El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años y con un estado de salud deteriorado, ha sido citado a declarar como acusado de forma presencial el próximo lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Así lo ha dispuesto el tribunal que juzga el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante décadas.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal acuerda que el próximo lunes a las 10:00h. se inicien las declaraciones de los acusados con la del expresident, quien deberá comparecer “personalmente” ante el tribunal media hora antes para ser reconocido por un médico forense. Pujol podrá aportar los informes médicos que considere, agregan los magistrados.

El estado de salud del expresident sobrevuela el caso desde el inicio del juicio el pasado mes de noviembre. Entonces Pujol, todavía convaleciente de una neumonía que lo mantuvo ingresado en el hospital, compareció por videoconferencia desde casa la primera jornada de juicio, aunque no hay constancia de que se haya conectado el resto de sesiones.

Los magistrados, para sorpresa general, decidieron que Pujol siguiera como acusado pese al informe del forense de los juzgados de Barcelona que evaluó al expresident y determinó que padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

El trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre el expresident, indicaron los forenses, es “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. Aplicado al juicio, los médicos entendieron que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral “ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

El tribunal indicó que se volvería a evaluar su estado de salud, en especial “en el momento en que tuviera que tener participación activa” en la vista, eso es, su declaración como acusado. Y ese momento ha llegado: los jueces determinan que Pujol tenga que comparecer físicamente y no de forma telemática, y que antes de declarar sea visitado por un médico.

El expresident dijo en noviembre al tribunal que estaba a su disposición, aunque no se encontraba bien. “Haré lo que pueda”, agregó a preguntas de si podría seguir el juicio. Con su mantenimiento en la vista, el expresident sigue enfrentándose a los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que la Fiscalía le solicita nueve años de cárcel.

El tribunal también ha dispuesto que un médico forense permanezca en la sala “durante todo el tiempo que dure la declaración” de Pujol, así como que comparezca un intérprete de catalán en caso de que alguno de los acusados quiera ejercer su derecho a declarar en esta lengua.

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

Ni fraude fiscal ni trabajos falsos. Los peritos contratados por los Pujol han rebatido a los inspectores de Hacienda y han defendido que los pagos millonarios que el primogénito de la familia recibió de empresarios correspondían a servicios reales, aunque se han visto acorralados por la Abogacía del Estado y han llegado a concluir que una mordida fruto de la corrupción se puede declarar como “actividad económica”.

Ante la Audiencia Nacional ha proseguido este miércoles el juicio a la familia Pujol con una nueva jornada de declaración de peritos clave para la acusación de fraude fiscal a la que se enfrentan Jordi y Josep Pujol Ferrusola. Se confrontan dos tesis: la Oficia Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) mantiene que Jordi Pujol Ferrusola defraudó a Hacienda al tributar a través de sus sociedades cantidades que debería haber incluido en su declaración de IRPF. Por contra, los peritos de la defensa alegan que no hubo defraudación alguna que rebasara el Código Penal.

Un debate tedioso como el tributario se ha encendido gracias al abogado del Estado José Ignacio Ocio, que representa a la Agencia Tributaria. A diferencia de la Fiscalía, que acusa a toda la familia de asociación ilícita y blanqueo de capitales, Hacienda se centra en los delitos fiscales de dos de los hijos (y no acusa al expresident y el resto de hermanos).

Los peritos de los Pujol, los abogados y profesores de universidad Luis Manuel Alonso González y Jorge Pérez García, han planteado al tribunal una tesis alternativa a la de la acusación. Según ambos expertos, el hecho de que existan los pagos a Pujol Ferrusola determina la veracidad de los servicios de intermediación prestados por el primogénito a varias empresas, por los que cobró 14 millones en ocho años.

Por el contrario, las acusaciones sostienen que parte de esos trabajos son falsos, ya que no constan facturas o contratos de los mismos, y que los pagos responden a querer ganarse la influencia política de la familia. Los peritos de Pujol han defendido su tesis, aunque han admitido que los trabajos de Pujol Ferrusola no siempre eran los mejores, desde al punto de vista formal.

“A veces hay e-mails, a veces no, otras veces hay contrato y otras no. Por eso buscamos una idea general: como hay pago, hay servicio, y el pago ha tributado en sociedades”, ha argumentado Pérez. El perito ha resaltado que la existencia de una factura no implica que el servicio se terminara prestando, y que lo fundamental son los pagos de las empresas.

El contrainterrogatorio del abogado del Estado ha logrado poner contra las cuerdas la tesis de los peritos de la defensa. José Ignacio Ocio ha preguntado si el pago de una mordida a Jordi Pujol Ferrusola podría tributar, y ha recibido una respuesta sorprendente de Pérez y Alonso: “Es una hipótesis, pero igualmente sería actividad económica”.

“¿Usted me está diciendo que ingresos como una mordida de corrupción son una actividad económica que tiene que tributar como el IRPF?”, ha inquirido Ocio, a lo que los peritos han insistido en que “la prestación de servicios siempre lleva calificada la naturaleza de actividad profesional”.

Los expertos de la defensa de los Pujol han remarcado que el primogénito nunca escondió a Hacienda los pagos millonarios que recibía de las empresas, porque lo declaraba todo en el Impuesto de Sociedades. Y han negado que hubiera “ocultación de rentas”, como mantiene Hacienda, porque no los declarara en el IRPF. “Lo que hace nacer la ganancia de patrimonio no justificado es la ocultación, y ocultación no hay”, ha concluido Pérez.

Otro perito de la defensa, Sebastián Piedra, ha aducido que el trabajo de Pujol Ferrusola consistía en un “servicio personalísimo”, lo que explica la falta de medios materiales en las empresas con las que el acusado facturaba los trabajos y de soporte documental que los acreditara.

Según el perito, los servicios prestados por Pujol Júnior se basaban en un elemento de “extraordinario valor pero intangible, una red de contactos y de información”, y para ese perfil de actividad “no suelen existir contratos previos”. La prueba de que era una prestación real, ha añadido, es que las empresas “ejecutaron el negocio” para el que lo habían contratado. “Hay indicios de que los servicios sí se han realizado. Han tenido éxito las operaciones. Si se paga, es que el que paga ha reconocido el servicio”, ha remachado Pérez.

El juicio a la familia Pujol Ferrusola encara su recta final con la comparecencia de los peritos. La sorpresa ha saltado este martes con el currículum de dos de los expertos propuestos por la defensa del empresario Josep Cornadó para defender los pagos de la constructora Copisa a Jordi Pujol Ferrusola. De entre todos los peritos a elegir, han comparecido ante el tribunal Manuel de Vicente Tutor y Francisco Piedras, inspectores de Hacienda en excedencia e imputados en el caso Montoro.

El juez de Tarragona que también mantiene investigado al exministro de Hacienda describe a Tutor y Piedras, que siguieron a Montoro tanto en su despacho privado Equipo Económico como en el Ministerio, como receptores de pagos de empresas gasistas para obtener “modificaciones legislativas favorables”. Para ello, ambos “habrían utilizado sus influencias en el Ministerio de Hacienda”, agrega el instructor.

Este martes, Tutor y Piedras han comparecido como peritos en el caso Pujol a propuesta del exresponsable de la constructora Copisa. Según la Fiscalía, la empresa pagó 2,5 millones en comisiones al hijo mayor del expresident por supuestos servicios de asesoramiento e intermediación en operaciones inmobiliarias, de los que, sin embargo, para Anticorrupción no constan documentos que los demuestren.

Ni Tutor ni Piedras han detallado al tribunal que han formado parte del despacho del exministro de Hacienda. Piedras sí ha contado que fue director del gabinete técnico del Ministerio y que lleva 20 años como “consultor”. Tutor ha indicado que lleva 18 años en excedencia de su plaza de inspector de Hacienda y que ha realizado varios peritajes en causas judiciales.

Según Tutor, el dinero que recibió Pujol de Copisa forma parte de “las prácticas de mercado existentes”. Ambos peritos han instruido al tribunal sobre el papel de los intermediarios en lo que ha sido una clase sobre la evolución del capitalismo en España. Y han destacado que su pericia era “de carácter teórico”.

De Tutor ha remarcado que en España, con datos de 2019, había 166.000 personas dedicadas a la intermediación comercial, un trabajo, que, según su pericia, se puede llevar a cabo de forma unipersonal “con un teléfono”.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha logrado acorralar al perito al preguntarle por los distintos ámbitos (una refinería, un parque de placas fotovoltaicas, inmobiliario, financiero) por los que Pujol Ferrusola recibió pagos de Copisa. “¿Se puede ser experto en todo eso?”, ha inquirido el fiscal. “Lo importante es la agenda, no es necesario ser ingeniero”, ha respondido Tutor.

Más allá de las eventuales responsabilidades penales, tanto Jordi Pujol Ferrusola como Equipo Económico compartían una gran cantidad de contactos, tal y como han constatado los respectivos casos.

La descripción de Piedras de la labor del intermediario ha sido canónica: “El profesional que se dedica a poner en contacto a vendedor y comprador para un negocio que aporte valor a ambas partes”. En especial, ha agregado el perito, en “mercados donde existe asimetría de información”, esto es, donde el negocio no aparece en boletines oficiales, como sí pasa en una licitación pública.

Así ocurre, ha ahondado Piedras, en el mercado de la construcción en el que se establecieron las relaciones comerciales entre Pujol Ferrusola y Copisa. De Tutor también ha explicado que los márgenes de remuneración de los intermediarios, según parámetros de la OCDE citados por el perito, son de entre el 2 y el 5% de las operaciones. Los pagos recibidos por Pujol están dentro de estos márgenes, ha agregado.

Ambos peritos también han justificado el punto que más ha atacado el fiscal: la falta de documentación (contratos, correos electrónicos) de las labores de documentación. “Depende de la confianza que exista entre intermediario y la empresa es posible que no exista documentación”, ha valorado Piedras. Así funciona el mundo de los negocios, según dos imputados del caso Montoro.

Una de las inspectoras de Hacienda que analizó la contabilidad de las empresas del primogénito del expresident de la Generalitat ha concluido que el año 2008, uno de los que forman parte de la acusación por fraude fiscal contra Jordi Pujol Ferrusola, ya está prescrito.

Así lo ha manifestado una inspectora de la Agencia Tributaria en el juicio que celebra la Audiencia Nacional al expresident Jordi Pujol, a siete hijos, a Mercè Gironés, exesposa del primogénito, y a ocho empresarios por supuestos delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda Pública.

La perito ha indicado que con los datos que entonces tenían establecieron que en 2008 Pujol Ferrusola, como persona física, eludió a Hacienda una cuota a pagar de 89.244 euros, Imisa 55.162 y Project Marketing 4.375, pero estimaron que a efectos penales las deudas de este año habían prescrito.

La inspectora de Hacienda analizó las obligaciones tributarias de las empresas de Jordi Pujol Ferrusola Iniciatives Marketing i Inversions S.A. (IMISA) y Project Marketing entre los años 2008 y 2011.

En la jornada de este lunes, han declarado cuatro inspectores de Hacienda de la Delegación de Catalunya de la Agencia Tributaria, pero no serán los únicos peritos del fisco en testificar: el tribunal también oirá peritos de la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), una unidad de la Agencia Tributaria (AEAT), que también participó de la investigación del caso Pujol.

Hacienda dudó de si facturas que emitieron empresas de Jordi Pujol Ferrusola correspondían a servicios reales de asesoramiento e intermediación con empresarios acusados de pagarle supuestamente para cooperar en el blanqueo de la fortuna oculta de su familia en Andorra.

En su declaración, los peritos han señalado que detectaron ingresos que figuraban en las cuentas de estas empresas que en realidad debían corresponder a Jordi Pujol Ferrusola, a efectos del impuesto de la renta de las personas físicas (IRPF), ya que eran servicios que prestaba con “carácter personalísimo”.

Ha hecho referencia a diversas facturas emitidas por las sociedades de Jordi Pujol Ferrusola pagadas por empresas investigadas como Copisa e Isolux por servicios de intermediación y asesoramiento en diferentes oportunidades de negocio.

En concreto, ha puesto como ejemplos su mediación en operaciones de compraventa de un club de golf en Ronda (Málaga), la ampliación de la refinería del puerto de Cartagena (Murcia), un proyecto de plantas solares en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y otros para introducir empresas en diversos países como el de una planta de residuos en México o de instalaciones eléctricas en Gabón.

La Fiscalía mantiene que los pagos de estos empresarios a la familia Pujol eran producto del favorecimiento a los mismos para que resultaran adjudicatarios de concursos de la administración pública catalana.

La inspectora ha dicho que requirieron documentación a las empresas de Pujol Ferrusola, como actas de reuniones, correos electrónicos o contratos, que acreditara que el concepto de servicios de asesoramiento e intermediación que se ponía en las facturas que emitían era real.

Ha añadido que sin embargo “no se aportó” nada y tan solo tuvieron algunos documentos, como contratos, que entregaron las empresas que pagaban, como las mencionadas Isolux o Copisa.

Esto unido a que las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès solo tenían una persona empleada que compartían con una única oficina hicieron que sospechara de esos pagos.

Pero la inspectora ha aclarado que cuando realizó su informe en 2015 tenían la confirmación de las empresas pagadoras de que los mismos se llevaron a cabo y nada en concreto que lo desmintiera pues aún no había avanzado la investigación judicial y desconocían que representantes de sociedades que participaron en algunos de esos proyectos desmienten que Pujol Ferrusola intermediara en los mismos.

Ha reconocido que le pareció extraño que Pujol Ferrusola llegara a cobrar más de un millón de euros por intermediar y asesorar en algún proyecto, pero ha añadido: “Si nadie me aporta algo que demostrara que esa operación no era real, para mí era válida, y si alguien hubiera dicho otra cosa, habríamos adoptado otro criterio”.

Ha añadido que en los siguientes ejercicios en su propuesta de liquidación la cuota resultante a pagar para Pujol Ferrusola fue de 135.951 para 2009, 19.137 para 2010 y 16.232 para 2011; para IMISA 45.655, 113.824 y 70.092, respectivamente, mientras que para Project Marketing le salía a devolver 38.468 en 2009 y 887 en 2010, quedando 2011 en cero.

En su escrito de acusación el fiscal, teniendo en cuenta todos los informes periciales y la investigación policial, señala que Pujol Ferrusola dejó de ingresar a Hacienda 554.198 euros en el ejercicio de 2007, 1.358.428 en 2008, 1.727.183 en 2009, 2.122.454 en 2010 y 836.236 en 2012, para un total de 6.598.799 euros.

Uno de los grandes de las letras catalanas, Josep Maria de Sagarra, narró en Vida Privada los secretos inconfesables de la burguesía barcelonesa del primer tercio del siglo XX. Con su magistral ironía, Sagarra dejó retratada la doble moral de los prohombres que acudían puntuales a misa de ocho tras una noche de descontrol en el barrio chino.

El juicio a la familia Pujol ha vivido una semana sagarraniana que ensombrece el legado ético del hombre que presidió Catalunya durante 23 años, pero que —con permiso de la valoración del tribunal— lo acerca a una absolución. Es una situación que a veces ocurre en los juicios: el acusado se puede salvar de una condena, aunque difícilmente se consigue que su nombre salga sin mácula.

El encargado de dar un espaldarazo penal a Jordi Pujol ha sido un personaje de novela. Josep Maria Pallerola, gestor de las cuentas de la familia en Andorra en los 90 y a quien toda España conoce como el mossèn (cura en castellano).

Así se refería a él Marta Ferrusola en una nota manuscrita de 1995 que pasará a la historia, en la que la entonces primera dama de la Generalitat se presentaba como “madre superiora de la congregación” y pedía a mossèn Pallerola el traspaso de “dos misales” al capellán de la parroquia. Sorprendentemente, el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo no insistió a Pallerola por esta carta, aunque es uno de los elementos clave para sustentar su acusación de asociación ilícita contra la familia.

El gestor contó al tribunal el origen de su mote. Se lo puso Jordi Pujol Ferrusola porque, según le confesó el primogénito años después, la primera vez que lo vio pensó que tenía “cara de cura”. Pallerola ha sido uno de los grandes testigos del juicio —y como casi todos, ha dado la sensación que sabe mucho más de lo que le han preguntado—.

Como en la Vida Privada de Sagarra, el juicio a los Pujol es el retrato crudo de una época de la burguesía local: los últimos años del siglo XX y los primeros del siglo XXI, cuando entre las clases adineradas era habitual mantener a buen recaudo en Andorra un dinero que se subía en efectivo desde Catalunya.

El retrato deviene más problemático cuando una de esas familias con dinero oculto en el principado era la de quien por entonces era la primera autoridad de Catalunya. Y si encima presumía de que nadie le podía dar lecciones de moral, confundía su partido y su persona con el país y se dedicaba a predicar valores cristianos y de austeridad a los catalanes, el cóctel es explosivo en el plano ético —que es y debe ser distinto del plano penal—.

Un pasaje del testimonio de Pallerola sirve para ilustrar la paradoja de salvarse en un juicio pero quedar fatal en los libros de historia (que es lo que Jordi Pujol quiere evitar a toda costa). Es el que trata sobre la cuenta 63810.

La cuenta 63810 es importante y no había aparecido en todo el juicio. Tampoco ningún testigo que incrimine al expresident, obligado por la Audiencia Nacional a sentarse en el banquillo pese a sus problemas de salud. A decir verdad, apenas se le había mencionado a lo largo de más de 20 sesiones.

Hacienda cifró en 885.651 euros el fraude fiscal del expresident por los fondos de esa cuenta, que fue vaciada mediante reintegros en efectivo, pero lo consideró prescrito. La cuenta estaba atribuida a Jordi Pujol porque un documento manuscrito del propio expresident del año 2001 asumía ser el titular de los 307 millones de las antiguas pesetas que había en ella. Además, en otra carta, el primogénito decía al banco que el “real propietario” de la misma era su padre.

Pero en realidad no era así, según detalló Pallerola. El testigo avaló que el titular de ese dinero era Jordi Pujol Ferrusola, quien involucró a su padre en una treta para que lo asumiera como suyo y evitar así tener que repartirse los millones que contenía con su exesposa, Mercè Gironès, durante su divorcio. “He conseguido que mi padre me salve”, contó Pallerola que le había dicho Júnior.

Respecto al manuscrito en que Pujol designaba a su esposa como heredera de esos 307 millones en caso de fallecimiento, Pallerola apuntó que era una de esas “cartas” que los clientes de bancos andorranos solían hacer para especificar unas últimas voluntades fuera del testamento oficial.

“En Andorra era fácil que la gente te dijera, sin testamento, a quién tenías que entregar el dinero, pero había líos, porque algunas eran amantes, otras no...”, relató Pallerola, socarrón.

A diferencia de sus hermanos, que subían a Andorra una vez al año para ver el estado de sus fondos, Jordi Pujol Ferrusola hizo multitud de ingresos en efectivo en “bolsas, mochilas, un poco de todo”. “En aquellos tiempos era normal, lo único que mirábamos es que no fuera dinero de la droga, de armas o de terrorismo”, admitió Pallerola. Cosas de Andorra y de los felices 90. Sagarra hubiera disfrutado.

Primer testigo en el juicio a la familia Pujol que avala que la fortuna oculta proviene de una herencia. El gestor andorrano de la familia, Josep Maria Pallerola, ha respaldado la tesis de la defensa y ha asegurado que el primogénito del expresident, Jordi Pujol Ferrusola, le dijo, en el momento de abrir sus cuentas, que los “100 y pico millones” de pesetas que aportó en efectivo provenían “de la herencia del abuelo”.

En el juicio a la familia del expresident se enfrentan dos versiones: la Fiscalía Anticorrupción cree que el dinero oculto en el principado está vinculado a la corrupción pujolista, mientras que Pujol, como ya hiciera en su confesión en 2014, asegura que se trata de una herencia oculta que su padre dejó a sus nietos, pero que al estar vinculada a sus ganancias con las divisas durante el franquismo no figura en el testamento oficial de Florenci Pujol Bragulat.

Como en todo juicio, es la acusación la que tiene que probar su tesis. A la defensa le basta con que el tribunal albergue una duda sobre lo planteado por Anticorrupción. En otras palabras: la familia Pujol no debe aportar que la fortuna oculta es una herencia. Pero con, Pallerola, un testigo de relevancia en este juicio, la defensa ha logrado un buen respaldo a su alegato.

Pallerola es importante porque fue el gestor andorrano de los Pujol desde que la familia abriera sus cuentas en Andbank a principios de los 90 hasta el año 2001. Además de dar una respuesta sobre el origen de la fortuna bajo obligación de decir la verdad, el gestor también ha respaldado la tesis de la defensa porque ha aislado a Jordi Pujol Ferrusola del resto de sus hermanos.

Las acusaciones mantienen que toda la familia Pujol actuó de forma orquestada para amasar una fortuna de origen corrupto. Las defensas separan con claridad al expresident y a seis de sus hijos de la cuantiosa y lucrativa actividad empresarial del primogénito, que era también quien gestionaba, al principio, el dinero familiar en Andorra. Así al menos lo ha detallado Pallerola.

Poco después de abrise las cuentas, sin embargo, Pallerola ha explicado que vinieron el resto de hermanos y la mujer de Pujol, la ya fallecida Marta Ferrusola, para “arreglar todos los contratos y firmar todo”. Esto es, que cada miembro de la familia tenía su cuenta. “Cada uno llevaba sus cuentas”, ha enfatizado Pallerola.

Así, mientras Jordi Pujol Ferrusola subía a Andorra “a menudo” y se pasaba por el banco a ingresar dinero en efectivo, el resto de hermanos lo hacía tan solo una vez al año. Algunos decidían invertir en productos financieros y otros no, pero lo relevante es que, de lo declarado por Pallerola, no se desprende un concierto de voluntades entre los hermanos para seguir enriqueciéndose. Más bien que Júnior era un temerario financiero gracias a su apellido, y que los otros hermanos eran más conservadores.

Jordi Pujol Ferrusola, según el testigo, le traía el dinero en “bolsas, mochilas, un poco de todo”. “En aquellos tiempos era normal, lo único que mirábamos es que no fuera dinero de la droga, de armas o de terrorismo”, ha reconocido.

Cierco envió documentación a la Fiscalía

En la sesión de este miércoles ha declarado también Celestino Barroso, en 2014 agregado del Ministerio de Interior en Andorra y que, como hicieron el resto de agentes de la brigada polític del PP, ha ofrecido al tribunal una ceremonia de la confusión sobre las presiones a los exdirectivos de la Banca Privada de Andorra (BPA) para que facilitaran información sobre los Pujol.

Barroso se limitó a transmitir “un mensaje” a Higini Cierco, propietario del BPA, por encargo del comisario de la Brigada Provincial de Información (BPI) de Barcelona, Pedro Esteban. En concreto, debía proponerle una reunión con “un tal Félix Rodríguez” -cuya identidad ha dicho desconocer, aunque corresponde al exjefe de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas- porque, según le dijeron, el Banco de Madrid, filial del BPA en España, “tenía problemas y podían ayudarle a solucionarlos”.

También ha testificado Higini Cierco, accionista mayoritario junto a su hermano del BPA, donde los Pujol trasladaron su fortuna en 2010, quien ha denunciado que fue “coaccionado” por la brigada política del PP para que facilitara datos bancarios de la familia, del expresident Artur Mas y del líder de ERC Oriol Junqueras.

Cierco ha negado que filtrara a los policías corruptos los datos bancarios de los Pujol que terminaron en 2014 en la portada de El Mundo, aunque sí ha admitido que, por iniciativa propia, colaboró con la Fiscalía Anticorrupción en 2017, cuando recibió en el buzón “una documentación muy antigua” sobre dos supuestas cuentas de la familia Pujol en Banca Reig. Tras recomendárselo su abogado, ha contado que mantuvo una reunión con los fiscales anticorrupción Belén Suárez y Manuel Moix, a los que entregó la documentación. “Y ahí acabó todo”, ha agregado.

Y llegó el dinero andorrano. La familia Pujol ingresó en cuentas en Andorra casi 5.000 millones de las antiguas pesetas (equivalentes a 30 millones de euros) “de origen desconocido” entre los años 1992 y 2004, según ha explicado ante la Audiencia Nacional uno de los inspectores de la UDEF de la Policía Nacional que analizó los fondos ocultos.

El juicio a la familia Pujol se ha retomado este lunes con la testifical del segundo miembro de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Con mayor claridad y menos conflicto que su jefe, el agente ha desgranado los detalles del análisis que efectuó en las cuentas Josep Pujol Ferrusola en las entidades andorranas Andbank y BPA.

El agente ha explicado que la familia ingresó en efectivo en ocho años casi 5.000 millones de pesetas, si se incluyen los movimientos bancarios de todos los hermanos. El “origen desconocido” de los fondos que ha admitido el agente no logra dilucidar la principal pregunta de este juicio: ¿De dónde proviene el dinero que la familia del expresident mantuvo oculta en el principado durante buena parte de su etapa en la Generalitat?

La Fiscalía Anticorrupción cree que el dinero procede de comisiones ilegales pagadas por empresarios, mientras que la defensa lo atribuye a una herencia oculta del padre del expresident, Florenci Pujol, vinculada a sus negocios con divisas durante el franquismo.

Ha sido la mayor aproximación hasta ahora en el gran reverso de los 23 años de Pujol al frente de la Generalitat: las cuentas que su familia mantuvo sin declarar a Hacienda durante casi la mitad de sus años en la plaza Sant Jaume. Esta semana declararán los gestores andorranos del dinero de los Pujol.

Hasta este lunes, el juicio había girado casi por completo alrededor de los negocios del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, de quien el jefe de la investigación de la UDEF ha vuelto a destacar el “dominio fáctico” de las instituciones, incluidas las que no estaban governadas por Convergència, para obtener contratos públicos. Las defensas rebaten esta tesis ya que la mayor parte de los contratos públicos sospechosos fueron otorgados por el gobierno de izquierdas de la Generalitat o ayuntamientos gobernados por el PSC.

El agente también ha involucrado a otro hermano, Josep Pujol Ferrusola, en una operación corrupta de una empresa de helicópteros con la Generalitat, si bien ha admitido, a preguntas del abogado Jaime Campaner, que el recurso de la empresa de la competencia fue desestimado por un tribunal.

Más allá de lo que decida el tribunal, el agente ha detallado la documentación bancaria obtenida en la comisión rogatoria judicial en Andorra comparando ingresos entre los hermanos Josep, Jordi, Oriol, Oleguer, Pere y Mireia y Marta Ferrusola.

Respecto a la cuenta de Andbank en la que figura como titular Josep Pujol, ha explicado que se estructuraba en cuatro subcuentas, una en pesetas, otra de tránsito para convertir pesetas en diferentes monedas, otra en euros y otra en dólares americanos. Analizó sus movimientos entre 1992 y 2010.

El testigo ha concretado que desde 1993 hasta el año 2000 se detectaron en esta cuenta 25 ingresos en efectivo que estarían rondando los 204 millones de pesetas aparentemente de origen desconocido. “Se reveló una coordinación para poder ingresar dinero de forma sistemática en las cuentas andorranas”, ha manifestado el agente.

En total, ha explicado, los papeles obtenidos con aval judicial reflejan 18 apuntes de 18 fechas desde 1995 a 2003 en los que se observa que hay ingresos en efectivo de todos por más de 1.200 millones de pesetas. Y ha añadido que Josep Pujol Ferrusola recibió ocho transferencias de sus hermanos por un importe de unos 25 millones de euros, fundamentalmente de Jordi entre 1995 y 2000, periodo en el que también se detectaron más transferencias entre ellos.

Además, Josep Pujol realizó 14 transferencias a sus hermanos por un importe total de unos 48 millones de pesetas, fundamentalmente a Jordi y a Oriol (la última en 1999). El testigo ha explicado que el 25 por ciento de los ingresos en efectivo en la subcuenta de pesetas eran destinados a inversiones financieras, un 55 por ciento a compraventa de moneda, y un 10 por ciento a depósitos a plazo fijo.

Ha sido la semana de los policías en el juicio a los Pujol. Por motivos distintos, no han quedado en muy buen lugar. Los focos estaban puestos en los integrantes de la brigada política del PP, aunque el verdadero testigo clave del caso era el inspector jefe 89140. Él es quien firma los atestados en los que se sustenta la acusación de la Fiscalía. Las defensas, en especial la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, lograron restarle mucha credibilidad, aunque se autoboicoteó nada más empezar.

El inspector dijo sentir “animadversión personal” hacia los Pujol. Siendo el investigador principal del caso, fue una muestra de torpeza infrecuente en un juicio. Luego matizó que no le caía mal la familia sino sus abogados, porque le denunciaron. La historia de los Pujol con el inspector jefe 89140 venía de antiguo.

El mando de la UDEF se salvó en el tiempo de descuento de ir a juicio por el caso del 'pendrive' —la única condena por la Operación Catalunya— con el que la brigada política del PP intentó adulterar el caso Pujol.

El inspector fue el receptor de la información obtenida de forma ilegal por el exjefe de la Policía Eugenio Pino, y que el juez José de la Mata sacó del caso —salvándolo así de su nulidad total—. El juez de Madrid que lo investigaba terminó archivando la causa para él.

Con firmeza cuando tocaba, y con mucha paciencia en general, el magistrado José Ricardo de Prada logró que la vista no se descontrolara pese a la incendiaria declaración inicial del inspector. El magistrado constató que lo que había expresado el testigo era un “malestar” por la denuncia de los Pujol. Una forma de dar a entender a las defensas que no hacía falta que insistieran. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, lo pilló y evitó preguntar por ello.

Martell tenía suficiente trabajo. El auténtico protagonista de la vista es el primogénito del expresident. Sobre él pesan las acusaciones más graves —29 años de cárcel le pide la Fiscalía— y es el eje alrededor del cual gira la corrupción atribuida a la familia como origen de su fortuna.

El interrogatorio de Martell, implacable, sirvió para dejar al descubierto los puntos débiles de la investigación policial del caso. 

Las casi diez horas (repartidas en dos jornadas, y todavía quedan defensas por interrogarle) que duró la testifical del inspector jefe son consecuencia de una investigación gigantesca: en vez de poner el foco e ir con todo contra las operaciones más grotescas en las que Jordi Pujol Ferrusola estuvo involucrado, la causa ha rastreado la casi totalidad de vida empresarial del primogénito, lo que ha generado un sumario inmanejable. Sumado a los más de 10 años de instrucción, el cóctel es de difícil digestión probatoria en un juicio, por mucho que haya actuaciones familiares poco compatibles con las lecciones de ética que predicó Pujol desde la Generalitat.

¿Cuál es la operación corrupta que explica la fortuna oculta? A preguntas del fiscal, el inspector la había conectado con el caso Grand Tibidabo, la sociedad que saqueó el financiero Javier de la Rosa, muy vinculado a Pujol en los 90. Pero a preguntas de Martell, tuvo que admitir que su base era la declaración de un testigo de esa causa de la que “desconocía” el recorrido. “No pretendo dilucidar la verdad final”, se escudó el inspector.

¿Júnior cobró por trabajos inexistentes? Con su estilo inconfundible —afirmar que “Pulgarcito va dejando rastros” para referirse a la actividad empresarial de Pujol Ferrusola solo puede hacerlo Cristóbal Martell—, el abogado logró que el inspector admitiera que una de las afirmaciones de su informe no era del todo correcta.

El mando defendió que Pujol Ferrusola había cobrado 652.000 euros de la constructora Isolux por no hacer nada en un negocio en Gabón, pero terminó por reconocer que había documentación que demostraba que sí viajó al país. “No le di relevancia”, manifestó.

¿Y las obras de la Generalitat? El inspector admitió que no investigó si hubo amaños en las adjudicaciones públicas que la Fiscalía vincula con comisiones ilegales porque los pagos buscaban “una garantía de influencia a lo largo del tiempo” y no tanto a una obra concreta.

El agente dijo que no estudió los procesos de recalificación urbanística señalados ni investigó el posible “delito previo” al blanqueo de capitales, que es su especialidad. “En mi materia siempre he dicho que soy el mejor, pero en temas de urbanismo no domino”, apostilló.

La gran mentira del expresident —mantuvo dinero en Andorra sin declarar a Hacienda durante toda su etapa en la Generalitat— y los desmanes empresariales de su primogénito —si son legales o no lo dirá la Audiencia Nacional, pero ya se han mostrado durante la vista— son compatibles con constatar que la Policía no hizo su mejor trabajo cuando investigó el origen de la fortuna oculta.

Además, una tesis policial plausible pero difícil de demostrar ante un tribunal como que los pagos a Jordi Pujol Ferrusola pretendían “una garantía de influencia a lo largo del tiempo”, incluso con gobiernos que no fueran de Convergència, requiere de empresarios que tiren de la manta para corroborarla, algo que no se ha producido en esta causa.

Aunque no tuviera su mejor semana, el inspector jefe 89140 puede afirmar que no fue condenado por adulterar el caso. Él ha podido equivocarse, pero no es un policía corrupto. No puede decir lo mismo el exjefe de la Policía Eugenio Pino, condenado en firme por el Supremo por el pendrive.

Nadie esperaba que aportaran mucho, pero la ceremonia de la confusión que ofrecieron al tribunal Pino y el resto de mandos de la brigada política del PP que comparecieron como testigos resulta poco compatible con quien ha ostentado la cúpula policial. Aunque puede obedecer a muchas razones. Para empezar, al calendario: a todos ellos todavía les quedan juicios pendientes. El primero, el de la Kitchen, esta primavera.

El inspector jefe 89140 ha entrado al juicio de los Pujol cargado con un ordenador portátil y una carpeta llena de papeles. Su declaración seguirá este jueves, aunque él mismo la ha torpedeado antes de que el fiscal le empezara a interrogar este miércoles. Cuando el tribunal le tomaba juramento o promesa de que iba a decir la verdad, el mando del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha admitido que tiene “animadversión personal” hacia la familia.

La sorpresa ha cundido en la sala de vistas de la Audiencia Nacional. El jefe de la investigación a la familia, encargado de firmar los atestados en los que sustenta el caso, abría la puerta a que las defensas cuestionaran su imparcialidad a la hora de pilotar las pesquisas.

Después de cuatro horas de interrogatorio, a preguntas del fiscal Fernando Bermejo, el mando ha matizado que la “animadversión” no es hacia la familia, sino hacia sus abogados, que le denunciaron (aunque no llegó a ir a juicio) en el caso del ‘pendrive’. Se trata de la única condena hasta ahora por la Operación Catalunya: el exjefe de la Policía durante el Gobierno del PP, Eugenio Pino, fue condenado por intentar adulterar el caso Pujol con información obtenida de forma ilegal.

Para intentar salir del apuro, el mando ha indicado que Jordi Pujol Ferrusola le agradeció su buen trato durante su traslado a la cárcel en abril de 2017. “De hecho me cae bien”, ha apostillado el jefe policial sobre el primogénito.

Tras la sorpresa inicial, el interrogatorio no ha empezado bien. El mando ha comenzado con una explicación sobre el blanqueo de capitales, pero lo ha hecho de una forma que nada suele gustar a los jueces: impartiendo clases de derecho a unos magistrados con años de carrera a sus espaldas. “No hace falta que dé lecciones jurídicas al tribunal porque para eso somos expertos en derecho”, ha zanjado el presidente del tribunal, José Ricardo De Prada.

El inspector jefe también se ha enzarzado con una de las defensas, a la que ha acusado de “hacer comentarios” mientras él hablaba. El magistrado De Prada ha tenido que volver a intervenir para serenar los ánimos: “Por favor, ruego que atemperen un poco las susceptibilidades porque no tiene ningún sentido”.

Más tarde, ha presumido de currículum: “Soy un experto en temas financieros porque ejercí de auditor y para investigar este caso seguí la metodología que ejercí en los casos Miami o Malaya”.

Cuando, por fin, el interrogatorio se ha adentrado en los hechos objeto de acusación, el mando ha reafirmado la tesis de la Fiscalía, esta es, que la fortuna oculta de los Pujol durante décadas en Andorra no proviene de la herencia del abuelo Florenci sino de la corrupción ligada a los años en la presidencia de la Generalitat del padre. En concreto, ha dicho, con el caso Grand Tibidabo, una de las primeras causas de corrupción del pujolismo.

Los negocios de Jordi Pujol Ferrusola, ha insistido, están plagados de irregularidades y sus empresas son “instrumentales”. El jefe policial ha dado varios detalles de los hechos que más acorralan al primogénito: en varios de los negocios de intermediación por los que cobró, y que para la Fiscalía solo buscaban enmascarar el pago de comisiones, no constan “documentos, datos, ni correos electrónicos ni gestiones concretas” que acrediten la prestación real de los servicios por parte de Jordi Pujol Ferrusola.

El mando ha destacado la “irracionalidad” de varias operaciones en las que estuvo implicado Jordi Pujol Ferrusola y que ya habían sido descritas por otros testigos durante el juicio.

El jefe policial desvinculado el origen del caso de una maniobra policial de la brigada política del PP, como el caso del 'pendrive'. “El conocimiento de las cuentas en Andorra viene por la comisión rogatoria, las manifestaciones de Victoria Álvarez [la denunciante del caso, examante de Jordi Pujol Ferrusola], la confesión e informaciones de prensa”, ha aseverado.

De sus investigaciones y de la información obtenida por las comisiones rogatorias enviadas a Andorra, ha asegurado el jefe, “no hay ninguna referencia a la herencia en Andorra, y tampoco coincidían las fechas de apertura”. “Los datos no cuadran”, ha indicado el testigo, que ha situado la apertura de la primera cuenta en el principado, “relacionada” con Jordi Pujol Ferrusola, en noviembre de 1990. Las cuentas en Andorra se mantuvieron hasta 2014.

El investigador ha corroborado que las cuentas de la familia en Andorra funcionaban bajo un sistema de “caja única”, por el que era el primogénito quien gestionaba el dinero y, junto a su madre, Marta Ferrusola, ya fallecida, decidían cómo repartir los fondos. Ha puesto como ejemplo dos repartos de dos y cuatro millones de pesetas a todos los hermanos en los 90.

Sobre el papel de Pujol padre, el jefe policial ha mantenido que tuvo abierta una cuenta en Andorra (algo que la familia niega), y ha dicho que el reparto de dinero entre la familia se hacía “con la ascendencia” del expresident, aunque “sin intervencion directa”.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo gana por agotamiento. Este martes, el policía más famoso de España ha colmado la paciencia del tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso Pujol con sus divagaciones y chascarrillos cuando la defensa de la familia le preguntaba por si había participado en la obtención ilegal de los datos bancarios de la familia o se había reunido con la actual senadora del PP, Alicia Sánchez Camacho o la examante del primogénito, Victoria Álvarez.

Primero Villarejo ha alegado su condición de investigado en Andorra por la causa que investiga la Operación Catalunya para no responder. El tribunal se lo ha impedido al tratarse de una causa en otro país. Después ha tirado de comentarios impropios ante un tribunal de Justicia, como cuando ha dicho que desconocía si se reunió con Álvarez (uno de sus socios la animó a denunciar a Jordi Pujol Ferrusola) alegando que en su vida se había divorciado dos veces y que había tenido “muchas novias”.

“Sus comentarios están fuera de lugar”, ha cortado, rápido ante cualquier intento de Villarejo de implosionar su declaración, el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, que ha reprochado en varias ocasiones a Villarejo su actitud y le ha recordado reiteradamente su obligación de decir la verdad, a lo que el comisario jubilado ha replicado con más espectáculo: “Me siento coaccionado por el tribunal”.

La sesión se esperaba con ganas, pero ha servido de poco. Cada parte ha visto confirmada su tesis pese a los pocos detalles que han dado los mandos, en su mayoría imputados en varias causas de corrupción y que serán juzgados este año por el caso Kitchen, el intento de la brigada política del PP de hacer desaparecer pruebas del caso Gürtel.

Cada testigo ha parecido interpretar un papel de una mala película de policías, aunque nada de lo que las defensas de los Pujol han preguntado daba pie a los chascarrillos y evasivas con las que todos ellos han respondido. Se trataba de aportar luz a si hubo coacciones policiales a los banqueros de la BPA para que aportaran los datos bancarios de la familia y si, una vez obtenidos, la brigada política del PP los filtró al diario 'El Mundo'.

La cuestión resulta relevante porque la defensa alega que esa maniobra policial envenena el origen del caso y debe llevar a su nulidad, ya que sin esa portada, el expresident no hubiera confesado. En cambio, las acusaciones desvinculan ambos hechos, y mantienen que la carta en la que Pujol admitió haber mantenido una fortuna familiar sin regularizar durante décadas fue una palanca perfectamente legal para empezar a investigar a la familia.

En la sesión de este martes han testificado Eugenio Pino, exdirector adjunto de la Policía Nacional en la etapa de gobierno de Mariano Rajoy que fue condenado por adulterar el caso con un 'pendrive' con datos robados de un dispositivo de los Pujol; el comisario jubilado José Manuel Villarejo, que sigue inmerso en varios juicios por corrupción; y el exjefe de Asuntos Internos Marcelino Martín Blas.

Pino ha sido el policía desmemoriado, aunque ha dicho que los dos mandos se arrogaban el “mérito” de haber obtenido los datos bancarios de los Pujol; Villarejo ha jugado un papel retador y charlatán, hasta el punto que el presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha subido el tono como hasta ahora no había hecho en el juicio; Martín-Blas se ha presentado como un poli bueno con un papel secundario.

De la misión en Andorra de la Operación Catalunya ya se saben varios extremos. No gracias a ninguna investigación en España, sino por la que comanda una magistrada del principado. En ese procedimiento, Villarejo ha llegado a atribuir al expresidente Mariano Rajoy el origen de las maniobras. En cambio, ante la Audiencia Nacional, ha evitado mencionar a cualquier político (salvo recordar que también trabajo para gobiernos socialistas).

Ninguno ha reconocido (como sí hizo Villarejo en Andorra) el influjo político a la Operación. Más bien todos se han desentendido de la Operación. Villarejo, cuando ha sido preguntado por la boda en la que los mandos policiales contactaron con los banqueros anndorranos, ha afeado al letrado Cristóbal Martell (quien también ha tenido que tirar de paciencia) que le preguntara por cuestiones “de un programa del corazón”. Le ha valido al comisario otra reprimenda del tribunal.

Todos los interrogatorios han sido tensos y plagados de evasivas, aunque todos los testigos han negado que participaran en una operación coordinada contra los Pujol y, en cualquier caso, han desvinculado al Gobierno de Mariano Rajoy de sus indagaciones, de las que afirman que no les informaron. Sirva de ejemplo esta pregunta a Pino:

Abogado Martell: La obtención de un dato bancario por un cauce no judicial no le mereció a usted prevención y decir, ¿Marcelino dónde vas con eso?

Eugenio Pino: No, Marcelino me lo transmitió y no tenía por qué darme cuenta. No soy operativo.

Hay toda una familia en el banquillo, pero el juicio a los Pujol sigue centrándose en el primogénito. El primer mes de juicio se dedicó a repasar las hazañas empresariales de Jordi Pujol Ferrusola —está por ver si delictivas, pero solo posibles por su apellido. Febrero ha sido el mes para la cara B de muchos negocios lucrativos: el delito de blanqueo de capitales.

Durante toda la semana, el tribunal de la Audiencia Nacional se ha acostumbrado a escuchar “no sé quién es”. Ha sido la respuesta que han dado una veintena de hombres y mujeres a la pregunta de si conocían a Júnior. Como casi todo en el juicio a los Pujol, para encontrar el motivo de la comparecencia de estos testigos hay que retroceder décadas en el tiempo... y viajar hasta Andorra. En concreto, a la Banca Reig —más tarde Andbank— del principado.

Los nombres de estos testigos figuran en el sumario por las transferencias entre sus cuentas en Andorra a otras vinculadas a Jordi Pujol Ferrusola y a su exesposa Mercè Gironès entre 1991 y 1996. Según la Fiscalía, se trata de operaciones simuladas que tenían como única finalidad ocultar la procedencia o el origen de las cantidades que ingresaba Júnior. La defensa lo niega.

Un solo ejemplo recogido en el sumario: entre marzo y julio de 1992, de la cuenta Anbank que compartía un matrimonio, salieron cuatro transferencias de 4,2, 5,2 y 7,2 millones y 300.000 pesetas a la de Júnior.

Más allá de desconocer al primogénito, las explicaciones que han dado los testigos han vuelto a poner de manifiesto que no todos somos iguales, y que en las fiestas de los ricos se vive muy por encima de las posibilidades de los pobres. La mera posesión de cuentas en Andorra por parte de ciudadanos catalanes acaudalados, que se ha llegado a presentar casi como una tradición por parte de sus beneficiarios, era impensable para una gran mayoría del país.

El testigo Josep Maria Montserrat dio cuenta al tribunal de la fiesta bancaria andorrana. “Los saldos no se controlaban, se pedía hora, subías [a Andorra] y te decían algo, pero nunca te llevabas ningún papel por razones obvias y te tenías que creer un poco lo que te decían”, explicó.

Hubo más. “Hicieron cosas extrañas con mi cuenta, chanchullos que no me gustaron nada”, apostilló. Eso sí, de la fiesta salió contento: “Tenía inversiones en fondos que fueron bastante bien, aunque la información que daban era muy parca y había que ser discretos, entre comillas”.

Para intentar desentrañar el misterio de la multiplicación de las transferencias andorranas, resultará clave un testigo que está en la lista propuesta por la Fiscalía pero que todavía no ha sido citado: Josep Maria Pallerola, el gestor en la banca andorrana de Jordi Pujol Ferrusola. Fue Pallerola quien, en un solo boleto de orden de transferencia, ordenó de golpe seis de las transferencias bajo sospecha.

Durante ese periodo Catalunya estaba gobernada por Jordi Pujol, acusado en el juicio pero cuyo nombre no aparece por ningún lado, por ahora. La disonancia entre las prédicas basadas en la honestidad y la austeridad que hacía Pujol en la Generalitat y lo que pasaba en su casa con su primogénito no tiene relevancia penal. Solo es el gran punto ciego —o el lugar donde se prefiere no mirar— en la operación de rehabilitación política del expresident en la que ha participado hasta Salvador Illa.

Aunque difícilmente termine con la imposición de las altas penas solicitadas por la Fiscalía, el juicio está siendo una atalaya privilegiada —con el permiso del paso del tiempo— para observar la cara B del pujolismo.

Esta semana, algunos testigos han abordado las sospechas de la Fiscalía de que Convergència —que no está acusada en el juicio— se pudo financiar irregularmente a través de créditos a empresas que trabajaban para sus campañas electorales, avalados por las cuentas en Andorra del hijo mayor del expresident. En su mayoría, han mantenido el silencio y la desmemoria.

El más relevante fue Manuel Giménez-Salinas, administrador de la empresa de publicidad Altraforma y que fue condenado por facilitar el pago de comisiones ilegales a Convergència en el caso Palau. Dijo no saber nada del préstamo de 50 millones que Altraforma firmó en 1999 con una banca andorrana, aunque admitió que el partido de Pujol les “echó una mano en algún momento” para obtener financiación cuando la empresa necesitaba dinero para pagar sus servicios en campañas electorales.

En cualquier caso, Giménez-Salinas dijo que los detalles sobre esas operaciones los podría dar la que fuera directora financiera Altraforma. Solo hay un pequeño problema: la exdirectiva falleció hace años. Un clásico en los juicios por corrupción.

Tirar de la manta, cantar, cooperar para el esclarecimiento de los hechos... De forma coloquial o en la jerga jurídica, son expresiones para definir al procesado que llega a un acuerdo con la Fiscalía para admitir las acusaciones a cambio de una rebaja de pena. Se trata de una figura presente en todos los grandes juicios por corrupción recientes en España. Salvo uno. En el juicio a los Pujol ningún empresario confiesa.

Aunque hacer predicciones en un juicio resulta desaconsejable, es improbable que los nueve empresarios acusados (había diez, pero Carles Vilarrubí falleció en diciembre) junto a la familia Pujol planteen algún tipo de colaboración con Anticorrupción en los tres meses que quedan de vista. No lo han hecho en más de 10 años de instrucción y las primeras rondas de testimonios han dado más alas a las tesis de las defensas que a las de las acusaciones.

El frente unido de los acusados en un macrojuicio por corrupción es algo inusual. Fèlix Millet y Jordi Montull dieron la puntilla a la insostenible defensa de Convergència en el caso Palau a pocas horas de empezar el juicio.

En otros casos, los pentiti (mafiosos “arrepentidos” que pactaron con la Fiscalía, en lo que supuso una revolución en la lucha contra el crimen organizado en Italia) cantan mucho antes para ahorrarse problemas: Víctor de Aldama ya ha logrado una solicitud de pena rebajada de Anticorrupción antes de la vista. Lo mismo hicieron varios empresarios en la causa del 3% de Convergència, que no se juzgará hasta 2027. También confesaron Luis Bárcenas o Francisco Correa en las grandes causas de corrupción del PP.

¿Por qué ese silencio empresarial en el caso Pujol? Las fuentes conocedoras de la causa coinciden en señalar tres elementos. El primero, extrajurídico: cierta fidelidad de clase y establishment con la familia del expresident. El apellido Pujol todavía pesa mucho. Los otros dos, más técnicos, aunque igualmente vitales: el riesgo bajo de entrar en prisión (los acusados del sector negocios se exponen, en caso de condena, a penas que se verían atenuadas por los retrasos que acumula el procedimiento) y un amplio terreno para ejecutar una estrategia defensiva.

De entrada, los acusados se ven beneficiados de una instrucción del caso elefantiásica, realizada a golpe de registro policial e incautación de documentos que ha producido un sumario inmanejable, con decenas de operaciones empresariales sospechosas. Por cada una de ellas, tienen que comparecer una decena de testigos, y en las próximas sesiones serán hasta quince. Si la Fiscalía hubiera optado por presentar los cuatro o cinco negocios más oscuros —que los hay—, las cosas serían distintas.

El largo tiempo transcurrido —hay negocios del siglo pasado y de la década de los 2000— dificulta al tribunal de la Audiencia Nacional distinguir si la desmemoria de la mayoría de testimonios, muchos de ellos de edad provecta, es lógica y natural o fruto de un testigo renuente.

En un juicio, para lograr la absolución a una defensa le basta con que el tribunal no dé por probada la tesis de la Fiscalía. En el caso Pujol, varios abogados —en estrados, de abrumadora mayoría masculina, se sientan casi todas las togas de oro de Barcelona y parte de las de Madrid— están yendo un paso más allá y están aportando una tesis alternativa a los magistrados.

En síntesis, el alegato defensivo consiste en que los negocios que hicieron los empresarios con el primogénito eran plenamente legales. La Fiscalía, por el contrario, mantiene que se trataba de operaciones destinadas a enmascarar dinero proveniente de comisiones de obra pública de la Generalitat.

El problema para la Fiscalía es que ni testigos ni acusados están aportando datos para sustentar su acusación cuando la vista se acerca ya a su ecuador. Esta semana, Anticorrupción se topó con un revés de relevancia: el exdirector general de Qualitat Ambiental de la Generalitat Alfons M. López Salgueiro negó haber recibido presiones de la familia Pujol Ferrusola para conceder la autorización ambiental del vertedero de residuos de Tivissa (Tarragona) en octubre de 2002 impulsado por Júnior, cuando gobernaba CiU. “Yo no era fácil de presionar”, aseguró, en lo que fue el colofón de una declaración muy contundente.

Sea cual sea el resultado de la sentencia, por ahora el juicio ha mostrado prácticas de Jordi Pujol Ferrusola (en la práctica, el protagonista de la vista) y los empresarios acusados más cercanas al código de piratería que a la teoría inmaculada de una escuela de negocios.

Para muestra, el pelotazo Azul de Cortés. El expresidente de la constructora Isolux, Luis Delso, acusado en la causa, y otro exdirectivo que compareció como testigo se aliaron con Pujol Ferrusola, conocido popularmente como Júnior, en una operación en 2006 para levantar un complejo turístico con este nombre en México.

Según Anticorrupción, el primogénito aportó tan solo un peso mexicano para entrar en el negocio (extremo desmentido por los testigos). Dos años después, cobró 12,7 millones de euros tras vender el proyecto a Isolux.

El exconsejero de Isolux Ángel Serrano Martínez-Estéllez explicó que la participación de Júnior en la operación se debió a que fue quien comunicó la oportunidad de negocio. Esta habilidad de Pujol Ferrusola a la hora de proporcionar negocios privados, comisión mediante, se ha constatado durante los interrogatorios. La duda es si hubiera sido posible sin su apellido.

El testigo, al contrario de lo que mantiene la Fiscalía, remarcó que “era imposible” que se tratara de una operación simulada, ya que varias compañías internacionales participaron en los estudios sobre las tramitaciones de permisos sin que detectaran irregularidad alguna. Y aunque el propio Luis Delso figurara entre los inversores que vendieron su proyecto turístico personal a su propia empresa, Isolux habría considerado una “deslealtad”, recalcó el testigo, que se lo hubiera ofrecido a otra firma.

En suma, enero no ha sido un buen mes para Fernando Bermejo, el fiscal que sostiene ante la Audiencia Nacional peticiones de hasta 29 años de cárcel para el primogénito, nueve para el expresident y cinco para los empresarios. Ha asumido la tarea después de que durante toda la instrucción el peso de la acusación lo llevara Belén Suárez, discípula del histórico Carlos Jiménez Villarejo y que tenía todo el caso en la cabeza.

Un hecho que no ha pasado por alto a nadie en la vista es la soledad del fiscal en estrados. Habitualmente, en causas tan complejas como la de los Pujol, Anticorrupción dispone de dos representantes en la vista (como sí ocurre en este caso, por ejemplo con la Abogacía del Estado). Bermejo, en cambio, rema solo contra los mejores penalistas del país, que de momento van ganando la partida. Los policías e inspectores de Hacienda que quedan por comparecer serán claves para poder nivelar la balanza.

En Catalunya se caga el tió por Navidad, se come crema por Sant Josep, se tiran petardos por Sant Joan... y se tienen cuentas en Andorra. Es una “casi tradición familiar”, en palabras del empresario Xavier Plana, amigo de Jordi Pujol Ferrusola, en el juicio sobre el origen de la fortuna. La respuesta del testigo ha despertado las risas en estrados, pero ha mostrado una realidad muy alejada de los ciudadanos de a pie: las cuentas en un paraíso fiscal que muchas sagas catalanas ricas tuvieron durante décadas. Incluida la del hombre que gobernó Catalunya 23 años.

Como viene ocurriendo durante varias sesiones del juicio, este jueves se ha repetido el ejercicio de desmemoria de varios testigos, a los que se pregunta sobre negocios y pelotazos del primogénito de los Pujol, conocido como Júnior, de hace más de 20 años. Tampoco el fiscal Fernando Bermejo ha logrado arrancar a ningún testigo ningún dato que permita conectar los millonarios negocios del hijo del expresident con comisiones a cambio de obra pública.

Sí ha servido la sesión para mostrar sin pudor el comportamiento de las élites y su forma de hacer y prestarse dinero. Si esas formas infringen el Código Penal será decisión del tribunal de la Audiencia Nacional.

Plana ha testificado por dos hechos: un préstamo que le hizo a mediados de los 90 Júnior en Andorra y negocio mutuo que no fructificó en República Dominicana. “Yo tuve una cuenta en Andorra...bueno, eso... una cuenta en Andorra aquí era casi una tradición familiar hace cuarenta años”, ha aseverado. El magistrado José Ricardo de Prada, que preside el tribunal, ha tenido que cortar las risas de acusaciones y defensa y reconducir el interrogatorio.

Según el relato de Plana, Júnior le prestó siete millones de pesetas para hacerse una casa. Pese a ser su amigo, le devolvió el dinero con intereses altos. Pero como era su amigo, la operación se ejecutó sin contrato alguno. “Nada por escrito”, ha reconocido el testigo.

No fue hasta unos tres años más tarde, ha rememorado Plana, que tras cobrar nueve millones de pesetas por otro trabajo, le indicó a su amigo que podía devolverle el préstamo. En vez de devolverle él mismo el dinero en su cuenta andorrana, ambos acordaron que el empresario que debía pagar a Plana ingresara directamente el dinero en la cuenta de Pujol Ferrusola. Y aquí se torció todo.

Como ese empresario, según ha admitido Plana, “no conocía la operativa” de cómo operar con una cuenta andorrana, en vez de ingresar el dinero en el principado lo hizo desde una oficina bancaria en España. “Y quedó reflejada la operación”, ha constatado Plana, con un punto de desilusión.

La Fiscalía Anticorrupción incluye esta operación en el apartado de blanqueo de capitales procedente de comisiones por obra pública del hijo del expresident, a quien reclama hasta 29 años de cárcel, la pena más alta del juicio. Pese a todos los elementos incriminatorios en contra (falta de contrato, Andorra), la defensa ha logrado al menos que el tribunal escuche un relato alternativo, el del préstamo entre amigos. La credibilidad de Plana la valorará el tribunal.

Sin respuestas sobre el 'pantallazo'

Uno de los primeros testigos de la jornada ha sido el subdirector del periódico El Mundo, Esteban Urreiztieta. Aunque se esperaba poder abordar uno de los ejes de la defensa de los Pujol (las maniobras de la brigada política del PP para obtener los datos bancarios de la familia), no ha sido así.

Urreiztieta no ha aclarado si el comisario jubilado José Manuel Villarejo u otro responsable de la brigada política fue quien entregó al periódico el 'pantallazo' las cuentas que El Mundo publicó el 7 de julio de 2014, y que provocó la confesión del expresident. A preguntas del abogado del Estado, Urreiztieta no ha alegado el secreto profesional para no desvelar las fuentes, sino que él no firmó la información. Fue el periodista Fernando Lázaro, fallecido recientemente.

El subdirector del rotativo ha aprovechado para defender la “veracidad incuestionable” de la portada. Pero no es la veracidad de la información lo que cuestionan las defensas, sino su origen ilícito: como la causa de Pujol, abierta en 2012, estaba estancada con la única declaración de la examante de Júnior, Victoria Álvarez, la brigada del PP tuvo que activar la vía andorrana. La porta de El Mundo, para las defensas, fue el mero altavoz de una operación policial ilegal.

Desde que empezara en noviembre del año pasado, el juicio a la familia Pujol ya ha perdido un acusado (el empresario Carles Vilarrubí, fallecido en diciembre). Este miércoles, el tribunal de la Audiencia Nacional ha comunicado en la vista otra novedad inesperada: no se han localizado a 33 testigos. Los magistrados han pedido ayuda a acusaciones y defensas para encontrarlos, aunque nada indica que se logre.

Salvo tres, todos los testigos ilocalizables habían sido propuestos inicialmente por la Fiscalía, y algunas defensas se habían sumado a la solicitud. El presidente del tribunal, el magistrado José Ricardo de Prada, ha pedido que si acusaciones o defensas conocen la forma de encontrar a los testigos, auxilien al juzgado, toda vez que pese a los esfuerzos de la oficina judicial “no hay posibilidad de localizar” a los 33 testimonios.

No es infrecuente que en los juicios algún testigo no comparezca o, simplemente, no se le pueda localizar. Que sean 33 se explica por la magnitud de la macrocausa Pujol, con cerca de 250 testigos citados a un juicio tardío, que se celebra tras once años de investigación. A ellos hay que sumar testimonios de agentes policiales que realizaron la investigación y los peritos.

Todo ello pese a los mayores recursos de los que dispone la Audiencia Nacional que los tribunales ordinarios. Ni la Policía Nacional a disposición del tribunal especial ni las bases de datos oficiales han permitido subsanar, por ahora, la falta de noticias de 33 testigos.

Las razones por las que no se ha podido localizar a los testigos pueden ser diversas: un error en el domicilio que consta en las bases de datos, un cambio reciente de dirección que todavía no ha sido actualizada, o bien directamente el fallecimiento del testigo, una posibilidad que se contempla en algunos casos habida cuenta de la edad provecta de otros testimonios que ya han comparecido ante la Sala.

A la espera de si se encuentran los testigos, las sesiones de la vista han continuado con testimonios propuestos por la Fiscalía que apoyan las tesis de las defensas y no aportan nada sobre la corrupción atribuida a Jordi Pujol Ferrusola. Más bien todo lo contrario. Incluso el consejero independiente de Isolux, Ángel Serrano Martínez, ha manifestado que la participación del primogénito en un pelotazo inmobiliario en México “no fue relevante” por su apellido, sino porque “encontró la oportunidad inicial de negocio”.

Según Anticorrupción, el primogénito, que se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel, aportó tan solo un peso mexicano para entrar en el negocio (extremo desmentido por la defensa y otros testigos que ya han comparecido). Dos años después, cobró 12,7 millones de euros tras vender el proyecto a Isolux.

Respecto a otro negocio de Pujol Ferrusola en el Puerto de Rosario, otro testigo ha ido más allá e incluso ha situado al primogénito como víctima de una estafa por parte de sus socios argentinos. “Nos robaron, la sociedad perdía continuamente pero no nos contaban por qué”, ha manifestado Joan Oriol Rovira, consejero delegado de Silos Tarragona.

La tónica en los siete testimonios de la jornada ha consistido, de nuevo, mayoritariamente en respuestas como “no lo recuerdo”, “no lo sé”, o “de esto hace mucho tiempo”. En suma, más noticias positivas para las defensas que para la Fiscalía.

No ha sido un mal día para la defensa de Jordi Pujol Ferrusola. Una de las operaciones más escandalosas que conforman la acusación contra el primogénito no ha encontrado a ningún testigo que la vinculara con la corrupción, como mantiene la Fiscalía. Ni siquiera el tribunal ha podido escuchar sospechas, como en sesiones anteriores, en la vista que juzga si el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra está vinculada al fraude a la administración o a la herencia del abuelo.

El cierre de filas de los empresarios vinculados al grupo Isolux (cuyo expresidente, Luis Delso, está acusado en el juicio por ayudar a Pujol a enmascarar comisiones con operaciones falsas) con el primogénito ha sido total. “Yo no regalo dinero ni a Pujol ni a nadie”, ha manifestado el exvicepresidente de la compañía, José Gomis, sobre el proyecto en México que ha abordado la sesión de este jueves.

Las cifras quedan fuera de la economía del común de los mortales y dan cuenta del frenesí inmobiliario que se vivía en 2006, en los últimos compases de la fiesta de la burbuja inmobiliaria. Delso y Gomis, a título personal, se aliaron con Pujol en una operación para levantar un complejo turístico denominado Azul de Cortés, en México.

Según Anticorrupción, el primogénito, que se enfrenta a una petición de 29 años de cárcel, aportó tan solo un peso mexicano para entrar en el negocio (extremo desmentido por Gomis). Dos años después, cobró 12,7 millones de euros tras vender el proyecto a Isolux. Ninguno de los testigos de la empresa han puesto reparo alguno a que sus dos máximos ejecutivos vendieran a su propia empresa un negocio privado.

A diferencia de otros juicios sobre corrupción, en el juicio a la familia Pujol no hay ningún acusado que haya tirado de la manta. Las penas de cárcel a las que se exponen los empresarios son menores y, en caso de producirse, quedarán muy rebajadas por el retraso que acumula la causa. Sin una confesión de un procesado ni testigos que aten el vínculo entre obra pública y los cobros presuntamente falseados en operaciones privadas, a Anticorrupción le resultará difícil corroborar su tesis.

Lo importante en el proyecto Azul de Cortés, ha explicado Gomis, era “no regalar el dinero a nadie por nada” y que se gestionara “in situ”. “No me gusta un proyecto con mando a distancia”, ha dicho. Los terrenos en los que se tenía que construir el resort eran “un camino de cabras por el que tenías que ir con Land Rover”, y los promotores tuvieron que hacer “pozos de electricidad y una desaladora”.

Según el testigo, él y Delso pusieron cada uno diez millones, mientras que Pujol aportó un millón. “Pero cómo se puso no lo supe ni en el momento”, ha agregado. Gomis ha evitado confirmar las ganancias de 12,7 millones que el fiscal atribuye al primogénito, pero sí ha dicho que el beneficio para los inversores “se multiplicó por seis”. “Me suena más que fueron 68 millones”, ha agregado.

Por su lado, Antonio de Padua Portela, exconsejero delegado de Isolux, ha defendido que sus asesores legales en México y España recomendaron comprar a sus directivos y Pujol el proyecto en México, si bien ha reconocido que tanto Delso como Gomis se ausentaron de la reunión del consejo de administración que lo aprobó por conflicto de interés. “No se mencionó la posición política de señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha concluido.

Un empresario vinculado a los pagos a Jordi Pujol Ferrusola, primogénito del expresidente catalán y popularmente conocido como Junior, ha cuestionado las labores de intermediación en operaciones económicas por las que cobró comisiones que la Fiscalía considera ilegales, aunque otros han defendido que sí realizó los trabajos por los que le pagaron.

Directivos de distintas empresas vinculadas a las facturas giradas por las sociedades de Pujol Ferrusola por trabajos de asesoramiento e intermediación han declarado este miércoles como testigos en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional contra la familia del expresident, informa EFE.

El juicio ha proseguido con el análisis de las múltiples operaciones económicas del primogénito que forman parte de la acusación de la Fiscalía, que pide 29 años de cárcel para Pujol Ferrusola, y que vincula con el origen de la fortuna oculta en Andorra al descartar que procediera de un legado familiar.

Anticorrupción cree que la fortuna se amasó con comisiones ilegales pagadas por empresarios, enmascaradas en pagos por trabajos de asesoramiento que nunca se llevaron a cabo, mientras que la defensa defiende que las comisiones no tienen nada que ver con obras públicas sino por el trabajo del primogénito.

Algunos de los empresarios que este miércoles han declarado han dado sustento a la tesis de la Fiscalía al poner en duda que Jordi Pujol Ferrusola tuviera algún papel en las operaciones por las que cobró, pero su testimonio no ha sido unánime: otros corroboran su versión de que participó en sus negocios proponiéndoles oportunidades empresariales o inmobiliarias.

Martín Francisco Sicilia, director de proyectos de la firma Técnicas Reunidas, ha sido interrogado en relación a tres pagos de 208.800, 199.596 y 204.128 euros que Pujol Ferrusola cobró de Copisa por una subcontratación para llevar a cabo un montaje mecánico en el marco del proyecto de ampliación de la refinería de Repsol en Cartagena (Murcia).

El empresario ha afirmado que nadie le dijo que Copisa debía pagar a Pujol Ferrusola por anticipar a esta empresa la intención de Repsol de llevar a cabo la ampliación la refinería y ha comentado que este tipo de intermediación “no encajaba”, pues en el sector “era palpable” que el proyecto iba a salir adelante.

En la misma línea se ha pronunciado Basilio Antonio Rodríguez, director del grupo COMAPA -división de construcciones de Copisa- en relación con los 823.391 euros que Jordi Pujol Ferrusola cobró en 2006 por las gestiones de intermediación en una operación de compra de dos sociedades andorranas.

El testigo, que se encargó de visitar las empresas y analizarlas para determinar si convenía compralas, ha dicho que no le consta que Junior asesorara en la operación y ha citado como intermediarios a dos cargos de la empresa. Ha reconocido, no obstante, que ignora si el acusado pudo dar la noticia a Copisa de que las sociedades andorranas estaban en el mercado.

Juan Parada, propietario de la inmobiliaria FBEX, también ha sembrado la duda sobre las gestiones de intermediación de Jordi Pujol Ferrusola en la venta de unas parcelas de terreno industrial que se iba convertir en urbanizable a Copisa, por las que el primogénito de los Pujol cobró en 2007 un total de 394.018 euros.

El testigo ha dicho no conocer las empresas de Jordi Pujol Ferrusola y ha explicado que fue un directivo de Copisa el que contactó con él para hacerle una oferta. A preguntas de la defensa, también ha admitido que ignora quién puso a la empresa compradora tras la pista de esos terrenos.

Por el contrario, Manuel López Feliu, que en 2009 tenía una empresa de asesoramiento en inversiones fotovoltaicas, ha echado un capote a la defensa al asegurar que Jordi Pujol Ferrusola participó en “una o dos” reuniones vinculadas a un proyecto de compra de un parque solar por parte de Copisa por el que también cobró una comisión.

Otro testigo ha sido el ingeniero Francisco Javier Puerta, que fue entre 2008 y 2017 director general del proyecto turístico Azul de Cortés en Baja California Sur (México) que desarrolló Isolux Corsán, cuyo expresidente Luis Delso se encuentra entre los empresarios acusados.

Ha recordado que Isolux Corsán compró en diciembre de 2008 por 115 millones de euros los terrenos, 750 hectáreas a lo largo de dos kilómetros y medio de playa para desarrollar un importante proyecto inmobiliario de alto nivel con hoteles y campo de golf y con la idea de alcanzar un negocio con un valor de precio de venta de unos 6.000 millones de euros, por lo que era un proyecto “rentable”.

El testigo ha manifestado que entre los vendedores de los terrenos figuraba una empresa de Jordi Pujol Ferrusola. Según el fiscal, la empresa del hijo del expresident, IMISA, obtuvo por esta operación una plusvalía de 12,7 millones de euros.

“Fue una operación totalmente real”, ha recalcado el testigo a preguntas de la defensa de Luis Delso para rebatir lo mantenido por el fiscal, que entiende que la misma fue una simulación que no respondía a una auténtica actividad mercantil y que la operación en que intervino Pujol Ferrusola comportó que Isolux Corsán comprara los terrenos por un precio cien veces superior al valor de tasación.

De la herencia a los pelotazos. El juicio a la familia Pujol ha enfocado este martes al acusado estrella, con permiso del expresident: el primogénito. Varios empresarios han repasado el papel de intermediario que Jordi Pujol Ferrusola, popularmente conocido como Junior, realizó durante años con constructores, a cambio del que recibió cuantiosas sumas. En qué consistía en concreto su trabajo no ha quedado del todo claro, salvo que Pujol Ferrusola terminaba cobrando casi siempre.

Pujol Ferrusola (presumió de ello ante el Parlament) traspasó las fronteras catalanas. Además de México y Argentina, una obra en Ronda (Málaga) ha servido a la Fiscalía para ejemplificar los desmanes empresariales del primogénito. Otra cosa es si tienen relevancia penal: la defensa de Pujol ha acreditado en todos los interrogatorios que se trataba de operaciones entre empresas privadas, sin contratos públicos de por medio. Pero la tesis de Anticorrupción es que esas facturas entre privados servían para enmascarar la corrupción con la administración. 

Fiscal: En esa factura de 430.363,03 euros por la operación de compraventa de participaciones del club de campo y golf de Ronda, ¿qué intervención tuvo Jordi Pujol Ferrusola?

F. Xavier Tauler (exconsejero delegado de Copisa): Desconozco la intervención de Jordi Pujol.

Fiscal: ¿Pero qué trabajo hizo Jordi Pujol para llevarse esta cantidad de dinero?

F. Xavier Tauler: Lo desconozco.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha logrado que el testigo constatara que Pujol Ferrusola llegó a cobrar 1,3 millones de euros en tres facturas relacionadas con el club de golf de Ronda sin saberse el motivo. Dos de las facturas fueron por “intermediación” en las obras realizadas, mientras que la tercera versaba sobre la adquisición de Copisa del 80% del capital social del club de golf.

En otras operaciones, sin embargo, Tauler (investigado, como Copisa, en otra causa de corrupción, la del 3% de Convergència) sí ha conseguido detallar que las cantidades que se pagaron a Pujol Ferrusola fueron “comisiones de éxito” a cambio de “oportunidades de negocio”. 

“Es habitual usar a intermediarios para captar oportunidades de mercado”, ha insistido Tauler sobre la contratación de Pujol Ferrusola. El actual consejero delegado de Copisa, Orlando de Porrata, ha dicho que el primogénito era la persona “de confianza” de la constructora y que con él “no se trabajaba con contrato”.

Además de proyectos inmobiliarios como el de Ronda, Pujol Ferrusola intermedió con Copisa para la ampliación de una refinería en Cartagena, un negocio con una planta de placas solares, y la adquisición de fincas u oficinas. En conjunto, entre 2004 y 2009 cobró 3,6 millones de euros, según Anticorrupción.

Tauler se ha desvinculado del resto de facturas que las sociedades de Jordi Pujol junior giró a Copisa, pero ha reconocido que la constructora le pagó una comisión de 1,5% por ofrecerles una “oportunidad de negocio” en la venta de una planta fotovoltaica en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). Según el exdirectivo de Copisa, la empresa no pidió ningún soporte material de esa labor llevada a cabo por Jordi Pujol Ferrusola, por la que cobró 132.900 euros en 2009, porque “normalmente se paga el éxito de la operación”.

La dinámica de la relación entre Pujol Ferrusola y Copisa la ha descrito De Porrata: “Jordi Pujol no nos dijo de firmar el contrato [con una empresa que quería ampliar el Puerto de Cartagena], nos dijo que se iba a empezar el proceso de contratación de los paquetes y que si estábamos interesados debíamos empezar a hacer labor comercial dentro de Repsol”. El fiscal Bermejo no ha dejado pasar la oportunidad.

Fiscal: ¿Se interesó por cómo Jordi Pujol sabía eso?

De Porrata: No.

Fiscal: Creyó en él fielmente, sin nada.

De Porrata: Sí, sí.

Otro testigo, extrabajador técnico de Copisa, ha relatado que Tauler lo avisó de que le llamaría el primogénito. “Pujol Ferrusola me dio los datos de la finca en Ronda que nos podía interesar para promover, me dijo unas personas para contactar de la propiedad y lo que hice fue llamarles”, ha relatado.

Este extrabajador de la empresa, que trató en otra ocasión con Jordi Pujol Ferrusola para comprar un solar en L'Hospitalet de Llobregat —por lo que Junior facturó 195.324 euros—, ha añadido que es “habitual” pagar a intermediarios comisiones de entre el 3 y 5% por facilitar esos negocios. El primogénito, que se expone a 29 años de cárcel solicitados por Anticorrupción, tomaba notas desde el banquillo de los acusados de la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid), a la que sigue asisitiendo pese a estar dispensado.

Dos pendrives guardaban el secreto más oscuro y andorrano de los Pujol. Y el asesor fiscal Joan Antón Sánchez Carreté los tenía en el despacho porque se lo entregaron los abogados de la familia en julio de 2014 después de la publicación del famoso 'pantallazo' con sus datos bancarios.

Fiel custodio de los datos que destrozarían la credibilidad de los Pujol, Sánchez Carreté ha explicado este lunes que regularizó los fondos ante Hacienda “deprisa y corriendo”, tal y como le pidieron los abogados, pero que fue “incapaz” de llevar a cabo la segunda petición de los letrados: trazar los movimientos de fondos de la familia. La tarea, que la propia Audiencia Nacional lleva casi una década intentando, la tuvo que encargar a un auditor especializado.

La vista contra el expresident de la Generalitat y sus siete hijos se ha retomado este lunes con una notable ausencia, la del empresario acusado Carles Vilarrubí, fallecido estas navidades. Con su muerte, se extingue su responsabilidad penal en la causa. Nuevo ejemplo de la tardanza de la Justicia en celebrar la vista.

En todos los juicios hay secundarios muy relevantes, y Sánchez Carreté lo es en la vista que intenta dirimir si la fortuna oculta de los Pujol es fruto de la corrupción o de un legado del abuelo: el expresident y su esposa, la fallecida Marta Ferrusola, eran sus clientes desde el año 1983. Jordi Pujol Ferrusola, el primogénito, también buscó su asesoramiento años más tarde para la fiscalidad de sus empresas. Y en 2014, cuando llegaron los problemas (“por circunstancias conocidas”, en palabras de Sánchez Carreté) conoció al resto de la familia.

Según ha declarado Sánchez Carreté, el 7 julio de 2014, el mismo día que El Mundo publicó la fotografía del pantallazo de los datos bancarios de la familia (que las defensas creen que se trata de una prueba obtenida ilegalmente por la brigada política del PP), recibió una llamada. Eran Albert Carrillo y Javier Melero, por entonces abogados de la familia Pujol.

“Me convocaron a una reunión para ver cómo se regularizaban los fondos en el extranjero no declarados”, ha rememorado Sánchez Carreté, que también apostó por admitir a Hacienda el fraude y realizar las declaraciones complementarias. “Me facilitaron una serie de documentación para preparar las complementarias y eso fue lo que hice”.

El relato de Sánchez Carreté explica los movimientos entre bambalinas de la familia en esas frenéticas fechas veraniegas de 2014 que no salieron a la luz hasta el comunicado público del expresident del 25 de julio. Regularizar los fondos fue la estrategia finalmente adoptada por la familia tras días de debate. El expresident creía que confesando el fraude obtendría el perdón de la sociedad catalana. No fue así entonces y una tormenta política y judicial, que solo ha amainado diez años después, se desató sobre los Pujol.

Sánchez Carreté se encargó de regularizar los fondos de la familia mediante declaraciones complementarias que, ha reconocido, se llevaron a cabo “deprisa y corriendo”. También fue el representante de la familia ante Hacienda. La documentación fue la que los abogados de la familia, en Catalunya y Andorra, le facilitaron a través de dos pendrives.

“Yo no recuerdo los números de cuenta, pero estaban ahí. No fui capaz de interpretarlos a pesar de 45 años de ejercicio y les recomendé otras personas”, ha ahondado el asesor fiscal, que ha dicho que hasta que se lo dijeron los abogados nada sabía del dinero sin declarar de los Pujol.

La Fiscalía Anticorrupción no ha querido indagar más, ni ha preguntado, por ejemplo, por algo que el asesor sí dijo en fase de instrucción, cuando recordó que Jordi Pujol le hizo una consulta en 2012 y le pidió consejo acerca de un amigo que aparentemente tenía fondos en el extranjero sin declarar. ¿Ese amigo en realidad era el propio expresident? La pregunta no se ha hecho y ha quedado sin respuesta.

El registro y la advertencia

La historia con los pendrives no terminó aquí. También protagonizaron el registro de octubre de 2015 en el despacho profesional de Sánchez Carreté. La Audiencia Nacional obtuvo esos datos gracias al registro y a la comisión rogatoria que Andorra respondió. Pero las defensas creen que el registro fue excesivo.

La razón estriba en que el auto del juez ordenaba incautarse de los datos de Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, su exesposa, y de tres de sus sociedades. Pero la Policía se terminó incautando de los dos pendrives, con los datos de toda la familia. Pese a que el acta de entrada y registro dejó constancia de la advertencia de Sánchez Carreté al secretario judicial que practicó el registro, este lunes, a preguntas de las defensas, ha dicho no recordarlo.

La familia Pujol Ferrusola podrá preguntar a los mandos policiales de la brigada política del PP sobre la Operación Catalunya. Así lo ha decidido este miércoles la Audiencia Nacional, que ha rectificado su negativa inicial a que la vista oral sobre la fortuna oculta de la familia pudiera abordar la alegación de los Pujol de que el origen de la causa es nulo por estar basado en las maniobras ilegales de agentes de la Policía Nacional en Andorra.

Ante la Audiencia Nacional se ha retomado este miércoles el juicio a la familia Pujol y a una decena de empresarios, acusados por la Fiscalía de emplear su fortuna oculta en Andorra para tejer una red clientelar de corrupción con empresarios afines. El tribunal ha respondido a las numerosas cuestiones previas (las solicitudes de las defensas para anular el caso o proponer nuevas pruebas) planteadas al inicio de la vista a finales de noviembre.

La más destacada fue la petición realizada por el abogado de Josep Pujol Ferrusola. El letrado Jaime Campaner tildó la portada de El Mundo del 7 de julio de 2014, que contenía la imagen del famoso “pantallazo” de los datos bancarios de los Pujol, como el “pecado original” de la causa que lleva a su nulidad al haberse obtenido tras presiones a la banca andorra. Además, la defensa recordó que la primera denunciante del caso, la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, fue animada a denunciar al primogénito por el que fuera jefe de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, tal y como muestran los SMS que desveló elDiario.es.

En un primer momento, la Audiencia Nacional había rechazado que testificaran los mandos policiales de la brigada política del PP al entender que no eran “objeto de este procedimiento”. En otras palabras, que el intento de introducir pruebas de dudoso origen, que fue abortado por el juez instructor y terminó con la condena del exjefe policial Eugenio Pino (hasta ahora, el único mando policial condenado por la Operación Catalunya), no formará parte de la vista.

Sin embargo, este miércoles, el magistrado que preside la vista, José Ricardo de Prada, ha anunciado que la defensa sí podrá interrogar a los cinco testigos propuestos y denegados en su día: además de Pino, comparecerán el comisario jubilado José Manuel Villarejo; el comisario Marcelino Martín-Blas; y los inspectores Bonifacio Díez Sevillano y Celestino Barroso. Todos ellos han sido descubiertos en Andorra en las maniobras irregulares para obtener los datos bancarios de la familia.

El tribunal, que preside el magistrado José Ricardo de Prada, ha explicado que ha decidido a última hora citar a los mandos policiales porque los argumentos esgrimidos por las defensas le parecen “llamativos cuanto menos”, pero ha advertido de que se ceñirá a aquellas cuestiones que son “esenciales” para la causa, por lo que no aceptará “un proceso (sobre la Operación Catalunya) dentro del proceso”. Si se debe anular el caso por esas maniobras, ha agregado De Prada, se decidirá en sentencia.

Por el contrario, la Audiencia Nacional sí ha descartado que el juicio se celebre en la Audiencia de Barcelona, como habían pedido los Pujol, al considerar que el competente es el tribunal especial, puesto que una parte de las supuestas ilegalidades se cometió en el extranjero.

A la cuarta sesión del juicio, que tras las cuestiones previas se ha adentrado en las declaraciones de los primeros testigos, han acudido Jordi, Marta, Pere y Oleguer Pujol, pese a que la sala dispensó a todos los acusados de acudir presencialmente a la vista hasta que no declaren.

Este miércoles se ha escuchado el testimonio de Núria Pujol, hija de Jordi Pujol Ferrusola y la también acusada Mercé Gironés, que ha sido citada por la donación de 585.000 que recibió en el proceso de divorcio de sus padres, una suma con la que posteriormente compró un piso en uno de los barrios ricos de Barcelona a una sociedad de los acusados, según la Fiscalía por 495.000 euros.

Sin especial relevancia en los hechos enjuiciados, Núria Pujol ha admitido que no sabía de qué trabajaba su padre, en el foco de las acusaciones por sus negocios con empresarios afines al pujolismo. “No tenía mucho conocimiento de a lo que se dedicaba mi padre”, ha dicho hija, que tampoco ha recordado que su padre viajara a Andorra con frecuencia.

También ha testificado Cristina Isabel F.C., que ha dicho que fue administrativa en empresas de Jordi Pujol Ferrusola y ha dicho desconocer si el primogénito tenía cuentas en Andorra.

El último testigo de la sesión ha sido Josep Lluís P., un empresario que en 2003 vendió un chalé en Pedralbes por 2,4 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, aunque en los informes de la Agencia Tributaria que figuran en la causa consta que la compra se hizo por 21.035 euros.

El empresario ha recalcado que en la escritura figura que el chalé se vendió por 2,4 millones de euros al primogénito de los Pujol, quien pagó mediante un cheque, pero ha añadido que este tardó entre tres y cinco años en inscribirla en el registro de la propiedad, por lo que le llegaban a él las facturas de IBI o el recibo de basuras. El juicio no se retomará hasta el 12 de enero.

Illa recibe a Pujol de nuevo

El juicio se ha retomado este miércoles con la declaración de los primeros testigos. Pero la causa Pujol tiene ecos fuera de la sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). El president de la Generalitat, Salvador Illa, recibió el pasado viernes al expresident, de 95 años y que sigue convaleciente de una neumonía, después de que el tribunal decidiera mantenerlo como acusado en el juicio pese a su deteriorado estado de salud.

Tal y como ha avanzado La Vanguardia este miércoles, Illa se reunió el pasado viernes con Jordi Pujol en el Palacio de Pedralbes de Barcelona para interesarse por su estado de salud. Illa ya recibió a Pujol en 2024, en un paso decisivo del actual jefe del Govern para la rehabilitación política del expresident diez años después de su confesión sobre la fortuna familiar sin declarar a Hacienda.