La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola pero no acusa al expresident

Jordi Pujol Ferrusola, a su llegada a la Audiencia Nacional. EFE/Emilio Naranjo/Archivo

La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para el primogénito de la familia Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, por los delitos de falsificación en documento mercantil, contra la Hacienda, blanqueo de capitales y frustración a la ejecución de la investigación cuando ocultó fondos relacionados con sus negocios y el origen de la fortuna familiar oculta en Andorra. La Abogacía, que depende del Gobierno, pide para su hermano Josep Pujol cuatro años y medio de cárcel y para su exesposa, Mercè Gironès, 17 años y medio de cárcel, y en cambio no acusa al expresident de la Generalitat ni a los otros cinco hermanos.

Además de las penas de cárcel, la Abogacía del Estado reclama a Pujol Ferrusola y Gironès 7,7 millones de euros por el fraude fiscal correspondientes al pago del IRPF de los ejercicios de 2007, 2008, 2009, 2010 y 2012. En cambio Hacienda ya dictaminó que el delito contra la Hacienda Pública del expresident estaba prescrito, motivo por el que la Abogacía no le acusa y por lo tanto no le pide pena de cárcel alguna, al contrario que la Fiscalía, que le reclama nueve años de cárcel por asociación ilícita y blanqueo de capitale

Argumenta la Abogacía del Estado que aunque se procesara al conjunto de la familia Pujol y a varios empresarios por organización criminal y otros delitos, su presencia en la causa responde a los delitos contra la Hacienda Pública, por lo que el "alcance" de su acusación se limita al fraude fiscal y a los delitos relacionados, según expone la abogada del Estado Rosa María Seoane. En consecuencia, dirige su acusación al primogénito, Gironès, su hermano Josep –al que aplica la atenuante de reparación del daño– y a otros diez empresarios que presuntamente facilitaron el fraude, entre ellos Carles Vilarrubí y Carles Sumarroca, para quienes pide solo dos años de cárcel por falsificación en documento mercantil.

De hecho la única mención que hace del expresident la Abogacía en su escrito es en la introducción del mismo, cuando señala que la investigación del caso Pujol "ha puesto de manifiesto que a lo largo de los años los miembros de la familia Pujol allegaron grandes cantidades de dinero, prevaliéndose del cargo" que ocupaba el expresident. "Los miembros de la familia –continúa la Abogacía– distribuyeron entre sí las cantidades, manteniéndolas ocultas a la Hacienda Pública sin tributar por ellas".

Según la Abogacía, el expresident no lideró el fraude a Hacienda sino que fue su primogénito quien asumió "la dirección operativa de la captación y distribución de los fondos" junto a su madre, Marta Ferrusola, que no será juzgada por el alzheimer que padece. Tesis distinta a la que dibuja la Fiscalía, para quien Pujol "aprovechó su posición política" como president para "tejer una red de clientelismo" desde la Generalitat que benefició a empresarios afines a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), con quienes "se repartían los cuantiosos beneficios procedentes de concursos públicos".

Pese a que solo acusa a dos hermanos, la Abogacía mantiene que "toda la familia" abrió "sincronizadamente" cuentas en la banca Reig de Andorra para distribuir el patrimonio obtenido "ilícitamente". "Después, todos simultáneamente, siguiendo las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola, cancelaron todas esas cuentas" retirando el dinero en efectivo para tratar de impedir su trazabilidad, trasladándolo a la banca BPA, agrega la Abogacía. El dinero después se movió por varias fundaciones opacas gestionadas por testaferros. No fue hasta finales de 2014 que la familia decidió cerrar esas estructuras y declarar a Hacienda el dinero mediante la amnistía fiscal.

La mayor parte del escrito lo centra la compleja estructura societaria y los negocios de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer, que en palabras de la Abogacía han manifestado una "muy notable obtención de rentas sin motivación económica alguna que las soporte". El "embolsamiento de fondos" y su ocultamiento a Hacienda, abunda la Abogacía, se articuló mediante sociedades instrumentales, sin personal ni servicio que pudiera explicar las grandes cantidades de dinero que terminaron en el bolsillo del matrimonio Pujol–Gironès.

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