El fiscal del caso Pujol: “El 'Espanya ens roba' se contradice con una red clientelar que perjudicó a los catalanes”

Contundente informe del fiscal anticorrupción Fernando Bermejo en el juicio a los Pujol. El fiscal ha querido fijar desde el inicio de su intervención un marco al tribunal: la “contradicción” entre el “discurso del 'Espanya ens roba'”, ha dicho Bermejo en catalán, y las prácticas de “ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias” de la familia, que “se aprovechó de su red de clientelismo para defraudar, conseguir una fortuna y perjudicar a la sociedad catalana”.

“La contradicción no es meramente política, es jurídicamente relevante”, ha incidido el fiscal. Más allá de si el tribunal compra su tesis jurídica, se ha esforzado el fiscal Bermejo en captar la atención de los jueces con una misma idea: que los hechos del caso Pujol no se pueden juzgar con “las gafas” de hoy, sino que hay que tener en cuenta el contexto de los 90 en Catalunya, con un pujolismo hegemónico que abría todas las puertas. También las de la corrupción.

En el juicio a la familia Pujol, que quedará visto para sentencia el jueves, acusaciones y defensas han empezado a exponer sus informes finales. El primero ha sido el fiscal Bermejo, que se ha reafirmado en reclamar 29 años de cárcel para el primogénito, Jordi Pujol Ferrusola; 14 para Josep Pujol Ferrusola y 8 años para el resto de los hermanos. El expresident, excluido del juicio por demencia, ha sido situado por el fiscal en “la cúspide de la organización criminal”.

“No se persigue a una familia por su ideología política”, ha apostillado el fiscal, consciente de que la identificación de Pujol con Catalunya que marcó sus 23 años en la presidencia pervive a día de hoy en sus afines a la hora de interpretar el juicio. “Este proceso no ataca a Catalunya sino que pretende lo contrario, defender a los ciudadanos catalanes”, ha argumentado Bermejo, para apostillar: “Quien defrauda a la administración pública no perjudica a un ente abstracto sino que detrae recursos de los servicios públicos que sostienen a las comunidades, incluida Catalunya”.

El fiscal ha defendido que la estructura y mecánica de fondos oculta en Andorra durante décadas por parte de los Pujol (y que la familia no niega, pero explica por inversiones financieras propuestas por la banca andorrana que hicieron crecer el legado oculto del abuelo Florenci Pujol) ya es suficiente para obtener una condena.

El delito de blanqueo de capitales, ha argumentado el fiscal, no exige la “plena identificación” de un delito antecedente (en la mayoría de causas está vinculado al tráfico de drogas o el delito fiscal). Basta con que existan numerosos indicios de ello. Y eso es lo que ocurre, a su juicio, con la familia Pujol y el delito de asociación ilícita.

La “ocultación estructural y prolongada” del dinero en Andorra, la falta de acreditación de que la fortuna procede del legado oculto del abuelo, y los continuos ingresos en efectivo que la familia realizó a partir de 1990 “sin explicación coherente” son elementos suficientes, ha reclamado el fiscal, para fundamentar una condena. “Todos los hermanos dicen lo mismo, tienen las mismas lagunas”, ha agregado.

Por si no fuera suficiente con el movimiento y ocultación del dinero por parte de todos los hermanos, Bermejo ha recalcado que los hechos enjuiciados, en los que se han repasado varios pelotazos empresariales realizados por el primogénito, “se enmarcan en la corrupción política”. “Los negocios no se explican con lógica empresarial, sino para blanquear”, ha agregado.

Como caso paradigmático de corrupción, ha mantenido Bermejo, la Audiencia Nacional debe tener en cuenta la estrecha vinculación entre los poderes públicos y las empresas que “viven de contratos públicos”, lo que explica, a su juicio, los silencios de los empresarios que han declarado sobre la supuestas comisiones pagadas a los Pujol: “Les conviene llevarse bien con el poder adjudicador”.

La Abogacía del Estado y el “favor inconfesable”

Por su lado, los abogados del Estado Álvaro Bazán y José Ignacio Ocio, que reclaman 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y cuatro y medio para Josep por delitos fiscales, pero no acusan al resto de hermanos, han fundamentado su petición de penas en la teoría del “favor inconfesable” que explica los pagos de las constructoras al primogénito.

Los defensores de Hacienda han recordado que varios testigos no han sabido identificar el papel concreto de Pujol Ferrusola en varias de las operaciones bajo sospecha, y que algunos de ellos incluso ni lo conocían. “Nos ha costado encontrar un testigo que declare más de 15 segundos a qué se dedicaba en concreto el señor Jordi Pujol Ferrusola”, ha incidido Ocio.

La Abogacía del Estado se sitúa en un punto intermedio entre la Fiscalía, que vincula los pagos a la corrupción política vinculada a Convergència, y a las defensas, que los explican por labor de intermediación en base a la “información privilegiada” que manejaba el primogénito.

Ocio ha remarcado que los pagos de los empresarios corresponden a “un favor irregular inconfesable”, lo que explica que en varios de los negocios no haya “rastro” de actividad económica real de Pujol Ferrusola. “Lo de menos era la factura, lo importante era cobrar”, ha apostillado.