo para señalar también la ausencia no solo de Feijóo, sino por ejemplo de Tellado. Aquel día acompañaron al presidente de Castilla y León la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, y la portavoz en el Senado, la abulense Alicia García. El acto de toma de posesión estaba convocado al mediodía. El pleno de aquel jueves, con votaciones, fue más largo y concluyó pasadas las dos de la tarde.

Moreno pierde autonomía

Este domingo, tal y como justificó Feijóo, optaron por enviar al acto de Moreno a “dos miembros del Comité de Dirección”, Elías Bendodo y Juan Bravo. Ambos son exconsejeros del primer Gobierno de Moreno, y abandonaron sus responsabilidades de gestión en 2022 para integrar el equipo de Feijóo en Madrid. Bendodo como coordinador general, primero, y ahora degradado a vicesecretario de Política Autonómica. Bravo es vicesecretario de Hacienda y Vivienda, después de haber perdido Economía en favor de Alberto Nadal.

Las fuentes del PP consultadas explican que Feijóo sí asistió en 2022 a la investidura de Moreno por su mayoría absoluta “en el territorio más poblado” y justo después de su aterrizaje en Madrid. “Tienen un significado”, apuntan desde Génova.

Lo mismo ocurre con las de Madrid en 2023: “La mayoría absoluta de Isabel en la comunidad autónoma en la que Feijóo vive tiene un significado”. En cuanto a la de Rueda en 2024, la explicación es la misma: “La mayoría absoluta en la Galicia pos-Feijóo tiene un significado”.

En resumen, el líder del PP solo ha ido a tres investiduras desde que llegó a Madrid, y las tres con mayoría absoluta de sus respectivos barones.

Con todo, su ausencia este domingo en el Palacio de San Telmo ha provocado marejada interna en el partido. Aunque oficialmente asumen la explicación de Génova y apuntan a cuestiones de agenda, fuentes de la dirección del PP andaluz sostienen que la relación entre la dirección nacional y la andaluza no pasan por su mejor momento.

El problema no es tanto entre Feijóo y Moreno, de cuya amistad recíproca han presumido ambos de forma habitual desde 2022. Las fuentes consultadas sostienen que esa relación personal se mantiene. Son los equipos los que tienen visiones diferentes e intereses a veces contrapuestos.

Es el caso de la “prioridad nacional”. Es público y notorio que Moreno no quería ni oír hablar de lo que él mismo llamó “eslogan vacío” y tildó de “ilegal” o “irrealizable”, aunque ahora desde la Junta se sostiene que desde el primer momento fueron conscientes de que no iban a tener más remedio que firmar lo mismo que habían firmado antes Guardiola, Azcón y Mañueco.

La pérdida de la mayoría absoluta ha supuesto también que Moreno deje de ser intocable. Desde su entorno apuntan que una parte del partido le “tenía ganas” por desmarcarse de los demás barones y dirigentes en asuntos centrales y presumir de una “vía andaluza” que ahora se ha teñido de verde Vox.

El PP andaluz asume el coste para la marca de Moreno, que tendrá ahora que limitar el alcance de la entrada de Vox en el Gobierno si quiere mantener la imagen que se ha forjado desde 2019, cuando logró arrebatar la Junta al PSOE tras perder los comicios y, también entonces, con ayuda de la ultraderecha.

El objetivo fundamental en este momento es garantizar la llegada de Feijóo a la Moncloa. Y, para eso, todos deben ir a una. Feijóo, quien asumió la dirección del PP aupado por los barones, presumió durante toda su carrera de su independencia de Madrid y abogó por dejar a sus líderes autonómicos hacer, exige ahora unanimidad interna ante el gran reto de su mandato: ser presidente del Gobierno a la segunda.

Ausencia de ministros

Desde el PP replican que “es más llamativo” que ningún ministro haya asistido a ninguna de las cuatro tomas de posesión de presidentes del PP que se han celebrado este año, incluida la de Moreno, y piden “comparar cuántos fueron” a la de Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana.

Aquel acto se celebró en agosto de 2024 y, efectivamente, acudieron cinco ministros: la entonces vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el de Cultura, Ernest Urtasun; y la de Ciencia, Diana Morant.

Desde el Gobierno aseguran a elDiario.es que “no hay un protocolo” que determina quién debe o no acudir en representación del Ejecutivo central a las tomas de posesión de otras instituciones, y sostienen que “muchas veces, se acude o no, con mayor o menor representación ministerial, en función del ‘feeling’, del cariño y de la amistad” que existe entre las personas “más allá de los cargos”.

En el caso de Moreno, las fuentes oficiales consultadas explican que la invitación de la Junta de Andalucía llegó “al correo del Ministerio de Política Territorial sin mayor cariño ni nada parecido”, y que se decidió “delegar en la secretaria de Estado, Myriam Álvarez”. Ocurrió lo mismo, recuerdan, en Castilla y León. “En otros casos”, apuntan las mismas fuentes, “se ha delegado en un director general”.

“Puede parecer poco profesionalizado”, aducen desde el Gobierno, y añaden: “Pero si viviéramos en un mundo que ya no existe, el presidente autonómico lo normal es que llame e invite” personalmente a ministros o altos cargos con los que tiene afinidad.

“Pero las relaciones no son esas ya”, explican desde el Ejecutivo. No hay más que recordar uno de los casos más llamativos recientes, cuando Isabel Díaz Ayuso prohibió la presencia del ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, en los actos oficiales del 2 de mayo. Fue en 2023, en las vísperas de las elecciones autonómicas de finales de ese mismo mes. Ayuso justificó su decisión con una batería de falsedades y se erigió en poder absoluto en la región para justificar el veto: “¿Dónde queda mi voluntad como presidenta?”.

El homenaje oficial del Parlamento de Andalucía por el fusilamiento de Blas Infante -en agosto se cumplirá 90 años- se ha saltado el protocolo y el armisticio institucional que suele destilar esta efeméride, y ha mutado en un cruce de acusaciones toscas entre los portavoces de los tres grupos de izquierdas -PSOE, Adelante Andalucía y Por Andalucía- y el portavoz del PP, ante la mirada impávida del presidente de la Junta.

Juanma Moreno juró el cargo el domingo en el Palacio de San Telmo, y este lunes acudió al homenaje al “padre de la patria andaluza” -reconocido así en el Estatuto de Autonomía-, su primer acto oficial como presidente tras las elecciones del 17 de mayo. También era el primero bajo el signo del acuerdo de Gobierno firmado con Vox, que recoge, entre las 150 medidas, la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, cuya razón de ser es, entre otras cosas, la búsqueda y exhumación de las fosas de los fusilados por el franquismo, todavía con casi 50.000 desaparecidos, entre ellos el cadáver del propio Blas Infante.

De todas las medidas que el PP de Moreno ha pactado con Vox para ser investido presidente, ésta es la que más ha violentado el acto institucional de hoy, más parecido a una confrontación política que a la habitual sesión protocolaria de estos homenajes veraniegos.

Los discursos de los portavoces de izquierdas -incluso el del presidente del patronato de la Fundación Blas Infante, Javier Delmás Infante- estaban trufados de dardos a la polémica “prioridad nacional” de Vox, el término antiinmigrante asimilado ya por el PP. “Blas Infante rechazó cualquier forma de racismo, superioridad o rechazo al diferente”, dijo Delmás Infante, heredero del político, que también hizo mención a la “crisis climática”, otro de los frentes negacionista de la extrema derecha.

Incluso el plantón del grupo parlamentario Vox -que jamás ha acudido a este acto, porque rechaza el Estado de las Autonomías y se ha mofado en el pasado de la figura de Blas Infante- parecía una mayor afrenta hoy al Parlamento andaluz, por ser el primero desde que son socios del Gobierno autonómico.

Las izquierdas vienen denunciando el “desmantelamiento” de la Ley andaluza de Memoria Histórica desde 2019, cuando Moreno es investido presidente, por primera vez, con los votos de PP, Ciudadanos y Vox. Entonces ya pactó con la ultraderecha la derogación de dicha ley, que fue aprobada en 2017 sin ningún voto en contra (los populares se abstuvieron), pero este punto del acuerdo no llegó a ejecutarse ni en aquella primera legislatura, ni en la segunda, ya con mayoría absoluta.

Moreno se comprometió a derogarla para sustituirla por una Ley de Concordia -igual que ha vuelto a hacer con el acuerdo firmado la semana pasada- pero siempre que se alcanzase un consenso mayor que el que tuvo aquella Ley de Memoria. Vox siempre le acusó de haber incumplido aquel punto del pacto, de hecho, llegó a presentar hasta tres iniciativas legislativas para tumbar la citada ley y sustituirla por una “de concordia”, aunque una de ellas era una ley con un único artículo derogatorio. El PP les rechazó todas.

Ahora vuelve a suscribir aquel compromiso, esta vez con los de Santiago Abascal dentro del Consejo de Gobierno, y con el precedente de otras comunidades donde gobiernan juntos PP y Vox, que ya han derogado las políticas memorialistas (Islas Baleares). El Ejecutivo de Pedro Sánchez, a través de su secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, ya adelantó la semana pasada a preguntas de elDiario.es que si la Junta de Andalucía acaba con la ley autonómica, lo recurrirán al Tribunal Constitucional, como ya hicieron contra el Gobierno balear.

El homenaje a Blas Infante, celebrado en el patio del Parlamento andaluz junto al busto del “padre de la patria andaluza”, ha servido para que cada partido reinterprete las palabras del líder andalucista, fusilado por los franquistas en agosto de 1936, bajo el prisma de la actualidad política andaluza.

María Jesús Montero, secretaria general del PSOE andaluz, ha denunciado la “paradoja y enorme contradicción” de escuchar a Moreno defender el legado de Blas Infante, a la par que “desmonta” la Ley de Memoria, y “se abre la puerta a quien ridiculiza a Blas Infante y a quien nunca ha creído en el autogobierno andaluz”. “No puede quedarse con la bandera blanca y verde y renunciar a su contenido”, le ha espetado al dirigente popular.

En el mismo sentido se han expresado los portavoces de Adelante Andalucía y de Por Andalucía, aunque el más beligerante, el que ha subrayado que “tenía que saltarse el protocolo”, ha sido el portavoz andalucista, José Ignacio García, que ha acusado a Moreno de manosear los símbolos del andalucismo, desde la bandera blanca y verde hasta la figura de Blas Infante, a la par que pacta el nuevo Gobierno andaluz con la ultraderecha. “Fue asesinado por los padres políticos de los que estos días entran en el Gobierno andaluz”, ha dicho.

García también ha recordado que uno de los objetivos de la Ley andaluza de Memoria, que Moreno se ha comprometido a derogar, es precisamente “permitir encontrar el cuerpo de Blas Infante”, arrojado a una fosa común tras ser fusilado. Rosa María Rodríguez Ruz, diputada de la coalición Por Andalucía, se ha expresado en el mismo sentido: “Hay 50.000 personas desaparecidas en Andalucía y una de ellas es Blas Infante. Nos negamos a que el padre de la patria andaluza sea sólo una estatua”, ha afirmado.

En su turno, el portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, ha devuelto la bronca a los portavoces populares, en especial a Montero, a la que ha acusado, en su rol de exministra de Hacienda, de haber “convertido a Andalucía en una tierra de segunda división”. “Este debía ser un acto de unidad en torno al legado de Blas Infante, y aquí se ha hecho utilización política, sólo he oído soflamas”, ha dicho, tras afear a la líder socialista de “radicalidad absoluta” y de haber incumplido con el legado andalucista durante los casi 40 años que gobernaron esta tierra.

Martín también ha afeado a Adelante Andalucía y a Por Andalucía que hoy reinterpreten la figura de Blas Infante como una suerte de “guerrillero, una especie de Che Guevara andaluz”, y que hayan “ensucidado” la bandera andaluza “colocándole sus símbolos”, en referencia a la estrella roja de cinco puntas.

El presidente del Parlamento andaluz, el popular Jesús Aguirre, ha hecho un llamamiento a la concordia y al entendimiento, tras haber escuchado a los partidos atizándose en plena conmemoración. Moreno ha cerrado el acto, una vez más, reivindicando la “vía andaluza del diálogo, la concordia y el entendimiento”, esa filosofía política en defensa de la moderación, que hoy todos le cuestionan tras haber asumido los postulados más radicales de la ultraderecha y meterles en el futuro Gobierno.

Moreno ha hecho un alegato en defensa de la “diversidad y la pluralidad”, de “aquellos que no piensan como tú”, pero ha vuelto a soliviantar a las izquierdas al denunciar el “vil asesinato de Blas Infante por ser demasiado humano”. Blas Infante fue fusilado por las tropas fascistas el 11 de agosto de 1936 en el kilómetro número 4 de la carretera de Carmona (Sevilla), donde cada año también se le rinde homenaje (el acto oficial se adelantó al día de su nacimiento, 5 de julio, para evitar el fuerte calor estival).

La sentencia de muerte del precursor de la autonomía andaluza fue dictada por el Gobierno de Franco cuatro años después, en 1940, pero no fue fusilado por ser “demasiado humano”, como dice Moreno, sino tras ser declarado culpable “de un caso de responsabilidad política de carácter grave”, por ser “propagandista para la constitución de un partido andalucista”, condenando también a su viuda a pagar 2.000 pesetas.

Esa condena a muerte dictada por un tribunal militar bajo la Dictadura fascista fue anulada por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero en virtud de la Ley de Memoria Histórica, de 2007, que declaró “ilegítimas las condenas y sanciones dictadas por motivos políticos, ideológicos o de creencia por cualesquiera tribunales u órganos penales o administrativos durante la dictadura(...)”.

“¿Pero qué tontería es esta?”, se ha preguntado el portavoz de Adelante Andalucía, tras escuchar las palabras de Juanma Moreno. “Lo mataron por ser de izquierdas, por ser andalucista y por ser republicano”, le ha respondido luego García, en declaración ante los medios.

“¿Qué hacemos hablando de él si no somos capaces de mantener la unidad?”, se ha lamentado Moreno en la parte final de su discurso. El presidente andaluz prevé formar gobierno este jueves o viernes, nombrando a sus 13 consejeros -12 del PP y uno de Vox. Manuel Gavira, portavoz andaluz de la ultraderecha, tendrá la cartera de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, y habrá otras dos vicepresidencias más.

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha denunciado en un comunicado que el Gobierno andaluz en funciones impidiera el acceso de los periodistas a los jardines del Palacio de San Telmo, donde este pasado domingo se celebró el acto de toma de posesión de Juan Manuel Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía, tras pactar con Vox.

Según recoge el comunicado, los redactores de distintos medios acudieron a la convocatoria de prensa, pero, por indicaciones de la Dirección General de Comunicación del Gobierno andaluz, no pudieron cubrir la ceremonia en directo “in situ”, sino “a través de una pantalla instalada en la sala de prensa del Palacio, a unos 300 metros de donde se desarrollaba el acto”.

La APS afirma que “es la primera vez” que se niega la presencia de los periodistas desde que Juan Manuel Moreno gobierna en Andalucía. También por vez primera se celebra una toma de posesión en los jardines del Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía, “un espacio diáfano donde se instalaron sillas para autoridades e invitados, que no fueron ocupadas en su totalidad”, apunta el escrito.

El dosier de prensa con las indicaciones para los periodistas que iban a cubrir el acto, remitido el día anterior por la Dirección General de Comunicación, ya advertía que “debido a las limitaciones de espacio, no está previsto el acceso de los redactores a la zona del jardín, donde tiene lugar la ceremonia institucional”. “Solo los fotógrafos podrán acceder a esta zona”, indicaba.

“Total falta de transparencia informativa”

La APS pide al Gobierno andaluz –“y por extensión a los representantes de todas las administraciones, sean del signo político que sean”– que permita a los periodistas “la entrada al lugar exacto donde se celebra la convocatoria de un acto oficial, para que puedan verlo y contarlo en directo, y no a través de un plasma o de una pantalla”. Asimismo, exigen también “que no se les impida o dificulte hacer preguntas” a los profesionales de la comunicación.

“La prohibición a los periodistas de estar presente físicamente en la toma de posesión de un presidente autonómico constituye una total falta de transparencia informativa, que deriva en desinformación o pura propaganda”, asevera la asociación de la prensa sevillana. “Un periodista tiene el derecho y la obligación de dirigir la mirada hacia lo que más le interesa para elaborar la crónica de los hechos, y no ser un mero espectador de la realización oficial de un acto que ha realizado el propio Gobierno andaluz”, añade.

Respecto a las explicaciones de la Junta, el comunicado considera que “ninguna persona, administración o entidad puede argumentar pretextos técnicos o, en este caso, una supuesta limitación de espacio, que no era tal, para que, en una convocatoria pública, un periodista no pueda ejercer su trabajo con libertad y sin impedimentos”.

La Asociación de la Prensa de Sevilla considera así que este comportamiento es “totalmente lesivo para que los periodistas puedan hacer una información veraz y para que la ciudadanía pueda recibirla”. Por ello, insiste en demandar al futuro gobierno de la Junta de Andalucía que “permita a los profesionales de la información cubrir sus convocatorias en persona y en directo, no de forma telemática, habilitando un espacio tanto para los redactores como para los fotógrafos y los cámaras”.

Moreno Bonilla no está contento, casi dice que está arrepentido de haber pactado con Vox. En su lamento incluso ha dejado correr una lagrimita, esa que tiene reciclable que lo mismo vale para los cribados de mama, Adamuz, Grazalema o Doñana. Pero ya no parece creíble, sus socios de gobierno quizá lo hagan llorar de verdad más adelante, de momento, ya ríen de alegría.

Sus mayores de Madrid le van a echar una mano por su servil comportamiento; de inmediato, Miguel Tellado, el dicharachero portavoz popular —pronto lo seguirá el sobresaliente estival, Elias Bendodo—, ya ha calificado a la extrema derecha como de centro derecha, porque Omo lava más blanco, una apelación tan falsa como fraternal. En realidad, Tellado llama centroderecha a Vox mientras encuentra una clasificación para ellos mismos. Quizá inclasificables e incalificables.

Moreno no está contento aunque sus propios aliados mediáticos ya lo mecen de costero a costero, como han venido haciendo esta legislatura vistiéndolo de moderado. Las palabras pueden contener un significado secreto, una suerte de cábala; una de las acepciones de contento en el diccionario de la RAE es contenido, que se conduce con moderación moderada. Y claro, las palabras también condenan, quizá no haya sido baladí la lagrimita de Moreno. Al decir que no estaba contento querría decir que ya no es contenido, moderado, que ya no puede interpretar más ese papel.

Desde luego que va a seguir pretendiendo que lo es pero, según lo firmado, Moreno no será ya el tercer Moderatus de la historia de Andalucía, junto con Moderatus de Gades y el otro genial Moderatus, también gaditano, Columela. Sino más bien lo contrario.

No es necesario recordar que su gobierno en la legislatura que terminó solo fue moderada en el imaginario regado de ciertos medios de comunicación que acabaron calando. Era su misión pero ahora mucho tendrán que ser regados para que cale su imagen de moderado, gobernando con la extrema derecha más extrema de Europa, la andaluza, mucho más que las otras presentes en las demás comunidades autónomas del Estado en donde PP y Vox ya gobiernan de la mano.

Los lamentos de Moreno no pueden ocultar lo firmado con Vox. Y no admite lecturas. Lo que pretende hacer Moreno y su vicepresidente es reproducir en Andalucía el programa de la extrema derecha más radical, la 2.O inaugurada por Víktor Orbán en Hungría, felizmente derrotado recién en las urnas tras una experiencia desoladora.

Si se repasa todo a lo que Moreno se ha comprometido, la democracia iliberal, el catecismo de la extrema derecha más radical de Europa está ya entre nosotros. A su programa político de máximos ultraliberal, desregulador, privatizador, Moreno añade el sueño húmedo, compartido como hermanos, según Tellado, en materia de medio ambiente, inmigración, dominación de mujer, negación de derechos humanos, anti LGTBI, por no olvidar la cruzada cultural contra el progreso, el antieuropeísmo y el nativismo patriótico de hojalata. En realidad, un Víktor Orbán con tauromaquia.

No sabemos si Moreno reciclará su lágrima para el Día de Andalucía, el Día de la Bandera, el aniversario de Blas Infante. A ver las caritas y las caras que pondrán en los circuitos turísticos mundiales cuando sepan que la máxima autoridad de la industria turística de Andalucía, y su elevada participación en su PIB, es un miembro de la extrema derecha de lo que queda de la húngara.

El viernes acabó una etapa, o quizá comenzó. Da igual: por fuerza, cuando acaba un periodo debe comenzar otro, porque la historia no acaba nunca, mal que le pese a Fukuyama.

Lo que quiero decir es que al pactar Juanma Moreno con Vox en Andalucía, al PP moderado se le cae la venda de los ojos. Los democristianos, liberales o conservadores tradicionales que quedaran en el PP ya no pueden fingir que su partido está sumido en el “ser o no ser”. Ha decidido que será lo que le exija la ultraderecha.

Los bandazos de Feijóo se revelan ahora como cuestión de carácter, no de ideas. No hace ni un año, en su congreso nacional, el líder popular se descolgó diciendo que quería gobernar solo. Engañó un rato más.

Ya no hay dudas: se plegará a las exigencias de Vox cuando lo necesite. Si lo ha hecho el barón más moderado del PP, no cabe llamarse a engaño. Ningún politólogo riguroso puede seguir sosteniendo que hemos de permanecer atentos a cómo evolucionan las dos almas del PP. Una de esas almas ha llegado al infierno por la vía rápida. Y arde. Por eso decía que la política española inaugura una etapa inédita.

La anterior entrada de Vox en los gobiernos autonómicos se produjo por inercia: ocuparon puestos de menor relevancia y escasa dotación económica. Luego vino el freno y la rectificación. Ahora es estrategia. Por primera vez en 50 años de democracia, el PP está ensayando cómo dar de comer a una fiera sin que se los coma a ellos. Mientras, la ultraderecha ensaya su rol como partido institucional o, dicho de otro modo: cómo devora al Estado desde dentro. Saben dónde pisan. Están coordinados con la ultraderecha global, desde Milei a Trump.

La prioridad nacional está presente en el acuerdo andaluz. Se daba por supuesta. Y era el concepto que todos estábamos mirando. Pero empiezo a pensar que todo este tiempo se ha tratado de un señuelo. Al fin y al cabo, hay numerosas salvaguardas en las leyes nacionales y europeas.

A su vez, cuando todos dirigimos la vista al mismo lugar me pregunto qué queda en la penumbra. Y así he reparado en que en el flamante gobierno andaluz, Manuel Gavira será vicepresidente de Turismo, Justicia, Administración Local y…. Desregulación. La primera vez que la ultraderecha tiene ocasión de convertir la ideología en nomenclatura administrativa, ha elegido la desregulación.

En rigor, no es la primera vez. La coincidencia es absoluta en las cuatro comunidades autónomas. En Extremadura, Vox gobierna sobre los Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería, Medio Natural y… Desregulación. En Castilla y León, Vox ha obtenido las consejerías de Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería, Medio Rural, Política Ambiental; y Cultura, Turismo y Deporte y… Desregulación. En Aragón, Vox dirige Servicios Sociales y Familia; Agricultura, Ganadería y Alimentación; Medio Ambiente, Turismo y… Desregulación.

Esto es un invento, ni que decir tiene. La obsesión procede de la Argentina de Javier Milei, que inventó el Ministerio de la Desregulación y Transformación del Estado. Algunas de las medidas estrella de esa política se aprobaron en un decreto de urgencia que derogó de golpe unas 300 leyes y abrió la puerta a la privatización masiva de empresas públicas. Además, eliminó legislación de alquileres, controles de precios, regímenes de importación, limitaciones al transporte vial... Ha desregulado tanto que se sospecha que algunas medidas están fomentando la tenencia de armas y estimulando la trata de personas (bien mirado, prohibir la esclavitud no fue sino un repugnante abuso de la regulación).

La desregulación es la ideología que late también tras el DOGE, el departamento de recortes que dirigió Elon Musk cuando su estrella brillaba en la administración Trump. Entre otros hitos democráticos, burló las competencias presupuestarias del Congreso de EEUU. Su legado incluye el desmantelamiento de USAID, la agencia de cooperación internacional de EEUU. El congresista Ro Khanna estima que esa decisión condena a la muerte a millones de niños y niñas en todo el mundo.

Hay que estar muy atentos, porque chirría. La lógica más elemental nos dice que Cultura, Turismo, Agricultura, etc, son áreas. Desregulación es una política. Y el PP se la ha entregado a Vox entera en cuatro comunidades autónomas, o sea, para unos 13 millones de personas.

Desregular significa tomar decisiones sobre qué debe gestionar el Estado y qué no; qué empresas públicas se privatizan; qué protección merecen los menores (y también las mujeres, y los gays y los mayores…); quién puede poseer armas; qué mercado de alquiler queremos… Todo. Entregar desregulación equivale a dejar que Vox decida la perspectiva administrativa desde la cual se hace política. Significa entregar a Vox la motosierra. Y dejarles entrar con ella hasta la cocina.

Bienvenidos a la Andalucía del “gobierno imposible”. Así la bautizó Juanma Moreno durante la campaña electoral, poniéndose en la tesitura de tener que meter a Vox en su Ejecutivo, en caso de perder la mayoría absoluta.

Este domingo tomará posesión como presidente de la Junta en el Palacio de San Telmo, por tercera vez, y la semana que viene nombrará a los 13 consejeros de su gabinete. Uno de ellos, el flamante vicepresidente, será el portavoz de la ultraderecha en Andalucía, Manuel Gavira. Desde hoy, “Manolo”. “Habla tú algo, Manolo, que me estás aquí echando el muerto”, le dijo, en un primer gesto público de afabilidad, para destensar la tensísima comparecencia posterior a la rúbrica del pacto de gobierno PP-Vox, el cuarto en España.

El jueves pasado en el Parlamento, media hora antes de la segunda votación de investidura, ambos líderes firmaron un acuerdo de gobierno y de legislatura que garantiza la aprobación de los cuatro presupuestos autonómicos para un mandato completo, la unidad de voto en todas las medidas que emanen del Ejecutivo de coalición y un reparto de carteras desigual: 12 para el PP, una para Vox. Hasta ahí, la sonrisa etrusca de Moreno.

La única consejería de Vox es una macrocartera que aglutina Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, “la misma que gestionaba Juan Marín”, líder de Ciudadanos, en el primer Gobierno de coalición que presidió Moreno [2019-2022]. Este paralelismo no es simple anécdota.

El líder popular lo usa como un guiño indisimulado para todos los analistas y periodistas parlamentarios que recuerdan aquella primera legislatura —“la Andalucía encapsulada”; la del “mucho ruido y pocas nueces”— y les viene a la cabeza el papel de comparsa que jugó el vicepresidente de la Junta de Ciudadanos.

Moreno aspira a encajonar a su nuevo socio de Gobierno en el mismo marco mental que al anterior: un aliado dócil, inexperto y autocomplaciente. Tan satisfecho por hacerse un hueco en el Consejo de Gobierno, que terminarían fagocitados políticamente por el PP, borrados del Parlamento [de 21 escaños a cero], reafiliados masivamente al partido de Moreno —antes rival; ahora jefe— y colocados todos en puestos de tercer y cuarto nivel en el nuevo Ejecutivo con mayoría absoluta del PP [a excepción de la consejera de Empleo, que pasó del naranja al azul sin moverse del gabinete].

Esa es la proyección mental que hace el presidente andaluz, esa es la estrategia. Y, a partir de aquí, el desguace de la marca Juanma Moreno, referente de la derecha moderada en España. De la “vía andaluza” a la prioridad nacional. De la “revolución verde” a la contrarrevolución y el “no al fanatismo climático”.

En su libro 'La vía andaluza. Manual de convivencia' (Editorial Espasa) aparece un tigre como metáfora de la política radical e intolerante, lo opuesto a la moderación que defiende su autor. “¿No les parece que todo funciona mejor con la serenidad de Mogwli que con la radicalidad de Shere Kahn?”, escribe Moreno, valiéndose del protagonista y el antagonista de El Libro de la Selva.

En su libro también aparece Sir Winston Churchill que, frente a la amenaza creciente del nazismo y la tesitura de negociar o entrar en guerra contra Hitler, también citó a un tigre, probablemente el mismo: “No puedes razonar con un tigre cuando tienes la cabeza en su boca” (1940).

“Leyes ideológicas”: Violencia de Género, Trans y colectivo LGTBI

El acuerdo PP-Vox, de 60 páginas y 150 medidas, está atravesado de principio a fin por todas las obsesiones xenófobas de la extrema derecha y otras guerras culturales: el rechazo, estigmatización y, a ratos, la criminalización de los inmigrantes; el enfrentamiento a las políticas medioambientales y contra el consenso europeo en torno al Pacto Verde y la Agenda 2030 [que Moreno solía lucir con un pin en la solapa de su chaqueta]; el rechazo a la concertación social y al papel de los sindicatos (“Se acabaron las mariscadas”), de las ONG y las ayudas a la cooperación internacional; y el rechazo a las “leyes ideológicas”, que aparecen en el penúltimo punto del texto sin nombres ni apellidos, pero a las que Vox ha identificado abiertamente durante los últimos cuatro años de sesiones parlamentarias.

El texto solo compromete la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, y que en realidad está sentenciada por el PP de Moreno desde el primer acuerdo suscrito con Vox en 2019, aunque no llegó a ejecutarse.

Las que aparecen sin nombrar —“se adquiere el compromiso de revisar y, en su caso, derogar”— son la Ley Trans (pionera en España al regular la identidad de género sin exigir pruebas médicas) que fue aprobada por unanimidad, con los votos y la participación activa del PP; la Ley de Lucha contra la Violencia de Género y la Ley de Igualdad entre Hombres y Mujeres, vinculada esta última a los derechos del colectivo LGTBI.

Además de estas leyes, se contemplaría la eliminación de cualquier otra norma autonómica basada “en el criterio de la ideología de género” —viejo sintagma negacionista de Vox contra el feminismo— desde las que vehiculan los currículos escolares y el lenguaje inclusivo en la administración hasta las políticas sociales y entidades públicas concretas (¿toca discutir sobre el “efecto práctico actual” del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM)?

El partido de Santiago Abascal ya planteó derogar estas leyes en aquella primera negociación con el PP a cambio de sus votos en la primera investidura de Moreno, pero entonces los populares, pese a tener el peor resultado de su historia (26), aguantaron el envite y las leyes finalmente se salvaron. Ahora entramos en otro escenario, más confuso, en el que los dos socios de Gobierno van a interpretar, cada uno a su manera, si lo que dice ese artículo del acuerdo significa exactamente lo que parece.

Y esto va a ocurrir prácticamente con las 150 medidas, sobre todo las más duras, las que cuentan con una redacción más ambigua, que no son pocas. Ocurrió así en 2019: el PP se va a aferrar a la estricta literalidad de lo que está escrito en el pacto, negro sobre blanco, y Vox hará una reinterpretación extensiva del mismo. “Eso no es lo que dice el acuerdo”; “Eso no forma parte del pacto”; “Cada uno es libre de interpretar como quiera, pero el pacto dice lo que dice” [reminiscencias del primer pacto PP-Vox].

Esto ya está ocurriendo. Prioridad nacional: “Exclusión de acceso a prestaciones y servicios sociales estructurales a quienes se encuentran en situación irregular, limitando su acceso exclusivamente a supuestos de urgencia vital”.

Cinco minutos después de firmar el acuerdo, Moreno aseguró que la “prioridad nacional”, lejos de reajustar la normativa para discriminar al inmigrante en el acceso a las prestaciones públicas, era un sinónimo del “baremo” que ya usa la Administración en el reparto de ayudas: “La prioridad social es el arraigo”, dijo. “La prioridad nacional va a ser más que el arraigo. Que los españoles sean los primeros en las ayudas sociales y en el acceso a la vivienda pública protegida”, le corrigió Gavira horas después.

Aferrados a la “legalidad vigente”

El árbitro de esta previsible discordia sobre el verdadero significado del acuerdo de gobierno será “el marco de la legalidad vigente”, presente cada dos por tres a lo largo de las 60 páginas, como una suerte de guardián de las esencias democráticas. Moreno ha consentido en aceptar medidas de índole racistas -como la segregación de los enfermos extranjeros, para cuantificar el coste diferenciado que representan para la sanidad pública-, pero las más disruptivas vienen condicionadas (“amortiguadas”, dice un alto dirigente del PP-A) por alusiones explícitas al “cumplimiento de la ley”. Que no dejan de ser llamativas, tratándose de un programa de gobierno.

“La política social del Gobierno estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad”; “En la medida en que lo permita la legislación vigente...”; “Prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas y la vivienda... adecuado a la legalidad vigente”; “Se valorará, al menos, con sujeción a la legalidad vigente...”. “El acuerdo es legal”, se apresuró a ponerle nombre el propio presidente andaluz nada más firmarlo, sin que ningún periodista aún lo hubiese leído ni preguntado. PP y Vox han firmado un pacto programático de gobierno “sereno”. “Y legal”.

Aunque parezca de perogrullo, aunque en el lenguaje administrativo del Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) las referencias al marco legal sean una constante y de obligada mención, lo que se firmó el jueves no deja de ser un documento político, al que el PP ha metido esas morcillas como “salvaguarda” de lo que está por venir: ese Gobierno “imposible” que vaticinaba Moreno en campaña.

Un Ejecutivo con “gente que no tiene experiencia de gestión en la administración”. “Algunas de las propuestas que hacen son irreales y otras son ilegales. Lo que no va a hacer el PP es incumplir la ley”, avisó el dirigente popular hace apenas un mes, cuando la prioridad nacional aún era un “eslogan vacío y efectista”.

Ahora los hombres del presidente y el propio Moreno son conscientes de que están atrapados en el marco mental de la ultraderecha, que les han impuesto su agenda y su lenguaje político, pero confían en que “todo esto pase pronto, en cuanto nos pongamos manos a la obra”. “La mitad de las cosas son irreales y las otras ilegales”, habían dicho. Y eso lo mantienen. “El terremoto político de las primeras horas era inevitable. Pero esto dura dos días, en cuanto se pongan a gobernar no les vamos a poner frenos nosotros, se los va a poner la realidad”, dice un consejero en funciones.

En la sala de mandos del Palacio de San Telmo esperan que Vox, una vez dentro del Ejecutivo, no tarde en darse cuenta de lo encorsetada que está la administración pública, la parsimonia burocrática, la fiscalización interna de los interventores y los letrados, lo rígidas que son las leyes y lo implacable que es la Constitución Española al velar por los derechos básicos de los ciudadanos, sin distinción de su origen. “No tardarán en darse de bruces con la realidad. Les pasó a los comunistas, cuando entraron en el Gobierno de coalición con el PSOE de José Antonio Griñán, le pasó al Podemos de Pablo Iglesias que se aburrió enseguida de ser el vicepresidente de Pedro Sánchez, y le pasará a Vox”, vaticinan las mismas fuentes.

Todavía es pronto para valorar el impacto real de ese acuerdo en las políticas públicas de Andalucía. Los populares confían en que pase la tormenta pronto y, tras el verano, regresar a la legislatura del “mucho ruido y pocas nueces”. Lo que sí se puede calibrar -el presidente, desde luego, ya lo ha hecho- es el desgarro que este documento ha provocado en su propia imagen pública.

La política ya no es solo “el arte de lo posible”, no en el siglo XXI. No en el siglo de Instagram y de TikTok. La imagen pública de Juanma Moreno —tan trabajada y promocionada los últimos cuatro años de mayoría absoluta— son los cimientos del poder institucional del PP en Andalucía, desde la Junta a las diputaciones, desde las alcaldías hasta el Congreso de los Diputados.

Seis elecciones consecutivas ganadas, primera fuerza en las ocho provincias y en 600 de los 785 municipios de la comunidad. “Necesitamos un Juanma Moreno en cada pueblo”, bromeaba su equipo de campaña en las municipales de 2023, mientras paseaban a su estrella frenéticamente por todo el territorio andaluz.

“Pelos en la gatera”

Juanma Moreno va a seguir siendo un dirigente templado en las formas, porque él no es una persona bronca y su estilo de hacer política nunca ha sido pendenciero. Ni desde que es gobernante, ni cuando estaba en la oposición. Pero, a todas luces, en este acuerdo de gobierno con Vox, Moreno ha sacrificado mucho de ese capital político. “Nos hemos dejado pelos en la gatera”, ha repetido estos días.

Y llama la atención que el PP —el PP nacional que ha celebrado este pacto más incluso que el andaluz— considere que ese sacrificio personal de Moreno es un mal menor, porque les ha costado mucho consolidar esa marca… Y porque sin esa marca personal el PP nunca habría gobernado Andalucía con mayoría absoluta, y después de este acuerdo con la ultraderecha cuesta imaginar que vuelva a conseguirlo. “Andalucía no estaba preparada para pasar de votar al PSOE, que gobernó 37 años seguidos, a votar al PP. Era necesaria una marca personal que sirviera de puente”, decía en campaña uno de los hombres del presidente.

El aura de moderación y centralidad de Juanma Moreno se ha basado siempre en un espejismo político raro: que la política podía no ser ideológica. Que se puede gobernar sin ideología o que se puede “encapsular” la ideología, o suplantarla por conceptos menos envenenados, como el “sentido común”, lema de campaña de Vox en las pasadas andaluzas.

El pacto con la ultraderecha destila ideología de ultraderecha, y Moreno sabe que eso pincha en el músculo dormido de la izquierda. “Esto lo cambia todo. Empieza una nueva partida. Se acabó la marca Juanma”, anunció el viernes María Jesús Montero ante el comité director del PSOE andaluz, para subrayar que la extrema derecha vuelve a gobernar en Andalucía “por primera vez desde el franquismo”.

Juanma Moreno ha sabido alimentarse de la desafección política vendiéndose como un líder no político, un oxímoron si atendemos la famosa cita de Aristóteles: “el hombre es un animal político”. Pero un oxímoron de éxito con el que la derecha logró gobernar en Andalucía después de 37 años ininterrumpidos del PSOE en el poder.

El PSOE andaluz ha celebrado este viernes su primer comité director tras el fracaso electoral del 17 de mayo, que horadó su resultado hasta los 28 diputados, su suelo histórico. Pero también es el primer cónclave socialista que se celebra 24 horas después de la firma del pacto de gobierno entre PP y Vox para reelegir presidente a Juanma Moreno y esto, en palabras de María Jesús Montero, “lo cambia todo”. “Se acabó la marca Juanma. Comienza una nueva etapa”.

Los socialistas han reseteado la política andaluza, y su propio estado anímico, después de que Moreno haya metido a la ultraderecha en su Gobierno y firmado un acuerdo “vergonzante”, dicen, y que consideran “regresivo” para los derechos sociales de los andaluces. El momento crítico para la sociedad, por tanto, se ha convertido en una ventana de oportunidad para un partido que sigue noqueado tras su quinta derrota electoral frente al ciclón político que representa Juanma Moreno.

El máximo órgano de decisión entre congresos, celebrado en el municipio de Dos Hermanas y con unos 500 asistentes, ha servido para tres cosas, por este orden: analizar el pacto PP-Vox, tanto desde el impacto que suponen las medidas para la sociedad, como desde una perspectiva estratégica para los socialistas, que van a pilotar la oposiciónal nuevo Gobierno.

De ahí emana precisamente el segundo tema: aprobar el calendario para nombrar las candidaturas del PSOE en las municipales de mayo de 2027, y aquí Montero ha dejado en el auditorio un mensaje explícito que va más allá del típico llamamiento a la unidad interna del partido: “Cuanto menos primarias, mejor”, ha sentenciado. De las ocho capitales andaluzas, por ejemplo, los socialistas están abocados a celebrar primarias para elegir candidato, según sus estatutos, porque ahora sólo están gobernando en Jaén (Julio Millán).

Montero ha animado a llegar a acuerdos entre las distintas familias o corrientes del partido para lograr candidaturas de consenso mucho antes de que llegue el momento de convocar primarias. Y, si no es posible, “hago un llamamiento para que sean primarias fraternales, no otra cosa. ”No podemos convertir las primarias en un momento de desencuentro entre nosotros que no se pueda arreglar en el minuto uno. Si no es necesario tener que ir a procesos de primarias, animo a que se imponga el diálogo y el consenso“, ha dicho.

La ejecutiva regional del PSOE-A ha aprobado el calendario para la designación de candidatos a las municipales, que arranca en septiembre, y también el nombramiento de los tres senadores socialistas por designación autonómica: repetirán Susana Díaz y Juan Espadas, y el tercero lo ocupará la propia Montero que, como sus predecesores, compagina este puesto en la Cámara Alta con el de parlamentaria y jefa de la oposición a Moreno.

La dirigente socialista ha pronunciado un discurso de una hora, con tono monocorde, priorizando la crítica descarnada al acuerdo de gobierno entre PP y Vox, y presentando al PSOE como el “freno” a los retrocesos que el pacto plantea. Montero se ha detenido en las medidas más “regresivas” del documento, desde la prioridad nacional, que ha llamado “segregación de los seres humanos por razón de raza”, hasta el “negacionismo climático”, la eliminación de impuestos ambientales tan básicos como grabar las bolsas de plástico, o la concepción de la mujer como “un sujeto que da a luz” que necesita una “protección paternalista” para pensarse si quiere tener hijos.

“Comienza una nueva partida en la que el PP está en su sitio natural y le corresponde al PSOE tomar la iniciativa para que esto no se convierta en una realidad. Hay que decirle a la sociedad que cuenta nosotros para que seamos el freno de esos retrocesos que intentan imponer. Nosotros trajimos la democracia y el autogobierno a nuestra tierra y lo vamos a devolver antes que tarde”, ha avanzado.

Para los socialistas, no sólo para Montero, el pacto con la ultraderecha es el “gesto político que va a definir toda la legislatura”. Creen que el paso que ha dado Moreno, sacrificando su imagen de “moderado y centrista”, es un paso consciente hacia el reagrupamiento de las derechas en un solo bloque con el que pretenden llegar a la Moncloa en las generales de 2027.

La exvicepresidenta del Gobierno y exministra de Hacienda también ha puesto las luces largas para implicar a los suyos en las legislativas, con Pedro Sánchez de candidato, pero antes ha hecho un extenso diagnóstico del fracaso de las andaluzas, pensando por qué “los ciudadnaos se han alejado de nosotros” y preguntándose qué hacer “para que vuelvan”.

“Tenemos que aprender de las últimas elecciones andaluzas. Los resultados han sido malos, muy lejos de la ambición del PSOE, todo lo que no sea gobernar es una mala noticia. Pero la autocrítica no puede ser solo un ejercicio para instalarnos en el lamento, será útil si termina en cambios concretos y una organización más fuerte”, ha subrayado. Montero se ha estado reuniendo las últimas semanas con todas las direcciones provinciales y algunas agrupaciones y alcaldes para testar “sentimientos y sensaciones” tras el 17 de mayo.

El mensaje que ha trasladado a las ejecutivas provincialesha sido la necesidad de fortalecer la presencia del partido en la calle, en los municipios y agrupaciones, “no sólo durante una campaña electoral, hay que ser visibles todo el año”. “Los ciudadanos no terminan de confiar en nosotros como la mejor opción de autogobierno. Tenemos que ser más atractivos en los formatos y en los medios”, ha admitido.

Sin embargo, Montero ha pedido no hacer una lectura “simplista” de los resultados, ha asegurado que hay múltiples causas, y reconocido que los “asuntos nacionales de envergadura e impacto” -en referencia a los casos de corrupción que salpican al PSOE y al Gobierno de Sánchez- han lastrado sus opciones.

Con todo, la dirigente socialista se ha felicitado por haber “frenado la caída de votos del periodo electoral previo”, con 60.000 papeletas más que en las últimas andaluzas. “Hemos conseguido elevar un poco más la movilización, incrementando siete puntos la participación”, ha dicho, tras asegurar que “el mérito de esa movilización es del PSOE, pero los frutos no los ha cosechado el PSOE”. En el cierre del discurso, Montero ha pedido conjurarse “desde ya” para que los socialistas sean los clares vencederos en las próximas autonómicas, dentro de cuatro años.

Tras pedir a los medios de comunicación presentes que abandonaran el salón donde estaba reunido el comité director, han pedido la palabra 14 dirigentes, entre ellos los ocho secretarios provinciales, y el militante y excandidato a la secretaría general Luis Ángel Hierro, siempre en el sector crítico, que ha exigido un congreso extraordinario tras el fracaso electoral del 17-M.

El recién reelegido presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado que espera una legislatura “estable y cordial” con Vox, tras el acuerdo con esta formación para su investidura, pero ha admitido “no estar contento” por no poder gobernar en “solitario”.

En declaraciones a la 'Cadena Cope', recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así un día después de haber sido investido presidente de la Junta por el Pleno del Parlamento, con los votos de PP-A y Vox. Juanma Moreno ha confiado en que sea una legislatura “estable, que dure los cuatro años que corresponde; que sea fructífera” para acometer las reformas que son necesarias en Andalucía, y que sea cordial entre los dos partidos del gobierno.

“Al final, gobernar es muy difícil, tiene uno muchos sinsabores y hay muchas incertidumbres a las que enfrentarse”, según ha apuntado Juanma Moreno, para quien, por ello, se requiere que haya “un ambiente de cordialidad y de positividad” en el gobierno.

Juanma Moreno ha admitido que él no está “contento por una razón”, porque su objetivo era gobernar en solitario tras el resultado de las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A obtuvo 53 escaños, quedándose a dos de la mayoría absoluta.

No obstante, ha manifestado que si no llega a cerrar un acuerdo con Vox, Andalucía hubiera estado abocada a nuevas elecciones el 25 de octubre, lo que hubiera supuesto estar sin gobierno más de medio año. “Y yo he pensado que el interés general estaba por encima de mi interés, y no sé si me he equivocado o no, pero he pensado que el interés general de los andaluces es que hubiera estabilidad y gobierno por encima de mi interés particular”, ha expuesto.

De hecho, ha reconocido que pensó en la opción de convocar nuevas elecciones para que, de alguna manera, su “interés particular”, su “vanidad” y sus “principios” quedarán a salvo, pero era más importante el “interés general” de los casi nueve millones de andaluces.

Juanma Moreno ha puesto en valor las 150 medidas que se recogen en el documento del acuerdo con Vox, que han sido “muy negociadas”, y ha expresado que tiene “una visión de la política de concordia y de buscar siempre puntos de encuentro”.

“Yo soy presidente y soy el que marca un poco el ritmo del gobierno y yo no voy a cambiar”, ha indicado, quien ha indicado que no es el primer presidente de la Junta que llega a pactos de gobierno con otra formación, algo que ya hicieron anteriormente los socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

“Yo sé negociar, sé dialogar y, por tanto, a lo que aspiro es que en este gobierno podamos llegar a hacer lo que hemos sido hasta ahora, un gobierno donde la mayoría de los ciudadanos se sientan representados y la mayoría de sus intereses sean defendidos”.

Lo anunció Alberto Núñez Feijóo al filo de las diez de la mañana de este jueves, varias horas antes de hacerse oficial, durante un curso de verano: el PP y Vox habían cerrado un acuerdo en Andalucía. Solo quedaba pactar el papel de la ultraderecha en el próximo gabinete de Juan Manuel Moreno. La confirmación llegó poco antes de la segunda votación de investidura: “prioridad nacional” y Gobierno de coalición. El penúltimo bastión del autodeclarado “PP moderado” ha caído y ha confirmado la dependencia que los de Feijóo tienen de Santiago Abascal y su partido.

En realidad es la segunda vez que Moreno se sirve de Vox para gobernar. En 2018 perdió las elecciones contra Susana Díaz, pero sumó con Ciudadanos y los ultras para desbancar al PSOE. Los siguientes comicios, en 2022, le catapultaron hasta una mayoría absoluta achacable a la casualidad aritmética que hizo que un puñado de votos bien distribuidos le dieran cuatro diputados en el último suspiro del recuento.

Este 2026, la moneda cayó del otro lado. Moreno no ha sido el único barón autonómico del PP que pensaba tener en su mano la mayoría absoluta. Antes que él se sometieron a las urnas María Guardiola, Jorge Azcón y Alfonso Fernández Mañueco, con el convencimiento de poder desembarazarse de sus aliados naturales y de alcanzar ese paraíso para un político que es tener el control parlamentario total.

Tras el fiasco de Moreno, al PP le quedan ya solo tres mayorías absolutas. Alfonso Rueda, en Galicia, y Gonzalo Capellán, en La Rioja, mantienen un aura de cierta moderación. El riojano se ha caracterizado en esta legislatura por tener una posición propia en algunos asuntos centrales, como la financiación autonómica. También Rueda se puede permitir el lujo de desmarcarse de algunos pronunciamientos de su partido ante las dificultades de Vox de penetrar en el electorado más allá del Bierzo. La tercera baronesa ‘libre’ es Isabel Díaz Ayuso, que renunció por voluntad propia hace ya mucho a presentarse como “moderada”.

Feijóo, más escorado a la derecha

El mini ciclo electoral, ideado por el PP precisamente para mostrar la capacidad de Feijóo de orillar a Vox, ha servido justo para lo contrario. Feijóo, quien hace ahora exactamente un año se comprometió formalmente ante todo su partido a gobernar en solitario, se enmendó a sí mismo en ‘prime time’ hace apenas unos días: “En el caso de que tengamos que hacer un acuerdo y una coalición de gobierno, nos sentaremos y haremos una coalición de gobierno”.

Para entonces ya había comenzado la negociación en Andalucía, y Moreno era consciente de que iba a tener que desdecirse en dos de sus principales planteamientos durante la campaña electoral del pasado mes de mayo.

El primero, el de asumir la “prioridad nacional”. Moreno dijo en campaña que era un “eslogan efectista”. Sostuvo que era “irreal” e “ilegal”. Pero tras perder la mayoría absoluta el barón andaluz ya no es todo lo libre que era, y no ha podido, o no le han dejado, rechazar lo que han ido firmando, uno a uno, sus compañeros de partido en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Aunque Moreno no quería la prioridad nacional, hace ya días que sus portavoces comenzaron a deslizar que no tenían inconveniente en asumirla. Más bien, no tenía posibilidad de quitársela de encima: la dirección del PP no iba a permitir un desmarque así de sus compañeros de partido. La intervención del secretario general, Miguel Tellado, fue clave para cerrar los acuerdos previos. En ellos se estableció un marco estatal que Moreno no ha podido eludir.

Más convencidos estaban en el PP andaluz de poder librarse de compartir gobierno con Vox. Cuando en 2024 Abascal ordenó a los suyos salir de los ejecutivos autonómicos, en la sede nacional del PP de la madrileña calle de Génova se vieron amplias sonrisas. Fue el empujón para que Feijóo lanzara su plan de gobernar en solitario.

Pero no había pasado un año cuando las encuestas comenzaron a reflejar lo acertado de la estrategia definida por el asesor en la sombra de Abascal, Kiko Méndez Monasterio.

El giro “lepenista” de Vox, que ha optado por centrarse en el discurso racista para ganar adeptos, ha dado resultado. Y ha forzado a Feijóo a escorarse.

El último ejemplo es la mal llamada ‘ley de nietos’, un proceso extraordinario incluido en la Ley de Memoria Democrática para que los descendientes de españoles emigrados puedan reclamar la nacionalidad de sus padres o abuelos.

La norma se aprobó en 2022. Ni el PP ni Vox señalaron entonces que esta vía de nacionalización fuera un problema y lo obviaron en sus intervenciones parlamentarias. Ese mismo año, el Ministerio de Justicia aprobó una instrucción con los detalles del proceso. Ahora, casi un lustro después, las derechas han puesto el grito en el cielo y alientan las sospechas de una conspiración del Gobierno para cometer un fraude en las próximas elecciones generales.

Feijóo ha pasado de defender una ampliación de la ‘ley de nietos’ que fuera más allá de los exiliados del franquismo a echarse las manos a la cabeza porque el Gobierno hizo eso exactamente hace cuatro años.

Tanto el líder del PP como Abascal están también azuzando el bulo de que Sánchez quiere modificar el censo electoral con la regularización extraordinaria de personas migrantes, pese a que no podrán votar en el próximo ciclo.

Este mismo jueves, mientras anunciaba el acuerdo andaluz, Feijóo hizo un batiburrillo con todo para lanzar un mensaje que se diferencia poco en el fondo de lo que suele decir Vox. “España no está preparada para atender a 50 millones de personas”, afirmó. “Nuestros servicios no tienen dimensión para atender un incremento [así]de población”, añadió.

Y continuó. “Si sumamos el número de inmigrantes desde 2019” que Feijóo cifró “en cuatro millones”, más “1,3 millones de la regularización ya nos vamos a 5,3 millones”. “Y si sumamos los dos millones y medio de lo que el Gobierno llama nietos, que no son nietos solo, estamos ya en siete u ocho millones de ciudadanos”, dijo. Feijóo zanjó: “Siete u ocho millones de ciudadanos en siete años no hay país que lo resista desde el punto de vista social, desde el punto de vista de bienestar y desde el punto de vista cultural”.

Es un paso más de Feijóo en su ambivalente competencia con Vox. Si en 2022 despreció a los de Abascal, en 2023 tuvo que asumir cinco gobiernos autonómicos y el bloqueo a su investidura por sus aproximaciones a la extrema derecha. En 2024 asumió el discurso ultra que relaciona inmigración con delincuencia, y desde finales de 2025 ha señalado que también está en riesgo la “identidad” española.

Ahora todas estas afirmaciones toman cuerpo en ese significante que es la “prioridad nacional”, que José María Aznar quiere sustituir por “mayoría nacional”. Los gobiernos autonómicos de PP y Vox ya han comenzado a desarrollar este concepto en forma de políticas concretas, pero de momento no se puede apreciar los efectos que tendrá en toda su magnitud.

Desde este jueves, cuando Moreno fue investido presidente por tercera vez, Andalucía será una región más que servirá para comprobar hasta dónde están dispuestos a llegar PP y Vox en su aplicación.

La extrema derecha tendrá menos peso numérico que en otras comunidades, ya que también obtuvo menos diputados. Su líder, Manuel Gavira, será vicepresidente con una supercartera que aunará Justicia, Turismo, Administración Local y Desregulación.

El PP de Feijóo saludó el acuerdo en un comunicado en el que se mostraron “satisfechos” de lo pactado. “Salimos más fuertes, reforzados en todos nuestros enfrentamientos electorales con el PSOE, y más preparados que nunca para volver a medirnos con el 'sanchismo' en las urnas”, zanja el PP en su comunicado. Lo harán con Vox en todas sus fotos.

Apenas 30 minutos antes de la votación de investidura de Juanma Moreno, los líderes del PP y Vox en Andalucía han sellado su acuerdo de gobierno que consagra la 'prioridad nacional', un concepto de la extrema derecha que el PP ya había abrazado en Extremadura, Aragón y Castilla y León. Durante la campaña, llegó a definir la 'prioridad nacional' como “literatura” de Vox para su electorado y, también, como un “lío”. Mediante este pacto, Manuel Gavira, líder de la formación de extrema derecha, asumirá la consejería de Turismo, Administración Local y Justicia, un cargo que además tendrá rango de vicepresidencia.

En rueda de prensa, Moreno y Gavira han escenificado la firma del Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía. Ante la falta de una mayoría absoluta, Moreno ha justificado el pacto señalando que “la dinámica parlamentaria te lleva a llegar a acuerdos” para evitar una parálisis autonómica y nuevas elecciones. Sin embargo, para lograr esta estabilidad, el PP ha tenido que asumir gran parte del programa de Vox, admitiendo el propio Moreno que, pese a tener “sensibilidades diferentes”, han realizado un “esfuerzo de aproximación”.

En el plano institucional, la principal concesión es la entrada de Vox en el Ejecutivo. La formación asumirá la citada Consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, la cual estará dotada con rango de Vicepresidencia con Gavira al frente.

El giro migratorio y la 'prioridad nacional'

El documento refleja un endurecimiento radical en materia de extranjería, asumiendo las tesis de Vox. Pese a que Moreno en campaña recordaba que era absurdo debatir sobre inmigración porque las Comunidades Autónomas no tienen competencias, ha abrazado el discurso de Vox de principio a fin y la inmigración es el segundo punto del acuerdo. El pacto decreta un “rechazo frontal” a la llegada de “más menores extranjeros no acompañados (MENA)” y estipula la “supresión total” de subvenciones a ONG que, según el texto, “favorezcan la inmigración ilegal”. Además, se prohíbe el uso del burka y el nicab en los espacios públicos autonómicos.

La gran victoria discursiva de Vox cristaliza en el blindaje de la llamada 'prioridad nacional', sobre la que el texto dice literalmente: “El acceso a todas las ayudas, subvenciones y prestaciones públicas se inspirará en el principio de prioridad nacional, que procure la asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable con el territorio”. Este mismo principio rector se aplicará para el acceso a la vivienda protegida y al alquiler social.

Sin rastro de la violencia de género

No hay en el pacto ninguna mención a la “violencia machista” ni a la “violencia de género”. El documento del acuerdo entre PP y Vox no recoge ninguna medida, plan o apartado dedicado a combatir o abordar específicamente este tipo de violencia.

Las únicas referencias directas a la “mujer” en el texto del pacto se limitan a dos aspectos muy específicos: la citada prohibición del burka y el nicab en espacios públicos autonómicos, (justificando que son prácticas que “invisibilizan a la mujer y vulneran los valores de igualdad y dignidad) y la puesta en marcha de un ”Plan Integral de Apoyo a la Mujer Embarazada“. No hay tampoco ninguna mención al colectivo LGTBIQ+.

Negacionismo climático

Pese a las diferencias de visión que separaban a ambos partidos en temas como la Agenda 2030, el PP ha accedido a “blindar” al sector primario frente a los “aspectos negativos” de dicha agenda y a rechazar explícitamente “las imposiciones de agendas ideológicas” en el cuidado del medio ambiente, declarando a Andalucía libre de las cargas del Pacto Verde. Al rechazar la “condicionalidad climática del Pacto Verde” europeo Moreno asume directamente el negacionismo climático de Vox. También rechaza el pacto la reforma de la Política Agraria Común (PAC) para el periodo 2028-2034, argumentando que encarece la producción sin ofrecer contrapartidas.

En el ámbito de la 'batalla cultural', las cesiones a Vox también son notables. El Gobierno andaluz pondrá fin al Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en los colegios –como ya ha ocurrido en la Murcia de López-Miras y va a suceder en la Extremadura de María Guardiola– alegando que es un intento de “diluir nuestra identidad”,.

En contrapartida, el pacto se compromete a promocionar activamente la tauromaquia y la caza. Asimismo, se comprometen a proteger la ganadería brava, las escuelas taurinas y las plazas de toros frente a cualquier intento de discriminación ideológica o de exclusión de las políticas públicas

Finalmente, ambas formaciones han acordado impulsar una “Nueva Ley de Concordia” que derogará y sustituirá a la actual normativa andaluza en materia de memoria histórica. El documento incluye la Memoria Histórica en el apartado de “Leyes Ideológicas”.

Derogación de los impuestos a los vertidos y a las bolsas de plástico

La Fiscalidad es la primera materia que aborda el pacto. Se trata de un aspecto en el que PP y Vox han encontrado un amplio campo de encuentro basado en la supresión y/o rebaja de impuestos. El pacto contempla reducir la cuota autonómica del IRPF en el 0,25% en los tramos de menos de 60.000 euros cada año, hasta un punto porcentual a final de legislatura. Además, se prevén nuevas deducciones por nacimiento o adopción. En el Impuesto de Sucesiones y Donaciones se prevé una nueva bonificación para ladquisición de vivienda habitual entre hermanos, “primer paso” para ampliar la bonificación del 50% a los colaterales de segundo y tercer grado (tíos y sobrinos) “si la evolución de la recaudación del impuesto lo permite”.

Vox también ha impuesto su agenda cultural en materia fiscal, con el incremento de la deducción por familia numerosa de 200 a 300 euros y, en especial, con la previsión de suprimir tres tributos propios en materia ambiental: el que se impone a las bolsas de plástico, el de emisión de gases y el de vertidos a aguas litorales. El objetivo de esta supresión, dice el pacto, es “rerducir la presión fiscal, simplificar el sistema tributario y aliviar las cargas” sobre familias, empresas y autónomos.

Este es el pacto de Gobierno firmado por Moreno con Vox con 150 medidas:

Como se preveía, habrá gobierno de extrema derecha en Andalucía. Todo ha sido un paripé, un teatrillo. Todo se estaba decidiendo en los despachos de Madrid. Una estafa más de las protagonizadas por Moreno Bonilla con Andalucía. Pero lo cierto es que los andaluces lo votaron, igual que lo es que se presentara en las últimas elecciones ante ellos con un “no quiero líos”. Hay lío y me temo que será de los gordos. Desde Queipo de Llano, el virrey, y sus sucesores, por primera vez, reina la extrema derecha en Andalucía.

Moreno ha perdido la oportunidad de demostrar a los andaluces que era verdad que era un moderado y no un constructo de una prensa bien regada. Ahora se cae esa careta y pose. Ya no esconde su pacto con la extrema derecha, paradoja para Moreno que fue el primero que le abriera las puertas institucionales a la extrema derecha en el Estado español; difícil tendrán sus apologetas convencer ahora de que es un moderado. Mucha tinta, mucha onda e imagen harán falta para tapar sus vergüenzas. No hay moderación con políticas que van en contra de la Constitución y los derechos humanos.

El PSOE respira tranquilo. La vaga oportunidad, posibilidad, de que Moreno se hubiera resistido habría hipotecado quizá el tiempo inmediato y a medio plazo de una oposición que, deshecha, no tendría cuartel con un Moreno resistente, líder de las derechas en España y, tal vez, en Europa, un ejemplo quizá imbatible. Era, sin embargo, una engañifa a manera de liebre de canódromo.

Respirará también Núñez Feijóo. Moreno es obediente. Se ha demostrado que lo que quiere es ser presidente y bajar escaleras versallescas. Su prioridad no es la nacional sino él mismo. Se conforma con ser barón del sur, como la caballa. Feijóo tiene vía libre para seguir con su plan de prioridad nacional generalizada con tal llegar a La Moncloa. Andalucía no será una excepción.

Andalucía pierde. Los andaluces no estamos para experimentos extremistas de derechas. Andalucía no está para desregulaciones ni para ser la víctima propiciatoria más grave de las políticas de desactivación medioambiental ni, por cierto, para olvidar que fue quien más sufriera las políticas represivas del franquismo que, entre otras cosas, llevó a cientos de miles de andaluces al exilio y a la emigración. De esto, el renovado presidente no quiere ni oír hablar, siendo hijo de la emigración y Andalucía un país de emigrantes que ahora necesita de la inmigración para sacar adelante su economía. Aún quedan decenas de miles de andaluces bajo las cunetas y las fosas de la represión y como testigos insobornables de aquella experiencia siniestra. Cientos de miles de andaluces o sus descendientes en el exterior dan testimonio de aquella época cruel e inhumana.

Moreno Bonilla se fuma, además, el autogobierno. No basta con rodearse de banderas impostadas. El autogobierno es decidir desde y para Andalucía, y a Moreno le han puesto sobre la mesa un menú único y cerrado desde Madrid y ha ordenado todos los platos de una dieta que no es la que necesita Andalucía, la del Partido Popular y Vox. Desde ya, Moreno no es sino un gobernador a las órdenes de lo que quieran los señoritos de Madrid. Queipo de Llano, al menos, se enfrentaba a Franco.

El Parlamento andaluz ha aprobado, con los 68 votos que suman PP y Vox, la investidura de Juanma Moreno como presidente de la Junta en el que será su tercer mandato. Moreno ha sido reelegido en segunda votación, tras firmar (media hora antes) un acuerdo político con la ultraderecha que asimila postulados xenófobos (incluida la polémica “prioridad nacional”) y mete en su Gobierno a los de Santiago Abascal, con una vicepresidencia.

El barón popular, referente de la derecha moderada, sale de la segunda votación con un acuerdo estable para los próximos cuatro años, pero con su perfil político seriamente herido, como evidenciaba su rostro desencajado durante la firma del pacto. En sus primeras palabras, destacó que el acuerdo con Vox era “legal” y repitió tres veces la palabra “sereno”. Moreno tomará posesión previsiblemente el domingo o el lunes en el Palacio de San Telmo, tras informar de su reelección al rey Felipe VI, y nombrará un gobierno con 12 carteras la semana que viene.

Pasados unos minutos de las cuatro de la tarde, PP y Vox cerraron el acuerdo de gobierno en Andalucía, que consolida el binomio de las derechas y cierra el ciclo electoral que empezó en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El documento, aún sin hacerse público, allanó la segunda votación de la investidura de Moreno, programada para sólo media hora más tarde en el Parlamento.

El propio Moreno y el portavoz andaluz de Vox, Manuel Gavira, comparecieron ante los medios para firmar lo que han llamado “Acuerdo de Gobierno y Estabilidad para Andalucía” y hacer las primeras valoraciones como futuros socios de gobierno.

En ese momento se ha revelado que Vox ocupará sólo una cartera en el Ejecutivo de Moreno, la consejería de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local, con rango de vicepresidencia, que ocupará Gavira, con un gasto anual en torno a los 1.200 millones de euros, de un presupuesto global que roza los 52.000 millones de euros.

A diferencia de los pactos de Extremadura, Aragón y Castilla y León, la ultraderecha no se hace con la consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca -que en Andalucía moviliza más de 2.000 millones- ni ninguna cartera social. El PP les cederá uno de sus cinco senadores autonómicos y un puesto en la Mesa del Parlamento -la vicepresidencia-, con lo que mantendrán la mayoría absoluta en el órgano que rige los tiempos y las prioridades legislativas durante el mandato.

“¿La prioridad nacional? Eso ya existe en la Administración”

El documento, de 60 páginas y 150 medidas con plazos concretos de ejecución, se distribuyó después de la firma, aunque las primeras preguntas que recibió Moreno de los periodistas giraron en torno al concepto de “prioridad nacional” que incluye el acuerdo en los mismos términos que en el resto de comunidades. “Eso ni se ha negociado, se aceptó así desde el principio”, dice una persona próxima al presidente andaluz.

El líder popular, que en campaña calificó este concepto antiinmigrante como un “eslogan vacío”, empezó la reinterpretación del mismo, señalando que “la prioridad nacional es arraigo, que ya viene en nuestra administración”. “Eso existe ya, ya se está practicando, y se va a reforzar en algunas políticas, como vivienda y servicios públicos”, ha asegurado.

En realidad, la definición de arraigo en el acuerdo no es asimilable a la que existe en la Administración ahora mismo. El concepto de Vox, asimilado hoy por Moreno, significa que determinadas prestaciones y ayudas públicas beneficiarán antes a los ciudadanos españoles que a los inmigrantes.

El arraigo se medirá según el tiempo que lleven viviendo y trabajando en Andalucía. Para amortiguar este concepto xenófobo, los populares han includo el el acuerdo un preámbulo donde se destaca que “la dignidad inherente a todo ser humano es un postulado irrenunciable y un compromiso ético absoluto y permanente para los firmantes de este acuerdo”. “La política social del Gobierno”, continúa el preámbulo, “estará fundamentada en los principios de justicia, legalidad y humanidad, que son los que defiende la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía”.

Pero, acto seguido, y ya en el articulado del acuerdo, Moreno asume un viraje drástico en las políticas y el discurso sobre inmigrantes, asimilando los postulados más racistas de la ultraderecha: se reforzarán los controles del empadronamiento de la población extranjera, exigiendo 10 años de residencia para comprar una vivienda y cinco para alquilarla; se prohibirá el uso de los velos niqab y burka en espacios públicos, y se eliminará el Programa de Lengua Árabe y Cultura Marroquí en las escuelas andaluzas [96 centros; unos 2.000 alumnos] por aparentes razones de inseguridad: “La Junta velará por la convivencia en los centros educativos (...). Mostramos un rechazo explícito a cualquier programa de adoctrinamiento en las aulas y a cualquier injerencia extranjera o intento de diluir nuestra identidad”.

Además se propone un plan de retorno a sus países para los menores extranjeros no acompañados [“No más MENA”, dice literalmente el texto], aunque la Junta carece de competencias para hacerlo unilateralmente ni para firmar acuerdos con los países de origen de esos menores.

Y en Sanidad, se anuncia una “auditoría anual del coste sanitario (directo e indirecto) derivado de la atención a extranjeros en Andalucía”, algo que ya pidió Vox en el Parlamento la pasada legislatura, y Moreno rechazó por “ilegal”. Ahora, sin embargo, se plantea la segregación de los enfermos por su origen y nacionalidad, separando el coste de un enfermo andaluz de otro extranjero y “diferenciando, en la medida en que lo permita la legislación vigente, entre residentes legales, desplazados temporales, personas sin residencia legal acreditada, asistencia urgente, farmacia, hospitalización, Atención Primaria, urgencias, partos, pruebas diagnósticas y atención especializada”.

En esta línea, el futuro Gobierno PP-Vox creará “una unidad específica dentro del Servicio Andaluz de Salud” para “revisar y recuperar costes sanitarios que deban ser abonados por terceros” (...) con el objetivo de que los recursos del SAS se destinen prioritariamente a los andaluces y españoles que sostienen el sistema“.

Eliminan impuestos ambientales y el 50% de ayudas a los sindicatos

Moreno ha firmado el pacto con Gavira en una sala de la primera planta del Parlamento andaluz, rodeado de cámaras y fotógrafos, y con el rostro desencajado. Luego han comparecido juntos en el pasillo del comedor y, ante un micrófono de pie, ha respondido si este pacto con la ultraderecha emborrona su imagen de líder moderado y conciliador. “No”, ha respondido. “Vox es Vox y el PP es el PP. El Parlamento está representado por lo que los andaluces quieren”, ha insistido, y la extrema derecha tiene 580.000 votantes, “es la tercera fuerza en Andalucía y la segunda en Almería”.

La inmigración no es la única cesión que ha hecho el PP al partido de Santiago Abascal. En el acuerdo también se eliminan dos impuestos medioambientales y se replantea el discurso sobre la Agenda 2030 -de compromisos ambientales de la UE- que Vox siempre ha demonizado, y se cuestiona frontalmente el Pacto Verde, del que Moreno hizo una seña de identidad política la pasada legislatura, promulgando una “revolución verde”.

También se recoge la eliminación del 50% de las subvenciones a la patronal y a los sindicatos, y la “progresiva reducción, hasta su eliminación, de aquellas subvenciones o ayudas públicas (...) con atención especial a las destinadas a cooperación internacional al desarrollo”. Sobre esto último, fuentes próximas a Moreno advierten que una cláusula salvará esas ayudas que acrediten una “utilización efectiva” en materia de cooperación.

También se contempla la derogación de la Ley andaluza de Memoria Histórica, aprobada en 2017 sin ningún voto en contra, para sustituirla por una “ley de Concorcia”. La aprobación de una “Ley de Familia” que “fomente la natalidad”, con ayudas sobre todo a las familias numerosas y con personas dependientes, además de “ayudas al nacimiento” y “campañas de apoyo a la maternidad”.

En Vivienda, el pacto plantea una reforma de la Ley andaluza de Vivienda, aprobada por el Gobierno de Moreno hace apenas un año, para agilizar las construcción de inmuebles retirando “trabas” burocráticas. También se calcan algunos puntos de los acuerdos con otros comunidades, como el “desahucio exprés” o “el estudio de fórmulas fiscales de carácter disuasorio para compradores extranjeros y operaciones especulativas”.

En Cultura, se promocionará “la tauromaquia, la caza y la pesca como atractivos turísticos”, además de un “plan del patrimonio cultural en riesgo”, en referencia a los toros.

La última medida del acuerdo es una “cláusula de lealtad institucional” que no está en el resto de pactos suscritos por el PP con Vox en otras comunidades: viene a garantizar que el partido de Santiago Abascal no romperá la disciplina de voto en el Parlamento ante cualquier medida que llegue del Gobierno de coalición, incluido los cuatro presupuestos autonómicos de la legislatura y las proposiciones de ley (pero también se exige unidad sobre las comisiones de investigación parlamentaria).

Con eso, Moreno busca asegurarse la estabilidad durante todo el mandato y evitar los sobresaltos a los que le sometió Vox en su primera legislatura, cuando eran socios externos y mantenían en vilo al Gobierno de PP y Ciudadanos en cada debate presupuestario.

En materia de fiscalidad, donde PP y Vox tienen más puntos en común, se presentan nuevas rebajas impositivas por valor de 325 millones de euros (1.300 millones a lo largo de la legislativa): además de desaparecer tres impuestos ambientales, se reducirá otra vez el IRPF (para rentas inferiores a 60.000 euros) y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales; habrá deducciones de 2.000 euros para enfermos de ELA; otra de un 15% del coste de gafas y lentillas y más rebajas para el comedor escolar, el aula matinal, los uniformes y las clases particulares privadas de idiomas e informática.

Entre las medidas de educación destaca una suerte de 'prioridad nacional' en el menú escolar: “Defensa del producto andaluz y español en los comedores públicos. La Junta impulsará, dentro del marco legal de contratación pública, que los pliegos de los servicios de restauración en comedores escolares y públicos prioricen los alimentos de proximidad” frente a los extranjeros. Además “se incluirá la historia del terrorismo en España en los planes de estudio”, que ya existe, y la implantación “progresiva” de institutos privados concertados de Bachillerato, “priorizando la Educación Especial y la FP” a partir del próximo curso.

En Sanidad, se plantea desde el primer día una “auditoría y plan de choque para reducir las listas de espera quirúrgicas, diagnósticas y de consultas externas” y, antes de finalizar 2028, la “consulta el mismo día” en atención primaria para procesos agudos y pediatría. Pero el punto crítico es la apuesta rotunda por una mayor privatización -“colaboración público-privada”- del sistema sanitario en los primeros seis meses del mandato: “Se permitirá la colaboración con entidades privadas cuando sea útil para reducir listas de espera, pruebas diagnósticas o actividad asistencial demorada, pero siempre con contratos transparentes, precios auditables, indicadores de calidad, publicación de resultados, control público y cláusula de reversión si no se cumplen objetivos”.

La izquierda denuncia “ocultismo y fraude”

El PSOE de María Jesús Montero había forzado una reunión urgente de la Mesa de la Cámara, 15 minutos antes de la votación, para exigir que Moreno sometiese su investidura sobre la base del acuerdo de gobierno que acababa de firmar con la extrema derecha, y no del proyecto político en solitario que presentó el pasado lunes. Pero el reglamento del Parlamento no contempla esta posibilidad y el presidente Jesús Aguirre les ha tumbado la iniciativa.

Los grupos de izquierdas han desfilado antes de la firma del pacto entre PP y Vox para denunciar que se le estaba “ocultando” a los andaluces el programa y el reparto de poderes que habían negociado las fuerzas conservadoras para investir a Moreno. Todos han censurado el “oscurantismo” del acuerdo. Montero ha subrayado que “por primera vez desde el franquismo va a entrar la ultraderecha en el gobierno de Andalucía”.

Antonio Maíllo, líder federal de IU y portavoz de la coalición Por Andalucía, ha dado por muerta la llamada “vía andaluza”, el concepto que popularizó el presidente de la Junta para defender un estilo de hacer política moderado, conciliador y alejado de la bronca y el ruido. “Se acabó la vía andaluza”, dijo, “y no hay partido España-Austria que esconda el acuerdo reaccionario que van a firmar sólo media hora antes de que se vote”.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, también criticó el “ocultismo” del pacto antes de la votación de investidura. “Cuando uno esconde algo es porque tiene algo que ocultar. Que diga lo que ha pactado con la extrema derecha y vayamos a votar sabiendo lo que votamos, porque ho habrá unos diputados que saben lo que están votando y otros que no, y eso es un robo democrático”, sentenció.

La secretaria general del PSOE andaluz y portavoz socialista en el Parlamento andaluz, María Jesús Montero, ha calificado este jueves como “vergonzoso” que el Parlamento andaluz vaya a afrontar la segunda votación para la investidura del popular Juanma Moreno como presidente de la Junta sin “conocer los detalles” del pacto que ha cerrado con Vox y que permite que “por primera vez entre la ultraderecha después de la dictadura en un Gobierno en Andalucía”.

En declaraciones a los periodistas poco antes del inicio del debate en el Pleno del Parlamento, Montero ha asegurado que el pacto de PP y Vox es “doblemente vergonzante porque ha sido llevado con oscuridad, ya no sólo es que no le hayan puesto luz y taquígrafos es que ni un triste candil para que pudiéramos ahora poder analizar las que parece que son más de mil medidas que pueden acompañar este acuerdo y posteriormente porque esta mañana el propio señor Feijóo nos anunció que ya se había producido el acuerdo”.

“Creo que Andalucía merece más, no es de recibo que estemos a estas alturas sin conocer qué es lo que vamos a votar dentro del Parlamento”, ha censurado la líder del PSOE-A, que ha calificado la votación como “un fraude absoluto de investidura” para dar paso a un gobierno “que está en las antípodas de lo que propone el PSOE, porque va a practicar políticas que ya conoceremos la letra pequeña pero que desde luego nada tienen que ver con el proyecto de garantía de oportunidades que queremos impulsar los socialistas”.

Critica que Moreno “no tenga valentía”

Tras dejar claro que el pacto PP-Vox da paso a un gobierno “legítimo emanado de las urnas”, Montero ha centrado sus críticas en que “ni siquiera se nos haya dado la oportunidad de valorar en esta segunda votación por mayoría simple” su contenido porque “el acuerdo que se presenta el primer día y lo que se presenta según las palabras del propio señor Moreno, era un gobierno en solitario y desgranó una serie de medidas en las que desde luego no estarán todos aquellos puntos que la ultraderecha de Vox ha incorporado”.

En este sentido, ha lamentado que Moreno “no tenga valentía para explicar en qué consiste ese acuerdo” ante el pleno del Parlamento, ya que se ha mostrado convencida de que la Mesa de la Cámara no atenderá su petición para que el contenido del pacto PP-Vox se pueda debatir. “Queda media hora y todavía no lo sabemos, es una vergüenza como no ha habido en otras comunidades autónomas que antes de la votación no se haya conocido con tiempo suficiente la letra pequeña”, ha concluido.

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha tachado de “robo democrático” el hecho de que se vaya a votar al candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en el Parlamento autonómico sin que todos los grupos conozcan el acuerdo alcanzado entre el presidente en funciones, Juanma Moreno, y Vox con el que será posible echar a andar la legislatura.

En declaraciones a los medios, José Antonio García ha asegurado que a Moreno “le da vergüenza, o la ha perdido toda”, explicar antes de la sesión el contenido del acuerdo, del que se han anunciado un centenar de medidas. “Nos parece de sentido común” que, antes de la votación, haya un turno en el que se explique en qué consiste el acuerdo entre el PP y Vox para que Juanma Moreno revalide como presidente andaluz. “Todos tenemos el derecho a saber qué se ha pactado y a poder debatir sobre ello”. “Qué tiene que esconder” Moreno, se ha preguntado el portavoz de la formación de izquierdas.

Adelante Andalucía ha querido dejar claro que le parece “alucinante” que “a 60 minutos de votar al candidato a la Presidencia de la Junta, independientemente de lo que cada partido vote, no conozcamos el contenido del acuerdo”. “Es un atropello democrático”, ha insistido García, que ha lanzado un aviso al “ex moderado Moreno”: “Las formas son importantes”.

Igualmente, el portavoz de Adelante Andalucía se ha lamentado de que el acuerdo entre el PP y Vox implica que “se están cachondeando del Parlamento y del candidato” incluso, ha apuntado, al haberse confirmado por Alberto Núñez Feijóo esta mañana. Moreno “no le importa ni a los suyos en Madrid”.

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha calificado de “infame” el acuerdo alcanzado entre PP-A y Vox para la investidura del presidente en funciones y candidato de los populares a la reelección, Juanma Moreno (PP), al que ha situado como “un peón en la operación entre Feijóo y Abascal”. “Hoy es el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía”, ha añadido.

“Se acabó la vía andaluza, se acabó Moreno Bonilla el moderado y se acabó el Moreno Bonilla diferente. Un peón más, igual que lo fueron Azcón, Mañueco y Guardiola”, ha afirmado en una atención a los medios en el Parlamento andaluz poco antes del inicio de la segunda votación para la investidura de Moreno.

Maíllo ha criticado el “desprecio” al Parlamento que a su juicio supone anunciar el pacto horas antes de la segunda votación, sin que se pueda debatir en la cámara. Asimismo, ha lamentado lo “oculto” del contenido de las negociaciones en las últimas semanas.

“No hay partido de España con Austria que oculte el infame pacto de la derecha con la extrema derecha hoy”, ha subrayado al mismo tiempo que ha señalado que la alianza en Andalucía supone un “salto cualitativo” en comparación con los acuerdos entre ambas formaciones en el resto de comunidades.

“Hoy es el primer día del final del proyecto de Moreno Bonilla como presidente de la Junta de Andalucía. Y es el primer día del final porque vamos a establecer alianzas sociales en Andalucía que no vamos a permitir ni van a permitir un retroceso en derechos”, ha aseverado.

Andalucía, la comunidad más poblada de España, se aproxima lenta pero inexorablemente a un pacto de gobierno entre PP y Vox clave para el futuro del país y de las próximas elecciones generales. Lo que están ultimando las dos fuerzas conservadoras en estas horas, previas a la segunda votación de investidura de Juanma Moreno, tendrá mucho más repercusión política que los pactos que ya han firmado en Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Lo tendrá, necesariamente, por volumen: porque Andalucía contiene más habitantes que las otras tres comunidades juntas -8,5 millones de personas, casi el 20% del país-; porque maneja más presupuesto que las otras tres regiones juntas -51.600 millones de euros-; y porque aporta al Congreso 61 diputados de los 350 escaños.

La pica de Santiago Abascal en este territorio significa que “ya no hay marcha atrás”: la ultraderecha se ha hecho imprescindible para la gobernabilidad en el bastión de Juanma Moreno, referente del PP más moderado, al que ahora le empujan su centro de gravedad política hacia posiciones más ultra, más incómodas. “Juanma es una pieza de caza mayor” para Abascal, mascullan en el Palacio de San Telmo.

Si el acuerdo aún no está cerrado en Andalucía, es precisamente porque Moreno y los suyos pelean in extremis para conservar un perfil propio dentro del PP, para mantener esa singularidad que le hace destacar en su propio partido, como baluarte de la moderación, la concordia, el diálogo, y firme enemigo de la polarización, la bronca, el ruido y la crispación.

“Andalucía ya no es una excepción”

Moreno quiere firmar menos contrapartidas que otros barones territoriales del PP, porque considera que su resultado en las elecciones del 17 de mayo -el 41,16% de los votos y 53 escaños- es porcentualmente superior al resto: tiene más votos que hace cuatro años, es primera fuerza en las ocho provincias, saca más ventaja al segundo (PSOE) y al tercero (Vox) y, sobre todo, se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta.

Pero también es muy consciente de que “a Vox no le interesan las matemáticas”. “A ellos les da igual si necesitamos dos votos a favor o cuatro abstenciones, ellos tienen 15 diputados y van a hacer valer sus 15 diputados”, se lamentan en el entorno del presidente andaluz. “No entiendo por qué lo que es bueno para el PP en Extremadura, Aragón y Castilla y León no va a ser bueno para el PP de Andalucía”, dijo este miércoles el diputado nacional de Vox, José María Figaredo, en Tele 5. “Andalucía ya no es una excepción”, subrayan fuentes del grupo parlamentario.

Es el mito de Juanma Moreno, el verso suelto dentro del PP por obra y gracia de su mayoría absoluta, justo lo que Abascal aspira a desmontar. Y no es el único, porque una parte nada desdeñable de su propio partido, la que va desde Isabel Díaz Ayuso hasta el núcleo duro que rodea a Alberto Núñez Feijóo, ya da por amortizada su comunión con la ultraderecha, “la única fórmula posible para sacar a Pedro Sánchez de la Moncloa” en las generales de 2027, dicen fuentes de la dirección nacional.

Vox quiere, por tanto, alinear a Juanma Moreno con María Guardiola, con Jorge Azcón y con Alfonso Fernández-Mañueco, imponiendo las mismas cláusulas en la negociación: la “prioridad nacional”, ese axioma antiinmigrante que ya han engullido los otros tres barones del PP; el discurso beligerante contra la población extranjera, rechazando el reparto de los menores extranjeros no acompañados...

Esta parte, aunque sea la más mediática, es la que está más amortizada en el equipo de Moreno. En su primer pacto de investidura con Vox, en 2019, ya cimbrearon la negociación pidiendo la “deportación de 52.000 inmigrantes de Andalucía”, algo que posteriormente retiraron. Entonces, los populares se congratularon de haber logrado los votos de Vox a cambio de promesas en materia migratoria que “son competencias del Estado”. “A mí eso sólo me obliga a escribirle una carta al ministro de Interior”, ironizaba uno de los dirigentes del PP que estuvo en aquella negociación.

“Quieren más poder y más presupuesto”

Esos primeros tres años de convivencia política entre PP y Vox sirven de manual para entender lo que vamos a ver ahora: la ultraderecha, desde fuera del Gobierno andaluz, solía reinterpretar el acuerdo augurando unas consecuencias políticas que, en la práctica, nunca se dieron (véase en qué quedó el cacareado debate sobre el llamado “pin parental”); mientras que el PP, desde dentro del Ejecutivo junto a Ciudadanos, circunscribía su compromiso a la literalidad del pacto. Ni más ni menos. A la postre, los de Abascal consiguieron de aquel acuerdo más titulares rimbombantes que medidas reales.

Ahora, la preocupación del equipo negociador de Moreno ha pasado de largo de la prioridad nacional y se centra en reivindicaciones más tangibles. “Son más pragmáticos, quieren más poder y más presupuesto”, dice un dirigente popular. En esta lista de peticiones estaría la entrada de Vox en un Gobierno de coalición, que el PP ya da por descontado, según las fuentes consultadas, aunque hay “flecos importantes” sobre el reparto de competencias.

De entrada, los de Abascal aspiran a dirigir la consejería de Agricultura, igual que en el resto de territorios, aunque aquí el presupuesto que manejarían alcanza los 2.000 millones de euros, más que las otras tres comunidades juntas; o bien una cartera de “perfil social” que les permita maniobrar en sus guerras culturales (natalidad y políticas antiabortistas; asfixia financiera a ONG y ayudas a la cooperación...).

También reclaman dos miembros en la Mesa del Parlamento, para arrebatar a los populares el control absoluto del órgano que marca los tiempos y las prioridades legislativas de este mandato (esto obligaría a dimitir a dos de los miembros que puso el PP); una mayor presencia en los órganos de extracción parlamentaria, como la Defensoría del Pueblo Andaluz, y en especial en el Consejo de Administración de la Radio Televisión Pública Andaluza (RTVA); y un replanteamiento del “pacto verde”, del posicionamiento político respecto a los acuerdos alcanzados en Bruselas que afectan al campo andaluz; y modular el discurso de Moreno respecto al cambio climático: “no al fanatismo climático”, le indicó su líder, Manuel Gavira, durante su intervención en el Pleno.

En el espacio de mayor coincidencia están las rebajas fiscales, bandera de Moreno con la que Vox siempre ha estado de acuerdo, y la desregulación y desburocratización de los trámites administrativos para agilizar los proyectos empresariales.

“Humillación”

El debate de investidura de Moreno en el Parlamento andaluz dejó al descubierto un cambio de registro entre la “humillación” de la sesión del lunes -la dirección nacional de Vox anunció el voto en contra cuando Moreno aún iba por la mitad de su discurso- y la “reconciliación” de la sesión del martes, en la que ambas formaciones se trataron con mimo y escenificaron un acercamiento de posturas, una predisposición a pactar “cuanto antes”.

A partir de ahí, comenzó en el PP andaluz el proceso para relativizar todo lo que antes de las elecciones parecía un “lío”. De entrada, ese “eslogan vacío” de la “prioridad nacional”, en palabras del propio Moreno. “Algunas propuestas son irreales y otras son ilegales. En este caso es la Constitución Española, el Estatuto de Autonomía y las leyes orgánicas las que nos marcan lo que tenemos que cumplir y el PP no va a vulnerar nunca la ley. Ahora, que ellos lo quieren denominar prioridad nacional, me parece muy bien”, dejó dicho durante la campaña.

Tras la votación fallida del martes, Moreno salió del hemiciclo confiado en cerrar el acuerdo con Vox en las siguientes 48 horas, antes de la segunda votación del jueves, próxima a las siete de la tarde, cuando se cierra el plazo límite. “La prioridad nacional la han firmado en todos los sitios. Es una habilidad coger una cosa que existe y decir que es tuyo”, avanzaban ya desde el entorno del presidente andaluz, tras admitir que estaban “cerrando flecos en la parte programática, y después irá la formación del gobierno”.

Por la parte de Vox, donde negocian dos emisarios de Abascal enviados desde Madrid, la sensación de prisa es infinitamente menor que en el PP. La ultraderecha se ha instalado en una posición de máximos -aunque Moreno les agradeció durante el debate su “esfuerzo de entendimiento y por modular algunos de sus planteamientos”- y exige “plazos concretos y garantías de cumplimiento”.

“No vamos a cometer los mismos errores que con el acuerdo de investidura de 2019, que no cumplieron, por mucho que digan ahora que sí. Ya no somos novatos”, dice una fuente del grupo parlamentario Vox, tras subrayar que “ni van a renunciar a entrar en el gobierno ni a arrebatar la mayoría absoluta al PP en la Mesa del Parlamento”.

La oposición de izquierdas en bloque ha exigido a Moreno que vuelva a comparecer en el Parlamento, tras firmar el pacto con Vox, para someterlo al debate de la Cámara. El PSOE de María Jesús Montero prevé solicitar por escrito este debate bis de investidura al presidente del Parlamento, el popular Jesús Aguirre, porque considera que el primero fue “un fraude y una humillación” para los andaluces. “Se votó un proyecto de gobierno en solitario, cuando todo el mundo sabe que hay un pacto con la ultraderecha”, ha asegurado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez.

El portavoz del PP en el Parlamento, Toni Martín, acusó a Montero de haber “importado a Andalucía el veneno del sanchismo desde el Congreso” y volvió a reprocharle que no haya facilitado la investidura de Moreno. “Han dicho que llega el fin del mundo, pero tienen en su dedo votar y no van a hacer nada para evitar ese fin del mundo”, ironizó.

Martín aseguró que “hoy están más cerca que ayer” del acuerdo con la ultraderecha, y defendió el diálogo con ellos por dos motivos: porque es “el único que ha mostrado disposición al diálogo”, y porque “con la izquierda no podemos compartir nada”.

Un año más, como si fuera ayer mismo, paseando por la playa, emocionándome con las puestas de sol en la línea horizontal del agua y anhelando el hallazgo del rayo verde de mi Lalia, con quien he recordado a nuestra Lucre. Ahora va para un año que paseando por otra playa recibí el mazazo de su muerte. Ahora, asomada al precipicio de la nostalgia, y caer en el escepticismo. 

¿Cómo, Lucre, despojarme de ello para unas líneas de análisis sobre el futuro de la legislatura del Parlamento de Andalucía en pleno debate para la reelección del presidente autonómico? Tú tienes retrospectiva, diría. Por eso. El paroxismo climático aliviado por la brisa marina o la noluntad. 

Y el contexto acrecienta ese descreimiento pesimista: empiezan a conocerse las historias de las personas, familias enteras incluso, con sus nombres y sus fotos, sepultadas bajo los escombros del terremoto de Venezuela. Conmovedoras y tristísimas. 

La primera noticia del debate: Juan Manuel Moreno, el reelegido in pectore, se presenta como resistente al chantaje de la ultraderecha y elude comentar siquiera de pasada algo que incluya la palabra inmigrante o migración. Pareciera que nunca cederá a la humillación de aceptar la prioridad nacional xenófoba y racista que arrincona al extranjero pobre al recodo de la exclusión en un país de emigrantes y exiliados. 

Tampoco con esa elipsis simbólica en su primera alocución, en la que presenta su programa de gobierno, empatiza con los dramas de los inmigrantes o el debate de su necesaria aportación al crecimiento humano y económico de España, sobre todo de Andalucía, donde son imprescindibles para la agricultura y el turismo. 

Y en ese amplio entorno del nuevo tiempo ultraderechoso, una contradicción difícil de entender: asistimos a una primacía de una derecha votada con la doctrina anti inmigrante europea y americana, mientras casi todo el país vive en un suspiro y esperanzado a que dos chicos negros hijos de la inmigración africana nos reporte el segundo título mundial de fútbol

En ese escenario, la regularización de millares de sin papeles por el Gobierno de Pedro Sánchez (el demonio Pinchapapas para la derecha, también para Moreno, que sí que guiñó los dos ojos con este concepto del socialista a los de Vox); y la tragedia de Venezuela, con las historias escalofriantes e injustas de deportados por el amigo americano de Abascal que han encontrado la muerte bajo los derrumbes el mismo día de su regreso; y las familias refugiadas en España de la dictadura de Maduro, también fallecidas tras un viaje de vuelta deseado. Para llorar. 

Y en estas: el nuevo gobierno de Andalucía, y al cabo de varios meses también probablemente el de España, asentados bajo el yugo de la ultraderecha y su “prioridad nacional”. Lo vista como lo vista, me temo que Moreno claudicará. Tampoco me pone contenta el regocijo que por ello percibo en los portavoces de la izquierda en sus furibundas críticas. No es para sacar rédito. Solo una pena honda. 

Y en ese amplio entorno del nuevo tiempo ultraderechoso, una contradicción difícil de entender: asistimos a una primacía de una derecha votada con la doctrina anti inmigrante europea y americana, mientras casi todo el país vive en un suspiro y esperanzado a que dos chicos negros hijos de la inmigración africana nos reporte el segundo título mundial de fútbol. ¡España, España, España…! Ay Lamine Yamal, Lamine Yamal, cada día te quiero más… Como para no caer en el precipicio de lo que sea. 

La actualidad deja como subtítulo algo no menor. Ya que estamos inmersos en la fiebre futbolera: vaya golazo de Vox al cancerbero de la autonomía andaluza. Porque el de guardameta es el primer rango del presidente in pectore. Gol sin signos de exclamación, porque no es de admirar, sino de lamentar y deplorar, que la ultraderecha dinamite la intervención del candidato desde Madrid, advirtiendo que es allí donde se decide su investidura. Lo que se vio y se oyó es cómo la ultraderecha dio una patada a la autonomía andaluza, a sus 50 años como hacedora de un sujeto político principal en la arquitectura de lo que es España.

La crónica de Dani Cela lo describe con tan afilada puntería como si llevara el cazamariposas de Lucre (“Me voy al Parlamento, Lucre. Cógete el cazamariposas, Dani”). 

Moreno habla de agravios de Sánchez con Cataluña. Venga ya: el verdadero agravio es que el gobierno de Andalucía se constituya en Madrid, la capital con el verdadero poder de cortar el bacalao en la política nacional. Si tan criticable es la peregrinación socialista a la casa de Waterloo para complacer a Puigdemont, también lo es la del PP aceptar negociadores de Vox ajenos a Andalucía para complacer a Abascal

A los pocos minutos de empezar Moreno a presentar su programa de gobierno desde el atril de la Cámara andaluza, el portavoz de Vox, desde otro atril en Madrid, lanzaba la bomba de sus condiciones para el sí a la investidura. Ni había escuchado a Moreno, ni falta que hacía. Esta legislatura que arranca deberá conmemorar el medio siglo del 4D, la gran movilización ciudadana por la autonomía. Celebrarlo con un gobierno de coalición con un partido que quiere desmontar el Estado Autonómico es para salir corriendo.

Moreno habla de agravios de Sánchez con Cataluña. Venga ya: el verdadero agravio es que el gobierno de Andalucía se constituya en Madrid, la capital con el verdadero poder de cortar el bacalao en la política nacional. Si tan criticable es la peregrinación socialista a la casa de Waterloo para complacer a Puigdemont, también lo es la del PP aceptar negociadores de Vox ajenos a Andalucía para complacer a Abascal. 

Alguna vez algún colega indagará en el por qué la profesión o la carrera de Periodismo al derivar en la política lo hace con perfiles tan histriónicos, desapiadados o extremosos (o las tres cosas a la vez) como los de Puigdemont, Ayuso y ahora la redescubierta Montserrat Lluis, la interlocutora inflexible que Abascal envía a Moreno para negociar su investidura. Francamente, me hacen menos gracia por eso. 

Nada que ver ninguno de ellos con lo que defendía nuestra querida Lucrecia Hevia, al reivindicar ponerle corazón, piedad, alegría y humor al periodismo, al trabajo de lo que sea y al liderazgo. Cómo, Lucre, no caer en la nostalgia.