Podemos e Izquierda Unida han hecho publico un acuerdo entre ambas formaciones de cara a ofrecer al PSOE regional una nueva propuesta para reformar el Estatuto de Autonomía por la vía de las enmiendas parciales en el texto que actualmente está pendiente de tramitación en el Congreso de los Diputados.

Lo hacen una vez que se han celebrado las elecciones andaluzas porque, tal y como dijeron los socialistas hace unas semanas, se esperaría al término de estos comicios para tomar una decisión sobre si retirar o no la propuesta ante el bloqueo por parte del PP. El propio presidente del Parlamento regional Pablo Bellido dijo en abril que el Estatuto estaba “en muerte clínica”.

Ahora se trataría precisamente de intentar sortear ese bloqueo - aunque solo con sus votos no sería suficiente- tras la espantada del PP que había llegado a un pacto con el PSOE para propiciar la reforma y sin embargo lo rompió dando marcha atrás a la parte que tiene que ver con el número de diputados que han de tener las Cortes de Castilla-La Mancha. Fue en febrero. El PP lo hizo en mitad de procesos electorales -y conformación de gobiernos con Vox- en varias autonomías y los socialistas lo interpretaron como una forma de plegarse al partido ultra.

Tras aquello, partidos políticos como Movimiento Sumar, Podemos e IU salieron a la palestra ofreciendo al PSOE pactar un texto alternativo que permitiese sacar el nuevo Estatuto de Autonomía adelante. Solo es necesario que pase el filtro del Congreso, antes de regresar a las Cortes regionales, donde la mayoría absoluta del PSOE permitiría su aprobación.

Ahora IU y Podemos han presentado de forma conjunta un nuevo texto al PSOE. IU ya avanzó en marzo los detalles que ahora han sido matizados (entonces se hablaba de 65 diputados como máximo) tras acordarlo con la formación morada.

Se incluye un un total de cuatro enmiendas sobre vivienda, derechos LGTBIQA+, la idea de blindar derecho al aborto y una horquilla para las Cortes de Castilla-La Mancha de entre 55 y 75 diputados.

Invertir un 2% del presupuesto regional en vivienda pública

Según el acuerdo, se busca por un lado promover políticas públicas destinadas a evitar la especulación inmobiliaria, asegurar el acceso asequible al alquiler y favorecer el desarrollo de un parque público de vivienda, con una inversión en cada ejercicio presupuestario de al menos el 2% del presupuesto autonómico y con capacidad de atender las diferentes necesidades ante las dinámicas de crecimiento o de pérdida de población.

La enmienda número dos, sobre derechos de las personas LGTBIQA+, plantea incorporar al Estatuto que el colectivo vea reconocido el derecho a la dignidad, libertad y autonomía, incluida la autonomía corporal, que incluye el derecho de cada persona a la autodeterminación en relación con su cuerpo, sexo, género, prácticas u orientación sexual y a ser tratada con respeto a la misma.

Según la tercera enmienda, se plantea que el Estatuto, en el marco de los derechos fundamentales, establezca la obligación institucional de “garantizar los derechos sexuales y reproductivos, incluido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”. Así pues, los poderes públicos garantizarán el ejercicio a una interrupción voluntaria del embarazo “que sea libre, segura, informada, plena y universal en los centros sanitarios públicos de Castilla-La Mancha, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos humanos de la dignidad, la integridad y la autonomía corporal”.

El tamaño del Parlamento regional: entre 55 y 75 diputados

Por último, proponen la modificación del número de representantes en las Cortes de Castilla-La Mancha, con una horquilla de entre 55 y 75 diputados.

En su exposición de motivos, explican ambos partidos que Castilla-La Mancha “se encuentra ante una oportunidad histórica para actualizar su marco estatutario y adaptarlo a las necesidades sociales, económicas y democráticas del siglo XXI” y añaden que tras meses de bloqueo ahora “resulta imprescindible avanzar hacia un nuevo consenso que sitúe en el centro los derechos de la ciudadanía, el fortalecimiento de los servicios públicos y la profundización democrática”.

Esta propuesta conjunta se presenta “como alternativa constructiva que permita desbloquear la situación actual”, y todo ello “incorporando avances en derechos sociales, civiles y políticos, así como mejoras en la representación democrática de las instituciones autonómicas”.

“Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región”, aseguran Podemos e Izquierda Unida.

Una propuesta que nace de fuerzas políticas radicadas en Castilla-La Mancha y pensadas para el bienestar de la ciudadanía a la que representamos en más de un centenar de municipios de nuestra región"

Como “principios rectores” de estas propuestas, apuntan a su interés en una “centralidad de los derechos sociales como base del bienestar y la cohesión territorial”; así como la “garantía de derechos fundamentales y libertades individuales, con especial atención a la diversidad”.

Pretenden igualmente “fortalecer los servicios públicos como pilares del Estado del bienestar”; el equilibrio territorial y lucha contra la despoblación; y la regeneración democrática y mejora de la representación institucional.

Una reforma en tiempo de descuento: la legislatura termina en un año

Ahora, aceptar la propuesta queda en manos del PSOE, aunque el presidente regional Emiliano García-Page siempre ha mantenido su intención de buscar el “consenso” con quien representa la mayoría de la oposición en el Parlamento, el Partido Popular, alejándose así de la postura de Dolores de Cospedal durante su etapa al frente de la Junta de Castilla-La Mancha que sacó adelante una reforma en lo que afecta a la ley electoral y el número de diputados sin consenso parlamentario.

Desde hace meses sobrevuela la idea de una retirada del texto para reformar el Estatuto de Autonomía. El pasado mes de abril, el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha Pablo Bellido rechazó la idea de aprobar un texto “impuesto, cercenado y manipulado”.

Por otro lado, la legislatura se encuentra ya en tiempo de descuento. Queda un año para las elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, casi lo mismo que resta para las elecciones generales (si no hay adelanto electoral) que disolverían el Congreso de los Diputados y la posibilidad de aprobar la reforma estatutaria.

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves, de un plumazo y en apenas tres cuartos de hora, una doble reforma legislativa del sistema electoral para eliminar que el orden de las candidaturas en las elecciones forales y autonómicas, las que se pueden regular desde las instituciones vascas, venga establecido por el tiempo en que se registran, lo que había motivado largas esperas de horas o incluso días, también de madrugada, para coger el primer turno en el día en que se abría el plazo de presentación. El retoque venía previamente pactado por los partidos del Gobierno, PNV y PSE-EE, y la principal fuerza de la oposición, EH Bildu, y a esa amplia mayoría se ha sumado el PP. Es decir, 73 de 75 escaños. Sí se ha opuesto Sumar, lo que ha motivado un durísimo cruce de acusaciones entre el portavoz socialista, Ekain Rico, y el parlamentario de la coalición de izquierdas, Jon Hernández, que ha incluido un doble aviso al primero de la presidenta, Bakartxo Tejeria, para que Rico se contuviera en el escaño. También Vox ha votado 'no'.

La aprobación de los cambios, consistentes en apenas un artículo en las respectivas leyes, de 1987 y 1990, respectivamente, estaba ya asegurada de antemano. La nueva redacción dejará el orden en función del resultado de la anterior cita con las urnas o, en el caso de nuevas siglas, por sorteo. Se había justificado la urgencia de la tramitación porque es inoportuno modificar la normativa electoral cuando queda menos de un año para una cita con las urnas y la siguiente, en principio, está fijada en el calendario para mayo de 2027, por lo que había que operar en abril de 2026. El asunto ha seguido el procedimiento de lectura única, es decir, sin comparecencias de expertos y debates de enmiendas en comisión. Al ser una iniciativa de los partidos y no del Gobierno, tampoco han sido necesarios todos los informes consultivos que exigen los proyectos de ley. Ahora bien, un matiz relevante es que las elecciones forales coincidirán con las municipales, todavía bajo la norma estatal y que les exigiría, igualmente, volver a las colas si quieren tener un orden prioritario.

Los tres partidos proponentes, PNV, PSE-EE y EH Bildu, han expuesto sus argumentos muy brevemente, en apenas ocho minutos del turno de la primera de las leyes, sin participar en los turnos de la segunda. “No tiene efectos en los derechos de electores y partidos”, ha dicho Jon Andoni Atutxa, del PNV, en una exposición de apenas unos segundos, mucho más corta que las que se suelen hacer en iniciativas no legislativas. El socialista Rico y Eraitz Sáez de Egilaz, de EH Bildu, han coincidido en que era un ajuste necesario para evitar “fotografías curiosas” en cada proceso electoral, la de las sillas de playa y los víveres para 'acampar' delante de los palacios de justicia, donde están las juntas electorales.

El debate se ha estirado porque Jon Hernández de Sumar ha formulado una dura crítica a la propuesta presentada por la mayoría parlamentaria. Ha señalado que “es una reforma no muy democrática” y que se hace “para tener ventaja”. “Se han puesto de acuerdo para tener ventaja”, ha insistido Hernández, que procede del PCE y de IU. Ha alegado que es “bien conocido” que el orden de las candiaturas tiene “efectos” y ha lamentado también las formas de acometer una reforma como la electoral, sin apenas debate. Ha abundado que “no había inseguridad jurídica con el sistema actual”, más allá de la “incomodidad” de las colas. “Hay alternativas mucho más democráticas o neutrales. Desde la izquierda se debe defender el pluralismo político, nos beneficie o nos perjudique”, ha añadido Hernández, que planteaba un sorteo entre todas las candidaturas.

Sus palabras han encendido a Rico, que no iba a volver a intervenir en las réplicas, pero que ha cambiado de ideas, según ha admitido. Ha considerado “insoportable” y llena de “mentiras” la postura de Sumar, una coalición con la que los socialistas comparten el Gobierno de España. No ha aceptado que pueda ser “antidemocrático” ordenar las listas en función del número de votos de las anteriores convocatorias, porque eso es justamente lo que se hace con los espacios publicitarios o en los medios de comunicación públicos, por ejemplo. Ha citado que se calca el modelo ya vigente en el Senado, por ejemplo. “Yo me he comido muchísimas colas. He coincidido con el PNV, con EH Bildu, con el PP. Hasta nos hemos hecho amigos. Hasta tenemos grupos de WhatsApp. A ustedes no les visto nunca. No son ustedes la España que madruga, precisamente”, le ha espetado a Hernández.

El representante de Sumar ha vuelto a la tribuna y a denunciar la reforma y los comentarios del PSE-EE. Desde el escaño, Rico ha seguido quejándose y es cuando la presidenta Tejeria ha intervenido. “¿Usted me va a decir a mí lo que es militancia?”, ha lanzado Hernández, que ha criticado las decenas de “liberaciones” y “cargos” de las que gozan algunos partidos. Desde el PNV, Atutxa, de nuevo brevemente, ha ironizado que igual con la reforma le hacen un “favor” a Sumar porque, en las últimas elecciones, tuvo un orden mucho más retrasado que el que le daría su posición en las urnas, quinta fuerza de la comunidad autónoma.

PP y Vox no han intervenido hasta después de votadas y aprobadas las leyes. Los 'populares' lo han hecho para darles el visto bueno, según ha indicado Laura Garrido. Vox, por el contrario, ha votado en contra por el “fondo” y por la “forma”. Amaia Martínez Grisaleña ha dicho que es “legislación a la carta” para dar “ventaja electoral” a las grandes fuerzas. “Se altera el tablero electoral”, ha dicho la fuerza que quedó séptima en las autonómicas, incluso por detrás en votos de la extraparlamentaria Podemos.

“¿Alguien me puede explicar del PP y Vox en Castilla-La Mancha por qué en Extremadura han pactado que en esa región tengan 65 diputados (el doble que en Castilla-La Mancha) siendo la mitad de habitantes?”. Es la pregunta que este viernes ha planteado el secretario de Organización del PSOE castellanomanchego, Sergio Gutiérrez, después de conocer el texto del acuerdo suscrito entre ambas formaciones en la vecina comunidad extremeña para permitir al configuración del Gobierno regional, cuatro meses después de las elecciones autonómicas.

En diciembre de 2025, el candidato de Vox a la Presidencia de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, propuso reducir el número de diputados de la Asamblea regional de los 65 actuales a 33, los mismos que tienen ahora las Cortes de Castilla-La Mancha. Lo justificaba en la necesidad de reducir el “gasto en política” que, según dijo el bipartidismo de PSOE y PP “engorda” constantemente.

Sin embargo, en el pacto de Gobierno suscrito ayer mismo entre PP y Vox para facilitar el Gobierno en Extremadura, este aspecto no aparece.

Sergio Gutiérrez se ha preguntado por las razones que han llevado al PP castellanomanchego a romper el pacto suscrito con el PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía, dando marcha atrás a la posibilidad de que el Parlamento regional pase de poder tener un máximo de 35 diputados (ahora tiene 33) a un máximo de 55, según el texto de la reforma. “¿Cómo es posible que permitan que Tellado [en alusión al secretario general del PP nacional] humille el pacto firmado entre todos en Castilla-La Mancha, con un argumento que no sostienen en las regiones vecinas?”, ha comentado en una publicación a través de las redes sociales

El secretario de Organización de los socialistas en la región cree que el presidente de PP castellanomanchego, Paco Núñez, “debería dimitir por su traición al pacto del Estatuto de Castilla-La Mancha”.

En su opinión, el pacto extremeño ha pemitido a María Guardiola volver a gobernar en Extremadura, “donde Vox pidió reducir diputados y no lo ha permitido el PP” y eso, cree, demuestra que los 'populares' en Castilla-La Mancha “son unos títeres intervenidos por Tellado”.

El PSOE anunció que esperará a la celebración de las elecciones en Andalucía para retirar la reforma -cuyo texto está ahora varado en el Congreso de los Diputados, a la espera del debate de enmiendas- o seguir adelante con su tramitación.

El PP se mantiene: “No más diputados”

Sin embargo, la postura del Partido Popular castellanomanchego parece inamovible. Este viernes, a preguntas de los medios sobre este asunto recogidas por Europa Press, el presidente regional del PP, Paco Núñez, ha manifestado que él quiere que haya Estatuto de Autonomía pero no “que haya más diputados”, insistiendo en su intención de dejar la horquilla de parlamentarios donde estaba.

A juicio del líder regional del PP, la modificación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha “está viva”, por lo que ha invitado a los socialistas a decir qué es lo que quieren hacer con este texto y a tramitarlo en el Congreso de los Diputados, donde se tiene que convocar la Comisión de Constitucional para ver las enmiendas que tanto el PP como otros partidos han presentado.

“Si alguien quiere romper el pacto, que lo diga. Pero es que el pacto está vivo, el Estatuto está vivo y se está tramitando en el Congreso de los Diputados”, ha subrayado el presidente regional del PP, quien ha asegurado que “comprar el argumentario del PSOE es muy peligroso” y que, en cualquier caso, el PSOE debe “explicar por qué no quiere tramitarlo en el Congreso”.

Una vez más... a vueltas con la representación. Ni quesos, ni cordero, ni miel de la Alcarria. De seguir así, lo típico en nuestra región va a ser el juego de trileros que, con la premisa de reducir, supuestamente gastos (pero entran aquí también cargos, burocracia, o la propia dimensión de la administración), a través de la supresión de la representación democrática.

Esta situación viene de corrientes neo liberales, principalmente estadounidenses, que ahondan en la capacidad individual del ciudadano y presentan a la administración o el gobierno como una némesis, un enemigo a enfrentar como ciudadanos. En España, comenzó a tener una gran aceptación tras el estallido de la Gran Recesión de 2008.

Precisamente esa crisis provocada por dejar hacer a la banca con escasa supervisión de los Estados, dio lugar a que a la crítica de la administración, dejando a los principales culpables, prácticamente yéndose de rositas. Así, corrieron los primeros memes basados en mentiras como que en España había el doble de políticos que en Alemania para la mitad de población.

Al llegar por primera vez el Partido Popular a la Junta de Comunidades, el gobierno Cospedal cogió esta bandera. Aunque incumplió promesas como el cierre de la televisión autonómica, tomó otras decisiones, que vendió de forma bastante populista ante la sociedad. Entre ellos, la venta de los Audis que formaban el parque móvil del gobierno regional, insistiendo mucho en el modelo A8 en el que viajaba Barreda; diferenciando el despilfarro de este, con su 'buen españolismo' al comprar nuevos coches que, no costaron mucho menos, pero; eran Citroën fabricados en Vigo. Huelga decir, que además eran nuevos y no tenían que poner sus posaderas donde antes las ponían los 'sociatas'.

La otra gran medida fue 'eliminar' (y esas comillas son de las que hablando se marcan con los dedos) el sueldo de las diputadas y diputados en las Cortes. Desde 2013 se dejaron de pagar salarios, pero, como es lógico, no se quedaron sin cobrar. Se subieron las asignaciones para los grupos parlamentarios y los costes de las dietas por asistencia, como por a ejemplo a los plenos.

Lo del salario, solo fue el primer paso. Si este cambio de cómo se perciben las remuneraciones, no parece suficientemente tramposo, se tomó otra medida al respecto, no menos grave. Para las elecciones de 2015 se diseñaron las Cortes de Castilla-La Mancha más pequeñas en 30 años de autonomía. Recorte de las diputadas y diputados de 49 a 33 escaños. De un plumazo, un supuesto ahorro de 16 sueldos. ¿Sueldos? Si no cobraban... El que suscribe solo va a señalar la ironía, ya que no tiene las explicaciones.

La decisión era estratégica y política. No es que el gobierno de Cospedal tuviese un gran apoyo social, pero por la derecha el PP no tenía contrincantes (lo de Vox es más reciente de lo que nos pensamos). Mientras que, a la izquierda, Podemos si podía rascar votos al PSOE. Lo que aquel gobierno hizo, fue intentar que esta situación le fuese favorable.

Castilla-La Mancha fue uno de los territorios en los que Podemos tuvo un menor impacto, aunque como en toda España, lo tuvo. La forma de limitar la posibilidad de su entrada, fue esta reducción de las Cortes. Cuanto más pequeño el órgano de representación, más votos son necesarios para entrar. Si los votos de 100.000 electores se reparten entre 100 escaños, 1.000 votantes tienen un diputado. Si son 200 escaños, la representación es de 1 por cada 500 votantes. Obviando otros factores, como la fórmula matemática empleada para decidir el reparto o las circunscripciones, que ahondan en esta situación; se puede ver claro cómo la reducción parlamentaria limita la representación de opciones políticas. Y, como ya es sabido, al PP no salió bien.

Maravillas del bipartidismo: con la vuelta del PSOE... esto no es importante. Page es un candidato potente y el miniparlamento le conviene. Consigue mayorías absolutas con poca dificultad.

Pero llega una necesidad: reformar un Estatuto de Autonomía que supere el de la Transición. Las comunidades autónomas han llegado a ser algo mucho mayor de aquello para lo que fueron pensadas, por lo que es normal que se redefinan sus moldes legales. Y como es lógico, en lo que está llamado a ser el fundamento de la autonomía se han de definir todas sus características; también las Cortes. Así, en el texto, aprobado por esas mismas Cortes que nos representan, ahora en debate para ser validado por el Congreso de los Diputados, se entra en este tema en su Titulo II Las instituciones de Castilla-La Mancha, Capítulo I, Las Cortes.

La circunscripción electoral es la provincia. Las Cortes de Castilla-La Mancha estarán constituidas por un mínimo de 25 escaños y un máximo de 55 escaños. Cada provincia estará representada, en todo caso, por un mínimo de 3 escaños (Artículo 24.3 del texto).

¡Ridículo! En este proceso electoral (carísimo, dicho sea de paso) en el que ha embarcado el PP a muchas y muchos españoles, se están dejando ver los sistemas de las diferentes comunidades autónomas. Con algo más del millón de habitantes, se ha visto una Asamblea de Extremadura que otorgaba 65 asientos y en las Cortes de Aragón 67. La resta es sencilla: 10 y 12 escaños más para representar a la mitad de población. Las siguientes elecciones, en Castilla y León, con una población más similar a la castellanomanchega, serán para elegir a 81 procuradores.

Saquen sus propias conclusiones. Aprobado por el PP de Paco Nuñez en Toledo, al llegar al último trámite en el Congreso de los Diputados, para su partido el problema es este triste órgano representativo. Las Cortes de Castilla-La Mancha tienen el tamaño del Parlamento de La Rioja. Pero, mientras que la población riojana es de algo más de 300.000 habitantes, la castellanomanchega es de más de 2 millones. Con menos de 100.000 habitantes, Soria elige 5 procuradores para las Cortes de Castilla y León. Son los mismos que Cuenca, en nuestra región, pero teniendo esta provincia el doble de habitantes que la de la meseta norte.

En la práctica, esto limita, por ejemplo, que movimientos anti despoblación como Teruel Existe, Por Ávila o Soria YA, puedan desarrollarse en Guadalajara, donde la mayor parte de sus extensión sigue desapareciendo, agonizando lentamente.

La representatividad de un escaño en la región está cerca de los 64.000 habitantes, mientras que en las otras comunidades autónomas citadas anteriormente, en La Rioja, la representación es de 1 por cada menos de 10.000, en Extremadura, 16.000; Aragón 20.000 y en Castilla y León no llega a 30.000. La más alta, de estas, es la mitad de la representatividad de sus habitantes en los órganos correspondientes, que en Castilla-La Mancha. Y esto no solo pasa en España. En conjunto, la media de representatividad de los parlamentos autonómicos es de unos 34.000 habitantes por representante. Mientras que si se hace la misma aproximación con los lander alemanes, la media estaría en unos 40.000. En ambos, las y los castellanomanchegos quedamos claramente infrarrepresentados.

¿Da igual? ¿Ahorra costes? No podemos pretender que nos represente y gestionen lo público dos personas que estén ultra preparadas, que manejen todo tipo de temas, que tomen las mejores decisiones y que cobren el SMI, e incluso, si no cobran mejor.

Tampoco, un sistema democrático que se basa en la representación, se debe permitir que se establezcan límites en pro de mayorías: la idea de la democracia no es que las mayorías hagan lo que quieran, si no que entre todos, cada uno con el peso que tenga, tomemos las decisiones que menos perjuicios ocasionen a todos.

Por tanto, es clave señalar que, quienes defiendan esta reducción, defienden reducir la democracia. Pero sobre todo, me gustaría saber, cómo no defienden esta misma idea en otras comunidades autónomas.

La Junta Electoral de Extremadura (JEE) ha ratificado tres sanciones impuestas por la Junta Electoral Provincial de Cáceres contra la presidenta de la Junta, María Guardiola, y otros altos cargos de su administración y del Ayuntamiento de Cáceres. Las resoluciones, fechadas el 17 de febrero de 2026, confirman multas de 600 euros en cada caso por infracciones de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), tras las denuncias presentadas por el PSOE durante la pasada campaña.

El primer expediente se refiere a una entrevista concedida por Guardiola al programa 'Herrera en Cope' el 29 de octubre de 2025. La JEE ha desestimado el recurso de la candidata del PP, confirmando que sus declaraciones sobre la candidatura de Cáceres como Capital Europea de la Cultura constituyeron una “campaña de logros”. Según el acuerdo, se vulneró el principio de neutralidad de los poderes públicos al utilizar recursos institucionales para difundir aseveraciones electoralistas.

Según denunció entonces el PSOE, la presidenta extremeña mezcló mensajes informativos con críticas a la oposición y alusiones a logros de su Gobierno. En concreto, Guardiola realizó en esa entrevista críticas expresas al PSOE e hizo referencias a datos de empleo, exportaciones, dependencia y listas de espera para respaldar la gestión de su Ejecutivo, además de valoraciones que, según dijo en su resolución la Junta Electoral de Cáceres, “equivalen a una solicitud indirecta de voto”.

Visitas institucionales en precampaña

La segunda resolución de la Junta Electoral de Extremadura afecta tanto a Guardiola como a la consejera de Agricultura, Mercedes Morán. Ambas fueron sancionadas con 600 euros cada una por una visita a las obras de la balsa de abastecimiento de agua en Jerte el 10 de noviembre pasado. Aunque las defensas alegaron que se trataba de una visita técnica de “emergencia” tras lluvias intensas, la JEE ha ratificado que el acto derivó en una “venta de logros” prohibida durante el proceso electoral.

En la resolución de la Junta Electoral de Cáceres, que ahora la ratificado la JEE, se desmontó la defensa de la presidenta y su consejera al subrayar que los medios de comunicación fueron convocados a la visita y el acto se difundió ampliamente en los perfiles institucionales y redes sociales de la Administración regional. Además, afeó a Guardiola que en sus declaraciones durante el acto no se limitara a informar, sino que tuvieran una clara connotación valorativa. 

Por último, el tercer acuerdo de la Junta Electoral de Extremadura confirma la sanción al consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo, y al alcalde de Cáceres, Rafael Mateos por su visita a las obras de la Ronda Sur el 1 de diciembre de 2025. A pesar de que los implicados sostuvieron que era un acto estrictamente administrativo para informar sobre retrasos en la obra por el hallazgo de restos romanos, la Junta Electoral determinó que la convocatoria y las declaraciones vulneraron la ley electoral

En sus recursos, los sancionados argumentaron “indefensión” por la brevedad de los plazos (24 horas) para presentar alegaciones y la ausencia de dolo o reincidencia. Sin embargo, la JEE ha subrayado que los cargos públicos están obligados a conocer los límites que impone la legislación electoral y que la falta de diligencia es suficiente para la sanción, sin que sea necesaria una advertencia previa.

Estas resoluciones agotan la vía administrativa, aunque los sancionados aún pueden interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura en un plazo de dos meses.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha arremetido este viernes contra lo que ha calificado como una “auténtica traición” por parte del PP al Estatuto de Castilla-La Mancha, al incluir entre sus enmiendas a la reforma del texto en el Congreso de los Diputados una que pide que no se modifique la horquilla de parlamentarios en las Cortes regionales. Tras el pacto PP-PSOE, que ayer los socialistas daban por roto, se acordó que dicha horquilla estaría entre los 25 y los 55 escaños. Ahora el PP quiere cambiarlo y fijar el tope en 35 diputados o diputadas.

García-Page participaba hoy en un acto en Talavera de la Reina y ha dicho que esperará a que pasen las elecciones en Aragón para conminar a los 'populares' a que “rectifiquen y retiren” esa enmienda, ya que el PP utiliza “el pretexto de Vox” para este cambio de opinión.

Un “puñal” como el que “ya clavó Cospedal”

“Si no lo hacen tendrán que sufrir consecuencias sociales y de todo tipo. Si no les gustan los diputados que me contesten a cuánto tenemos que dejar los diputados”, ha manifestado, “dolido” por el hecho de que a esta región “se le clave un puñal nuevamente” como el que ya “clavó Cospedal” recortando cuando fue presidenta de la región, entre otras cosas, “la democracia”.

A juicio de García-Page, “la trampa y el puñal de Cospedal” era que “como voy a perder las elecciones, que no puede entrar ningún partido, solo dos, a ver si tengo suerte”, lo que el socialista ha definido como un “intento de pucherazo”.

“El ver que en ninguna región se plantean recortar los diputados, pero que en Castilla-La Mancha quieren mantener un nuevo puñal para ver si así pueden conseguir las elecciones, es dramático, inferiorizante y humillante. No les va a salir gratis”, ha censurado el presidente regional, que ha criticado que ahora digan que “son muchos diputados” los mismos que, cuando se quedaron en la oposición, “lo único que pidieron es que se recuperara el sueldo para los diputados y los coches para la oposición y las subvenciones a los diputados”.

Critica a Paco Núñez: “Hay que tener cara”

“Hay que tener cara”, ha continuado García-Page, que ha aludido al presidente regional del PP, Paco Núñez, para criticar que “el principal dirigente de un partido que le quiere mirar a la cara a los ciudadanos diga incluso en público hoy que cuando firmó un acuerdo y un compromiso ya sabía que lo iba a incumplir”.

Emiliano García-Page ha incidido en que el planteamiento “es grave” e “inferiorizante” y “no lo vamos a pasar por alto”. “No nos van ni mucho menos a doblegar y no voy a dejar como presidente el futuro de Castilla-La Mancha y su futuro Estatuto en manos de una hipotética mayoría del PP y Vox en el Congreso”.

“No va a quedar así”, ha concluido, lamentando que los 'populares' con esta enmienda “han traicionado a cientos y cientos de colectivos con los que venimos hablando de un nuevo estatuto para finalmente apuñalar”.

No solo ha sido el presidente regional, también los dos vicepresidentes aludían hoy a esta cuestión. En Cuenca el vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha apuntado que lo que ocurrió ayer y las declaraciones que se han producido, “como mínimo”, se pueden calificar de “sorprendentes” por muchas razones, aunque se le ocurren “otros calificativos”, ha apostillado.

Ha rememorado que fue precisamente ahí en Cuenca, en el mes de mayo del año pasado, cuando el secretario general del Partido Popular (PP), Miguel Tellado, hizo declaraciones “absolutamente favorables” hacia el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, hablando incluso de cómo mejoraba la representatividad en esta nueva reforma. Y unos meses después, ha lamentado el vicepresidente, los 'populares' “dicen que eso no es así” y que hay que deshacer el acuerdo.

“Lo que se pregunta la inmensa mayoría de los ciudadanos y la inmensa mayoría de las entidades que han estado trabajando durante muchos meses para llegar a un acuerdo”, que no es solo político, sino que es un acuerdo institucional y social, es “qué ha cambiado desde mayo hasta aquí”.

Lo único que ha cambiado de mayo aquí, ha advertido Martínez Guijarro, es que el Partido Popular tenía unas expectativas electorales en algunos territorios que “no se están cumpliendo por el avance de Vox”. “Y el señor Tellado y el Partido Popular en su conjunto han entrado en pánico. Pero si el señor Tellado entra en pánico, los ciudadanos de Castilla-La Mancha no tenemos la culpa”. “No podemos ser los paganos de ese pánico que le ha entrado al Partido Popular a nivel nacional”, ha advertido.

No podemos ser los paganos de ese pánico que le ha entrado al Partido Popular a nivel nacional [con Vox]

José Luis Martínez Guijarro — Vicepresidente primero del Gobierno de Castilla-La Mancha

Ante esto, el vicepresidente castellanomanchego ha asegurado que es “muy sorprendente” que los responsables del Partido Popular de Castilla-La Mancha “estén callados y sumisos” aceptando de una manera “poco decente” lo que está haciendo el Partido Popular a nivel nacional.

“¿Cada vez que tengamos que hablar de un tema especial para Castilla-La Mancha vamos a tener que llamar al señor Tellado?, ¿va a ser el señor Tellado el que va a decidir lo que hay que hacer en Castilla-La Mancha en los asuntos trascendentales?”, se ha preguntado Martínez Guijarro, quien dicho esto ha puesto de manifiesto que Castilla-La Mancha quiere seguir siendo una comunidad autónoma “referente” en el diálogo social y en el diálogo institucional.

Según ha confesado, “el resto del país nos envidia por la capacidad de acuerdo que hemos demostrado durante todos estos meses”, y eso es algo que, según el vicepresidente, “lo quiere dinamitar el señor Tellado por sus expectativas electorales”. “Y lo triste es que los responsables del Partido Popular de Castilla-La Mancha lo aceptan de una manera absolutamente sumisa”, ha criticado.

Así, ha pedido al PP de Castilla-La Mancha que “recapacite” y que “reaccione” y que exija a Génova y a Tellado que cumplan el acuerdo que se firmó con su aquiescencia en Castilla-La Mancha.

También desde Ciudad Real y a preguntas de los periodistas, el vicepresidente segundo de la Junta de Comunidades, José Manuel Caballero, ha criticado a Núñez por “mentir” sobre la postura del PP en la horquilla de diputados, ya que “el actual artículo relativo al número de diputados en el Estatuto está firmado por el Partido Popular”.

En este sentido, ha indicado que no tiene “ninguna lógica ni explicación” el cambio de postura del Partido de Popular, achacándolo a la “cobardía” y a la “incapacidad” de hacer frente a las órdenes que Núñez ha recibido desde Génova.

“Lamentablemente, están cumpliendo a pies juntillas lo que dicen los dirigentes nacionales del Partido Popular y en contra de los intereses de Castilla-La Mancha”, ha aseverado Caballero.

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del Partido Popular y diputada nacional por la provincia de Ciudad Real, Carmen Fúnez, ha justificado el paso atrás del PP en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha al considerar que el debate sobre la horquilla de diputados “no preocupa en la calle, sino a los políticos”, defendiendo así las enmiendas presentadas por su partido en el Congreso de los Diputados.

Durante una rueda de prensa celebrada en Ciudad Real, Carmen Fúnez ha tenido que defender el viraje de su partido después de que el Partido Popular haya rectificado su postura inicial, en la que pactó con el PSOE establecer la horquilla de diputados a elegir en las Cortes de Castilla-La Mancha entre 25 y 55, y haya optado ahora por mantener los límites vigentes, entre 25 y 35.

Para la dirigente 'popular', el aumento de la horquilla de diputados “es una cosa que nos preocupa a los políticos” - aunque al PP sí le preocupó antes de sellar el pacto y se negó a que el tope de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha pasasen de los 55, frente a la propuesta del PSOE que aspiraba a los 59 o de otros partidos que, como Podemos llegaron a hablar de 100.

Según Carmen Fúnez “en la calle” no se habla de “si vamos a tener más o menos diputados”, defendiendo que el foco del Estatuto debe situarse en otros aspectos. Paradójicamente fue una de las líneas rojas del PP hace unos meses para llegar a un acuerdo.

La posición del PP “evoluciona”, pese al pacto con el PSOE

Preguntada por la “contradicción interna” que se ha evidenciado en el PP, después de que su presidente en Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y todo el grupo parlamentario apoyara en mayo de 2025 en las Cortes regionales la reforma del Estatuto y ahora el partido haya defendido lo contrario en el Congreso, Fúnez ha asegurado que la posición del PP ha ido “evolucionando” conforme ha analizado qué es lo que “realmente preocupa a los ciudadanos de esta región”.

Según ha explicado, la propuesta de ampliar la horquilla de diputados “no se acogió con demasiado optimismo”, al considerar que “en la calle no existe esa necesidad”, insistiendo en que “la gente está cansada de los asuntos que les atañen a los políticos”.

En este sentido, ha recordado que en el mes de noviembre, durante la tramitación del Estatuto en el Congreso de los Diputados, el PP apoyó la toma en consideración del texto con el objetivo de “debatirlo y analizarlo”, un proceso que, a su juicio, ha permitido revisar la posición inicial del partido.

“Ahora la realidad social nos dice que los ciudadanos no están tan preocupados por la ley electoral como por otras cuestiones”, ha afirmado Fúnez, defendiendo que el foco del Estatuto debe situarse en aspectos alejados del debate electoral y centrados en las prioridades sociales.

En este sentido, Fúnez ha señalado que el PP comparte el planteamiento expresado por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, durante la toma en consideración de la reforma estatutaria en el Congreso, cuando defendió que el objetivo principal del nuevo texto es “elevar al máximo rango legal la protección y garantía del estado del bienestar” construido en la región durante los últimos años.

“Eso es lo que nos ha movido”, ha afirmado, asegurando que su partido ha querido “sacar el foco de la ley electoral”.

“No se tienen por qué dar por rotos los acuerdos”

La diputada nacional ha argumentado que, a pesar de la presentación de enmiendas, “no se tienen que dar por rotos los consensos y los acuerdos”.

“Lo que nosotros hicimos fue votar a favor del debate en el Congreso de los Diputados. La toma en consideración es poder debatir, poder hablar del tema”, ha declarado Fúnez.

“Se abre una nueva fase en donde en el Congreso podremos debatir, podremos trabajar y debemos seguir haciendo”, ha afirmado la diputada nacional, señalando que es necesario “seguir trabajando” para “buscar puntos de encuentro”.

Por otro lado, Fúnez ha rechazado las críticas vertidas por el PSOE tras la presentación de la enmienda, que ha achacado a que “no esperaban” este movimiento y a una reacción “bastante falta de reflexión”.

En este punto, ha considerado que afirmar que mantener el número actual de diputados supone “un ataque a la dignidad” de Castilla-La Mancha es una afirmación desproporcionada.

Frente a ello, ha reiterado que el Partido Popular defiende un Estatuto que “blinde el estado del bienestar” y responda a lo que, a su juicio, demandan los ciudadanos, “cansados de los asuntos que solo interesan a los políticos”.

El Partido Popular ha roto el acuerdo suscrito con el PSOE para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que se encuentra ya en proceso de tramitación en el Congreso de los Diputados, tal y como interpretan los socialistas después de conocer una enmienda al texto de reforma presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relacionada con el futuro número de diputados que debe tener el Parlamento de la comunidad autónoma.

El acuerdo PP-PSOE para la horquilla de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha quedaba en un mínimo de 25 y un máximo de 55. Ahora la enmienda al texto planteada por el PP en el Congreso se presenta como “una mejora técnica” y se pide modificar el apartado 3 del artículo 24, de forma que se pide un mínimo de 25 escaños y un tope de 35, siempre que cada provincia esté representada por un mínimo de tres diputados.

En una rueda de prensa este jueves en el Parlamento autonómico, la secretaria regional del PP, Carolina Agudo, lo ha justificado. “En los últimos meses hemos detectado como ese partido que no cree en el estado de las autonomías, se está permitiendo lanzar bulos con respecto al número de diputados”. Ha señalado que los de Santiago Abascal “se están permitiendo mentir diciendo que en Castilla-La Mancha va a haber más diputados. Y eso es mentira”.

“Y desde luego el Partido Popular no vamos a participar en que haya más diputados”, ha insistido Agudo. En su opinión, el PSOE no debería tener ningún problema en apoyar las enmiendas presentadas por su partido, entre ellas la relativa al número de diputados en las Cortes regionales. “Lo fundamental y lo importante es que Castilla-La Mancha cuente con un nuevo Estatuto de Autonomía”, ha manifestado.

“Es la excusa, lo que realmente no quieren es un acuerdo con el PSOE”, apuntan fuentes del Gobierno de Castilla-La Mancha. “⁠No solo es romper un pacto sino que no hay razones: la reforma electoral no podría entrar en vigor hasta 2031, y acordamos que la siguiente ley electoral sería con un pacto PSOE y PP y que las futuras modificaciones tendrían que llevar mayoría reforzada”, señalan las mismas fuentes.

El planteamiento del PP nacional se ha interpretado como la desautorización de la cúpula nacional del PP al presidente regional Paco Núñez. Es, dicen, una estrategia del PP frente a Vox ante el avance de la extrema derecha coincidiendo con las elecciones autonómicas en varios territorios, en la que se toma “como rehén” a Castilla-La Mancha y “dando una bofetada al Estatuto de Autonomías”.

Una “estrategia de Génova” para frenar el avance electoral de Vox

En una rueda de prensa posterior, el secretario de Organización del PSOE Sergio Gutierrez ha situado al secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, detrás de la enmienda y cree que este movimiento responde a una “estrategia de Génova” para frenar el crecimiento de Vox. Y eso a pesar de que en mayo de 2025, el propio Tellado escenificó durante una visita a Cuenca el apoyo de la dirección nacional del PP acuerdo con el PSOE.

Cree que la postura del PP, es un paso “grave que afecta a la autonomía y a la dignidad de Castilla-La Mancha como región, por la forma y la intención política por la que se produce”, Gutiérrez ha indicado que este pasado miércoles Tellado mantuvo una videollamada con la dirección regional del Partido Popular.

En ella, asegura, les dijo que “en estos momentos electorales, en los que Vox, como ha reconocido hoy la portavoz del PP, está creciendo fuertemente a costa del PP en todas las autonomías, no se podían permitir una foto con el PSOE”.

“Por una estrategia electoral del señor Tellado, para que no crezca Vox en Aragón o en Castilla y León, cogen de rehén y subordinan a Castilla-La Mancha y al pacto constitucional --que a su entender ha supuesto la reforma del Estatuto--, que ha sido ejemplo en toda España”, ha lamentado.

De ahí que, el secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha califique de “extremadamente grave que el Partido Popular de Castilla-La Mancha acepte un chantaje del señor Tellado para definir una estrategia electoral de Génova, aunque eso sea traicionar a Castilla-La Mancha”, según recoge Europa Press..

Y es que, ha proseguido, la dirección nacional del PP está “desautorizando y devaluando el valor de la firma de Paco Núñez, su valor político”, desautorización, ha proseguido, que “no le harían a Ayuso, a Juanma Moreno o a Azcón”.

“Se lo hacen a Paco Núñez porque se ríen de él”, ha lamentado Gutiérrez, que, a renglón seguido, ha dicho que el líder del PP en la región sólo “tiene dos opciones”.

“O se revela contra Tellado, y dice que su palabra sigue valiendo, que no se va a acoger de rehén a Castilla-La Mancha y su estatuto para los intereses electorales y estratégicos de Génova, o dimite, porque lo están desautorizando”.

“Si se atreven con Paco Núñez es porque no le aprecian, le minusvaloran, le menosprecian. Y ante ese menosprecio, o Paco Núñez se revela y defiende su dignidad y la de Castilla-La Mancha, o dimite”, ha insistido.

Vox se felicita por el efecto de su “presión” sobre el PP

Mientras, el grupo parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha se ha felicitado por la enmienda presentada por los populares y lo atribuye a “la presión al grupo popular y al PP”. El partido ultra considera innecesaria la reforma del Estatuto de Autonomía.

Fue en noviembre de 2025 cuando el Pleno del Congreso de los Diputados daba luz verde a seguir adelante con la tramitación de texto para un nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, presentado de forma conjunta por el presidente del PP en la región Paco Núñez y el presidente regional Emiliano García-Page.

La propuesta presentada por las Cortes castellanomanchegas fue votada por 335 diputados y diputadas, con 288 a favor, de los que 137 corresponden al PP, 118 al PSOE, 26 a Sumar, cinco a EAJ-PNV y dos al Grupo Parlamentario Mixto.

Núñez defendía en enero: “Nadie tiene tanto interés como yo”

A principios de enero saltaron las alarmas en el seno del PSOE castellanomanchego. El secretario de Organización Sergio Gutiérrez y diputado por Toledo en el Congreso ofreció al PP “consenso” y la idea de constituir una mesa de negociación sobre el Estatuto de Autonomía de la región, con los ponentes del Parlamento autonómico, del PSOE y del PP, y los ponentes de los dos partidos en el Congreso de los Diputados para acelerar su tramitación y su aprobación definitiva.

Ese día, el 8 de enero, Gutiérrez pedía explicaciones a Núñez sobre qué estaba pasando en el PP de Génova, y se preguntó si había algún problema tras semanas de solicitudes, por parte de los 'populares' para ampliar los plazos de enmiendas y retrasar, por tanto, el inicio de la comisión que aprobaría este texto.

“¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué problema tiene el PP con el Estatuto para estar pidiendo cada vez más tiempo, ahora hasta febrero, para estudiar un texto que estaba consensuado y que el propio Núñez dijo que venía ya de la mano de Génova?”, ha preguntado.

De hecho, ese mismo día en una comida con periodistas el presidente del PP castellanomanchego aseguró: “Ningún otro proyecto político de la región tiene tanto interés en que el Estatuto salga adelante como yo”.

Lo paradójico del caso es que el propio Paco Núñez expresaba sus temores durante el Debate sobre el Estado de la Región el pasado mes de octubre: “Sánchez no va a dejar que usted y yo aprobemos el texto de nuevo Estatuto de Autonomía que hemos pactado”, le espetaba a Emiliano García-Page. “Está más claro que el PSOE va a apoyar el Estatuto que usted vaya a continuar como candidato”, le replicaba el presidente regional.

El plazo de presentación de enmiendas parciales en la tramitación del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha en el Congreso de los Diputados ha culminado con un total de 97 propuestas registradas.

Según las enmiendas, a las que ha tenido acceso Europa Press, Sumar ha elevado un total de doce propuestas; y el Grupo Mixto, con la firma de la diputada de Podemos Ione Belarra, ha presentado un total de 19.

El Grupo Socialista, por su parte, ha sido autor de un total de 21 enmiendas; por 11 del Partido Popular. Vox, de su lado ha sido la formación que más propuestas ha incluido pese a haber rechazado el texto.

La intención del Gobierno de Castilla-La Mancha es que el Estatuto pueda estar listo en las Cortes Generales en la primavera de 2026.

La maquinaria electoral en Castilla y León ya ha arrancado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se designan los vocales de procedencia judicial de las Juntas Electorales Provinciales de las nueve provincias de la Comunidad, un paso clave en la organización de las elecciones autonómicas del 15 de marzo de 2026.

El acuerdo, adoptado por la Comisión Permanente del CGPJ en su sesión del 20 de enero, cumple con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para la convocatoria de las elecciones a las Cortes de Castilla y León. Junto a los vocales titulares, el BOE también recoge la designación de los magistrados suplentes para cada Junta Electoral Provincial.

Funciones de las Juntas Electorales Provinciales

La funciones de las Juntas Electorales Provinciales, según regula la LOREG, pasan por la dirección y supervisión del proceso electoral, velando porque las elecciones se desarrollen conforme a la legalidad y supervisando la actuación de las Juntas Electorales de Zona y de las Mesas Electorales. Además, resuelven reclamaciones, quejas y recursos contra acuerdos de las Juntas de Zona, cuyas decisiones pueden ser elevadas posteriormente a la Junta Electoral Central.

Las Juntas Provinciales son también las encargadas de la proclamación de candidaturas y de la proclamación de los candidatos electos, una vez realizado el escrutinio general en cada provincia. A ello se suma el control de la campaña electoral, vigilando el cumplimiento de las normas sobre propaganda, actos de campaña y uso de espacios públicos, así como la posibilidad de corregir infracciones administrativas.

Asimismo, ejercen potestad disciplinaria sobre autoridades y funcionarios que intervengan oficialmente en el proceso electoral, pueden participar en la distribución de espacios gratuitos de propaganda electoral en medios públicos cuando así lo delega la Junta Electoral Central y unifican criterios interpretativos para garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en toda la provincia.

Fechas clave hasta el 15 de marzo

La designación de las Juntas Electorales Provinciales coincide con el inicio formal del calendario electoral tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Castilla y León este martes. Por una parte, las Juntas Electorales Provinciales y de Zona se constituyeron inicialmente el 20 de enero, mientras que la consulta del censo electoral y la presentación de reclamaciones podrá realizarse entre el 26 de enero y el 2 de febrero, con exposición de las rectificaciones definitivas el 6 de febrero.

En cuanto a los partidos políticos, el plazo para comunicar la formación de coaliciones finaliza el 30 de enero, mientras que las candidaturas podrán presentarse entre el 4 y el 9 de febrero. Las listas se harán públicas el 11 de febrero, con proclamación definitiva el 16 de febrero y publicación oficial el 17 de febrero. Además, las formaciones deberán designar a su representante general ante la Junta Electoral de Castilla y León antes del 28 de enero.

Sorteo de mesas, campaña y voto por correo

Los ayuntamientos procederán al sorteo público de las mesas electorales entre el 18 y el 22 de febrero de 2026. Las personas designadas serán notificadas en los tres días siguientes y dispondrán de un plazo de siete días para presentar alegaciones ante la Junta Electoral de Zona.

La campaña electoral comenzará el viernes 27 de febrero a las 00:00 horas y se prolongará hasta las 24:00 horas del 13 de marzo, dando paso a la jornada de reflexión del sábado 14 de marzo, previa a la votación.

El voto por correo podrá solicitarse desde el 20 de enero hasta el 5 de marzo. La Oficina del Censo Electoral enviará la documentación entre el 23 de febrero y el 3 de marzo, y los votos deberán remitirse como máximo hasta el 10 de marzo, fecha a partir de la cual también queda prohibida la publicación o difusión de encuestas electorales.

En el caso de los residentes en el extranjero (CERA), el plazo de solicitud del voto se extiende del 20 de enero al 14 de febrero, con depósito en urna entre el 10 y el 12 de marzo, sin perjuicio del envío por correo.

Jornada electoral, escrutinio y constitución de las Cortes

La jornada electoral se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026, entre las 9:00 y las 20:00 horas. El escrutinio general tendrá lugar entre el 18 y el 21 de marzo, mientras que la proclamación de los procuradores electos deberá completarse antes del 30 de marzo. La sesión constitutiva de las Cortes de Castilla y León para el 14 de abril de 2026 a las 11:30 horas.

La Junta Electoral Central (JEC) ha acordado incoar un expediente sancionador contra la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, por vulnerar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). El organismo arbitral considera que ambas dirigentes utilizaron una visita institucional a las obras de abastecimiento de agua en el Jerte para realizar una campaña de logros prohibida durante el periodo electoral.

La resolución, fechada este jueves, estima el recurso presentado por el PSOE y revoca el acuerdo previo de la Junta Electoral de Extremadura, que el pasado 18 de noviembre había archivado la denuncia al no apreciar infracción. Sin embargo, la JEC ha corregido este criterio, señalando que existen indicios suficientes de que se vulneraron los apartados 2 y 3 del artículo 50 de la LOREG, que prohíben actos de inauguración y alusiones a las realizaciones obtenidos por los poderes públicos desde la convocatoria de elecciones.

Una visita “técnica” con tintes electoralistas

Los hechos se remontan al pasado 10 de noviembre de 2025, cuando Guardiola y Morán visitaron las obras de la balsa de abastecimiento del municipio de Jerte. Aunque la defensa de la Junta de Extremadura alegó que se trataba de una “visita técnica” de emergencia y de interés general , la JEC desmonta este argumento al constatar que se convocó a los medios de comunicación y se difundió el acto ampliamente en los perfiles institucionales y redes sociales de la Administración regional.

El organismo central subraya que las declaraciones de la presidenta extremeña durante el acto no se limitaron a informar, sino que tuvieron una clara connotación valorativa. Guardiola destacó “el ritmo muy bueno” de la ejecución, presupuestada en 3,7 millones, y enfatizó las “obras de emergencia” realizadas por su Ejecutivo para garantizar el agua tras los incendios, unas manifestaciones que la JEC interpreta como una venta de logros políticos.

En sus alegaciones, las denunciadas argumentaron que en la fecha de la visita ninguna de las dos era oficialmente candidata del Partido Popular. La JEC ha desestimado tajantemente esta defensa, recordando la jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece que la prohibición de la LOREG afecta a los “poderes públicos” y a sus titulares, independientemente de si concurren o no en las listas electorales.

Consecuencias inmediatas

El acuerdo, que es firme en vía administrativa, ordena tres medidas inmediatas. Por un lado, la Junta de Extremadura debe eliminar de sus canales oficiales toda referencia, nota de prensa, vídeo o fotografía relativa a la visita. Además, se insta a la presidenta y a la consejera a abstenerse en el futuro de realizar actuaciones similares que quiebren la neutralidad.

Por último, se remite el caso a la Junta Electoral Provincial de Cáceres para que proceda a la apertura del expediente sancionador por vulneración del deber de neutralidad política consagrado en el artículo 103.1 de la Constitución.

Recurso ante el Supremo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola; y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, recurrirán ante el Tribunal Supremo la resolución de la Junta Electoral Central (JEC) relativa a la visita institucional que realizaron el pasado 10 de noviembre a las obras de emergencia de abastecimiento de agua en Jerte (Cáceres), al considerar que no se vulneró la Ley Orgánica Electoral (LOREG).

En un comunicado, el Ejecutivo regional ha recordado que estos mismos hechos ya habían sido analizados por la Junta Electoral de Extremadura, que “desestimó la denuncia presentada por el PSOE y concluyó que las declaraciones de la presidenta se limitaron a explicar actuaciones de interés general, sin contenido electoralista”.

“Asimismo, el órgano autonómico dejó claro que la consejera de Agricultura, Mercedes Morán, no realizó declaración alguna durante la visita, por lo que no pudo infringir la normativa electoral”, ha señalado.

A juicio el Gobierno extremeño, “la resolución de la JEC contradice ese análisis previo y no tiene en cuenta el carácter técnico y de emergencia de las obras visitadas, cuyo contenido informativo se dirigía exclusivamente a explicar actuaciones necesarias para garantizar el abastecimiento de agua tras los incendios sufridos en la zona”. En el recurso contencioso-administrativo defenderá que “la actuación fue plenamente respetuosa con la neutralidad institucional y con la Ley Electoral”.

En un momento clave para nuestra región, el Congreso de los Diputados ha dado luz verde, el 11 de noviembre de 2025, a la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha (CLM), con un abrumador respaldo de 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. Esta propuesta, aprobada previamente por las Cortes regionales el 29 de mayo de 2025 con el apoyo del PSOE y el PP, y la oposición de Vox.

Este consenso bipartidista es notable en un contexto político polarizado en España. Representa no solo un avance legal, sino un compromiso profundo con el bienestar de los castellanomanchegos. La reforma introduce cambios significativos: elevar el número máximo de diputados en el Parlamento autonómico de 33 a un tope superior que podría llegar hasta 53 diputados, potenciando una representación más amplia y diversa; blinda los derechos sociales, garantizando la protección del estado del bienestar en áreas como la sanidad, educación y servicios sociales.

Esto implica constitucionalizar estos derechos a nivel autonómico, protegiéndolos de recortes futuros y fortalece la defensa del agua como recurso vital para el desarrollo sostenible, protegiendo contra trasvases injustos y promoviendo la igualdad. Además, abre la puerta a que Castilla-La Mancha establezca delegaciones permanentes ante instituciones europeas, ampliando su voz en el continente. Esto permitiría a la comunidad influir directamente en políticas de la Unión Europea, como fondos regionales o medioambientales.

Detrás de estos datos fríos arde el corazón de una región unida. Bajo el liderazgo del presidente Emiliano García-Page. Esta reforma nace de un “consenso amplísimo” que trasciende ideologías para priorizar a las personas: familias que sueñan con un futuro digno, comunidades rurales que claman por equidad en el acceso al agua, y generaciones jóvenes que merecen un sistema más inclusivo. Es un grito por la dignidad, un blindaje contra la desigualdad que une al PSOE y PP en una causa común, recordándonos que, en Castilla-La Mancha, el progreso se construye con diálogo y empatía.

Esta actualización del Estatuto, vigente desde 1982 y reformado en 2007, no es solo normativa: es un pacto emocional con el alma manchega, asegurando que el agua fluya hacia la prosperidad compartida y que los derechos sociales sean innegociables.

Castilla-La Mancha avanza, con datos en la mano y el corazón en alto, hacia un horizonte de justicia y esperanza para todos sus ciudadanos. Recordemos que el Estatuto original de 1982 marcó la autonomía post-dictadura; la reforma de 2007 amplió competencias. Esta nueva versión se centra en sostenibilidad y derechos, respondiendo a desafíos actuales como el cambio climático y la despoblación rural.

Ahora que el nuevo Estatuto de Castilla‑La Mancha ha entrado en el Congreso, conviene detenerse un momento antes de que vuelva a oxidarse en el trámite parlamentario. Las reformas estatutarias, siempre tienen algo de reliquia, porque aparecen cada dos décadas, envueltas en tanta solemnidad que uno teme tocarlas, no sea que se deshagan en polvo constitucional. Pero en este caso no se trata de una curiosidad jurídica, sino del espejo en el que se mira una comunidad que quiso existir y, a ratos, parece dudar de su propia existencia.

Castilla‑La Mancha nació, literalmente, por ley. El fruto de un parto administrativo al amparo de la Constitución del 78, una matrona improvisada. Aquellos primeros diputados de Cuenca en 1977 representaban más una esperanza que una muestra de poder, puesto que apenas aspiraban a que alguien les dijera: “Sí, también vosotros sois región”. Pero, de pronto, lo fuimos. De aquella precariedad preautonómica, pasamos a las primeras Cortes de 1983, y después al esplendor burocrático de los años noventa, cuando tuvimos himno, bandera, universidad y hasta Defensor del Pueblo. Luego vinieron otras épocas, menos luminosas, con  ajustes, recortes, desapariciones y silencios. La Cospedal  (con perdón) nos dejó el Estatuto en carne viva y las instituciones tiritando. Desde entonces, vivimos entre restauraciones parciales y diversos compromisos sin fecha.

Hoy, el nuevo texto se presenta con aires de modernidad, aunque es inevitable que su estructura continue oliendo a boletín oficial. La sociedad ha cambiado y el Estatuto merece adaptarse a esos cambios sociales. En teoría, mejorará los derechos sociales y medioambientales, e introduce la novedad, que ya era hora, de proteger el medio rural y el agua, pero no concreta una apuesta decidida por reforzar el modelo de agricultura familiar que la raíz de supervivencia de nuestros pueblos.

Una ausencia en el Estatuto que es un tema fundamental y un clamor hoy día, garantizar el derecho a una vivienda digna como un bien básico, no cómo un bien de mercado. Y un hueso duro de roer que permanece: seguimos con solo 33 diputados. Somos, estadísticamente, la región con menos representación democrática del Estado, lo que no es precisamente una marca de eficiencia, aunque algunos lo quieran vender así. Por defecto profesional yo lo entiendo cómo anemia democrática.

Una ausencia en el Estatuto que es un tema fundamental y un clamor hoy día, garantizar el derecho a una vivienda digna como un bien básico, no cómo un bien de mercado. Y un hueso duro de roer que permanece: seguimos con solo 33 diputados. Somos, estadísticamente, la región con menos representación democrática del Estado

Aumentar el número de diputados no es una extravagancia parlamentaria, sino una cuestión de voz. No se trata de dar espacio a más partidos, sino de devolver voz a comarcas históricamente silenciadas. ¿Cómo se representa una región tan extensa, tan dispareja, con un puñado de escaños amontonados en Toledo? Si en los años ochenta cabían 44, ¿por qué no ahora? Lo sensato sería recuperar esa pluralidad y, ya de paso, abrir las ventanas del edificio a más cuestiones: presupuestos participativos, consultas ciudadanas, o iniciativas populares con menos burocracia. No es una petición disparatada, porque así lo que hacen en Europa regiones cómo Baviera, o la Emilia‑Romaña, tampoco es magia, solo es poner en práctica la democracia.

Pero el auténtico examen de modernidad de un Estatuto está en los derechos sociales. No basta con proclamarlos, hay que blindarlos. Sanidad, educación, vivienda, dependencia, igualdad, introducir a colectivos invisibilizados como LGTBIQU+, garantizar el derecho al aborto por la sanidad pública. La historia nos ha demostrado que todas las conquistas en derechos que un día lo dimos por logradas, vimos cómo se tambalearon al primer empujón de “estabilidad presupuestaria”. El Estatuto debería decir con claridad que aquí los servicios públicos no son un gasto, sino una obligación constitucional, más aún en una región donde el hospital, la escuela o el transporte son la última frontera antes del abandono.

Mención aparte merece el agua, esa vieja herida que sufre toda la sociedad castellanomanchega. Habría que convertirla en un derecho estatutario con nombre y apellidos, lo que no es tan difícil si se da prioridad para consumo humano, sostenibilidad y solidaridad entre cuencas. Semejante medida no nos haría más ricos, pero sí más respetados. Y, sobre todo, evitaría que el Tajo siga convertido en una autopista líquida hacia levantes cercanos pero ajenos.

El Estatuto debería decir con claridad que aquí los servicios públicos no son un gasto, sino una obligación constitucional, más aún en una región donde el hospital, la escuela o el transporte son la última frontera antes del abandono

En materia institucional, el Estatuto pide cirugía fina. El Defensor del Pueblo, que desapareció entre recortes presupuestarios, debe resucitar. Y también nos convendría crear una Oficina de Evaluación de Políticas Públicas, aunque solo fuera para saber por qué algunas nunca se cumplen. Tampoco estaría de más endurecer el régimen de incompatibilidades y acabar con la vieja costumbre de repartir cargos como quien entrega regalos en una fiesta, pero que los han pagado otros.

Castilla‑La Mancha necesita mirarse mucho más al espejo europeo. No por vanidad, sino por supervivencia. Es urgente entender que la autonomía no consiste en que te transfieran competencias, sino en que las sepas administrar de manera inteligente. Un título dedicado a la acción exterior (cooperación interregional, innovación rural, energías verdes) no es un lujo, sino una herramienta estratégica.

Es urgente entender que la autonomía no consiste en que te transfieran competencias, sino en que las sepas administrar de manera inteligente

Y por último, la identidad. Ese asunto tan discutido y dejado de la mano de un dios menor. Castilla‑La Mancha tiene mucha más historia de la que se la presume y más cultura de la que se protege. El nuevo Estatuto debería reconocerlo, no para hacer turismo de archivo, sino para entender, de una vez por todas, quiénes somos.

Esta reforma es una buena noticia si se toma en serio. La región necesita menos solemnidad y más propósitos. Un Estatuto que devuelva a los ciudadanos la sensación de que su autonomía sirve para algo, para defender derechos, para fortalecer la democracia y para impedir que alguien nos haga perder el alma cómo ya casi sucedió. Porque, y bien lo sabemos, las regiones son cómo las personas, que pueden morir por muchas cosas, también de desidia.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha sacado pecho del acuerdo alcanzado entre el PSOE y el PP para aprobar el nuevo Estatuto de Autonomía. “Un compromiso con la buena política” que le ha llevado al jefe del Ejecutivo a comprometerse a no plantear “de ninguna manera” una reforma electoral a modo de “cortinilla tramposa” porque esto “ya lo sufrimos en el pasado”.

Así se ha pronunciado el presidente castellanomanchego desde Cuenca un día después de que las Cortes regionales, con el voto a favor de PSOE y PP y en contra de Vox, aprobaran el texto. Un día que, según García-Page, “no puede quedarse en un día, y menos en un ayer”.

Al hilo de esto, el presidente socialista ha querido dejar claro que ni su Gobierno ni el PSOE de Castilla-La Mancha van plantear “nunca” una reforma electoral “si no lo es buscando”, --aunque “no siempre es fácil”--, el “mayor consenso posible”. En todo caso el presidente del PP castellanomanchego Paco Núñez ya advirtió que la horquilla que marca nuevo estatuto que todavía debe aprobarse y que oscila entre un mínimo de 25 diputados y un máximo de 55 habrá que negociarla después. Y de entrada dice que a él 55 diputados para las Cortes de Castilla-La Mancha, le parecen mucho.

Ha querido resaltar que ayer Castilla-La Mancha dio “un ejemplo” más a esta España “tan falta y tan carente de ejemplos edificantes”.

“Ayer aprobamos, en realidad, mucho más que un estatuto. Ayer renovamos un compromiso. Un compromiso con España, un compromiso con la Constitución del 78, un compromiso con nuestra tierra. Y si me lo permiten, también un compromiso con la buena política”.

A García-Page lo que “verdaderamente” le “duele” es que en España sea noticia “el sentido común, la coherencia, e incluso que pueda ser noticia un pacto entre el PSOE y el PP”. “¿Olvidamos en España que eso era lo frecuente, lo normal para los temas trascendentes?”, ha lanzado esta pregunta el presidente regional.

Toda esta reflexión le lleva al presidente de Castilla-La Mancha a asegurar que “la política nacional está muy enferma”. Y está enferma --ha incidido-- “no solo por culpa de una persona ni de un solo partido”. “Cada uno adjudicará las responsabilidades”, ha enfatizado.

A su juicio, “es responsabilidad de las instituciones que nos mantenemos con estabilidad, creo que con sensatez, contribuir a ofrecer perspectiva y soluciones en la medida de nuestras posibilidades”.

Es por ello que ha vuelto al argumento de que Castilla-La Mancha aplicó ayer “una cierta dosis de recuerdo de esa España que durante mucho tiempo ha funcionado y de la que creemos que tiene que ser la España de mañana y de pasado mañana”.

Tras recalcar que al PSOE le costó que el Partido Popular llegara al acuerdo y mucho más esperar a que le dieran permiso en Madrid, ha apuntado que “lo verdaderamente importante” es que, además del acuerdo entre los grandes partidos, operó también otra realidad, que es el hecho de cumplir. “Dije que yo no iba a sacar adelante un proyecto de nuevo estatuto, aunque podíamos con los únicos votos del Gobierno, si no era con el acuerdo más mayoritario posible de las Cortes”.

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha valorado que su partido y el PSOE hayan alcanzado un acuerdo para desbloquear la tramitación del Estatuto autonómico que ha pasado por salvar el escollo de la ley electoral.

Si bien se acepta que la horquilla se suba a 55 diputados a partir de 2028, no da por garantizado que esa premisa suponga que los 'populares' vayan entonces a dar su visto bueno a subir el número de escaños. “A mí, 55 diputados me parecen una barbaridad”.

En declaraciones a Cadena COPE recogidas por Europa Press, ha reparado en que ahora será necesaria una mayoría de tres quintos con las nuevas reglas para cambiar el número de diputados pese al aumento de la horquilla, por lo que el PP será clave para dar luz verde o no a la modificación.

Por tanto, ha indicado que será ya en la próxima legislatura donde se “empezará a negociar si conviene o no subir los diputados”.

“Pero, a día de hoy, lo que está acordado es que el PP no iba a transigir con modificar la ley electoral”.

En todo caso, aplaude que el nuevo Estatuto vaya a “mejorar la capacidad de prestar atención sanitaria, la capacidad de prestar atención educativa o la de tener atención desde el punto de vista social”; o que se vayan a reforzar “políticas agrarias”.

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha pedido al PP “responsabilidad y seriedad” de cara a la Comisión de Asuntos Generales que celebran este jueves las Cortes regionales en la que se designará la ponencia encargada de elaborar el Informe sobre la Proposición de Ley del Estatuto de Autonomía.

Padilla ha advertido a los 'populares' de que ya “no tienen excusas” y ha valorado que se vuelvan a dar pasos para avanzar en la aprobación de este nuevo texto estatutario que ha considerado “tan necesario” para la Comunidad Autónoma.

“En los últimos meses el PP no ha mostrado ninguna voluntad de desbloquear la posibilidad de llegar a un acuerdo”, ha sostenido, para agregar que los 'populares' “tienen delante un texto que es satisfactorio y bueno para la región, que se ha trabajado y acordado de manera conjunta aunque luego rompieran su acuerdo”.

Además, ha señalado la portavoz, ahora se les ha dado respuesta para “salvar” los “supuestos obstáculos” que “tienen” para poder apoyarlo con la bajada de la horquilla máxima de diputados de 59 a 55 y el compromiso de no modificar en esta legislatura actual ley electoral para “no cambiar las reglas de juego en mitad del partido”.

“Esas dos cuestiones ya se les ha garantizado y por lo tanto no tienen excusas y si el PP vota 'no' al Estatuto será muy evidente cuál es su posición”, ha manifestado, para incidir en que un acuerdo en la reforma del Estatuto sería “una buena noticia” para Castilla-La Mancha y que el PP “decida impedir ese acuerdo no lo va a entender nadie en esta región”.

El presidente regional del PP, Paco Núñez, ha mostrado este jueves la disposición de su formación a nivel regional para negociar el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha “si el PSOE o el Gobierno quieren retomar el trabajo”.

“Cuenta con el PP para convocarnos porque acudiremos a la mesa a trabajar por el futuro de Castilla-La Mancha”, ha señalado a preguntas de los medios en las Cortes, donde se ha celebrado un acto institucional con motivo de la Constitución Española.

“Solo tienen que convocarnos, pero no vamos a participar de una negociación radiada o televisada, porque me parece que eso es justo lo contrario a una negociación”, ha avisado el dirigente regional 'popular', según recoge Europa Press.

En este sentido, Núñez ha avisado de que no va a participar de una negociación del Estatuto de Autonomía “a través de los medios de comunicación”. “Creo que nadie negoció ningún asunto serio a través de la prensa, sino que se negocia en una mesa, con coherencia, con inteligencia, con lealtad y con trabajo”.

El pasado octubre el PSOE optó por suspender la tramitación de la reforma de la Carta Magna castellanomanchega después de que el PP plantease, vía enmienda, dejar en un tope de 35 el número de diputados en las Cortes regionales, rompiendo así, según la versión de los socialistas, un acuerdo previamente firmado entre ambos partidos.

Ayer el secretario de Organización del PSOE Sergio Gutiérrez acusó al PP de “mentir” a través de una publicación en las redes sociales en la que sostiene que la propuesta para elevar a 59 el número de parlamentarios fue de los 'populares', que se suscribió un acuerdo en este sentido en septiembre de 2023, y que el Estatuto de Autonomía “no puede ser rehén de su debilidad [ la de Paco Núñez] ante Génova”.

Hoy, Podemos también se ha sumado al debate y ofrece al PSOE “dejar de buscar al PP al tiempo que se quejan de sus traiciones”. El coordinador autonómico de la formación José Luis García Gascón propone una alternativa. “La reforma no necesita para ser aprobada los votos de las derecha y en el Congreso existe una mayoría democrática que haría posible su aprobación”. En este sentido, anima al PSOE a sacarlo adelante “con un pacto social y con las fuerzas democráticas”.

La horquilla de diputados que reclama Podemos está entre los 76 y los 100.

Mientras, el presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes, David Moreno, ha incidido este jueves en que “la única intención” que habían para reformar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha era “aumentar el número de diputados”. Esta formación aboga por un tope de 35 diputados en las Cortes regionales.

Moreno ha añadido cómo cuando el PP “ha intentado frenar esa parte de la modificación” ha sido “cuando el PSOE se ha puesto muy nervioso y se ha puesto a presionar para que llegara ese acuerdo y cerrar ese aumento del número de diputados, nada menos que de 33 a 59”.

“No podemos consentir que se siga aumentando el gasto político como está haciendo el PSOE con el aval y el apoyo del Partido Popular”, ha zanjado.

El PSOE exigirá al PP que cumpla el acuerdo suscrito

Mientras, el secretario de Organización del PSOE en Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha avanzado hoy que llamará al PP antes de que acabe el año para exigir el cumplimiento del acuerdo. “Si no, obviamente, habrá que revisar todos los acuerdos porque bien sabe Paco Núñez todas las cosas que firmamos que nosotros hemos cumplido y que él no”, ha manifestado a preguntas de los medios en el Parlamento, donde se ha celebrado un acto institucional de la Constitución.

Seguidamente ha reprochado al PP que le falta palabra porque “un acuerdo registrado, firmado, consagrado en una reunión entre el presidente Castilla-La Mancha y el líder de la oposición no dura ni un verano”.

Así, Gutiérrez ha incidido en que la propuesta de 59 diputados que aparece en el Estatuto de Autonomía es el número que propuso el PP y ha considerado “un insulto que hoy sea el único escollo” para que los 'populares' no cumplan con lo pactado, “para tener un Estatuto de Autonomía que blinda los derechos sociales, que mejora la institucionalidad, que es un salto hacia adelante también para las posibilidades de Castilla-La Mancha para su desarrollo”.

Además, ha recordado que el PP “propuso recuperar los sueldos de los diputados que quitó Cospedal” con Paco Núñez como líder de la oposición.

“Reivindicamos hoy el espíritu de la Constitución, que es el espíritu de la convivencia, de respetar los pactos, de los acuerdos transversales por la defensa del interés general para que el Partido Popular, si tiene ese espíritu constitucional, si les queda algo de ese espíritu constitucional, atienda bien cumplir con lo pactado y con lo firmado”, ha remarcado el 'número dos' de los socialistas en la región.

El presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, ha manifestado sentir “tristeza” por el parón en el trámite parlamentario de la reforma del Estatuto de Autonomía de la región y ha animado a los grupos parlamentarios --PP y PSOE-- a retomar las negociaciones.

Durante un acto junto a CERMI, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, ha instado a los dos partidos a que “se sienten, dialoguen, a que alcancen acuerdos y a que antepongan los intereses de Castilla-La Mancha a los intereses de partido”.

El escollo ahora está en el número de diputados que debe tener el Parlamento castellanomanchego. El PSOE apuesta por 59, frente a los 33 actuales, pero desde el PP creen que el tope debe estar en 35, que es el máximo actual que marca la ley, a pesar de que hubo un acuerdo preliminar entre ambos partidos para llegar hasta los 59 diputados.

Hoy Bellido, en vísperas del Día de la Constitución, se ha referido a la decisión de los 'populares' de “no va a votar a favor si no se mantiene la ley electoral actual”, argumentando que si el Parlamento regional tuviera que tener el número de diputados cuando Alberto Núñez Feijóo era presidente en Galicia, saldrían 65. “Una de dos. O Galicia estaba mal o es Castilla-La Mancha la que está mal. En definitiva, aquí hay una evidencia y es que hay una infrarrepresentación”, ha insistido Bellido.

“A mí me produce tristeza porque la ley electoral no es lo más importante de la reforma del Estatuto. Tenemos que actualizar nuestra autonomía para, posteriormente, actualizar los compromisos como región. Y eso tiene que ver también con las personas con discapacidad, donde el Cermi y el Tercer Sector han participado muy activamente para mejorar los instrumentos de participación y para mejorar el texto normativo marco que luego se desarrolla en otras leyes”, ha argumentado.

El pasado mes de marzo, PP y PSOE ya se pusieron de acuerdo para cambiar la vigente Ley Electoral de Castilla-La Mancha aumentando el montante de subvenciones electorales que reciben los partidos con representación en el Parlamento regional. Ahora, ese acuerdo ya no es posible en cuanto al número de escaños que debe tener la Cámara regional en el futuro. Vox apuesta por dejar las cosas como están y otros partidos como IU y Podemos, que actualmente no cuentan con escaño, sugirieron incrementar el número de diputados y diputadas.

Tras reuniones de los partidos con multitud de entidades como CERMI, Bellido ha lamentado que este trabajo se quede “ahí parado”, por lo que confía en que se pueda aprovechar, “más pronto que tarde”, para alumbrar un estatuto con un “gran consenso”.

“Creo francamente que es posible, lo estábamos materializando y consiguiendo y ahora parece que ha sido interrumpido, espero que solamente por un tiempo, por una decisión del PP”, ha afirmado.

A su juicio, el trabajo de PSOE y PP “se enmarcaba en la idea de anteponer los intereses de Castilla-La Mancha a las cuestiones partidistas” y, lamentablemente, parece ser que “desde Génova han dado una instrucción al Partido Popular”.

El coordinador general de Izquierda Unida en Castilla-La Mancha, Pedro Mellado, ha planteado a Partido Popular y PSOE que sacrifiquen la tramitación de una hipotética nueva ley electoral en la Comunidad Autónoma para garantizar así que el nuevo Estatuto de Autonomía sale adelante con amplio consenso, toda vez que este extremo es el único punto de conflicto entre los dos grandes partidos que hoy por hoy abre la puerta a un nuevo fracaso regional en el diseño de una nueva Carta Magna.

En una entrevista con Europa Press, Mellado ha abundado en que prefiere “una ley electoral injusta a cambio de un Estatuto” que, por ejemplo, “garantice la vivienda a la ciudadanía”.

Un extremo, el de la vivienda, que versa una de las tres enmiendas parciales al Estatuto que Izquierda Unida ha registrado para tener en cuenta pese a ser una fuerza extraparlamentaria.

Sobre esta primera enmienda, ha señalado, ha dicho que “es triste ver cómo la Administración regional y ayuntamientos de capitales se culpan unos a otros y ninguno declara zonas tensionadas donde la actual ley podría contener subidas de precios”.

En esta propuesta para retocar el Estatuto, IU plantea “más ambición en la construcción de vivienda pública”, algo que pasa también por incentivar la rehabilitación de viviendas existentes en municipios “con problemas de despoblación”.

Garantizar el aborto en el sistema público en el Estatuto

Otra de las enmiendas de IU quiere intervenir en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo para darlo por garantizado en el sistema público.

“Una reivindicación de los movimientos feministas de Castilla-La Mancha”, apunta Mellado, quien ha señalado además que se trata también de una propuesta asumida por el PSOE, por lo que no cree que ahora los socialistas “puedan permitirse no atender” estos extremos por “una pelea con el PP”.

La tercera de las enmiendas apostaba por seguir ganando espacio para la educación pública en detrimento de la privada, tal y como ha afirmado.

“Tres enmiendas fundamentales y que están en perfecta sintonía con el propio texto. Fundamentales y sencillas. No concebimos que el PSOE no pueda estar a favor de ellas”, ha indicado, dando por hecho que el PSOE habría apoyado en la tramitación parlamentaria estas peticiones tras haber llegado a la Mesa de las Cortes “en tiempo y forma”.

Lo avanzó el presidente de las Cortes regionales en una entrevista con elDiarioclm.es hace unas semanas: “La gran perjudicada del agua en España debe regularla en su Estatuto”. Y así será. O al menos el Gobierno de Emiliano García-Page va a intentarlo de nuevo con una renovada propuesta para modificar el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Será la segunda intentona de esta comunidad autónoma para lograr que el Congreso de los Diputados ratifique lo que califican como “justicia con el agua”, aunque todo apunta a que las aspiraciones serán ahora menos contundentes. Poco ha trascendido sobre cómo conseguirlo, pero este lunes el PSOE ha registrado ante las Cortes castellanomanchegas la propuesta de reforma del Estatuto que cuenta con el visto bueno del Partido Popular tras un año de negociaciones.

“Se introduce de manera transversal nuestros derechos de agua como motor económico, social y de sostenibilidad ambiental después de que la normativa europea, las sentencias del Tribunal Supremo y la nueva planificación hidrográfica nos haya dado la razón”. Se refiere en particular, sin citarlo, al agua de la cabecera del Tajo, la misma que riega parte del litoral mediterráneo en Alicante, Murcia o Almería gracias al acueducto Tajo-Segura.

Hay que remontarse al año 2004. El entonces presidente regional José María Barreda anunció su intención de reformar el Estatuto de Autonomía y blindar que la comunidad autónoma pudiera decidir en la gestión del agua y más concretamente en la Comisión de Explotación del Tajo-Segura. No se consiguió. En 2010 el texto fue retirado del Congreso de los Diputados con la frontal oposición del PP de Dolores de Cospedal y los barones de los territorios beneficiarios del agua del trasvase. Un año después se convertiría en la primera presidenta del PP en Castilla-La Mancha desplazando al propio Barreda al obtener mayoría absoluta.

Un máximo de 59 diputados

El nuevo Estatuto de Autonomía, de salir adelante, fijaría en 59 el número máximo de diputados en el Parlamento regional para corregir “la ley electoral trampa” de la etapa de la presidenta del PP, Dolores de Cospedal, que lo redujo a 33, el actual número de escaños.

“Las listas electorales tendrán que ser partidarias y cremallera entre sexos”, explica el PSOE que también apunta a la idea de reforzar el papel de control de las Cortes Regionales, incorporando sesiones de control al Gobierno de Castilla-La Mancha que hoy no existen. No es nada habitual que el actual presidente regional comparezca en las Cortes regionales más allá de las fechas puntuales del año relacionadas con el Debate sobre el Estado de la Región.

“Se blindan los derechos de los diputados y diputadas” y además “todas las reformas posteriores que afecten a las reglas democráticas deberán ser aprobadas por mayorías cualificadas”. Unos aspectos sobre los que no se han ofrecido más detalles.

Para una “mejor gobernabilidad”, señalan fuentes socialistas se va a introducir la posibilidad de hacer decretos-leyes, como “figura necesaria para situaciones de emergencia” - y ponen el ejemplo de la pandemia de COVID-19- y se incorpora la posibilidad de disolver anticipadamente las Cortes regionales, “aunque tendrían que repetirse estas elecciones cuando coincidan, como ha sucedido siempre, con las elecciones municipales”.

Se eliminarán parte de los aforamientos ante el TSJ

Otra de las novedades que quiere incorporar la nueva 'carta magna' castellanomanchega será la eliminación de los aforamientos de los diputados y diputadas ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ), aunque lo hará solo para “los asuntos jurídicos que no estén estrictamente relacionados con las decisiones propias del cargo institucional”.

No es una novedad. Es algo que ya recoge, por ejemplo el Estatuto de Cantabria. En la última reforma eliminó la posibilidad de que los diputados autonómicos y los miembros del Gobierno cántabro estén solo sometidos al TSJ de aquella comunidad autónoma y ahora pueden ser juzgados por tribunales ordinarios. También en Canarias se suprimieron los aforamientos para cargos autonómicos en la reforma del Estatuto de 2018, a propuesta de Ciudadanos.

“Blindar” políticas sociales, igualdad y diálogo social

Tanto PSOE como PP han acordado “blindar” las políticas sociales, la lucha contra la violencia machista y también el diálogo social. En el primer caso, se introducirá “una garantía de derechos para mujeres, jóvenes, mayores, personas con discapacidad, personas vulnerables” y también se quieren blindar “los derechos de las minorías”, aunque no se ha explicado a quiénes se referirá el texto de manera expresa.

Lo que sí se va a reconocer de forma expresa es el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres y, especialmente, “su derecho a recibir políticas públicas que las protejan frente a la violencia de género”. En cuanto al blindaje de diálogo social se apuesta por que sea “la fórmula de trabajo en Castilla-La Mancha”. Por eso, todas las reformas legislativas y reglamentarias sobre las que tenga competencias Castilla-La Mancha “deberán pasar por el Consejo Social antes de su tramitación”.

Incorporar nuevas competencias para una Castilla-La Mancha más social y relacionadas con la regulación de la Inteligencia Artificial, el Ingreso Mínimo Vital, nuevas políticas de empleo o el refuerzo de la Seguridad Social

Incluso se habla de incorporar “nuevas competencias para una Castilla-La Mancha más social”. En este caso se cita aquellas que tienen que ver con la regulación de la Inteligencia Artificial, el Ingreso Mínimo Vital, nuevas políticas de empleo o el refuerzo de la Seguridad Social.

También como novedad el texto incorporará el “reconocimiento de las comarcas y del municipio” en lo que quiere ser “una mejor organización territorial de Castilla-La Mancha”. De esta forma, según se detalla, se reconocerá de forma expresa al municipio como “la entidad local básica en la que se cimienta la región, así como la figura de las comarcas”.

Además, se introduce la regulación de las áreas metropolitanas y la regulación de las entidades locales menores al municipio. Esta iniciativa vendría a dar respuesta a una demanda histórica en Talavera de la Reina y comarca. De forma reciente, coincidiendo con las negociaciones entre PSOE y PP, para sacar adelante el nuevo estatuto, arreciaban las críticas de la Asociación SOS Talavera y Comarca recordando que hasta ahora no se ha reconocido su “singularidad”.

Adiós al término 'minusválido', mención al cambio climático y blindar servicios públicos rurales

El texto se redactará con un lenguaje inclusivo y no sexista y como ya ocurriera con la Constitución Española, se cambiará el . ⁠término minusválido por personas con discapacidad.

Habrá “nuevos derechos sociales, ambientales y económicos” relacionados con la lucha contra el despoblamiento, el derecho al desarrollo sostenible, se introducirá una referencia a la lucha contra el cambio climático, los derechos a la economía digital, la movilidad o la integración social, entre otras cuestiones.

“⁠Se introduce el blindaje de los servicios públicos en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento”. Esta es otra de las claves que se han dado a conocer.

Incluimos la proyección exterior de la comunidad autónoma a través de delegaciones, oficinas y agencias permanentes en la Unión Europea

De otro lado, se busca regular las estructuras de relación con la Unión Europea. “Nos reconocemos como una región europea e incluimos la proyección exterior de la comunidad autónoma a través de delegaciones, oficinas y agencias permanentes en la Unión Europea como define la Ley estatal de Acción Exterior”. 

Una disposición adicional que reivindica una financiación “justa”

El Estatuto de Autonomía incorporará una disposición adicional con la “reivindicación de una financiación justa para la cohesión social y territorial”. En ella se establecerá la petición de una garantía para que las inversiones del Estado se realicen de acuerdo con criterios de equilibrio territorial y teniendo en cuenta factores como la población, la dispersión geográfica o la densidad poblacional. Es lo que actualmente está pidiendo el Gobierno de Emiliano García-Page en la negociación del nuevo modelo de financiación territorial. “Es decir, un reparto justo para la cohesión social y territorial de nuestra tierra”, incide el PSOE.

El texto se abrirá ahora a la participación ciudadana

La portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla-La Mancha, Isabel Abengózar, comentaba que con la presentación del documento ante el Parlamento regional arranca el recorrido institucional del futuro Estatuto tras una primera fase que “ha sido de diálogo, acuerdos y consenso” en la negociación con el Partido Popular que no ha incluido al tercer grupo con representación en la Cámara castellanomanchega, Vox. La formación de ultraderecha ha acusado a PSOE y PP de “llevar la negociación en secreto” y también de “hipocresía” cuando hablan de diálogo y consenso. Tampoco se ha negociado con otros partidos políticos que en la actualidad no cuentan con escaño en el antiguo Convento de Gilitos y que vienen criticando la actitud de los dos partidos mayoritarios.

Ahora se abrirá un periodo de participación pública de todos los castellanomanchegos con el compromiso de incorporar cualquier aportación “útil” en forma de enmienda conjunta entre los dos grupos.

La tercera fase será la tramitación en el Congreso de los Diputados. Los socialistas esperan el apoyo de otros grupos políticos para que salga adelante “con una amplia mayoría”, ha dicho Abengózar.

Fuentes del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha recuerdan que fue en 2015 cuando se empezó a negociar un nuevo Estatuto de Autonomía con formaciones políticas y agentes sociales y dicen que “se estuvo muy cerca del acuerdo”. En parte de aquella legislatura Emiliano García-Page gobernó gracias al apoyo de Podemos que era la tercera fuerza política en el Parlamento regional, además de PSOE y PP. Las mismas fuentes señalan que entonces “el escollo” fue la negativa “de distintos grupos parlamentarios a modificar la Ley Electoral de Castilla-La Mancha, ampliando el número de diputados regionales desde los 33 impuestos por Cospedal”. 

“Hoy se ha superado ese escollo y todos los Partidos políticos asumen la necesidad de mejorar la representatividad de las Cortes de Castilla-La Mancha”, aseguran los socialistas que hablan de “amplio consenso” y de “un buen acuerdo” entre PP y PSOE. “Buscamos un gran acuerdo político en las Cortes, y un gran acuerdo social durante la tramitación que suponga un Estatuto fuerte y consensuado para su tramitación por las Cortes Generales”. 

La portavoz del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Ana Isabel Abengózar, cree que “daría tiempo” a iniciar la tramitación de la reforma del nuevo Estatuto de Autonomía regional durante este mes de julio.

A preguntas de los medios en rueda de prensa, Abengózar ha señalado que aunque este lunes se han visto las previsiones de plenos para el mes de julio, aún “estamos a día 1” y está “todo el mes por delante”, según recoge Europa Press.

En cualquier caso, ha coincidido con el PP en que en torno a este tema “hay que ser prudentes” porque “aún se está trabajando en la reforma del Estatuto, aún se están llegando acuerdos, aún nos estamos sentando para dialogar”, abogando por “la prudencia hasta que todo esté cerrado”.

“Con 100 escaños, creo que lo que hace Podemos es echar cálculos para tener representación”

En este contexto, y preguntada por las manifestaciones de Podemos Castilla-La Mancha considerando que “la única opción que asegura en la región una verdadera representatividad y pluralidad es la creación de una circunscripción única total o adicional a las cinco provinciales que ya existen y un número en torno a los 100 escaños”, la socialista ha destacado que “con ese número cien yo creo que lo que han echado es cálculos a ver de qué manera vuelven a tener representación en las Cortes de Castilla-La Mancha”.

El PP rebaja “la euforia” del PSOE con el Estatuto

Precisamente hoy, la secretaria de la Mesa de las Cortes y diputada autonómica del PP, Tania Andicoberry, ha mostrado la voluntad de consenso de su partido ante la negociación del nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha pero ha “enfriado la euforia del PSOE” en torno a este tema.

A preguntas de los medios, Andicoberry ha recordado que “los plazos y los tiempos los marcará la negociación” y que esa negociación “lleva su camino” bajo “la premisa de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Dicho esto, ha indicado, tras días escuchando a “distintos portavoces del PSOE hablar sobre esas negociaciones”, que el PP no entiende esa necesidad de salir a “hablar sobre ello”, pues el PP “mantiene esa prudencia y esa lealtad”.

“Nosotros mantenemos la misma posición que mantenemos desde el principio, la de negociar con lealtad y negociar con discreción, bajo la premisa de que nada está definitivamente pactado hasta que no lo esté todo, y con el compromiso y la voluntad de llegar a un consenso”, ha concluido, eludiendo hablar de “tiempos” sobre un acuerdo definitivo.