Más de una treintena de calles del Centro Histórico de Logroño renovarán “en los próximos meses” su alumbrado público, para mejorar su eficiencia. Para ello, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento ha adjudicado este miércoles la contratación de estos trabajos, por un importe de algo más de 185.800 euros.

Como ha recordado la portavoz del equipo de Gobierno municipal, Celia Sanz, el pasado mes de diciembre se aprobó el proyecto y la contratación de las obras de renovación de las instalaciones de alumbrado exterior público en el centro histórico de la ciudad y en recursos turísticos municipales.

El objetivo de esta actuación, que cuenta con financiación europea a través de los fondos europeos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, es que las instalaciones de alumbrado exterior público “sean más sostenibles, resilientes y estén preparadas para la transición ecológica y digital”. En este contexto, la Junta de Gobierno Local ha adjudicado este contrato a la empresa Soluciones Eléctricas y Energéticas del Norte, S.L. por un importe de 185.827,01 euros (IVA incluido).

Calles en las que se mejorará la iluminación

Las instalaciones proyectadas en el proyecto de renovación del centro histórico engloban la iluminación de las calles Siervas de Jesús, Caballerías, Juan Lobo, Herrerías, Travesía de Palacio, Plaza Santa Ana, Barriocepo, Cofradía del Pez, Marqués de San Nicolás, Santiago, Plaza Martínez Zaporta, Carnicerías, Boterías, Plaza de la Oca, Valvanera, San Agustín, Albornoz, Travesía de Laurel, Laurel, Capitán Gallarza, Cerrada, Ruavieja, Mercaderes, Plaza Concepción Pérez Santo Tomás, San Juan, Hermanos Moroy, Marqués de Vallejo, San Juan, Del Carmen, Cristo, Ollerías y Bretón de los Herreros. Con estas nuevas actuaciones se continúa con el proceso de mejora de la iluminación que se está llevando a cabo de manera progresiva en la ciudad en el marco de la estrategia de Ciudad Circular.

Así, ya se han realizado la mejora de la iluminación de la Concatedral de La Redonda, el Mercado de San Blas, la calle Portales y su entorno, las plazas del Mercado y San Agustín y la calle de la Merced.

En la última gran crisis financiera un concepto hasta entonces poco conocido lo cambió todo: las hipotecas subprime. Fueron la gota que colmó el vaso. Unos créditos inmobiliarios focalizados en Estados Unidos, de alto riesgo y elevada rentabilidad –hasta que se desplomaron–, que se convirtieron en el epicentro de un terremoto que conllevó rescates multimillonarios y la caída de nombres del sistema que parecían intocables. Han pasado casi dos décadas y las alarmas están comenzando a hacerse oír –y el volumen va subiendo– en un segmento del sector financiero al que también se le ha puesto nombre, que también tiene una regulación más laxa y que si cae, de nuevo, puede tener un efecto arrastre. 

Se trata de “la banca en la sombra”. Bajo esa idea está todo el sistema financiero no bancario, que queda al margen de la supervisión de los bancos centrales y que se alimentó, precisamente, después de la última gran crisis como alternativa a las entidades más tradicionales, donde se reforzaron las exigencias de capital para evitar problemas. Ahí están los fondos y firmas de inversión, los fondos de pensiones privados que agrupan, por ejemplo, a colectivos de trabajadores retirados que invierten a escala global, las ramas de las aseguradoras dedicadas a invertir en múltiples sectores, entre ellos, el inmobiliario; o el conocido como capital riesgo, entre otros.

A diferencia de las entidades financieras supervisadas y reguladas, estas firmas de financiación privada conceden créditos, pero no tienen depositantes como los de los bancos, aunque tengan inversores detrás.

Tampoco soportan las mismas exigencias de colchones de capital, con los que hacer frente a los vientos que vienen de cara, como está sucediendo actualmente ante la incertidumbre provocada por la guerra en Irán o las dudas sobre las valoraciones de los gigantes de la IA. Se dedican a conceder capital a empresas o instituciones, a cambio de una rentabilidad elevada y con periodos de vencimiento a medio o largo plazo, que puede llegar a cinco o hasta 10 años. La mayoría capta los fondos que luego prestan, que pueden proceder de otros inversores, de colectivos como los citados pensionistas –de EEUU o de Canadá, por ejemplo– y, también, de grandes fortunas. 

Los datos más recientes publicados por el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB en sus siglas en inglés) –que coordina a nivel internacional el trabajo de las autoridades financieras nacionales y el de los organismos internacionales, como el BCE o el Banco de España– señalan que la banca sombra suma casi 239 billones de dólares (más de 205 billones de euros). Es decir, casi la mitad de todos los activos financieros globales. En España, según los datos publicados por el Banco de España alcanza los 1,6 billones de euros.

“Organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Consejo de Estabilidad Financiera y el Banco de Pagos Internacionales (BIS) han alertado recientemente de que este auge viene acompañado de vulnerabilidades estructurales que recuerdan a los desequilibrios previos a la crisis de 2008”, asegura Funcas. “Aunque hay diferencias entre el contexto actual y el de hace tres lustros, algunas similitudes preocupan: apalancamiento creciente, opacidad en ciertas inversiones, dependencia de calificaciones crediticias privadas y elevada interconexión financiera entre bancos y entidades no bancarias”.

El problema no es solo su dimensión, sino que esta banca en la sombra, esas firmas de inversión privada, están interconectadas con el conjunto del sistema financiero, también con las entidades bancarias que sí están reguladas y supervisadas. Y, si hay problemas, ya se sabe por la experiencia de 2008, que las piezas pueden comenzar a caer como en el dominó.

De hecho, ya hace tiempo que algunos de los grandes nombres del sector empiezan a dejar pistas que señalan que no todo va bien. En octubre del año pasado, el consejero delegado de JPMorgan, Jamie Dimon, aseguró que se estaban viendo “cucarachas” en el sistema. Entonces se refería a las quiebras de firmas pequeñas, como Tricolor y First Brands, pero capaces de provocar daños colaterales. Ana Botín, presidenta de Banco Santander comparó esos indicios con otro animal: las medusas, porque no te impiden seguir nadando, pero “hay que ser muy cuidadosos” con ellas.

Unos signos de debilidad que van en aumento

Ese avistamiento de “cucarachas” o “medusas” coincide en el tiempo con crecientes indicios de que algo está sucediendo en los mercados. A finales de febrero quebró la firma británica Markets Financial Solutions (MFS), enfocada en el mercado inmobiliario. Y uno de los bancos que figura entre sus acreedores es Banco Santander. Según Bloomberg, su exposición es de alrededor de 200 millones de libras, unos 229 millones de euros al cambio actual. 

La entidad española, según recoge EFE, califica la exposición total del grupo al crédito privado como “residual” porque representa menos del 1% de su cartera. Pese a eso, el banco ha reconocido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que existe riesgo de tensiones en el crédito privado. En concreto, en el folleto registrado en el supervisor del mercado español, señala que las dudas sobre la solvencia de determinadas instituciones financieras podrían generar problemas de liquidez y pérdidas en otras entidades. Santander también advierte de que un cambio brusco en el apetito por el riesgo de los inversores, por ejemplo tras perturbaciones en el crédito privado, podría provocar caídas significativas en los precios de los activos y endurecer las condiciones financieras globales.

Y cuando hay miedo, las puertas se cierran. Gigantes de la inversión, como BlackRock, Blackstone o Apollo han limitado los reembolsos –la retirada de dinero– de algunos de sus productos ante un aumento de las solicitudes de recuperar la inversión por parte de sus partícipes.

En los últimos días, la banca estadounidense está elevando los tipos de interés en los préstamos que concede a las firmas de inversión que apuestan por los conocidos como 'business development companies' (BDC), empresas en fase de desarrollo, según la información publicada por Reuters. El motivo, las altas valoraciones que han otorgado, por ejemplo, a las inversiones ligadas a la inteligencia artificial.

No es lo único. Según la misma agencia, la 'banca privada' está dando más tiempo a algunas de las firmas en las que ha invertido para garantizar que devuelvan sus créditos aunque tarden más. Es decir, están alargando los plazos de pago ante el temor de no recuperar lo invertido en una especie de tormenta perfecta donde la financiación se concedió a tipos de interés bajos, que ahora tienen perspectivas de subir, las valoraciones de las acciones no son tan positivas como se pensaba y la incertidumbre con la guerra en Oriente Medio va claramente al alza.

La Oficina de Empleo de Logroño renueva sus instalaciones con dependencias más amplias y accesibles para primar la privacidad de las personas usuarias.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraiz, han visitado este lunes las obras de ampliación y renovación que, con una inversión total de 2.078.242,13 euros, han permitido crear un espacio centrado en las personas, con mayor accesibilidad y privacidad para los usuarios.

Las obras, que comenzaron en noviembre de 2024, han permitido reformar y ampliar la Oficina de Empleo de Logroño y la Oficina de Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), situadas en la calle Presidente Leopoldo Calvo Sotelo 27-29, con otros dos locales contiguos, situados en los números 23 y 25, creando un único espacio que permite la integración y conexión de ambos departamentos que facilitará prestar todo un servicio al ciudadano de manera más fácil, unida y bien coordinada.

De esta forma, la nueva Oficina de Empleo, además de ampliar su superficie en 500 metros cuadrados, superando en total los 1.300 metros cuadrados, ha renovado sus instalaciones con la finalidad de mejorar la prestación del servicio primando la atención individualizada de los usuarios. Para ello, se han creado nuevos módulos individuales de orientación, que garantizan la absoluta confidencialidad durante las entrevistas personales.

Unas dependencias más amplias

Durante la visita, Capellán ha explicado que tras la reforma de estas dependencias “tenemos una mayor amplitud, una mayor posibilidad de espacios y mejorar la accesibilidad de los miles de ciudadanos que utilizan este servicio público”. Unas nuevas instalaciones que atenderán no solo a personas que demandan un empleo, sino también a aquellos trabajadores en activo que precisan recalificación o desean mejorar su situación laboral, para que “puedan disponer siempre del asesoramiento y la formación necesaria por parte de los servicios públicos”.

Además, ha indicado que desde la Oficina de Empleo también se asesora a las personas afectadas por un ERE o ERTE y, en colaboración con la ADER, se atiende a todas aquellas que quieran emprender y se les informa sobre cómo capitalizar su prestación por desempleo. Respecto a las empresas, no solo se les facilita candidatos para sus puestos de trabajo vacantes, sino que también reciben asesoramiento de las distintas modalidades de contratos disponibles o de las ayudas y subvenciones a las que se pueden acoger por la contratación de personal. 

Por su parte, Arraiz ha afirmado que “estas obras, además de remodelar y rehabilitar estas oficinas”, también han permitido “mejorar la calidad del trabajo de los funcionarios que realizan distintos trámites”, por lo que ha agradecido la colaboración entre administraciones que “redundan en un mejor servicio a los ciudadanos”. 

El presidente del Gobierno regional también se ha referido a las áreas de trabajo de los 22 profesionales que atienden a los usuarios en la nueva Oficina, que se han proyectado con carácter abierto y con posibilidad de adaptarse a diferentes alternativas de distribución y capacidad, para asumir el número de personal requerido. La nueva Oficina también dispone de dos grandes salas de espera para los usuarios, cerca del control de entrada y de los centros de información; salas multifunción diseñadas para reuniones internas, formaciones y sincronización de equipos; áreas de trabajo con despachos individuales para gerencia y dirección; y aseos de uso público. 

Para mejorar el bienestar de los trabajadores y usuarios se han creado entornos optimizados para la salud laboral, con mayor luz natural gracias a la integración y apertura arquitectónica hacia el patio interior, así como la insonorización integral de paredes y techos, que reduce considerablemente los decibelios en las áreas de alta concurrencia, protegiendo la salud auditiva del personal. 

El acceso público está diferenciado para ambas sedes, con vestíbulo previo acristalado y zona de control de seguridad en cada uno de los accesos. En el interior, ambas oficinas están comunicadas a través de dos pasillos y disponen de espacios de uso común como archivos, almacenes, servidores, etc. 

Estas obras, con un importe total de 2,07 millones de euros, han contado con una aportación del Gobierno regional cercana al millón de euros y la cofinanciación del SEPE, mediante la subvención concedida a la Dirección General de Empleo en concepto de modernización de los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, por importe de 1,14 millones de euros. 

Más de 48.500 llamadas y 21.770 citas presenciales

La Oficina de Empleo de Logroño gestionó durante el pasado año un total de 21.770 citas presenciales, con una media de 5 días desde que el usuario la solicita hasta que es atendido. También se atendieron un total de 48.570 llamadas. Además de la gestión de la demanda de empleo, se atendieron 12.803 citas relacionadas con la orientación laboral de los usuarios, 9.813 telefónicas y 2.990 presenciales.

Respecto al tipo de servicio, la Oficina de Empleo de Logroño realizó durante 2025 un total de 17.681 diagnósticos individualizados de la situación laboral del usuario, 28.650 actualizaciones curriculares, 2.773 diseños de itinerario individual y personalizado, 2.590 técnicas para la búsqueda activa de empleo, 53.738 derivaciones a acciones formativas y realizó 18.387 mediaciones en ofertas de empleo. El número de ofertas gestionado por la Oficina de Empleo de Logroño alcanzó las 1.311 durante el pasado año. 

“Lograr explotaciones más competitivas, sostenibles y adaptables a desafíos actuales como el cambio climático o los retos que plantea la geopolítica” es el objetivo de la línea de ayudas a la agricultura de precisión y las tecnologías 4.0, según ha señalado hoy el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, en su visita a una explotación de Sigüenza (Guadalajara).

Estas ayudas, que permiten a los agricultores mejorar la eficiencia en el uso de recursos como el agua y los fertilizantes o mejorar la toma de decisiones gracias a datos precisos, es una nueva forma de trabajar en el campo que no es solo tecnología, es una manera de rentabilizar el tiempo, de tomar mejores decisiones, de ahorrar. Por eso, desde el Gobierno de Emiliano García-Page se ha impulsado esta línea de ayudas en los últimos cuatro años “subvencionando más de 1.700 equipos con una ayuda de 46 millones de euros”, según ha manifestado el consejero.

Entre estos equipos, hay 31 cosechadoras, 30 vendimiadoras, 256 pulverizadores o atomizadores, 148 abonadoras, 230 sistemas de guiado GPS, “y lo que es más importante, 550 tractores en toda Castilla-La Mancha a través de estas cuatro convocatorias”, ha señalado la Junta en un comunicado

El consejero ha destacado que este impulso a la innovación del campo castellanomanchego ha sido posible gracias a que la Comunidad se sitúa entre las regiones con mayor nivel de ejecución del Componente 3 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para la modernización del sector agroalimentario, “en el que partíamos de una asignación inicial de siete millones de euros y en la que hemos ido avanzando hasta alcanzar esos 46 millones actuales al absorber fondos no ejecutados por otras regiones”, algo de lo que “estamos muy orgullosos”.

Un ejemplo claro del impacto de estas ayudas es el caso de Jesús Morencos, agricultor y ganadero de Pelegrina, pedanía de Sigüenza, cuya explotación de cultivos extensivos y pastos para su cabaña ovina ha visitado el consejero.

Gracias a la línea de agricultura de precisión ha adquirido una cosechadora dotada de autoguiado GPS, una inversión esencial para mejorar la eficiencia de sus labores diarias. La maquinaria ha contado con una ayuda equivalente al 40 por ciento del coste total, lo que ha facilitado de manera decisiva su incorporación a la agricultura de precisión.

Esta visita “muestra la capacidad de Castilla-La Mancha para ejecutar con éxito los programas vinculados al Plan de Recuperación y para absorber los recursos disponibles”, así como el compromiso de los propios agricultores que apuestan por invertir en la mejora y modernización de sus explotaciones.

Visita a la OCA de Sigüenza

Antes de conocer esta explotación, el consejero, acompañado por la alcaldesa de Sigüenza, Maria Jesús Merino, la delegada de la Junta en Guadalajara, Rosa María García, y el delegado de Agricultura, Santos López, ha visitado la Oficina Comarcal Agraria de esta localidad, una instalación que actualmente se encuentra en un edificio público, de propiedad municipal. El traslado a estas dependencias “ha sido muy beneficioso”, no sólo porque ha evitado el pago de un alquiler, sino también por su integración física con otros servicios públicos comarcales y por la mejora de la atención a la ciudadanía, de la accesibilidad y la cercanía al medio rural.

Esta Oficina Agraria atiende a la Sierra Norte de Guadalajara, agrupando a 85 municipios, actuando Sigüenza como cabecera. Cuenta con ocho trabajadores y de ella depende la UTA (Unidad Técnica Agrícola) de Atienza. Se trata de una extensa zona rural, caracterizada por la dispersión poblacional, “lo que refuerza la importancia del servicio que prestamos a agricultores, ganaderos y ciudadanía en general”, porque a la proximidad administrativa se una la especialización técnica y las sinergias con otros servicios públicos. En resumen, “estamos dando apoyo al medio rural y contribuyendo a la cohesión territorial y a fijar población”, ha aseverado el consejero.

Castilla-La Mancha cuenta con 46 Oficinas Comarcales Agrarias que integran, además, a las 24 Unidades Técnicas Agrícolas (UTA) y Unidades Técnicas Ganaderas (UTG) que refuerzan la atención, acercando la atención técnica a las zonas rurales más dispersas y con difícil acceso.

Ursula von der Leyen y Donald Trump sellaron con una sonrisa y los pulgares en alto la tregua comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. El acuerdo llegó el pasado verano tras meses de vaivenes arancelarios y se firmó en el campo de golf del magnate en Turnberry (Escocia). La Comisión Europea aceptaba como mal menor unas tarifas del 15% en sus exportaciones al país norteamericano a cambio de una serie de excepciones en sectores clave para la economía de los Veintisiete, como productos agrícolas o materias primas.

La foto, con un radiante Trump y una incómoda Von der Leyen –consciente de que estaba firmando un mal pacto pero presionada por Gobiernos como el alemán, con una industria muy dependiente de la relación comercial con EEUU–, prometía algo fundamental para la economía a ambos lados del Atlántico: certidumbre. Un escenario de certezas para el desarrollo de negocios en las dos orillas, aunque fuera a costa de la capitulación europea y la promesa de inversiones millonarias en aquel país.

Pero la frágil paz comercial, que ya se vio amenazada por las pretensiones de la Casa Blanca sobre Groenlandia (de soberanía danesa), estalló por los aires con la decisión del Tribunal Supremo estadounidense de anular la mayor parte de los aranceles que Donald Trump anunció con un cartel en cartón pluma el 2 de abril de 2024, el llamado Día de la Liberación. El presidente estadounidense reaccionó con una nueva tanda de tarifas, amparada bajo otro precepto legal, que distorsionó de nuevo el escenario y paralizó la ratificación del acuerdo de Turnberry en el Parlamento Europeo. De nuevo, incertidumbre.

Desde que hace casi seis años el COVID-19 pusiera en suspenso la actividad mundial, la economía se ha enfrentado a un estado de alerta permanente. La incertidumbre es ya un término de moda a la hora de realizar cualquier previsión, como un aviso de que la proyección podría irse al traste con la mínima volatilidad. El Fondo Monetario Internacional, en su informe de Perspectivas Económicas Mundiales de octubre, menciona en 102 ocasiones “uncertainty” (incertidumbre). La OCDE, en su documento análogo de diciembre, cita la palabra 198 veces. Las últimas previsiones del Banco de España, también de final de año, la repiten 53.

Ahora bien, ¿es la incertidumbre un fenómeno con efecto económico real o solo un lugar común? “Vivimos en un mundo de incertidumbre constante. Cualquier decisión que tomamos, incluso si nos paramos a tomar un café o un té, lo hacemos con información limitada”, responde el profesor de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide e investigador de EsadeEcPol, Manuel Hidalgo. Es un caso exagerado, dice al teléfono, pero es el ejemplo perfecto para comprender hasta qué punto una disyuntiva afecta a decisiones sencillas del día a día, lo que se multiplica al extremo en caso de decisiones más relevantes, como la compra de una casa en el caso de una familia, o el lanzamiento de una inversión empresarial.

“Cuanto mayor es la incertidumbre, las decisiones se hacen más conservadoras. En el caso de las familias es evidente cuando llega una crisis: su consumo cae, lo que suele agravar la coyuntura económica. Con las empresas pasa lo mismo. Se suele decir que el capital es cobarde y las incertezas afectan a las variables de inversión”, detalla.

En el Gobierno son conscientes de que este fenómeno explica, en parte, ese hartazgo de la sociedad por el cual no perciben en su bolsillo la mejora de los indicadores macroeconómicos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, lo definió como “inseguridad económica” en su intervención en el Senado del pasado lunes: “En los últimos 15 años hemos tenido que pasar por shocks o crisis que normalmente pasan una vez cada dos o tres generaciones. La misma generación se ha tenido que enfrentar a una crisis financiera, a una pandemia, a un shock de inflación, a una guerra a las puertas de Europa, a una guerra arancelaria…”. Todo, sin descanso y sin percibir los dividendos del cohete económico.

Del rescate bancario a los aranceles: incertidumbre sin freno

La incertidumbre es más un estado de ánimo que un fenómeno mensurable, la mejor muestra de cómo la psicología y el comportamiento afecta a la economía. No aparece en una factura, ni en una nómina, ni en un agregado como el producto interior bruto (PIB). Pero está muy presente. Distintos organismos han desarrollado métricas específicas para tratar de aterrizarla. Uno de los indicadores más conocidos es el índice Economic Policy Uncertainty (EPU), que en nuestro país replica el Banco de España, y que se construye a través de palabras vinculadas a la incertidumbre que aparecen en la prensa local. Su última lectura, de enero, confirma que la incertidumbre es un 54% superior a la del promedio. De hecho, lleva más de quince años disparada. Desde 2010, solo se ha situado en nueve ocasiones por debajo del nivel 100, que sería la media.

Como se ve en el gráfico sobre estas líneas, los mayores picos de incertidumbre en la economía española se han dado con el COVID-19 (en mayo de 2020), con el Día de la Liberación que desbarató el comercio mundial como lo conocíamos en las últimas décadas (abril de 2025) o a raíz de la invasión de Ucrania por parte de Rusia (febrero-marzo de 2022). Son eventos recientes, pero las incertezas se dispararon también durante el referéndum independentista del 1 de Octubre de 2017, tras la votación a favor del Brexit en 2016 o en el verano de 2012, cuando España se asomó al abismo económico y se produjo el rescate bancario. Los atentados del 11-S de 2001 o la invasión de Irak en 2003 provocaron los primeros picos a principios de siglo.

Sin embargo, uno de los problemas de los índices EPU es, como lo denomina el profesor de la escuela de negocios IESE Roberto García-Castro, el “efecto túnel” que supone fijarse únicamente en titulares de prensa. “Reacciona mucho a lo periodístico, a lo que está haciendo la Casa Blanca. Pero el mundo no se acaba con Trump”, razona en conversación telefónica. García-Castro es, junto con su compañero Miguel Ángel Ariño, el creador del índice I3E de incertidumbre económica, que la mide desde 2010 en España y, desde hace un mes, también en las principales 22 economías del mundo.

El indicador concentra los datos de precios bursátiles nacionales, precios de bonos soberanos a 10 años, tipos de cambio y precio del petróleo Brent. “Cuando agregas estas cuatro dimensiones –geopolítica, política, financiera y bursátil– emerge algo que es distinto a la simple volatilidad”, dice el profesor, que forma parte del departamento de Análisis de Decisiones. “Ahora mismo se habla y se publica mucho de incertidumbre, pero, con los datos en la mano, está relativamente baja”, abunda.

Y, a pesar de esto, el Banco de España, en su encuesta trimestral a las empresas, recoge que la incertidumbre es un factor que condiciona la actividad empresarial para una de cada dos compañías. Más que la energía y prácticamente al mismo nivel que la falta de personal, otro de los grandes temas recurrentes en el mundo patronal.

“Llevo casi 20 años dando clase a directivos y hemos visto de todo: la caída de Lehman Brothers, el colapso financiero mundial, pandemias, guerras… Pero nunca he tenido un foro con cinco o seis directores generales que digan que la incertidumbre es baja. Por definición, el personal directivo toma decisiones sin tener todas las certezas. La incertidumbre siempre está en máximos”, asevera García-Castro.

¿Una economía curada de espanto? El termómetro de la inversión

Entonces, ¿afecta a la economía o no? En el IESE tienen medido su impacto. “La economía mundial crece trimestralmente un 2,1% de media en los últimos 36 años. Que nuestro índice esté por encima de 100 o 125 de manera sostenida resta casi medio punto de PIB global”, señala el profesor.

Desde el servicio de estudios del Banco de España son cautos con respecto a la posibilidad de que la incertidumbre ya no arrastre a la actividad económica, puesto que eso requeriría del diseño de un “escenario alternativo” sin sus efectos.

“En general, la evolución observada de la actividad se explica por la incertidumbre, pero también por un conjunto de perturbaciones adicionales que en los últimos años pueden estar compensando su efecto. Por lo tanto, podría ser aventurado pensar que se ha producido un efecto de inatención o insensibilidad a la incertidumbre”, responden por correo electrónico.

Pero el año pasado, con todos los nubarrones posibles y la incertidumbre disparada, España registró un crecimiento del PIB del 2,8%, gracias a que el fuerte mercado interno compensó los vientos de cola que venían del exterior. “Parece que estamos curados de espanto”, dice el profesor Hidalgo. “Estamos muy alarmados y, después, se baja el tono porque parece que hay mucha resiliencia en la economía y nos estamos acostumbrando a un entorno de mayor incertidumbre que en décadas pasadas. De momento no hay señales de que esté afectando muy negativamente, como podríamos haber esperado desde el principio. A lo mejor somos nosotros, medios incluidos, que valoramos la incertidumbre de una forma más intensa de lo que realmente es”, reflexiona.

La última revisión de la Contabilidad Nacional por parte del INE dio un subidón a la Formación Bruta de Capital Fijo (FBCF), la variable que mide la inversión productiva y que se mostraba notablemente rezagada tras la pandemia, a pesar del crecimiento económico. Los economistas señalaban que este menor dinamismo podía deberse a su sensibilidad ante la incertidumbre. La cobardía del capital, que comentaba Hidalgo. Pero los nuevos cálculos de Estadística desmontan parte de ese relato.

El profesor de la Universidad Carlos III de Madrid Miguel Artola es uno de los más críticos con la labor del INE desde la pandemia. Según explica en conversación telefónica, no hay datos que sustenten que España es un caso diferencial con respecto al comportamiento de la inversión, si lo comparamos con lo que sucede en el resto de Europa. Ni la falta de Presupuestos ni reformas como la del mercado de trabajo han provocado que todo salte por los aires, asevera. De hecho, el marco español es mucho más estable que el de países como Francia, que encadenan gobiernos fallidos.

A su juicio, una posible explicación es que la inversión ha cambiado radicalmente. La tradicional (en ladrillo y en infraestructuras) ha perdido peso y los institutos estadísticos aún no captan de manera precisa las vinculadas a las nuevas tecnologías. “La inversión está dirigiéndose más hacia activos financieros que no financieros. Puede que estemos asistiendo a que esa inversión en intangibles –como licencias de software, por ejemplo– va cobrando importancia y en la medición vamos por detrás”, explica.

Eso pondría en relativa cuestión el dogma sobre los efectos de la incertidumbre. Al menos, sus efectos en el pasado lustro. Lo apuntó en un artículo en este periódico: “Los datos publicados revelan un panorama menos pesimista y sugieren que ni la incertidumbre ha tenido un impacto tan pronunciado ni las políticas públicas han estado tan mal orientadas”.

La paz comercial salta por los aires

Con todo, está por ver cuál es el impacto real sobre la economía mundial de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. Sobre todo, tras el varapalo del Alto Tribunal estadounidense a su andanada arancelaria, que ha respondido con una nueva tanda de tarifas cuya duración también es incierta.

“[El nuevo arancel] Va a generar un aumento de la incertidumbre para las empresas europeas y española, que no sabrán muy bien a qué atenerse”, apunta el investigador principal del Real Instituto Elcano y catedrático Príncipe de Asturias en la Universidad de Georgetown, Federico Steinberg. De momento, lo que ya se ha disparado es el Índice de Incertidumbre Comercial (TPU, por sus siglas en inglés). Como se ve en el gráfico siguiente, los dos mandatos del magnate neoyorquino han sido especialmente tensos en lo comercial, alcanzando su culmen en abril de 2024.

“Estados Unidos va a seguir siendo un socio poco predecible”, lamenta el académico. “No vamos a volver a una situación como la de 2024 porque Trump es un proteccionista y encontrará la fórmula para mantener las tarifas”, detalla. Si las empresas españolas, que tienen una exposición limitada, buscan capear esa incertidumbre, tendrán que buscar mercados alternativos y fijarse más en Europa, sobre todo en ramas como el comercio de servicios que, a diferencia del de bienes, está menos controlado.

¿Es, entonces, factible limitar la incertidumbre y sus posibles consecuencias para el desarrollo de la economía? Hay vías, dice Manuel Hidalgo. Por ejemplo, la del Banco Central Europeo (BCE) que, cada vez que adopta una decisión sobre los tipos de interés, da pistas de cómo evolucionarán a futuro. Es la llamada “forward guidance”, que favorece la toma de decisiones para familias y empresas.

“El BCE es una institución que tiene muy claro lo que tiene que hacer en política fiscal, a diferencia de los políticos, que necesitan mensajes más rápidos y, a veces, sus anuncios añaden mucha incertidumbre. Pasó con Liz Truss durante su mandato en Reino Unido. Los bancos centrales han aprendido a hacerlo, pero los Gobiernos tienen otros incentivos”, sostiene.

La economía española encadena quince años de sobresaltos y, desde la pandemia, no ha habido un ejercicio tranquilo. Pero, a pesar de todo, el PIB se ha comportado mejor de lo esperado, aunque quede “trabajo por hacer” para que eso se traduzca en bienestar. Hay incertidumbre y la economía, sin embargo, se mueve.

El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha visitado hoy, 27 de febrero, junto con la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, la evolución de las obras del nuevo Laboratorio Regional en la Finca La Grajera que cuenta con una inversión de 17.036.146,88 euros y que permitirán consolidar este espacio como un centro multidisciplinar de referencia en los ámbitos agroalimentario, sanitario y medioambiental, con tecnología de última generación y criterios bioclimáticos

Durante la visita, Gonzalo Capellán ha puesto en valor esta actuación que supone, ha enfatizado, “un paso hacia adelante para ser una región de vanguardia con una clara apuesta por la modernización de infraestructuras que, como esta, llamaba a gritos ser transformada, mejorada. Hemos tenido que esperar hasta 2024 para licitar un proyecto ambicioso para que La Rioja tenga los laboratorios modernos que se merece y necesita”. 

“Estamos entre olivos, entre viñedos, entre la tradición y la actividad agroalimentaria de La Rioja y su futuro, los laboratorios, los análisis, la inversión, los equipamientos de última generación. Eso es lo que quiere ser La Rioja, anclada en su tradición, en sus productos, en la calidad medioambiental, pero también mirando al futuro y apostando por infraestructuras modernas. A partir de ahí estamos hablando de ganar en funcionalidad y en espacios, mejorando como ya hemos hecho el equipamiento porque detrás de esta infraestructura está el servicio que se presta en un ámbito estratégico a todos los departamentos del Gobierno de La Rioja, también para clientes públicos y privados, en ámbitos fundamentales: análisis de aguas, suelos, en el ámbito vegetal, en el ámbito pecuario, en el ámbito medioambiental”. 

Esta actuación reafirma el compromiso del Ejecutivo autonómico para dotar a la Comunidad de infraestructuras científicas y técnicas de vanguardia, al servicio de la calidad agroalimentaria, la seguridad sanitaria y la protección medioambiental, fortaleciendo de esta manera el papel del Laboratorio Regional como herramienta clave en el desarrollo y la competitividad del sector primario y agroindustrial riojano.

Las obras, iniciadas en abril de 2025 y cuya finalización está prevista para 2027, permitirán dotar a La Rioja de un laboratorio moderno, preparado para los retos científicos y técnicos del futuro, con una superficie útil total de 7.937,03 metros cuadrados y una construida de 8.665,99 metros cuadrados. De ellos, 6.550,52 metros cuadrados útiles, que supondrán más que duplicar la superficie actual, estarán destinados a espacios de laboratorio y 1.386,51 metros cuadrados a aparcamiento.

Un proyecto estratégico para reforzar los servicios públicos

El nuevo edificio responde a la necesidad de actualizar y ampliar las actuales instalaciones del Laboratorio Regional, ubicado también en La Grajera en un inmueble construido en la década de los 80 y que cuenta con 2.520 metros cuadrados. Con una plantilla de 40 técnicos, el laboratorio realiza alrededor de 150.000 determinaciones anuales en los ámbitos agroalimentario, sanitario y medioambiental.

El centro está adscrito a la Dirección General de Desarrollo Rural y desarrolla su actividad en las áreas de Agricultura y Alimentación, Salud y Consumo y Medio Ambiente. Entre los principales productos analizados figuran aguas, alimentos, muestras de origen animal, material vegetal, suelos, fertilizantes, lodos y piensos.

La nueva infraestructura permitirá mejorar la capacidad de diagnóstico y análisis, reforzar la seguridad laboral y adaptar las instalaciones a los requisitos científicos actuales, consolidando al Laboratorio Regional como centro multidisciplinar de referencia.

Instalaciones especializadas y máxima seguridad

El nuevo edificio se organiza en tres plantas sobre rasante y un semisótano técnico, adaptándose a la topografía de la parcela y minimizando su impacto visual en el entorno natural de La Grajera.

En la planta baja se ubicarán los laboratorios de Biología (Vegetal, Alimentaria, Pecuaria y Especial); en la primera planta, los laboratorios de Química Alimentaria y de Producción; y en la segunda planta, el laboratorio de Química de Residuos. Además, contará con un laboratorio de contención biológica P3, diseñado para operar con agentes patógenos peligrosos con todas las garantías de seguridad.

El proyecto contempla tres accesos diferenciados por razones de funcionalidad y seguridad: uno principal para personal y recepción de muestras; un acceso específico para productos químicos y muestras voluminosas; y otro exclusivo para el área de Biología, destinado a la gestión de muestras potencialmente contaminadas. Asimismo, dispondrá de ascensor adaptado, montacargas para equipos, núcleos de evacuación independientes, espacios técnicos específicos y un volumen adosado para la dotación de gases técnicos como oxígeno, argón, hidrógeno o nitrógeno.

Edificio inteligente y sostenible

El nuevo Laboratorio Regional ha sido concebido bajo criterios bioclimáticos y de eficiencia energética. Incorporará una instalación fotovoltaica con 200 paneles solares y una potencia total de 88 kW pico, con una generación estimada de 96.645 kWh anuales destinados al autoconsumo del edificio.

Además, contará con un sistema de aerotermia de alta eficiencia para la producción de agua caliente sanitaria, depósito de aguas pluviales de aproximadamente 60 metros cúbicos para riego, iluminación LED con regulación automática y detectores de presencia, así como un sistema integral de control y monitorización que permitirá la gestión inteligente de las instalaciones mediante tecnología Smart Building y sistemas de medición avanzada de consumos.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la aprobación del gasto relativo a la licitación de la contratación de las obras de ampliación de aulario y nuevo polideportivo en el centro educativo de Villamediana de Iregua, por un importe total de 15.327.716,32 euros. Las obras, con un plazo de ejecución de 24 meses, está previsto que comiencen a finales de año.

Las obras de ampliación del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Gonzalo de Berceo de Villamediana de Iregua, que también acoge la Sección de Instituto de Educación Secundaria (SIES) con alumnos que cursan hasta cuarto de la ESO, permitirá disponer de nuevos espacios y mayor amplitud para atender las necesidades del alumnado.

En la actualidad, debido a que en la última década la población del municipio ha crecido considerablemente y al compromiso de la Consejería de Educación para que los estudiantes puedan cursar los cuatro cursos de la ESO en el mismo centro sin necesidad de desplazarse hasta Logroño, el centro cuenta con tres conjuntos modulares prefabricados instalados temporalmente para poder atender a todo el alumnado desde 2024.

Con esta licitación, el Gobierno de La Rioja procederá a la construcción de nuevos espacios para atender todas las necesidades previstas, además de reformar distintas estancias y crear un nuevo polideportivo. Actualmente en la parcela existen tres edificios: el primero es un bloque exento, ocupado por el primer y segundo ciclo de educación infantil, el segundo es el edificio del CEIP ubicado en la dirección este-oeste, y para finalizar, se ubica el espacio destinado a alojar a los estudiantes de secundaria (SIES). Estos dos últimos edificios quedan conectados por las plantas baja y primera. 

La ampliación del centro contempla la construcción de un nuevo edificio ubicado en paralelo al CEIP y que conectará con el SIES a través de las plantas baja, primera y segunda. De esta manera se cubre la necesidad de que los edificios estén conectados y funcionen ambos de forma independiente. La planta patio del edificio proyectado se queda sin edificar en su zona intermedia, con el fin de que se conecten los patios y se pueda generar una zona de patio cubierto. También se proyecta un nuevo gimnasio en la zona sur-oeste de la parcela, el cual contará con un acceso desde el exterior e independiente de los edificios escolares por la calle Gonzalo de Berceo. 

La pasarela de Santa Lucía en Ortigosa de Cameros seguriá cortada, al menos, hasta finales de marzo. El Gobierno de La Rioja avanza en la ejecución de las obras de rehabilitación del puente de hierro sobre el río Albercos en Ortigosa de Cameros, conocido como la pasarela de Santa Lucía, con el objetivo de mejorar su funcionalidad y estado de conservación, preservando en la medida de lo posible su valor patrimonial, histórico y cultural.

Asimismo, se trata de solucionar diferentes patologías detectadas, como el funcionamiento inadecuado de los apoyos, corrosiones generalizadas, corrosiones locales en contactos entre chapas, daños en el pavimento de madera, y deficiencias en el estado de las barandillas y en el resto de elementos accesorios, entre otras. Esta actuación fue adjudicada a la empresa Obras de Construcción e Instalaciones S.A. por un presupuesto total de 791.277,82 euros.

Las obras requieren una serie de trabajos que no son compatibles con el tránsito de viandantes por la estructura, incluyendo el desmontaje del tablero de madera que será sustituido. En la actualidad se están llevando a cabo los trabajos de pintado de la estructura, cuyo desarrollo se ha visto fuertemente condicionado por la climatología adversa de los meses de enero y febrero. Dichas labores únicamente pueden realizarse en días secos, con objeto de evitar problemas de acabado o de corrosión en el futuro. Además, la finalización de dichas unidades de obra es necesaria para poder ejecutar el resto de unidades pendientes, especialmente el montaje del pavimento.

Por ello, se ha comunicado al Ayuntamiento de la localidad la prolongación del corte del tránsito peatonal en la estructura hasta la finalización de los trabajos. Además, dicha ampliación se encuentra fuertemente condicionada por las precipitaciones y las bajas temperaturas por lo que, en estos momentos, se prevé que el corte se extenderá al menos hasta el 31 de marzo de 2026.

La coincidencia no es casual. Con apenas unas horas de separación, dos de las voces que gozan de un mayor prestigio e influencia dentro del establishment europeo —Mario Draghi y Emmanuel Macron— han mostrado que sus prioridades para impulsar a Europa a la vanguardia geopolítica y económica mundial están en la misma longitud de onda. Desde ángulos distintos, el antiguo número uno del BCE —y ex primer ministro italiano— y el jefe de Estado francés sostienen que el edificio supranacional de la UE ha tocado techo y está sometido a un test de estrés internacional.

O avanza en la carrera competitiva global a la misma velocidad que EEUU y China a través de un armazón federal —la propuesta de Draghi— con la que absorber peso geopolítico y tecnológico en el mutante orden mundial, o acepta un déficit progresivo de autonomía y soberanía económica, en un planeta que le será cada vez más hostil a sus señas de identidad, sustentadas en el Estado de Derecho y el principio de legalidad. Para el salvador del euro en la crisis de la deuda europea tras el colapso crediticio de 2008, el revestimiento federalista resulta ineludible. En términos de eficacia del poder —acaba de proclamar—, “una confederación de 27 Estados con derecho de veto no genera poder”, sino que, más bien, deja a cada socio comunitario expuesto a presiones “uno a uno” —bilaterales— por parte de Washington o de Pekín.

Macron no llega a este punto álgido de reivindicación. Pero, en el trasfondo de sus advertencias, implora una arquitectura institucional similar. En su opinión, la amenaza sobre Groenlandia que traslada la versión Trump 2.0 —más agresiva y con un brazo ejecutor de mayor intensidad por los dogmas de fe MAGA que proclama la Heritage Foundation— revela hasta qué punto la UE es más vulnerable cuanto menos opera con una voz única e instrumentos mutualizados.

La UE —advierte el dirigente galo— no debe dejarse llevar por una falsa sensación de que la tensión con EEUU sobre Groenlandia, la tecnología y el comercio han terminado. Todo lo contrario. A su juicio, es el momento de que el bloque comunitario se embarque en una revolución económica y se convierta definitivamente en una verdadera potencia geopolítica mundial. Macron aseguró que presionará a sus colegas europeos para que aprovechen “el momento Groenlandia” —el lema que expone la gravedad de las relaciones transatlánticas— para avanzar con inusitada rapidez en una agenda reformista que ha estado “largamente postergada” y que resulta crucial para reducir la dependencia europea de EEUU y China.

“Tenemos ante nosotros un tsunami chino en el frente comercial y frentes borrascosos que se aproximan desde la vertiente estadounidense”. A Macron —en declaraciones a varios medios del Viejo Continente— estas dos amenazas le genera “una profunda conmoción” porque apunta “a una posible ruptura de la construcción europea”.

En su llamamiento a la reacción europea ante un gesto claro de agresión de una administración estadounidense “abiertamente antieuropea que desprecia a la UE”, asegura que no hay margen para medias tintas: doblegarse [ante Trump] o unirse y fortalecer el espacio comunitario.  

El telón de fondo que preside ambos relatos es el mismo. EEUU y China han dejado de respetar las reglas del orden económico liberal con sus subsidios masivos, sus controles tecnológicos y su coerción comercial, o el uso geoestratégico de materiales críticos. Este elenco de herramientas se ha hecho habitual en mayor o menor medida en el modus operandi de Washington y de Pekín. Con efectos devastadores y un uso, en ocasiones, indiscriminado como los aranceles recíprocos.

A ello se suma una colisión a punto de ocurrir sobre la regulación europea a grandes plataformas digitales. Bruselas reivindica un escenario de competencia leal y protección de derechos civiles frente a las big techs americanas. Washington amenaza con represalias por impedir —proclama— el negocio de sus multinacionales en el Viejo Continente. En este affaire también confluyen las tesis de Draghi y Macron, que aducen que la soberanía europea ya no puede ejercerse desde los Estados-nación, sino únicamente desde una arquitectura —marcadamente federal a los ojos del ex primer ministro italiano— lo suficientemente resistente como para decidir, invertir y poder defenderse como bloque.

Federalismo 'draghiniano'

El argumento de Draghi parte de la experiencia institucional. Allí donde Europa se ha “federado” —comercio, competencia, mercado único y política monetaria— actúa como un actor respetado y con capacidad de negociación. Pero en los ámbitos donde no ha progresado hacia este modelo —defensa, política industrial y acción exterior— aparece fragmentada y, por tanto, vulnerable. Esa asimetría es especialmente costosa en la actual fase de la globalización, que el expresidente del BCE describe como un sistema “disfuncional”, surgido desde ingreso de China en la OMC en 2001 y que se ha agravado por el giro estratégico de la Casa Blanca.

Macron llega a la misma conclusión desde la geopolítica. Según su relato, Europa no debe caer en una “falsa sensación de seguridad”. Pese a la “distensión momentánea” con Washington. Sin una autoridad común y homogénea en política exterior y sin respuestas económicas coordinadas incluso un territorio europeo como Groenlandia puede convertirse en moneda de cambio. Unos focos de tensión que se trasladarán —augura— a la aplicación de la Digital Services Act europea de regulación de contenidos, datos y libre competencia en plataformas digitales. “No dejemos que nuestros hijos tengan un cerebro puramente mercantilista”, expresó a Financial Times. No es un gesto moral, sino un acto de exigencia regulatoria que solo es creíble si se ejerce de una manera unificada y con poder para resistir represalias comerciales del otro lado del Atlántico.

La lectura económica refuerza esta visión. El informe de Draghi sobre competitividad estima que Europa necesita inversiones adicionales cercanas a los 800.000 millones de euros anuales para evitar la desindustrialización y atraer de nuevo localizaciones empresariales que refuercen todo el entramado de seguridad económica de la UE y fortalezcan las cadenas de valor y el mercado interior. Sin embargo, algo más de un año después de su cruda radiografía de situación —y la de su colega italiano Enrico Letta, más enfocada a los mercados de capital— apenas se ha movilizado una fracción de estos recursos. El problema no es solo financiero —avisa Draghi— sino institucional, porque el presupuesto europeo ronda el 1,1% de la renta nacional y la UE carece de un sistema impositivo común, lo que atrofia su músculo para responder a la política industrial americana o al modelo exportador chino. Cada vez más subvencionados.

El FMI, además, trasladó otra debilidad adicional. Completar el mercado único es una condición necesaria, como subraya el diagnóstico Draghi, aunque no suficiente. Europa —argumenta— debe atender su fragmentación regulatoria, que actúa como un “arancel invisible” que encarecen en un 44% los bienes que circulan por el espacio comunitario y en un 110% los servicios. Para The Economist, “sin una escala verdaderamente continental, Europa no puede competir ni en IA ni en energía ni en defensa”. Para Macron estos déficits institucionales demandan una “revolución económica” financiada con deuda común —no llega a mencionar los bonos europeos que reclama el dirigente italiano para avalar los grandes objetivos geoestratégicos de la UE— destinada a dar impulso a la IA y la computación cuántica, la transición energética y a la industria militar. Con el único objetivo —precisa— de proteger tres prioridades críticas frente a las prácticas desleales de las dos superpotencias.

Para Draghi, la respuesta es un “federalismo pragmático” que permita a un núcleo de socios, los que deseen acelerar procesos de integración, activar la Europa a dos velocidades. Pero siempre como una federación genuina —matiza— nunca como formato de cooperación flexible y reversible.

Sin embargo, existen zonas de resistencia. Y nada desdeñables. Hay capitales que temen perder sus controles nacionales y otras que recelan de políticas industriales que alteren la ortodoxia del mercado único. Pero la alternativa es más costosa, asegura Draghi, porque la amenaza externa puede unir, aunque únicamente la esperanza de un proyecto común sostendrá este esfuerzo. Y este propósito reclama instituciones federales capaces de transformar el peso y la capacidad de influencia económico-comercial de la UE a la esfera geopolítica.

El nuevo orden global se ha convertido en una cruzada funcional en la que Europa deberá elegir si quiere seguir siendo un espacio regulatorio fragmentado, objeto de tensiones nacionalistas, o un actor soberano que defienda su modelo económico y social. La convergencia entre Draghi y Macron sugiere que el tiempo de la ambigüedad se ha agotado para Europa.

Los expertos comparten el criterio federalista

Más de un año después, apenas el 11% de las casi 900 medidas propuestas por el ex premier de Italia se han aplicado y se mantiene la confederación de socios con vetos nacionales que —resalta— “no produce poder”. Desde el sector financiero, Fabrizio Campelli, responsable de inversión de Deutsche Bank, subraya los límites de una estrategia puramente defensiva. “Competir bajando costes salariales debilitará la innovación y alimentará aún más la tensión social y el populismo” en un momento en el que el viraje geopolítico de una administración estadounidense “mucho menos proclive a garantizar la seguridad europea”, obliga a financiar los gastos de defensa, las infraestructuras y las cadenas industriales.

Para Campelli, más deuda o más impuestos solo pueden ser soluciones transitorias, porque “el impacto duradero [de estas medidas] depende de cómo se estructure el gasto y de si llega a las pymes, a los cauces innovadores de las empresas y a las cadenas de suministro europeas”. Esta canalización requiere, para ser eficiente, coordinación supranacional y un ecosistema financiero alineado con unos objetivos comunes, “algo difícil sin un marco, al menos, cuasi federal”.

Guntram Wolff Grabbe y Jeromin Zettelmeyer, analistas del Instituto Bruegel, comparte la visión federalista. Ambos reconocen que Bruselas “ha asumido buena parte del diagnóstico de Draghi en su Competitiveness Compass”, pero alertan de “una contradicción nuclear, el impulso de una política industrial ambiciosa sin dotarla de financiación centralizada”. Y, al confiar este esfuerzo inversor a las ayudas nacionales, “se corre el riesgo de fragmentar el mercado único y favorecer a los países con mayor capacidad fiscal”. En su opinión, “la coordinación voluntaria difícilmente sustituirá a un presupuesto europeo reforzado y, sin instrumentos fiscales comunes, las agendas industriales pueden acabar erosionando la cohesión y la productividad que pretende reforzar”.

Sébastien Maillard, investigador del Programa Europa de Chatham House, subraya la dimensión institucional. “Draghi no propone un big bang federal, sino coaliciones entre socios dispuestos a avanzar en competencias clave sin unanimidad” y recuerda el precedente del euro, proyecto de integración con autoridad exclusiva y credibilidad que actúa, de facto, como un mecanismo federal sin proclamarse como tal. Para Maillard, “Europa no puede aspirar a ser un poder global manteniendo una gobernanza pensada para la mera coordinación intergubernamental”.

En parecidos términos se manifiesta Fred Kempe, presidente del Atlantic Council, que interpreta las advertencias de Draghi como una reacción a la ruptura del orden internacional de posguerra. EEUU y China usan aranceles, subsidios y cadenas de suministro como instrumentos de coerción. En línea con la queja en voz alta de Draghi y con su reivindicación de que Europa debe decidir si sigue siendo “un gran mercado” o evoluciona hacia un “gran poder global”, lo que le exige “pasar de una confederación a una federación de estados”.

Diecisiete ayuntamientos se han beneficiado de la línea de ayudas de la ADER para la modernización y de la firma de convenios con el Ejecutivo regional. A lo largo de 2025, el Gobierno de La Rioja ha invertido más de 4 millones de euros en 28 actuaciones. La consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, Belinda León, ha destacado este lunes durante la visita a las actuaciones realizadas por el Gobierno de La Rioja en el polígono industrial El Sequero, que “invertir en nuestros suelos industriales consolidados es incidir directamente en la rentabilidad de las empresas”. “La gestión eficiente de las infraestructuras y servicios comunes básicos y de valor añadido de los terrenos industriales repercute directamente en la competitividad de las empresas instaladas y en la captación de nuevos proyectos de inversión, y evita la deslocalización de empresas”, ha asegurado.

León, que ha estado acompañada en el recorrido por el gerente de la ADER, Luis Pérez Echeguren, la alcaldesa de Agoncillo, Encarnación Fuertes, el alcalde de Arrúbal, Rubén Sancho, el gerente de la Entidad de Conservación de El Sequero, Domingo Gómez, y del secretario general de la FER, Eduardo Fernández, ha incidido en el compromiso del Ejecutivo regional para “desarrollar una política que facilite la instalación de las empresas o mejorar las condiciones de las que ya estén instaladas en nuestros polígonos, en relación a la seguridad, vigilancia, asfaltado o servicios”. 

En términos globales, la consejera ha detallado que el Gobierno de La Rioja ha reforzado su política de suelo industrial destinando 4,07 millones de euros a 28 actuaciones de mantenimiento y rehabilitación de polígonos industriales durante 2025, siendo diecisiete los ayuntamientos que se han beneficiado de la línea de ayudas de la ADER para la modernización y de la firma de convenios con el Ejecutivo regional.

Así, 1,14 millones de euros han subvencionado parte de las actuaciones de modernización acometidas por los ayuntamientos de Arrúbal, Agoncillo, Villamediana de Iregua, Haro, Calahorra, Alfaro, Arnedo, Cervera del Río Alhama, Cenicero, Navarrete y Logroño, así como las entidades de conservación de Fuenteciega y El Sequero, durante el año pasado; y 2,93 millones han sido destinados a la firma de convenios con los consistorios de Logroño, Santo Domingo de la Calzada, Igea, Pradillo, Baños de Río Tobía, Haro, Ezcaray y Rincón de Soto.

En el caso de El Sequero, “las obras han consistido básicamente en la reparación del firme de la calzada, la renovación de la señalización horizontal, la instalación de cámaras de videovigilancia y la reparación de simas, cumpliendo con los objetivos de garantizar la seguridad, la comodidad y la eficiencia en el transporte”.

Domingo Gómez ha explicado que “todos los años tenemos que solucionar temas de asfaltado, inversiones en seguridad o proyectos relacionados con la seguridad vial, destinando entre 150 y 200 mil euros de inversión”. “La línea de ayudas para polígonos de la ADER nos va a permitir mejorar día a día todas las instalaciones que dan servicios a empresas y visitantes. Todas las ayudas son bien recibidas. La de ADER, en concreto, nos va a ayudar a mejorar muchos esas inversiones necesarias”, ha expresado.

Este polígono, cuya superficie abarca los términos de Agoncillo y Arrúbal, ha recibido una subvención de 301.161 euros mediante las ayudas que ofrece la agencia de desarrollo para la modernización de polígonos industriales, obteniendo: una financiación de 73.185 euros para la urbanización de una superficie de 410 metros en Avenida de los Ríos; 141.226 euros para el asfaltado, la renovación de una rotonda y la instalación de cámaras de seguridad; 80.375 euros para la renovación de firmes en Avenida de Cameros y la reparación de una sima en la calle Río Alhama; y 6.375 euros para la redacción de un Plan Director de Red Hidráulica.

Además de las ayudas a ayuntamientos y entidades que quieran mejorar las condiciones de los polígonos, el Gobierno de La Rioja también ofrece una línea a empresas que busquen ubicarse en espacios adecuados y competitivos en la región. Asimismo, a través de convenios con diferentes ayuntamientos, ofrece nuevos emplazamientos industriales.

El Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección General de Infraestructuras, ha finalizado las obras de mejora de las carreteras autonómicas LR-330 y LR-340 a su paso por la localidad de Torrecilla en Cameros, proyecto que ha contado con un presupuesto de adjudicación de 250.243,67 euros. Esta actuación ha supuesto la mejora de la seguridad vial en el casco urbano, así como una reducción del impacto acústico por el paso de vehículos en las zonas que estaban más deterioradas.

De este modo, se ha actuado en dos tramos de travesía urbana que ocupan una longitud total de 1,82 kilómetros. Concretamente, la adecuación se ha ejecutado entre los kilómetros 0 y 0,350 de la LR-330 (desde el cruce con la Nacional 111 hasta la rotonda de entrada a la localidad), y entre los kilómetros 19,550 y 21,030 de la LR-340 (desde la rotonda de entrada hasta el final de la localidad). 

Las obras han comprendido, en primer lugar, el refuerzo de firme de ambos viales mediante la extensión y compactación de una mezcla bituminosa en caliente de 5 centímetros de espesor, lo que ha implicado un fresado previo en algunos puntos.

En un pequeño tramo dentro del casco urbano se ha ejecutado un tratamiento de impresión para dar aspecto de firme de adoquín, lo que mejora la estética en el interior del municipio, y aumenta la percepción del conductor de que está atravesando un tramo urbano.

Con anterioridad a esta actuación, los acabados de la calzada eran de aglomerado asfáltico y presentaban avanzados problemas de agotamiento, de roturas y envejecimiento generalizado, lo que suponía un riesgo para la seguridad vial, incomodidad en la conducción y molestias sonoras para los vecinos de la zona.

Por otro lado, con el objetivo de mejorar la capacidad de drenaje, se ha llevado a cabo la limpieza general de las cunetas, obras de fábrica y arcenes en toda la longitud de actuación. Esto ha implicado la instalación de nuevas tuberías, sumideros y rejillas para favorecer el desagüe.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de carreteras del Gobierno de La Rioja 2024-2032 impulsado por la Consejería de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación para actualizar y modernizar la red viaria autonómica con el objetivo de mejorar la conectividad de los riojanos, favorecer la cohesión e igualdad del territorio y contribuir a fijar población en el medio rural, entre otros retos. 

Más noticias positivas para los enfermos de ELA. Y es que la implantación del nuevo Grado III+ de dependencia extrema para personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica en fase avanzada y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible se suma ahora la inversión que llegará desde el Gobienro de España y que supera los 2,8 millones de euros para desarrollar la Ley ELA.

Una cuantía que para la delegada del Gobierno en La Rioja, Beatriz Arraíz Nalda, demuestra el “compromiso del Gobierno de España con las personas más desfavorecidas, en este caso con la calidad de vida de personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades neurológicas grave”. En la rueda de prensa también ha estado presente la presidenta de la asociación VencELA La Rioja, Francisca Elena Terroba, quien ha destacado que esta ayuda que llega por parte del Gobierno de España “va a dar un respiro a los enfermos y a los familiares, les va a dar ganas de seguir sonrientes y con ánimo”

Con esta, ha añadido Arraíz “se financiarán acciones de fortalecimiento de las prestaciones y servicios del Sistema de Atención a la Dependencia para atención a las personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible y para la atención a las necesidades prresupuestarias transversales”. Ahora le corresponde al Gobierno de La Rioja, ha señalado, “que es quien tiene las competencias tanto en Salud como en Servicios Sociales, distribuir dicha cantidad con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los pacientes y familiares de personas con ELA y otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible”.

Arraiz ha destacado “el compromiso del Gobierno de España con los afectados por las personas más desfavorecidas, en este caso con los pacientes y familiares de enfermos con ELA y con otras enfermedades neurológicas graves”. El Real Decreto que convalidó el Congreso de los Diputados para desarrollar la Ley ELA acordó un suplemento presupuestario estatal para el año 2025 de 500 millones de euros para la creación de un grado de dependencia extrema, el Grado III+, o el derecho a una prestación de casi 10.000 euros al mes para garantizar la atención efectiva durante las 24 horas del día, que se presentó ayer en rueda de prensa, además de la citada inyección de 500 millones de euros para reforzar el sistema de la dependencia.

Esta cantidad se divide en dos partidas:

-379 millones de euros para incremento del nivel mínimo que financia íntegramente el estado. De esta manera, se aumentan las cuantías máximas de la prestación económica vinculada al servicio, que únicamente podrán ser destinadas a ayuda a domicilio, así como de la prestación económica de asistencia personal, para que las personas con Grado III+ de dependencia extrema reconocido puedan recibir la atención domiciliaria que requieran.

-Y 121 millones de euros más para lo que se conoce como nivel acordado, que se reparten por acuerdo del consejo interterritorial del Ministerio de Asuntos Sociales entre las Comunidades Autónomas, distribución que se ha hecho efectiva mediante la reciente publicación del pasado martes en el Boletín Oficial del Estado. Es de este nivel acordado del que ahora La Rioja recibe 2.812.927,73 euros para desarrollar este Real Decreto que aprobó el Consejo de Ministros el 21 de octubre de 2025.

En la rueda de prensa también ha estado presente la presidenta de la asociación VencELA La Rioja, Francisca Elena Terroba, quien ha destacado que esta ayuda que llega por parte del Gobierno de España “va a dar un respiro a los enfermos y a los familiares, les va a dar ganas de seguir sonrientes y con ánimo”

Quedaban tres segundos de partido y los Bulls perdían por un punto cuando Michael Jordan recibió el balón. El 7 de mayo de 1989, en el quinto encuentro de la primera ronda de los playoffs, los Chicago Bulls se jugaban la eliminación de la NBA frente a los Cleveland Cavaliers.

Jordan botó hacia la derecha, se elevó ante Craig Ehlo y, ya en el aire, corrigió el tiro en el último instante, apenas unos milisegundos antes de que el cronómetro marcara el cero. La pelota entró limpia. La bocina sonó un momento después. Los Bulls ganaron el partido, la serie, y se clasificaron para la siguiente ronda en una jugada mítica que se convirtió en un clásico: 'The shot', el tiro.

Vivimos en un mundo tan complejo que es casi imposible que una sola jugada pueda resolver, de golpe, muchos problemas. Por eso deberíamos contener el aliento: el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, acaba de coger el balón y se dispone a intentarlo.

He argumentado en muchas ocasiones que la raíz de los problemas económicos del siglo XXI está en el ahorro. Somos herederos de un consenso de hace décadas que decía que ahorrar era un win-win para todos, casi una obligación de ciudadanía. “Guardar para el futuro” ofrecía seguridad, impulsaba la economía, aliviaba el coste de la jubilación para las arcas públicas e iba a permitir que una generación entera dejara de ser clase trabajadora y se convirtiera en clase media. El ahorro era la piedra angular de un modelo de sociedad.

Así que en casa, de pequeños, nos enseñaban a ahorrar con una hucha de cerdito y en clase de economía, en la facultad, nos contaban que el secreto de Alemania era que sus ciudadanos eran muy austeros, guardaban mucho y respaldaban la industria local con sus ahorros.

De todas las formas de ahorro, la más segura y la más rentable iba a ser la vivienda. Por eso en unas pocas décadas se construyeron decenas de millones en toda Europa, suficientes para que una generación entera pudiera ahorrar pagando la hipoteca. Fue la herencia universal de nuestros padres y nos trajo al siglo XXI creyendo que todo ahorro era virtuoso y que, por tanto, toda inversión merece una recompensa.

Pero todo este castillo ideológico tan aparentemente perfecto no podía vivir solo en la imaginación, necesitaba que la realidad lo respaldase. Para ser beneficiosa, la inversión debía ser productiva. El ahorro necesitaba un destino, una economía que produjera puestos de trabajo, crecimiento, recaudación fiscal y flujos económicos.

Mientras se construyó el parque, la inversión en vivienda cumplió ese papel. Cada euro gastado en una casa acababa (al menos, en gran medida) en los salarios de los obreros de la construcción y en materias primas que había que extraer y procesar. También en arquitectos, agencias de colocación, abogados e impuestos municipales. Como consecuencia había, además, otras inversiones productivas muy rentables, como las grandes industrias que fabricaban esa materias primas y los electrodomésticos que llenarían las casas.

Pero en 2008 todo eso cambió. La última Gran Recesión marcó un punto de inflexión en la trayectoria que nos había traído hasta aquí: la productividad se estancó, se dejó de construir, el empleo se precarizó y la desigualdad comenzó a dispararse. Más aún, la economía se fue digitalizando y las nuevas industrias del siglo XXI ya nunca más necesitaron el volumen de inversiones que habían sido necesarias para construir un mundo literalmente nuevo tras la guerra mundial.

Se produjo entonces un efecto dominó terrible.

A falta de inversiones productivas, los inversores profesionales (que en gran medida están compuestos también de los ahorros de los occidentales en forma de fondos de pensiones, de inversión colectiva y soberanos) encontraron una vía de rentabilidad en la contratación pública. Los estados, que no se pueden endeudar por encima de lo que les marca la ley, se ven obligados a externalizar infraestructuras (como carreteras, centrales energéticas o los hospitales de la comunidad de Madrid) a empresas privadas cuya principal función es financiar las operaciones: adelantar el dinero necesario para construir.

Una vez que lo hacen, los ingresos están garantizados porque los gobiernos, en las licitaciones, se comprometen a que el privado alcance unos objetivos de rentabilidad. Y si no lo hace, como ocurrió con las autopistas de peaje en la Comunidad de Madrid, está obligado a indemnizarles. Así que los fondos de inversión se están quedando con los únicos flujos de ingresos que están garantizados por los estados (o sea, por usted y por mí), con unos rendimientos fantásticos en muchos casos.

Las familias, por su parte, lo metieron todo en la vivienda. Como consecuencia, hoy lo que llamamos “riqueza” es, en un 60%, activos inmobiliarios, en un 50%, viviendas. Y los gobiernos, que no quieren decirle a la gente que, además de unos ingresos estancados, también tienen que dejar de confiar en el ahorro, decidieron comprometerse con una rentabilidad desproporcionada de la vivienda a base de protecciones legales y límites a lo que se puede construir.

El resultado de estas políticas es el embrollo en el que nos encontramos hoy. Desde hace 20 años, mientras la productividad sigue estancada y el PIB per cápita de los países crece a una velocidad mucho menor que hace 50 años, la riqueza aumenta a toda velocidad. Como consecuencia, hoy todos dedicamos la parte más importante de nuestros ingresos no a remunerar la creación de valor, sino a retribuir la riqueza. Todos somos inquilinos.

La razón de fondo de la brecha generacional es esta. Eso que consideramos “riqueza” es un stock de viviendas, propiedades y de acciones de grandes empresas que se crearon y se vendieron originalmente en la segunda mitad del siglo XX.

Y cuando se compran y se venden esos activos no hay creación de valor: no hay empleos, no hay flujos económicos, no hay más que dinero que cambia de manos en el mercado inmobiliario. De manera que todos los que vinimos después en lugar de invertir en crear nuevo valor, vivimos obligados a retribuir a las generaciones anteriores. Y no solo por el alquiler, sino fundamentalmente comprando las mismas propiedades por mucho más dinero.

¿Y la inversión productiva? En todos los países, pero sobre todo en España, la inversión en innovación tiene dificultades para encontrar fondos.

Por eso la crisis de la vivienda, de la asequibilidad, y también la brecha generacional, son fundamentalmente crisis de la riqueza: son fracturas en cómo obtenemos y repartimos el patrimonio. Y la solución no puede ser inmobiliaria, tiene que ser financiera.

Así que comprenderán que esté dando palmas con las orejas. El ministerio de Economía ha anunciado que va a crear una cuenta en la que las familias podrían invertir sus ahorros para financiar la autonomía estratégica europea. Ese producto, si se diseña bien, podría servir al mismo tiempo para que los ahorros de las generaciones mayores obtengan una rentabilidad generando empleos y valor en una nueva economía europea, y para que los grandes fondos extranjeros no se lleven las rentas de las grandes infraestructuras y los proyectos de país (como la inversión en defensa).

Y en ese mismo intento podría haber muchos más recursos para que las entidades que fomentan la innovación en España, como el CDTi, que hacen un trabajo extraordinario, pudieran llegar más allá.

Y si lo acompañan de una buena legislación que amplíe la posibilidad de construir muchas más viviendas, elimine las bochornosas desgravaciones fiscales de las que disfruta el alquiler y limite drásticamente los usos no autorizados, esta idea podría reorientar las “inversiones” que hoy no producen nada en el mercado inmobiliario y dirigirlas hacia sectores productivos. Este pequeño tanto, este tiro bien dirigido, podría resolver el problema de la vivienda.

Por eso me encuentran hoy en esta grada, mordiéndome las uñas, en ese gesto de casi, casi levantar el culo del asiento para celebrar el tanto, entre el miedo a que se quede en nada y la excitación de que podría ser, podría ocurrir que, en el último minuto, en una jugada magistral, ganemos el partido. ¡Vamos, ministro!

En la provincia de Sevilla, La Rinconada ha conseguido por décimo año consecutivo ser distinguido gracias a la contribución que realiza en materia de inversión social. Con más gasto en este ámbito por habitante, el cual ha llegado en 2024 a los 264,94, se proclama “orgullosa” de haber conseguido la categoría de excelencia en el ranquin que publica anualmente la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El órgano independiente creó en 2016 los premios a la excelencia en inversión social basándose en cifras objetivas y perfectamente constatables en las bases de datos del Ministerio de Economía. Así, La Rinconada ha logrado ser parte de la categoría Excelencia dentro del 6,8% de los 404 ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes que hay en el país, seis más que el año pasado. Por contra, hay 45 catalogados como Pobres en este tipo de inversiones, dado que ofrecen cuantías menores a 63,89 euros por habitante, uno menos que en 2022.

Al respecto, el alcalde socialista Javier Fernández declara que este trabajo en pos de una mejora social “nace de un compromiso político que persigue que toda la sociedad pueda avanzar a una adecuada velocidad”. En este sentido, subraya que “hay personas que pueden progresar por sus propios medios y no nos necesitan, pero hay otras con mayores dificultades, que requieren el intervencionismo municipal”.

Aumento de las partidas presupuestarias

Ya en la primera edición de 2015 aparecía La Rinconada entre los municipios de más de 20.000 habitantes que cumplían los criterios establecidos, que eran la suficiencia económica, el incremento presupuestario, el esfuerzo inversor y la transparencia financiera. Un hito que, en la edición de hace dos años, la situó como único municipio reconocido en todas las ediciones, tras salir de la lista Miranda de Ebro.

Ahora, una vez más, vuelve aparecer en la lista, refrendando el compromiso municipal con las políticas sociales. En los datos referidos a 2024, el consistorio invertía 264,94 euros por habitante —25,39 euros más por habitante que hace un año—, destinando a estas partidas más de ocho millones de euros, de los 63,3 millones totales con los que contó el presupuesto en ese año. Además, cabría destacar que en 2025 se ha aprobado una cuantía de 72,3 millones de euros, mientras que para 2026 contará con 77,6 millones.

En total, 27 municipios de España —seis más que el año pasado— consiguen este reconocimiento: dos en Sevilla —a La Rinconada se suma Morón de la Frontera— y un total de 18 en toda Andalucía, convirtiéndose en la comunidad con mayor número de ayuntamientos excelentes, y seguida por la Comunidad Valenciana y el País Vasco, con tres, Cataluña, con dos, y Baleares, con uno. Entre las capitales de provincia presentes, solo hay dos: Barcelona y Bilbao.

“Este es el fruto de un gran trabajo, ya no solamente del Ayuntamiento, sino de todos y cada uno de los colectivos sociales que forman parte del entramado social que tiene hoy por hoy La Rinconada, uno de nuestros grandes orgullos”, manifiesta el regidor. Con ello, asegura que seguirán avanzando en garantizar la igualdad de oportunidades, “sin que nadie se quede atrás”.

Por su parte, la edil de Bienestar Social, Mercedes Bueno, también se refirió al galardón concedido por décimo año consecutivo a La Rinconada: “Esto es un nuevo punto y seguido dentro del trabajo que se lleva a cabo en el municipio”. En este sentido, reconocía que “los vecinos y vecinas que lo necesitan, saben que en el Ayuntamiento tienen una puerta a la que llamar”.

El Ministerio de Economía ha arrancado los preparativos para lanzar una cuenta bancaria con la que los españoles podrán destinar su ahorro a la inversión en el tejido productivo europeo, en la línea de la estrategia para ampliar la autonomía estratégica del continente y avanzar en la aún pendiente Unión de Ahorro e Inversiones en el seno de los Veintisiete.

La cartera que dirige Carlos Cuerpo publicó, a pocas horas de la Navidad, una consulta para recabar la opinión del sector financiero de cara a la puesta en marcha de un producto bancario específico que canalice el ingente ahorro de los españoles (la tasa se sitúa alrededor del 13% de la renta disponible, muy por encima de su valor histórico medio) hacia iniciativas de inversión en el seno de la Unión Europea.

España se convierte así en uno de los alumnos aventajados a la hora de poner en marcha una iniciativa para cumplir con el objetivo fijado por la Comisión Europea para este mandato: conseguir, ahora sí, la llamada Unión de Ahorro e inversiones, una de las patas pendientes del mercado único, junto con la bancaria.

Sin embargo, las divergencias entre los Veintisiete hacen que los avances, si los hay, sean muy lentos y alejan la implantación de las necesarias reformas que recogieron los informes elaborados por los ex primeros ministros italianos Enrico Letta y Mario Draghi. Sin ellas, la competitividad del conjunto de la Unión Europea frente a bloques como Estados Unidos o China queda en entredicho.

Para tratar de avanzar con los países más dispuestos, el ministro Cuerpo puso sobre la mesa europea el llamado Competitiveness Lab (Laboratorio de Competitividad), al que ya se han sumado numerosos Gobiernos europeos. El pasado 30 de junio, siete países (España, Francia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Estonia) acordaron la puesta en marcha de ‘Finance Europe’, una etiqueta conjunta para aquellos productos financieros que invierten en la economía europea.

Y el 30 de septiembre, la Comisión Europea adoptó una recomendación sobre cómo deben ser las cuentas de ahorro que canalicen ese excedente dinerario de los europeos, que ahora languidece en depósitos a plazo con exiguas remuneraciones o, directamente, sin rentabilidad, depreciándose conforme muerde la inflación.

Plazos de inversión, cuotas mínimas, requisitos...

El diablo está en el detalle y, antes de redactar la norma —Economía no precisa el rango, si será una ley o un decreto— que trasponga ambas iniciativas al marco nacional, el Gobierno ha colgado un documento para que patronales, empresas o particulares opinen sobre cómo debería ser este instrumento antes de que el Ejecutivo cierre la letra pequeña del mismo. 

En concreto, Economía cuestiona si es apropiado que se fijen cuantías mínimas de inversión o aportaciones periódicas, si son necesarios umbrales máximos de tenencia de instrumentos financieros o si las cuentas deben estar limitadas a una por persona. En cuanto a la competencia en el sector, el Gobierno inquiere si este producto debería estar limitado a un tipo de entidades, si debería considerarse la prestación transfronteriza del servicio y cuáles tendrían que ser los gastos en comisiones asociados.

El cuestionario es extenso y el Gobierno pide al sector que manifieste qué clase de activos financieros deberían ser convenientes en el marco de esta cuenta de ahorro, cómo determinar los criterios de esa etiqueta ‘Finance Europe’, los plazos de la inversión y aspectos técnicos vinculados a la evaluación de su eficacia o la supervisión de estos instrumentos.

Más dinero para pymes y sacar el ahorro del ladrillo

El Ejecutivo da de plazo hasta el 30 de enero para remitir respuestas. Explica que la norma permitirá “diversificar las fuentes de financiación de las empresas europeas, impulsando su crecimiento, así como modelos de negocio innovadores” y también que los hogares encuentren “oportunidades de inversión atractivas, que permitan mejorar su resiliencia y hacer frente a eventos vitales como la jubilación”.

Además, apunta que un mercado de capitales “mejor integrado, más líquido y profundo” permitirá que fluya más dinero a la doble transición verde y digital y, también, a los nuevos “retos de seguridad y autonomía estratégica”, entre los que se encuentra el incremento del gasto en Defensa.

“España considera la conveniencia de diseñar e implantar una cuenta de ahorro e inversión, atendiendo a la recomendación de la Comisión, y que permita implantar en España la etiqueta ‘Finance Europe’. El objetivo es ofrecer a los hogares un vehículo simple y estable para invertir a largo plazo y, al mismo tiempo, dotar a este producto de un sello europeo común que facilite su identificación, mejore su atractivo y contribuya a movilizar más ahorro hacia la economía europea”, justifica la propuesta normativa del Ministerio.

Los hogares europeos tienen una tasa de ahorro del 14,7% de su renta disponible, por encima de la media histórica. Según los cálculos de la Comisión Europea, recogidos por Economía, aumentar la participación en los mercados de capitales permitiría generar 2.500 millones de euros adicionales de renta y 750.000 millones más de ahorro en diez años.

Si funciona esta cuenta en España, el impacto podría ser notable. Si bien la tasa de ahorro es elevada (13%), el grueso del patrimonio se concentra en ladrillo, en torno al 75%, mientras que el 25% restante es en efectivo o en depósitos de muy baja remuneración.

Más educación y menos barreras para pymes

El ministerio justifica que una de las razones por las que los españoles se decantan en menor medida por el ahorro a través de activos financieros, como la bolsa, es por la “oferta heterogénea de productos”, con características muy diversas cada uno, “lo que añade complejidad a la toma de decisiones”. Así, el proyecto que tiene entre manos el ministro Cuerpo supone “una oportunidad” al crear un “vehículo simple” que, a la vez, permita diversificar y ofrezca un perfil de riesgo y rentabilidad acorde a cada inversor.

El Gobierno cree que la cuenta y la etiqueta europea serán primeros pasos para estimular la inversión productiva, pero reconoce que son necesarias otras reformas que den más dinamismo tanto a la economía española como a la europea. Así, la propuesta apunta que urge “profundizar” en reformas que reduzcan el peso de las pymes en el tejido productivo, haciendo que ganen tamaño. También sería necesario, dice Economía, hacer frente a los retos de las empresas para acceder a los mercados de capitales, así como la fragmentación e incertidumbre regulatoria. En este sentido, el Ejecutivo trabaja en lo que han llamado ‘Régimen 20’ para crear un estándar regulatorio que permita emitir licencias de actividad válidas en todo el territorio para determinados trámites administrativos.

A mayores, el Ministerio de Economía señala la necesidad de mejorar la educación financiera y de la experiencia de usuario, de manera que se cree un entorno más propicio para el desarrollo de la inversión financiera minorista.

El lanzamiento de esta consulta pública es solo el primer paso de un proyecto que, después, tendrá que ser redactado y avalado por el Consejo de Ministros, antes de pasar por una segunda vuelta y ser aprobado, ya como ley o como real decreto.

Los socialistas de La Rioja han analizado este lunes la sitaución de las infraestructuras sociosanitarias y han denunciado lo que consideran la “nefasta gestión del Gobiero del PP” porque La Rioja “tendrá que devolver 14,5 millones de euros comprometidos para infraestructuras de carácter sociosanitario”. Así, ha recordado que a lo largo de la pasada legislatura se dejaron proyectados, iniciados o terminados centro de centros de día en municipios con una captación de fondos de más de 40 millones de euros.

La diputada regional María Somalo ha recordado que en la legislatura anterior el Gobierno de La Rioja “elaboró un plan de infraestructuras financiado principalmente con fondos europeos”. Así, “y tras un intenso trabajo de planificación, dejamos finalizadas las obras del centro de día en Castañares y en construcción los centros de Uruñuela, Arnedo y Calahorra”. Y en fase de proyecto “estaban los centros de Haro, Torrecilla, Villamediana, Aldeanueva y Ezcaray”. Toda esta actuación en centros de día, ha dicho Somalo, “superaba los 40 millones de euros de fondos aportados por el Misterio de Derechos Sociales y Agenda 2030”.

Desidia y falta de gestión

La diputada socialista ha asegurado que en lo que llevamos de presente legislatura “nos hemos encontrado con la desidia, la ineficacia y la falta de gestión del Gobierno de Capellán”. Por lo que respecta al centro de día de Arnedo, las obras “concluyeron en septiembre de 2024, con lo que cumple ya 16 meses sin abrir tras la finalizar su construcción”. 16 meses después, los arnedanos y arnedanas “siguen pasando junto a sus instalaciones y ven como el Ejecutivo del PP no es capaz de ponerlo en marcha”. Por lo que respecta al centro de día para personas mayores de Calahorra, María Somalo ha recordado que “acumula ya 7 meses desde que la obra finalizara y el Gobierno de La Rioja tampoco lo ha abierto”.

La diputada socialista ha asegurado que estos retrasos “o se deben a una enorme torpeza en la gestión del Gobierno de Capellán, o bien a un puro interés político y electoralista que pretenda retrasar las inauguraciones a un periodo lo más cercano posible a las próximas elecciones autonómicas y locales”. Somalo ha exigido al Ejecutivo “la inmediata puesta en marcha de estos centros de día de Arnedo y Calahorra”.

El Gobierno de La Rioja impulsa una novedosa línea de ayudas para garantizar el servicio de bar-cafetería en los municipios de hasta 500 habitantes. El consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, junto al director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León, ha presentado este viernes la nueva Orden de subvenciones para financiar la apertura de nuevos espacios de ocio y convivencia en el medio rural. Esta norma, que se publicará el próximo lunes, día 29, en el Boletín Oficial de La Rioja (BOR), cuenta con una dotación económica de 1.130.000 euros para el año 2026. 

Se trata de una convocatoria de ayudas pionera en la región que pretende ayudar económicamente a los ayuntamientos riojanos de hasta 500 habitantes, así como a las entidades locales menores, a poder realizar obras que supongan la habilitación, reforma, construcción o adaptación de locales públicos para mejorar los servicios básicos, sociales y de ocio, y promover así la sociabilidad de los vecinos.

El objetivo es que todos los municipios de La Rioja, incluidos los más pequeños y las entidades locales menores, cuenten con un servicio de bar-cafetería que es esencial para la vida rural, ya que sirve como punto de encuentro vecinal, lo que ayuda a paliar la soledad y el aislamiento en los pueblos, especialmente de las personas mayores. 

Estas subvenciones reflejan el compromiso firme del Gobierno de La Rioja con la equidad, la sostenibilidad y la lucha contra la despoblación, ya que buscan garantizar que todos los ciudadanos tengan acceso a los servicios básicos, mejorando así la calidad de vida en las zonas rurales más despobladas, y promoviendo el desarrollo local, proporcionando recursos a los municipios más vulnerables. “Esta medida es un hito fundamental dentro del reto de la lucha contra la despoblación por la importancia que tienen este tipo de espacios para la vida cotidiana de los pueblos, así como para el desarrollo de la actividad económica, social y de ocio. Así, el Gobierno de La Rioja sienta las bases, por primera vez en la historia, para permitir una convocatoria de estas características”, ha señalado el consejero.

Podrán ser beneficiarios los municipios con población igual o inferior a 500 habitantes, las entidades locales menores, así como los núcleos de población separados del municipio principal. Cada municipio podrá registrar una única solicitud, aunque los que tengan un núcleo de población separado podrán presentar un máximo de dos.

Se subvencionará hasta el cien por cien de la actuación en los municipios de población igual o inferior a 300 habitantes; el 90 por ciento en los municipios de 301 a 400 habitantes, y el 80 por ciento en los municipios de 401 a 500 habitantes, así como con población superior a 500 habitantes cuando la solicitud se realice para un núcleo de población separado del principal.

Se establece como requisito que el municipio o entidad local menor no disponga de un establecimiento que esté prestando en la actualidad el servicio para el que se solicita la ayuda, independientemente de que sea de titularidad municipal o privada. El servicio, que deberá funcionar un mínimo de 20 horas y 3 días a la semana, estará activo durante al menos cinco años desde la concesión de la ayuda. 

La orden ha establecido tres líneas de ayuda diferentes, con sus respectivos gastos subvencionables:

Serán subvencionables la reforma para la habilitación del espacio de venta, el equipamiento del espacio (como barra, estanterías o mesas), así como la adquisición e instalación de un congelador y un horno para la venta de pan caliente.

Serán subvencionables las intervenciones destinadas a la adaptación del establecimiento a las exigencias legales en materia de instalaciones eléctricas, protección contra incendios, normativa sanitaria y de accesibilidad universal, y cualquier otra que resulte de aplicación. Igualmente, se considerarán subvencionables las actuaciones de renovación de carpinterías (ventanas y puertas), mejoras y adaptaciones en la cocina (equipamiento incluido), trabajos de pintura del local y la sustitución o actualización del mobiliario.

Serán subvencionables el equipamiento, tanto de cocina como de barra, y el mobiliario del local, así como las obras de nueva construcción o de reforma de un local municipal ya existente necesarias para su adaptación al cumplimiento de las exigencias legales vigentes.

Con carácter general se subvencionarán los servicios profesionales vinculados con el proyecto, tales como honorarios técnicos de redacción del proyecto, dirección de obra y seguridad y salud. 

Más plazas y más presupuesto. Son las principales novedades del Plan de Actuacioens del Consorcio para el ejercicio 2026. En cómputos generales, el presupuesto para el CEIS-Rioja será de 9,4 millones de euros para el 2026. El Consejo de Gobierno ha conocido el Plan Anual de Actuaciones 2026 del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil de La Rioja (CEIS-Rioja), aprobado por su Junta de Gobierno. El documento define los objetivos estratégicos del ejercicio, los indicadores de seguimiento, las líneas de actuación operativa, la previsión de recursos humanos y tecnológicos, así como el plan económico-financiero que sustentará la actividad del Consorcio el próximo año.

El Plan 2026 se enmarca en un contexto de refuerzo institucional del CEIS-Rioja tras la consecución de acuerdos relevantes con la representación sindical, que permiten consolidar mejoras organizativas y avanzar en la estabilización y actualización de la plantilla. De cara al próximo ejercicio, el Consorcio incorpora cuatro nuevas plazas, lo que permitirá completar dotaciones de cuatro efectivos por turno en todos los parques de Rioja Alta y Rioja Baja, reforzando así la seguridad, la eficiencia y la capacidad de respuesta ante emergencias.

Asimismo, el CEIS-Rioja contará con un presupuesto de 9.459.650 euros en 2026, lo que supone un incremento del 7,75 por ciento respecto al ejercicio anterior. Este aumento permitirá cubrir el gasto corriente derivado de la ampliación de plantilla y acometer inversiones prioritarias, que permitirá mejorar la actual flota de vehículos, así como obras de mantenimiento y mejoras en los parques y la sustitución progresiva de equipamiento operativo.

El Plan de Actuación 2026 también impulsa la modernización tecnológica, con la consolidación de la herramienta de gestión integral FUOCO, la ampliación del uso de notificaciones electrónicas, la mejora de los sistemas de radiocomunicación digital (DMR) y la actualización de los puntos de interés.

En materia de calidad y gestión, el documento contempla la continuidad del sistema basado en la certificación ISO 9001 y el mantenimiento del modelo EFQM, reforzando el compromiso del CEIS-Rioja con la mejora continua, la eficiencia y la excelencia en el servicio público que presta al conjunto de la ciudadanía riojana.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado este jueves por la tarde una inversión de 3.000 millones de euros y la creación de unos 300 empleos por las empresas que van a instalarse en el nuevo polígono Zamora Norte, en el término municipal de Monfarracinos.

La nueva zona de suelo industrial del alfoz de Zamora, de la que se han iniciado las obras de construcción, iban a tener inicialmente 90 hectáreas, pero al estar ocupadas ya en un 80 % se van a ampliar hasta 138 hectáreas, según el protocolo de ampliación suscrito por Fernández Mañueco y el alcalde de Monfarracinos, Manuel Martín.

El presidente autonómico ha anunciado que en el nuevo polígono que promueve la administración autonómica a través de la empresa pública Somacyl ya está confirmado el asentamiento de empresas vinculadas con el sector de las energías renovables y una que albergará un centro de tratamiento de datos.

Esos proyectos “superan los tres mil millones de inversión y prevén generar 300 empleos”, ha subrayado Fernández Mañueco, que ha citado entre ellos los de las empresas Reolum, Edison next o Ignis a los que se suman otros como los de FRV o leñas José Sánchez.

Son actividades que necesitan grandes superficies de terreno y para ello la inversión autonómica en el nuevo polígono prevista inicialmente de cerca de once millones se elevará en siete millones más para desarrollar el nuevo sector del que se ha firmado el protocolo.

Con ello se busca consolidar Monfarracinos y el entorno de la capital zamorana como una “pujante área industrial que quiere multiplicar la capacidad de atracción de proyectos modernos, punteros y que traigan empleo de calidad para esta tierra”, ha subrayado.

El nuevo polígono Zamora Norte pretende ser un emplazamiento estratégico, con servicios de vanguardia, tecnologías de última generación y acceso directo a energías limpias y suelo bonificado, ha agregado Fernández Mañueco.

Ha enmarcado esta actuación en los 125 millones de euros de inversión en las cerca de 1.400 nuevas hectáreas de suelo industrial que impulsa la Junta en Castilla y León, ya que es “fundamental construir en todo el territorio de Castilla y León suelo industrial para que se puedan instalar empresas”.

El presidente autonómico ha pedido al Gobierno de España “corresponsabilidad” y le ha exigido que en la nueva planificación energética que se elabora actualmente garantice el suministro con energías renovables a esos polígonos, ya que los proyectos que van a asentarse “necesitan la energía renovable” que se produce en Castilla y León, que es líder en ese tipo de energía. 

El Gobierno de La Rioja destinará más de 9 millones de euros para mejorar la cualificación profesional de trabajadores y desempleados y favorecer su empleabilidad. El viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, y el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, han presentado este jueves las distintas convocatorias de subvenciones y licitaciones públicas destinadas a la impartición de formación gratuita para la población activa, ocupada o en situación de desempleo, durante el próximo año 2026, por un importe total de 9.095.000 euros.

A través de estas iniciativas formativas se busca “mejorar la cualificación profesional de las personas, favoreciendo la inserción laboral de las personas desempleadas y la especialización de los trabajadores en activo”, a través de la adquisición de nuevos conocimientos y el reciclaje en nuevas áreas laborales, ha subrayado Fernández.

El objetivo de estas convocatorias es, por una parte, “impulsar el desarrollo de programas formativos que sean atractivos y se adapten a las necesidades de los desempleados”, sin olvidar a los trabajadores en activo, para los que también “es esencial la formación y su actualización para mejorar la empleabilidad y potenciar la innovación en las empresas”, ha declarado Fernández. 

En materia de subvenciones, ha detallado que la Consejería de Educación y Empleo destinará el próximo año un total de 7.095.000 euros dirigidas prioritariamente a personas en situación de desempleo, a través de las siguientes convocatorias y convenios:

Respecto a las licitaciones públicas, el director general de Formación Profesional, Daniel Marín, ha avanzado que se destinarán dos millones de euros para la formalización de los siguientes contratos: 

Por otra parte, Marín, ha anunciado además que a lo largo de este mes de diciembre se adjudicará un contrato de ‘Formación para la inserción laboral de personas jóvenes beneficiarias del sistema de garantía juvenil’ por importe de 2.339.000 euros. A través de este contrato, los jóvenes menores de 30 años podrán beneficiarse de un servicio que incluye sesiones formativas individuales y grupales, y de una oferta de formación técnica referida a especialidades de varias familias profesionales, para “mejorar la inserción laboral”. 

Casi 300 cursos con más de 3.000 participantes en 2024

Durante el pasado año, la Consejería de Educación y Empleo promovió 278 acciones formativas en las que participaron un total de 3.131 personas, de los que el 79,24% se encontraba en situación de desempleo y el 20,76% en activo. Por sexo, el 44,30% fueron hombres y el 55,70% restante, mujeres. 

Entre los cursos con mayor demanda, el viceconsejero de Educación, Universidades y Formación Profesional, Miguel Ángel Fernández, ha nombrado ‘Atención sociosanitaria a personas dependientes’, ‘Operaciones auxiliares de servicios administrativos’ y ‘Actividades auxiliares de almacén’, lo que refleja un interés creciente por formaciones vinculadas al cuidado de las personas, la gestión administrativa y la logística.

También ha declarado que tienen notable acogida los cursos de idiomas que responden a la necesidad de mejorar la competencia lingüística en contextos laborales y el de ‘Técnicas básicas de primeros auxilios’, clave para adquirir conocimientos útiles en situaciones de emergencia. 

No obstante, la oferta formativa es muy amplia e incorpora múltiples áreas profesionales como Agricultura y jardinera; Construcción; Cocina y restauración; Electricidad y electrónica; Electromecánica de vehículos; Frío y climatización; Gestión comercial; Marketing y relaciones públicas; Montaje y mantenimiento de instalaciones; Panadería y Pastelería; y Soldadura, entre otros muchos.

Toda esta oferta formativa se puede consultar en el buscador de cursos habilitado en la página web del Gobierno de La Rioja, en el apartado de Formación Profesional para el Empleo. 

Nuevos canales de comunicación en FormaEmpleoRioja

Con el objetivo de acercar la formación gratuita y de calidad a un mayor número de personas, la Consejería de Educación y Empleo, bajo la denominación FormaEmpleoRioja, ha abierto nuevos canales de comunicación a través de Whatsapp y las redes sociales Instagram y TikTok, que son los más utilizados por el público objetivo de estos cursos, que accede habitualmente a la información a través del móvil. 

A través de estos canales, ha comentado Fernández, “se ofrece información actualizada de todas las ofertas formativas y de las distintas iniciativas en esta materia que desarrolla la Consejería de Educación y Empleo”. De esta manera, se facilita la accesibilidad a la oferta formativa, se garantiza una difusión más rápida de los nuevos cursos y se establece un vínculo más cercano con los usuarios, que pueden conocer de primera mano cuáles son las acciones formativas y sus salidas laborales.