“Entre la vieja política y la nueva política, la gente elige la buena política”. La entonces portavoz de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Marta Pascal, celebró así el 21 de mayo de 2016 el llamado , en el que un 70% de la militancia optó por bajar la persiana del partido que fundó Jordi Pujol y crear una nueva formación.

Diez años después, y con numerosas voces reivindicando un “reencuentro” del espíritu de CDC dentro de Junts, tanto el exalcalde de Barcelona Xavier Trias como el secretario general de Junts, Jordi Turull, ven aquella maniobra como un “error”. El expresident Artur Mas cree que la decisión de enterrar las siglas se la podrían haber “ahorrado”, aunque la defiende dada la voluntad de “salvar el proyecto”.

El “lío” de 2016

Diez años atrás, la nave convergente atravesaba la tormenta provocada en 2014 por la confesión del expresident Jordi Pujol sobre una herencia no declarada en Andorra y acababa de vivir el enésimo golpe de timón en la ruta hacia la independencia: el entonces alcalde de Girona, Carles Puigdemont, había sido investido a principios de año en sustitución de Mas, que se apartó por el reiterado no de la CUP a apoyarle. Además, CDC cargaba con la losa de los recortes durante el primer Govern de Mas, entre 2010 y 2012.

Turull y Trias, en sendas entrevistas con la agencia ACN, comparten el diagnóstico sobre el final de CDC. El secretario general de Junts recuerda que él nunca fue partidario de matar el partido. Aquella fue una “decisión estructural” dictada por unas “circunstancias coyunturales”, en alusión al impacto de los recortes presupuestarios o al “acoso por posibles casos de corrupción”.

Sobre la primera carpeta, Turull cree que los recortes “no se explicaron como se debería haber hecho” y repercutieron en el “alma social”, que quedó “muy afectada”. Sobre la segunda, señala el papel de las cloacas del Estado. El exalcalde de Barcelona también es crítico con la hoja de ruta que desembocó en la extinción de CDC. “Nos metimos en un lío”, sostiene, porque “a muchos partidos les han pasado cosas más sonadas” que al espacio convergente y “no han cerrado”. “Había mucha gente que quedó disgustada porque era pujolista y quedamos en una situación de cierta orfandad”, lamenta.

Precisamente, Mas enarbola el legado pujolista en su argumentario para justificar la decisión de acabar con CDC. La cuestión era encontrar la manera de “salvar” el proyecto convergente, “que era el de Pujol”, aunque fuera prescindiendo de las siglas. En una entrevista con la ACN, Mas califica la confesión del expresident como una “inundación de agua fría” contra el partido, que también debía cambiar de dirección dados los vientos que soplaban en Catalunya.

“Teníamos que pasar de un partido que siempre había actuado en clave autonomista a uno que lo hiciera en clave soberanista e independentista, que no era la tradición de CDC”, sostiene. Así, el expresident niega que, en pleno 2016, fuera un error sacrificar CDC. “Ahora, visto con perspectiva y habiendo ido las cosas como fueron, quizá nos lo podríamos haber ahorrado. Nunca lo sabremos del todo”, añade.

El parto “tortuoso” del PDeCAT

Turull define como “tortuoso” el nacimiento del PDeCAT, que ya contaba con “muchos defectos de fábrica”. Uno de ellos, que el aparato del partido “se resistía” a la dinámica independentista. Menos de 18 meses después se celebraría el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Para afrontar aquel momento, el secretario general de Junts defiende que hacía falta una “herramienta muy fuerte” que el PDeCAT no llegó a ser.

Trias sobrevuela los acontecimientos que marcaron el PDeCAT, desde la ruptura con Junts —que se constituyó como formación en julio de 2020— hasta su disolución en 2023 tras numerosos reveses electorales: fue “una muerte anunciada” que dejó a parte de la militancia “disgustada”.

Mas señala que faltaron dos piezas clave dentro del engranaje del partido heredero de CDC: unidad interna y un liderazgo como al que el espacio estaba “acostumbrado”, al estilo de Pujol o del propio Mas. De hecho, el expresident se reprocha a sí mismo “haber dejado, un poco, ese vacío de liderazgo” dentro de la familia convergente durante su tránsito hacia el PDeCAT.

“Yo ahora me acuso de no haberme mantenido más en primera línea aquellos primeros meses”, afirma. Considera que debería haberse implicado “mucho más” en la construcción de la nueva formación.

Los ingredientes del “espíritu convergente”

Los tres entrevistados coinciden en su definición del espíritu convergente. Para Turull, es “una manera de entender el país, de ser y de hacer que se injerta en los valores del catalanismo”. Para Trias, significa encontrar cómo “se junta al máximo de gente posible” para trabajar por una Catalunya “soberana” y “no dependiente” del Estado. Mas añade que es “unna manera de hacer y de ser con éxito”.

El exalcalde barcelonés, que llenó su última campaña electoral —en 2023— de referencias a la herencia convergente, subraya que en CDC había gente tanto de derechas como de izquierdas que remaba para construir un “proyecto común”. Turull añade a la mezcla la “cultura del esfuerzo” y la visión de Catalunya “en conjunto”. Y aunque coinciden en que el terreno de juego es el independentismo, muestran ciertas discrepancias sobre cómo debería ser la política de alianzas desde ese prisma convergente.

Trias, aunque reconoce su enfado por el pacto del PSC con el PP y BComú para que Jaume Collboni fuera alcalde de Barcelona, cree que el candidato de Junts en las próximas elecciones municipales “debe tener claro qué problemas tiene la ciudad”, especialmente en vivienda, y “marcar” políticas adecuadas y hechas “en colaboración” con el PSC. Sin embargo, añade que el discurso y la actitud de los socialistas “que mandan ahora en Catalunya” lo ponen “difícil” para el entendimiento con Junts.

Turull considera que la “voluntad de acuerdo” siempre debe estar presente en política. “Las dinámicas locales son muy diferentes”, añade. Eso sí, no significa “renunciar” a los propios objetivos ni “ser la muleta de nadie”. “Llegar a acuerdos con unos socialistas absolutamente sumisos a Madrid y aceptar esa sumisión, no lo haremos nunca”, asevera.

En este debate, Mas receta a Junts, con la voluntad de ser una formación “central”, que pueda llegar a acuerdos “a derecha e izquierda”. “Un partido central siempre pone la ideología en segundo orden, nunca es la excusa para negar pactos con otros”, constata. Asimismo, pide “combatir” a los adversarios, desde Aliança Catalana a los Comuns, la CUP o el PSC, si bien eso no significa “odiar, aislarse o imposibilitar cualquier pacto”. Además, cree que, si existe un “gran objetivo nacional”, es válido “sacrificar la ideología” propia, pero no “para siempre”.

El “reencuentro” y el “reto” de 2026

En pleno 2026, Trias considera que el ecosistema convergente tiene la “voluntad de reencuentro” —sobre todo impulsada desde el mundo local— dentro de Junts. De hecho, el partido de Puigdemont ha cerrado pactos con formaciones de la órbita de CDC para concurrir a los comicios locales de 2027, como Convergents —del exconseller Germà Gordó—, y en 2024 integró a Demòcrates, escisión independentista de la antigua Unió Democràtica de Catalunya, en su dirección.

Turull constata que dentro del partido “hay mucho espíritu” convergente, aunque con una “evolución” hacia las tesis del siglo XXI. “El 80 o el 90% de los militantes de CDC acabaron en Junts y, igual que CDC, tenemos la vocación de sumar”, subraya.

Mas comparte el análisis del secretario general, pero recuerda que Junts nació sin la receta convergente como “nexo de unión principal”. “Se ha ido volviendo a ello, y yo creo que todavía no ha llegado al 100%. La prueba, que es muy evidente, es que no todo el mundo que se sentía convergente hoy está en Junts”, remacha.

Aun así, cree que el partido de Puigdemont es el único que puede encarnar el espíritu de CDC, y se sabrá si lo ha conseguido cuando se “confirmen” el “proyecto” de Junts, la “estructura de gente” y sus “liderazgos”, tres elementos básicos para “definir una acción política”.

“El reto que tiene ahora Junts no es nada fácil: cómo actualizas un proyecto que fue un gran éxito, pero que ahora cuesta volver a visibilizar en su conjunto, entre otras cosas porque hemos ido hacia una fragmentación de la política catalana mucho mayor”, concluye Mas.

Se van a cumplir ya tres años de unas elecciones generales que la derecha de este país creía que tenía ganadas. Y como ya sucediera en el 95, desde la misma noche electoral, se han cuestionado los resultados, se ha tildado al gobierno de ilegítimo y se le ha asediado judicial y políticamente.

Desde el punto de vista judicial, los casos contra Begoña Gómez, el hermano del Presidente o el ex Fiscal General del Estado demuestran un activismo judicial impropio de un Estado de Derecho, que ha contribuido al desgaste del presidente pero no ha conseguido hacerlo caer. 

Desde el punto de vista político, tampoco la estrategia de Núñez Feijóo de encadenar cuatro elecciones autonómicas consecutivas ha conseguido el fin esperado porque aunque el Partido Socialista sale debilitado, el Partido Popular depende cada vez más de Vox. 

Una vez que esa estrategia ha fallado, el Partido Popular trata ahora de presionar a los socios de investidura para que retiren su apoyo al gobierno, aprovechando la imputación del expresidente Rodríguez-Zapatero, conocida esta semana. 

No sabemos si Junts cederá, como cedió en el 95 Jordi Pujol. Por ahora, los socios aguantan a la espera de la declaración del presidente el día 2 de junio. Veremos entonces que pasa y si, como sucedió entonces, nos encontramos ante unas elecciones anticipadas.

En la mejor película judicial de todos los tiempos, Henry Fonda admite no saber la verdad sobre si el acusado es culpable. Esa duda razonable es lo que conduce a la absolución, en lo que supone un triunfo de la presunción de inocencia, un pilar del Estado de derecho tan crucial como denostado.

No son 12 hombres sin piedad, sino dos magistradas y un magistrado con años de experiencia a sus espaldas los que decidirán la suerte procesal de la familia Pujol. La verdad judicial bascula entre dos tesis sobre el origen de la fortuna oculta en Andorra: corrupción o legado familiar. Es posible que la sentencia no pueda dar con la verdad porque ninguna de las dos hipótesis resulte ganadora.

Los motivos de esta paradoja son varios, pero es algo con lo que se encuentran a veces los tribunales. Si no se prueba la acusación sin ninguna duda razonable, procede absolver. También es un triunfo del Estado de derecho. Se apellide como se apellide el acusado y aunque lo que se haya visto en sala sea poco tolerable en el plano ético.

Sea cual sea la sentencia, el juicio sí ha permitido a la ciudadanía observar en audiencia pública cómo los hermanos Pujol Ferrusola exponían su versión de los hechos. No así la del expresident, exonerado por su deterioro cognitivo. La verdad de la familia ha dejado tocada su imagen ante la opinión pública que la haya querido escuchar.

Durante muchos años, una buena parte de Catalunya prefirió no mirar lo que Jordi Amat definió con maestría en El hijo del chófer (Tusquets en castellano, Grup 62 en catalán) como los ángulos muertos del pujolismo. El juicio no los ha desvelado todos, pero sí ha retratado una época, los 23 años en el poder de Pujol, en los que no se dudó en recurrir a las lecciones de moral y a la censura para acallar toda voz crítica. 

Sin demasiada contención y ni un ápice de arrepentimiento, acusados y testigos han dibujado el funcionamiento de una élite y una clase social entregada al dinero fácil gracias a los contactos. También se ha visto a una familia que no vio reparos en mantener durante décadas dinero sin declarar en el extranjero mientras su padre era la primera autoridad de Catalunya.

La estruendosa vida económica de Jordi Pujol Ferrusola ha sido la puntilla al pretendido legado ético de su padre. El primogénito alardeó ante el tribunal de sus contactos y de ganar dinero con “información privilegiada” (se le pasó añadir que sin su apellido no la habría obtenido).

El nombre del expresident apenas se nombró en la vista hasta que los jueces decretaron el archivo del caso para él por su deterioro cognitivo. Si tuvo o no una cuenta en Andorra es algo que queda por resolver. A favor de esta tesis juega la carta manuscrita en la que Pujol, en el año 2001 (mientras todavía era president) asume la titularidad de una cuenta en el principado sin declarar.

La alternativa de la defensa es que en realidad la cuenta sería de Jordi Pujol Ferrusola. La misiva del expresident, según la defensa, formó parte de una treta para que la exmujer del primogénito no cobrara la mitad de lo que había en la cuenta tras el divorcio. Puede aceptarse en términos legales, pero en el campo ético es bastante problemático.

Este Guatemala o Guatepeor se repite con la deixa. Cristóbal Martell, abogado de los Pujol, admitió la dificultad de probar que la fortuna oculta procede de un legado del abuelo Florenci (no hay documentos que lo corroboren) dado el “perfil” económico de Florenci Pujol, traficante de divisas y fundador de la fallida Banca Catalana.

En el juicio ha sobrevolado la hipótesis que no pocos conocedores del pujolismo manejan: parte del dinero oculto puede proceder de la quiebra de Banca Catalana. La defensa se ha limitado a aportar un libro sobre la crisis de la entidad, pero para trazar el perfil económico y empresarial de Florenci Pujol, no para explicar otro origen del dinero. La deixa se ha mantenido como única versión.

Martell jugó la carta de la duda razonable al plantear al tribunal que, aunque no dé por probado el legado como origen de la fortuna oculta, tampoco tiene que aceptar que los fondos proceden de la corrupción ante el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía. Esta tercera vía implica la absolución de la familia.

En el otro lado de los estrados, el juicio no ha sido un camino de rosas. Las dificultades de la Fiscalía para probar su tesis provienen del largo tiempo transcurrido (12 años de investigación de unos hechos que se remontan a los 80 y 90), el silencio empresarial que sigue envolviendo al pujolismo (a diferencia de muchas otras causas por corrupción, nadie ha tirado de la manta) y una instrucción mastodóntica pero ineficiente.

No se pudieron pinchar teléfonos en secreto ni pillar por sorpresa a los investigados porque el caso estalló de forma pública. Primero, con las revelaciones de la examante de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, animadas por el jefe de gabinete del entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Después, por la intervención de la brigada política del PP para obtener el pantallazo de las cuentas en Andorra de la familia que terminó en la portada de El Mundo.

Tampoco ha ayudado la poca precisión fiscal en algunas de las adjudicaciones públicas bajo sospecha, que se concretaron bajo el tripartito de izquierdas y no bajo gobiernos de Convergència. Y hay que remarcar lo que ha parecido cierto desinterés institucional: el fiscal Fernando Bermejo ha estado solo, a diferencia de otros juicios de corrupción, donde actúan dos fiscales. En el caso Pujol, la Abogacía del Estado ha tenido a dos representantes para repartirse el trabajo, y eso que acusa por menos delitos que la Fiscalía.

Recordó Bermejo en su informe final una de las frases que define el juicio. “Tener una cuenta en Andorra era una tradición familiar en Catalunya”, declaró un testigo. “Esa tradición lo sería para las familias acomodadas, pero no para la mayoría”, replicó el fiscal. En la sala lo escuchaban varios acusados que pensaban que era lo normal.

Parecía imposible, pero el juicio a la familia Pujol ha quedado visto para sentencia este jueves. La Audiencia Nacional ha terminado la vista oral, que arrancó en noviembre, sin que los hijos del expresident y el resto de acusados hayan hecho uso de su última palabra (el derecho de todo acusado que más teme su abogado, pues en ocasiones echa por tierra toda una defensa).

Ahora empieza la labor de deliberación del tribunal, de tendencia progresista, que preside el magistrado José Ricardo de Prada y lo forman las magistradas Mercedes del Molino y María Fernanda García Pérez, que será la ponente de la sentencia.

Ante el tribunal han desfilado a lo largo de 38 sesiones más de 200 testigos, sin que las pruebas hayan movido un ápice a las partes de sus planteamientos iniciales: la Fiscalía mantiene que la fortuna familiar proviene de la corrupción vinculada a la “red clientelar” del pujolismo, mientras que las defensas insisten en que procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci. ¿Legado o corrupción? Es posible que la sentencia no responda del todo a la pregunta.

El momento más destacado de la vista ha sido el que no se ha celebrado en audiencia pública: el reconocimiento privado que el 27 de abril el tribunal y el forense de la Audiencia Nacional realizaron al expresident de la Generalitat para determinar si podía declarar como acusado. La respuesta fue la que los forenses ya habían dado en noviembre: Pujol no estaba en condiciones de defenderse.

El expresident no tendrá ni condena ni absolución, sino un sobreseimiento libre por su deteriorado estado cognitivo. Por el contrario, sus hijos se siguen enfrentando a altas penas por parte de la Fiscalía: 29 años de cárcel le reclama el fiscal Fernando Bermejo al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 años a Josep y ocho años para los otros cinco de hermanos (estos últimos acusados únicamente de blanqueo y asociación ilícita).

En un contundente informe, el fiscal Bermejo, negó que el caso Pujol fuera un “ataque” a Catalunya y contrapuso el “saqueo” perpetrado por la familia con el discurso nacionalista de “Espanya ens roba” (España nos roba). Por su lado, el abogado del Estado Ignacio Ocio (que acusa tan solo al primogénito y a Josep por delitos fiscales y falsedad documental) adujo que los negocios de Jordi Pujol Ferrusola respondían a un “favor inconfesable”.

El letrado Cristóbal Martell, abogado de Jordi Pujol Ferrusola, cargó contra el “clamoroso vacío probatorio” de la acusación de corrupción, basada, en su opinión, en informes policiales sin ningún rigor e incluso informaciones periodísticas no fundamentadas en documentación alguna, impropias de un “Estado democrático”.

La única defensa con tintes políticos ha sido la del exsecretario general de Convergència, Oriol Pujol. Su letrado, Francesc Sànchez, denunció que el caso obedece a una “persecución” contra el expresidente catalán por ser “quien es”, “padre espiritual de Catalunya”, con una forma determinada de “entender el país”.

Este jueves, antes del visto para sentencia, las defensas de los empresarios acusados han expuesto suis informes finales, en los que han insistido en reclamar la absolución de sus clientes. La intervención más destacada ha sido la de la abogada Ana Bernaola, defensora del promotor Alejandro Guerrero, que ha señalado de la “malicia” de algunas acusaciones de la Abogacía del Estado.

En medio año de sesiones, no se ha acreditado “ninguna irregularidad” ni se ha probado ningún “acto mendaz” ni “nada por el estilo”, ha subrayado Carles Monguilod, que representa al empresario Gustavo Buesa. Por su lado, el abogado Óscar Morales, defensor del constructor Luis Delso, ha advertido que en la causa Pujol “el Estado trató de desencadenarse de las cadenas que le atan al Derecho”, en referencia al trabajo policial.

El letrado José María Fuster-Fabra, que defiende al empresario Josep Mayola, ha insistido en que “está por demostrar” que Jordi Pujol Ferrusola haya “cometido algún delito” y, en este contexto, ha denunciado que se ha pretendido “manchar absolutamente a todo el mundo que rodea” al hijo mayor del expresident, como si fuese un “virus contaminante”.

El abogado del constructor Carles Sumarroca, Diego Artacho, ha solicitado al tribunal “una reparación” ante el “atropello” de una causa abierta durante 14 años en la que, según ha argumentado, la acusación pretende atribuir acciones a su cliente de su padre, del mismo nombre y primer apellido.

Turno para las defensas en el final del juicio a los Pujol. El abogado de Jordi Pujol Ferrusola, Cristóbal Martell, ha reivindicado la tesis de que la fortuna familiar procede del legado oculto en Andorra del abuelo Florenci y ha arremetido contra el “clamoroso vacío probatorio” de la Fiscalía, de quien ha criticado que pretenda “ensuciar a brochazos” al expresident, en referencia a la contundencia del fiscal Fernando Bermejo de este martes.

Martell ha abierto el turno de las defensas con el informe más extenso, toda vez que su cliente es quien se enfrenta a la pena más alta (29 y 25 años de cárcel le piden Fiscalía y Abogacía del Estado respectivamente por asociación ilícita, blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad documental y alzamiento de bienes). “Perdón que sea tedioso, pero son muchas las tipicidades en este festín punitivo al que hemos sido invitados”, se ha excusado el letrado, tirando de ironía.

El letrado ha disparado contra la tesis fiscal de que el Gobierno de Pujol “se entregó a la corrupción y tejió una red clientelar de intereses”, que es el origen de la fortuna según Anticorrupción. “Este eje vertebrador transita por todo el escrito de acusación y es un frontispicio tan ambicioso que uno espera columnas que lo sustenten. Nada. A lo largo de todo el escrito, ni una sola mención que dé respuesta a esta grave afirmación”, ha señalado Martell.

El abogado ha mantenido la tesis defensiva que hace 12 años inició el expresident Jordi Pujol en su carta de confesión: la fortuna familiar oculta en Andorra procede de un legado del abuelo, cambista de bolsa y condenado por tráfico ilegal de divisas durante el franquismo, que en la convulsa Transición quiso dejar los fondos a sus nietos ante el desacuerdo con su hijo por haberse dedicado a la política. “Nuestra alternativa no es extravagante”, ha defendido Martell.

El letrado ha concedido al tribunal que puede no creer su hipótesis ante la falta de documentos que la justifican. Pero Martell ha planteado que la tesis de la Fiscalía de que los fondos proceden de la corrupción no es admisible por falta de pruebas. “Cuando digo la nada es la nada”, ha incidido el abogado.

En suma, no hace falta que los jueces se crean su tesis, sino que basta con que se rijan por el principio básico de todos los juicios: la presunción de inocencia. “Se puede contrastar la hipótesis acusatoria con la defensiva y no dar por vencedora a ninguna de las dos”, ha admitido Martell. Un resultado que igualmente conduciría a la absolución de su cliente.

Cristóbal Martell ha demostrado este miércoles por qué se le considera uno de los mejores penalistas de Barcelona: más allá de hilar ordenadamente una tesis alternativa a la del fiscal, la jurisprudencia que ha citado ante un tribunal de tendencia progresista como el que juzga a la familia Pujol ha consistido en pesos pesados de la magistratura izquierdista.

El letrado ha mencionado sentencias de jueces como Luciano Varela, Ana Ferrer, Ramón Sáez, Cándido Conde-Pumpido o Javier Hernández que analizan el blanqueo de capitales y la presunción de inocencia y que juegan a su favor. Incluso ha tenido palabras de elogio para un artículo de su “admirado” José María Mena, el mítico exfiscal superior de Catalunya y que fue uno de los autores de la querella de Banca Catalana contra el expresident.

Cuando ha tocado entrar al detalle de cada delito, Martell se ha empleado a fondo para desmentir los argumentos del fiscal. Sobre el blanqueo de capitales atribuido al primogénito, el abogado ha defendido que sus movimientos de dinero no son ilegales. “Un circuito de inversión de negro a negro no es blanqueo de capitales porque no se reviste de actos positivos dirigidos a otorgar al dinero un título jurídico legal”, ha aseverado.

Tampoco procede la condena, ha argumentado Martell, por asociación ilícita, ya que “casa mal” con lo visto en el juicio: no se ha probado, según la defensa, una “estructura definida” ni un “abuso de la forma asociativa”, ni tampoco el “reparto de roles” que requiere este delito. “La mayor parte de los hermanos, abren y cierran su cuenta, y ya. Esta es la hipótesis criminal”, ha apostillado Martell.

En su informe, Jaime Campaner, abogado de Josep Pujol Ferrusola, ha lamentado “el juego de sinónimos de las acusaciones”, que, a su juicio, “han dejado sobre la mesa un enriquicimiento atípico pero ninguna prueba sólida” del delito de blanqueo. Y ha replicado al fiscal Bermejo, que este martes se refirió al “Espanya ens roba” (expresión empleada por el independentismo) en contraste con el fraude fiscal de los Pujol. “La pela es la pela”, ha ironizado Campaner, en referencia que su cliente era considerado un buen cliente por la banca andorrana, que no le cobraba comisiones.

Por su lado, Pau Ferrer, abogado de los otros cuatro hermanos Pujol Ferrusola, ha afeado que la acusación “fuerce los hechos” para atribuir al conjunto de la familia un delito de blanqueo, pese a que sus defendidos se limitaron a tener dinero en Andorra sin declarar (esto es, un fraude fiscal ya prescrito para todos) y no a intentar aflorar de forma legal un dinero de procedencia ilícita.

Siguiendo el hilo desplegado por Martell sobre la actividad del abuelo Florenci, Ferrer ha dejado caer una pregunta al tribunal: “¿Puede alcanzarse certeza objetiva sobre origen del dinero en hechos tan antiguos?”. La “incertidumbre” debido al paso del tiempo debe conducir, según el abogado, a una absolución por falta de prueba suficiente.

Más político ha sido el informe del abogado de Oriol Pujol, Francesc Sànchez, quien ha concedido al fiscal que el caso Pujol “no es una persecución política”, aunque sí lo ha considerado “una persecución por ser vos quien sois”, en referencia al expresident, al que ha definido como “el padre espiritual de una forma de entender el país por parte tanto de catalanes de origen como de catalanes que acababan de llegar”.

Contundente informe del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en el juicio a los Pujol. El fiscal ha querido fijar desde el inicio de su intervención un marco al tribunal: la “contradicción” entre el “discurso del 'Espanya ens roba'”, ha dicho Bermejo en catalán, y las prácticas de “ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias” de la familia, que “se aprovechó de su red de clientelismo para defraudar, conseguir una fortuna y perjudicar a la sociedad catalana”.

“La contradicción no es meramente política, es jurídicamente relevante”, ha incidido el fiscal. Más allá de si el tribunal compra su tesis jurídica, se ha esforzado el fiscal Bermejo en captar la atención de los jueces con una misma idea: que los hechos del caso Pujol no se pueden juzgar con “las gafas” de hoy, sino que hay que tener en cuenta el contexto de los 90 en Catalunya, con un pujolismo hegemónico que abría todas las puertas. También las de la corrupción.

En el juicio a la familia Pujol, que quedará visto para sentencia el jueves, acusaciones y defensas han empezado a exponer sus informes finales. El primero ha sido el fiscal Bermejo, que se ha reafirmado en reclamar 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 para Josep Pujol Ferrusola y 8 años para el resto de los hermanos. El expresident, excluido del juicio por demencia, ha sido situado por el fiscal en “la cúspide de la organización criminal”.

“No se persigue a una familia por su ideología política”, ha apostillado el fiscal, consciente de que la identificación de Pujol con Catalunya que marcó sus 23 años en la presidencia pervive a día de hoy en sus afines a la hora de interpretar el juicio. “Este proceso no ataca a Catalunya sino que pretende lo contrario, defender a los ciudadanos catalanes”, ha argumentado Bermejo, para apostillar: “Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades, incluida Catalunya”.

El fiscal ha defendido que la estructura y mecánica de fondos oculta en Andorra durante décadas por parte de los Pujol (y que la familia no niega, pero explica por inversiones financieras propuestas por la banca andorrana que hicieron crecer el legado oculto del abuelo Florenci Pujol) ya es suficiente para obtener una condena.

El delito de blanqueo de capitales, ha argumentado el fiscal, no exige la “plena identificación” de un delito antecedente (en la mayoría de causas está vinculado al tráfico de drogas o el delito fiscal). Basta con que existan numerosos indicios de ello. Y eso es lo que ocurre, a su juicio, con la familia Pujol y el delito de asociación ilícita.

La “ocultación estructural y prolongada” del dinero en Andorra, la falta de acreditación de que la fortuna procede del legado oculto del abuelo, y los continuos ingresos en efectivo que la familia realizó a partir de 1990 “sin explicación coherente” son elementos suficientes, ha reclamado el fiscal, para fundamentar una condena. “Todos los hermanos dicen lo mismo, tienen las mismas lagunas”, ha agregado.

Por si no fuera suficiente con el movimiento y ocultación del dinero por parte de todos los hermanos, Bermejo ha recalcado que los hechos enjuiciados, en los que se han repasado varios pelotazos empresariales realizados por el primogénito, “se enmarcan en la corrupción política”. “Los negocios no se explican con lógica empresarial, sino para blanquear”, ha agregado.

Como caso paradigmático de corrupción, ha mantenido Bermejo, la Audiencia Nacional debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que “viven de contratos públicos”, lo que explica, a su juicio, los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: “Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador”.

La Abogacía del Estado y el “favor inconfesable”

Por su lado, los abogados del Estado Álvaro Bazán y José Ignacio Ocio, que reclaman 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y cuatro y medio para Josep por delitos fiscales, pero no acusan al resto de hermanos, han fundamentado su petición de penas en la teoría del “favor inconfesable” que explica los pagos de las constructoras al primogénito.

Los defensores de Hacienda han recordado que varios testigos no han sabido identificar el papel concreto de Pujol Ferrusola en varias de las operaciones bajo sospecha, y que algunos de ellos incluso ni lo conocían. “Nos ha costado encontrar un testigo que declare más de 15 segundos a qué se dedicaba en concreto el señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha incidido Ocio.

La Abogacía del Estado se sitúa en un punto intermedio entre la Fiscalía, que vincula los pagos a la corrupción política vinculada a Convergència, y a las defensas, que los explican por labor de intermediación en base a la “información privilegiada” que manejaba el primogénito.

Ocio ha remarcado que los pagos de los empresarios corresponden a “un favor irregular inconfesable”, lo que explica que en varios de los negocios no haya “rastro” de actividad económica real de Pujol Ferrusola. “Lo de menos era la factura, lo importante era cobrar”, ha apostillado.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de pena de 29 años de cárcel para el primogénito del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, acusado de varios delitos relacionados con la corrupción (asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental, fraude fiscal y esconder su patrimonio mientras era investigado).

Tras la declaración de todos los testigos y acusados, el juicio a la familia Pujol encara la recta final con los informes finales de las partes, que intentarán convencer al tribunal de sus respectivas pretensiones. El juicio quedará visto para sentencia el jueves, y este lunes acusaciones y defensas han elevado a definitivas sus conclusiones sin cambios sustanciales en lo que ya pedían al inicio del juicio, es decir, altas condenas de prisión o la absolución, respectivamente.

Eximido el expresident de la Generalitat por su deteriorado estado de salud (el tribunal ha determinado que el caso quede archivado para Jordi Pujol Soley), el primogénito se ha convertido en el protagonista del juicio, que ha girado alrededor de sus lucrativos negocios. La Fiscalía los vincula a la corrupción política, mientras que la defensa mantiene que fueron entre privados, sin que el partido de su padre se beneficiara ni estuvieran ligadas a obras públicas de la Generalitat bajo el mandato de Convergència.

Para Oriol, Oleguer, Marta, Mireia y Pere Pujol Ferrusola la petición fiscal es de ocho años de cárcel por blanqueo y asociación ilícita, que asciende a 14 años de prisión en el caso de Josep Pujol Ferrusola al sumarle los delitos de fraude fiscal y falsedad documental y a 17 a Mercè Gironès, exesposa del primogénito, a quien también se acusa de intentar ocultar su patrimonio durante la investigación.

A los empresarios implicados en la presunta trama delictiva se les acusa de cooperación necesaria en el blanqueo de capitales mediante la comisión de falsedades en documentos mercantil y se les reclama cinco años de cárcel, además de multas millonarias.

Respecto a la multas solicitadas a los miembros de la familia, la Fiscalía reclama 144.000 euros a Pujol y a su primogénito y 72.000 al resto de hijos por el delito de asociación ilícita; 60.000 euros a Jordi Pujol padre e hijo por el delito de falsedad en documento mercantil; y que paguen los 38,7 millones de euros, 8,1 millones de dólares, 2,7 millones de marcos alemanes y 95.344 libras que presuntamente blanquearon.

Por sus cinco delitos fiscales, Anticorrupción reclama una multa de 800.000 euros a Josep Pujol Ferrusola, 6,5 millones de euros a Jordi Pujol Ferrusola, y 410.000 euros a Mercè Gironès, además de 54.000 euros a éstos dos últimos por ocultar su patrimonio durante la investigación.

Declaran los últimos empresarios

Antes de que el fiscal Fernando Bermejo elevara a definitivas sus conclusiones, los últimos cuatro empresarios acusados han declarado. Igual que el resto, han defendido la legalidad de sus negocios con Jordi Pujol Ferrusola, en una nueva demostración de cierre de filas empresarial con el primogénito.

Al contrario de lo que ocurre en otros casos de corrupción, ningún empresario ha tirado de la manta en el caso Pujol. Es más, los patronos han elogiado a Pujol Ferrusola. “Él se movía muy bien”, ha expresado sobre el primogénito el expresidente de la constructora Isolux, Luis Delso, a quien el fiscal pide 5 años de cárcel y que ha negado que sea “afín” a Convergència.

Sí lo era el padre de Carles Sumarroca, fundador de Convergència junto a Jordi Pujol. Su hijo, acusado en el juicio, ha negado que su constructora, EMTE, pagara comisiones para conseguir adjudicaciones públicas. “En 60 años de la historia de EMTE ninguna de sus adjudicaciones públicas han sido cuestionadas en ese sentido”, ha asegurado.

Pujol Ferrusola explicó sus conexiones con las empresas por la “información privilegiada” que les suministraba. Así lo ha corroborado el constructor Josep Cornadó, del grupo Copisa: “Toda la información es poder, es buena”.

Sin embargo, Cornadó ha negado que sus contactos con el primogénito respondieran a una afinidad con el partido que fundó su padre. Para ello ha recordado que su “principal cliente” ha sido el Ministerio de Transportes, y que Copisa facturó más de la Generalitat cuando gobernaba el tripartito de izquierdas que con Convergència.

El empresario Alejandro Guerrero también ha defendido sus negocios con Pujol Ferrusola, quien, según su versión, le presentó inversores para proyectos inmobiliarios privados en L'Hospitalet (Barcelona) e Ibiza. Todo lo que le pagó, ha incidido, fue por servicios prestados realmente, al contrario de lo que sostienen las acusaciones. “No se facturan dos veces los mismos servicios”, ha apostillado.

El genio francés Emmanuel Carrère destripa en Koljós, sin compasión alguna, los capítulos más íntimos de su familia. Ningún hermano Pujol Ferrusola ha escrito un libro, pero sus declaraciones como acusados de esta semana serían un buen prólogo. Aunque no lo han contado todo, han proporcionado un material necesario para que la sociedad catalana pueda formarse una opinión completa sobre su padre. Es un juicio distinto al que está a punto de acabar en la Audiencia Nacional, pero también relevante.

Las interioridades familiares se expusieron como nunca. Llegan tarde, como el propio juicio del caso, pero cuando tocaba (estar sujeto a un procedimiento penal aconseja prudencia a la hora de hablar en público fuera del juzgado). Además de los hijos, apareció un personaje que había pasado casi desapercibido, pero que tiene la segunda petición de pena más alta por parte de la Fiscalía: 17 años de cárcel. Se trata de Mercè Gironès, exesposa de Jordi Pujol Ferrusola.

En un juicio marcado por el silencio empresarial (ningún constructor ha querido tirar de la manta y detallar el lado oscuro del pujolismo), Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès se lanzaron varios dardos. Han sido los únicos entre los acusados del caso. El otro conflicto de envergadura que se relató fue el que tuvieron el expresident y su padre, Florenci Pujol, a cuenta de la fortuna oculta en el extranjero. Un auténtico jardín familiar debido al dinero.

Fueron declaraciones opuestas. Convincentes o no, los hijos de Pujol trasladaron al tribunal un relato. Alternativo al de la Fiscalía y al que creen muchos catalanes. Con algunas grietas, pero trabajado. Una tesis exculpatoria, al fin y al cabo. Mercè Gironès lanzó una y otra vez balones fuera. Su alegato recordó al de la infanta Cristina en el caso Nóos: firmaba sin saber lo que decían los papeles.

El abogado de Gironès, Oriol Rusca, empezó preguntando a su clienta por los “hitos de su matrimonio”. “Tampoco hace falta que sea muy explícita…”, imploró el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada. “Es que todo va vinculado”, contestó la acusada, que en una hora de declaración mezcló aspectos personales con los elementos que conforman la acusación contra ella.

Pese a ser la administradora de las sociedades con las que el primogénito facturó cantidades millonarias a constructoras y grandes empresas, Gironès dijo no tener nada que ver y lo endosó todo a Jordi Pujol Ferrusola. “He figurado como administradora porque he seguido todos los pasos del trabajo de mi exmarido”, alegó primero. “Si mi marido me decía que estaba bien hecho y todo era correcto, yo firmaba sin leer”, agregó. Y apostilló: “La secretaria sabía más de él que yo”.

Gironès tuvo el detalle de defender que los negocios de Pujol Ferrusola bajo sospecha eran reales, al contrario de lo que cree la Fiscalía. No halló reciprocidad en su exmarido. El hombre popularmente conocido como Júnior (y al que no le gusta este sobrenombre) recordó que el “pacto verbal” del matrimonio era que “iban al 50%” en todo, e incluso explicó “una exigencia” que su exmujer puso para adquirir una sociedad.

Si los Pujol escribieran un Koljós, un posible comienzo sería la escena descrita por Marta Pujol Ferrusola. Hay que retroceder hasta finales de los 70 y situarse en la casa de veraneo de los Pujol en Premià de Mar. “Hubo un enfrentamiento de mi abuelo con mi padre por cómo usaba el dinero. Mi abuelo pensaba en la estabilidad familiar y estaba muy preocupado por la auténtica obsesión de mi padre por Catalunya”, recordó la hija mayor.

Los hijos intentaron salvar a su padre al desmentir que hubiera tenido una cuenta en Andorra. También quisieron taponar la brecha que, pese a los esfuerzos del propio Pujol (obsesionado por el perdón), sigue impidiendo completar su rehabilitación política: el silencio durante décadas, incluidas las de su Presidencia, sobre la fortuna familiar oculta en el extranjero.

Florenci, de convicciones republicanas y que amasó una fortuna durante el franquismo gracias al tráfico de divisas, no veía con buenos ojos que Pujol priorizara los negocios relacionados con la cultura catalana a la economía familiar. Las discrepancias entre el abuelo y el padre explican, según los hijos, que el expresident fuera excluido del legado.

Aunque sea difícil exponer en público la intimidad de una casa, un conflicto familiar siempre es más digerible para el público que la acusación de la Fiscalía de que la fortuna está ligada a la corrupción política.

Las declaraciones de los acusados son un elemento que valoran los jueces al dictar sentencia, pero no es lo que suelen tener más en cuenta. Sobre todo, cuando no se pueden contrastar con otras pruebas más objetivas. Es el principal punto flaco de la tesis de la deixa del abuelo Florenci que los hermanos se esforzaron en reivindicar: como era un legado oculto y “fiscalmente opaco”, no consta en ningún sitio, tal y como han admitido los propios hijos del expresident.

Insistió Jordi Pujol Ferrusola en pedir que no se observara la cuestión del legado “con los ojos de hoy”. Que un padre se olvide de sus hijos para dedicarse a su obsesión o que una mujer preste su género como coartada no se ve igual en 2026 que en 1980. Pero hay cosas, como tener dinero en Andorra sin declarar durante décadas, saberlo y no hacer nada, que están mal siempre.

Los hermanos Pujol Ferrusola que quedaban por declarar en el juicio por el origen de la fortuna familiar han cumplido los pronósticos: Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol se han reafirmado en la tesis de que el dinero procede de una herencia oculta del abuelo Florenci. Exonerado su padre por demencia senil sobrevenida, sus hijos han querido reivindicar su buen nombre, después de que varios episodios que se han visto en el juicio lo hayan ensombrecido. “Mi padre nunca tuvo dinero en Andorra”, han repetido varios de los hermanos.

Oriol, Marta, Mireia, Pere y Oleguer Pujol se enfrentan tan solo a la acusación de la Fiscalía por asociación ilícita y blanqueo de capitales, con unas penas solicitadas mucho más bajas que los 29 años de cárcel a los que se expone el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola. A diferencia de su hermano mayor, que ha monopolizado el juicio con sus voluminosos negocios, los cargos contra ellos se basan únicamente en el dinero que mantuvieron oculto en Andorra durante décadas.

Las declaraciones de los cinco hermanos han sido muy similares. Han entrado algo nerviosos (a diferencia del primogénito, que ya terminó de prestar de declaración este martes y este miércoles ha charlado con los abogados del Estado y el fiscal del caso antes de empezar), pero al terminar todos mostraban caras de satisfacción, y se han dedicado miradas y gestos de complicidad en la sala de vistas de la Audiencia Nacional.

En síntesis, todos ellos han defendido que el dinero en Andorra procede de la herencia oculta que su abuelo Florenci, traficante de divisas durante el franquismo, les dejó como nietos porque no se fiaba de la actividad empresarial ni política de su hijo, Jordi Pujol. De la deixa (legado, en su traducción más aproximada al castellano) se enteraron conforme fueron creciendo; la primera fue Marta, la hermana mayor, a finales de los 70.

En 1990, diez años después de la muerte de Florenci y cuando los siete ya habían cumplido los 18 años, hubo una reunión familiar donde por primera vez todos los hermanos supieron del legado. La razón, según ha explicado Marta, era que el primo del ya president no quería seguir gestionando los fondos y se consideró que el primogénito, que por entonces tenía 32 años, estaba “preparado” para hacerlo.

Cuando recibieron el dinero, todo lo que legó Florenci Pujol (140 millones de pesetas en dólares en 1980) estaba invertido en distintos productos financieros, como bonos de deuda pública de varios países o las ya famosas “láminas” a las que han aludido todos los hermanos.

Originalmente, eran 17,5 millones de pesetas para cada hermano y Marta Ferrusola, pero no para Pujol, han incidido sus hijos, debido a que el abuelo Florenci estaba en desacuerdo con su actividad empresarial y política “en favor de Catalunya”, y quiso excluirle de la herencia oculta. En consecuencia, cada hermano abre una cuenta en 1992 en la Banca Reig.

La gestión de la deixa, han continuado, se encomendó al primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, que la multiplicó gracias a “operaciones financieras”. Era un dinero que estaba ahí, no declarado, pero para el que no contaban para su día a día, según han coincidido los cinco hermanos.

Pese a los esfuerzos desplegados por los hermanos, esta sigue siendo la parte de más difícil comprensión, tanto legal como social, y que lastra la credibilidad de su padre: durante la mitad final de su presidencia, el dinero (siempre, según su versión, gracias a operaciones financieras legales recomendadas por el primogénito y los gestores bancarios andorranos) se multiplicó.

Ya en 1992, cuando abren las cuentas tras vencer las últimas operaciones financieras planteadas por el abuelo, el legado se había multiplicado por cuatro hasta los 62 millones de pesetas por hermano. Y en 20004, cuando finaliza la segunda ronda de inversiones, cada hermano tiene 125 millones de pesetas, unos 760.000 euros.

Todos han querido remarcar que sus ingresos habituales procedían de su trabajo: arquitecta municipal (Marta), bailarina y fisioterapeuta (Mireia), político (Oriol), inversor (Oleguer) e ingeniero agrónomo (Pere).

“Mi postura con el legado fue mantenerlo sin usarlo, yo ya ganaba dinero de mi trabajo”, ha indicado Marta Pujol a preguntas de su abogado, Pau Ferrer. “No toqué el dinero del legado, ni pensaba en él y hasta me decía 'oye Mireia pero lo tienes ahí, cuidado'”, ha agregado la segunda hermana.

Marta Pujol ha sido la encargada de apuntalar la exculpación de su padre iniciada por Jordi Pujol Ferrusola por la cuenta andorrana que le atribuye la Fiscalía. El primogénito ya indicó que “presionó” a su padre para que mintiera a la banca andorrana y se atribuyera una cuenta que en realidad era suya para así no darle la mitad del dinero a su exmujer durante el divorcio. “Esa cuenta era de mi hermano”, ha apostillado Marta, que ha desvinculado a su padre de toda la gestión del legado.

Los cuatro hermanos regularización sus fondos en 2014, según han explicado, forzados por la portada de El Mundo con el célebre pantallazo de sus cuentas que les dejó, en sus palabras, “expuestos”. Oriol Pujol lo había hecho cuatro años antes por la “incomodidad” que le generaba tener ese dinero cuando saltó a la primera línea política en Convergència. Los fondos, ha agregado a preguntas de su abogado, Francesc Sànchez, los retiró el primogénito porque le otorgó poderes para hacerlo.

“Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas”

Tras los hijos, ha sido el turno de los otros nueve acusados: empresarios acusados de falsear documentos o ser testaferros para beneficiar los negocios de Jordi Pujol Ferrusola. Tampoco ha habido sorpresas con ellos. A diferencia del resto de grandes causas de corrupción, ningún empresario acusado ha tirado de la manta, y todos han defendido la legalidad de sus operaciones con el primogénito.

A su vez, los empresarios acusados han dejado frases que dan cuenta del pedigree de los que se sientan en el banquillo. “Mi abuelo me dejó edificios de 22 millones. Podría haberme jubilado con 30 años, pero no me gustaba ser un rentista, me gustaba estar en la economía”, ha afirmado el empresario andorrano Francesc Robert.

Los empresarios Gustavo Buesa y Josep Mayola también han defendido la legalidad del aval de 4,6 millones de euros que una empresa de Pujol Ferrusola para aportar “músculo financiero” en la gestión de un vertedero, en una de las pocas operaciones del caso vinculada con adjudicaciones de la Generalitat (aunque concretada bajo el gobierno de izquierdas del tripartit).

Algunos lograron grandes éxitos al asociarse con Jordi Pujol Ferrusola, pero otros todavía lamentan el día en el que se cruzaron con el primogénito. “Nos ha salido más caro el caldo que las albóndigas”, ha concluido el empresario mexicano Bernardo Domínguez Cereceres, sobre el contrato de préstamo firmado con Pujol Ferrusola, que la Fiscalía considera que sirvió para intentar blanquear la fortuna familiar.

El primogénito del fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) ha agregado otro clavo a las finanzas del extinto partido. Han sido solo diez minutos en una declaración que, entre el lunes y el martes, ha durado casi seis horas, pero Jordi Pujol Ferrusola ha terminado por admitirlo: avaló “desde atrás” unos créditos bancarios a empresas proveedores de Convergència para financiar la última campaña electoral de su padre.

Todo ocurrió en un lejano 1999, cuando la moneda corriente eran las pesetas. Fue en la última campaña de Jordi Pujol, que inauguró sus últimos cuatro años al frente de la Generalitat. Los primeros comicios en los que el PSC, por entonces liderado por Pasqual Maragall, superó en votos a Convergència. Pujol era president desde 1980. Algunos de los participantes en el plan descrito por el primogénito ya han fallecido.

La operativa narrada por Pujol Ferrusola no es de por sí delictiva (la ley de financiación de partidos no entró en vigor hasta ocho años después), pero ilustra una época y una clase social. Sea cual sea la sentencia, el caso Pujol ha mostrado pelotazos solo posibles por el apellido y puertas que se abren a una élite y se cierran a la mayoría. Y, aunque han ocupado poco espacio, han terminado apareciendo los desmanes en las campañas electorales, donde era mejor no preguntar de dónde salía el dinero.

Pujol Ferrusola ha contado lo ocurrido con un tono más bajo que cuando ha relatado sus andanzas empresariales. Según ha explicado, el extesorero de Convergència Carles Torrent (ya fallecido), le pidió si podía “ayudar” a la última campaña de su padre “buscando financiación y algún crédito” que “ayudara” a las empresas que colaboraron con la campaña, las gráficas Hispart, Altraforma y Winner Graph.

Su respuesta fue rápida: “Le digo [a Torrent] que no se preocupe, que yo les ayudaré porque quiero que mi padre pueda tener presupuesto”. Primero, Pujol Ferrusola fue a llamar a su banco en España, el BBVA, a quien propuso si “sería posible” avalar con su dinero unos créditos del banco a las tres empresas para garantizar que cobraran por sus trabajos para la campaña.

La respuesta del BBVA fue negativa. El banco prefirió ser prudente, según la versión de Pujol: “El BBVA me comentó que no podía, porque tenía un techo para dar financiación a empresas ligadas a la financiación de partidos”. El primogénito no se lo terminaba de creer. “No sé si no podía o no quería”, ha agregado.

Pujol Ferrusola acudió de nuevo al tesorero Torrent, y encontraron una alternativa: plantear el crédito a las empresas que hacían la campaña de CDC a través de Fibanc. Otra vez aparecieron los innumerables contactos de Júnior, que conocía a todo el mundo que estaba en los puestos adecuados. En 1999, Oriol Ribas —directivo de Banca Reig, la entidad andorrana donde los Pujol guardaban su fortuna oculta— estaba como consejero de Fibanc.

Lo que parecía imposible se consiguió: Pujol Ferrusola avaló, en sus propias palabras, “desde atrás”, esto es, desde Banca Reig: él avaló el crédito que terminó dando Fibanc a las sociedades que trabajaron para Convergència.

El dinero fluyó para Hispart, Altraforma y Winner Graph: a la primera se le concedió un crédito por parte de Fibanc de 50 millones de pesetas, a la segunda de 100 y a la tercera de 50. Todo ello avalado por Jordi Pujol Ferrusola. “Las empresas amortizaron sus créditos y a mí me liberaron del aval”, ha defendido el primogénito.

Pujol Ferrusola ha añadido que desconoce “cuál fue el funcionamiento de amortización” entre las empresas proveedoras y CDC porque él se limitó a dar el aval y “a rezar en parte” para que le devolvieran el crédito. Y ha negado que su padre supiera algo de la operativa.

Se da la circunstancia que Pujol Ferrusola ha admitido la operativa del aval después de que los empresarios involucrados alegaran no recordarlo cuando comparecieron en el juicio como testigos. El presidente y administrador de la agencia de publicidad Altraforma, Miguel Giménez-Salinas, admitió que solicitó dos préstamos en la entidad Fibanc para sufragar campañas de CDC, pero remitió al tribunal para los detalles... a una persona fallecida: su directora financiera.

Los nombres de las empresas a las que avaló son viejas conocidas de los tribunales: Hispart y Altraforma ya confesaron en el caso Palau (allá por 2017) les obligó a facturar al Palau de la Música servicios que en realidad prestaron al partido. En ese caso, estuvieron relacionados con la campaña electoral de las generales del 2004.

También fue el fallecido Carles Torrent (murió en 2005), según confesaron los administradores de ambas empresas, quien les instó a facturar al Palau los servicios prestados al partido fue el extesorero de la formación. 

Como no hay dos sin tres, a Convergència todavía le queda un juicio sobre su financiación irregular. La causa por el 3%, que ya cuenta con algunos empresarios que han confesado (a diferencia del caso Pujol), espera juicio. Llegará en 2027. Casi tan tarde como el juicio a los Pujol.

Las entrañas financieras en Andorra de la familia Pujol se han expuesto en audiencia pública. El interrogatorio del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola, ha continuado (más de cinco horas, entre este lunes y este martes) con un pormenorizado análisis de las cuentas en el principado ocultas durante décadas a Hacienda. El acusado ha admitido, por primera vez, que llevó hasta un banco andorrano la nota de la “madre superiora” sobre el reparto de “misales”, es decir, millones.

Igual de firme, pero menos altivo que este lunes, el hombre popularmente conocido como Júnior ha mantenido los pilares de su defensa: sus negocios fueron entre privados, nunca hubo comisiones a cambio de obra pública de la Generalitat y el origen de la fortuna familiar procede del legado oculto de su abuelo, que el nieto multiplicó gracias a “operaciones financieras”.

Pese a que el fiscal Fernando Bermejo apenas ha inquirido a Pujol Ferrusola sobre ellos, han aparecido en la sesión varios documentos clave del caso: la nota manuscrita de Marta Ferrusola, ya fallecida, de 1995 sobre el reparto de misales y las cartas sobre la cuenta atribuida por la Fiscalía al expresident, pero sobre la que también hay datos que permiten concluir que en realidad era de su hijo. Todo muy antiguo y ya sin relevancia penal para Jordi Pujol, exculpado este lunes por su deterioro cognitivo, aunque ocurrió durante su etapa al frente de la Generalitat.

“Reverendo mosén, soy la madre superiora de la congregación, necesitaría que traspasara dos misales de mi biblioteca a la biblioteca del capellán de la parroquia, él ya le dirá dónde se tiene que colocar. Muy agradecida”, dice la nota, firmada simplemente por “Marta”. Lenguaje en clave para solicitar a la Banca Reig un traspaso de dos millones de pesetas.

Pujol Ferrusola ha admitido que la letra de la carta es la de su madre y que en la nota pedía a su gestor andorrano, Josep Maria Pallerola, que moviera “un dinero”. Como su madre “no subía”, a Andorra, ha ahondado el primogénito, la nota “seguramente era una carta-chófer” que él mismo trasladó hasta el banco del principado.

“Mi madre me daba esta carta, yo subía y daba esta carta al señor Pallerola con un sobre cerrado con las instrucciones que ella pedía”, ha agregado Pujol Ferrusola. Pese a ser el documento más claro para el fiscal en el que sustentar su acusación de asociación ilícita contra el conjunto de la familia, Bermejo, que pide 29 de años de cárcel al primogénito, no ha repreguntado más sobre este modo financiero de proceder ni en si había más “cartas-chófer”.

Lo que sí ha hecho el fiscal es detallar los movimientos de fondos entre las cuentas andorranos de los hermanos desde la cuenta del primogénito: en 1992, había recibido sucesivos ingresos de 200.000 dólares, 24 millones de pesetas y 197.000 dólares, que después se distribuyen a las cuentas de Marta Ferrusola (24 millones de pesetas), Marta Pujol (4 millones), Oleguer Pujol (5 millones) y Pere Pujol (4 millones). A finales de año se repartieron otros dos millones a las cuentas de Oriol, Marta, Oleger, Pere y Josep Pujol.

La razón de esos movimientos, ha insistido en primogénito, es que él era el encargado de “repartir” los beneficios que la familia obtenía tras invertir en los 90 (cuando él acababa de entrar en la treintena y su padre estaba en la Generalitat) el dinero del legado del abuelo en “láminas financieras de títulos” que proponía la banca andorrana. “Todo es consecuencia de los títulos y del reparto de la deixa”, ha apostillado.

El fiscal ha anestesiado la sesión con detalladas preguntas sobre cada uno de los movimientos de las cuentas andorranas de la familia. Pujol Ferrusola no ha sido capaz de recordarlos todos, y los ha enmarcado de forma general en las “operaciones financieras” con las que la familia multiplicó su fortuna, manteniéndola oculta en Andorra.

El primogénito se ha acogido a su derecho a no declarar a las preguntas de la Abogacía del Estado, que pide para él 25 años y ha logrado más éxitos en la acusación por delitos fiscales que la Fiscalía con la asociación ilícita. De esta forma, Pujol Ferrusola ha evitado riesgos.

Sobre la cuenta 63810 en la entidad andorrana Andbank, atribuida a su padre, Pujol Ferrusola ha reclamado que en realidad él era el titular. Para ello ha desarrollado una explicación que destripa las interioridades familiares: Pujol Ferrusola ha asegurado que convenció a su padre para que, en una carta mendaz, se presentara ante la banca andorrana como titular de los fondos para no entregar la mitad a su mujer durante su proceso de divorcio.

“Utilicé a mi padre para un tema personal con mi mujer. Le presioné mucho para conseguir la carta y convencer a la persona del banco”, ha aseverado Pujol Ferrusola, quien ha lamentado que la entidad financiera no ha aportado documento alguno para corroborar su tesis. “Mi padre nunca ha regularizado nada de dinero opaco, nunca ha tenido una cuenta en el extranjero”, ha zanjado.

Josep Pujol y Hacienda

El segundo hijo en declarar ha sido Josep Pujol Ferrusola que a preguntas de su defensa ha defendido igualmente la tesis del legado. El acusado, que ha sacado a relucir su alto nivel de formación en el mundo empresarial y los negocios internacionales, ha afirmado que incrementó esos fondos iniciales con las ganancias obtenidas en los negocios que llevó a cabo “a título personal” desde el año 1987, en proyectos financieros o inmobiliarios.

En ese sentido, ha negado que mantuviera negocios con empresas vinculadas a la contratación pública o que él o alguno de sus hermanos haya tratado de “influir” en funcionarios o autoridades para conseguir adjudicaciones de obra pública a empresas: “Me he limitado a trabajar para terceros y mercados internacionales sobre todo”.

Josep Pujol ha recordado que regularizó sus fondos en Andorra gracias a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2012, aunque la Fiscalía y la Abogacía del Estado creen que lo hizo de forma incompleta, por lo que le acusan de fraude fiscal en 2010.

Respecto a ese ejercicio, Josep Pujol ha recordado que Hacienda lo multó en 2013 con medio millón de euros al considerar que había ocultado 800.000 euros de beneficios en 2010, aunque en su opinión “ahora sería el momento de replantear” esa cuestión y reconocer que ha pagado a la Agencia Tributaria “más de la cuenta”.

Ha reconocido que ocultó a Hacienda una cuenta que tenía en Andbank y que “no dijo la verdad” en relación a esos ingresos de 2010, porque de lo contrario habría descubierto ante la Agencia Tributaria que su hermano Jordi tenía fondos en ese banco andorrano, cuando este no tenía intención de regularizar porque estaba “convencido de que debía mucho más dinero del que tenía”.

En concreto, ha asumido, habría tenido que explicar ante Hacienda un movimiento bancario en Andbank vinculado con un préstamo que había hecho a su hermano Jordi. Por ese motivo, ha admitido que creó un documento para simular que ese crédito lo había suscrito con otra persona.

Está por ver si Catalunya perdona a Jordi Pujol. En la Audiencia Nacional el expresident no ha encontrado ni absolución ni condena, solo un archivo por demencia senil sobrevenida. El tribunal lo ha eximido por su deterioro cognitivo, que impide someterlo a un interrogatorio como acusado.

Ningún periodista ha visto al expresident este lunes en la Audiencia Nacional: ha entrado y salido en coche y ha permanecido algo más de una hora en el edificio, donde tras un examen forense y las preguntas del tribunal se ha concluido que no estaba capacitado para ser juzgado.

La exoneración del expresident deja preguntas sin contestar o solo con respuestas parciales pese a los 12 años de causa y las intervenciones de Pujol en el Parlament, sus dos declaraciones como investigado en los tribunales y su testamento político en forma de libro de memorias.

¿Tuvo Jordi Pujol una cuenta en Andorra sin declarar mientras era president?

Es la pregunta más delicada y que impacta de lleno en la rehabilitación política que pretende Pujol. Versa sobre la cuenta 63810 en la entidad andorrana Andbank, la antigua Banca Reig, que estuvo abierta durante buena parte de los años en los que Pujol estuvo al frente de la Generalitat. La Fiscalía la atribuye al expresident, pero su defensa niega que fuera suya.

Como todo en el caso Pujol, la titularidad de esta cuenta (no declarada a Hacienda) es una historia de familia. Los hechos: un documento manuscrito de Pujol en 2001 asumía ser el titular de los 307 millones de pesetas que había en ella. Además, en otra carta, el primogénito decía al banco que el “real propietario” de la misma era su padre. Todo ello lleva a la Fiscalía y a Hacienda a concluir que la cuenta era del expresident. La Agencia Tributaria cifró en 885.651 euros el fraude fiscal de Pujol por los fondos de esa cuenta, que fue vaciada mediante reintegros en efectivo, pero lo consideró prescrito.

La defensa ha planteado siempre una hipótesis alternativa: la cuenta y la gestión de la misma correspondió siempre a Jordi Pujol Ferrusola, pero el expresident asumió falsamente su titularidad durante el proceso de separación de su primogénito para evitar que la mitad de los fondos fueran a parar a la exesposa de Júnior, Mercè Gironès. El exgestor bancario en Andorra de los Pujol corroboró la tesis de la defensa e incluso recordó la alegría de Júnior al aportar la carta mendaz de su padre.

En suma, o Pujol tuvo una cuenta en Andorra o bien participó de una treta de su hijo para ocultársela a su exmujer.

¿Que relación tenía Pujol con su padre? ¿Cómo se enteró de la deixa?

La deixa (legado, en su traducción más aproximada al castellano) es la explicación familiar del origen de la fortuna oculta en Andorra desde la carta pública del expresident en 2014. Más de doce años después, el primero de sus hijos en declarar se ha reafirmado en esta tesis: el dinero procedía de la herencia oculta del abuelo Florenci, traficante de divisas durante el franquismo y que quiso dejar a buen recaudo 140 millones de pesetas en dólares en 1980.

Pujol padre ya había declarado dos veces en instrucción sobre el origen del dinero, lo que da cuenta de la tardanza del caso en juzgarse. Ni ante la jueza de Barcelona que lo investigó por fraude fiscal ni ante el juez instructor de la Audiencia Nacional Pujol aportó documentos que avalaran la tesis de la deixa. Júnior ha dado una explicación este lunes: no hay papeles de la herencia porque era dinero “fiscalmente opaco”.

Su hijo ha recordado que, una vez muerto Florenci en 1980, Pujol padre reunió a toda la familia y les enseñó una carta “incompleta” del abuelo en la que daba cuenta de la deixa. La desconfianza entre Florenci y Jordi ha sido una de las claves que ha dado el nieto en sus tres horas de declaración. En la confesión de 2014, el expresident vinculó el dinero oculto a la “incertidumbre” que su padre sentía por su opción para dedicarse a la política. Pero este lunes, Júnior ha añadido que el abuelo tampoco confiaba en las “actividades económicas” de su hijo, sin mencionar cuál (Banca Catalana o Enciclopèdia Catalana).

¿Había dinero escondido de Banca Catalana además del legado familiar?

Esa es otra de las preguntas que quedan sin respuesta de Pujol y que siempre ha planeado sobre el caso. En círculos fiscales y judiciales catalanes siempre se ha sospechado que, aún siendo posible que, con su historial, Florenci dejara un legado oculto, parte de la fortuna familiar pudo venir de la descapitalización de Banca Catalana, el banco que Pujol quebró antes de ser president. Es una tesis que no se ha demostrado en los tribunales ni forma parte de la acusación actual de la Fiscalía. Pujol la negó con contundencia en su declaración como investigado hace 10 años en la Audiencia Nacional (otra muestra de la tardanza de la causa en llegar a juicio).

La defensa del expresident, ahora exonerado por su deterioro cognitivo y exculpado hace tres décadas por los jueces de la querella por Banca Catalana, aportó al inicio del juicio el único libro que salvó la censura pujolista en los 80 y criticó la gestión del entonces president en el banco. Con el libro, la defensa pretendía trazar el perfil económico y empresarial de Florenci Pujol, también fundador de Banca Catalana, para acreditar la tesis de que los fondos que nutrieron las cuentas andorranas de la familia procedían de una herencia del abuelo.

¿Por qué no se regularizó el dinero en 40 años?

Es otra de las preguntas sin respuesta total. En su carta de confesión de 2014, Pujol aseguró que “lamentablemente no se encontró nunca el momento adecuado para regularizar esa herencia”. Todo ello pese a las amnistías fiscales de 1984 y 1991. En la primera algunos de los hijos del expresident todavía eran menores, por lo que la responsabilidad recaía en el padre, que por entonces se encontraba en el apogeo de su carrera: hegemonía política total en Catalunya y bisagra clave en España. En otras palabras: un lado oscuro que era mejor que permaneciera en la sombra.

Lo que hizo Pujol en sus dos anteriores declaraciones judiciales fue desentenderse de la gestión del dinero, quien, según su versión (ratificada este lunes por su hijo), recayó en dos personas ya fallecidas: Delfí Mateu y su primo, Joaquim Pujol. “De la gestión no quise saber nunca el más mínimo detalle, hasta que llegados a la mayoría de edad todos mis hijos se decidió que esta persona cediese esta gestión a uno de mis hijos. Es en este momento que mi error original contaminó directamente a mis siete hijos y a mi esposa”, admitió el expresident en su histórica carta.

¿Hizo negocios su hijo relacionados con la actividad política de su padre? ¿Le pidió frenar?

Es la pregunta que más ensombrece el legado político del expresident. Todavía más tras haber escuchado la apología del pelotazo realizada por Jordi Pujol Ferrusola este lunes, quien ha admitido que sus lucrativos negocios se basaban en pasar “información privilegiada” entre empresarios. Sin llegar a admitir que conocía de antemano las licitaciones de la Generalitat, ha quedado claro que sin el apellido Pujol, Júnior no habría tenido los contactos ni los datos para construir su fortuna.

En su libro de memorias, Pujol apenas abordó la relación con su primogénito y trazó, como en todo lo demás, una excusa y una petición de perdón a los catalanes: “No cumplí suficientemente bien como padre de familia, y esto es culpa mía, no porque no quisiera a mis hijos, sino porque he estado demasiado ocupado, sobre todo con Catalunya”. En una de sus últimas entrevistas, en 2022, evitó poner la mano por todos sus hijos. No hacía falta que dijera por cuál no.

“Yo le voy a contestar a todas las preguntas porque no tengo nada que esconder”. Corría la media hora de declaración cuando Jordi Pujol Ferrusola le ha soltado esto al fiscal Fernando Bermejo. Y ha cumplido su palabra: su declaración –no terminará este lunes– se ha convertido en una reivindicación de sus negocios, tanto de sus fracasos como de sus pelotazos. El retrato de una época: los felices 90 y 2000, cuando se hacían pocas preguntas (menos todavía si el apellido era Pujol) y “España iba bien, como dijo Aznar”, ha manifestado el primogénito.

No siempre los acusados aceptan responder a las preguntas del fiscal. Menos aún con una petición de 29 años de cárcel, como la que afronta Pujol Ferrusola. Pero el hombre conocido popularmente como Júnior así lo ha querido: o todo o nada. No está claro que el resto de hermanos, que se exponen a penas más bajas y a una acusación más inconcreta, siga la misma estrategia.

La sesión había empezado con intensidad con la exculpación de su padre como acusado por su deterioro cognitivo. Con Júnior, se ha entrado en el túnel del tiempo y en el lado oscuro del pujolismo en pleno intento de rehabilitación política del fundador de Convergència: su primogénito se hizo millonario gracias a los contactos empresariales que le granjeó ser hijo de su padre. Júnior considera que no hay nada ilegal en ello, aunque la factura ética la paga el expresident, obsesionado con su legado político.

“Siempre es lo mismo, es pasar informació privilegiada”, ha admitido Pujol Ferrusola tras las preguntas incisivas del fiscal Bermejo sobre distintas operaciones de intermediación inmobiliaria por las que cobró. Eso sí, no eran datos sobre todos los contratos públicos de la Generalitat, sino en su labor como conseguidor entre privados.

El escrito de acusación fiscal es tan profuso como lo fueron los pelotazos de Júnior. Tanto por países (Argentina, México, Gabón, España) como por los sectores en los que intermedió (construcción, refinerías, oficinas, fotovoltaicas, casinos...). Bermejo ha ido negocio por negocio. Pujol Ferrusola respondía, a ratos encantado, a ratos corrigiendo al fiscal —“perdone, pero ha mezclado tres cosas distintas”—, y a ratos con reivindicación política —“el negocio lo hize en la comarca de La Cerdanya, en la Catalunya Nord, para ustedes Francia”—.

“En este caso, la información privilegiada se la pasé al señor Cornadó en persona porque él tenía una patrimonial que ponía metros cuadrados que luego alquilaba”, ha empezado Pujol Ferrsuola sobre una de las operaciones bajo sospecha, la compraventa de oficinas por las que cobró pese a que ningún testigo ha recordado papel alguno del primogénito. “Le dije que tenía una oportunidad de crecer en Madrid, y la información me la había dado un amigo de Madrid con el que hacía cosas”, ha agregado.

Pujol Ferrusola sí ha admitido que conocía a los directivos de las tres constructoras que más trabajó Copisa, Emte y Isolux, aunque cuando el fiscal le ha precisado si conocía que eran tres de las principales adjudicatarias de la Generalitat, se ha limitado a responder: “Supongo”.

El primogénito no ha tenido problemas en admitir que no le fue necesario conocer todos los ámbitos por los que cobró facturas de asesor, porque lo relevante, ha insistido, era el uso de “información privilegiada” que conseguía y vendía a sus contactos.

Ha explicado que, al inicio de su carrera en los 90, apostó por trabajar en el extranjero para evitar “la contaminación política” de su apellido. Solo volvió a España cuando fluía el dinero: “Cuando veo que España va bien, me dedico a España porque España va bien, como dijo Aznar y otro presidente”. Júnior ha usado hasta cuatro veces la expresión “España va bien”, e incluso ha indicado que, cuando quiso exportar a nuestro país un negocio desde México, se dio cuenta que no hacía falta: “Nos dimos cuenta que España iba tan bien que no nos necesita para nada”.

Si de algunas operaciones por las que cobró no existe rastro documental se debe a que en muchos casos el negocio “se basaba en la confianza”. “En México en 1997 me engañaron y luego decido trabajar solo con gente que conozco”, ha alegado. “Yo siempre voy a riesgo, si me sale bien, bien, y si no sale, me lo como”, ha apostillado Júnior sobre su forma de hacer negocios.

Sobre el origen de la fortuna oculta, Pujol Ferrusola ha mantenido la versión familiar, esta es, que se trata de un legado oculto que dejó a todos los hermanos Pujol Ferrusola el abuelo Florenci (de 140 millones de pesetas en dólares en 1980).

Júnior, según su versión, empezó a gestionar la herencia en 1980, cuando se lo encargó el primo de su padre que lo había hecho hasta entonces. Recibió para ello el “consejo” del propietario de Banca Reig. Pujol Ferrusola ha querido remarcar el contexto de la deixa: el abuelo Florenci, republicano y traficante de divisas durante el franquismo, no se fiaba de la situación en la España de la transición y de que su hijo tuviera éxito en política ni en banca, por lo que dejó a buen recaudo en el extranjero un dinero para sus nietos y su nuera.

“Nos acordamos mucho del abuelo cuando el golpe del Estado”, ha recordado Júnior, dando la razón a los pronósticos de Florenci, cuya herencia oculta, ha agregado el nieto “evidentemente en la herencia oficial en España no existe porque es dinero fiscalmente opaco”. Con todo, ha negado que con ese dinero se financiaran actividades delictivas: “Los hermanos nunca hemos vivido en España con el dinero de Andorra, hemos tenido dos vidas económicas independientes”.

Viaje a Madrid y archivo. La Audiencia Nacional ha sobreseído el caso contra Jordi Pujol tras un nuevo examen forense realizado presencialmente que, tal y como ya dijeron los médicos en noviembre, ha constatado que el expresident de la Generalitat, de 95 años, no está en condiciones de defenderse debido al deterioro cognitivo que sufre.

Pujol ha llegado poco después de las 9.00h. a la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Lo ha hecho en coche (ha realizado por carretera el viaje desde Barcelona, acompañado de una enfermera) y ha entrado por el parking. De esta forma, ha evitado que los fotógrafos lo captaran entrando con el andador que usa para caminar.

Ya en el interior de la sede judicial, ha sido examinado primero por un forense, y después ha respondido a algunas preguntas del tribunal en presencia de su abogado, Pau Ferrer. Pujol ha estado acompañado durante un rato de uno de sus hijos, Pere, mientras el resto han permanecido en el vestíbulo de la sede judicial, algunos con mejor cara que otros.

Según ha explicado el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, los jueces tenían “especialísimo interés en conocer de primera mano la situación” de Pujol antes de tomar la decisión de eximirle del juicio. El razonamiento del magistrado llega después de las críticas políticas, incluida la del president Salvador Illa, por la citación.

“La conclusión es la imposibilidad de Jordi Pujol de permanecer con plenitud de conocimiento y capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que queda fuera”, ha cerrado De Prada tras examinar al expresident y antes de dar paso a las declaraciones del resto de acusados, que han arrancado con la del primogénito, Jordi Pujol Ferrusola.

La Audiencia Nacional ha citado presencialmente al expresidente catalán, de 95 años y con un deterioro físico y cognitivo que le impide defenderse según los forenses, este lunes para que sea examinado de nuevo por un médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontar su juicio por la fortuna oculta en Andorra.

Es la primera vez que Pujol comparece presencialmente en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares donde se celebra el juicio. En el arranque de la vista, en noviembre, participó por videoconferencia desde su domicilio de Barcelona, donde se recuperaba de una neumonía. El expresident no se ha conectado al resto de sesiones.

Desde el pasado mes de noviembre el tribunal dispone de los dictámenes de los forenses judiciales, que ratificaron que Pujol (que sufrió un ictus hace casi cuatro años) no está capacitado para afrontar un juicio con garantías por el deterioro cognitivo que padece. Pese a ello, el tribunal decidió que permaneciera como acusado al menos hasta el momento de declarar.

Los forenses evaluaron a Pujol en una entrevista de algo más de media hora, tras la que concluyeron que ha perdido bastante memoria y tiene dificultades para recordar palabras, personajes públicos y momentos clave de su vida. Salvo apariciones públicas puntuales, siempre acompañado de alguno de sus hijos, Pujol permanece la mayor parte del tiempo en su casa de Barcelona, donde tiene que estar acompañado las 24 horas del día.

La Fiscalía acusaba a Pujol de asociación ilicíta y blanqueo de capitales en relación a la fortuna oculta, que vincula con el cobro de comisiones a cambio de obra pública, y pedía para él nueve años de cárcel. La Abogacía del Estado, en cambio, no acusa al expresident, porque solo acusa de delitos fiscales y falsificación al primogénito y a uno de sus hijos. Con su archivo por demencia, la acusación decae.

Hasta ahora, el nombre del expresident apenas había aflorado durante las más de 200 testificales y los informes periciales expuestos en el juicio: el grueso de la prueba ha girado alrededor de los pelotazos económicos orquestados por su primogénito Jordi, al que la Fiscalía atribuye el cobro de las comisiones ilegales, el posterior blanqueo de los fondos de origen corrupto y el reparto del dinero entre sus hermanos. El primogénito será el primero en declarar.

Los abogados consultados no recuerdan precedentes. Salvo giro de guion de última hora, el expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, comparecerá este lunes de forma presencial en la Audiencia Nacional tras viajar a Madrid desde Barcelona. Con 95 años y la unanimidad de los médicos que lo han visitado hasta ahora de que no está en condiciones para someterse a un juicio debido a su deterioro cognitivo.

El tribunal que juzga el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra quiere que Pujol sea examinado de nuevo por otro médico forense y tomarle declaración, si considera que está en condiciones de afrontarla. Los jueces especifican que el facultativo permanezca en la sala “durante todo el tiempo que dure la declaración”.

Al conocer la citación, la familia la enmarcó en la voluntad de obtener una fotografía del “paseíllo” del expresident entrando en la nave que sirve como sede de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares (Madrid), aunque cabe la posibilidad de que Pujol, debido a sus problemas de movilidad, pueda acceder al edificio por el parking, esquivando a los fotógrafos.

Algunos cargos neoconvergentes han peregrinado esta semana a casa de Pujol para fotografiarse con él y apoyarle. También querían acompañarle este lunes a las puertas del tribunal, pero lo han cancelado por petición expresa de sus hijos. En una declaración inusual, el actual president, Salvador Illa, criticó la citación y pidió “sentido común” a los jueces.

Por su lado, en un aparte de la sesión de este viernes, el presidente del tribunal, José Ricardo de Prada, quiso dejar claro a las partes que no es su intención “estigmatizar” al expresident, sino comprobar personalmente si su avanzada edad le impide defenderse adecuadamente, para evitar prejuicios que podrían “caer en el edadismo”.

Por sí sola, la avanzada edad no es motivo legal para salvarse de declarar en un juicio. Lo que hay que evaluar son las condiciones físicas y cognitivas del acusado. Es habitual que las defensas de personas mayores enfermas planteen la cuestión médica como intento para quedar fuera del caso. Pero no basta con un informe de parte: la práctica judicial habitual consiste en ordenar un reconocimiento al acusado por parte del forense del juzgado, cuyo criterio suelen seguir los jueces.

Así ocurrió hace unos meses con el excolegiado José María Enríquez Negreira. Su defensa había alegado que padecía un principio de alzhéimer, pero los forenses del juzgado dictaminaron que estaba capacitado para comparecer, por lo que el juez ordenó su declaración.

En la misma causa Pujol hay otro ejemplo: la esposa del expresident Marta Ferrusola quedó fuera del caso tras coincidir juez instructor, forense de la Audiencia Nacional y médicos de la mujer, ya fallecida, de que el alzheimer que padecía le impedía seguir investigada en una causa penal.

En el caso del expresident, el tribunal conoce el criterio unánime de los forenses desde el pasado noviembre. A las puertas del inicio del juicio, dos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC) se entrevistaron durante más de media hora con Pujol y, tras consultar otros informes médicos del expresident, concluyeron que no estaba en condiciones de ser juzgado por el trastorno neurocognitivo que sufre.

Los forenses de Barcelona y otro forense de la Audiencia Nacional ratificaron su valoración el primer día del juicio, cuando volvieron a examinar a Pujol por videoconferencia (el expresident estaba en casa, convaleciente de una neumonía).

Pese a ese dictamen unánime (al que hay que sumar el del médico privado de Pujol), la Audiencia Nacional dispuso que el expresident siguiera como acusado, y ahora ha acordado otro reconocimiento médico por parte de otro forense del tribunal especial.

“No tiene ningún sentido citar presencialmente a un hombre de 95 años con problemas de salud”, valora el catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona Jordi Nieva. Más aún, agrega, cuando, como se prevé en caso de que finalmente declare, el expresident se acoja a su derecho a no hacerlo o, a lo sumo, responda a unas pocas preguntas de su defensa.

Nieva, que ha investigado sobre la psicología del testimonio, enmarca la decisión de requerir la presencia física del expresident dentro de una “tendencia antigua” de los tribunales, consistente en primar la presencialidad de los acusados. “Pero desde hace tiempo que sabemos que el contacto personal del acusado con el tribunal no añade ningún elemento en términos probatorios”, apostilla.

Pujol solo se ha conectado por videoconferencia en la primera de las 33 sesiones de juicio. El expresident ha moderado sus apariciones públicas desde que hace unos años iniciara el camino para su rehabilitación política, aunque en pleno juicio, en marzo, tuvo uno sonada: acudió a votar, ayudado de un andador, a las elecciones del F.C. Barcelona junto a Joan Laporta. “A lo mejor no ayuda a nivel de imagen, pero a lo que hay que estar es al criterio forense”, coinciden fuentes jurídicas.

Aunque la jurisprudencia europea se ha centrado más en derechos de presos ancianos, hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que también abordan la situación de personas mayores o impedidas a la hora de comparecer en un juicio.

Además de poder comunicarse de forma efectiva con su abogado, el TEDH ya ha dicho en numerosas ocasiones que el acusado debe poder comprender todo lo que se le pregunta. En el caso de las personas mayores, este principio se concreta en que no solo deben poder oír bien las preguntas (en caso de tener problemas auditivos), sino que tienen que entenderlas.

Cualquier anciano, explican fuentes jurídicas, puede mantener unos mínimos en su día a día, pero el listón debe elevarse cuando se enfrenta a un interrogatorio judicial. El acusado debe conservar su capacidad de “autodefensa”, esto es, que entienda las preguntas sin necesidad de que todo el rato su abogado se las explique.

Este es el quid de la cuestión en el expresident, y que ya abordaron los forenses cuando lo analizaron al principio del juicio. Los médicos concluyeron que el trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre Pujol le impedía disponer de “la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”. Por ello, agregaron, Pujol no estaba “en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral.

Nieva, además, resalta una valoración forense contenida en los informes: hace casi medio año los médicos informaron que el trastorno de Pujol era irreversible. No es como un acusado que, el día de la citación, se encuentra en el hospital o está enfermo. “Si en noviembre ya dijeron que el pronóstico no era de mejora...”, concluye el catedrático.

La principal línea de defensa de los Pujol no tiene documentos que la avalen. Así lo ha admitido este viernes el perito propuesto por la familia del expresident, que ha esbozado un funcionamiento de los fondos en Andorra dirigido por el hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, sin más participación del resto de hermanos que la de cobrar las cantidades correspondientes.

Sobre el origen del dinero (que es lo que se juzga), el perito Sebastián Piedra ha tenido que admitir a preguntas del fiscal Fernando Bermejo, que no hay pruebas de que provenga de la herencia del abuelo Florenci (140 millones de pesetas en dólares en 1980) más allá de la palabra de la propia familia.

“La única justificación que tenemos que proceden de la deixa [legado, en catalán] es lo que han manifestado ellos”, ha reconocido Piedra este viernes, fecha en la que se cumplen 36 años de la primera elección de Jordi Pujol como president de la Generalitat de Catalunya.

Piedra es ahora consultor externo en una empresa tras años de experiencia como inspector de Hacienda. Bermejo no ha desaprovechado la ocasión para intentar restar credibilidad al perito recordando su pasado en la Agencia Tributaria en contraste con su defensa de los movimientos bancarios de los Pujol.

“¿Qué entendería, como inspector de Hacienda, si hubiera visto ingresos millonarios desconociendo su razón, pero sí sus ordenantes?”, ha inquirido el fiscal antes de nombrar solo algunos de los ingresos efectuados a la cuenta del primogénito en 1997 y 1998. “Si tuviera que decir todos estaríamos aquí dos horas”, ha aclarado Bermejo. A renglón seguido, ha apostillado: “521.000 dólares de Best Oxford Branch Madeira; 10 millones de pesetas de Iniciativas Técnicas Comerciales; 5 millones de Imoxtel, una sociedad panameña”.

El perito ha servido a la defensa para levantar un muro alrededor de los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, pues Piedra ha confirmado que no había ingresos de las sociedades del primogénito a las cuentas de sus hermanos. Tras la supuesta herencia, la familia realizó inversiones en “láminas de carácter opaco”, ha explicado Piedra, habituales en la banca andorrana de los 80 y los 90.

“Jordi Pujol Ferrusola -ha aseverado el perito- es quien gestiona los fondos y da instrucciones a la entidad financiera Andbank [después los Pujol se mudaron a la BPA] para efectuar los ingresos a las cuentas de sus hermanos vía transferencia o efectivo”.

Pero a la hora de indicar el origen del dinero (herencia del abuelo Florenci, como mantiene la familia desde la confesión del expresident en 2014; o fondos procedentes de la corrupción, como cree la Fiscalía), nada ha podido aclarar el perito. En un juicio es la acusación quien tiene que probar sus tesis, pero nunca viene mal a la defensa disponer de documentos exculpatorios.

En seis meses de juicio el único aval a la tesis defensiva por parte de un testigo o un perito ha provenido del exgestor de los fondos andorranos de los Pujol, Josep Maria Pallerola, quien aseguró que el primogénito le indicó que la herencia era el origen del dinero que ingresó.

El vacío documental, tal y como se ha visto en las distintas sesiones del juicio, obedece al funcionamiento opaco con el que, durante años, funcionó la banca andorrana, donde numerosas familias poderosas catalanas como los Pujol depositaron sus fondos. Y allí se dejaban de hacer preguntas, siempre que los gestores bancarios del principado aseguraran unos buenos rendimientos.

El tribunal que juzga el origen de la fortuna oculta de la familia ha finalizado, al fin, las comparecencias de los peritos del caso, que se han alargado durante cinco sesiones. Todo está listo para que los acusados declaren el lunes, con la previa de un nuevo reconocimiento médico al expresident para confirmar si, como ya sostuvieron los peritos, está incapacitado para ser juzgado debido a su deterioro cognitivo irreversible. Será una jornada histórica: un expresident en la Audiencia Nacional.

El expresident de la Generalitat Jordi Pujol, de 95 años y con un estado de salud deteriorado, ha sido citado a declarar como acusado de forma presencial el próximo lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). Así lo ha dispuesto el tribunal que juzga el origen de la fortuna que la familia mantuvo oculta en Andorra durante décadas.

En una providencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el tribunal acuerda que el próximo lunes a las 10:00h. se inicien las declaraciones de los acusados con la del expresident, quien deberá comparecer “personalmente” ante el tribunal media hora antes para ser reconocido por un médico forense. Pujol podrá aportar los informes médicos que considere, agregan los magistrados.

El estado de salud del expresident sobrevuela el caso desde el inicio del juicio el pasado mes de noviembre. Entonces Pujol, todavía convaleciente de una neumonía que lo mantuvo ingresado en el hospital, compareció por videoconferencia desde casa la primera jornada de juicio, aunque no hay constancia de que se haya conectado el resto de sesiones.

Los magistrados, para sorpresa general, decidieron que Pujol siguiera como acusado pese al informe del forense de los juzgados de Barcelona que evaluó al expresident y determinó que padecía un un “deterioro cognitivo moderado irreversible” que le impedía someterse adecuadamente a un juicio. 

El trastorno neurocognitivo “mayor” que sufre el expresident, indicaron los forenses, es “irreversible, progresivo, evolutivo y sin tratamiento eficaz”. Aplicado al juicio, los médicos entendieron que Pujol “no está en condiciones físicas ni cognitivas” para comparecer en la vista oral “ni dispone de la capacidad procesal necesaria para poder defenderse de manera autosuficiente”.

El tribunal indicó que se volvería a evaluar su estado de salud, en especial “en el momento en que tuviera que tener participación activa” en la vista, eso es, su declaración como acusado. Y ese momento ha llegado: los jueces determinan que Pujol tenga que comparecer físicamente y no de forma telemática, y que antes de declarar sea visitado por un médico.

El expresident dijo en noviembre al tribunal que estaba a su disposición, aunque no se encontraba bien. “Haré lo que pueda”, agregó a preguntas de si podría seguir el juicio. Con su mantenimiento en la vista, el expresident sigue enfrentándose a los cargos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por los que la Fiscalía le solicita nueve años de cárcel.

El tribunal también ha dispuesto que un médico forense permanezca en la sala “durante todo el tiempo que dure la declaración” de Pujol, así como que comparezca un intérprete de catalán en caso de que alguno de los acusados quiera ejercer su derecho a declarar en esta lengua.

El delito fiscal es el tipo penal de los ricos. Y no podía faltar en el juicio a los Pujol. La semana ha vivido un intenso duelo de peritos que ha provocado los mayores daños hasta ahora en las defensas. No porque la palabra y los cálculos de los funcionarios de la Agencia Tributaria supongan automáticamente una condena (el tribunal también ha escuchado argumentos de descargo de los expertos contratados por los abogados de los Pujol), sino porque se ha comprendido de qué se acusa a dos de los hijos del expresident. No es poca cosa.

La historia de los Pujol con Hacienda viene de lejos y durante décadas estuvo marcada por el ghosting. En su famosa carta de confesión, el expresident reconoció que su familia mantuvo oculta al fisco una fortuna familiar durante 30 años, incluidos los 23 de su mandato en la Generalitat. Según su versión, a la que solo sus acólitos dan credibilidad, era la herencia del abuelo Florenci.

Los hermanos regularizaron “deprisa y corriendo” los fondos en Andorra, tal y como declaró en el juicio el asesor fiscal de los Pujol, tras ver los saldos en la portada de El Mundo el 7 de julio de 2014 (brigada política del PP mediante). Oleguer, Pere, Marta y Mireia se pusieron, por fin, al día con Hacienda. Oriol ya había cedido el dinero años atrás a su hermano Jordi porque le incomodaba por su carrera política, según contó al juez instructor.

Habitualmente, los juicios por delitos fiscales terminan en conformidad, es decir, con un acuerdo entre la Fiscalía, Hacienda y las defensas. El poderoso acusado admite el fraude, evita así pasarse muchas horas en un sitio tan incómodo como un banquillo y se salva de la cárcel (un lugar donde abundan los pobres). A cambio, el Estado consigue un buen dinero gracias a las multas e indemnizaciones por los impuestos impagados.

La regularización de los fondos de parte de los hermanos Pujol, por la que pagaron sus correspondientes multas y recargos, implica que no estén acusados de delito fiscal. Tampoco el padre, pues su caso ha prescrito. ¿Por qué delitos se podía proceder contra ellos? Dos clásicos: asociación ilícita y blanqueo de capitales. Dos tipos penales con los que es más difícil llegar a un acuerdo que el fraude a Hacienda.

Aquí han empezado los problemas para la Fiscalía. El testigo clave de la acusación, el investigador jefe de la Policía encargado de sustentar la tesis acusatoria, no tuvo sus mejores días cuando le tocó declarar.

No todo hay que achacarlo a la torpeza policial: el silencio de clase empresarial ha permitido mantener el velo a muchas de las malas praxis del pujolismo. Y, aunque a veces se mezclen, una cosa es lo que se logra en un juicio y la otra el reproche ético al hombre que dio lecciones de moral desde el Palau de la Generalitat. El caso a los Pujol ha desnudado comportamientos familiares difícilmente compatibles, terminen siendo delito o no, con la rehabilitación política que pretende el expresident y que le brindan algunos de sus rivales.

El policía apenas mencionó al expresident y a los hermanos que no son Jordi Pujol Ferrusola, cuyos desmanes empresariales solo posibles por su apellido (cobró 14 millones de euros en ocho años, la mayoría procedentes de contratistas de la Generalitat) han monopolizado la vista.

El juicio a los Pujol es más bien el juicio a Jordi Júnior. Más allá del hecho conocido de tener un dinero oculto en Andorra, no se ha visto prueba (ni de cargo, ni de descargo) sobre el padre y la mayoría de hermanos.

En suma, más que solidificar los indicios del caso (como sí pueden hacer los policías en sus declaraciones), el investigador de los Pujol corroboró el carácter vaporoso de la acusación de asociación ilícita contra la familia.

Por el contrario, los peritos de la Agencia Tributaria que sustentan la acusación por delito fiscal contra Josep y Jordi sí aportaron una explicación clara sobre el fraude fiscal: ambos hermanos ocultaron parte de sus rentas al fisco y obtuvieron con ello ganancias no justificadas.

Los funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de Hacienda, en funciones de auxilio judicial, defendieron con argumentos y datos su tesis, aunque con algunos reproches innecesarios al abogado de los Pujol, Cristóbal Martell, a quien uno de los peritos afeó que le estaba sometiendo “a un examen”. El magistrado que preside el tribunal, José Ricardo de Prada, tuvo que volver a tirar de paciencia y talante y pedir tranquilidad a todo el mundo.

En el caso de Jordi, el engaño consistió, según los peritos, en que tributó a través de sus empresas y no por IRPF. Un clásico en las causas por delito fiscal. Más espectacular es el origen del fraude fiscal atribuido a Josep: mover 900.000 euros en metálico entre dos bancos andorranos, en una bolsa con 10.700 billetes de 50, 100, 200 y 500 euros que pesaba 10 kilos, y volver a ingresarlos en la cuenta inicial, para un préstamo que Hacienda cree simulado. Ocurrió todo el 9 de diciembre de 2009 en una plaza del principado.

Además de sus propios peritos, que negaron el fraude, las defensas presentaron al tribunal una batería de argumentos de descargo (la inspección de la Delegación de Hacienda en Catalunya favorable a sus tesis o la “expresa reserva” de las autoridades andorranas a que la información bancaria del país enviada a España se usara en investigaciones por este tipo penal). Sea cual sea la decisión del tribunal sobre el delito fiscal, al menos se entendió.

Ni fraude fiscal ni trabajos falsos. Los peritos contratados por los Pujol han rebatido a los inspectores de Hacienda y han defendido que los pagos millonarios que el primogénito de la familia recibió de empresarios correspondían a servicios reales, aunque se han visto acorralados por la Abogacía del Estado y han llegado a concluir que una mordida fruto de la corrupción se puede declarar como “actividad económica”.

Ante la Audiencia Nacional ha proseguido este miércoles el juicio a la familia Pujol con una nueva jornada de declaración de peritos clave para la acusación de fraude fiscal a la que se enfrentan Jordi y Josep Pujol Ferrusola. Se confrontan dos tesis: la Oficia Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) mantiene que Jordi Pujol Ferrusola defraudó a Hacienda al tributar a través de sus sociedades cantidades que debería haber incluido en su declaración de IRPF. Por contra, los peritos de la defensa alegan que no hubo defraudación alguna que rebasara el Código Penal.

Un debate tedioso como el tributario se ha encendido gracias al abogado del Estado José Ignacio Ocio, que representa a la Agencia Tributaria. A diferencia de la Fiscalía, que acusa a toda la familia de asociación ilícita y blanqueo de capitales, Hacienda se centra en los delitos fiscales de dos de los hijos (y no acusa al expresident y el resto de hermanos).

Los peritos de los Pujol, los abogados y profesores de universidad Luis Manuel Alonso González y Jorge Pérez García, han planteado al tribunal una tesis alternativa a la de la acusación. Según ambos expertos, el hecho de que existan los pagos a Pujol Ferrusola determina la veracidad de los servicios de intermediación prestados por el primogénito a varias empresas, por los que cobró 14 millones en ocho años.

Por el contrario, las acusaciones sostienen que parte de esos trabajos son falsos, ya que no constan facturas o contratos de los mismos, y que los pagos responden a querer ganarse la influencia política de la familia. Los peritos de Pujol han defendido su tesis, aunque han admitido que los trabajos de Pujol Ferrusola no siempre eran los mejores, desde al punto de vista formal.

“A veces hay e-mails, a veces no, otras veces hay contrato y otras no. Por eso buscamos una idea general: como hay pago, hay servicio, y el pago ha tributado en sociedades”, ha argumentado Pérez. El perito ha resaltado que la existencia de una factura no implica que el servicio se terminara prestando, y que lo fundamental son los pagos de las empresas.

El contrainterrogatorio del abogado del Estado ha logrado poner contra las cuerdas la tesis de los peritos de la defensa. José Ignacio Ocio ha preguntado si el pago de una mordida a Jordi Pujol Ferrusola podría tributar, y ha recibido una respuesta sorprendente de Pérez y Alonso: “Es una hipótesis, pero igualmente sería actividad económica”.

“¿Usted me está diciendo que ingresos como una mordida de corrupción son una actividad económica que tiene que tributar como el IRPF?”, ha inquirido Ocio, a lo que los peritos han insistido en que “la prestación de servicios siempre lleva calificada la naturaleza de actividad profesional”.

Los expertos de la defensa de los Pujol han remarcado que el primogénito nunca escondió a Hacienda los pagos millonarios que recibía de las empresas, porque lo declaraba todo en el Impuesto de Sociedades. Y han negado que hubiera “ocultación de rentas”, como mantiene Hacienda, porque no los declarara en el IRPF. “Lo que hace nacer la ganancia de patrimonio no justificado es la ocultación, y ocultación no hay”, ha concluido Pérez.

Otro perito de la defensa, Sebastián Piedra, ha aducido que el trabajo de Pujol Ferrusola consistía en un “servicio personalísimo”, lo que explica la falta de medios materiales en las empresas con las que el acusado facturaba los trabajos y de soporte documental que los acreditara.

Según el perito, los servicios prestados por Pujol Júnior se basaban en un elemento de “extraordinario valor pero intangible, una red de contactos y de información”, y para ese perfil de actividad “no suelen existir contratos previos”. La prueba de que era una prestación real, ha añadido, es que las empresas “ejecutaron el negocio” para el que lo habían contratado. “Hay indicios de que los servicios sí se han realizado. Han tenido éxito las operaciones. Si se paga, es que el que paga ha reconocido el servicio”, ha remachado Pérez.

El juicio a la familia Pujol Ferrusola encara su recta final con la comparecencia de los peritos. La sorpresa ha saltado este martes con el currículum de dos de los expertos propuestos por la defensa del empresario Josep Cornadó para defender los pagos de la constructora Copisa a Jordi Pujol Ferrusola. De entre todos los peritos a elegir, han comparecido ante el tribunal Manuel de Vicente Tutor y Francisco Piedras, inspectores de Hacienda en excedencia e imputados en el caso Montoro.

El juez de Tarragona que también mantiene investigado al exministro de Hacienda describe a Tutor y Piedras, que siguieron a Montoro tanto en su despacho privado Equipo Económico como en el Ministerio, como receptores de pagos de empresas gasistas para obtener “modificaciones legislativas favorables”. Para ello, ambos “habrían utilizado sus influencias en el Ministerio de Hacienda”, agrega el instructor.

Este martes, Tutor y Piedras han comparecido como peritos en el caso Pujol a propuesta del exresponsable de la constructora Copisa. Según la Fiscalía, la empresa pagó 2,5 millones en comisiones al hijo mayor del expresident por supuestos servicios de asesoramiento e intermediación en operaciones inmobiliarias, de los que, sin embargo, para Anticorrupción no constan documentos que los demuestren.

Ni Tutor ni Piedras han detallado al tribunal que han formado parte del despacho del exministro de Hacienda. Piedras sí ha contado que fue director del gabinete técnico del Ministerio y que lleva 20 años como “consultor”. Tutor ha indicado que lleva 18 años en excedencia de su plaza de inspector de Hacienda y que ha realizado varios peritajes en causas judiciales.

Según Tutor, el dinero que recibió Pujol de Copisa forma parte de “las prácticas de mercado existentes”. Ambos peritos han instruido al tribunal sobre el papel de los intermediarios en lo que ha sido una clase sobre la evolución del capitalismo en España. Y han destacado que su pericia era “de carácter teórico”.

De Tutor ha remarcado que en España, con datos de 2019, había 166.000 personas dedicadas a la intermediación comercial, un trabajo, que, según su pericia, se puede llevar a cabo de forma unipersonal “con un teléfono”.

El fiscal anticorrupción Fernando Bermejo ha logrado acorralar al perito al preguntarle por los distintos ámbitos (una refinería, un parque de placas fotovoltaicas, inmobiliario, financiero) por los que Pujol Ferrusola recibió pagos de Copisa. “¿Se puede ser experto en todo eso?”, ha inquirido el fiscal. “Lo importante es la agenda, no es necesario ser ingeniero”, ha respondido Tutor.

Más allá de las eventuales responsabilidades penales, tanto Jordi Pujol Ferrusola como Equipo Económico compartían una gran cantidad de contactos, tal y como han constatado los respectivos casos.

La descripción de Piedras de la labor del intermediario ha sido canónica: “El profesional que se dedica a poner en contacto a vendedor y comprador para un negocio que aporte valor a ambas partes”. En especial, ha agregado el perito, en “mercados donde existe asimetría de información”, esto es, donde el negocio no aparece en boletines oficiales, como sí pasa en una licitación pública.

Así ocurre, ha ahondado Piedras, en el mercado de la construcción en el que se establecieron las relaciones comerciales entre Pujol Ferrusola y Copisa. De Tutor también ha explicado que los márgenes de remuneración de los intermediarios, según parámetros de la OCDE citados por el perito, son de entre el 2 y el 5% de las operaciones. Los pagos recibidos por Pujol están dentro de estos márgenes, ha agregado.

Ambos peritos también han justificado el punto que más ha atacado el fiscal: la falta de documentación (contratos, correos electrónicos) de las labores de documentación. “Depende de la confianza que exista entre intermediario y la empresa es posible que no exista documentación”, ha valorado Piedras. Así funciona el mundo de los negocios, según dos imputados del caso Montoro.